miércoles, 18 de agosto de 2010
Gran Angular: Investigan sobornos en la CFE
Raúl Rodríguez Cortés
El Universal
18 de agosto de 2010
El periódico estadounidense Houston Chronicle publicó el sábado pasado: “Un importante funcionario mexicano recibió un yate, un Ferrari y tal vez millones de dólares en efectivo por otorgar millonarios contratos a una compañía de Texas y a otra de California, dijeron fiscales de EU”.
La nota, firmada por Dane Schiller y Terri Langford, identifica al funcionario como Néstor Moreno, director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Precisa que la investigación correspondiente se inició a partir de reportes hechos en 2005 a la Comisión de Valores de EU por la empresa suiza ABB, subsidiaria de Sugar Land, compañía con sede en Houston.
Señala, además, que el esquema de sobornos a funcionarios mexicanos incluía canalizar recursos a través de la compañía de corretaje Global Financial Services y con ellos pagar consumos hechos por los sobornados con una tarjeta American Expres.
De acuerdo con registros de la Corte que lleva el caso referido en la nota periodística de marras, la firma de Ángela Gómez —una adinerada empresaria mexicana de 55 años acusada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero— aparece en la compra de un Ferrari por 297 mil dólares en Beverly Hills y en pagos por un monto de un millón 800 mil dólares a una compañía de yates en Chula Vista, California. Los fiscales sugieren que ambos vehículos tuvieron como destinatario a Moreno para que beneficiara con millonarios contratos de la CFE a ABB y Sugar Land.
La información del Houston Chronicle señala que Ángela Gómez fue detenida la semana pasada, que su esposo estaría involucrado en el esquema de sobornos, que otro empresario mexicano, Fernando Maya Basurto, se ha declarado culpable y que la entrega del dinero habría sido hecha por John O´Shea, ex director de la empresa ABB. Asimismo, refiere que al ser consultado sobre el caso, el vocero de la CFE respondió que eran las primeras acusaciones de las que tenía noticia.
El mismo sábado 14 de agosto, sin embargo, la CFE emitió un boletín de prensa en el que informó que desde el pasado 24 de noviembre de 2009 notificó a la PGR y a la Secretaría e la Función Pública la existencia de un comunicado del Departamento de Justicia de EU que hace referencia a supuestos actos ilegales de servidores públicos sin identificar en la asignación de un contrato para soporte tecnológico para los sistemas de control y despacho. Precisó que si dijo al Houston Chronicle que no tenía conocimiento de los hechos publicados fue porque no ha recibido ninguna otra comunicación oficial por parte de autoridad o instancia responsable.
Pero el lunes pasado, la CFE informó de la solicitud de licencia temporal del ingeniero Néstor Moreno Díaz a través de un boletín al que adjuntó una carta del ahora ex director de Operaciones en la que rechaza tajantemente las acusaciones y precisa que se separa del cargo para hacer frente y aclarar los señalamientos de que ha sido objeto.
Deberá, por supuesto, demostrar su inocencia, en medio de la creciente corrupción en organismos públicos como la CFE que se dice de calidad mundial que muy poco han dicho, por cierto, de los 505 convenios por mil millones de pesos asignados a la iniciativa privada sin licitación ante la “emergencia en servicios”, para suplir entre octubre de 2009 y marzo pasado funciones de la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro.
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El Universal
18 de agosto de 2010
El periódico estadounidense Houston Chronicle publicó el sábado pasado: “Un importante funcionario mexicano recibió un yate, un Ferrari y tal vez millones de dólares en efectivo por otorgar millonarios contratos a una compañía de Texas y a otra de California, dijeron fiscales de EU”.
La nota, firmada por Dane Schiller y Terri Langford, identifica al funcionario como Néstor Moreno, director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Precisa que la investigación correspondiente se inició a partir de reportes hechos en 2005 a la Comisión de Valores de EU por la empresa suiza ABB, subsidiaria de Sugar Land, compañía con sede en Houston.
Señala, además, que el esquema de sobornos a funcionarios mexicanos incluía canalizar recursos a través de la compañía de corretaje Global Financial Services y con ellos pagar consumos hechos por los sobornados con una tarjeta American Expres.
