lunes, 19 de abril de 2010
Primero de mayo: Digamos ¡ya basta!
Diego R. PALMER FLORES
Tribuna Campeche
19 de Abril de 2010
Dentro de unos días los trabajadores de nuestro país celebrarán el 1o. de mayo, marcado por la Ley Federal del Trabajo para que este sector social, compuesto por diferentes gremios, conmemore esta fecha. Los gobiernos municipales, estatales y federales les permiten hacer sus marchas y manifestaciones a modo, platicando con los líderes de los sindicatos o agrupaciones para que este evento luzca y se vea bonito, para que de esta manera se siga trabajando en una paz ficticia, ya que los estómagos de estos hombres y mujeres están vacíos y con verdadera hambre, pero también con sed de justicia.
El año pasado, o sea 2009, precisamente por el mes de abril, el Jefe del Ejecutivo Federal, para evitar el reclamo de los trabajadores, exageró la epidemia de la influenza, a tal grado que pidió por los medios televisivos en red nacional, que si no tenían nada que hacer el 1o. de mayo, era mejor que se quedaran en sus casas.
Si revisamos la noticia de ese año, podrán comprobar que es verdad. Nada más que el tiro le salió por la culata, pues la economía se cayó.
Pero aún, Javier Lozano Alarcón, el flamante secretario del Trabajo y Previsión Social, azote de los trabajadores del IMSS, Issste y SME, pretende reformar la Ley Federal del Trabajo, priorizando beneficios para los patrones en contra de las conquistas de los trabajadores.
Véase pues que en la mayoría de las empresas privadas y públicas, se dan las subcontrataciones; estos intermediarios laborales contratan a personal pagando bajos salarios, y no reconocen las prestaciones que la ley otorga a los trabajadores.
Esto lo vemos más en las dependencias oficiales donde se palpa y se ve que las labores de vigilancia, sistema de limpieza, mantenimiento, guarderías, laboratorios, talleres, etc., se les otorga a estos intermediarios.
Quienes por necesidad trabajan en estas empresas, suscriben contratos que privan al ciudadano hasta del derecho de asociarse, por eso no vemos a gente sindicalizada en estos lugares.
Estimados lectores, es importante reflexionar la situación económica que vivimos, pues no seríamos congruentes con nuestras ideas si no las expresamos, ya que el dinero de la casa cada día se hace menos. Vemos que los artículos de primera necesidad se despegan terriblemente del salario que tenemos como trabajador. Los estudiosos dicen que el sueldo ha perdido el 82% de su poder adquisitivo y en lo práctico notamos que el camión urbano cuesta por persona $5.50, para el estudiante con credencial $3.50; que el kilo de tortilla vale $12.00, que el litro de gasolina cuesta $8.12 y si le seguimos no acabamos, pero el sueldo de los trabajadores sigue sin incremento.
Debido a estas condiciones de pobreza que vive la ciudadanía de 100 niños que ingresan a la escuela, solamente 49 terminan la secundaria y siete concluyen sus estudios superiores. Pero el calvario no termina ahí, porque al egresar de las universidades no encuentran trabajo.
No es posible seguir viviendo con el “charrismo” tradicional que únicamente le cantan gloria y victoria a los gobernantes y a cambio les dejan vivir en la opulencia, con ganancias que les permiten regalar camionetas Hummer.
Escuchemos a los grupos progresistas y salgamos el 1o. de mayo a protestar por esta política que cada día sacrifica más al pueblo; hagámoslo con pancartas, mantas y leyendas alusivas. La crisis económica que estamos viviendo ya no se aguanta. Digamos ya basta.
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Tribuna Campeche
19 de Abril de 2010
Dentro de unos días los trabajadores de nuestro país celebrarán el 1o. de mayo, marcado por la Ley Federal del Trabajo para que este sector social, compuesto por diferentes gremios, conmemore esta fecha. Los gobiernos municipales, estatales y federales les permiten hacer sus marchas y manifestaciones a modo, platicando con los líderes de los sindicatos o agrupaciones para que este evento luzca y se vea bonito, para que de esta manera se siga trabajando en una paz ficticia, ya que los estómagos de estos hombres y mujeres están vacíos y con verdadera hambre, pero también con sed de justicia.
El año pasado, o sea 2009, precisamente por el mes de abril, el Jefe del Ejecutivo Federal, para evitar el reclamo de los trabajadores, exageró la epidemia de la influenza, a tal grado que pidió por los medios televisivos en red nacional, que si no tenían nada que hacer el 1o. de mayo, era mejor que se quedaran en sus casas.
Si revisamos la noticia de ese año, podrán comprobar que es verdad. Nada más que el tiro le salió por la culata, pues la economía se cayó.
Pero aún, Javier Lozano Alarcón, el flamante secretario del Trabajo y Previsión Social, azote de los trabajadores del IMSS, Issste y SME, pretende reformar la Ley Federal del Trabajo, priorizando beneficios para los patrones en contra de las conquistas de los trabajadores.
Véase pues que en la mayoría de las empresas privadas y públicas, se dan las subcontrataciones; estos intermediarios laborales contratan a personal pagando bajos salarios, y no reconocen las prestaciones que la ley otorga a los trabajadores.
Esto lo vemos más en las dependencias oficiales donde se palpa y se ve que las labores de vigilancia, sistema de limpieza, mantenimiento, guarderías, laboratorios, talleres, etc., se les otorga a estos intermediarios.
Quienes por necesidad trabajan en estas empresas, suscriben contratos que privan al ciudadano hasta del derecho de asociarse, por eso no vemos a gente sindicalizada en estos lugares.
Estimados lectores, es importante reflexionar la situación económica que vivimos, pues no seríamos congruentes con nuestras ideas si no las expresamos, ya que el dinero de la casa cada día se hace menos. Vemos que los artículos de primera necesidad se despegan terriblemente del salario que tenemos como trabajador. Los estudiosos dicen que el sueldo ha perdido el 82% de su poder adquisitivo y en lo práctico notamos que el camión urbano cuesta por persona $5.50, para el estudiante con credencial $3.50; que el kilo de tortilla vale $12.00, que el litro de gasolina cuesta $8.12 y si le seguimos no acabamos, pero el sueldo de los trabajadores sigue sin incremento.
Debido a estas condiciones de pobreza que vive la ciudadanía de 100 niños que ingresan a la escuela, solamente 49 terminan la secundaria y siete concluyen sus estudios superiores. Pero el calvario no termina ahí, porque al egresar de las universidades no encuentran trabajo.
No es posible seguir viviendo con el “charrismo” tradicional que únicamente le cantan gloria y victoria a los gobernantes y a cambio les dejan vivir en la opulencia, con ganancias que les permiten regalar camionetas Hummer.
Escuchemos a los grupos progresistas y salgamos el 1o. de mayo a protestar por esta política que cada día sacrifica más al pueblo; hagámoslo con pancartas, mantas y leyendas alusivas. La crisis económica que estamos viviendo ya no se aguanta. Digamos ya basta.
2010: a recuperar la plena soberanía
El 23 de marzo, día que llegó a México el “gabinete de guerra” de Estados Unidos –como lo calificó Carlos Fazio–, durante la inauguración de la Mina Peñasquito del Grupo Canadiense Gold Corporation en Zacatecas, Felipe Calderón declaró que “sólo con colaboración prospera… la familia…”, y señaló la existencia de un “vínculo complementario” entre México y Estados Unidos.
Pablo Moctezuma Barragán* / Tercera parte
Contralínea
18 Abril 2010
En 2005, Vicente Fox firmó la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, comprometiendo la “integración energética y de seguridad” con Estados Unidos y Canadá. En 2007, Calderón acordó la Iniciativa Mérida. Ambos han actuado por “acuerdo ejecutivo” sin sujetarse al Congreso ni ajustarse al marco constitucional. En el plan México 2030, Proyecto Gran Visión, dado a conocer por Nancy Flores, queda claro el proyecto de integrar militarmente a México con los vecinos del norte. Lo que implica el desarrollo en México de bases militares –tal como sucede en Colombia–, integración de nuestro Ejército y fuerzas armadas al Comando Norte y a los ejércitos internacionales que comanda Estados Unidos, para usar soldados mexicanos en sus guerras, como sucede actualmente con los canadienses que colaboran en la ocupación de Afganistán y los ataques de aviones (drones) no tripulados sobre objetivos en nuestro territorio, con los consabidos “daños colaterales” que masacran a la población civil, como sucede hoy en Pakistán.
Lo que acordaron las cúpulas permanece en secreto, pero lo trascendido es alarmante. Hillary declaró en la ciudad de México: “La relación entre nuestras dos naciones es tan compleja, tan completa, tan amplia, tan expansiva (sic), es algo que no se limita por fronteras o divisiones burocráticas (sic)”. En su primera visita, el 25 y 26 de marzo de 2009, Hillary logró que la Armada de México participara en las maniobras militares Unitas 50-09, en Mayport, Florida, por primera vez en la historia. Este año vinieron por más.
Ni nuestro territorio ni nuestra Constitución son producto de fronteras o divisiones burocráticas, son la salvaguarda de nuestra soberanía; somos dueños de nuestra tierra. La Constitución defiende la autodeterminación y prohíbe la acción de fuerzas armadas extranjeras en nuestro territorio y la dependencia del Ejército de un mando extranjero. Los artículos 16, 32, 33, 34, 89, 118, 129, 133 consagran la soberanía militar de México. Esto choca frontalmente con el proyecto de Washington y sus cómplices locales, a quienes les estorba la Constitución.
Para Washington, México está ubicado “dentro del perímetro de seguridad de Estados Unidos”, su territorio, riquezas, recursos naturales y humanos, pero nos quieren como nación dominada, sin derechos soberanos y como un pueblo sujeto a la esclavitud moderna, trabajadores sin derechos y de carne de cañón para sus guerras. Desde hace décadas nos bombardean con programas televisivos y películas de Estados Unidos en donde se glorifica al ejército y la policía de ese país, para culturizarnos e imponernos sus intereses y visión del mundo.
Pero no va en nuestro interés. Eso hoy está claro luego de 16 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de “integración”, “amistad”, “sociedad”, libre tránsito de mercancías y capitales (mas no de libre tránsito para los mexicanos, ya que 12 millones siguen siendo ilegales y son criminalizados). Con cinismo habló Clinton en su conferencia de prensa del 23 de marzo en la Secretaría de Relaciones Exteriores: “Orgullo que le motiva la frontera y los lazos que genera”, sin mencionar los cientos de mexicanos que mueren cada año cruzando esa frontera, y del dolor que generan sus políticas migratorias excluyentes a millones de familias mexicanas, ni las redadas y deportaciones contra los “ilegales”. La integración de México es una anexión subordinada, por esa razón construyeron el muro de la muerte en la frontera, con el aval del entonces senador Barack Obama.
Los lazos entre Estados Unidos y México fueron calificados por Hillary como “alianza singular” (sic), pero el término preciso para calificar estos lazos de dominación es “neocolonialismo”. El pretexto para la injerencia directa es la guerra contra el narcotráfico. Según Hillary, “estamos trabajando en nuestros dos gobiernos, juntos, para resolver los problemas que representan los cárteles delictivos que están al acecho en sus calles y las nuestras, que matan e hieren a gente inocente y que propagan un reino de terror, de intimidación y que utilizan el tráfico de la droga para generar la adicción en la gente”.
¡¿Pero en Estados Unidos cuál cártel estadunidense han ubicado y perseguido?! ¡¿Si persiguen a los cárteles mexicanos, por qué no a quienes son sus amos en Estados Unidos?! Allá lavan el dinero, venden armas, compran drogas. El negocio y las fabulosas ganancias se generan en Estados Unidos ¿Quiénes son los capos allá? ¿Son exclusivamente mexicanos? ¿Quién puede siquiera imaginar que el Estado policiaco militar más poderoso del mundo no tenga el control de su propio territorio? Estados Unidos habla de “responsabilidad compartida”, pero los vecinos del norte tienen la responsabilidad de desmantelar la red criminal que opera en Estados Unidos, que obviamente no es dirigida por mexicanos.
