lunes, 28 de marzo de 2011
jueves, 24 de marzo de 2011
miércoles, 16 de marzo de 2011
martes, 15 de marzo de 2011
jueves, 10 de marzo de 2011
Denuncia cobros irregulares de la CFE
El Correo Ilustrado
Periódico La Jornada
10 de Marzo, 2011
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) me está cobrando una cantidad de 3 mil pesos extras por el cambio que me hicieron de medidor de luz. El problema surgió cuando fui a reclamar a sus oficinas porque se me estaba cobrando 99 pesos, luego 178 pesos, cantidades que no correspondían al consumo que yo generaba. Pues vivo solo y tengo una televisión, un refrigerador y una grabadora y casi no las uso. Ellos alegan que tengo una fuga de energía, lo cual no es cierto. Ya lo comprobé con un ingeniero electricista.
A toda la gente que va a reclamar le dicen lo mismo. Que tiene una fuga de energía, esto para mí es un fraude y una injusticia. Trabajadores de la CFE fueron a revisar mi medidor de luz y me dijeron que estaba trabajando mal y que era obsoleto. Por este motivo me lo cambiaron por uno digital y que no me iba a generar ningún costo. Y ahora me están cobrando 3 mil pesos extras según ellos por los kilovatios que ha generado desde que Luz y Fuerza del Centro instaló el medidor.
Como yo no estuve de acuerdo en pagar los 3 mil pesos, llevé el caso a Profeco y en tres audiencias nunca se presentaron. Pido de favor que no se me cobre ese dinero extra que no estoy dispuesto a pagar y también se me instale el medidor mecánico que tenía antes, porque el digital no marca el consumo real, y me cobren de acuerdo con lo que pagaba, que era de 60 a 80 pesos bimestrales.
Sergio Alberto García Medel
Fuente
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Periódico La Jornada
10 de Marzo, 2011
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) me está cobrando una cantidad de 3 mil pesos extras por el cambio que me hicieron de medidor de luz. El problema surgió cuando fui a reclamar a sus oficinas porque se me estaba cobrando 99 pesos, luego 178 pesos, cantidades que no correspondían al consumo que yo generaba. Pues vivo solo y tengo una televisión, un refrigerador y una grabadora y casi no las uso. Ellos alegan que tengo una fuga de energía, lo cual no es cierto. Ya lo comprobé con un ingeniero electricista.
A toda la gente que va a reclamar le dicen lo mismo. Que tiene una fuga de energía, esto para mí es un fraude y una injusticia. Trabajadores de la CFE fueron a revisar mi medidor de luz y me dijeron que estaba trabajando mal y que era obsoleto. Por este motivo me lo cambiaron por uno digital y que no me iba a generar ningún costo. Y ahora me están cobrando 3 mil pesos extras según ellos por los kilovatios que ha generado desde que Luz y Fuerza del Centro instaló el medidor.
Como yo no estuve de acuerdo en pagar los 3 mil pesos, llevé el caso a Profeco y en tres audiencias nunca se presentaron. Pido de favor que no se me cobre ese dinero extra que no estoy dispuesto a pagar y también se me instale el medidor mecánico que tenía antes, porque el digital no marca el consumo real, y me cobren de acuerdo con lo que pagaba, que era de 60 a 80 pesos bimestrales.
Sergio Alberto García Medel
Fuente
miércoles, 9 de marzo de 2011
Conflictivo legado de Elías Ayub en la CFE
Ana Lilia Pérez
Revista Contralínea
9 Marzo 2011
En la administración de Alfredo Elías Ayub, la Comisión Federal de Electricidad pagó millonarios juicios por supuestas afectaciones y servidumbre legal de paso. Muchos casos se perdieron por omisiones graves, y al parecer deliberadas, durante su defensa. Al respecto, ya hay denuncias por simulación en los procesos ante la PGR y la Función Pública.
En enero, el director de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fernando Bueno, hizo público que habían presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) tras detectar reclamos de indemnizaciones “indebidas” de ciudadanos en Sinaloa, que “en forma fraudulenta y utilizando maquinaciones, hacen cosas para hacer un cobro indebido”, declaró el funcionario al periódico Reforma. Y que dichos juicios, con el “presunto apoyo de autoridades judiciales, han derivado en pagos millonarios”.
En el umbral de la entrega-recepción de la administración de Alfredo Elías Ayub a Antonio Vivanco Casamadrid, la CFE quiso adelantarse a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que unas semanas después hizo público el resultado de sus auditorías a algunos de los litigios pagados por la CFE, en las cuales descubrió la implicación de funcionarios de la Comisión en los irregulares litigios, por lo que, inclusive, pidió la intervención del Órgano Interno de Control.
La ASF considera que en los juicios sumarios civiles promovidos por particulares en Sinaloa, el área jurídica incurrió en omisiones de defensa evidentes y elementales, como el no contestar la demanda, no acudir a las audiencias o litigar en juzgados que no correspondían, como si la pretensión fuera que la CFE pagara las millonarias “indemnizaciones”, cuyos montos –que van de los 5 millones de pesos y hasta más de 208 en un solo litigio– tampoco fueron objetados.
Lo que ocurrió en la Oficina del Abogado General (OAG) en la administración de Alfredo Elías Ayub, en la CFE, es similar a lo que pasó con el jurídico de Petróleos Mexicanos bajo el mando de José César Nava Vázquez: litigios convertidos en negocio frente a una fallida defensa más enfocada en favorecer a terceros que en defender el patrimonio de la paraestatal.
En un modus operandi similar al que se orquestó en Pemex para que la subsidiaria Pemex Petroquímica pagara al ayuntamiento de Coatzacoalcos supuestos impuestos que eran improcedentes, pero que avaló el abogado César Nava (lo que provocó un quebranto de 241 millones de pesos), bajo la administración de Elías Ayub, la CFE erogó millonarios pagos de litigios por supuestos derechos de paso y afectaciones en terrenos de particulares, en los que la ASF advierte conductas irregulares de servidores públicos; por ello, recientemente presentó tres denuncias de hechos, independientes de las que, según Fernando Bueno, presentó la CFE ante la PGR.
Los litigios
Los juicios en contra de la CFE por derechos de vía y servidumbre legal de paso –para la instalación de tendido eléctrico, conductores o cables– comenzaron a incrementarse por todo el país a partir de 2003, en medio de un caos administrativo que generó que la OAG comenzara a contratar despachos externos para atender algunos litigios, caos y descontrol generado porque en los contratos la CFE no les estipuló que cada proceso debía registrarse en el Sistema de Jurismática, lo que derivó en la falta de control de los juicios y de seguimiento de las etapas procesales. Por ello, la Auditoría Superior alerta que los datos registrados en el Sistema de Jurismática de la CFE “no corresponden con la realidad”.
Las indemnizaciones por derechos de vía y servidumbre legal de paso se convirtieron en uno de los rubros de egresos más abultados de la CFE, bajo el amparo de que el artículo 1108 del Código Civil Federal establece que se debe pagar indemnización por el tendido de líneas eléctricas en predios de particulares. Para la ASF, dicho rubro se convirtió en un foco rojo en la CFE al detectarse malos manejos. En 2008, por ejemplo, las auditorías a estos pagos revelaron un daño patrimonial de 80 millones de pesos.
