En defensa de la Industria Eléctrica: 04/25/10

domingo, 25 de abril de 2010

Redacción
Tribuna de Capeche
24 de Abril de 2010

Los denominados “presos de conciencia” por Amnistía Internacional, Sara López González, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, integrantes de la Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunciaron el inicio de una huelga de hambre a partir del cuatro de mayo, desde el interior del Cereso de San Francisco Kobén, en protesta porque se encuentran “detenidos injustamente”. Así lo dieron a conocer representantes de la Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la CFE de Candelaria, de La Otra Campaña y del Frente de Organizaciones de Izquierda “Jacinto Canek”, encabezados por Miguel Angel Valladares Herrera y Manuel de Atocha Chablé Gutiérrez.
Confirmaron que ayer sábado se entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”, a Sara López González, en Cuernavaca, Morelos, evento al que no pudo asistir por encontrarse encarcelada en San Francisco Kobén, aunque en su representación acudió uno de sus hijos.
“Nos sentimos orgullosos de nuestros compañeros de lucha de la Resistencia Civil, por el reconocimiento a la compañera Sara López, por su defensa de los derechos humanos, al contribuir con su lucha al derecho a una vida digna”, significó Valladares Herrera.
“Por desgracia, como los malos gobiernos mantienen a Sara encerrada junto con nuestros compañeros Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, no podrá recibir personalmente este merecido reconocimiento, lo cual lamentamos mucho, aunque nos sumamos a la celebración de este acontecimiento”, indicaron.
Denunciaron la insistencia de las autoridades de privarlos de la libertad, ya que a pesar de haber obtenido un amparo de un juzgado federal, la PGR apeló, y el amparo se encuentra en revisión por parte de una magistrada federal del Tribunal Colegiado, con sede en Mérida, Yucatán.
“El tiempo jurídico para que se emita una resolución se terminó, pero el retraso lo adjudica a tiempos administrativos, sirva este medio para solicitarle amablemente tenga la sensbilidad de atender primordialmente este caso, cuya delicadeza política debe ser tomada en cuenta”, señalaron.
Pidieron a la magistrada federal tomar en consideración los distintos pronunciamientos a favor de ellos, como la declaración de presos de conciencia por parte de Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, el Consejo General de Abogacía Española, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” y el Alto Comisionado de Derechos Humanos, entre otros.
Ante la negativa a resolver jurídicamente sus casos, los presos de conciencia se pondrán en huelga de hambre a partir del cuatro de mayo, “por lo que las organizaciones aquí representadas, demandamos que garanticen la seguridad médica de nuestros presos ante esta manifestación pacífica”.
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Día... ¿del Trabajo?