Por supuesto que ése no es su objetivo, sino el de contar con el pretexto para intervenir militarmente en México. Ya lo dijo Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto –uno de los miembros del gabinete de guerra que visitó México–, cuando habló el 5 de febrero en la Universidad de Princeton: “El Plan Colombia es un buen ejemplo de colaboración militar de Estados Unidos con un aliado en la región” (…). “Una colaboración militar entre Estados Unidos y México, en territorio de este último (sic), sería una novedad histórica entre dos países que mantuvieron guerras en el pasado” (sic).
Dieron ya los primeros pasos para “elevar el nivel de cooperación” y el trabajo en “equipo”; van a abrir la Oficina Bilateral de Implementación de la Iniciativa Mérida, en la que fuerzas armadas y de inteligencia de Estados Unidos y México trabajarán en coordinación en territorio mexicano. Además, en la conferencia de prensa se habló abiertamente del Programa Piloto Conjunto para revertir el crimen en Ciudad Juárez y de la acción de supervisores y capacitadores de Estados Unidos en México. La acción abierta y directa de fuerzas armadas de Estados Unidos en nuestro territorio ya comenzó; es ilegal y viola nuestra soberanía.
Pero es apenas el comienzo. El 18 de marzo, el general Víctor Renuart, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, declaró que la guerra contra el narcotráfico en México durará de ocho a 10 años más. Habló de la existencia de planes de contingencia en el caso del desbordamiento de la violencia hacia este lado de la frontera e informó que Washington otorga capacitación a México con base en el modelo empleado en Irak y Afganistán. El Washington Post opinó el 20 de marzo que “la batalla desesperada de México” (…) es “tan sangrienta y tan importante como las que se luchan en Irak, Afganistán o Pakistán”, donde está interviniendo directamente Estados Unidos. El Washington Post dice tajante: “Es difícil pensar en una prioridad más alta que la de estabilizar un vecino y socio comercial mayor.” De esta forma, van preparando a la opinión pública para que acepte que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervengan en México para… “ayudar”.
La secretaria de seguridad interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, declaró en una entrevista para National Public Radio, con el reportero Robert Siegel, que Felipe Calderón está abierto a una intervención militar de Estados Unidos en México, en la forma de presencia de soldados estadunidenses en territorio mexicano. También descalificó la acción del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez, dejando implícita la necesidad de intervención de fuerzas armadas extranjeras.
El mismo día de la visita, el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, declaró a Joaquín López Dóriga, respecto de la estrategia de guerra de Calderón: “Tenemos una estrategia que hemos diseñado juntos (…) estamos trabajando en nuestros gobiernos juntos para resolver los problemas que representan los cárteles delictivos (…)”. Alardeó que, en México, el mando supremo de las fuerzas armadas lo tienen en “conjunto” los gobiernos de Estados Unidos y México.
Pero en Washington están jugando con fuego. Creen que teniendo al gobierno del PRIAN (Partido Acción Nacional-Partido Revolucionario Institucional) a su servicio, el pueblo mexicano va a permanecer pasivo. Hacen sus planes alegremente, sin tomar en cuenta al dueño de la casa. El pueblo de México no va a aceptar ser esclavo del imperio yanqui. Estamos en el siglo XXI y aspiramos a vivir en paz, con democracia, desarrollo y bienestar. El modelo que desde hace décadas nos ha impuesto Washington sólo ha traído guerra, miseria, dependencia y autoritarismo. Ha llegado el nuevo siglo y el tiempo luchar por la plena soberanía. Desde América del Sur soplan vientos de cambio y en México cobran fuerza. Aquí la lucha será más difícil y compleja, pero alcanzando México su soberanía, haremos una gran contribución a las futuras generaciones y también a los pueblos de todo el mundo, que ya contemplan el declive del imperio estadunidense, débil económica y políticamente, por lo que ahora quiere imponerse con la fuerza de las armas. La humanidad ya ha cambiado y aspira a un mundo en el que los pueblos se autodeterminen y se unan con lazos de auténtica amistad. Ese otro mundo que vamos a construir también lo quieren los pueblos de Estados Unidos y Canadá que, cansados del belicismo de sus gobiernos, quieren otro futuro para sus hijos. Por eso en todos lados resuena la exigencia popular: ¡Anexión no! ¡Soberanía sí!
*Analista político e historiador
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Pablo Moctezuma Barragán* / Tercera parte
Contralínea
18 Abril 2010
En 2005, Vicente Fox firmó la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, comprometiendo la “integración energética y de seguridad” con Estados Unidos y Canadá. En 2007, Calderón acordó la Iniciativa Mérida. Ambos han actuado por “acuerdo ejecutivo” sin sujetarse al Congreso ni ajustarse al marco constitucional. En el plan México 2030, Proyecto Gran Visión, dado a conocer por Nancy Flores, queda claro el proyecto de integrar militarmente a México con los vecinos del norte. Lo que implica el desarrollo en México de bases militares –tal como sucede en Colombia–, integración de nuestro Ejército y fuerzas armadas al Comando Norte y a los ejércitos internacionales que comanda Estados Unidos, para usar soldados mexicanos en sus guerras, como sucede actualmente con los canadienses que colaboran en la ocupación de Afganistán y los ataques de aviones (drones) no tripulados sobre objetivos en nuestro territorio, con los consabidos “daños colaterales” que masacran a la población civil, como sucede hoy en Pakistán.
Lo que acordaron las cúpulas permanece en secreto, pero lo trascendido es alarmante. Hillary declaró en la ciudad de México: “La relación entre nuestras dos naciones es tan compleja, tan completa, tan amplia, tan expansiva (sic), es algo que no se limita por fronteras o divisiones burocráticas (sic)”. En su primera visita, el 25 y 26 de marzo de 2009, Hillary logró que la Armada de México participara en las maniobras militares Unitas 50-09, en Mayport, Florida, por primera vez en la historia. Este año vinieron por más.
Ni nuestro territorio ni nuestra Constitución son producto de fronteras o divisiones burocráticas, son la salvaguarda de nuestra soberanía; somos dueños de nuestra tierra. La Constitución defiende la autodeterminación y prohíbe la acción de fuerzas armadas extranjeras en nuestro territorio y la dependencia del Ejército de un mando extranjero. Los artículos 16, 32, 33, 34, 89, 118, 129, 133 consagran la soberanía militar de México. Esto choca frontalmente con el proyecto de Washington y sus cómplices locales, a quienes les estorba la Constitución.
Para Washington, México está ubicado “dentro del perímetro de seguridad de Estados Unidos”, su territorio, riquezas, recursos naturales y humanos, pero nos quieren como nación dominada, sin derechos soberanos y como un pueblo sujeto a la esclavitud moderna, trabajadores sin derechos y de carne de cañón para sus guerras. Desde hace décadas nos bombardean con programas televisivos y películas de Estados Unidos en donde se glorifica al ejército y la policía de ese país, para culturizarnos e imponernos sus intereses y visión del mundo.
Pero no va en nuestro interés. Eso hoy está claro luego de 16 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de “integración”, “amistad”, “sociedad”, libre tránsito de mercancías y capitales (mas no de libre tránsito para los mexicanos, ya que 12 millones siguen siendo ilegales y son criminalizados). Con cinismo habló Clinton en su conferencia de prensa del 23 de marzo en la Secretaría de Relaciones Exteriores: “Orgullo que le motiva la frontera y los lazos que genera”, sin mencionar los cientos de mexicanos que mueren cada año cruzando esa frontera, y del dolor que generan sus políticas migratorias excluyentes a millones de familias mexicanas, ni las redadas y deportaciones contra los “ilegales”. La integración de México es una anexión subordinada, por esa razón construyeron el muro de la muerte en la frontera, con el aval del entonces senador Barack Obama.
Los lazos entre Estados Unidos y México fueron calificados por Hillary como “alianza singular” (sic), pero el término preciso para calificar estos lazos de dominación es “neocolonialismo”. El pretexto para la injerencia directa es la guerra contra el narcotráfico. Según Hillary, “estamos trabajando en nuestros dos gobiernos, juntos, para resolver los problemas que representan los cárteles delictivos que están al acecho en sus calles y las nuestras, que matan e hieren a gente inocente y que propagan un reino de terror, de intimidación y que utilizan el tráfico de la droga para generar la adicción en la gente”.
¡¿Pero en Estados Unidos cuál cártel estadunidense han ubicado y perseguido?! ¡¿Si persiguen a los cárteles mexicanos, por qué no a quienes son sus amos en Estados Unidos?! Allá lavan el dinero, venden armas, compran drogas. El negocio y las fabulosas ganancias se generan en Estados Unidos ¿Quiénes son los capos allá? ¿Son exclusivamente mexicanos? ¿Quién puede siquiera imaginar que el Estado policiaco militar más poderoso del mundo no tenga el control de su propio territorio? Estados Unidos habla de “responsabilidad compartida”, pero los vecinos del norte tienen la responsabilidad de desmantelar la red criminal que opera en Estados Unidos, que obviamente no es dirigida por mexicanos.
Por supuesto que ése no es su objetivo, sino el de contar con el pretexto para intervenir militarmente en México. Ya lo dijo Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto –uno de los miembros del gabinete de guerra que visitó México–, cuando habló el 5 de febrero en la Universidad de Princeton: “El Plan Colombia es un buen ejemplo de colaboración militar de Estados Unidos con un aliado en la región” (…). “Una colaboración militar entre Estados Unidos y México, en territorio de este último (sic), sería una novedad histórica entre dos países que mantuvieron guerras en el pasado” (sic).
Dieron ya los primeros pasos para “elevar el nivel de cooperación” y el trabajo en “equipo”; van a abrir la Oficina Bilateral de Implementación de la Iniciativa Mérida, en la que fuerzas armadas y de inteligencia de Estados Unidos y México trabajarán en coordinación en territorio mexicano. Además, en la conferencia de prensa se habló abiertamente del Programa Piloto Conjunto para revertir el crimen en Ciudad Juárez y de la acción de supervisores y capacitadores de Estados Unidos en México. La acción abierta y directa de fuerzas armadas de Estados Unidos en nuestro territorio ya comenzó; es ilegal y viola nuestra soberanía.
Pero es apenas el comienzo. El 18 de marzo, el general Víctor Renuart, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, declaró que la guerra contra el narcotráfico en México durará de ocho a 10 años más. Habló de la existencia de planes de contingencia en el caso del desbordamiento de la violencia hacia este lado de la frontera e informó que Washington otorga capacitación a México con base en el modelo empleado en Irak y Afganistán. El Washington Post opinó el 20 de marzo que “la batalla desesperada de México” (…) es “tan sangrienta y tan importante como las que se luchan en Irak, Afganistán o Pakistán”, donde está interviniendo directamente Estados Unidos. El Washington Post dice tajante: “Es difícil pensar en una prioridad más alta que la de estabilizar un vecino y socio comercial mayor.” De esta forma, van preparando a la opinión pública para que acepte que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervengan en México para… “ayudar”.
La secretaria de seguridad interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, declaró en una entrevista para National Public Radio, con el reportero Robert Siegel, que Felipe Calderón está abierto a una intervención militar de Estados Unidos en México, en la forma de presencia de soldados estadunidenses en territorio mexicano. También descalificó la acción del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez, dejando implícita la necesidad de intervención de fuerzas armadas extranjeras.
El mismo día de la visita, el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, declaró a Joaquín López Dóriga, respecto de la estrategia de guerra de Calderón: “Tenemos una estrategia que hemos diseñado juntos (…) estamos trabajando en nuestros gobiernos juntos para resolver los problemas que representan los cárteles delictivos (…)”. Alardeó que, en México, el mando supremo de las fuerzas armadas lo tienen en “conjunto” los gobiernos de Estados Unidos y México.