Ante la llamada de atención del órgano de fiscalización, Alfredo Elías Ayub reconoció que éste era uno de los cuatro “riesgos institucionales” que requería atención inmediata. No obstante, los malos manejos continuaron; así lo prueban los resultados de las auditorías que al respecto realizó la ASF en las áreas implicadas en los litigios, entre ellas la OAG y la Gerencia de Presupuestos de la CFE, que en 2009, sólo para pagar este tipo de litigios, destinó 2 mil 400 millones de pesos.
El antecedente del daño patrimonial detectado en 2008 y el elevado monto que se erogó en 2009 motivaron a la ASF a revisar los litigios, aunque sólo se auditó una muestra: los 738 millones de pesos que pagó la CFE a través de la Gerencia Divisional de Distribución Noreste, específicamente en Sinaloa.
En 11 juicios –identificados con los números 14/09, 1068/08, 126/2009, 127/2009, 330/2007, 50/08, 275/2008, 107/2008, 53/2009, 620/2006 y 278/2007– que costaron a la CFE 383 millones 879 mil 200 pesos, la ASF encontró omisiones e irregularidades en los procesos legales por parte del jurídico de la CFE. Por ello, la ASF dice que “se detectó un patrón de conducta consistente en la falta de cuidado y diligencia de los apoderados legales de la Comisión en el desahogo de las demandas”.
Las omisiones costaron a la CFE 240 millones 972 mil 600 pesos por supuestos derechos de vía en Concordia; 50 millones 326 mil 600 pesos en Elota; 46 millones 669 mil 500 pesos en Mazatlán; y 45 millones 910 mil 500 pesos en Rosario. El detalle es el siguiente:
En ocho juicios –14/09, 1068/08, 126/2009, 127/2009, 50/08, 275/2008, 107/2008 y 53/2009–, la CFE no dio contestación a la demanda inicial ni compareció en ninguna de las etapas del juicio, lo que, a consideración de la ASF, “derivó en daños ocasionados al patrimonio de la CFE”: 329 millones 782 mil pesos.
En el juicio 330/2007, el apoderado legal de la CFE contestó en un juzgado distinto y aludió a una contraparte que no correspondía a la demanda interpuesta por la parte actora, lo que provocó que no se tuviera por contestada la demanda; en consecuencia, se declaró a la CFE en rebeldía. Para las arcas públicas, tuvo un costo de 22 millones 144 mil pesos.
En el juicio 14/09, promovido en Concordia, Sinaloa, por ejemplo, las autoridades judiciales insistieron incluso en que la CFE argumentara en su defensa, sin que hubiera respuesta del jurídico de la paraestatal. Cuando se le declaró en rebeldía, se le notificó a la CFE para que hiciera las manifestaciones que estimara y, si lo consideraba necesario, aportara datos en su defensa respecto del área supuestamente afectada y respecto de la pretensión económica de la parte actora. No hubo respuesta. La OAG no compareció ni opuso excepciones y defensas. Ello, de acuerdo con las cédulas analíticas que de los expedientes de cada caso realizaron los auditores de la ASF.
Este solo juicio, promovido por Belén Lavinia Murray Muñoz, le costó a la CFE 208 millones de pesos.
Bajo esta misma mecánica, en el juicio 1068/08, abierto en Mazatlán, tampoco se dio contestación a la demanda. Ya en la fase de sentencia, el juzgado pidió a la CFE que determinara la superficie afectada y el monto que debía pagar según sus tabuladores. La CFE no respondió, no opuso excepciones y defensa; tampoco formuló objeción alguna. Se pagaron 18 millones 627 mil 900 pesos.
En el juicio 126/2009, promovido en Elota, Sinaloa, la CFE no contestó la demanda. Posteriormente, tomando en consideración que la Comisión no dio contestación a la demanda inicial, se le declaró en rebeldía. En el resolutivo de la sentencia, se dejó constancia de que la CFE no compareció a juicio. La omisión le costó a la CFE 5 millones 122 mil 600 pesos.
Exactamente lo mismo ocurrió en el litigio 127/2009, sólo que aquí se pagaron 18 millones 627 mil 900 pesos.
En el juicio 330/2007, abierto en el Juzgado Mixto de Primera instancia del Distrito Judicial de Rosario, Sinaloa, el jurídico de la CFE presentó escrito de contestación para el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Concordia, Sinaloa, y aludiendo además a otro demandante, no al que promovió el litigio. Ello provocó que la demanda se tuviera por no contestada.
La parte actora solicitó se dictara sentencia sobre el pago de la indemnización acreditada en diversos dictámenes periciales. De éstos, el juzgado dio vista a la CFE sin que hubiera ningún pronunciamiento al respecto. Todavía el juzgado le ordenó la ratificación de los dictámenes periciales allegados por el demandante y los que realizaron los peritos designados por el tribunal; pero la CFE no dio respuesta alguna. Se pagaron 22 millones 144 mil pesos.
En el juicio 50/08, abierto en Mazatlán, la CFE no dio contestación ni a la pretensión de que además de la indemnización se le pagaran los gastos y costas. La omisión de la CFE costó a las arcas públicas 9 millones 079 mil 500 pesos.
En otro juicio abierto también en Mazatlán (275/2008), la CFE no dio contestación a la demanda inicial. No obstante de haber sido emplazada, tampoco presentó excepciones. Se le demandaba una indemnización por derechos de paso sobre una superficie de 95 mil 374 metros cuadrados. Entre abril y junio de 2008, el demandante exhibió dictámenes periciales que determinaban que la superficie tenía un costo de 5 millones 720 mil pesos; pero nueve meses después se argumentó que el costo había aumentado 66.8 por ciento. La CFE no objetó.
El 10 de febrero de 2009, el juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán emitió sentencia, en la que condenó a la CFE a pagar 9 millones 540 mil pesos. La CFE tampoco respondió. Dieciséis días después, el 26 de febrero de 2009 se entabló embargo contra la cuenta de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste.
En el juicio 107/2008, en Concordia, Sinaloa, cuando se demandó a la CFE, no se contestó la demanda y los representantes tampoco comparecieron en ninguna de las etapas procesales. Se le impuso un pago de 23 millones 761 mil 900 pesos.
Lo mismo ocurrió en el juicio 53/2009, cuyo monto ascendió a 26 millones 576 mil 100 pesos. En éste, incluso, se solicitó a la CFE que presentara un perito para las pruebas de las supuestas afectaciones que demandaba la parte actora y para el avalúo. La CFE no respondió ni tampoco acudió al requerimiento judicial de presentarse durante la audiencia de ejecución de sentencia.
En otros dos juicios que le costaron a la CFE 31 millones 953 mil 200 pesos (expedientes 620/2006 y 278/2007), la Comisión no compareció al incidente de Liquidación de Sentencia, pese a haber sido requerido por los tribunales. Al respecto, la ASF dice que con ello “se evidenció la falta de cuidado y diligencia del personal a cargo de los juicios”.
En el juicio 620/2006, que se abrió en Concordia, Sinaloa, el juzgado dio vista de los peritajes a la CFE sin que ésta manifestara nada. Luego el juzgado le pidió ratificar los dictámenes periciales que presentaron la demandante y los que realizaron los peritos del tribunal. Tampoco respondió. Se pagaron 23 millones 766 mil pesos.
En el segundo juicio se le demandó a la CFE 8 millones 186 mil 657. 31 pesos por la supuesta afectación de 6 mil 921 metros cuadrados. El Juzgado dio cuenta en el expediente que frente a tal exigencia, la CFE no opuso objeción alguna respecto de la forma de calcular el ancho de la indemnización que debería pagar, que tampoco opuso defensas ni excepciones a la demanda ni a las pruebas ofrecidas por el demandante.
