viernes, 30 de abril de 2010

Horizonte ciudadano: ¿Qué conmemoramos?

Rosa Esther Beltrán
Vanguardia
30-Abril-2010

La pluma es la lengua de la mente.
Miguel de Cervantes

Mañana conmemoramos el Día del Trabajo. En la agenda laboral no hay nada que celebrar porque el poder adquisitivo del salario va en caída libre, el desempleo no se detiene y la amenaza de una contra reforma laboral, penden sobre la cabeza de los trabajadores cual espada de Damocles.
El “Presidente del Empleo” ha resultado un fracaso ya que la tasa de desempleo se mantiene en un 5.4 por ciento y se espera que este año aumente a 5.8; los conflictos con los dos sindicatos adversos al régimen (mineros y electricistas), la connivencia con el sindicalismo oficial (maestros y petroleros, principalmente) distinguen el Día del Trabajo en el cuarto año de este Gobierno.
Lo que sí se ha incrementado de manera notable es el subempleo y la informalidad que casi ascienden a casi 13 millones de personas ubicadas en ese sector, según información del IMSS. Esto, a pesar de que oficialmente comienza a llegarse al final de la crisis económica.
Según datos del Seguro Social, entre 2007 y marzo de 2010 se crearon poco más de 496 mil plazas laborales, apenas la mitad de los que Calderón ofreció generar anualmente, y el número de trabajadores sin prestaciones laborales, de acuerdo con información del INEGI, es de 11 millones 343 mil.
A la limitada generación de empleos formales se suman las deficiencias de los salarios, el aumento de impuestos y el incremento en el costo de los servicios e insumos básicos.
En un estudio elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el salario no ha repuntado en su poder adquisitivo desde 1982, y de ese año a la fecha refleja una caída sin freno; el estudio señala que mientras la canasta básica aumentó su precio en mil 435 por ciento, el salario sólo ha crecido un 309 por ciento; revela además que si en 1994 se podían adquirir con el salario mínimo 63.20 piezas de pan blanco, actualmente sólo se podrían comprar 37.18 piezas; también señala que en 1994 un salario mínimo alcanzaba para 2.6 kilos de carne, mientras que actualmente sólo se pueden adquirir 600 gramos; y mientras en 1994 con un salario mínimo se podían comprar 7.2 kilogramos de huevo, en 2010 sólo se pueden adquirir 4.6 kilogramos.
Según el estudio de la UNAM de 1994 a la fecha, el peso del salario mínimo ha descendido en un 80 por ciento y los precios de la canasta básica han variado así: en el 2000 era de 173.24 pesos; en 2006 aumentó a 288.23 pesos, y en 2010 alcanza los 419.15 pesos.
En opinión de destacados economistas, México es uno de los países con el salario mínimo más bajo a nivel mundial y esto se debe a que en países en desarrollo como Brasil, Venezuela o Colombia se han aplicado políticas públicas para recuperar el poder adquisitivo del salario a mediano plazo, pero aquí, desde hace más de 25 años, los gobiernos están empeñados en sostener una política de contención salarial, lo cual ha llevado a un empobrecimiento generalizado de la población, a la paulatina extinción de la clase media y, por tanto, a una contracción impresionante del mercado interno.
Según la Coparmex, México ocupa el lugar 115 de 133 países en eficiencia del mercado laboral, 70 por ciento de los desempleados son jóvenes y 63 por ciento de la Población Económicamente Activa está en la economía informal, donde no es posible garantizar los derechos laborales fundamentales.
Este panorama es apenas una rendija que nos muestra el drama de un país postrado, una nación en la que sólo una cada vez más pequeña minoría vive en la opulencia, mientras el empobrecimiento y el rezago avanzan sin pausa.
El modelo económico ha hecho estragos en el nivel de vida de los trabajadores mexicanos sin lograr mejorar su calidad de vida. La contención salarial que sostiene el Gobierno nunca se ha traducido en generación de empleos y sólo ha tenido como consecuencia el crecimiento de la pobreza. Por eso en el Día del Trabajo lo urgente es renovar la lucha por la dignidad de los trabajadores.

Posdata

Cuando la justicia triunfa revive la esperanza y la certeza de que defender los derechos humanos siempre tiene un fruto positivo. La liberación de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara es una victoria que costó más de cuatro años de lucha y se logró.

La Familia de Pasta de Conchos avanza. Estamos con ustedes.
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Deterioro laboral y conflictos sin resolver, en Día Internacional del Trabajo

En México más de 3 millones de personas desempleadas

Guadalupe Cruz Jaimes
CIMAC
30 abr 10

La conmemoración del Día Internacional del Trabajo en el país, se vive en medio del deterioro laboral, que se caracteriza por más de 3 millones de personas desempleadas, 65 por ciento de las y los trabajadores sin seguridad social, y ante conflictos laborales sin resolver, como son el de los gremios minero y electricista.
En el centro del país, la “celebración” de reivindicación de derechos laborales se llevará a cabo en un zócalo capitalino ocupado por decenas de trabajadores electricistas, quienes desde el domingo pasado se han ido sumando a una huelga de hambre masiva, con el objetivo de que el gobierno federal les devuelva su empleo a seis meses de su decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que dejó a cerca de 4 mil mujeres y 40 mil hombres sin empleo.
Las y los electricistas se añadieron a las filas del desempleo, que en septiembre pasado llegó a 3 millones 010 mil personas sin trabajo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
En lo que va de la administración de Calderón Hinojosa, autonombrado “presidente del empleo”, la desocupación abierta creció 72 por ciento, según denunció el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) en su XIII Informe de violaciones a los derechos humanos laborales en México 2009.
Ese año, la economía informal se mantuvo a la alza, y para febrero de 2010 alcanzó 12.6 millones de personas ocupadas en este sector, superando a las y los trabajadores registrados formalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Cabe mencionar, que una de cada 3 mujeres ocupadas labora en este sector, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
El aumento en la economía formal está vinculado con que 65 por ciento de las y los trabajadores del país no tengan acceso a la seguridad social, refiere el informe del Cereal con base en información oficial.

CANANENSES EN RESISTENCIA

Mientras las y los electricistas, junto con millones de trabajadoras y trabajadores quedaron sin empleo y en la informalidad, en el norte del país, la comunidad minera de Cananea, Sonora, sostiene una huelga de más de dos años en busca de condiciones de seguridad e higiene, que eviten la muerte de cientos de mineros de la región.
Los trabajadores del cobre, junto con sus esposas organizadas en el Frente nacional de mujeres en lucha por la dignidad de los trabajadores de México, sostienen que no darán un paso atrás, a pesar de que en febrero pasado las autoridades del trabajo desconocieron su movimiento.
El 31 de julio de 2007, trabajadores de la Sección 65, 17 y 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, izaron las banderas rojinegras, en Cananea, Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas.
Dos años y siete meses después, las autoridades del trabajo desconocieron el movimiento de la sección 65, y les ofrecieron una liquidación que en promedio asciende a 170 mil pesos por trabajador.
Además de mejorar las condiciones de seguridad e higiene, los mineros cananenses demandaron una revisión contractual, a fin de optimizar sus prestaciones y salarios.

MAYORÍAS RECIBEN SALARIO INSUFICIENTE

En el país, las mayorías trabajadoras perciben salarios que no les permite cubrir sus necesidades primordiales. Esta situación es todavía más alarmante para las mujeres, sobre todo para las obreras y artesanas, quienes en promedio perciben un ingreso 38.4 por ciento menor que el de los hombres.
En 2009 de las 16.9 millones de trabajadoras en el país, 61 por ciento percibió de uno a tres salarios mínimos, considerados insuficientes para costear la canasta básica alimenticia. En tanto, de los 27 millones de trabajadores, 51 por ciento se encontró en esa circunstancia.
Otro indicador que da cuenta del deterioro laboral, es que en ese año, 10 por ciento de las trabajadoras y 8 por ciento de los trabajadores del país laboraron sin percibir ingresos.

VIOLENCIA DE ESTADO

De acuerdo con el informe del Cereal, el deterioro laboral, que se agudizó debido a que el gobierno federal optó por medidas anticrisis que “precarizaron” el mercado de trabajo, sólo puede llamarse violencia de Estado.
“No puede sino llamarse así, categorizarse así, al deterioro imparable del derecho a una vida digna. No puede sino analizarse así, la progresiva obstaculización y negación de legítimas aspiraciones de millones de mexicanos y mexicanas”, indica en un comunicado difundido en el marco del Día Internacional del Trabajo.
Ante a este panorama, especialistas en el tema como Rosario Ortiz Magallón, refieren que el sindicalismo es la forma en la que mujeres y hombres pueden exigir que sus derechos se cumplan.
Sin embargo, en México, este derecho, establecido en la Ley Federal del Trabajo, no se respeta, manifestaron ayer sindicalistas, abogadas y abogados laborales, integrantes del jurado del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, tras analizar más de una docena de casos, presentados por trabajadoras y trabajadoras del país.
La falta de soluciones por parte de las autoridades mexicanas deriva en la búsqueda de justicia en el extranjero, este es el caso de las esposas y familias de 28 de los 63 mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006.
En febrero de este año, luego de agotar las instancias en el país, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que la primera semana de abril notificó a las y los familiares que analizará las violaciones a sus derechos humanos, para ver su admisibilidad.
10/GCJ/LR/LGL
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jueves, 29 de abril de 2010

Informe de Martín Esparza en la Cámara de Senadores

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En huelga de hambre desde que nos quitaron empleo, miembro SME

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Ley Arizona, oxígeno para Calderón