Pero en Washington están jugando con fuego. Creen que teniendo al gobierno del PRIAN (Partido Acción Nacional-Partido Revolucionario Institucional) a su servicio, el pueblo mexicano va a permanecer pasivo. Hacen sus planes alegremente, sin tomar en cuenta al dueño de la casa. El pueblo de México no va a aceptar ser esclavo del imperio yanqui. Estamos en el siglo XXI y aspiramos a vivir en paz, con democracia, desarrollo y bienestar. El modelo que desde hace décadas nos ha impuesto Washington sólo ha traído guerra, miseria, dependencia y autoritarismo. Ha llegado el nuevo siglo y el tiempo luchar por la plena soberanía. Desde América del Sur soplan vientos de cambio y en México cobran fuerza. Aquí la lucha será más difícil y compleja, pero alcanzando México su soberanía, haremos una gran contribución a las futuras generaciones y también a los pueblos de todo el mundo, que ya contemplan el declive del imperio estadunidense, débil económica y políticamente, por lo que ahora quiere imponerse con la fuerza de las armas. La humanidad ya ha cambiado y aspira a un mundo en el que los pueblos se autodeterminen y se unan con lazos de auténtica amistad. Ese otro mundo que vamos a construir también lo quieren los pueblos de Estados Unidos y Canadá que, cansados del belicismo de sus gobiernos, quieren otro futuro para sus hijos. Por eso en todos lados resuena la exigencia popular: ¡Anexión no! ¡Soberanía sí!
*Analista político e historiador
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Utilizan erario para comprar bebidas embriagantes
Mayela Sánchez
Contralínea
18 Abril 2010
Tan sólo 14 entidades del gobierno federal –incluida la Presidencia de la República– gastaron casi 4 millones de pesos en bebidas alcohólicas desde que Calderón asumió la titularidad del Poder Ejecutivo. Las dependencias argumentan que “es necesario organizar eventos sociales”; sin embargo, en muchos casos la compra fue hecha a petición expresa de un funcionario; en otros, nunca se justificó el motivo de la adquisición. Ante las lagunas en la ley, la compra de alcohol queda en “un asunto de ética”, señala especialista en gasto público.
Mientras el gobierno federal apela –al menos en el discurso– a la austeridad en la administración pública, diversas dependencias del Estado han gastado conjuntamente 3 millones 867 mil 81 pesos en bebidas alcohólicas en un trienio. La Presidencia de la República; las secretarías de Gobernación (Segob), Función Pública (SFP) y Relaciones Exteriores (SRE); así como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) figuran entre las entidades públicas que sufragan el consumo de vino, tequila, coñac, whisky, licores y cerveza con recursos del erario.
En la mayoría de los casos, las adquisiciones de alcohol se han justificado con la realización de eventos sociales; en otros, sin embargo, la compra de alcohol se ha realizado a petición de las oficinas de los secretarios de Estado.
Es el caso de la Segob, que el 21 de agosto de 2007 gastó 2 mil 560 pesos en dos botellas de tequila Don Julio y una más de coñac Martell XO. La factura 53747, expedida por la vinatería La Europea México, SA de CV, cuya copia posee Contralínea, especifica que se trata de “vino requerido para el comedor del C. Secretario”.
La misma leyenda se advierte en otras dos facturas, correspondientes al 29 de julio y 22 de agosto de 2008, cuando Francisco Ramírez Acuña había sido sustituido por Juan Camilo Mouriño Terrazo al frente de Gobernación. La factura 60425 ampara la compra de una docena de botellas de vino tinto Casa Madero de cepa Cabernet Sauvignon, dos de rompope Santa Clara y una de ron Bacardi Blanco, por las que se pagaron 2 mil 317 pesos; la otra factura, con folio 60860, no especifica los productos que la dependencia adquirió y por los que pagó 3 mil 63 pesos.
La SFP también se allegó bebidas alcohólicas a solicitud expresa de la oficina de su titular, Salvador Vega Casillas. El 8 de agosto de 2008, requirió la compra de docenas de botellas de vino tinto Casa Grande, Casa Madero, Chateau Domecq y Viña Pedrosa, por un monto de 25 mil 426 pesos. En el pedido de compra 212/2008 se lee la razón de la adquisición: “Insumos necesarios para la oficina del C. Secretario”.
Justo un año antes, en agosto de 2007, se habían hecho dos solicitudes similares, pero en tales ocasiones la compra de tres docenas de botellas de vino tinto fue pedida “para atención del décimo piso”, aludiendo al sitio donde despacha Vega Casillas.
El 19 de octubre siguiente, la dependencia encargada de fiscalizar y mejorar la gestión de la administración pública se procuró casi 3 mil 500 pesos en bebidas embriagantes, como vino tinto Chateau Domecq, whisky Buchanan’s, tequila Herradura, brandi Torres 10 y ron Bacardi Blanco y Appleton. El motivo de la compra fue “la atención del C. Secretario”, como consta en la factura 12795 de Bodegas El Celler, SA de CV.
Compra de alcohol prevista en la ley
El diputado Marcos Pérez Esquer, secretario de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, justifica que el gobierno compre bebidas alcohólicas con recursos del erario “solamente en una situación muy excepcional, como un evento social”, pero señala que más allá de eso, “sería indebido”.
Cuestionado respecto de la prudencia de estas erogaciones en un contexto de supuesta austeridad, el legislador panista minimiza su importancia al señalar que “no es un gasto relevante, prácticamente no existe”.
En opinión de la doctora Violeta Rodríguez del Villar, especialista en estudios hacendarios y del sector público, lo que se gasta en alcohol es poco respecto de todo el presupuesto que administran las dependencias de gobierno, pero “si consideramos que se divide en pocos puestos, puede llegar a ser muy alto por persona”.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México explica que es muy difícil detectar que este tipo de gastos se efectúan, debido a que la legislación del presupuesto no se hace a un nivel de desagregación tan detallado, lo que da “un amplio margen para que exista despilfarro”.
Función Pública señala que la compra de bebidas alcohólicas por parte de entidades de la administración pública se hace con base en lo estipulado en el Clasificador por Objeto de Gasto, que en su concepto 2200 se refiere a los productos alimenticios, y dentro de éste, a la partida 2204, destinada a la adquisición de “todo tipo de alimentos y bebidas” para los servidores públicos cuando se requiera su permanencia en las instalaciones de sus respectivas dependencias.
Asimismo, se consideran las partidas presupuestales 3800 (servicios oficiales), 3801 (gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal) y 3802 (gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades). En ningún caso se detalla qué tipo de bebidas se pueden adquirir o si existen restricciones en función de su costo o de la pertinencia de su compra.
Las solicitudes de compra hechas por Función Pública, a las que Contralínea tuvo acceso, muestran que la mayoría correspondió a peticiones del comedor institucional. Se trata de requisiciones de rompope y vino tinto principalmente, pero también de ron y licores, todas adjudicadas a la partida 2204. Al amparo de dicha partida también se pagó el alcohol de diversos eventos sociales, como la inauguración de la Sexta Exposición Artística de Servidores Públicos, celebrada el 12 de noviembre de 2008 y para la cual se requirieron 24 botellas de vino con un costo total de 5 mil 778 pesos.
Sólo dos solicitudes de compra de la SFP se justificaron en una partida distinta a la 2204. Una correspondió a la adquisición de seis botellas de vino blanco Monte Xanic, por un monto de 1 mil 330 pesos, para un evento social del 19 de junio de 2007. La compra fue hecha con apego a la partida 2203, que cubre los alimentos y bebidas de los servidores públicos en actividades de supervisión, inspección o labores de campo.
La otra requisición se hizo el 6 de agosto del año pasado para la V Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en las Américas, evento para el que se pidió fueran despachadas dos docenas de vino blanco y dos más de tinto. Las bebidas, cuya compra se consideró “fundamental”, se ofrecerían en el coctel del evento, una vez que los participantes hubieran discutido estrategias para “mejorar las prácticas de compra gubernamentales”. La solicitud se amparó en la partida 3804, que cubre el costo de servicios integrales contratados para la celebración de congresos y convenciones; sin embargo, con la información proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, no se pudo constatar que la adquisición se haya realizado.
Relaciones Exteriores señaló que sus erogaciones en bebidas alcohólicas se clasifican en la partida 3803, que cubre la celebración de actos conmemorativos y de orden social, como desfiles y ceremonias patrióticas y oficiales. El monto gastado por la Secretaría asciende a 417 mil 488 pesos, siendo el vino tinto Marqués de Riscal la bebida más recurrente en sus eventos.
Gastos en la Presidencia
La Presidencia de la República atribuye sus gastos en bebidas alcohólicas a la partida 2201, que se refiere a productos alimenticios y bebidas para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública, como consta en las facturas de compra, de las que Contralínea tiene copia.
De enero de 2007 a noviembre del año pasado, la oficina de la Presidencia desembolsó 685 mil 837 pesos en alcohol. El producto más socorrido fue el tequila, del que se adquirieron 999 botellas de las marcas Don Julio y José Cuervo Reserva de la Familia, cuyo costo es de 865 pesos por botella.
La Presidencia también compró 516 botellas de vino tinto, 269 de whisky, 147 de licores, 130 de ron, 83 de vino blanco, 60 de brandi, 48 de coñac, 44 de vino oporto y 19 de vodka.
El 2 de enero de 2007, un mes después de que Felipe Calderón Hinojosa tomara posesión de la Presidencia de la República, la dependencia adquirió 3 mil 862 pesos en bebidas alcohólicas. En total fueron 16 botellas, entre licor de café Baileys, vino oporto Ferreira Tawny, whisky Chivas Regal y Johnnie Walker Etiqueta Negra, vino blanco L.A. Cetto Fumé Blanc y una botella de tequila José Cuervo Reserva de la Familia. Ese mismo día, Calderón Hinojosa dio un mensaje al gabinete de seguridad en la residencia oficial de Los Pinos.
El 10 de febrero de 2007 se ofreció un desayuno para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, evento al que asistieron el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina. Ese día, la Presidencia compró seis botellas de tequila Arette reposado y dos más de Arette blanco, tres botellas de tequila José Cuervo, dos de ron Bacardi, dos de licor Baileys, dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra, una botella de coñac Hennessy Privilege VSOP y otra Hennessy XO, cuyo costo rebasó los 1 mil 700 pesos. La cuenta de ese día sumó 6 mil 580 pesos.
El martes 24 de junio de 2008, mientras Calderón Hinojosa se encontraba de gira por Campeche y Quintana Roo, la Presidencia solicitó la compra de 28 botellas de vino tinto, incluyendo una docena de la marca Santo Tomás Único, con un precio de 510 pesos cada una. También se pidieron 16 botellas de tequila Maestro Tequilero, en sus presentaciones blanco, añejo y reposado; cinco botellas de licor de café Baileys, tres de ron Bacardi Carta Blanca, dos de vodka Absolut y dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra.
El gasto fue de 17 mil 611 pesos, el mayor de los que ha realizado la Presidencia para adquirir alcohol en un solo día; la cifra rebasa por mucho al gasto realizado el día de la visita del presidente estadunidense Barack Obama a la residencia oficial de Los Pinos, cuando se destinaron 6 mil 880 pesos a la compra de nueve botellas de tequila Maestro Tequilero y dos de la marca 1800, junto con seis botellas de whisky Buchanan’s 12 años y Chivas Regal, dos de vodka Absolut Azul, una de ron Bacardi Blanco y una más de Licor 43.
Sin “ética en el servicio público”
Rodríguez del Villar apunta que hay una “dificultad intrínseca” para dar seguimiento a este tipo de gastos, debido a que es muy complicado llevar el presupuesto a un nivel de desagregación tan grande. No obstante, la doctora en economía reflexiona que en el marco de déficit presupuestario en que opera el gobierno federal “quizás sí convendría hacer todavía más limitados ciertos tipos de gastos”.