Embargos a las cuentas de la CFE
Además del daño patrimonial que implicó cada uno de los litigios, que prácticamente se desahogaron sin defensa, los procesos impactaron las operaciones de la Gerencia Divisional de Distribución Noreste, pues como parte de los procesos litigiosos se ejecutaron 28 embargos, por 575 millones 223 mil pesos, a la cuenta bancaria número 0627020783.
Los embargos derivaron de los juicios 63/2009, 434/2008, 38/2008, 322/2008, 547/2008, 274/2008, 242/2008 y 217/2008, en los que el jurídico de la CFE no acudió al desahogo del proceso ni a una sola audiencia. Éstos costaron 124 millones 220 mil 900 pesos del erario.
Y de los juicios 38/2008 y 351/2007, en los que las pruebas ofrecidas no se desahogaron “por falta de interés, ya que los abogados de la CFE no se presentaron”. La ausencia costó 14 millones 923 mil 600 pesos.
Los embargos corresponden también a los juicios 225/2006 y 1177/08, radicados en Mazatlán, en los cuales los representantes de la Comisión sí contestaron las demandas, pero ofrecieron pruebas que se desecharon porque no fueron realizadas por los especialistas que requería el litigio, entre ellas los dictámenes en topografía y avalúos.
En los juicios 242/2008 y 217/2008, ambos radicados en Mocorito, aunque los abogados de la CFE sí dieron contestación a las demandas, no comparecieron el resto del juicio. Ello costó 8 millones 461 mil 900 pesos.
Las omisiones del jurídico de la CFE para defender el patrimonio de la paraestatal en estos costosos litigios contrastan con la diligencia mostrada por el mismo jurídico al demandar a miles de usuarios de consumo doméstico y penalmente a quienes se han manifestado contra el alza de las tarifas eléctricas, como ocurrió en el Sureste del país, en donde se encarceló a deudores en Campeche y Chiapas (Contralínea 157) ?hechos condenados por Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas.
Demandas ante PGR
Ante los hallazgos, la ASF presentó denuncias de hechos. Ello significa que la CFE no pudo subsanar las observaciones que durante el desahogo de la auditoría se le requirió. Por las implicaciones, la ASF considera que las actuaciones de los funcionarios de la Comisión son constitutivas de delitos.
“O sea, ya no estamos sólo en el terreno de las responsabilidades administrativas. Y cuando tú estás hablando delitos, estás hablando de una denuncia que corresponde a los hechos en donde la auditoría calcula no sólo el daño al erario, sino malversación de fondos, y la tipificación de delitos que ameritan cárcel o que constituyen delitos de orden penal federal por el manejo de recursos federales”, explica la diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados.
La diputada explica que “es innegable” la responsabilidad de Alfredo Elías Ayub en estos casos, aunque no fue él quien firmó los documentos relacionados con los juicios.
“En términos amplios, la ley orgánica establece que el titular tiene que estar vigilando, supervisando que la norma se cumpla y que se respete. El titular siempre va a tener la responsabilidad de supervisar directamente a sus subordinados.”
A su salida de la CFE, Elías Ayub deja pendientes los juicios que primero la ASF y luego la CFE presentaron ante la PGR por estos casos.
Respecto de los juicios 14/09 y 275/2008, la CFE promovió recursos de amparo, actualmente en proceso.
Pero además, la ASF pidió la intervención del Órgano Interno de Control en contra de los funcionarios públicos de la CFE que no realizaron la defensa de los juicios 14/09, 1068/08, 127/2009, 126/2009, 330/2007, 50/08, 275/2008, 107/2008, 53/2009, 620/2006 y 278/2007; por los actos y omisiones en la defensa de los intereses de la CFE en los juicios 63/2009, 434/2008, 322/2008, 38/2008, 351/2007, 547/2008, 274/2008, 242/2008 y 217/2008; y por las deficiencias en la defensa de los juicios 225/06 y 1177/08.
Contralínea solicitó entrevista con los directivos de la CFE para que dieran su versión sobre las conclusiones de la ASF. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Fuente: Contralínea 223 / 06 de marzo de 2011
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Revista Contralínea
9 Marzo 2011
En la administración de Alfredo Elías Ayub, la Comisión Federal de Electricidad pagó millonarios juicios por supuestas afectaciones y servidumbre legal de paso. Muchos casos se perdieron por omisiones graves, y al parecer deliberadas, durante su defensa. Al respecto, ya hay denuncias por simulación en los procesos ante la PGR y la Función Pública.
En enero, el director de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fernando Bueno, hizo público que habían presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) tras detectar reclamos de indemnizaciones “indebidas” de ciudadanos en Sinaloa, que “en forma fraudulenta y utilizando maquinaciones, hacen cosas para hacer un cobro indebido”, declaró el funcionario al periódico Reforma. Y que dichos juicios, con el “presunto apoyo de autoridades judiciales, han derivado en pagos millonarios”.
En el umbral de la entrega-recepción de la administración de Alfredo Elías Ayub a Antonio Vivanco Casamadrid, la CFE quiso adelantarse a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que unas semanas después hizo público el resultado de sus auditorías a algunos de los litigios pagados por la CFE, en las cuales descubrió la implicación de funcionarios de la Comisión en los irregulares litigios, por lo que, inclusive, pidió la intervención del Órgano Interno de Control.
La ASF considera que en los juicios sumarios civiles promovidos por particulares en Sinaloa, el área jurídica incurrió en omisiones de defensa evidentes y elementales, como el no contestar la demanda, no acudir a las audiencias o litigar en juzgados que no correspondían, como si la pretensión fuera que la CFE pagara las millonarias “indemnizaciones”, cuyos montos –que van de los 5 millones de pesos y hasta más de 208 en un solo litigio– tampoco fueron objetados.
Lo que ocurrió en la Oficina del Abogado General (OAG) en la administración de Alfredo Elías Ayub, en la CFE, es similar a lo que pasó con el jurídico de Petróleos Mexicanos bajo el mando de José César Nava Vázquez: litigios convertidos en negocio frente a una fallida defensa más enfocada en favorecer a terceros que en defender el patrimonio de la paraestatal.
En un modus operandi similar al que se orquestó en Pemex para que la subsidiaria Pemex Petroquímica pagara al ayuntamiento de Coatzacoalcos supuestos impuestos que eran improcedentes, pero que avaló el abogado César Nava (lo que provocó un quebranto de 241 millones de pesos), bajo la administración de Elías Ayub, la CFE erogó millonarios pagos de litigios por supuestos derechos de paso y afectaciones en terrenos de particulares, en los que la ASF advierte conductas irregulares de servidores públicos; por ello, recientemente presentó tres denuncias de hechos, independientes de las que, según Fernando Bueno, presentó la CFE ante la PGR.
Los litigios
Los juicios en contra de la CFE por derechos de vía y servidumbre legal de paso –para la instalación de tendido eléctrico, conductores o cables– comenzaron a incrementarse por todo el país a partir de 2003, en medio de un caos administrativo que generó que la OAG comenzara a contratar despachos externos para atender algunos litigios, caos y descontrol generado porque en los contratos la CFE no les estipuló que cada proceso debía registrarse en el Sistema de Jurismática, lo que derivó en la falta de control de los juicios y de seguimiento de las etapas procesales. Por ello, la Auditoría Superior alerta que los datos registrados en el Sistema de Jurismática de la CFE “no corresponden con la realidad”.
