Indagan más corrupción, revisan contrataciones millonarias sin licitación de la Comisión de Luz, además de sobreprecios y uso de materiales de baja calidad
Abel Barajas
El Mañana / Agencia Reforma
Lunes, 03 de Enero de 2011
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública ha puesto la lupa sobre los contratos de obra otorgados por la Comisión Federal de Electricidad en la Central Geotermoeléctrica de Cerro Prieto, Baja California, por presuntos actos de corrupción.
De acuerdo con fuentes de la dependencia, en el primer trimestre de este 2011 la Contraloría Federal arrancará una revisión a las diversas contrataciones en esta planta generadora que es la segunda más grande del mundo en su tipo.
La decisión fue tomada debido a que de 2007 al 2010 llegaron varias denuncias sobre corrupción de altos funcionarios, contrataciones millonarias sin licitación, uso de materiales de baja calidad, sobreprecios, retrasos en el cumplimiento de las obras y no aplicación de sanciones a contratistas.
Uno de los antecedentes es un caso de 2007 donde la CFE pagó 39 millones de dólares a Maquinaria Igsa por la reparación de una turbina de 30 megawatts, en un convenio para rehabilitar y modernizar la Unidad 5 de la mencionada Central, suma que según una queja es superior al valor de un motor nuevo.
"La investigación de 2007 concluyó sin sanciones, pero denuncias presentadas este año (2010) hicieron que la SFP decidiera auditar diversos contratos en la planta.
"Son denuncias por trabajos que hizo Igsa y la investigación dirá a dónde apunta (y quiénes son) los responsables, si a los funcionarios o a la empresa, eso no se sabe aún", dijo una fuente de la Función Pública.
El primer caso de 2007, que concluyó sin fincar responsabilidad a funcionarios, derivó de la licitación pública internacional LPI-18164093-021-03- CFE para la rehabilitación y modernización de la Unidad 5 de Cerro Prieto.
El contrato fue asignado a Power & Industrial Products (PIP), pero le fue rescindido por incumplimiento.
El 30 de marzo de 2006 la CFE contrató a Maquinaria Igsa, por haber sido la segunda mejor propuesta en la licitación, con un monto de 27 millones 475 mil 837 dólares y con el compromiso de concluir la obra el 8 de enero de 2008.
Según documentos oficiales, el 23 de octubre de 2007 la SFP recibió una denuncia que señala que cuando los funcionarios de la CFE realizaron el análisis de rentabilidad para rehabilitar la turbina usada, de manera extraña no incluyeron todos sus componentes.
De acuerdo con la denuncia, que dio lugar a la apertura del expediente DE-000028-2007-BC, lo anterior supuestamente se tradujo en dos nuevos contratos de trabajos adicionales para Igsa, sin licitación pública de por medio.
Por asignación directa, el primer convenio se otorgó el 26 de marzo de 2007 por 4 millones 997 mil 750 dólares y el segundo fue suscrito en septiembre de 2007 por 20 millones 958 mil 500 pesos.
Los contratos ocurrieron cuando el Superintendente de la Central Geotermoeléctrica era Ricardo Cervantes Pérez, y el gerente Regional de Producción Noroeste, era Luis Gonzalo Murrieta, hoy Coordinador Nacional del Área Termoeléctrica de la Subdirección de Generación.
Ambos tenían como superior jerárquico a Néstor Moreno Díaz, entonces director de Operaciones de la CFE y hoy investigado por presuntamente recibir sobornos millonarios con un yate y un Ferrari incluidos, a cambio de contratos de la paraestatal.
La SFP revisó en total dos denuncias por este caso, y una de ellas cuestionaba la asignación de tres contratos a la misma empresa para ejecutar una sola obra que resultó más cara que la compra de la propia turbina y sin concurso de licitación de por medio.
A diferencia de PIP, el convenio no fue rescindido pese a que la obra tuvo un retraso de más de un año.
En la queja, se menciona que la CFE realizó contratos modificatorios que anularon las multas al contratista y permitieron que la paraestatal perdiera ante Bureau Veritas un peritaje con Igsa que le significó pagar 6 millones de dólares adicionales a los contratos.
Agrega que la paraestatal negoció con Igsa cambios de proveedores, hecho que algunas fuentes estiman que dio lugar al uso de materiales con calidad menor a la especificada.
El Órgano Interno de Control de la CFE, que depende de la SFP, pidió en aquel momento "señalar por qué el contratista rehabilitó válvulas de control de admisión de vapor, de control y paro, así como chumaceras, entregadas por CFE para realizar la ingeniería inversa, en lugar de adquirir equipos nuevos".
De acuerdo con información de la SFP, tras revisar el caso, se concluyó que no hubo faltas administrativas de gravedad en las modificaciones de los contratos ni el peritaje al que se sometieron las partes.