La investigadora considera que legislar sobre el tema podría devenir en controversia, pues se plantearía un problema jurídico respecto de por qué fiscalizar estos bienes y no otros. “Se vuelve una cuestión de opinión, pero también es un asunto de ética”, considera.
“No hay una ética del servicio público para evitar que los servidores públicos gasten no nada más en bebidas alcohólicas, sino en cualquier gasto superfluo, bajo la conciencia de que el presupuesto tiene que destinarse al beneficio común”, concluye Rodríguez del Villar.
Entre 2007 y 2009, el corporativo de Pemex gastó 934 mil 477 pesos en la compra de alcohol. Tan sólo el 3 de diciembre de 2007, en la víspera de las fiestas de fin de año, la paraestatal adquirió vinos argentinos, españoles y franceses, así como ron de caña y la bebida española Licor 43, por los que pagó 603 mil 97 pesos, de acuerdo con los datos disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). La información, sin embargo, no especifica el destino de las compras ni la cantidad de cada producto adquirido.
El FCE, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, desembolsó 245 mil 644 pesos en el mismo fin, indica el POT. La editorial del Estado mexicano justificó la erogación de 58 mil 500 pesos en bebidas alcohólicas para la celebración de sus aniversarios de 2008 y 2009, a los que se suman importes de 16 mil 473 pesos para una reunión de comités editoriales en 2007, 11 mil 25 pesos para celebrar su fiesta de fin de año en 2009 y 8 mil 190 pesos más con motivo de una venta nocturna en las librerías del Fondo de Cultura Económica.
Dos instituciones de la banca de desarrollo del país también figuran entre las entidades que destinaron recursos públicos a la compra de alcohol. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos gastó 226 mil 600 pesos en bebidas embriagantes para las comidas de fin de año de su personal, siendo 2009 el año en que más recursos destinó: 113 mil pesos en tequila y brandi, sumados a 19 mil 872 pesos en vino tinto y blanco.
El Banco Nacional de Comercio Exterior adquirió botellas de tequila de las marcas Tradicional y Gran Centenario Azul, por 203 mil 484 pesos, además de que gastó 11 mil 395 pesos en dicha bebida para “integrar a la canasta navideña 2007” y otros 148 mil 522 pesos para el arcón de 2008.
En el ámbito de la cultura, el Instituto Mexicano de Cinematografía pagó 278 mil 155 pesos por vino para sus diferentes eventos, sin que en el POT se precisen cuáles fueron éstos ni qué tipo de bebidas se ofrecieron. El Instituto Nacional de Bellas Artes compró vinos y cerveza para la apertura de la temporada Otoño 2007. La cuenta fue de 4 mil 826 pesos.
Diversas instancias del Conacyt también sufragaron la compra de alcohol con recursos del erario. En 2007, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo adquirió 25 cartones de cerveza para un “evento de aniversario”, por 2 mil 375 pesos. En alcohol para “congresos y convenciones” realizados durante 2009, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados erogó 3 mil 942 pesos. El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica gastó 8 mil 639 pesos en vino alemán Blue Nun, cuyo costo por botella ronda los 115 pesos.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas pagó 36 mil 187 pesos en vino para eventos de su dirección. De acuerdo con el contrato PE-180/07, el 17 de julio de 2007 el instituto adquirió 17 mil 221 pesos de vino para un evento de la dirección de administración escolar, no obstante que dos meses antes, el 23 de mayo, había realizado una “compra anual de vino” por 11 mil 493 pesos.
La Sociedad Hipotecaria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gastó en 2007 casi 200 mil pesos en vinos y licores para su canasta navideña, luego de haber destinado 15 mil 600 pesos a pagar el vino tinto que ofreció en la clausura del programa de integración de equipos de trabajo, celebrado en octubre de ese año.
La Secretaría de Energía, a través del Instituto de Investigaciones Eléctricas, gastó 12 mil 935 pesos en dos pedidos de alcohol, uno de vino blanco XA Blanc de Blancs de la casa Pedro Domecq, por 6 mil 500 pesos, y otro en 2008 de tequila Herradura reposado, que sumó 6 mil 435 pesos.
Talleres Gráficos de México gastó 15 mil 141 pesos en dos adquisiciones de vino blanco en 2008; la información del POT sólo refiere que se trató de “vino blanco de 4 litros” y no especifica para qué fueron empleados.
Recursos gastados en bebidas alcohólicas durante la administración calderonista
Dependencia Monto (pesos)
Petróleos Mexicanos 934,477
Presidencia 685,837
Secretaría de Relaciones Exteriores 417,488
Banco Nacional de Comercio Exterior 363,402
Secretaría de Gobernación 296,216
Instituto Mexicano de Cinematrografía 278,155
Fondo de Cultura Económica 245,644
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 226,600
Sociedad Hipotecaria Federal 204,911
Secretaría de la Función Pública 130,306
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 51,142
Talleres Gráficos de México 15,141
Secretaría de Energía 12,935
Instituto Nacional de Bellas Artes 4,826
Total 3,867,081
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Contralínea
18 Abril 2010
Tan sólo 14 entidades del gobierno federal –incluida la Presidencia de la República– gastaron casi 4 millones de pesos en bebidas alcohólicas desde que Calderón asumió la titularidad del Poder Ejecutivo. Las dependencias argumentan que “es necesario organizar eventos sociales”; sin embargo, en muchos casos la compra fue hecha a petición expresa de un funcionario; en otros, nunca se justificó el motivo de la adquisición. Ante las lagunas en la ley, la compra de alcohol queda en “un asunto de ética”, señala especialista en gasto público.
Mientras el gobierno federal apela –al menos en el discurso– a la austeridad en la administración pública, diversas dependencias del Estado han gastado conjuntamente 3 millones 867 mil 81 pesos en bebidas alcohólicas en un trienio. La Presidencia de la República; las secretarías de Gobernación (Segob), Función Pública (SFP) y Relaciones Exteriores (SRE); así como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) figuran entre las entidades públicas que sufragan el consumo de vino, tequila, coñac, whisky, licores y cerveza con recursos del erario.
En la mayoría de los casos, las adquisiciones de alcohol se han justificado con la realización de eventos sociales; en otros, sin embargo, la compra de alcohol se ha realizado a petición de las oficinas de los secretarios de Estado.
Es el caso de la Segob, que el 21 de agosto de 2007 gastó 2 mil 560 pesos en dos botellas de tequila Don Julio y una más de coñac Martell XO. La factura 53747, expedida por la vinatería La Europea México, SA de CV, cuya copia posee Contralínea, especifica que se trata de “vino requerido para el comedor del C. Secretario”.
La misma leyenda se advierte en otras dos facturas, correspondientes al 29 de julio y 22 de agosto de 2008, cuando Francisco Ramírez Acuña había sido sustituido por Juan Camilo Mouriño Terrazo al frente de Gobernación. La factura 60425 ampara la compra de una docena de botellas de vino tinto Casa Madero de cepa Cabernet Sauvignon, dos de rompope Santa Clara y una de ron Bacardi Blanco, por las que se pagaron 2 mil 317 pesos; la otra factura, con folio 60860, no especifica los productos que la dependencia adquirió y por los que pagó 3 mil 63 pesos.
La SFP también se allegó bebidas alcohólicas a solicitud expresa de la oficina de su titular, Salvador Vega Casillas. El 8 de agosto de 2008, requirió la compra de docenas de botellas de vino tinto Casa Grande, Casa Madero, Chateau Domecq y Viña Pedrosa, por un monto de 25 mil 426 pesos. En el pedido de compra 212/2008 se lee la razón de la adquisición: “Insumos necesarios para la oficina del C. Secretario”.
Justo un año antes, en agosto de 2007, se habían hecho dos solicitudes similares, pero en tales ocasiones la compra de tres docenas de botellas de vino tinto fue pedida “para atención del décimo piso”, aludiendo al sitio donde despacha Vega Casillas.
El 19 de octubre siguiente, la dependencia encargada de fiscalizar y mejorar la gestión de la administración pública se procuró casi 3 mil 500 pesos en bebidas embriagantes, como vino tinto Chateau Domecq, whisky Buchanan’s, tequila Herradura, brandi Torres 10 y ron Bacardi Blanco y Appleton. El motivo de la compra fue “la atención del C. Secretario”, como consta en la factura 12795 de Bodegas El Celler, SA de CV.
Compra de alcohol prevista en la ley
El diputado Marcos Pérez Esquer, secretario de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, justifica que el gobierno compre bebidas alcohólicas con recursos del erario “solamente en una situación muy excepcional, como un evento social”, pero señala que más allá de eso, “sería indebido”.
Cuestionado respecto de la prudencia de estas erogaciones en un contexto de supuesta austeridad, el legislador panista minimiza su importancia al señalar que “no es un gasto relevante, prácticamente no existe”.
En opinión de la doctora Violeta Rodríguez del Villar, especialista en estudios hacendarios y del sector público, lo que se gasta en alcohol es poco respecto de todo el presupuesto que administran las dependencias de gobierno, pero “si consideramos que se divide en pocos puestos, puede llegar a ser muy alto por persona”.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México explica que es muy difícil detectar que este tipo de gastos se efectúan, debido a que la legislación del presupuesto no se hace a un nivel de desagregación tan detallado, lo que da “un amplio margen para que exista despilfarro”.
Función Pública señala que la compra de bebidas alcohólicas por parte de entidades de la administración pública se hace con base en lo estipulado en el Clasificador por Objeto de Gasto, que en su concepto 2200 se refiere a los productos alimenticios, y dentro de éste, a la partida 2204, destinada a la adquisición de “todo tipo de alimentos y bebidas” para los servidores públicos cuando se requiera su permanencia en las instalaciones de sus respectivas dependencias.
Asimismo, se consideran las partidas presupuestales 3800 (servicios oficiales), 3801 (gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal) y 3802 (gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades). En ningún caso se detalla qué tipo de bebidas se pueden adquirir o si existen restricciones en función de su costo o de la pertinencia de su compra.
Las solicitudes de compra hechas por Función Pública, a las que Contralínea tuvo acceso, muestran que la mayoría correspondió a peticiones del comedor institucional. Se trata de requisiciones de rompope y vino tinto principalmente, pero también de ron y licores, todas adjudicadas a la partida 2204. Al amparo de dicha partida también se pagó el alcohol de diversos eventos sociales, como la inauguración de la Sexta Exposición Artística de Servidores Públicos, celebrada el 12 de noviembre de 2008 y para la cual se requirieron 24 botellas de vino con un costo total de 5 mil 778 pesos.
Sólo dos solicitudes de compra de la SFP se justificaron en una partida distinta a la 2204. Una correspondió a la adquisición de seis botellas de vino blanco Monte Xanic, por un monto de 1 mil 330 pesos, para un evento social del 19 de junio de 2007. La compra fue hecha con apego a la partida 2203, que cubre los alimentos y bebidas de los servidores públicos en actividades de supervisión, inspección o labores de campo.
La otra requisición se hizo el 6 de agosto del año pasado para la V Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en las Américas, evento para el que se pidió fueran despachadas dos docenas de vino blanco y dos más de tinto. Las bebidas, cuya compra se consideró “fundamental”, se ofrecerían en el coctel del evento, una vez que los participantes hubieran discutido estrategias para “mejorar las prácticas de compra gubernamentales”. La solicitud se amparó en la partida 3804, que cubre el costo de servicios integrales contratados para la celebración de congresos y convenciones; sin embargo, con la información proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, no se pudo constatar que la adquisición se haya realizado.
Relaciones Exteriores señaló que sus erogaciones en bebidas alcohólicas se clasifican en la partida 3803, que cubre la celebración de actos conmemorativos y de orden social, como desfiles y ceremonias patrióticas y oficiales. El monto gastado por la Secretaría asciende a 417 mil 488 pesos, siendo el vino tinto Marqués de Riscal la bebida más recurrente en sus eventos.