AGENCIA REFORMA
El Siglo de Torreón
25 de Abril del 2010

El fracaso en la generación de empleo (principal oferta de Felipe Calderón en campaña), la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, los conflictos con dos sindicatos adversos al régimen (mineros y electricistas), la connivencia con el sindicalismo oficial (maestros y petroleros, principalmente) y un nuevo debate en torno a la necesidad de una reforma laboral caracterizan el Día del Trabajo en el cuarto año de este Gobierno.
Con una tasa de desempleo del 5.4 por ciento, carencia de empleos formales y un incremento notable del subempleo y la informalidad, los trabajadores dicen que no hay mucho que celebrar el próximo primero de mayo. Esto, a pesar de que oficialmente comienza a llegarse al final de la crisis económica.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 2007 y marzo de 2010 se crearon poco más de 496 mil plazas laborales; es decir, en tres años de gobierno, el presidente Calderón logró la mitad de los empleos que prometió generar anualmente.
La escasez de puestos de trabajo formales provocó que más de un millón 200 mil personas se incorporaran al empleo informal: en enero de 2007 el número de personas que trabajaban en la informalidad ascendía a 11 millones 393 mil y en diciembre de 2009 la cifra se disparó a 12 millones 612 mil personas.
A futuro se prevé un panorama poco optimista: según un estudio de Banamex, la tasa de desempleo abierta será para 2010 de 5.8 por ciento y del 5.5 por ciento en 2011. Con base en estas previsiones y el crecimiento de la Población Económicamente Activa, se esperaría un déficit de empleos formales de entre 518 y 557 mil cada año.
A la limitada generación de empleos formales se suman las deficiencias de los salarios, el aumento de impuestos y el incremento en el costo de los servicios e insumos básicos.
En los últimos cuatro años, mientras que el salario mínimo promedio pasó de 49 a 56 pesos diarios, el costo de la canasta básica aumentó de 131 pesos en enero de 2008 a 149 pesos en marzo de 2010.
Aunado a ello, en octubre pasado el Congreso aprobó una Ley de Ingresos que impactó directamente en el poder adquisitivo: la tasa del Impuesto al Valor Agregado aumentó a 16 por ciento, aumentaron las tasas del Impuesto Sobre la Renta y se creó un nuevo impuesto de 3 por ciento a las telecomunicaciones.
En paralelo, se descongelaron los precios de los combustibles (gas, diesel y gas LP), lo que provocó una escalada de precios.
En este contexto, el Gobierno Federal y su partido decidieron reabrir el debate en torno a una reforma laboral. El 18 de marzo el PAN presentó una iniciativa de reforma que plantea, entre otras cosas, incluir en la legislación la modalidad de contratación por horas y temporada y limitar el pago de salarios caídos; incluye el concepto de "multihabilidad" -que implica que los empleados desarrollen diversas funciones- e introduce nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga.
Gobierno, PAN e iniciativa privada aseguran que si se aprobara esta reforma se generarían condiciones para crear más empleos formales.
Desde la Oposición, PRD y PRI rechazaron la propuesta oficial.
El 20 de abril pasado el PRD presentó una contrapropuesta que plantea modificaciones a la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social.
La iniciativa perredista propone, entre otras cosas, reconocer como derechos humanos los derechos laborales, establecer en 40 horas la semana laboral, garantizar el derecho a huelga, la creación de un registro público nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos, así como la sustitución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por un Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades a fin de que sea el Congreso y no el Ejecutivo federal quien determine los niveles salariales.
El PRI advirtió que "no pasará" ningún proyecto que lesione las conquistas laborales y se comprometió a presentar su propuesta en septiembre, por lo que se espera que la reforma laboral sea discutida hasta el arranque del segundo año de la LXI Legislatura.
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Viven mexicanos ‘violencia laboral de Estado’

Se rompen récords en la violación de derechos de trabajadores y sindicalizados, la STPS legitima abusos y la impunidad empresarial se extiende, reclaman activistas (Foto: Agencias)