Las indemnizaciones por derechos de vía y servidumbre legal de paso se convirtieron en uno de los rubros de egresos más abultados de la CFE, bajo el amparo de que el artículo 1108 del Código Civil Federal establece que se debe pagar indemnización por el tendido de líneas eléctricas en predios de particulares. Para la ASF, dicho rubro se convirtió en un foco rojo en la CFE al detectarse malos manejos. En 2008, por ejemplo, las auditorías a estos pagos revelaron un daño patrimonial de 80 millones de pesos.
Ante la llamada de atención del órgano de fiscalización, Alfredo Elías Ayub reconoció que éste era uno de los cuatro “riesgos institucionales” que requería atención inmediata. No obstante, los malos manejos continuaron; así lo prueban los resultados de las auditorías que al respecto realizó la ASF en las áreas implicadas en los litigios, entre ellas la OAG y la Gerencia de Presupuestos de la CFE, que en 2009, sólo para pagar este tipo de litigios, destinó 2 mil 400 millones de pesos.
El antecedente del daño patrimonial detectado en 2008 y el elevado monto que se erogó en 2009 motivaron a la ASF a revisar los litigios, aunque sólo se auditó una muestra: los 738 millones de pesos que pagó la CFE a través de la Gerencia Divisional de Distribución Noreste, específicamente en Sinaloa.
En 11 juicios –identificados con los números 14/09, 1068/08, 126/2009, 127/2009, 330/2007, 50/08, 275/2008, 107/2008, 53/2009, 620/2006 y 278/2007– que costaron a la CFE 383 millones 879 mil 200 pesos, la ASF encontró omisiones e irregularidades en los procesos legales por parte del jurídico de la CFE. Por ello, la ASF dice que “se detectó un patrón de conducta consistente en la falta de cuidado y diligencia de los apoderados legales de la Comisión en el desahogo de las demandas”.
Las omisiones costaron a la CFE 240 millones 972 mil 600 pesos por supuestos derechos de vía en Concordia; 50 millones 326 mil 600 pesos en Elota; 46 millones 669 mil 500 pesos en Mazatlán; y 45 millones 910 mil 500 pesos en Rosario. El detalle es el siguiente:
En ocho juicios –14/09, 1068/08, 126/2009, 127/2009, 50/08, 275/2008, 107/2008 y 53/2009–, la CFE no dio contestación a la demanda inicial ni compareció en ninguna de las etapas del juicio, lo que, a consideración de la ASF, “derivó en daños ocasionados al patrimonio de la CFE”: 329 millones 782 mil pesos.
En el juicio 330/2007, el apoderado legal de la CFE contestó en un juzgado distinto y aludió a una contraparte que no correspondía a la demanda interpuesta por la parte actora, lo que provocó que no se tuviera por contestada la demanda; en consecuencia, se declaró a la CFE en rebeldía. Para las arcas públicas, tuvo un costo de 22 millones 144 mil pesos.
En el juicio 14/09, promovido en Concordia, Sinaloa, por ejemplo, las autoridades judiciales insistieron incluso en que la CFE argumentara en su defensa, sin que hubiera respuesta del jurídico de la paraestatal. Cuando se le declaró en rebeldía, se le notificó a la CFE para que hiciera las manifestaciones que estimara y, si lo consideraba necesario, aportara datos en su defensa respecto del área supuestamente afectada y respecto de la pretensión económica de la parte actora. No hubo respuesta. La OAG no compareció ni opuso excepciones y defensas. Ello, de acuerdo con las cédulas analíticas que de los expedientes de cada caso realizaron los auditores de la ASF.
Este solo juicio, promovido por Belén Lavinia Murray Muñoz, le costó a la CFE 208 millones de pesos.
Bajo esta misma mecánica, en el juicio 1068/08, abierto en Mazatlán, tampoco se dio contestación a la demanda. Ya en la fase de sentencia, el juzgado pidió a la CFE que determinara la superficie afectada y el monto que debía pagar según sus tabuladores. La CFE no respondió, no opuso excepciones y defensa; tampoco formuló objeción alguna. Se pagaron 18 millones 627 mil 900 pesos.
En el juicio 126/2009, promovido en Elota, Sinaloa, la CFE no contestó la demanda. Posteriormente, tomando en consideración que la Comisión no dio contestación a la demanda inicial, se le declaró en rebeldía. En el resolutivo de la sentencia, se dejó constancia de que la CFE no compareció a juicio. La omisión le costó a la CFE 5 millones 122 mil 600 pesos.
Exactamente lo mismo ocurrió en el litigio 127/2009, sólo que aquí se pagaron 18 millones 627 mil 900 pesos.
En el juicio 330/2007, abierto en el Juzgado Mixto de Primera instancia del Distrito Judicial de Rosario, Sinaloa, el jurídico de la CFE presentó escrito de contestación para el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Concordia, Sinaloa, y aludiendo además a otro demandante, no al que promovió el litigio. Ello provocó que la demanda se tuviera por no contestada.
La parte actora solicitó se dictara sentencia sobre el pago de la indemnización acreditada en diversos dictámenes periciales. De éstos, el juzgado dio vista a la CFE sin que hubiera ningún pronunciamiento al respecto. Todavía el juzgado le ordenó la ratificación de los dictámenes periciales allegados por el demandante y los que realizaron los peritos designados por el tribunal; pero la CFE no dio respuesta alguna. Se pagaron 22 millones 144 mil pesos.
En el juicio 50/08, abierto en Mazatlán, la CFE no dio contestación ni a la pretensión de que además de la indemnización se le pagaran los gastos y costas. La omisión de la CFE costó a las arcas públicas 9 millones 079 mil 500 pesos.
En otro juicio abierto también en Mazatlán (275/2008), la CFE no dio contestación a la demanda inicial. No obstante de haber sido emplazada, tampoco presentó excepciones. Se le demandaba una indemnización por derechos de paso sobre una superficie de 95 mil 374 metros cuadrados. Entre abril y junio de 2008, el demandante exhibió dictámenes periciales que determinaban que la superficie tenía un costo de 5 millones 720 mil pesos; pero nueve meses después se argumentó que el costo había aumentado 66.8 por ciento. La CFE no objetó.
El 10 de febrero de 2009, el juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán emitió sentencia, en la que condenó a la CFE a pagar 9 millones 540 mil pesos. La CFE tampoco respondió. Dieciséis días después, el 26 de febrero de 2009 se entabló embargo contra la cuenta de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste.
En el juicio 107/2008, en Concordia, Sinaloa, cuando se demandó a la CFE, no se contestó la demanda y los representantes tampoco comparecieron en ninguna de las etapas procesales. Se le impuso un pago de 23 millones 761 mil 900 pesos.
Lo mismo ocurrió en el juicio 53/2009, cuyo monto ascendió a 26 millones 576 mil 100 pesos. En éste, incluso, se solicitó a la CFE que presentara un perito para las pruebas de las supuestas afectaciones que demandaba la parte actora y para el avalúo. La CFE no respondió ni tampoco acudió al requerimiento judicial de presentarse durante la audiencia de ejecución de sentencia.