Gastos en la Presidencia
La Presidencia de la República atribuye sus gastos en bebidas alcohólicas a la partida 2201, que se refiere a productos alimenticios y bebidas para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública, como consta en las facturas de compra, de las que Contralínea tiene copia.
De enero de 2007 a noviembre del año pasado, la oficina de la Presidencia desembolsó 685 mil 837 pesos en alcohol. El producto más socorrido fue el tequila, del que se adquirieron 999 botellas de las marcas Don Julio y José Cuervo Reserva de la Familia, cuyo costo es de 865 pesos por botella.
La Presidencia también compró 516 botellas de vino tinto, 269 de whisky, 147 de licores, 130 de ron, 83 de vino blanco, 60 de brandi, 48 de coñac, 44 de vino oporto y 19 de vodka.
El 2 de enero de 2007, un mes después de que Felipe Calderón Hinojosa tomara posesión de la Presidencia de la República, la dependencia adquirió 3 mil 862 pesos en bebidas alcohólicas. En total fueron 16 botellas, entre licor de café Baileys, vino oporto Ferreira Tawny, whisky Chivas Regal y Johnnie Walker Etiqueta Negra, vino blanco L.A. Cetto Fumé Blanc y una botella de tequila José Cuervo Reserva de la Familia. Ese mismo día, Calderón Hinojosa dio un mensaje al gabinete de seguridad en la residencia oficial de Los Pinos.
El 10 de febrero de 2007 se ofreció un desayuno para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, evento al que asistieron el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina. Ese día, la Presidencia compró seis botellas de tequila Arette reposado y dos más de Arette blanco, tres botellas de tequila José Cuervo, dos de ron Bacardi, dos de licor Baileys, dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra, una botella de coñac Hennessy Privilege VSOP y otra Hennessy XO, cuyo costo rebasó los 1 mil 700 pesos. La cuenta de ese día sumó 6 mil 580 pesos.
El martes 24 de junio de 2008, mientras Calderón Hinojosa se encontraba de gira por Campeche y Quintana Roo, la Presidencia solicitó la compra de 28 botellas de vino tinto, incluyendo una docena de la marca Santo Tomás Único, con un precio de 510 pesos cada una. También se pidieron 16 botellas de tequila Maestro Tequilero, en sus presentaciones blanco, añejo y reposado; cinco botellas de licor de café Baileys, tres de ron Bacardi Carta Blanca, dos de vodka Absolut y dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra.
El gasto fue de 17 mil 611 pesos, el mayor de los que ha realizado la Presidencia para adquirir alcohol en un solo día; la cifra rebasa por mucho al gasto realizado el día de la visita del presidente estadunidense Barack Obama a la residencia oficial de Los Pinos, cuando se destinaron 6 mil 880 pesos a la compra de nueve botellas de tequila Maestro Tequilero y dos de la marca 1800, junto con seis botellas de whisky Buchanan’s 12 años y Chivas Regal, dos de vodka Absolut Azul, una de ron Bacardi Blanco y una más de Licor 43.
Sin “ética en el servicio público”
Rodríguez del Villar apunta que hay una “dificultad intrínseca” para dar seguimiento a este tipo de gastos, debido a que es muy complicado llevar el presupuesto a un nivel de desagregación tan grande. No obstante, la doctora en economía reflexiona que en el marco de déficit presupuestario en que opera el gobierno federal “quizás sí convendría hacer todavía más limitados ciertos tipos de gastos”.
La investigadora considera que legislar sobre el tema podría devenir en controversia, pues se plantearía un problema jurídico respecto de por qué fiscalizar estos bienes y no otros. “Se vuelve una cuestión de opinión, pero también es un asunto de ética”, considera.
“No hay una ética del servicio público para evitar que los servidores públicos gasten no nada más en bebidas alcohólicas, sino en cualquier gasto superfluo, bajo la conciencia de que el presupuesto tiene que destinarse al beneficio común”, concluye Rodríguez del Villar.
Entre 2007 y 2009, el corporativo de Pemex gastó 934 mil 477 pesos en la compra de alcohol. Tan sólo el 3 de diciembre de 2007, en la víspera de las fiestas de fin de año, la paraestatal adquirió vinos argentinos, españoles y franceses, así como ron de caña y la bebida española Licor 43, por los que pagó 603 mil 97 pesos, de acuerdo con los datos disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). La información, sin embargo, no especifica el destino de las compras ni la cantidad de cada producto adquirido.
El FCE, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, desembolsó 245 mil 644 pesos en el mismo fin, indica el POT. La editorial del Estado mexicano justificó la erogación de 58 mil 500 pesos en bebidas alcohólicas para la celebración de sus aniversarios de 2008 y 2009, a los que se suman importes de 16 mil 473 pesos para una reunión de comités editoriales en 2007, 11 mil 25 pesos para celebrar su fiesta de fin de año en 2009 y 8 mil 190 pesos más con motivo de una venta nocturna en las librerías del Fondo de Cultura Económica.
Dos instituciones de la banca de desarrollo del país también figuran entre las entidades que destinaron recursos públicos a la compra de alcohol. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos gastó 226 mil 600 pesos en bebidas embriagantes para las comidas de fin de año de su personal, siendo 2009 el año en que más recursos destinó: 113 mil pesos en tequila y brandi, sumados a 19 mil 872 pesos en vino tinto y blanco.
El Banco Nacional de Comercio Exterior adquirió botellas de tequila de las marcas Tradicional y Gran Centenario Azul, por 203 mil 484 pesos, además de que gastó 11 mil 395 pesos en dicha bebida para “integrar a la canasta navideña 2007” y otros 148 mil 522 pesos para el arcón de 2008.
En el ámbito de la cultura, el Instituto Mexicano de Cinematografía pagó 278 mil 155 pesos por vino para sus diferentes eventos, sin que en el POT se precisen cuáles fueron éstos ni qué tipo de bebidas se ofrecieron. El Instituto Nacional de Bellas Artes compró vinos y cerveza para la apertura de la temporada Otoño 2007. La cuenta fue de 4 mil 826 pesos.
Diversas instancias del Conacyt también sufragaron la compra de alcohol con recursos del erario. En 2007, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo adquirió 25 cartones de cerveza para un “evento de aniversario”, por 2 mil 375 pesos. En alcohol para “congresos y convenciones” realizados durante 2009, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados erogó 3 mil 942 pesos. El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica gastó 8 mil 639 pesos en vino alemán Blue Nun, cuyo costo por botella ronda los 115 pesos.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas pagó 36 mil 187 pesos en vino para eventos de su dirección. De acuerdo con el contrato PE-180/07, el 17 de julio de 2007 el instituto adquirió 17 mil 221 pesos de vino para un evento de la dirección de administración escolar, no obstante que dos meses antes, el 23 de mayo, había realizado una “compra anual de vino” por 11 mil 493 pesos.
La Sociedad Hipotecaria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gastó en 2007 casi 200 mil pesos en vinos y licores para su canasta navideña, luego de haber destinado 15 mil 600 pesos a pagar el vino tinto que ofreció en la clausura del programa de integración de equipos de trabajo, celebrado en octubre de ese año.
La Secretaría de Energía, a través del Instituto de Investigaciones Eléctricas, gastó 12 mil 935 pesos en dos pedidos de alcohol, uno de vino blanco XA Blanc de Blancs de la casa Pedro Domecq, por 6 mil 500 pesos, y otro en 2008 de tequila Herradura reposado, que sumó 6 mil 435 pesos.
Talleres Gráficos de México gastó 15 mil 141 pesos en dos adquisiciones de vino blanco en 2008; la información del POT sólo refiere que se trató de “vino blanco de 4 litros” y no especifica para qué fueron empleados.
Recursos gastados en bebidas alcohólicas durante la administración calderonista
Dependencia Monto (pesos)
Petróleos Mexicanos 934,477
Presidencia 685,837
Secretaría de Relaciones Exteriores 417,488
Banco Nacional de Comercio Exterior 363,402
Secretaría de Gobernación 296,216
Instituto Mexicano de Cinematrografía 278,155
Fondo de Cultura Económica 245,644
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 226,600
Sociedad Hipotecaria Federal 204,911
Secretaría de la Función Pública 130,306
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 51,142
Talleres Gráficos de México 15,141
Secretaría de Energía 12,935
Instituto Nacional de Bellas Artes 4,826
Total 3,867,081
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Rosario Ibarra
Agencia Latinoamericana de Información
América Latina en Movimiento
19 de Abril del 2010
Este domingo se cumplieron 35 años de que mi hijo, Jesús Piedra Ibarra, fuera detenido y desaparecido por agentes de la Judicial de Nuevo León y de la Federal de Seguridad.
El 18 de abril de 1975 en una céntrica esquina de la ciudad de Monterrey, Jesús Piedra fue capturado y en vez de ser presentado ante autoridad responsable, se inició el tenebroso, ilegal e inhumano camino de la desaparición forzada de personas, mecanismo represivo extendido en forma masiva durante el sexenio de Luis Echeverría, pero continuado hasta la fecha con altibajos. Encontré el oficio donde se comunicaba a Mario Moya Palencia y a Fernando Gutiérrez Barrios la noticia de la detención de Jesús Piedra. Supe de la orden recibida en Monterrey de que Jesús fuera trasladado a la Ciudad de México. Supe cómo previamente fue llevado a un rancho cercano a Monterrey donde fue torturado e interrogado, ya con la presencia de Nazar Haro, Luis de la Barreda y otros conocidos agentes y torturadores. Supe entonces que fue traido al Campo Militar No. 1 y encerrado en el “Metro” la zona subterránea donde se arrojaba a los desaparecidos políticos. Por medio del testimonio de desaparecidos que recuperaron su libertad, supe de su encierro con vida ahí.
Desde entonces no he cesado en la exigencia de su libertad y su búsqueda. Del esfuerzo individual, personal y familiar, en el camino pasé al esfuerzo colectivo, a la organización, al encontrarme a más familiares, especialmente madres, de otros desaparecidos. Nuestra lucha pasó de la búsqueda de nuestros hijos a la lucha por la libertad de todos, convirtiéndose todos en hijos de todas nosotras. Pasar de la lucha por la presentación de nuestro hijo a la lucha por la libertad de todos los desaparecidos políticos, a la libertad de los presos políticos de un sistema que pese a cambios gubernamentales mantiene las heredadas prácticas ilegales e inhumanas de represión y persecusión políticas. Por eso nuestra lucha se amplía en el reclamo contra la represión y por el respeto a los derechos humanos. En este salto de conciencia de lo individual a la organización colectiva hace 33 años dimos el paso de conformar el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, que con el paso del tiempo -y con los primeros resultados de nuestra lucha- se conocería como el Comité ¡Eureka!
¡Eureka! Porque he encontrado! Porque en este doloroso camino nos hemos encontrado las madres y familiares para darnos fuerza y razón en nuestro reclamo. Porque hemos encontrado la solidaridad creciente de cada vez más voces de diferentes ámbitos sociales. Porque hemos encontrado cada vez más sectores que toman la causa de los derechos humanos como propia, aun cuando en la hipocresía típica de un sistema como el que padecemos, para algunos se haya convertido en un cómodo lema a utilizarse como “políticamente correcto”, simplemente como tema de estudio y análisis queriendo convertirnos en meros objetos de estudio y no en sujetos demandando justicia. Pero sobre todo porque hemos encontrado a 148 de nuestros hijos y familiares desaparecidos. Los hemos recuperado a lo largo de estos años de lucha. Se ha comprobado que son ciertos los casos por nosotras denunciados, se ha comprobado que el crimen de desaparición forzada es otro, terrible y diferente crimen no idéntico al asesinato político, porque como lo hemos gritado “vivos los llevaron, vivos los queremos” y por tanto es un crimen, un delito, que no prescribe y para el cual no hay una “reparación al daño” por medio del insultante pago en dinero al que quisieran orillarnos y comprarnos, sino lo que hemos exigido siempre: justicia!