Raúl Ramírez Baena
La CH.com
Jueves 29 de Abril de 2010

"Ningún ser humano es ilegal"
American Friends Service Committee


De repente le salió el nacionalismo. Envuelto en la bandera mexicana, Felipe Calderón se lanza desde lo más alto en defensa de la Patria. Ello contrasta con las nulas políticas en defensa de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y de quienes transitan por el territorio nacional, y con la falta de políticas efectivas de respeto a los derechos de los indocumentados extranjeros en el país, sobre todo quienes ingresan por la frontera sur.
Calderón y todos los sectores que lo siguen: medios, empresarios, legisladores, artistas, políticos y partidos, por supuesto César Nava, se rasgan las vestiduras y hacen un llamado a los mexicanos para "no visitar Arizona". Al gobernador Padrés, de Sonora, le hacen un llamado para cancelar las relaciones con el vecino estado del norte. ¿Usted cree que los grandes negocios, las grandes transacciones, lo grandes capitales van a limitarse por la Ley SB1070 y los llamados de Calderón? ¿La burguesía sonorense dejará de comprar y pasear en Nogales, Tucson y Phoenix? ¿Quebrará la economía de Arizona? ¿Quién saldría más perjudicado en un supuesto "boicot" impuesto a Arizona? Business are business.
¿Por qué hasta ahora reacciona el gobierno mexicano? ¿No hubiera sido más prudente e inteligente cabildear desde que la iniciativa antiinmigrante llegó al Congreso de Arizona? Como nos presentan las cosas, tal parece que fueron sorprendidos por la votación y posterior aprobación de la Ley por la gobernadora Jan Brewer.
Eso si, la Cancillería emite una "alerta" para no visitar Arizona, en virtud del clima de discriminación que en efecto provocará esa nociva ley. Pero todo parece un montaje y una bravata más de Calderón, en respuesta a las "alertas" emitidas por el Departamento de Estado para que los norteamericanos no visiten las ciudades fronterizas mexicanas riesgosas, que evidencian el fracaso en la guerra antinarco. Por otro lado, Calderón busca hacerse de apoyo popular para contrarrestar las continuas derrotas y críticas a su guerra contra el crimen y el repudio a los excesos de las fuerzas armadas.
Por supuesto que la Ley SB1070 recién aprobada en Arizona es contraria a los derechos humanos de los inmigrantes, sobre todo los de origen latinoamericano. No en vano los Estados Unidos no han ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores y de sus Familiares. Entonces, lo prudente sería interponer un recurso ante la ONU y la OEA. ¿Lo hará Calderón?
Estados Unidos siempre ha sido así. Recordemos la Proposición 187 de Pete Wilson en 1994, que negaba los servicios de salud y educación para los indocumentados, utilizada para reelegirse como gobernador de California y que después fue abrogada por la Corte estadunidense. Bill Clinton, entonces presidente, no se quedó atrás y aprobó los planes del Pentágono al instalar en 1994 el Operativo Guardián en la frontera Tijuana-San Diego (y de ahí hasta el otro extremo de la frontera), que ha provocado más de 6 mil muertos.
Peor aún, Clinton (el mismo que acaba de proponer un "Plan México" para el combate al narcotráfico, similar al "Plan Colombia" que consiste en la presencia de militares norteamericanos en el territorio de ese país) aprobó las reformas a la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes, Acta de 1996 (IIRAIRA, por sus siglas en inglés), que criminaliza el ingreso "ilegal", convirtiéndolo en "felonía" o delito grave, y la reforma a la Ley de Asistencia Pública, que anula el acceso de los indocumentados a la asistencia social. Se instauró también el programa "Corte de Garita" o "Fast Track" para la exclusión y/o el proceso legal expeditos de los indocumentados[1]. Así mismo, el ID-System para la rápida identificación y ficha criminal de los inmigrantes.
Si Calderón es tan patriota, ¿por qué en su momento no propuso un boicot a los productos de la empresa trasnacional Kimberly-Clark (Kleenex, Pétalo, Huggies, Kotex, etc.), de James Sensenbrenner, autor en el año 2006 de la proposición HR4437 que autoriza la doble barda en la frontera, y que convierte a todos los policías y a los empleadores en agentes de inmigración. Ni siquiera una declaración.
Vea usted, en el marco de la XV reunión del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el mandatario mexicano dijo que ninguna ley está por encima de la gente y aseguró que en donde haya un mexicano, "ahí tiene que estar el gobierno para apoyarlos". "El gobierno no puede permanecer indiferente cuando dichas políticas atentan contra los derechos humanos", aseveró. Candil de la calle...
Para los mexicanos en Arizona (muchos tendrán que regresar con su familia, sin hogar y sin trabajo), esa Ley es equivalente al golpe en México a los trabajadores del IMSS, del ISSSTE y del SME; a los líderes sociales presos de Atenco y de Candelaria y a los familiares de los niños muertos en la guardería ABC y asesinados en la guerra de Calderón. Desde luego que hay que estar en contra de esa Ley. Al margen de la reacción oficial mexicana, es de reconocer la lucha de siempre de los activistas y defensores de los derechos de los migrantes, tanto en el vecino país como en el nuestro.
Ya amainó en los medios el rating del terrible caso de la niña Paulette. Ahora, hay que buscar otros distractores.

*Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
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“Corrige” CFE líneas de transmisión y transformadores en el centro del país

  • Se “seccionará” la red eléctrica del DF, estado de México, Morelos e Hidalgo: Elías Ayub
  • Reclama el director de la paraestatal más espacios para los profesionistas de las ingenierías

Víctor Cardoso
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 26

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició una “corrección” en líneas de transmisión y transformadores del sistema eléctrico del centro del país para evitar fallas e interrupciones en el suministro de energía, afirmó el director de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub.
Dijo que a partir de que CFE asumió la responsabilidad en el servicio eléctrico, con la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza, arrancaron los trabajos para “seccionar” la red eléctrica en el Distrito Federal y algunas zonas de los estados de México, Morelos e Hidalgo.
Se ha hecho una “corrección” del sistema eléctrico en el centro del país con secciones más pequeñas y el cambio de 10 mil transformadores para evitar interrupciones en el servicio, explicó Elías Ayub.
Recientemente integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunciaron que el sistema eléctrico en la zona centro del país era una “bomba de tiempo” por la obsolescencia de equipos y redes de transmisión, así como “parches” en diversas áreas operativas.
Al respecto, Elías Ayub garantizó que no existe ningún problema en la continuidad y calidad del suministro eléctrico en la zona atendida anteriormente por la Compañía de Luz y Fuerza.
Antes, Elías Ayub recibió un homenaje de la Universidad Anáhuac como egresado de la primera generación de ingenieros de esa institución. Ahí reclamó mayor espacio para los profesionales de las distintas ramas de la ingeniería mexicana porque –afirmó– ha sido desplazada de los cargos públicos responsables del diseño, construcción y operación de la infraestructura que se requiere para aumentar la competitividad del país.
Actualmente, criticó, los altos cargos de instituciones como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como organismos como la Comisión Nacional del Agua o Petróleos Mexicanos, son ocupadas por funcionarios sin relación con esa especialidad. “Es mejor la planeación hecha por ingenieros”, aseguró.
–¿Cuál es el déficit de ingenieros que se presenta en el país? –se le preguntó en entrevista.
–Hay en diferentes cargos, pero es más un déficit de calidad que de cantidad. Necesitamos impulsar mucho la calidad y la educación de ingeniería en México. Hay muchas universidades que preparan bien a sus alumnos, pero también hay muchas universidades que están sacando ingenieros que requieren de mucha mayor preparación, o se van a no ser ingenieros, a trabajar en otra cosa.
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miércoles, 28 de abril de 2010

Apagón de más de 15 horas en La Cumbre

JOSUÉ MOTA
RADIO EXPRESIÓN
28/Abril/2010

Desde que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hizo cargo de la planta de distribución de energía eléctrica de El Salto, en buena parte de Huauchinango los apagones ocurren casi a diario, pero ayer la falla duró más de 15 horas, dejando sin energía a la zona oriente de esta ciudad serrana.
Lo más grave es que cuando los vecinos reportan la falla en las oficinas de la Comisión, las empleadas les responden que el problema “aún está en el periodo de 30 horas en que se debe resolver”, lo que por supuesto enfada a los vecinos que cuestionan si efectivamente la Comisión Federal de Electricidad es “una empresa de clase mundial”, slogan con el que se promueve la paraestatal.
Si bien cuando Luz y Fuerza se hacía cargo del suministro de energía, ocurrían variaciones en la intensidad, desde que los empleados de la Comisión Federal de Electricidad se hicieron cargo de las instalaciones de Nuevo Necaxa, en el municipio de Juan Galindo, los apagones se hicieron frecuentes, y duran por lo menos 30 minutos, pero el de ayer ha causado mucha preocupación dada la importancia del servicio.
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El SME-Pachuca acusa a CFE de “abusos” en el cobro de uso de energía

El subsecretario electo del Sindicato Mexicano de Electricistas de la extinta LFC, explicó que hay muchas inconsistencias en el cobro a los usuarios por parte de la Comisión Federal de Electricidad

Daniel Pérez González
El visto bueno
28 de abril del 2010

Pachuca, Hidalgo.-El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), división Pachuca, ante los abusos que se registran de Comisión Federal de Electricidad (CFE), se ha dado a la tarea de apoyar a los usuarios, para que estos no sean atropellados en sus derechos y cobros excesivos por el uso de energía eléctrica.
Señaló lo anterior, Víctor Vargas Reyes, subsecretario de Economía y subsecretario electo del Sindicato Mexicano de Electricistas, división Pachuca, recibo en mano, explicó que hay muchas inconsistencias (abusos) en el cobro a los usuarios. “El recibo 259000000420, como pueden ver, marca un total a pagar por 337 pesos, esto por un periodo de 27 días, pero el problema no es el tiempo sino que a la hora de ver el registro de consumo, en esta parte sólo hay una leyenda que dice “consumo estimado, o sea que no tienen lectura real”.
Cuando Luz y Fuerza del Centro daba el servicio, continuó, para empezar era por un periodo de 60 días y cobraba sólo sobre lectura de los medidores.
Pero otro detalle del recibo, mencionado, es que en donde desglosa el estado de cuenta, indica: energía 119.18; IVA 15% 17.67; Factura del periodo 137.05; redondeo 194.66; DAP 5%; TOTAL LFC 143.00.
Si se suma lo anterior se puede observar que la cantidad no corresponde al mencionado total, pero lo peor, es que en la parte superior e inferior derecha de recibo, donde dice que el total a pagar es de 337 pesos, no hay nada que los justifique.
Ante estos atropellos, Víctor Vargas dijo que las personas que buscan el apoyo del SME ante estos abusos, los amparan en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una vez que entran en este proceso de revisión, el recibo y el cobro quedan por el momento congelados y el usuario no se ve obligado a pagar.
El objetivo, comentó, no es evitar el pago del usuario, sino que el cobró que haga CFE sea el adecuado, mediante una lectura y un recibo bien detallado de lo que se le está cobrando.
Enfatizó que ahora con CFE, como ya no habrá el subsidio que se tenía con LyFC, la tarifa será más alta, pero no debe ser excesiva.
Vargas Reyes, mencionó que el servicio de orientación y quejas ante Profeco, lo hacen de forma gratuita, además de darle todo el seguimiento. Hasta el momento 600 usuarios han solicitado el apoyo “es una cantidad se puede decir que mínima, pero en los registro que se tienen hay alrededor de 3 mil personas en esta situación, pues no todas quieren demandar, ya que, lo dudan en cuanto se les pide su credencial de elector. Este documento se les solicita para presentarlo junto con el recibo que se entrega para la queja en Profeco.
En cuanto al servicio que está prestando CFE, subrayó que hay muchas quejas de los usuarios porque ahora ya son constante los apagones, o porque llueve o porque hace mucho aire, el caso es que en algunos sectores es común que falte la luz por periodos prolongados por lo menos un día a la semana, y en varias ocasiones en fin de semana.
Este problema, abundó, no es particular de Pachuca, pues hay municipios que la situación es más severa porque se va el servicio entre 8 y 11 horas y lo peor es que no hay respuesta.
Finalmente dijo que al marcar al 071 hay ocasiones que no contestan o no conocen los lugares que se les está indicando o responde con la pregunta: ¿de qué ciudad me llama? O ¿cuál es el número de medidor?
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Revela Esparza estrategia militar del gobierno contra el SME