De acuerdo con registros de la Corte que lleva el caso referido en la nota periodística de marras, la firma de Ángela Gómez —una adinerada empresaria mexicana de 55 años acusada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero— aparece en la compra de un Ferrari por 297 mil dólares en Beverly Hills y en pagos por un monto de un millón 800 mil dólares a una compañía de yates en Chula Vista, California. Los fiscales sugieren que ambos vehículos tuvieron como destinatario a Moreno para que beneficiara con millonarios contratos de la CFE a ABB y Sugar Land.
La información del Houston Chronicle señala que Ángela Gómez fue detenida la semana pasada, que su esposo estaría involucrado en el esquema de sobornos, que otro empresario mexicano, Fernando Maya Basurto, se ha declarado culpable y que la entrega del dinero habría sido hecha por John O´Shea, ex director de la empresa ABB. Asimismo, refiere que al ser consultado sobre el caso, el vocero de la CFE respondió que eran las primeras acusaciones de las que tenía noticia.
El mismo sábado 14 de agosto, sin embargo, la CFE emitió un boletín de prensa en el que informó que desde el pasado 24 de noviembre de 2009 notificó a la PGR y a la Secretaría e la Función Pública la existencia de un comunicado del Departamento de Justicia de EU que hace referencia a supuestos actos ilegales de servidores públicos sin identificar en la asignación de un contrato para soporte tecnológico para los sistemas de control y despacho. Precisó que si dijo al Houston Chronicle que no tenía conocimiento de los hechos publicados fue porque no ha recibido ninguna otra comunicación oficial por parte de autoridad o instancia responsable.
Pero el lunes pasado, la CFE informó de la solicitud de licencia temporal del ingeniero Néstor Moreno Díaz a través de un boletín al que adjuntó una carta del ahora ex director de Operaciones en la que rechaza tajantemente las acusaciones y precisa que se separa del cargo para hacer frente y aclarar los señalamientos de que ha sido objeto.
Deberá, por supuesto, demostrar su inocencia, en medio de la creciente corrupción en organismos públicos como la CFE que se dice de calidad mundial que muy poco han dicho, por cierto, de los 505 convenios por mil millones de pesos asignados a la iniciativa privada sin licitación ante la “emergencia en servicios”, para suplir entre octubre de 2009 y marzo pasado funciones de la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro.
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Denuncian hostigamiento de la Comisión Federal de Electricidad en Chiapas
Fotografían a quienes participan en la resistencia de pagos
Hermann Bellinghausen, Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de agosto de 2010, p. 17
San Cristóbal de las Casas, Chis., 17 de agosto. El Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, adherente a La otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), denunció “hosti- gamiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)” contra integrantes del Consejo en los ejidos El Carmen y Joaquín Amaro, municipio de Pijijiapan, quienes participan en la resistencia contra las altas tarifas eléctricas.
Personal de la CFE ha entrado a las comunidades “a tomar fotografías durante esta semana a los compañeros en resistencia”. A la vez, la paraestatal envió citatorios, firmados por Romina Escobar Nataren, “apoderada legal de la CFE” en Tapachula, “estableciendo plazos para el pago del adeudo” y amenazando con que de no efectuarse, iniciaría “las acciones legales que resulten procedentes” contra pobladores de El Carmen y Joaquín Amaro.
En la ciudad de Tonalá, el centro de derechos humanos Digna Ochoa demandó el cese del hostigamiento a los integrantes del Consejo Autónomo Regional, y a las amenazas de la CFE a integrantes de la resistencia civil en Pijijiapan, responsabilizando a los gobiernos estatal y federal “por permitir estas actuaciones desmedidas de la paraestatal”.
A su vez, dicho centro denunció la liberación injustificada de dos agresores contra la tortillería autónoma de Tonalá y contra defensores de derechos humanos. El 29 de mayo pasado, Romeo y Manuel Cueto Noriega participaron en un violento ataque, que fue denunciado como “daños dolosos y pandillerismo”, y bajo esos cargos, el 28 de junio “se ordenó la radicación de la causa penal”. El primero de julio se dictó la orden de aprehensión, pero fue ejecutada hasta el 30 y 31 de julio, un mes después. Los indiciados fueron llevados al penal estatal El Amate, donde, luego de rendir su declaración preparatoria, fueron liberados por las autoridades judiciales, aunque estaban sujetos a proceso.