Continuamos en la lucha porque no hemos conocido la justicia y porque la represión y violaciones a los derechos humanos continúan. Y obviamente hay una relación entre una cosa y otra. Si no se hace justicia en relación a los 557 desaparecidos durante los gobiernos del PRI, si se mantiene la impunidad en relación a esos crímenes cometidos por conocidos gobernantes, policías y funcionarios claramente identificados y ubicables, el mensaje que se ha dado, la herencia que se deja, incluso para los que demagógicamente hablaban del “cambio” es que en eso no hay cambio.
Es precisamente en este terreno donde el país ha llegado a una situación crítica. El gobierno instalado desde 2006 producto de un fraude electoral, sin apoyo social, sin legitimidad, recurrió desde el principio a la fuerza militar para imponerse y a la declaratoria de una “guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada” en una maniobra publicitaria que hiciera olvidar su instalación ilegítima para lograr “la unidad nacional” frente a un “enemigo común”. Hacerlo así, le permitió instalar lo que se ha convertido en la fuente principal de los atropellos y violaciones a derechos humanos que es la militarización del país. Adicionalmente al hecho de que como guerra al narcotráfico está perdida, no solamente por la infiltración y corrupción que el narcotráfico ha logrado en el propio aparato estatal, sino porque seguramente se requiere una estrategia no basada en la represión para enfrentar ese gran negocio y que, probablemente como dicen algunos, pase por la legalización de ciertas drogas. El hecho es que con el pretexto de esa guerra se ha abierto paso a un régimen cada vez más autoritario, policiaco, represivo y violatorio de derechos humanos, que abre el camino a prácticas de “limpieza social” y de criminalización de la protesta ciudadana..
La mayoría de las “acciones de guerra” notables no son en realidad enfrentamientos con el “crimen organizado”, sino ejecuciones. Por eso el desvergonzado argumento de los “daños colaterales” de esta guerra es falso. No son daños colaterales, fuego cruzado de un enfrentamiento entre militares y delincuentes lo que estamos viendo, sino asesinatos a mansalva, ejecuciones. El caso más reciente, de estos días en que semana a semana vemos nuevas barbaridades es lo ocurrido en Anáhuac, Nuevo León. No hay fuego cruzado, no hay enfrentamiento, una familia fue acribillada y una mujer que después del tiroteo se acera a pedir ayuda, fue asesinada. Y ése es la culminación de muchos casos similares, de jóvenes asesinados en una fiesta, de jóvenes fusilados en centros de readapatación, de estudiantes asesinados que son presentados como pandilleros o como delincuentes muertos en el enfrentamiento cuando en realidad están saliendo de instalaciones escolares. Y estos crímenes tienen elementos en común: dirigidos contra jóvenes o gente pobre. A los voceros oficiales les conviene pues para ellos se va ganando la guerra cuando se informa de un número creciente de muertos. Como si los muertos fueran delincuentes y como si estuviera justificado, aunque fueran delincuentes, matarlos. Pero se trata de acostumbrar a la opinión pública a la presencia militar, incluso de que la gente exija más mano dura o hasta “cascos azules”, inhibir la protesta y la falta de solidaridad cuando al conocerse la noticia de otro asesinato introducir la sospecha de “quién sabe en qué andaría”.
Y al mismo tiempo el regreso ampliado de la práctica de la desaparición forzada de personas. Ahora no solamente contra militantes políticos, que sigue ocurriendo como es el caso de los desaparecidos del EPR. También se ha extendido contra sectores más amplios de la población civil. Encubierto ahora con el mote de que se trata de “levantones” a cargo del crimen organizado. Falso. La mayoría de esos “levantones” son realizados por uniformados y en realidad son desapariciones forzadas. Tampoco es cierto que la mayoría de esas desapariciones sea de personas ligadas al narcotráfico. Tengo testimonios de muchas víctimas inocentes no solamente de Ciudad Juárez, de estados como Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León en una plaga que se extiende gravemente.
El gobierno dice que las muertes civiles son el menor de los casos, víctimas de los “daños colaterales” y otra voces dicen que hay que regular la actuación de los militares para que no cometan “errores”. Lo que está ocurriendo no son “errores humanos” de algunos militares. Es una política implementada desde el inicio del sexenio por la debilidad de un gobierno sin legitimidad y ahora asesorada y apoyada por las agencias norteamericanas. No hay soluciones intermedias. El ejército debe regresar a los cuarteles. Las violaciones a derechos humanos cometidas por la ilegal decisión de sacarlo a la calle a labores policiacas y a esta “guerra” deben ser sancionadas, hacerse justicia a tantísimas víctimas.
La otra cara de la moneda que muestra la continuidad represiva en este sistema es la criminalización de la protesta social. A nuestro histórico grito por la libertad de los presos políticos estos gobiernos quieren responder de que en México no hay presos políticos porque mañosamente les imponen cargos y delitos inventados. Para nosotros tratándose de activistas y militantes de movimientos sociales y de oposición que son encarcelados acusándoles de crímenes diversos, se trata sin embargo de presos políticos. Este camino lo iniciaron con los presos de Atenco al acusarles de privación ilegal de la libertad lo que ha permitido que Nacho del Valle y sus compañeros estén sentenciados a más de 100 años de cárcel, una sentencia que jamás ha recibido algún real secuestrador. Lo hicieron también con las indígenas presas en Querétaro acusadas de secuestrar a agentes de la AFI. Lo están haciendo en el proceso contra Sara López y sus compañeros presos en Campeche que se oponen a las altas tarifas de la luz de la CFE y que también son acusados de secuestro. Hace unos días lo han vuelto a hacer con compañeros de Oaxaca que también son parte del Movimiento de Resistencia contra las tarifas de la luz de la CFE.
Estas formas de criminalización las extienden en la represión a movimientos sociales que se oponen a los planes privatizadores y neoliberales del gobierno. Ahora hablan, para desconocer la heroica huelga de más de dos años de los mineros de Cananea (paralela a la de Taxco y Sombrerete), a causas de “fuerza mayor” y a daños en las instalaciones imputables a los trabajadores, así como quisieran extender el argumento para justificar la injustificable liquidación de la Compañía de luz y Fuerza del Centro y el despido de más de 40 mil trabajadores afiliados al SME.
Es por lo anterior que no confiamos en gestos y declaraciones parciales como las recientes reformas constitucionales sobre derechos humanos. Por supuesto que es un éxito el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución y el valor otorgado a los acuerdos internacionales en esta materia, pero se olvida que al mismo tiempo varios de esos derechos han venido siendo vulnerados con otras reformas previamente aprobadas, como las de la llamada reforma judicial que incluyen la práctica del arraigo a la que nos opusimos en su momento y que día con día se convierte en una plaga. Recuerdo que les advertí a legisladores de varios partidos que estaban aprobando instrumentos persecutorios y violatorios de derechos, unos cuantos meses antes de que, por ejemplo, presidentes municipales de todos esos partidos fueran acusados arbitrariamente y arraigados durante semanas alrededor de las elecciones del 2009 para salir después casi sin el “usted disculpe”. La reforma actual quita la discrecionalidad al Ejecutivo en cuanto al artículo 33, pero mantiene incólume el fuero militar que sirve todos los días para solapar las violaciones cometidas bajo la militarización del país. La reforma pone condiciones a la declaratoria de suspensión de garantías por parte del Ejecutivo, pero en la práctica se mantiene la militarización del país que ya en varias regiones es prácticamente la instalación de un estado de excepción”.
El sombrío panorama que tenemos enfrente es el que 35 años después nos obliga a continuar la lucha, pero no nos ensombrece, no nos quita la alegría de vida ni nos sume en el pesimismo. Somos optimistas porque nuestro reclamo crece en la sociedad, porque crecen los movimientos sociales de resistencia y lucha, pese a las adversas condiciones, porque nuevas generaciones de activistas y luchadores se incorporan y nos sustituyen, especialmente a las que el fin de su ciclo vital las llevó orgullosas de haber cumplido su deber como madres aunque insatisfechas por no haber alcanzado la justicia. Sabemos que así como logramos, después de nuestra huelga de hambre en 1978, una ley de amnistía, así como logramos la libertad de tantos presos y desaparecidos, la persistencia, la continuidad en la lucha, la insistencia en la unidad, la insistencia en que los movimientos sociales, todos, deben incluir en su programa también el respeto a los derechos humanos, la libertad de presos y desaparecidos y contra la represión, sabemos que tarde o temprano lograremos la justicia.
En otras latitudes pensaron que los acuerdos entre partidos con el régimen violador de derechos humanos, sacrificando a los derechos humanos y la justicia ante la represión, en aras de la “transición democrática”, aprobando amnistías “para ambos lados”, leyes “del perdón, del olvido o del punto final”, después de años están haciendo crisis y el reclamo de justicia vuelve a abrirse paso. El pasado se hace presente, nuevamente. No importa cuántos años pasen.
Por eso tenemos confianza en la lucha, no desmayamos, no claudicamos y no conciliamos.
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Agencia Latinoamericana de Información
América Latina en Movimiento
19 de Abril del 2010
Este domingo se cumplieron 35 años de que mi hijo, Jesús Piedra Ibarra, fuera detenido y desaparecido por agentes de la Judicial de Nuevo León y de la Federal de Seguridad.
El 18 de abril de 1975 en una céntrica esquina de la ciudad de Monterrey, Jesús Piedra fue capturado y en vez de ser presentado ante autoridad responsable, se inició el tenebroso, ilegal e inhumano camino de la desaparición forzada de personas, mecanismo represivo extendido en forma masiva durante el sexenio de Luis Echeverría, pero continuado hasta la fecha con altibajos. Encontré el oficio donde se comunicaba a Mario Moya Palencia y a Fernando Gutiérrez Barrios la noticia de la detención de Jesús Piedra. Supe de la orden recibida en Monterrey de que Jesús fuera trasladado a la Ciudad de México. Supe cómo previamente fue llevado a un rancho cercano a Monterrey donde fue torturado e interrogado, ya con la presencia de Nazar Haro, Luis de la Barreda y otros conocidos agentes y torturadores. Supe entonces que fue traido al Campo Militar No. 1 y encerrado en el “Metro” la zona subterránea donde se arrojaba a los desaparecidos políticos. Por medio del testimonio de desaparecidos que recuperaron su libertad, supe de su encierro con vida ahí.
Desde entonces no he cesado en la exigencia de su libertad y su búsqueda. Del esfuerzo individual, personal y familiar, en el camino pasé al esfuerzo colectivo, a la organización, al encontrarme a más familiares, especialmente madres, de otros desaparecidos. Nuestra lucha pasó de la búsqueda de nuestros hijos a la lucha por la libertad de todos, convirtiéndose todos en hijos de todas nosotras. Pasar de la lucha por la presentación de nuestro hijo a la lucha por la libertad de todos los desaparecidos políticos, a la libertad de los presos políticos de un sistema que pese a cambios gubernamentales mantiene las heredadas prácticas ilegales e inhumanas de represión y persecusión políticas. Por eso nuestra lucha se amplía en el reclamo contra la represión y por el respeto a los derechos humanos. En este salto de conciencia de lo individual a la organización colectiva hace 33 años dimos el paso de conformar el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, que con el paso del tiempo -y con los primeros resultados de nuestra lucha- se conocería como el Comité ¡Eureka!