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El SME en Orizaba

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martes, 27 de abril de 2010

Entregan oro y plata de México a trasnacionales

Érika Ramírez
Contralínea
26 de abril del 2010

Desde diciembre de 2000 y hasta la fecha, los gobiernos panistas han otorgado más de 24 mil concesiones para la explotación de minas. Tan sólo en lo que va del año, la administración de Felipe Calderón ha autorizado la explotación de oro, plata y cobre a 231 compañías extranjeras. Azure Minerals y Almaden Minerals encabezan la lista de trasnacionales beneficiadas. La mayoría de los corporativos favorecidos tienen sus sedes en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. La Auditoría Superior de la Federación pone en duda la legalidad de la explotación, pues las leyes sólo la prevén para mexicanos, ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas
Oro, plata, cobre, hierro y zinc son extraídos de territorio mexicano por compañías de Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile, revelan informes oficiales. Lo anterior, a pesar de que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la explotación de minas sólo puede realizarse por mexicanos.
Tan sólo en lo que va de este año, 231 trasnacionales han obtenido concesiones de la Secretaría de Economía (SE) para desarrollar más de 704 proyectos en todo el país. Los trabajos de exploración, extracción y producción se palomean sin que la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuente con una política pública en materia minera que ponga a salvo los derechos de la nación sobre sus recursos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Del documento Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, elaborado por la SE y del cual Contralínea posee copia, se desprende que las empresas más beneficiadas en este año son la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp Inc, con 11 autorizaciones.
El mismo informe indica que de las más de 230 trasnacionales, el 81 por ciento de los “permisos” gubernamentales fue en beneficio de filiales con oficinas centrales en Canadá. El resto de las autorizaciones se distribuyeron entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, y, en menor medida, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile.
“Socio comercial” de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá tiene en el país 187 compañías en la búsqueda de oro y plata, metal precioso que ha colocado al país latinoamericano en el segundo lugar en su producción mundial.
Los empresarios estadunidenses tienen a 31 de sus firmas en búsqueda de la riqueza nacional; los australianos cuentan con cuatro de sus filiales; Reino Unido, tres. El resto de las concesiones está en manos de India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
La suma de minas mexicanas concesionadas a las trasnacionales supera los 2 millones de hectáreas. De acuerdo con los “permisos” entregados por el gobierno de Felipe Calderón, las compañías extranjeras podrán explotar este territorio mexicano hasta 2050.

Inconsistencias legales: ASF

La Ley de Minas precisa en su artículo 10 que “la exploración y explotación de los minerales o sustancias (…) sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas (…)”.
En este contexto, el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta pública 2008 indica que 24 de 48 solicitudes para obtener concesiones –de 108 expedientes de la muestra– “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.
La observación hecha a la Dirección General de Minas, órgano dependiente de la SE, es contundente: “No revisó los requisitos que deben cumplir los solicitantes, antes de la expedición del título de concesión, en incumplimiento del artículo 10 de la Ley Minera”.
En tanto, el artículo 27 constitucional dice que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”

24 mil concesiones en 10 años

Otros 10 listados del documento Expedición de títulos de concesión minera, publicados por la Dirección General de Minas, muestran que en lo que va de las administraciones panistas se han concedido 24 mil 586 permisos de exploración de minas en todo el territorio nacional.
Las concesiones, que anualmente rebasan unas 2 mil, fueron palomeadas sin que la SE cuente con una política pública en la materia. Según el informe del máximo órgano de fiscalización, correspondiente a 2008, “la dependencia no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a impulsar la creación, el desarrollo y la consolidación de empresas mineras y el otorgamiento de concesiones mineras”.
Del análisis de la Expedición de Títulos de Concesión Minera, de 2000 a 2010, se desprende que la mayor beneficiaria de estos permisos es la Compañía Minera La Parreña (filial de Industrias Peñoles), con 1 mil 130 autorizaciones.
Peñoles forma parte de Grupo BAL, un grupo privado y diversificado integrado por compañías como el Grupo Palacio de Hierro (tiendas departamentales); Grupo Nacional Provincial (seguros); Profuturo GNP (Afore); Valores Mexicanos-Casa de Bolsa (servicios financieros); Crédito Afianzador (fianzas); y negocios agropecuarios.
A la filial de Peñoles le siguen, en número de concesiones: Industrial Minera México, 647; Exploraciones Mineras Parreña, 367; Minera Penmont, 199; Minera Pecobre, 182; Minera Tayahua, 181; Minera María, 158; Minerales Monclova, 157; Minera de Cordilleras, 137, y Minera Largo, 109; como las 10 principales autorizadas para explorar en las minas nacionales.

Auditoría reprobada

Según la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, la SE reprobó la auditoría de desempeño que aplicó el máximo órgano de fiscalización a consecuencia de que las autoridades encargadas del ramo “no fijaron un indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras”.
La SE “omitió” verificar los requisitos de la concesión minera; se excedió en los plazos para la emisión de las propuestas; no verificó las obligaciones de presentar informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras; no certificó el pagó de derechos por solicitud de concesión minera, ni el de concesión minera, consigna el informe de la ASF.
La auditoría de desempeño muestra que la secretaría que encabeza Gerardo Ruiz Mateos no actualizó las cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no se realizaron visitas a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios, los procedimientos de cancelación de los permisos se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la SE, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.
Se solicitó entrevista con el titular de la SE para conocer la respuesta a las observaciones planteadas por la ASF. También se solicitó entrevistas con los directivos del Fideicomiso del Fomento Minero y de la Cámara Minera, que representa a la industria en México. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Resistencia contra la minería

La resistencia de las comunidades afectadas por la minería en Chiapas se ve cada vez con más fuerza, ya que se están vinculadas con luchas que se dan en otros estados de la república y otros países, como Guatemala, dice el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas 2008, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Entre las acciones que enumera se encuentran:

· Los habitantes del Barrio Las Nubes, del ejido Toquián, municipio de Siltepec, dijeron que “no permitirán que una empresa canadiense explote mineral en su territorio”.

· En septiembre de 2008, habitantes del municipio de Chicomuselo protestaron por la explotación de barita, realizada por la canadiense Blackfire Exploration.

· El Frente Regional Contra las Privatizaciones, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organizó distintas marchas para exigir detener la explotación minera en Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla y otros municipios de la entidad.

· Los pobladores de la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, se negaron a la explotación minera en su territorio, ya que “la extracción de oro a cielo abierto dañará irremediablemente las tierras y contaminará el aire y el agua con residuos tóxicos”.

· En junio de ese año, representantes de comunidades y organizaciones sociales de 10 estados de la república decidieron conformar la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Su principal objetivo es frenar y eliminar la minería a cielo abierto.

· Luego, en diciembre de 2008, “25 organizaciones de México y Guatemala consolidaron un movimiento binacional contra la minería y acordaron rechazar las políticas que pretenden “despojar a las nuestras comunidades de sus recursos naturales”. (ER)
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Boletín de Prensa del SME


A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, CAMPESINAS, INDIGENAS, ESTUDIANTILES Y POPULARES DE MEXICO.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MEXICO Y EL MUNDO.
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