En otros dos juicios que le costaron a la CFE 31 millones 953 mil 200 pesos (expedientes 620/2006 y 278/2007), la Comisión no compareció al incidente de Liquidación de Sentencia, pese a haber sido requerido por los tribunales. Al respecto, la ASF dice que con ello “se evidenció la falta de cuidado y diligencia del personal a cargo de los juicios”.
En el juicio 620/2006, que se abrió en Concordia, Sinaloa, el juzgado dio vista de los peritajes a la CFE sin que ésta manifestara nada. Luego el juzgado le pidió ratificar los dictámenes periciales que presentaron la demandante y los que realizaron los peritos del tribunal. Tampoco respondió. Se pagaron 23 millones 766 mil pesos.
En el segundo juicio se le demandó a la CFE 8 millones 186 mil 657. 31 pesos por la supuesta afectación de 6 mil 921 metros cuadrados. El Juzgado dio cuenta en el expediente que frente a tal exigencia, la CFE no opuso objeción alguna respecto de la forma de calcular el ancho de la indemnización que debería pagar, que tampoco opuso defensas ni excepciones a la demanda ni a las pruebas ofrecidas por el demandante.
Embargos a las cuentas de la CFE
Además del daño patrimonial que implicó cada uno de los litigios, que prácticamente se desahogaron sin defensa, los procesos impactaron las operaciones de la Gerencia Divisional de Distribución Noreste, pues como parte de los procesos litigiosos se ejecutaron 28 embargos, por 575 millones 223 mil pesos, a la cuenta bancaria número 0627020783.
Los embargos derivaron de los juicios 63/2009, 434/2008, 38/2008, 322/2008, 547/2008, 274/2008, 242/2008 y 217/2008, en los que el jurídico de la CFE no acudió al desahogo del proceso ni a una sola audiencia. Éstos costaron 124 millones 220 mil 900 pesos del erario.
Y de los juicios 38/2008 y 351/2007, en los que las pruebas ofrecidas no se desahogaron “por falta de interés, ya que los abogados de la CFE no se presentaron”. La ausencia costó 14 millones 923 mil 600 pesos.
Los embargos corresponden también a los juicios 225/2006 y 1177/08, radicados en Mazatlán, en los cuales los representantes de la Comisión sí contestaron las demandas, pero ofrecieron pruebas que se desecharon porque no fueron realizadas por los especialistas que requería el litigio, entre ellas los dictámenes en topografía y avalúos.
En los juicios 242/2008 y 217/2008, ambos radicados en Mocorito, aunque los abogados de la CFE sí dieron contestación a las demandas, no comparecieron el resto del juicio. Ello costó 8 millones 461 mil 900 pesos.
Las omisiones del jurídico de la CFE para defender el patrimonio de la paraestatal en estos costosos litigios contrastan con la diligencia mostrada por el mismo jurídico al demandar a miles de usuarios de consumo doméstico y penalmente a quienes se han manifestado contra el alza de las tarifas eléctricas, como ocurrió en el Sureste del país, en donde se encarceló a deudores en Campeche y Chiapas (Contralínea 157) ?hechos condenados por Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas.
Demandas ante PGR
Ante los hallazgos, la ASF presentó denuncias de hechos. Ello significa que la CFE no pudo subsanar las observaciones que durante el desahogo de la auditoría se le requirió. Por las implicaciones, la ASF considera que las actuaciones de los funcionarios de la Comisión son constitutivas de delitos.
“O sea, ya no estamos sólo en el terreno de las responsabilidades administrativas. Y cuando tú estás hablando delitos, estás hablando de una denuncia que corresponde a los hechos en donde la auditoría calcula no sólo el daño al erario, sino malversación de fondos, y la tipificación de delitos que ameritan cárcel o que constituyen delitos de orden penal federal por el manejo de recursos federales”, explica la diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados.
La diputada explica que “es innegable” la responsabilidad de Alfredo Elías Ayub en estos casos, aunque no fue él quien firmó los documentos relacionados con los juicios.
“En términos amplios, la ley orgánica establece que el titular tiene que estar vigilando, supervisando que la norma se cumpla y que se respete. El titular siempre va a tener la responsabilidad de supervisar directamente a sus subordinados.”
A su salida de la CFE, Elías Ayub deja pendientes los juicios que primero la ASF y luego la CFE presentaron ante la PGR por estos casos.
Respecto de los juicios 14/09 y 275/2008, la CFE promovió recursos de amparo, actualmente en proceso.
Pero además, la ASF pidió la intervención del Órgano Interno de Control en contra de los funcionarios públicos de la CFE que no realizaron la defensa de los juicios 14/09, 1068/08, 127/2009, 126/2009, 330/2007, 50/08, 275/2008, 107/2008, 53/2009, 620/2006 y 278/2007; por los actos y omisiones en la defensa de los intereses de la CFE en los juicios 63/2009, 434/2008, 322/2008, 38/2008, 351/2007, 547/2008, 274/2008, 242/2008 y 217/2008; y por las deficiencias en la defensa de los juicios 225/06 y 1177/08.
Contralínea solicitó entrevista con los directivos de la CFE para que dieran su versión sobre las conclusiones de la ASF. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Fuente: Contralínea 223 / 06 de marzo de 2011
México SA: CFE: la bomba Pidiregas
*Crece la inversión privada
*Billón 600 mil millones a particulares
Carlos Fernández-Vega
Periódico La Jornada
9 de Marzo, 2011
Para dar seguimiento a la entrega de ayer (en la que, por cierto, una de las "cabezas" alegremente anotaba "entrepierna liberal", cuando en el original se escribió "neoliberal"), va el complemento técnico aportado por la Cámara de Diputados para entender cómo es que, sin cambio constitucional alguno, se ha logrado abrir la puerta y dar "seguridad jurídica" (Calderón dixit) al capital privado en el sector eléctrico nacional, en el que "no se otorgarán concesiones a los particulares", según establece la Carta Magna.
Va pues: los proyectos Pidiregas, como se definieron originalmente para el sector eléctrico en 1995, se han utilizado para financiar infraestructura con recursos privados. Los PIE obtienen un contrato de largo plazo para infraestructura con inversiones y recursos privados; al término de la obra, tales "productores" venden la electricidad; a mayo de 2010 este tipo de productores concentró 57.5 por ciento de la inversión acumulada. La modalidad de PIE es la que en generación de electricidad obtiene los mayores márgenes de rentabilidad, principalmente en electricidad que se vende al sector industrial.
La Comisión Federal de Electricidad desarrolla 260 proyectos bajo el esquema financiero Pidiregas, por un monto de 329 mil millones de pesos a diciembre de 2009, 66.2 por ciento de inversión directa y condicionada el restante 33.8 por ciento. Los proyectos que concentran el mayor gasto de inversión son cuatro de inversión directa: Pacífico, 13 mil 300 millones de pesos, El Cajón, 13 mil 600 millones, La Yesca, 13 mil 700 millones y Laguna Verde, 9 mil 700 millones. Destacan asimismo, 27 centrales generadoras, 21 en operación y seis en construcción, que son operadas por productores independientes, principalmente trasnacionales españolas. Los permisionarios privados de CFE tienen contratos de compra-venta de energía eléctrica hasta por 25 años por un monto total de un billón 600 mil millones de pesos.