Fuente
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Abel Barajas
El Mañana / Agencia Reforma
Lunes, 03 de Enero de 2011
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública ha puesto la lupa sobre los contratos de obra otorgados por la Comisión Federal de Electricidad en la Central Geotermoeléctrica de Cerro Prieto, Baja California, por presuntos actos de corrupción.
De acuerdo con fuentes de la dependencia, en el primer trimestre de este 2011 la Contraloría Federal arrancará una revisión a las diversas contrataciones en esta planta generadora que es la segunda más grande del mundo en su tipo.
La decisión fue tomada debido a que de 2007 al 2010 llegaron varias denuncias sobre corrupción de altos funcionarios, contrataciones millonarias sin licitación, uso de materiales de baja calidad, sobreprecios, retrasos en el cumplimiento de las obras y no aplicación de sanciones a contratistas.
Uno de los antecedentes es un caso de 2007 donde la CFE pagó 39 millones de dólares a Maquinaria Igsa por la reparación de una turbina de 30 megawatts, en un convenio para rehabilitar y modernizar la Unidad 5 de la mencionada Central, suma que según una queja es superior al valor de un motor nuevo.
"La investigación de 2007 concluyó sin sanciones, pero denuncias presentadas este año (2010) hicieron que la SFP decidiera auditar diversos contratos en la planta.
"Son denuncias por trabajos que hizo Igsa y la investigación dirá a dónde apunta (y quiénes son) los responsables, si a los funcionarios o a la empresa, eso no se sabe aún", dijo una fuente de la Función Pública.
El primer caso de 2007, que concluyó sin fincar responsabilidad a funcionarios, derivó de la licitación pública internacional LPI-18164093-021-03- CFE para la rehabilitación y modernización de la Unidad 5 de Cerro Prieto.
El contrato fue asignado a Power & Industrial Products (PIP), pero le fue rescindido por incumplimiento.
El 30 de marzo de 2006 la CFE contrató a Maquinaria Igsa, por haber sido la segunda mejor propuesta en la licitación, con un monto de 27 millones 475 mil 837 dólares y con el compromiso de concluir la obra el 8 de enero de 2008.
Según documentos oficiales, el 23 de octubre de 2007 la SFP recibió una denuncia que señala que cuando los funcionarios de la CFE realizaron el análisis de rentabilidad para rehabilitar la turbina usada, de manera extraña no incluyeron todos sus componentes.
De acuerdo con la denuncia, que dio lugar a la apertura del expediente DE-000028-2007-BC, lo anterior supuestamente se tradujo en dos nuevos contratos de trabajos adicionales para Igsa, sin licitación pública de por medio.
Por asignación directa, el primer convenio se otorgó el 26 de marzo de 2007 por 4 millones 997 mil 750 dólares y el segundo fue suscrito en septiembre de 2007 por 20 millones 958 mil 500 pesos.
Los contratos ocurrieron cuando el Superintendente de la Central Geotermoeléctrica era Ricardo Cervantes Pérez, y el gerente Regional de Producción Noroeste, era Luis Gonzalo Murrieta, hoy Coordinador Nacional del Área Termoeléctrica de la Subdirección de Generación.
Ambos tenían como superior jerárquico a Néstor Moreno Díaz, entonces director de Operaciones de la CFE y hoy investigado por presuntamente recibir sobornos millonarios con un yate y un Ferrari incluidos, a cambio de contratos de la paraestatal.
La SFP revisó en total dos denuncias por este caso, y una de ellas cuestionaba la asignación de tres contratos a la misma empresa para ejecutar una sola obra que resultó más cara que la compra de la propia turbina y sin concurso de licitación de por medio.
A diferencia de PIP, el convenio no fue rescindido pese a que la obra tuvo un retraso de más de un año.
En la queja, se menciona que la CFE realizó contratos modificatorios que anularon las multas al contratista y permitieron que la paraestatal perdiera ante Bureau Veritas un peritaje con Igsa que le significó pagar 6 millones de dólares adicionales a los contratos.
Agrega que la paraestatal negoció con Igsa cambios de proveedores, hecho que algunas fuentes estiman que dio lugar al uso de materiales con calidad menor a la especificada.
El Órgano Interno de Control de la CFE, que depende de la SFP, pidió en aquel momento "señalar por qué el contratista rehabilitó válvulas de control de admisión de vapor, de control y paro, así como chumaceras, entregadas por CFE para realizar la ingeniería inversa, en lugar de adquirir equipos nuevos".
De acuerdo con información de la SFP, tras revisar el caso, se concluyó que no hubo faltas administrativas de gravedad en las modificaciones de los contratos ni el peritaje al que se sometieron las partes.
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