A más de seis meses del golpe de Estado al sindicalismo mexicano y al pueblo de México nuestra organización sindical se mantiene en resistencia utilizando las vías legales, políticas y sociales para hacer la defensa de su legítimos derechos y alcanzar la solución a un conflicto que no fue creado por los trabajadores sino por quienes en su atropellada carrera privatizadora dejaron sin empleo a 44 mil trabajadores electricistas.
El 10 de Octubre de 2009 quedará para la historia del país como el día en que el autoritarismo del gobierno de Felipe Calderón violó en forma descarada y ruin los derechos humanos y laborales de miles de trabajadores mexicanos. La lista de agravios tras el desalojo violento de nuestros compañeros, la ocupación militar de nuestros centros de trabajo y la publicación del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del centro no tiene límite. De facto se nos negó el derecho de audiencia, no fuimos convocados a dirimir un conflicto económico en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, fuimos despojados de nuestro derecho al trabajo sin juicio de por medio, fueron despedidos en masa decenas de mujeres embarazadas, trabajadores incapacitados por riesgo de trabajo, compañeros a meses, semanas o días para obtener su derecho a la jubilación, sin piedad nos dieron de baja en el Seguro Social en sólo 48 horas, mientras que en los medios de comunicación corrompidos se festejaba la decisión “valiente del presidente”.
El día 10 de Octubre pasado en México dejo de existir el Estado de derecho. La Constitución mexicana dice: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Un decreto administrativo con vicios de origen de pronto pasa arbitrariamente por encima de Artículo 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los derechos humanos, el derecho al trabajo, la contratación colectiva, a la libre sindicalización y el derecho a una vida digna de miles de mexicanos.
¿Qué hay detrás de esta atrocidad? Ninguna otra cosa que no sea el interés de privatizar el sector eléctrico, de asegurarle a los grandes monopolios de la comunicación el control de las telecomunicaciones y la insana obsesión de exterminar a un Sindicato clasista y solidario con más de 95 años de lucha obrera. ¿De qué otra manera se entiende la negativa del gobierno a aceptar la contratación colectiva de los trabajadores del SME aun y cuando su materia de trabajo y necesidad de la prestación del servicio público de electricidad existen? No se han ido las plantas de generación, las subestaciones de potencia, las líneas de trasmisión, las redes de distribución y oficinas comerciales que por más de 100 años construyeron generaciones de electricistas para el desarrollo económico y social de México.
Nuestra posición es clara, porque queremos nuestro trabajo no aceptamos firmar nuestra renuncia voluntaria, bonificada por un soborno, tampoco aceptamos su “reinserción productiva” de franquicias de peluqueros, cursos de inglés y computación, mucho menos plazas de esquiroles en empresas contratistas prestadoras de servicios en nuestra zona de atención. Nosotros queremos que nos devuelvan nuestro trabajo. Y de ahí no nos vamos a mover.
Nos hemos mantenido en resistencia sin dar marcha atrás sorteando todos los obstáculos sin perder el rumbo de lo que anhelamos. A seis meses de resistencia, nuestro movimiento entra en una nueva etapa de su desarrollo. Hoy se vislumbra la posibilidad de una salida a partir del resultado de nuestras acciones. Contra viento y marea, nuestro movimiento va construyendo las vías para una solución justa en medio de un nuevo contexto político nacional que favorece nuestra causa. La creación de una Comisión Plural en la Cámara de Diputados de mediación entre las partes en conflicto, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer nuestra demanda de amparo; la resolución del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral que restituye la personalidad jurídica de nuestra Dirección Sindical, son obra de nuestra tenaz resistencia.
El bloque de poder que decidió extinguir LYF se ha roto. La población y los mismos empresarios industriales y comerciales dentro de nuestra zona de atención están descontento con el pésimo servicio de CFE y sus contratistas. La opinión pública cambia de percepción respecto a nuestro conflicto. Los medios de comunicación se dividen a favor y en contra, los partidos inmersos en el proceso electoral se reposicionan en relación a nuestro movimiento y la solidaridad nacional e internacional crece día con día.
Es en este contexto, que la Asamblea General Extraordinaria acordó instalar una Huelga de Hambre Masiva en el Zócalo de la Cd. De México.
La huelga se convierte en una acción central que concentra a todas la fuerza acumuladas por nuestro movimiento no sólo para exigir una solución inmediata al conflicto sino para consolidar y extender su propio crecimiento.
La Huelga es la respuesta electricista a la intransigencia y cerrazón del gobierno federal, a su política de criminalización del movimiento, es nuestra respuesta política a la violenta represión en contra del SME, a las amenazas de encarcelamiento de la dirección del sindicato y de miles de electricistas en resistencia que están en la mira de los ministerios públicos federales. Y es la respuesta a la infame campaña de linchamiento de los medios de comunicación que provocaron un incuantificable daño moral a nuestras familias.
Hoy respondemos con nuestras vidas a tantas injurias, arbitrariedades, despojos, crímenes y vejaciones del gobierno de Felipe Calderón. Hoy respondemos con nuestras vidas a la falta de un empleo para sobrevivir, con la Huelga reclamamos se nos devuelvan nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, nuestra Jubilación que juntos nos son otra cosa que nuestro derecho a tener una vida digna. Si no hay vida digna no queremos vivir en el país de los derechos mutilados y las esperanzas truncadas, Nuestra hambre es de justicia y no de limosnas.
La Huelga de Hambre no es una acción desesperada. Es ante todo una acción consciente de reclamo de frente a un gobierno fascista que presume al mundo una falsa moral y tramposo prestigio de respeto a los derechos humanos. Es un acto de denuncia en contra de su ilegalidad criminal y abuso de poder que nos oprime bajo el catecismo neoliberal del saqueo y la explotación para ganancia de los mercados.
La Huelga de Hambre en el Bicentenario es para reivindicar a los héroes que nos dieron patria, para conmemorar las luchas heroicas de los mexicanos. Pero sobre todo para defender sus legados de libertad, justicia y democracia. La Huelga de Hambre es también la Huelga de todos contra el mal gobierno, su PFP y sus decretos espurios. Es por la solución a la Huelga de Cananea, en demanda de justicia para los deudos del crimen industrial de Pasta de Concho, por la libertad de los presos políticos de Atenco, por el castigo a los criminales que asesinan jóvenes y mujeres en Ciudad Juárez, por la solución a todas las demandas del Pueblo de México.
Llamamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales del trabajo, de, los derechos humanos, a los gobiernos democráticos, a las iglesias progresistas, a los pequeños y medianos comerciantes, a los partidos políticos, a los estudiantes, campesinos y pueblo trabajador a respaldar con acciones a la HUELGA de HAMBRE del SME hasta alcanzar nuestros objetivos. La victoria será de todos los que luchan por un México con justicia y Libertad. ¿SI NO ES AQUÍ, DIGANME DONDE? ¿SI NO SOMOS NOSOTROS, DIGANME QUIENES? SI NO ES AHORA, ¡¡CUANDO!!
¡¡VIVA EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS!!

¡¡REINTEGRACION AL TRABAJO PARA TODOS
LOS ELECTRICISTAS EN RESISTENCIA!!

¡¡RESPETO A NUESTRO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO!!

¡¡RECONOCIMIENTO Y RESPETO A NUESTRO
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO!!

¡¡UNA PATRIA NUEVA ES POSIBLE!!


Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México, D. F., a 25 de Abril de 2010

COMITÉ CENTRAL
COMISIONES AUTÓNOMAS
SUBCOMITÉS DIVISIONALES
COMISIÓNES DE TRABAJO
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lunes, 26 de abril de 2010

Roban cables de luz en Cd. Chapultepec‎

Brenda Ramírez
Diario de Morelos
26-04-2010

Vecinos de la colonia Ciudad Chapultepec denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia a un trabajador de una compañía de televisión por cable de robar cables de luz en los andadores de la unidad habitacional.
Esto luego de sorprenderlo el miércoles pasado haciendo los cortes del cableado, yéndose con el material en una camioneta de la empresa.
El corte de los cables, que se dio también un día antes, afectó a por lo menos 30 familias de los andadores del conjunto habitacional, ya que perdieron sus aparatos electrónicos derivado de un corto circuito originado por el robo de cables de luz el 5 de marzo.
Raquel Figueroa, vecina del andador 101, refirió que el 4 de marzo se registraron bajas en el voltaje de la luz, por lo que reportaron el hecho a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A la mañana del día siguiente salía humo de la planta baja de su casa, pues se había registrado un corto y un incendio en la cocina, por lo que llamaron a los bomberos y cuando llegaron los bomberos se percataron que eran 30 las familias afectadas con la descompostura de los electrodomésticos.
Con el antecedente del reporte ante la CFE acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) a levantar una denuncia en contra de la paraestatal y ante la Profeco por el mal servicio y para recuperar sus aparatos.
“El personal de la CFE, que son contratistas, vinieron y primero nos acusaron de sabotaje, preguntaron si éramos del SME o algo de los de Compañía de Luz y Fuerza, después dijeron que sólo podrían actuar y hacer algo si teníamos al que se roba los cables”.
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En 25 años la pobreza se disparó, pese a gasto multimillonario en México: experto

  • Oportunidades, el plan para combatirla menos eficiente en AL , afirma Genaro Aguilar
  • El padrón del programa federal no es transparente y permite la exclusión de desamparados, dice
  • Critica el académico del IPN que el asunto se resuelve con empleo y no con acciones sociales

Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Lunes 26 de abril de 2010, p. 39

Aun con el gasto de casi 200 mil millones de dólares en programas sociales durante los últimos 25 años, el número de pobres pasó de 20 por ciento de la población a cerca de 50 por ciento, unos 53 millones de mexicanos, según cifras conservadoras, señala Genaro Aguilar, integrante del Sistema Nacional de Investigadores.
Indica que datos de los expertos revelan que hay unos 70 millones de personas en esa condición, y Oportunidades, el principal programa del gobierno federal contra la pobreza, no cumple con llegar a la gente que está en el nivel más bajo del ingreso y tampoco es transparente en la forma de definir el padrón de beneficiarios.
Oportunidades ha sido el mecanismo menos eficiente de combate a la pobreza en América Latina, porque carece de transparencia en la integración de los padrones de beneficiarios y no existe un ordenamiento jurídico que permita que los pobres que no son incluidos en él puedan ser integrados, explica el profesor de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Indica que, a diferencia de México, en Brasil hay leyes que permiten que los que no son pobres no entren al programa Bolsa Familia –el equivalente a Oportunidades– y que los que sí lo son puedan exigir su inclusión.
Evalúa que una de las razones por las que el mayor incremento de la pobreza se da en México, de acuerdo con datos del Banco Mundial difundidos la semana pasada, es que los programas no están diseñados en función de los más pobres. Explica que las reglas de Oportunidades “permiten la exclusión del contingente de la población más pobre”.
Otro problema, abunda, es que la pobreza no se resuelve con programas sociales, el camino debería ser un modelo económico que permita la creación de empleos bien remunerados y de manera sistemática, para que absorba la mano de obra que todos los años ingresa al mercado laboral.
“Nos dicen que se crearon 390 mil empleos, pero hay un rezago de 3.5 millones, y esto se refleja en el sector informal, ya que en 1984 había 1.8 millones de personas en éste, pero ahora son más de 12 millones, crecieron 10 veces, lo cual genera condiciones precarias para la población que está en ese sector, y tampoco tienen un sistema de protección social”, añade.
Refiere que anualmente se invierten en programas de combate a la pobreza unos 80 mil millones de pesos, lo cual ha dejado en los últimos 25 años un ejercicio de alrededor de 200 mil millones de dólares; sin embargo, la pobreza ha crecido. “Esto quiere decir que la inversión no ha servido para revertir la miseria, el modelo económico privilegia las reglas del mercado y no crea mecanismos para abatir la pobreza”.
Recuerda que en 2009 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social habló de un aumento de 6 millones de personas en pobreza, con datos a 2008, pero “mi estimación era que en los primeros tres años habría un total de 10.5 millones de pobres adicionales a los de 2006. Este gobierno ha salido reprobado en materia de desarrollo social. La política económica que ha generado este número de pobres no cambia”.

Clientelas políticas, las favorecidas

Refiere que ha encontrado que quienes se encargan de integrar el padrón de Oportunidades en las comunidades o en las colonias, esperan a que los líderes correspondientes les digan a quién incluir, “por lo que hay población que recibe el recurso y no es la que está en la parte más baja de la distribución del ingreso. Son las clientelas políticas que son integradas al programa, la gente más pobre que no está relacionada con esos líderes es excluida”.
En un análisis sobre los planes, sostiene que “hay un sistema de protección social compuesto por innumerables programas y políticas sectoriales, algunos opuestos a otros, de baja eficacia y eficiencia, de vida efímera e impermeable al control ciudadano”.
Asienta que “la falta de control en el gasto social se percibe en que no hay un padrón nacional de beneficiarios de los programas sociales, donde se pueda identificar con precisión quién y cómo reciben los beneficios de los programas sociales nacionales, estatales y municipales”.
Se carece de mecanismos de control ciudadano y transparencia en la ejecución de los recursos de combate a la pobreza, lo que se traduce en que muchos programas públicos profundizan, en lugar de atenuar, las desigualdades, asevera.
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Contratará CFE a ex trabajadores para dar mantenimiento a vehículos

Alejandro Muñoz propondrá mil nombres para que sean evaluados

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 26 de abril de 2010, p. 38

Integrantes de la Coalición de Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) firmaron la semana pasada un contrato mediante el cual se crea una empresa que dará mantenimiento a las unidades automotrices de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó Alejandro Muñoz.
Dijo que “en los próximos días se presentará una lista de mil trabajadores a la CFE, para que a la brevedad posible se les evalúe y puedan acceder a un puesto en esa paraestatal”.
Respecto del contrato de prestación de servicios a la CFE, explicó que se firmó el pasado 22 de abril y contempla la creación de una “empresa propiedad de agremiados del SME” para dar mantenimiento a las unidades automotrices de CFE.
Continuarán, sostuvo, las gestiones para que “más trabajadores formen su propia empresa, y que se entreguen más y mejores contratos a sus compañías, como en los casos de producción de tableros y mantenimiento de instalaciones eléctricas”.
Indicó que la coalición que encabeza (disidente del SME) condena la violencia como presión para buscar una solución a la problemática tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Dijo que esta organización refrenda su compromiso con los trabajadores de LFC para seguir buscando oportunidades que permitan establecer nuevas y mejores opciones productivas.
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domingo, 25 de abril de 2010