Los contratos se extienden hasta el año 2041, pero pueden ser renovados, según lo establecen las cláusulas contractuales. A diciembre de 2009, los permisionarios privados recibieron ingresos por 268 mil millones de pesos, 17 por ciento de los ingresos programados para todo el periodo, lo que implica que al menos con la infraestructura actual recibirán hasta un billón 320 mil millones adicionales entre 2010 y 2041, es decir, el 83 por ciento restante. Existen cinco proyectos nuevos de inversión condicionada (Noreste, Norte II, Guadalajara I, Norte y BC III) cuyas fechas de operación son entre 2010 y 2016 que recibirán pagos por la venta de electricidad a CFE por 507 mil millones de pesos, 31.7 por ciento del total, y sólo generarán una capacidad equivalente a 7.7 por ciento del total programado.
Deuda Pidiregas: entre 1999 y 2043, la CFE tendrá que cubrir un pasivo por 545 mil millones de pesos, de acuerdo con la tabla de amortización y pago de intereses del presupuesto de egresos de la Federación 2010. Al 31 de diciembre de 2009, la CFE pagó 64 mil millones de capital y poco más de 42 mil millones de intereses, lo que significa que entre 2010 y 2043 tiene pendiente de pago amortizar 435 mil millones y 131 mil adicionales de costo financiero. En la medida que se incorporen más proyectos el pasivo incrementará montos y plazos de vencimiento, con los saldos actuales se inició un periodo a partir de 2009 de elevados pagos de capital e intereses que se extenderá hasta 2023, con erogaciones anuales que en promedio superan los 25 mil millones de pesos. Las tasas de los pasivos en moneda extranjera superan 7 por ciento anual por lo que el servicio de la deuda ejercerá una fuerte presión en el pago de las obligaciones.
El pasivo directo y contingente de los Pidiregas crece a una tasa media anual de 24.2 por ciento, lo que implica que la CFE con el impacto diferido en el gasto de los compromisos financieros adquiridos se le empezaron a acumular progresivamente los pasivos cuando los proyectos entraron en operación. Es decir, el esquema está generando ingresos pero una proporción muy importante se está destinando al pago a permisionarios privados por la compra de electricidad y al pago de los pasivos que los proyectos están acumulando. Por ello, anualmente la CFE tiene que estar recibiendo recursos presupuestales subsidiados para compensar sus pérdidas.
La inversión física de CFE y LFC (hasta 2009) ha sido insuficiente para que el servicio público de generación de electricidad cuente con una infraestructura sólida que permita cubrir el crecimiento de la demanda interna de electricidad. El gasto en inversión como proporción del gasto programable disminuyó de 22.7 por ciento en 1998 a 10.8 por ciento en 2009, y en LFC de 6.2 a 5 por ciento en el mismo lapso. Lo anterior ratifica el dominio que tienen los PIE en los proyectos de generación de electricidad.
La cuenta pública de 2009 enfatiza que ese año la CFE sólo canalizó 10.7 por ciento de la inversión presupuestaria ejercida a construcción de nuevos proyectos. El 89.3 por ciento restante fue destinado a cubrir gastos de mantenimiento de la infraestructura en operación y a la amortización de la deuda Pidirega. Si se incorporan el resto de los productores particulares, incluidos los PIE, la inversión de los permisionarios privados podría haber ascendido a más de 50 por ciento de la inversión total y considerando el gasto de CFE efectivamente canalizado a la construcción de nueva infraestructura, la de los permisionarios podría ser mayor a 85 por ciento del total: 3 mil 400 millones de CFE, 19 mil 200 millones de PIE y 6 mil 800 millones de otros productores externos.
Los Pidiregas generan un pasivo directo y contingente que se reflejará en una acumulación creciente de amortizaciones y pago de intereses y mayores saldos de la deuda que no se están reportando en la cuenta pública federal.
Las rebanadas del pastel
En síntesis, sin cambios constitucionales, "seguridad jurídica" y económica plena para la inversión privada, e inseguridad total para quienes pagan los platos rotos (léase los mexicanos) y las crecientes tarifas eléctricas.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
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*Billón 600 mil millones a particulares
Carlos Fernández-Vega
Periódico La Jornada
9 de Marzo, 2011
Para dar seguimiento a la entrega de ayer (en la que, por cierto, una de las "cabezas" alegremente anotaba "entrepierna liberal", cuando en el original se escribió "neoliberal"), va el complemento técnico aportado por la Cámara de Diputados para entender cómo es que, sin cambio constitucional alguno, se ha logrado abrir la puerta y dar "seguridad jurídica" (Calderón dixit) al capital privado en el sector eléctrico nacional, en el que "no se otorgarán concesiones a los particulares", según establece la Carta Magna.
Va pues: los proyectos Pidiregas, como se definieron originalmente para el sector eléctrico en 1995, se han utilizado para financiar infraestructura con recursos privados. Los PIE obtienen un contrato de largo plazo para infraestructura con inversiones y recursos privados; al término de la obra, tales "productores" venden la electricidad; a mayo de 2010 este tipo de productores concentró 57.5 por ciento de la inversión acumulada. La modalidad de PIE es la que en generación de electricidad obtiene los mayores márgenes de rentabilidad, principalmente en electricidad que se vende al sector industrial.
La Comisión Federal de Electricidad desarrolla 260 proyectos bajo el esquema financiero Pidiregas, por un monto de 329 mil millones de pesos a diciembre de 2009, 66.2 por ciento de inversión directa y condicionada el restante 33.8 por ciento. Los proyectos que concentran el mayor gasto de inversión son cuatro de inversión directa: Pacífico, 13 mil 300 millones de pesos, El Cajón, 13 mil 600 millones, La Yesca, 13 mil 700 millones y Laguna Verde, 9 mil 700 millones. Destacan asimismo, 27 centrales generadoras, 21 en operación y seis en construcción, que son operadas por productores independientes, principalmente trasnacionales españolas. Los permisionarios privados de CFE tienen contratos de compra-venta de energía eléctrica hasta por 25 años por un monto total de un billón 600 mil millones de pesos.
Los contratos se extienden hasta el año 2041, pero pueden ser renovados, según lo establecen las cláusulas contractuales. A diciembre de 2009, los permisionarios privados recibieron ingresos por 268 mil millones de pesos, 17 por ciento de los ingresos programados para todo el periodo, lo que implica que al menos con la infraestructura actual recibirán hasta un billón 320 mil millones adicionales entre 2010 y 2041, es decir, el 83 por ciento restante. Existen cinco proyectos nuevos de inversión condicionada (Noreste, Norte II, Guadalajara I, Norte y BC III) cuyas fechas de operación son entre 2010 y 2016 que recibirán pagos por la venta de electricidad a CFE por 507 mil millones de pesos, 31.7 por ciento del total, y sólo generarán una capacidad equivalente a 7.7 por ciento del total programado.
Deuda Pidiregas: entre 1999 y 2043, la CFE tendrá que cubrir un pasivo por 545 mil millones de pesos, de acuerdo con la tabla de amortización y pago de intereses del presupuesto de egresos de la Federación 2010. Al 31 de diciembre de 2009, la CFE pagó 64 mil millones de capital y poco más de 42 mil millones de intereses, lo que significa que entre 2010 y 2043 tiene pendiente de pago amortizar 435 mil millones y 131 mil adicionales de costo financiero. En la medida que se incorporen más proyectos el pasivo incrementará montos y plazos de vencimiento, con los saldos actuales se inició un periodo a partir de 2009 de elevados pagos de capital e intereses que se extenderá hasta 2023, con erogaciones anuales que en promedio superan los 25 mil millones de pesos. Las tasas de los pasivos en moneda extranjera superan 7 por ciento anual por lo que el servicio de la deuda ejercerá una fuerte presión en el pago de las obligaciones.