¡Eureka! Porque he encontrado! Porque en este doloroso camino nos hemos encontrado las madres y familiares para darnos fuerza y razón en nuestro reclamo. Porque hemos encontrado la solidaridad creciente de cada vez más voces de diferentes ámbitos sociales. Porque hemos encontrado cada vez más sectores que toman la causa de los derechos humanos como propia, aun cuando en la hipocresía típica de un sistema como el que padecemos, para algunos se haya convertido en un cómodo lema a utilizarse como “políticamente correcto”, simplemente como tema de estudio y análisis queriendo convertirnos en meros objetos de estudio y no en sujetos demandando justicia. Pero sobre todo porque hemos encontrado a 148 de nuestros hijos y familiares desaparecidos. Los hemos recuperado a lo largo de estos años de lucha. Se ha comprobado que son ciertos los casos por nosotras denunciados, se ha comprobado que el crimen de desaparición forzada es otro, terrible y diferente crimen no idéntico al asesinato político, porque como lo hemos gritado “vivos los llevaron, vivos los queremos” y por tanto es un crimen, un delito, que no prescribe y para el cual no hay una “reparación al daño” por medio del insultante pago en dinero al que quisieran orillarnos y comprarnos, sino lo que hemos exigido siempre: justicia!
Continuamos en la lucha porque no hemos conocido la justicia y porque la represión y violaciones a los derechos humanos continúan. Y obviamente hay una relación entre una cosa y otra. Si no se hace justicia en relación a los 557 desaparecidos durante los gobiernos del PRI, si se mantiene la impunidad en relación a esos crímenes cometidos por conocidos gobernantes, policías y funcionarios claramente identificados y ubicables, el mensaje que se ha dado, la herencia que se deja, incluso para los que demagógicamente hablaban del “cambio” es que en eso no hay cambio.
Es precisamente en este terreno donde el país ha llegado a una situación crítica. El gobierno instalado desde 2006 producto de un fraude electoral, sin apoyo social, sin legitimidad, recurrió desde el principio a la fuerza militar para imponerse y a la declaratoria de una “guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada” en una maniobra publicitaria que hiciera olvidar su instalación ilegítima para lograr “la unidad nacional” frente a un “enemigo común”. Hacerlo así, le permitió instalar lo que se ha convertido en la fuente principal de los atropellos y violaciones a derechos humanos que es la militarización del país. Adicionalmente al hecho de que como guerra al narcotráfico está perdida, no solamente por la infiltración y corrupción que el narcotráfico ha logrado en el propio aparato estatal, sino porque seguramente se requiere una estrategia no basada en la represión para enfrentar ese gran negocio y que, probablemente como dicen algunos, pase por la legalización de ciertas drogas. El hecho es que con el pretexto de esa guerra se ha abierto paso a un régimen cada vez más autoritario, policiaco, represivo y violatorio de derechos humanos, que abre el camino a prácticas de “limpieza social” y de criminalización de la protesta ciudadana..
La mayoría de las “acciones de guerra” notables no son en realidad enfrentamientos con el “crimen organizado”, sino ejecuciones. Por eso el desvergonzado argumento de los “daños colaterales” de esta guerra es falso. No son daños colaterales, fuego cruzado de un enfrentamiento entre militares y delincuentes lo que estamos viendo, sino asesinatos a mansalva, ejecuciones. El caso más reciente, de estos días en que semana a semana vemos nuevas barbaridades es lo ocurrido en Anáhuac, Nuevo León. No hay fuego cruzado, no hay enfrentamiento, una familia fue acribillada y una mujer que después del tiroteo se acera a pedir ayuda, fue asesinada. Y ése es la culminación de muchos casos similares, de jóvenes asesinados en una fiesta, de jóvenes fusilados en centros de readapatación, de estudiantes asesinados que son presentados como pandilleros o como delincuentes muertos en el enfrentamiento cuando en realidad están saliendo de instalaciones escolares. Y estos crímenes tienen elementos en común: dirigidos contra jóvenes o gente pobre. A los voceros oficiales les conviene pues para ellos se va ganando la guerra cuando se informa de un número creciente de muertos. Como si los muertos fueran delincuentes y como si estuviera justificado, aunque fueran delincuentes, matarlos. Pero se trata de acostumbrar a la opinión pública a la presencia militar, incluso de que la gente exija más mano dura o hasta “cascos azules”, inhibir la protesta y la falta de solidaridad cuando al conocerse la noticia de otro asesinato introducir la sospecha de “quién sabe en qué andaría”.
Y al mismo tiempo el regreso ampliado de la práctica de la desaparición forzada de personas. Ahora no solamente contra militantes políticos, que sigue ocurriendo como es el caso de los desaparecidos del EPR. También se ha extendido contra sectores más amplios de la población civil. Encubierto ahora con el mote de que se trata de “levantones” a cargo del crimen organizado. Falso. La mayoría de esos “levantones” son realizados por uniformados y en realidad son desapariciones forzadas. Tampoco es cierto que la mayoría de esas desapariciones sea de personas ligadas al narcotráfico. Tengo testimonios de muchas víctimas inocentes no solamente de Ciudad Juárez, de estados como Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León en una plaga que se extiende gravemente.
El gobierno dice que las muertes civiles son el menor de los casos, víctimas de los “daños colaterales” y otra voces dicen que hay que regular la actuación de los militares para que no cometan “errores”. Lo que está ocurriendo no son “errores humanos” de algunos militares. Es una política implementada desde el inicio del sexenio por la debilidad de un gobierno sin legitimidad y ahora asesorada y apoyada por las agencias norteamericanas. No hay soluciones intermedias. El ejército debe regresar a los cuarteles. Las violaciones a derechos humanos cometidas por la ilegal decisión de sacarlo a la calle a labores policiacas y a esta “guerra” deben ser sancionadas, hacerse justicia a tantísimas víctimas.
La otra cara de la moneda que muestra la continuidad represiva en este sistema es la criminalización de la protesta social. A nuestro histórico grito por la libertad de los presos políticos estos gobiernos quieren responder de que en México no hay presos políticos porque mañosamente les imponen cargos y delitos inventados. Para nosotros tratándose de activistas y militantes de movimientos sociales y de oposición que son encarcelados acusándoles de crímenes diversos, se trata sin embargo de presos políticos. Este camino lo iniciaron con los presos de Atenco al acusarles de privación ilegal de la libertad lo que ha permitido que Nacho del Valle y sus compañeros estén sentenciados a más de 100 años de cárcel, una sentencia que jamás ha recibido algún real secuestrador. Lo hicieron también con las indígenas presas en Querétaro acusadas de secuestrar a agentes de la AFI. Lo están haciendo en el proceso contra Sara López y sus compañeros presos en Campeche que se oponen a las altas tarifas de la luz de la CFE y que también son acusados de secuestro. Hace unos días lo han vuelto a hacer con compañeros de Oaxaca que también son parte del Movimiento de Resistencia contra las tarifas de la luz de la CFE.
Estas formas de criminalización las extienden en la represión a movimientos sociales que se oponen a los planes privatizadores y neoliberales del gobierno. Ahora hablan, para desconocer la heroica huelga de más de dos años de los mineros de Cananea (paralela a la de Taxco y Sombrerete), a causas de “fuerza mayor” y a daños en las instalaciones imputables a los trabajadores, así como quisieran extender el argumento para justificar la injustificable liquidación de la Compañía de luz y Fuerza del Centro y el despido de más de 40 mil trabajadores afiliados al SME.
Es por lo anterior que no confiamos en gestos y declaraciones parciales como las recientes reformas constitucionales sobre derechos humanos. Por supuesto que es un éxito el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución y el valor otorgado a los acuerdos internacionales en esta materia, pero se olvida que al mismo tiempo varios de esos derechos han venido siendo vulnerados con otras reformas previamente aprobadas, como las de la llamada reforma judicial que incluyen la práctica del arraigo a la que nos opusimos en su momento y que día con día se convierte en una plaga. Recuerdo que les advertí a legisladores de varios partidos que estaban aprobando instrumentos persecutorios y violatorios de derechos, unos cuantos meses antes de que, por ejemplo, presidentes municipales de todos esos partidos fueran acusados arbitrariamente y arraigados durante semanas alrededor de las elecciones del 2009 para salir después casi sin el “usted disculpe”. La reforma actual quita la discrecionalidad al Ejecutivo en cuanto al artículo 33, pero mantiene incólume el fuero militar que sirve todos los días para solapar las violaciones cometidas bajo la militarización del país. La reforma pone condiciones a la declaratoria de suspensión de garantías por parte del Ejecutivo, pero en la práctica se mantiene la militarización del país que ya en varias regiones es prácticamente la instalación de un estado de excepción”.
El sombrío panorama que tenemos enfrente es el que 35 años después nos obliga a continuar la lucha, pero no nos ensombrece, no nos quita la alegría de vida ni nos sume en el pesimismo. Somos optimistas porque nuestro reclamo crece en la sociedad, porque crecen los movimientos sociales de resistencia y lucha, pese a las adversas condiciones, porque nuevas generaciones de activistas y luchadores se incorporan y nos sustituyen, especialmente a las que el fin de su ciclo vital las llevó orgullosas de haber cumplido su deber como madres aunque insatisfechas por no haber alcanzado la justicia. Sabemos que así como logramos, después de nuestra huelga de hambre en 1978, una ley de amnistía, así como logramos la libertad de tantos presos y desaparecidos, la persistencia, la continuidad en la lucha, la insistencia en la unidad, la insistencia en que los movimientos sociales, todos, deben incluir en su programa también el respeto a los derechos humanos, la libertad de presos y desaparecidos y contra la represión, sabemos que tarde o temprano lograremos la justicia.
En otras latitudes pensaron que los acuerdos entre partidos con el régimen violador de derechos humanos, sacrificando a los derechos humanos y la justicia ante la represión, en aras de la “transición democrática”, aprobando amnistías “para ambos lados”, leyes “del perdón, del olvido o del punto final”, después de años están haciendo crisis y el reclamo de justicia vuelve a abrirse paso. El pasado se hace presente, nuevamente. No importa cuántos años pasen.
Por eso tenemos confianza en la lucha, no desmayamos, no claudicamos y no conciliamos.
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Destrucción de lo social
Rafael Mendoza Castillo
El Cambio de Michoacán
Domingo 18 de Abril de 2010
La derecha en el poder, la oligarquía y sus aliados, las cúpulas partidarias, han venido trazando políticas que responden a sus propios intereses y coincidentes con los acuerdos del consenso de Washington, es decir, el amo imperial. Esas políticas privatizan lo público y producen desprotección y desigualdad en millones de mexicanos.
Cuando el poder de dominación y sus representantes hablan de modernizar al país se refieren al cumplimiento de las tendencias neoliberales como la simplificación y achicamiento del Estado, desmantelamiento de lo público, freno al salario, desregulación de todo aquello que impida la acumulación acelerada del capital, así como la nueva ley laboral propuesta por la derecha panista y la privatización de la seguridad social (IMSS, ISSSTE, jubilaciones, educación pública, etcétera).
Algo más grave que viene planteando la modernización neoliberal es la tendencia a la destrucción de las instituciones y de los espacios de intermediación entre los actores sociales y el Estado: sindicatos, organizaciones gremiales, partidos, universidades, medios de comunicación autónomos, movimientos sociales, identidades restringidas, etcétera.
Como bien dice Sergio Zermeño: “Nuestra globalización se ha caracterizado ante todo por una destrucción sistemática de los más destacados actores de la sociedad civil, ya se trate del empresariado de la etapa sustitutiva de importaciones, de las capas medias de asalariados públicos, del proletariado de los sectores intermedios, especialmente, de la burguesía mediana y pequeña y las estructuras sociales del medio campesino”.
Lo anterior, y la inclusión de los tratados internacionales como el TLC, son muestra clara de que estamos ante una política globalizadora que está disolviendo y fragmentando a lo social. Así vemos cómo la derecha panista golpea a las identidades colectivas, es decir, a los sindicatos independientes como el SME, Atenco, movimientos sociales como la APPO. Por otro lado, la derecha panista se alía, donde le conviene, con sindicatos corporativos y charros como el SNTE, para acelerar las políticas neoliberales en lo social y lo educativo (ACE).
De ese modo la democracia política que tanto se defiende no es más que democracia oligopólica para frenar la decisión de la voluntad popular y controlarla mediante la técnica de las elecciones. Esos procesos de planificación y administración tienen como objetivo mantener la sincronía de las estructuras y funciones del orden capitalista e incrementar la desigualdad social brutal entre pobres y ricos, poderosos y súbditos, gobernantes y gobernados, mestizos y el México profundo.