Julio Hernández Astillero en la Huelga de Hambre del SME

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Gerardo Fernández Noroña en la Huelga de Hambre del SME

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Martín Esparza, Srio. General en la Huelga de Hambre

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Harán ayuno “presos de conciencia”

Redacción
Tribuna de Capeche
24 de Abril de 2010

Los denominados “presos de conciencia” por Amnistía Internacional, Sara López González, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, integrantes de la Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunciaron el inicio de una huelga de hambre a partir del cuatro de mayo, desde el interior del Cereso de San Francisco Kobén, en protesta porque se encuentran “detenidos injustamente”. Así lo dieron a conocer representantes de la Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la CFE de Candelaria, de La Otra Campaña y del Frente de Organizaciones de Izquierda “Jacinto Canek”, encabezados por Miguel Angel Valladares Herrera y Manuel de Atocha Chablé Gutiérrez.
Confirmaron que ayer sábado se entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”, a Sara López González, en Cuernavaca, Morelos, evento al que no pudo asistir por encontrarse encarcelada en San Francisco Kobén, aunque en su representación acudió uno de sus hijos.
“Nos sentimos orgullosos de nuestros compañeros de lucha de la Resistencia Civil, por el reconocimiento a la compañera Sara López, por su defensa de los derechos humanos, al contribuir con su lucha al derecho a una vida digna”, significó Valladares Herrera.
“Por desgracia, como los malos gobiernos mantienen a Sara encerrada junto con nuestros compañeros Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, no podrá recibir personalmente este merecido reconocimiento, lo cual lamentamos mucho, aunque nos sumamos a la celebración de este acontecimiento”, indicaron.
Denunciaron la insistencia de las autoridades de privarlos de la libertad, ya que a pesar de haber obtenido un amparo de un juzgado federal, la PGR apeló, y el amparo se encuentra en revisión por parte de una magistrada federal del Tribunal Colegiado, con sede en Mérida, Yucatán.
“El tiempo jurídico para que se emita una resolución se terminó, pero el retraso lo adjudica a tiempos administrativos, sirva este medio para solicitarle amablemente tenga la sensbilidad de atender primordialmente este caso, cuya delicadeza política debe ser tomada en cuenta”, señalaron.
Pidieron a la magistrada federal tomar en consideración los distintos pronunciamientos a favor de ellos, como la declaración de presos de conciencia por parte de Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, el Consejo General de Abogacía Española, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” y el Alto Comisionado de Derechos Humanos, entre otros.
Ante la negativa a resolver jurídicamente sus casos, los presos de conciencia se pondrán en huelga de hambre a partir del cuatro de mayo, “por lo que las organizaciones aquí representadas, demandamos que garanticen la seguridad médica de nuestros presos ante esta manifestación pacífica”.
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Día... ¿del Trabajo?

AGENCIA REFORMA
El Siglo de Torreón
25 de Abril del 2010

El fracaso en la generación de empleo (principal oferta de Felipe Calderón en campaña), la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, los conflictos con dos sindicatos adversos al régimen (mineros y electricistas), la connivencia con el sindicalismo oficial (maestros y petroleros, principalmente) y un nuevo debate en torno a la necesidad de una reforma laboral caracterizan el Día del Trabajo en el cuarto año de este Gobierno.
Con una tasa de desempleo del 5.4 por ciento, carencia de empleos formales y un incremento notable del subempleo y la informalidad, los trabajadores dicen que no hay mucho que celebrar el próximo primero de mayo. Esto, a pesar de que oficialmente comienza a llegarse al final de la crisis económica.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 2007 y marzo de 2010 se crearon poco más de 496 mil plazas laborales; es decir, en tres años de gobierno, el presidente Calderón logró la mitad de los empleos que prometió generar anualmente.
La escasez de puestos de trabajo formales provocó que más de un millón 200 mil personas se incorporaran al empleo informal: en enero de 2007 el número de personas que trabajaban en la informalidad ascendía a 11 millones 393 mil y en diciembre de 2009 la cifra se disparó a 12 millones 612 mil personas.
A futuro se prevé un panorama poco optimista: según un estudio de Banamex, la tasa de desempleo abierta será para 2010 de 5.8 por ciento y del 5.5 por ciento en 2011. Con base en estas previsiones y el crecimiento de la Población Económicamente Activa, se esperaría un déficit de empleos formales de entre 518 y 557 mil cada año.
A la limitada generación de empleos formales se suman las deficiencias de los salarios, el aumento de impuestos y el incremento en el costo de los servicios e insumos básicos.
En los últimos cuatro años, mientras que el salario mínimo promedio pasó de 49 a 56 pesos diarios, el costo de la canasta básica aumentó de 131 pesos en enero de 2008 a 149 pesos en marzo de 2010.
Aunado a ello, en octubre pasado el Congreso aprobó una Ley de Ingresos que impactó directamente en el poder adquisitivo: la tasa del Impuesto al Valor Agregado aumentó a 16 por ciento, aumentaron las tasas del Impuesto Sobre la Renta y se creó un nuevo impuesto de 3 por ciento a las telecomunicaciones.
En paralelo, se descongelaron los precios de los combustibles (gas, diesel y gas LP), lo que provocó una escalada de precios.
En este contexto, el Gobierno Federal y su partido decidieron reabrir el debate en torno a una reforma laboral. El 18 de marzo el PAN presentó una iniciativa de reforma que plantea, entre otras cosas, incluir en la legislación la modalidad de contratación por horas y temporada y limitar el pago de salarios caídos; incluye el concepto de "multihabilidad" -que implica que los empleados desarrollen diversas funciones- e introduce nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga.
Gobierno, PAN e iniciativa privada aseguran que si se aprobara esta reforma se generarían condiciones para crear más empleos formales.
Desde la Oposición, PRD y PRI rechazaron la propuesta oficial.
El 20 de abril pasado el PRD presentó una contrapropuesta que plantea modificaciones a la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social.
La iniciativa perredista propone, entre otras cosas, reconocer como derechos humanos los derechos laborales, establecer en 40 horas la semana laboral, garantizar el derecho a huelga, la creación de un registro público nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos, así como la sustitución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por un Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades a fin de que sea el Congreso y no el Ejecutivo federal quien determine los niveles salariales.
El PRI advirtió que "no pasará" ningún proyecto que lesione las conquistas laborales y se comprometió a presentar su propuesta en septiembre, por lo que se espera que la reforma laboral sea discutida hasta el arranque del segundo año de la LXI Legislatura.
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Viven mexicanos ‘violencia laboral de Estado’

Se rompen récords en la violación de derechos de trabajadores y sindicalizados, la STPS legitima abusos y la impunidad empresarial se extiende, reclaman activistas (Foto: Agencias)

Arturo Rodríguez García/Rosalía Vergara
Proceso
24-04-2010

Distrito Federal— Mientras que el gobierno de Felipe Calderón deberá responder ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instancias por graves violaciones a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores, uno de los organismos quejosos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), definió en México la actitud de Calderón y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, como una “violencia laboral de Estado”.
Esa visión la comparte la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera (FITIM), que en febrero de 2009 interpuso ante la OIT una queja contra la política laboral de México, principalmente por privilegiar y avalar los contratos de protección en beneficio de los empresarios, y por la existencia de sindicatos blancos.
En el mismo sentido, el 8 de abril de 2010, el propio Cereal, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex (Untypp) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otros gremios, acudieron al Tribunal Internacional de Libertad Sindical para dejar constancia sobre la violación de los derechos laborales en México, que ha ido en aumento durante los regímenes panistas.
Si bien durante los gobiernos priístas se privilegió al corporativismo sindical como una forma de controlar al movimiento obrero, durante los últimos 12 años –de los cuales casi una década corresponde al panismo en el poder– se ha intentado reformar la Ley Federal del Trabajo en 332 ocasiones, según Lozano Alarcón.
Y aunque la más reciente iniciativa todavía no se aprueba en la Cámara de Diputados, buena parte de la misma se ha venido aplicando en los hechos, pues han aumentado la subcontratación y la terciarización de contrataciones mediante el outsourcing, además de que el 90 por ciento de los contratos colectivos que se firman en el país son “de protección”, es decir, benefician a las empresas y perjudican a los trabajadores.
En septiembre próximo, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, los 72 diputados priístas miembros del sector obrero presentarán su propia iniciativa de reforma laboral porque la de los panistas “no sirve”, dijo el pasado martes 20 de abril el cuatro veces diputado federal y secretario de Finanzas de la CTM, Armando Neyra Chávez.
Por eso, ese mismo día el secretario general adjunto del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el diputado federal del PRD Francisco Hernández Juárez, presentó al pleno la iniciativa que elaboró desde el año 2002 con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Esta propuesta es diametralmente distinta a la panista, ya que prevé suprimir el apartado B del artículo 123 constitucional para otorgar el derecho a huelga a los trabajadores al servicio del Estado; desaparece la Comisión de Salarios Mínimos y elimina la facultad de la STPS de entregar la toma de nota a los sindicatos.
En su XIII Informe sobre Violaciones a los Derechos Laborales en 2009, titulado Violencia laboral de Estado, el Cereal señala que el año pasado se caracterizó por la injerencia y parcialidad de la autoridad laboral en cuestiones intrasindicales, contraviniendo el Convenio 86 de la OIT.
Esta actitud tuvo uno de sus momentos más lesivos y dramáticos con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le negó la toma de nota al secretario general, Martín Esparza.
Por eso el Cereal y la Coordinación de Derechos Humanos y Empresas de Amnistía Internacional –a cargo de Dolores Soto– coincidieron en que durante los gobiernos panistas se ha incrementado la violencia laboral de Estado porque se está viviendo un retroceso en materia de derechos humanos laborales, de acuerdo con los pronunciamientos que hicieron en una conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 21, cuando presentaron el informe.
“En definitiva, vivimos un retroceso en materia de derechos humanos laborales y, por ende, en el nivel de vida de los trabajadores del país”, señaló Soto.
En el encuentro con la prensa, Carlos Rodríguez, del Cereal, y el abogado laboralista Manuel Fuentes advirtieron que el proyecto de reforma presentado por Lozano pretende cancelar las conquistas logradas por los trabajadores desde la Revolución Mexicana.
Ese mismo día, en Washington, Lozano pedía que la Cámara de Diputados mexicana aprobara su iniciativa para que el país avance en los índices de competitividad del Foro Económico Mundial. Allí, durante su intervención en la Reunión de Ministros del Trabajo y Empleo de países miembros del G-20, Lozano afirmó que 2009 fue el año con el menor número de huelgas en la historia moderna de México, pues sólo estallaron 19.
Sin embargo, de acuerdo con el informe del Cereal, para el mes de agosto de ese mismo año se habían registrado 8 mil emplazamientos a huelga, una cifra no vista desde hacía 20 años. Y la principal exigencia era la firma de contratos colectivos de trabajo.
El funcionario panista expresó ante sus homólogos extranjeros que se crearon 300 mil empleos formales en México, beneficiando a 2 millones de personas, y comparativamente recordó que en 1995 el empleo formal cayó 8.2 por ciento.
Pero en su documento el Cereal subraya que las cifras de 2009 son “el peor balance desde 1995”, pues se reportaron 3 millones 10 mil mexicanos desempleados, lo que representó penuria para 15 millones de mexicanos si se considera a sus familias. “Así que, durante el año 2009, vivimos las mayores tasas de desocupación históricamente registradas en el país. Además, los ocupados en el sector informal superaron a los formalmente registrados en el IMSS, 12 millones 371 mil”, precisa.
Más aún, continúa, el año pasado el IMSS canceló 181 mil 271 plazas formales, y 10 mil 966 empresas –el 70 por ciento de las cuales pertenecían al sector industrial– se dieron de baja en el propio IMSS.
“La promesa anual de Calderón fue la generación de 800 mil empleos. En tres años de gobierno ni siquiera ha creado un millón de plazas. Al contrario, se han perdido más de 3 millones 500 mil empleos”, indica el reporte de 111 páginas.