El pasivo directo y contingente de los Pidiregas crece a una tasa media anual de 24.2 por ciento, lo que implica que la CFE con el impacto diferido en el gasto de los compromisos financieros adquiridos se le empezaron a acumular progresivamente los pasivos cuando los proyectos entraron en operación. Es decir, el esquema está generando ingresos pero una proporción muy importante se está destinando al pago a permisionarios privados por la compra de electricidad y al pago de los pasivos que los proyectos están acumulando. Por ello, anualmente la CFE tiene que estar recibiendo recursos presupuestales subsidiados para compensar sus pérdidas.
La inversión física de CFE y LFC (hasta 2009) ha sido insuficiente para que el servicio público de generación de electricidad cuente con una infraestructura sólida que permita cubrir el crecimiento de la demanda interna de electricidad. El gasto en inversión como proporción del gasto programable disminuyó de 22.7 por ciento en 1998 a 10.8 por ciento en 2009, y en LFC de 6.2 a 5 por ciento en el mismo lapso. Lo anterior ratifica el dominio que tienen los PIE en los proyectos de generación de electricidad.
La cuenta pública de 2009 enfatiza que ese año la CFE sólo canalizó 10.7 por ciento de la inversión presupuestaria ejercida a construcción de nuevos proyectos. El 89.3 por ciento restante fue destinado a cubrir gastos de mantenimiento de la infraestructura en operación y a la amortización de la deuda Pidirega. Si se incorporan el resto de los productores particulares, incluidos los PIE, la inversión de los permisionarios privados podría haber ascendido a más de 50 por ciento de la inversión total y considerando el gasto de CFE efectivamente canalizado a la construcción de nueva infraestructura, la de los permisionarios podría ser mayor a 85 por ciento del total: 3 mil 400 millones de CFE, 19 mil 200 millones de PIE y 6 mil 800 millones de otros productores externos.
Los Pidiregas generan un pasivo directo y contingente que se reflejará en una acumulación creciente de amortizaciones y pago de intereses y mayores saldos de la deuda que no se están reportando en la cuenta pública federal.
Las rebanadas del pastel
En síntesis, sin cambios constitucionales, "seguridad jurídica" y económica plena para la inversión privada, e inseguridad total para quienes pagan los platos rotos (léase los mexicanos) y las crecientes tarifas eléctricas.
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martes, 8 de marzo de 2011
Responsabiliza Esparza a SG de no solucionar conflicto del SME
El líder del gremio dijo que aceptarían la intermediación del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, para llegar a un acuerdo.
Patricia Muñoz
La Jornada en Línea
Publicado: 08/03/2011
México, DF. Luego de señalar que la represión cometida contra las mujeres electricistas en Los Pinos es muestra de la intolerancia de este gobierno a los movimientos sindicales, Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas indicó que la Secretaría de Gobernación es la responsable de que no se haya solucionado el conflicto, y señaló que este gremio sí aceptaría la intermediación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para llegar a un arreglo del conflicto.
En conferencia de prensa en el Zócalo capitalino – donde el SME instaló desde la semana pasada un plantón en toda la explanada- el dirigente señaló que este jueves próximo acudirán a Gobernación a una reunión a la que asistirá el presidente de la Cámara de Diputados.
Dijo además que en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro interpusieron un recurso contra el diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez para que no intervenga, ya que el legislador está entregando información estratégica a inversionistas españoles interesados en operar la fibra óptica de la Zona Centro.
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Patricia Muñoz
La Jornada en Línea
Publicado: 08/03/2011
México, DF. Luego de señalar que la represión cometida contra las mujeres electricistas en Los Pinos es muestra de la intolerancia de este gobierno a los movimientos sindicales, Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas indicó que la Secretaría de Gobernación es la responsable de que no se haya solucionado el conflicto, y señaló que este gremio sí aceptaría la intermediación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para llegar a un arreglo del conflicto.
En conferencia de prensa en el Zócalo capitalino – donde el SME instaló desde la semana pasada un plantón en toda la explanada- el dirigente señaló que este jueves próximo acudirán a Gobernación a una reunión a la que asistirá el presidente de la Cámara de Diputados.
Dijo además que en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro interpusieron un recurso contra el diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez para que no intervenga, ya que el legislador está entregando información estratégica a inversionistas españoles interesados en operar la fibra óptica de la Zona Centro.
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México SA: CFE: también le “agregaron valor”
*Constitución y entrepierna liberal
*Estridente privatización “silenciosa”
Carlos Fernández-Vega
Periódico La Jornada
8 de Marzo, 2011
Aquellos que le siguen el paso desde sus tiempos de legislador panista, con especial registro durante su estancia en el gabinetazo foxista, entienden cabalmente qué quiere decir el actual inquilino de Los Pinos con aquello de dar más valor” a las empresas del Estado. Entre lo más reciente, tal frase la ha utilizado para justificar la puesta en marcha de los “contratos incentivados” ofrecidos por Petróleos Mexicanos, aunque de tiempo atrás el susodicho la aplica como sinónimo de privatización, máxime si se trata del sector energético (cada día menos) nacional.
Primero la energía eléctrica, más adelante el petróleo. Sólo hay que recordar lo que textualmente dijo ante los integrantes de la Comisión de Energía del Senado de la República, el 17 de noviembre de 2003: “nuestras empresas (del Estado) deben orientarse a la creación de valor: complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión. Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna. La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico sin perder el control del mismo. Lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado. A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos… Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores”.
Como en el caso del petróleo, no hubo tales modificaciones a la Constitución (la cual, por cierto, es clara: “corresponde exclusivamente a la nación generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares…”), pero ello no fue obstáculo para el avance galopante del capital privado en el sector eléctrico (algunos eufemísticamente le llaman “privatización silenciosa”). Se la pasaron por la entrepierna, y el objetivo de “dar más valor” a las empresas del Estado es nítido cuando se conoce el balance de la década panista en Los Pinos (aunque Salinas y Zedillo hicieron su mejor esfuerzo en este sentido): mientras la generación por parte de la Comisión Federal de Electricidad paulatinamente se redujo en ese periodo, la correspondiente a los llamados “productores independientes de energía” (PIE) creció la friolera de 5 mil 800 por ciento (Cámara de Diputados, con información CFE y Sener), sin considerar la participación de otros “permisionarios” (autoabastecimiento, cogeneración, usos propios y exportación).
¿Cómo le han dado “más valor” al sector eléctrico? La Cámara de Diputados lo sintetiza así: “la generación del servicio público, que incluye CFE y LFC, cuya contribución en el total generado a 2009 fue de 59.7 por ciento, descendió en ese año 1.8 puntos porcentuales, producto no sólo de la depresión y menor demanda de energía eléctrica sino también de su tendencia a la baja muy marcada entre 2000 y 2009 con una tasa media anual de -2.2. En los últimos años la dependencia de los permisionarios por parte del servicio público ha tendido a incrementarse. La generación de energía eléctrica por los permisionarios privados aumentó a una tasa media anual de 26.4 por ciento, destacando el crecimiento y volumen generado de los PIE, el autoabastecimiento y la cogeneración: su contribución en el volumen generado pasó de 4.3 en 2000 a 40.3 por ciento en 2009 (y contando).