Arturo Rodríguez García/Rosalía Vergara
Proceso
24-04-2010

Distrito Federal— Mientras que el gobierno de Felipe Calderón deberá responder ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instancias por graves violaciones a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores, uno de los organismos quejosos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), definió en México la actitud de Calderón y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, como una “violencia laboral de Estado”.
Esa visión la comparte la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera (FITIM), que en febrero de 2009 interpuso ante la OIT una queja contra la política laboral de México, principalmente por privilegiar y avalar los contratos de protección en beneficio de los empresarios, y por la existencia de sindicatos blancos.
En el mismo sentido, el 8 de abril de 2010, el propio Cereal, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex (Untypp) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otros gremios, acudieron al Tribunal Internacional de Libertad Sindical para dejar constancia sobre la violación de los derechos laborales en México, que ha ido en aumento durante los regímenes panistas.
Si bien durante los gobiernos priístas se privilegió al corporativismo sindical como una forma de controlar al movimiento obrero, durante los últimos 12 años –de los cuales casi una década corresponde al panismo en el poder– se ha intentado reformar la Ley Federal del Trabajo en 332 ocasiones, según Lozano Alarcón.
Y aunque la más reciente iniciativa todavía no se aprueba en la Cámara de Diputados, buena parte de la misma se ha venido aplicando en los hechos, pues han aumentado la subcontratación y la terciarización de contrataciones mediante el outsourcing, además de que el 90 por ciento de los contratos colectivos que se firman en el país son “de protección”, es decir, benefician a las empresas y perjudican a los trabajadores.
En septiembre próximo, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, los 72 diputados priístas miembros del sector obrero presentarán su propia iniciativa de reforma laboral porque la de los panistas “no sirve”, dijo el pasado martes 20 de abril el cuatro veces diputado federal y secretario de Finanzas de la CTM, Armando Neyra Chávez.
Por eso, ese mismo día el secretario general adjunto del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el diputado federal del PRD Francisco Hernández Juárez, presentó al pleno la iniciativa que elaboró desde el año 2002 con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Esta propuesta es diametralmente distinta a la panista, ya que prevé suprimir el apartado B del artículo 123 constitucional para otorgar el derecho a huelga a los trabajadores al servicio del Estado; desaparece la Comisión de Salarios Mínimos y elimina la facultad de la STPS de entregar la toma de nota a los sindicatos.
En su XIII Informe sobre Violaciones a los Derechos Laborales en 2009, titulado Violencia laboral de Estado, el Cereal señala que el año pasado se caracterizó por la injerencia y parcialidad de la autoridad laboral en cuestiones intrasindicales, contraviniendo el Convenio 86 de la OIT.
Esta actitud tuvo uno de sus momentos más lesivos y dramáticos con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le negó la toma de nota al secretario general, Martín Esparza.
Por eso el Cereal y la Coordinación de Derechos Humanos y Empresas de Amnistía Internacional –a cargo de Dolores Soto– coincidieron en que durante los gobiernos panistas se ha incrementado la violencia laboral de Estado porque se está viviendo un retroceso en materia de derechos humanos laborales, de acuerdo con los pronunciamientos que hicieron en una conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 21, cuando presentaron el informe.
“En definitiva, vivimos un retroceso en materia de derechos humanos laborales y, por ende, en el nivel de vida de los trabajadores del país”, señaló Soto.
En el encuentro con la prensa, Carlos Rodríguez, del Cereal, y el abogado laboralista Manuel Fuentes advirtieron que el proyecto de reforma presentado por Lozano pretende cancelar las conquistas logradas por los trabajadores desde la Revolución Mexicana.
Ese mismo día, en Washington, Lozano pedía que la Cámara de Diputados mexicana aprobara su iniciativa para que el país avance en los índices de competitividad del Foro Económico Mundial. Allí, durante su intervención en la Reunión de Ministros del Trabajo y Empleo de países miembros del G-20, Lozano afirmó que 2009 fue el año con el menor número de huelgas en la historia moderna de México, pues sólo estallaron 19.
Sin embargo, de acuerdo con el informe del Cereal, para el mes de agosto de ese mismo año se habían registrado 8 mil emplazamientos a huelga, una cifra no vista desde hacía 20 años. Y la principal exigencia era la firma de contratos colectivos de trabajo.
El funcionario panista expresó ante sus homólogos extranjeros que se crearon 300 mil empleos formales en México, beneficiando a 2 millones de personas, y comparativamente recordó que en 1995 el empleo formal cayó 8.2 por ciento.
Pero en su documento el Cereal subraya que las cifras de 2009 son “el peor balance desde 1995”, pues se reportaron 3 millones 10 mil mexicanos desempleados, lo que representó penuria para 15 millones de mexicanos si se considera a sus familias. “Así que, durante el año 2009, vivimos las mayores tasas de desocupación históricamente registradas en el país. Además, los ocupados en el sector informal superaron a los formalmente registrados en el IMSS, 12 millones 371 mil”, precisa.
Más aún, continúa, el año pasado el IMSS canceló 181 mil 271 plazas formales, y 10 mil 966 empresas –el 70 por ciento de las cuales pertenecían al sector industrial– se dieron de baja en el propio IMSS.
“La promesa anual de Calderón fue la generación de 800 mil empleos. En tres años de gobierno ni siquiera ha creado un millón de plazas. Al contrario, se han perdido más de 3 millones 500 mil empleos”, indica el reporte de 111 páginas.