Cifras ‘alegres’

Un análisis de los informes presidenciales de Felipe Calderón resume que de enero de 2007 a julio de 2009 se presentaron 26 mil 954 emplazamientos a huelga (aunque sólo estallaron 59), 11 mil 79 más que en el periodo correspondiente del sexenio de Fox.
De enero a julio del 2009 la JFCA recibió 53 mil 646 demandas laborales individuales que, sumadas a las 164 mil 74 recibidas de enero de 2007 a diciembre del 2008, representan 217 mil 720 casos, 88.1 por ciento más que las registradas durante los primeros dos años y medio del gobierno foxista.
Además, entre los conflictos laborales más notables del panismo está el de Pasta de Conchos, el cual, aunque fue heredado por el gobierno foxista, no se ha traducido en este sexenio en el rescate de 65 mineros sepultados, ni en la imposición de sanciones a la empresa Industrial Minera México.
Otro de los conflictos heredados por el foxismo fue el del SNTMMSRM, a raíz de que la Secretaría del Trabajo le negó la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia como líder que había sido reelegido. Lozano Alarcón justificó la negativa con el argumento de que Gómez Urrutia era “prófugo de la justicia”.
Asimismo, apenas iniciado este sexenio, en marzo de 2007, la Compañía Mexicana de Aviación promovió ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la modificación del contrato colectivo de trabajo de las integrantes de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). En agosto del año siguiente, la empresa obtuvo lo que pedía, ahorrándose 25 millones de dólares en prestaciones. ASSA buscó revertir ese fallo, por la vía del amparo, pero de manera infructuosa.
El hecho es que, en todas partes, la STPS legitima abusos mientras la impunidad empresarial se extiende, como en Monterrey, donde una empresa hace firmar renuncias a los trabajadores aunque los mantiene trabajando, pagándoles como sueldo la liquidación que les corresponde.
El investigador del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, Carlos Rodríguez Rivera, manifiesta lo anterior y recuerda que, en abril de 2006, un paro laboral en Lázaro Cárdenas terminó en el desalojo violento de los trabajadores, con la participación de policías federales, e inclusive de la Armada, con un saldo de dos asalariados muertos. Igualmente, prosigue, “en Sonora no se ven muestras de legalidad, porque hay declaraciones de inexistencia, movilizaciones y la amenaza del Ejército” contra los trabajadores.
Menciona también el caso del Movimiento Obrerista Petrolero de Evolución Democrática, de la Sección 50 del sindicato petrolero, ubicada en Paraíso, Tabasco, y el Movimiento Obrerista Democrático de Acción Petrolera, de la Sección 29, de Comalcalco, en cuyas elecciones seccionales de octubre pasado el Comité de Observadores Independientes documentó numerosas irregularidades, como la negación de registro a planillas opositoras, y una actuación parcial de autoridades a favor de las planillas oficiales.
De acuerdo con Manuel Padrón, coordinador del Cereal e integrante del COI, el día del registro los opositores al grupo oficial fueron encerrados en el recinto gremial hasta que se cerró el registro.
Otro caso es el de la empresa Industria Vidriera del Potosí (IVP), una de las fábricas de botellas de Grupo Modelo, donde los trabajadores consiguieron en 2007 la toma de nota para conseguir un sindicato independiente encabezado por Valentín Marín Quistián.
El problema inició cuando abandonaron la CTM y lograron un incremento salarial de 19 por ciento. La Coparmex calificó entonces al sindicato de “radical”, y el gobernador panista Marcelo de los Santos descalificó al gremio en estos términos: “Con su aumento, pusieron en riesgo todas las revisiones salariales de la zona industrial”.
Luego, aunque cuenta con la mayoría de los trabajadores a su favor, el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del Potosí (SUTEIVP) fue notificado de que la CTM y la CROC le disputaban la titularidad.
Según Ben Davis, quien documentó el caso para AFL-CIO en México, la empresa amenazó con despedir a quienes no se afiliaran al sindicato de la CROC, pero los trabajadores se mantuvieron y pidieron una reunión pública con Javier Lozano. Aunque éste se comprometió allí a respetar la voluntad de los miembros del SUTEIVP, más tarde avaló –de acuerdo con Ben Davis– una andanada represiva que concluyó el 9 de mayo de 2009 con la incursión de policías federales, estatales y municipales en las instalaciones.
Mientras tanto, en el exterior de la planta, los obreros inconformes eran sometidos y encañonados por los cuerpos policiacos. Finalmente, los integrantes del SUTEIVP fueron derrotados, desalojados y su sindicato independiente suplantado por el de la CROC.
En Monterrey, el Cereal documentó el caso de un contrato avalado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde los trabajadores cedieron sus derechos a cambio de una “gratificación” semanal si cumplen con su trabajo. En 2009, Industria Automotriz, S.A. de C.V., que previamente había anunciado que cerraría por quiebra y que no había capital suficiente para las liquidaciones, hizo firmar a los trabajadores un convenio donde se establece que nada se les debe y que están dispuestos a seguir laborando a cambio de una “gratificación” semanal.
Casos como este reporta también la presidenta del Comité Fronterizo de Obreras, Julia Quiñones, quien afirma que Platunnum Equity, de Piedras Negras, luego de ofrecer un aumento salarial raquítico, anunció paro técnico para dejar a los trabajadores sin posibilidades de negociar, mientras que en Ciudad Acuña otra firma, Nissien de México, también se declaró en paro técnico y sólo llamará a sus trabajadores cuando a su criterio lo decida con el aval de la JLCA.
Tras apuntar que otras empresas, como Rassini o Hendrikson, pagan a sus ex trabajadores liquidaciones en abonos, Julia Quiñones concluye: “No hay justicia para los trabajadores. Las empresas tienen el apoyo del gobierno, local, estatal y nacional sean del partido que sea. Las juntas no son imparciales. La STPS es un parapeto, un títere de las empresas”.
Por su parte, Carlos Rodríguez Rivera dice: “Lo que estamos viendo es la justicia laboral deslegitimada, supeditada a los negocios privados; es la reforma laboral de facto al estilo Lozano Alarcón”.

Las quejas

La queja presentada ante la OIT por la FITIM –organización que representa a 25 millones de trabajadores de 200 sindicatos en 100 países– subraya la existencia de los contratos de protección, así como las violaciones al derecho de sindicación y libertad sindical.
En sus 47 fojas, resalta que la política laboral mexicana permite a los patrones elegir al sindicato de su preferencia, anulando derechos como el de huelga, porque es una de las condiciones que negocian los abogados patronales con los sindicatos de la CTM, el CT o la CROC.
“La legislación doméstica laboral incluye normas protectoras a los trabajadores que están fuera de su alcance debido a la red de complicidad establecida entre la justicia laboral, patrón y sindicatos, componentes clave del modelo de ‘contratismo de protección patronal’”, dice la queja, conocida como el caso 2694 de la OIT.
“Como se señala en la queja, las leyes laborales en México y la forma que son aplicadas por el gobierno y los empleadores dan frecuentemente como resultado convenios colectivos concertados entre un ‘sindicato’ y un empleador sin referencia alguna a los trabajadores que abarca. Estos acuerdos son conocidos como contratos de protección, y los abogados estiman que la inmensa mayoría de los convenios en México son contratos de protección”, refiere Benjamín Davis, representante de la FITIM, en un comunicado fechado el 1 de abril pasado.
En entrevista con este semanario, Davis acepta que, “peor aún, los trabajadores que tratan de establecer un sindicato independiente y negociar un contrato colectivo, son objeto de represalias, intimidación, amenazas, violencia, despidos e inclusiones en listas negras”.
Pese a todo, el 23 de marzo de 2010, la Secretaría del Trabajo respondió a la OIT que “la FITIM no tiene competencia para presentar una queja”, que “los contratos de protección no existen en México” y que “no se han violado los derechos laborales de ningún trabajador porque la ley mexicana lo prohíbe”. Es una respuesta de 32 páginas que incluye cartas de respaldo de la CTM, la CROC, la Coparmex y la Concamin.
Sin embargo, unos días después, el 12 de abril de 2010, la Confederación Sindical Internacional se agregó como denunciante ante la OIT, haciendo suya la queja de la FITIM.
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Afectada, la reconexión de grandes consumidores de luz en el Centro

  • La liquidación de LFC interrumpió la campaña para evitar cortocircuitos en la zona
  • El desconocimiento de la red por parte de la CFE pone en riesgo varias partes del primer cuadro, afirma Protección Civil
  • La próxima semana se reunirán autoridades para analizar plazos

Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Domingo 25 de abril de 2010, p. 32

La extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) afectó el proceso de cambio de conexión de 48 grandes consumidores de energía eléctrica del Centro Histórico para pasarlos de la red baja a una de mediana tensión, que era una de las medidas del Gobierno del Distrito Federal encaminadas a evitar cortocircuitos en las mufas (conexiones eléctricas subterráneas) de la zona, señaló Adrián Noriega Cornejo, subdirector de Prevención de la Secretaría de Protección Civil capitalina.
En entrevista, el funcionario explicó que el proyecto se realizaba en coordinación con la paraestatal, además de que los involucrados –empresas, comercios y dependencias públicas–, aceptaron la medida e incluso en al menos la mitad de los casos ya sólo falta instalar los nuevos transformadores y cableado.
Sin embargo, debido al desconocimiento de la red por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encargada de administrar las instalaciones eléctricas en el DF, “apenas se dan cuenta” de que para hacer el cambio es necesario terminar la construcción de una red superpuesta que permitirá el cambio de conexión, obra que ya había comenzado LFC.
Ante esta situación, Noriega Cornejo manifestó su preocupación porque ante la llegada de la temporada de lluvias aumentó el riesgo de más cortocircuitos en las mufas del Centro Histórico, por lo que la Secretaría de Protección Civil estudia imponer medidas de seguridad como sancionar a aquellos comercios que viertan aguas negras o jabonosas en los registros, evitar el comercio informal en las zonas de riesgo e incluso el cierre de negocios si, como el año pasado, se presentan explosiones que pongan en riesgo a los ciudadanos.
Los grandes usuarios de electricidad en el Centro, como bancos, restaurantes, tiendas departamentales, así como los palacios Nacional y del Ayuntamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso la Catedral Metropolitana, están conectados a la red de baja tensión, una de las causas de los cortocircuitos, por el sobrecalentamiento del sistema.
Antes de la extinción de LFC, la Secretaría de Protección Civil había acordado con la paraestatal el cambio de conexión, para lo cual comenzó la realización de la red superpuesta que permitiría llevar a cabo el proceso. En diciembre del año pasado, la dependencia emitió una resolución en la que dio un plazo de tres meses a esas empresas y dependencias para prepararse para llevar a cabo el procedimiento, toda vez que se tenía proyectado que en ese tiempo concluiría la construcción de la citada red.
La obra se suspendió al declararse la extinción de Luz y Fuerza, sin que la CFE haya retomado los trabajos, pues no los tiene presupuestados, aunado a que el personal de esta instancia “apenas está conociendo la red”, manifestó Adrián Noriega; mientras que buena parte de los grandes consumidores, que en su totalidad aceptaron la medida, tienen ya todo listo, incluida la adquisición de material para llevar a cabo el procedimiento.
Ante esta situación funcionarios de la Secretaría de Protección Civil capitalina se reunirán la próxima semana con autoridades de la CFE para establecer un plazo para la realización de este proyecto.
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sábado, 24 de abril de 2010

Informe de Martín Esparza después de la reunión en la Cámara de Diputados

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Video. Que el Terror y el Dolor no nos hangan Indiferentes

Una realidad en México, este es el verdadero rostro de lo que las autoridades quieren cubrir con el maquillaje del bicentenario, un pueblo bueno ke sufre dia a dia la impotencia de ver pisoteados sus derechos y garantias conquistadas x aquellos heroes nacionales que ahora solo conocen las nuevas generaciones x festejar un "bicentenario" que no entienden...
Sólo le pido a Dios ke la indiferencia del resto de los mexicanos desaparezca y abran los ojos a la realidad de nuestros dias: Un abrazo fraternal a los mineros de Cananea, a los Electricistas del SME toda mi admiracion y respeto x ser un sindicato combativo, un saludo a todos esos padres ke perdieron a sus hijos en el incendio de Hermosillo, un vinculo de hermandad para los familiares de mujeres ke han muerto y nadie les ha hecho justicia, un combativo abrazo a los hermanos indigenas de Chiapas, a los pueblos de Oaxaca y Atenco ke han sufrido tanto el golpe de los tiranos ke nos gobiernan, No estan solos, no todo esta perdido, si desaparece la indiferencia ante su dolor y su lucha...

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Acuerdan autoridades y CFE monitorear las presas

HERIBERTO HERNÁNDEZ CASTILLO
RADIO EXPRESIÓN
23/Abril/2010

Autoridades y operativos acordaron mantener un monitoreo constante de las presas que forman parte de la cuenca hidrológica del complejo Necaxa, para evitar alguna contingencia ante el acumulamiento de agua en los vasos.
La sede fue la presidencia municipal y el mediador el alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo, quien en coordinación con el Sindicato Mexicano de Electricistas y representantes de la Comisión Federal de Electricidad, convinieron monitorear constantemente las presas.
De manera conjunta, los operativos de la Comisión Federal de Electricidad que están cerca de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con la supervisión de los integrantes del gremio del SME, estarán desfogando a las presas que así lo necesiten.
Las lluvias atípicas ocasionaron que las presas de Tenango y la de Necaxa, estén a niveles no comunes en estos meses en los que regularmente hay estiaje, con esto se ha generado alarma entre los habitantes de las poblaciones vecinas.
Las preguntas recurrentes son: -“¿Por qué están llenas las presas si en estos días siempre están con menos agua?, ¿Por qué no se les ha sacado el agua si se nota que rápido se van llenando y las lluvias no han terminado?, ¿Quién es el responsable en este momento de las presas?”, son los cuestionamientos de la gente que tiene poca información.
Los cuerpos de protección civil municipales, tanto de Huauchinango como de Juan Galindo, se mantienen al margen de las instalaciones aunque no así de la vigilancia del comportamiento de los lagos, pero poco pueden hacer fuera de la infraestructura, por ser propiedad federal.
Con el convenio que se hizo entre las parte involucradas, el Director de Protección Civil, Ofir Picazo Garrido, comentó que se espera que haya una mayor tranquilidad en la población.
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Con trabajos, abre CFE compuerta de la presa de Tenango

PILAR RAMÍREZ
RADIO EXPRESILÓN
23/Abril/2010

Personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo del jefe del departamento Técnico I. del Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán, el ingeniero Héctor Cid Sánchez intentó por horas bajar los niveles de la presa de Tenango.
Desde la diez de la mañana arribaron a la compuerta ubicada en Zahuinco, ocho trabajadores de CFE, elementos de la Policía Federal (PF) y estatal para resguardar a quienes “abrirían compuertas”, sin embargo, pasaban las horas sin que pudieran llevar a cabo lo programado.
Fue hasta las tres de la tarde cuando pudieron abrir lo necesario de la compuerta, los de CFE por momentos hablaban por celular, mientras que otros mejor se sentaron a descansar tras los intentos fallidos, mientras que los que aguardaban en los alrededores decían que esa misma labor la realizaba un solo trabajador de Luz y Fuerza del Centro.
Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) estuvieron presentes sólo como observadores de las maniobras, para dejar en claro que “nosotros no estamos en contra de que realicen las maniobras que tanto pidió la población, para evitar que señalen al SME como responsable de daños”, manifestó el subsecretario del exterior Miguel Ángel Montiel Eslava.
Además destacó que el personal de CFE pretendía bajar los niveles gradualmente, sin embargo, en un principio, se abocaron a ello los ocho trabajadores, y cuatro estuvieron haciendo directamente las maniobras sin poder logarlo.
Mientras que simpatizantes del SME señalaron que “el personal de CFE no estaba capacitado para realizar dichas maniobras, sin embargo, estarían al pendiente de los resultados”.
Por otra parte, el alcalde de Huauchinango Rogelio López Angulo también estuvo presente en las primeras horas para constatar los trabajos por petición del presidente de la junta auxiliar de Tenango, ya que en las últimas semanas Protección Civil y Comisión Nacional de Agua se mantuvieron a la expectativa por los altos niveles de las presas de Nexapa, Tenango y Necaxa.
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CFE medirá consumo con redes inteligentes

Susana González G.
Periódico La Jornada
Sábado 24 de abril de 2010, p. 25

A fin de medir en tiempo real el consumo de energía eléctrica para que se reduzca “a lo mínimo indispensable”, el gobierno federal pondrá en marcha el próximo año un programa piloto de redes inteligentes en la zona donde operaba Luz y Fuerza del Centro (LFC), anunció Georgina Kessel, secretaria de Energía, en un seminario sobre perspectivas tecnológicas y medio ambiente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). La tecnología de las telecomunicaciones, aseguró, servirá para contar con información precisa sobre el consumo de electricidad para evitar pérdidas en el sistema. Los medidores mandan señales sobre la energía que se consume en cada hogar y sirve para determinar, por ejemplo, “en qué momento resulta más benéfico al consumidor prender una lavadora porque el sistema refleja un menor precio”, detalló posteriormente en conferencia de prensa.
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Audio. Mensaje de Miguel Marquez después del Foro en Orizaba

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Audio. Mensaje de Martín Esparza después del Foro en Orizaba

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viernes, 23 de abril de 2010

Boletín de Prensa del SME


Al Movimiento Obrero Internacional

A todos las organizaciones Sociales del mundo

Estimados compañeros y compañeras:

Después de una heroica y combativa resistencia de 6 meses de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ejercido su facultad de atraer y resolver las demandas legales del SME. En particular, el que se refiere a la Inconstitucional del decreto de extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y finalmente, sobre el Ilegal despido de los 44 mil 900 trabajadores de esa empresa y afiliados al SME.
Para darle fuerza a estas demandas, el próximo domingo 25 de abril a las 12 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, los trabajadores electricistas iniciaremos una huelga de hambre masiva, apoyados por miles de sus compañeros y activistas de docenas de organizaciones solidarias nacionales.
Pocas veces en la historia de nuestra país se ha verificado una huelga de hambre de semejante magnitud. Esperamos que este movimiento se vea apoyado y difundido ampliamente por las organizaciones sindicales y sociales del mundo, con la realización de manifestaciones, protestas, plantones, y/o con ayunos ante las embajadas y consulados mexicanos en sus respectivos países, será un invaluable aporte para la lucha del pueblo mexicano en contra del gobierno ultraderechista de Felipe Calderón.

Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D. F. a 23 de abril de 2010

FERNANDO AMEZCUA CASTILLO
Secretario del Exterior
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Video. México: ¿Recesión o Reforma Laboral?