“Aunque la CFE cuenta con 65 por ciento de la capacidad de generación de electricidad, ésta se ocupa parcialmente debido a que se privilegia la generación potencial de los permisionarios. Desde 2000 los permisionarios venden electricidad a CFE, la cual es colocada en el segmento de la industria que es el más rentable; el doméstico, que es donde se encuentran los mayores problemas y más altos costos de suministro, se está destinando a las dos paraestatales” (ahora sólo una). Los permisionarios tampoco corren riesgos debido a que venden la energía comprometida a la CFE, y aunque se presenten paros o haya una menor demanda del energético, la paraestatal tiene que colocar los excedentes al costo que sea necesario, la electricidad no se puede almacenar y la CFE tiene que buscar que se consuma en el momento que se genera. Las altas tarifas de la electricidad no son producto exclusivamente de la energía generada por el servicio público, también se derivan de los altos costos de interconexión de los productores independientes y del gas natural que es el único combustible que los PIE utilizan”.
Como la intención no era privatizar, sino “dar más valor” a la empresa del Estado (Calderón dixit), la CFE “ha disminuido sus niveles de generación, y en consecuencia sus ventas, debido a que el número de concesiones al sector privado se ha incrementado considerablemente. Actualmente, la Comisión Reguladora de Energía tiene autorizados 772 permisos, 24 corresponden a grandes productores independientes, 595 a auto abastecedores, 58 para cogeneración, 37 para importación, siete para exportación, tres para pequeña producción y 48 para usos continuos. Todos ellos tienen autorizada una generación de electricidad de 166 mil 700 GW hora/año”. Entre las empresas que venden electricidad a la CFE (algunas de ellas tienen contratos a 25 años, renovables), destacan la trasnacional española Iberdrola (la de mayor rebanada), la francesa EDF International, la también española Unión Fenosa y la japonesa Mitsubishi.
Por si fuera poco, con la “extinción” de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009, al capital se le otorga un nuevo filón, pues “tendrá que satisfacer la demanda de electricidad de alrededor de 6 millones de usuarios, y adicionalmente podrá utilizar más abiertamente la infraestructura dejada por LFC” (lo que es un hecho).
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿queda claro aquello de “dar más valor” a las empresas del Estado y el objetivo real de los “contratos incentivados”?
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega
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*Estridente privatización “silenciosa”
Carlos Fernández-Vega
Periódico La Jornada
8 de Marzo, 2011
Aquellos que le siguen el paso desde sus tiempos de legislador panista, con especial registro durante su estancia en el gabinetazo foxista, entienden cabalmente qué quiere decir el actual inquilino de Los Pinos con aquello de dar más valor” a las empresas del Estado. Entre lo más reciente, tal frase la ha utilizado para justificar la puesta en marcha de los “contratos incentivados” ofrecidos por Petróleos Mexicanos, aunque de tiempo atrás el susodicho la aplica como sinónimo de privatización, máxime si se trata del sector energético (cada día menos) nacional.
Primero la energía eléctrica, más adelante el petróleo. Sólo hay que recordar lo que textualmente dijo ante los integrantes de la Comisión de Energía del Senado de la República, el 17 de noviembre de 2003: “nuestras empresas (del Estado) deben orientarse a la creación de valor: complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión. Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna. La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico sin perder el control del mismo. Lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado. A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos… Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores”.
Como en el caso del petróleo, no hubo tales modificaciones a la Constitución (la cual, por cierto, es clara: “corresponde exclusivamente a la nación generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares…”), pero ello no fue obstáculo para el avance galopante del capital privado en el sector eléctrico (algunos eufemísticamente le llaman “privatización silenciosa”). Se la pasaron por la entrepierna, y el objetivo de “dar más valor” a las empresas del Estado es nítido cuando se conoce el balance de la década panista en Los Pinos (aunque Salinas y Zedillo hicieron su mejor esfuerzo en este sentido): mientras la generación por parte de la Comisión Federal de Electricidad paulatinamente se redujo en ese periodo, la correspondiente a los llamados “productores independientes de energía” (PIE) creció la friolera de 5 mil 800 por ciento (Cámara de Diputados, con información CFE y Sener), sin considerar la participación de otros “permisionarios” (autoabastecimiento, cogeneración, usos propios y exportación).
¿Cómo le han dado “más valor” al sector eléctrico? La Cámara de Diputados lo sintetiza así: “la generación del servicio público, que incluye CFE y LFC, cuya contribución en el total generado a 2009 fue de 59.7 por ciento, descendió en ese año 1.8 puntos porcentuales, producto no sólo de la depresión y menor demanda de energía eléctrica sino también de su tendencia a la baja muy marcada entre 2000 y 2009 con una tasa media anual de -2.2. En los últimos años la dependencia de los permisionarios por parte del servicio público ha tendido a incrementarse. La generación de energía eléctrica por los permisionarios privados aumentó a una tasa media anual de 26.4 por ciento, destacando el crecimiento y volumen generado de los PIE, el autoabastecimiento y la cogeneración: su contribución en el volumen generado pasó de 4.3 en 2000 a 40.3 por ciento en 2009 (y contando).
“Aunque la CFE cuenta con 65 por ciento de la capacidad de generación de electricidad, ésta se ocupa parcialmente debido a que se privilegia la generación potencial de los permisionarios. Desde 2000 los permisionarios venden electricidad a CFE, la cual es colocada en el segmento de la industria que es el más rentable; el doméstico, que es donde se encuentran los mayores problemas y más altos costos de suministro, se está destinando a las dos paraestatales” (ahora sólo una). Los permisionarios tampoco corren riesgos debido a que venden la energía comprometida a la CFE, y aunque se presenten paros o haya una menor demanda del energético, la paraestatal tiene que colocar los excedentes al costo que sea necesario, la electricidad no se puede almacenar y la CFE tiene que buscar que se consuma en el momento que se genera. Las altas tarifas de la electricidad no son producto exclusivamente de la energía generada por el servicio público, también se derivan de los altos costos de interconexión de los productores independientes y del gas natural que es el único combustible que los PIE utilizan”.
Como la intención no era privatizar, sino “dar más valor” a la empresa del Estado (Calderón dixit), la CFE “ha disminuido sus niveles de generación, y en consecuencia sus ventas, debido a que el número de concesiones al sector privado se ha incrementado considerablemente. Actualmente, la Comisión Reguladora de Energía tiene autorizados 772 permisos, 24 corresponden a grandes productores independientes, 595 a auto abastecedores, 58 para cogeneración, 37 para importación, siete para exportación, tres para pequeña producción y 48 para usos continuos. Todos ellos tienen autorizada una generación de electricidad de 166 mil 700 GW hora/año”. Entre las empresas que venden electricidad a la CFE (algunas de ellas tienen contratos a 25 años, renovables), destacan la trasnacional española Iberdrola (la de mayor rebanada), la francesa EDF International, la también española Unión Fenosa y la japonesa Mitsubishi.
Por si fuera poco, con la “extinción” de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009, al capital se le otorga un nuevo filón, pues “tendrá que satisfacer la demanda de electricidad de alrededor de 6 millones de usuarios, y adicionalmente podrá utilizar más abiertamente la infraestructura dejada por LFC” (lo que es un hecho).
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿queda claro aquello de “dar más valor” a las empresas del Estado y el objetivo real de los “contratos incentivados”?
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