La red de protección oficial a los detenidos descrita por el centro Digna Ochoa empieza con el juez tercero penal Jorge Segismundo Rotter Díaz y Maricela Beatriz Hernández Castellanos, primera secretaria de acuerdos de Tuxtla Gutiérrez con sede en El Amate. Además, los detenidos, miembros de la Sociedad Cooperativa de tortilleros “Roberto Avendaño”, a través de ésta “solicitaron la intervención” de Reynaldo Aguilar, subsecretario de Gobierno Istmo-Costa y de otros funcionarios, “para que estos a su vez pudieran negociar su libertad, ya que el delito por el cual estaban detenidos era grave”. El 4 de agosto el juez decretó la libertad inmediata de los acusados por “falta de elementos”.
Esto, añade el centro Digna Ochoa, motiva “la poca credibilidad de las instituciones de justicia en nuestro estado, poniendo en libertad a gente que se ha dedicado a amenazar, hostigar, perseguir, intimidar, agredir”, y demanda que “una investigación imparcial de la actuación de los funcionarios “para que los indiciados pudieran obtener su libertad inmediata, quedado impune sus delitos”.
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Hermann Bellinghausen, Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de agosto de 2010, p. 17
San Cristóbal de las Casas, Chis., 17 de agosto. El Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, adherente a La otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), denunció “hosti- gamiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)” contra integrantes del Consejo en los ejidos El Carmen y Joaquín Amaro, municipio de Pijijiapan, quienes participan en la resistencia contra las altas tarifas eléctricas.
Personal de la CFE ha entrado a las comunidades “a tomar fotografías durante esta semana a los compañeros en resistencia”. A la vez, la paraestatal envió citatorios, firmados por Romina Escobar Nataren, “apoderada legal de la CFE” en Tapachula, “estableciendo plazos para el pago del adeudo” y amenazando con que de no efectuarse, iniciaría “las acciones legales que resulten procedentes” contra pobladores de El Carmen y Joaquín Amaro.
En la ciudad de Tonalá, el centro de derechos humanos Digna Ochoa demandó el cese del hostigamiento a los integrantes del Consejo Autónomo Regional, y a las amenazas de la CFE a integrantes de la resistencia civil en Pijijiapan, responsabilizando a los gobiernos estatal y federal “por permitir estas actuaciones desmedidas de la paraestatal”.
A su vez, dicho centro denunció la liberación injustificada de dos agresores contra la tortillería autónoma de Tonalá y contra defensores de derechos humanos. El 29 de mayo pasado, Romeo y Manuel Cueto Noriega participaron en un violento ataque, que fue denunciado como “daños dolosos y pandillerismo”, y bajo esos cargos, el 28 de junio “se ordenó la radicación de la causa penal”. El primero de julio se dictó la orden de aprehensión, pero fue ejecutada hasta el 30 y 31 de julio, un mes después. Los indiciados fueron llevados al penal estatal El Amate, donde, luego de rendir su declaración preparatoria, fueron liberados por las autoridades judiciales, aunque estaban sujetos a proceso.
La red de protección oficial a los detenidos descrita por el centro Digna Ochoa empieza con el juez tercero penal Jorge Segismundo Rotter Díaz y Maricela Beatriz Hernández Castellanos, primera secretaria de acuerdos de Tuxtla Gutiérrez con sede en El Amate. Además, los detenidos, miembros de la Sociedad Cooperativa de tortilleros “Roberto Avendaño”, a través de ésta “solicitaron la intervención” de Reynaldo Aguilar, subsecretario de Gobierno Istmo-Costa y de otros funcionarios, “para que estos a su vez pudieran negociar su libertad, ya que el delito por el cual estaban detenidos era grave”. El 4 de agosto el juez decretó la libertad inmediata de los acusados por “falta de elementos”.
Esto, añade el centro Digna Ochoa, motiva “la poca credibilidad de las instituciones de justicia en nuestro estado, poniendo en libertad a gente que se ha dedicado a amenazar, hostigar, perseguir, intimidar, agredir”, y demanda que “una investigación imparcial de la actuación de los funcionarios “para que los indiciados pudieran obtener su libertad inmediata, quedado impune sus delitos”.
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