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Integran Comité en contra de altos cobros de la CFE en municipios de la Montaña

Boletín Plus
23 de Abril del 2010

Tlapa, Gro / ANG.- Claudio Ortega Mendoza, integrante del comité regional de gestoría y defensa social aseguró que los 16 municipios de esta región de la Montaña que han sufrido cobros excesivos de los recibos de energía eléctrica, seguirán luchando porque se logre la tarifa preferencial, como ya se aplica en Chiapas.
Ortega Mendoza, destacó que en esta región de la Montaña la mayoría de sus habitantes son indígenas y viven en la extrema pobreza y es aquí donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha aceptado que sus cobros son de calculo y no hay una lectura directa para saber con precisión del gasto bimensual que realiza cada uno de los usuarios.
Comentó que en los pueblos de Ixcuinatoyac y Tlahuapa, ambas localidades del municipio de Alcozauca, ya suspendieron los pagos de sus recibos de luz, ya que después de que les llegan muy caros sus recibos, hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha removido los postes que están mal colocados y afecta la vialidad en dichas comunidades.
Dio a conocer que recientemente el diputado local del PRD Rutilio Viterbo Aguilar presentó ante el Congreso del estado una denuncia por los cobros excesivos en municipios de la Montaña, pero también pidió que se cobre el 50 por ciento debido a la situación económica que existen en estos lugares.
Claudio Ortega Mendoza, refirió que hasta el momento cada mes se han estado reuniendo con los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y hasta la fecha mantienen una relación diplomática, pero en caso de que sigan engañando a los pueblos, podrían romper esa relación. (ANG)
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México: La contrareforma agraria. Proyecto eoloeléctrico del Istmo y la destrucción del ejido

La lucha de los pueblos mesoamericanos no es sólo es ahora en contra de los despojos de territorio y graves daños ambientales que dejan los megaproyectos

Carlos Beas Torres / Alejo Girón
Agencia Lationoamericana de Información
23 de Abril del 2010

El principio

Desde hace más de 30 años algunos investigadores ya habían advertido el gran potencial eólico del Istmo mexicano. Los vientos del norte en otoño-invierno y los del sur en primavera, con rachas sostenidas de más de 80 kilómetros por hora y durante un promedio de 240 días al año hacían de la región del Istmo de Tehuantepec un escenario propicio para la generación de energía eléctrica con el uso del viento.
A principios de los 90s del siglo pasado, de pronto aparecieron personajes extraños en los pueblos de La Venta y La Ventosa, próximos a la ciudad zapoteca de Juchitán, en el estado de Oaxaca. Eran agentes inmobiliarios que apartaban tierras de los campesinos e indígenas para un misterioso proyecto. Para la gente del lugar resultaba sumamente extraño que “gentes venidas de México den 50 o 100 pesos al año para rentar las tierras y no hacer nada en ellas”.
A la par, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó estudios técnicos y negoció una franja del terreno en el ejido La Venta, ubicado a un costado de la carretera que comunica al centro del país con el estado sureño de Chiapas. En 1994 se construyeron los siete primeros aerogeneradores; estos ventiladores, como los llamaron los campesinos del lugar, se convirtieron en el Proyecto Piloto La Venta I.
En 1999 los ejidatarios iniciaron un movimiento de protesta motivado por los bajos precios que pagaba la CFE por la ocupación de las tierras y por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al ejido. Como resultado de esta protesta, en el 2001 el gobierno ordenó la aprehensión de 12 campesinos y encarceló al representante ejidal Arturo Hernández.
En marzo de 2001, en El Salvador, el entonces presidente Vicente Fox anunció el lanzamiento del Plan Puebla-Panamá (PPP), un gigantesco megaproyecto orientado a construir y modernizar infraestructura energética y de comunicaciones en el área mesoamericana. El gobierno mexicano fue el instrumento para impulsar entre los gobiernos de Centroamérica un plan que en el fondo buscaba proveer de energía y materias primas baratas a la economía de Estados Unidos y que respondía además plenamente a la lógica de seguridad nacional de ese país.
Puertos, represas, aeropuertos, carreteras, nuevas refinerías, tendidos eléctricos y parques eólicos formaban parte del portafolio de proyectos del PPP a realizar en la región mesoamericana. Es por ello que a partir del año 2002 se intensifica en la región la presencia de los arrendadores y su campo de acción se extiende ahora por toda la parte oriental y central del Istmo de Tehuantepec.

La destrucción de un ejido

En el 2002 la empresa Windrock International, realiza en la zona de La Venta nuevos estudios técnicos y, ante la resistencia de los campesinos para arrendar sus terrenos, el gobierno estatal criminaliza al representante ejidal Rafael Solórzano Ordaz, quien es acusado de falsos delitos, calumniado, encarcelado y destituido. El gobierno estatal entonces impone nuevos representantes ejidales, quienes con engaños y amenazas tratan de arrendar un polígono de dos mil 80 hectáreas para la edificación de un nuevo parque eólico.
El evidente interés gubernamental existente detrás de este proyecto, explica el acelerado ritmo de ejecución y la presión ejercida contra los campesinos. Es grande el impulso que dan a este proyecto Felipe Calderón, quien era entonces secretario de Energía, y el entonces diputado Juan Camilo Mouriño, quien fungía como presidente de la Comisión de Energía de la legislatura federal. Ambos tenían fuertes nexos con las compañías eléctricas españolas y más Mouriño, quien era socio de la empresa GES, sumamente involucrada en estos proyectos.
Además de la represión directa, el gobierno impuso en el ejido La Venta el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), un programa de supuesta regularización agraria, que ha sido el medio para la privatización de las tierras ejidales y la destrucción de la asamblea de ejidatarios como eje organizador del núcleo agrario. A pesar de ello, y gracias a la resistencia campesina, el proyecto se reduce primero a mil 310 hectáreas y al final de cuentas a un polígono de 850 hectáreas, menos de la mitad de las dos mil 80 originalmente proyectadas.
La construcción del Parque La Venta II consistente en 98 aerogeneradores, con una capacidad para generar 93.3 megavatios, inició a fines del 2005 con una inversión cercana a los 110 millones de dólares. La obra fue asignada a las corporaciones españolas Gamesa Eólica e Iberdrola. De esta última es sabido que varios de sus principales accionistas tienen vínculos muy estrechos con el Partido Popular de España, aliado al gobernante PAN, al que pertenecen Mouriño y Calderón.
En la ejecución de este proyecto se incurrió en numerosas irregularidades, ya que los campesinos no fueron informados de los alcances y restricciones de los contratos de arrendamiento, los cuales tienen una vigencia de 30 años, y ni siquiera recibieron copia. El mismo proyecto fue una verdadera imposición a pesar de que algunos empleados del Banco Mundial hicieron un simulacro de consulta. En La Venta ocurrió un verdadero despojo de tierras maquillado de legalidad. Otra de las irregularidades más evidentes es un truculento estudio de impacto ambiental, aprobado por el gobierno mexicano que oculta que la zona de edificación del parque es una de las rutas de aves migratorias más importantes del mundo, ya que los especialistas estiman que en las noches de otoño y a principios del invierno, cruzan esa región más de 800 mil aves al día.
La construcción de este parque trajo graves impactos en la vida del ejido La Venta, pues se generó un profundo divisionismo y conflictos internos, mismos que provocaron el desgarramiento del tejido social. El despojo alcanzó incluso tierras de uso común, mismas que fueron cedidas de manera fraudulenta; por las tierras arrendadas se pagaron bajos precios y las obras realizadas perjudicaron los terrenos de cultivo ubicados dentro del polígono.
En marzo de 2007, pocos días antes de que el ya presidente Felipe Calderón inaugurara el Parque La Venta II, los gobiernos federal y el de Oaxaca dieron un nuevo golpe represivo contra los campesinos de La Venta, quienes en septiembre de 2006 habían recuperado tierras de uso común que les habían sido arrebatadas de manera ilegal por la CFE. Sin aviso previo, a principios de marzo de 2007 fueron brutalmente desalojados por 350 policías federales; 73 de los campesinos fueron demandados penalmente, acusados de los delitos federales de obstrucción de obra pública y daños por un monto de 19 millones de pesos. Los dueños de la tierra además de ser despojados fueron convertidos en criminales.
Despojados, enfrentados y perseguidos terminaron siendo los campesinos de La Venta por un proyecto de “energía limpia” ejecutado de “manera sucia”.

Un nuevo despojo

Apenas había sido inaugurado el Parque La Venta II, por cierto en medio de un gigantesco operativo policiaco-militar, cuando ya operadores de la empresa Maderas y Granos de la Laguna, propiedad de políticos panistas ligados a Vicente Fox, recorrían de nuevo los terrenos de la zona de riego del ejido La Venta con el fin de negociar tierras para un nuevo y gigantesco proyecto.
En La Venta, en terrenos de gran valor económico, por existir ahí una zona de riego, la empresa Acciona inició en 2008 –con una inversión superior a los 550 millones de dólares y en unas dos mil 250 hectáreas– la construcción del que, dicen, será el parque eolo-eléctrico más grande de América Latina: El Parque Eurus; en la construcción de este Parque han tenido lugar numerosos problemas, derivados del despojo de tierras, daños a las parcelas y abusos cometidos contra los trabajadores. De nueva cuenta, los operadores inmobiliarios hicieron ofrecimientos extraordinarios y sin dejar copia de los contratos a los campesinos. Con engaños, presiones y amenazas contrataron las tierras por seis mil pesos al año (unos 480 dólares). En algunos casos se apoderaron de predios sin haberlos contratado y destruyeron palmares y arbolado nativo, ante la mirada pasiva de las autoridades ambientales mexicanas. La construcción del parque Eurus ha enfrentado numerosos retrasos, una veces ocasionados por protestas de los trabajadores, que se quejan de las pésimas condiciones y la ausencia de las prestaciones que marca la ley laboral mexicana, y otras veces por la resistencia de los campesinos.
Pero el caso del ejido La Venta no es aislado; en los vecinos ejidos La Ventosa, Unión Hidalgo e Ingenio Santo Domingo, las empresas se han apoderado ya de más de dos mil 500 hectáreas. Para principios de 2009 los analistas consideran que más de 15 mil hectáreas ejidales y comunales han sido privatizadas bajo esquemas de arrendamiento, dando vida a un verdadero despojo y a una gigantesca contrarreforma agraria en el Istmo de Tehuantepec.
Hasta ahora el megaproyecto eólico del Istmo mexicano sólo ha beneficiado a las trasnacionales europeas y a políticos y funcionarios mexicanos de diferentes niveles; mientras que para los campesinos este proyecto ha significado pérdida de empleos rurales, disminución de la capacidad de producir alimentos, despojo de tierras, daños ambientales, conflictos internos y violación generalizada a sus derechos.

El final

En el Istmo de Tehuantepec se ha venido imponiendo a pasos acelerados un megaproyecto de “energía limpia y renovable” que ha significado un pingüe negocio para empresas eléctricas españolas y funcionarios gubernamentales mexicanos y que a la vez ha representado graves impactos socio-ambientales para las comunidades indígenas de la región.
Sin embargo lo que se vive en el Istmo mexicano no es un hecho aislado; en toda la región mesoamericana han avanzado los procesos de privatización de los servicios públicos y en particular del sector eléctrico, lo cual ha significado un mal servicio y altas tarifas, pero también ha significado la imposición de parques eólicos, represas y tendidos eléctricos. Esta expansión acelerada, esta nueva invasión se ha dado en el marco del PPP, ahora llamado Proyecto Mesoamericano de Integración y Desarrollo.
La lucha de los pueblos mesoamericanos no es sólo es ahora en contra de los despojos de territorio y graves daños ambientales que dejan los megaproyectos; también es en contra de la privatización de los servicios públicos y la criminalización gubernamental de los movimientos ciudadanos. Mesoamérica sufre una “nueva invasión” al cumplirse 200 años de su Independencia.
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