Las políticas globalizadoras no sólo desmantelan lo social, sino que también establecen una lucha en el campo de los conceptos y de los lenguajes con la finalidad de someter la rebeldía del pensamiento disruptivo, de erradicar todos aquellos conceptos que se instalan en el pensamiento crítico y sustituirlos por aquellos que responden mejor al orden de la conformidad, de la función y el sistema constituido. Por eso para los poderosos es mejor hablar de un Estado homogéneo que nos hace iguales ante la ley, pero en la realidad la desigualdad es brutal. Qué distinto es proponer un Estado plural que reconozca la diversidad cultural y ajeno a la uniformidad y al pensamiento único.
La política neoliberal le apuesta a la creación de un sujeto privado (competencias) uniformado, consumidor y alejado de las identidades colectivas, de las causas públicas, de la preocupación por los otros y de la participación colectiva. Si desaparece lo segundo entonces nos enfrentamos a la destrucción de un sujeto erguido capaz de desafiar al orden constituido. Los dos momentos son muestra clara de que lo social está sufriendo una metamorfosis muy peligrosa, tal que en pocos años tiende a la desaparición, por la vía de la fragmentación. Es importante pensar tal fenómeno a fin de buscar principios articuladores que eviten la desaparición de lo social. Lo que sí está claro es que la globalización destruye los lazos que cohesionaban al tejido social (costumbre, ley, institución, valores, etcétera).
Qué podemos colocar como principio para que construyamos identidades colectivas que vayan más allá de las identidades restringidas, como movimientos urbanos, derechos humanos, sindicatos, juventud, mujeres, partidos, etcétera. Algunos proponen como principio articulador un contrapoder que se constituya como una postura moral y un programa de reivindicaciones comunes a cada una de las identidades. Teniendo como idea central el combate y desaparición del actual orden capitalista neoliberal. Otros consideran que debemos recuperar la idea de hegemonía propuesta por Gramsci, entendida ésta como una reforma moral e intelectual que va más allá de la centralidad de la clase obrera, el partido, como una síntesis más elevada capaz de fundir todos los elementos clasistas como voluntad colectiva nacional-popular.
Ante la fragmentación, la desarticulación y la diversidad de sujetos históricos, es urgente que nos demos cuenta desde dónde estamos pensando la realidad de México, de Latinoamérica y del mundo. Revisitar conceptos (occidente, indio, blanco, raza, explotación, obrero, estado, legitimación, etcétera). Crear nuevos conceptos y resignificar otros, para enfrentar realidades nuevas y viejas. Porque puede suceder que estemos ante realidades nuevas con conceptos viejos. Pensar siempre que la realidad social se mueve más rápido que las representaciones y percepciones que tenemos en la cabeza, los libros o las teorías. Otro mundo es posible.
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El Cambio de Michoacán
Domingo 18 de Abril de 2010
La derecha en el poder, la oligarquía y sus aliados, las cúpulas partidarias, han venido trazando políticas que responden a sus propios intereses y coincidentes con los acuerdos del consenso de Washington, es decir, el amo imperial. Esas políticas privatizan lo público y producen desprotección y desigualdad en millones de mexicanos.
Cuando el poder de dominación y sus representantes hablan de modernizar al país se refieren al cumplimiento de las tendencias neoliberales como la simplificación y achicamiento del Estado, desmantelamiento de lo público, freno al salario, desregulación de todo aquello que impida la acumulación acelerada del capital, así como la nueva ley laboral propuesta por la derecha panista y la privatización de la seguridad social (IMSS, ISSSTE, jubilaciones, educación pública, etcétera).
Algo más grave que viene planteando la modernización neoliberal es la tendencia a la destrucción de las instituciones y de los espacios de intermediación entre los actores sociales y el Estado: sindicatos, organizaciones gremiales, partidos, universidades, medios de comunicación autónomos, movimientos sociales, identidades restringidas, etcétera.
Como bien dice Sergio Zermeño: “Nuestra globalización se ha caracterizado ante todo por una destrucción sistemática de los más destacados actores de la sociedad civil, ya se trate del empresariado de la etapa sustitutiva de importaciones, de las capas medias de asalariados públicos, del proletariado de los sectores intermedios, especialmente, de la burguesía mediana y pequeña y las estructuras sociales del medio campesino”.
Lo anterior, y la inclusión de los tratados internacionales como el TLC, son muestra clara de que estamos ante una política globalizadora que está disolviendo y fragmentando a lo social. Así vemos cómo la derecha panista golpea a las identidades colectivas, es decir, a los sindicatos independientes como el SME, Atenco, movimientos sociales como la APPO. Por otro lado, la derecha panista se alía, donde le conviene, con sindicatos corporativos y charros como el SNTE, para acelerar las políticas neoliberales en lo social y lo educativo (ACE).
De ese modo la democracia política que tanto se defiende no es más que democracia oligopólica para frenar la decisión de la voluntad popular y controlarla mediante la técnica de las elecciones. Esos procesos de planificación y administración tienen como objetivo mantener la sincronía de las estructuras y funciones del orden capitalista e incrementar la desigualdad social brutal entre pobres y ricos, poderosos y súbditos, gobernantes y gobernados, mestizos y el México profundo.
Las políticas globalizadoras no sólo desmantelan lo social, sino que también establecen una lucha en el campo de los conceptos y de los lenguajes con la finalidad de someter la rebeldía del pensamiento disruptivo, de erradicar todos aquellos conceptos que se instalan en el pensamiento crítico y sustituirlos por aquellos que responden mejor al orden de la conformidad, de la función y el sistema constituido. Por eso para los poderosos es mejor hablar de un Estado homogéneo que nos hace iguales ante la ley, pero en la realidad la desigualdad es brutal. Qué distinto es proponer un Estado plural que reconozca la diversidad cultural y ajeno a la uniformidad y al pensamiento único.
La política neoliberal le apuesta a la creación de un sujeto privado (competencias) uniformado, consumidor y alejado de las identidades colectivas, de las causas públicas, de la preocupación por los otros y de la participación colectiva. Si desaparece lo segundo entonces nos enfrentamos a la destrucción de un sujeto erguido capaz de desafiar al orden constituido. Los dos momentos son muestra clara de que lo social está sufriendo una metamorfosis muy peligrosa, tal que en pocos años tiende a la desaparición, por la vía de la fragmentación. Es importante pensar tal fenómeno a fin de buscar principios articuladores que eviten la desaparición de lo social. Lo que sí está claro es que la globalización destruye los lazos que cohesionaban al tejido social (costumbre, ley, institución, valores, etcétera).
Qué podemos colocar como principio para que construyamos identidades colectivas que vayan más allá de las identidades restringidas, como movimientos urbanos, derechos humanos, sindicatos, juventud, mujeres, partidos, etcétera. Algunos proponen como principio articulador un contrapoder que se constituya como una postura moral y un programa de reivindicaciones comunes a cada una de las identidades. Teniendo como idea central el combate y desaparición del actual orden capitalista neoliberal. Otros consideran que debemos recuperar la idea de hegemonía propuesta por Gramsci, entendida ésta como una reforma moral e intelectual que va más allá de la centralidad de la clase obrera, el partido, como una síntesis más elevada capaz de fundir todos los elementos clasistas como voluntad colectiva nacional-popular.
Ante la fragmentación, la desarticulación y la diversidad de sujetos históricos, es urgente que nos demos cuenta desde dónde estamos pensando la realidad de México, de Latinoamérica y del mundo. Revisitar conceptos (occidente, indio, blanco, raza, explotación, obrero, estado, legitimación, etcétera). Crear nuevos conceptos y resignificar otros, para enfrentar realidades nuevas y viejas. Porque puede suceder que estemos ante realidades nuevas con conceptos viejos. Pensar siempre que la realidad social se mueve más rápido que las representaciones y percepciones que tenemos en la cabeza, los libros o las teorías. Otro mundo es posible.
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Denuncian electricistas que la CFE ya comenzó a cortar servicio
El acto, ilegal porque no hay contrato con la comisión: SME
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 19 de abril de 2010, p. 18
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya empezó a cortar el servicio a usuarios que no han pagado los nuevos recibos en diversas zonas del valle de México.
A diario, sostuvo, “de 50 a 70 servicios están siendo suspendidos, lo cual significa que en un mes entre mil 500 y más de 200 se quedarán sin luz”. Explicó que esas acciones se están llevando a cabo principalmente en la periferia de la ciudad, en zonas del estado de México, donde al menos entre 20 y 30 por ciento de habitantes no han cubierto sus recibos.
El SME expuso que dichos cortes son ilegales, ya que los usuarios no tienen contrato con la CFE, sino con Luz y Fuerza del Centro (LFC), por lo que están en su derecho de no pagar.
Según el sindicato, a finales de marzo se iniciaron los cortes. Éstos, abundó, se han venido haciendo de “forma hormiga” y para intimidar a los clientes. Sin embargo, a partir de este mes ya empezó a realizarlos masivamente, sobre todo en el norte del estado de México, no así en el Distrito Federal, donde hay más cercanía para apoyar legalmente a quienes no paguen e incluso obtengan un amparo definitivo.
Explicó que en múltiples casos es doblemente ilegal la suspensión del servicio, porque a muchos ni siquiera les han llegado sus recibos. Algunos que han llegado, aseveró, tienen errores; por ejemplo, en los nombres de los usuarios. Por ello los propietarios de las viviendas consideran que no son suyos.
Lo más grave es que muchos reportan adeudos exorbitantes y los usuarios no han tenido forma de hacer las reclamaciones, porque no hay ninguna instancia. El supuesto servicio telefónico de aclaraciones “no funciona como tal. Sólo es una receptoría de telefonemas”. Por esa razón no los han pagado; sin embargo, les están quitando la luz.
Incluso, cuando les van a suspender el servicio les dicen que “debieron haber obtenido su saldo en la página electrónica de la CFE y pagado en sucursales bancarias”.
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Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 19 de abril de 2010, p. 18
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya empezó a cortar el servicio a usuarios que no han pagado los nuevos recibos en diversas zonas del valle de México.
A diario, sostuvo, “de 50 a 70 servicios están siendo suspendidos, lo cual significa que en un mes entre mil 500 y más de 200 se quedarán sin luz”. Explicó que esas acciones se están llevando a cabo principalmente en la periferia de la ciudad, en zonas del estado de México, donde al menos entre 20 y 30 por ciento de habitantes no han cubierto sus recibos.
El SME expuso que dichos cortes son ilegales, ya que los usuarios no tienen contrato con la CFE, sino con Luz y Fuerza del Centro (LFC), por lo que están en su derecho de no pagar.
Según el sindicato, a finales de marzo se iniciaron los cortes. Éstos, abundó, se han venido haciendo de “forma hormiga” y para intimidar a los clientes. Sin embargo, a partir de este mes ya empezó a realizarlos masivamente, sobre todo en el norte del estado de México, no así en el Distrito Federal, donde hay más cercanía para apoyar legalmente a quienes no paguen e incluso obtengan un amparo definitivo.
Explicó que en múltiples casos es doblemente ilegal la suspensión del servicio, porque a muchos ni siquiera les han llegado sus recibos. Algunos que han llegado, aseveró, tienen errores; por ejemplo, en los nombres de los usuarios. Por ello los propietarios de las viviendas consideran que no son suyos.
Lo más grave es que muchos reportan adeudos exorbitantes y los usuarios no han tenido forma de hacer las reclamaciones, porque no hay ninguna instancia. El supuesto servicio telefónico de aclaraciones “no funciona como tal. Sólo es una receptoría de telefonemas”. Por esa razón no los han pagado; sin embargo, les están quitando la luz.
Incluso, cuando les van a suspender el servicio les dicen que “debieron haber obtenido su saldo en la página electrónica de la CFE y pagado en sucursales bancarias”.
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