Cifras ‘alegres’

Un análisis de los informes presidenciales de Felipe Calderón resume que de enero de 2007 a julio de 2009 se presentaron 26 mil 954 emplazamientos a huelga (aunque sólo estallaron 59), 11 mil 79 más que en el periodo correspondiente del sexenio de Fox.
De enero a julio del 2009 la JFCA recibió 53 mil 646 demandas laborales individuales que, sumadas a las 164 mil 74 recibidas de enero de 2007 a diciembre del 2008, representan 217 mil 720 casos, 88.1 por ciento más que las registradas durante los primeros dos años y medio del gobierno foxista.
Además, entre los conflictos laborales más notables del panismo está el de Pasta de Conchos, el cual, aunque fue heredado por el gobierno foxista, no se ha traducido en este sexenio en el rescate de 65 mineros sepultados, ni en la imposición de sanciones a la empresa Industrial Minera México.
Otro de los conflictos heredados por el foxismo fue el del SNTMMSRM, a raíz de que la Secretaría del Trabajo le negó la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia como líder que había sido reelegido. Lozano Alarcón justificó la negativa con el argumento de que Gómez Urrutia era “prófugo de la justicia”.
Asimismo, apenas iniciado este sexenio, en marzo de 2007, la Compañía Mexicana de Aviación promovió ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la modificación del contrato colectivo de trabajo de las integrantes de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). En agosto del año siguiente, la empresa obtuvo lo que pedía, ahorrándose 25 millones de dólares en prestaciones. ASSA buscó revertir ese fallo, por la vía del amparo, pero de manera infructuosa.
El hecho es que, en todas partes, la STPS legitima abusos mientras la impunidad empresarial se extiende, como en Monterrey, donde una empresa hace firmar renuncias a los trabajadores aunque los mantiene trabajando, pagándoles como sueldo la liquidación que les corresponde.
El investigador del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, Carlos Rodríguez Rivera, manifiesta lo anterior y recuerda que, en abril de 2006, un paro laboral en Lázaro Cárdenas terminó en el desalojo violento de los trabajadores, con la participación de policías federales, e inclusive de la Armada, con un saldo de dos asalariados muertos. Igualmente, prosigue, “en Sonora no se ven muestras de legalidad, porque hay declaraciones de inexistencia, movilizaciones y la amenaza del Ejército” contra los trabajadores.
Menciona también el caso del Movimiento Obrerista Petrolero de Evolución Democrática, de la Sección 50 del sindicato petrolero, ubicada en Paraíso, Tabasco, y el Movimiento Obrerista Democrático de Acción Petrolera, de la Sección 29, de Comalcalco, en cuyas elecciones seccionales de octubre pasado el Comité de Observadores Independientes documentó numerosas irregularidades, como la negación de registro a planillas opositoras, y una actuación parcial de autoridades a favor de las planillas oficiales.
De acuerdo con Manuel Padrón, coordinador del Cereal e integrante del COI, el día del registro los opositores al grupo oficial fueron encerrados en el recinto gremial hasta que se cerró el registro.
Otro caso es el de la empresa Industria Vidriera del Potosí (IVP), una de las fábricas de botellas de Grupo Modelo, donde los trabajadores consiguieron en 2007 la toma de nota para conseguir un sindicato independiente encabezado por Valentín Marín Quistián.
El problema inició cuando abandonaron la CTM y lograron un incremento salarial de 19 por ciento. La Coparmex calificó entonces al sindicato de “radical”, y el gobernador panista Marcelo de los Santos descalificó al gremio en estos términos: “Con su aumento, pusieron en riesgo todas las revisiones salariales de la zona industrial”.
Luego, aunque cuenta con la mayoría de los trabajadores a su favor, el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del Potosí (SUTEIVP) fue notificado de que la CTM y la CROC le disputaban la titularidad.
Según Ben Davis, quien documentó el caso para AFL-CIO en México, la empresa amenazó con despedir a quienes no se afiliaran al sindicato de la CROC, pero los trabajadores se mantuvieron y pidieron una reunión pública con Javier Lozano. Aunque éste se comprometió allí a respetar la voluntad de los miembros del SUTEIVP, más tarde avaló –de acuerdo con Ben Davis– una andanada represiva que concluyó el 9 de mayo de 2009 con la incursión de policías federales, estatales y municipales en las instalaciones.
Mientras tanto, en el exterior de la planta, los obreros inconformes eran sometidos y encañonados por los cuerpos policiacos. Finalmente, los integrantes del SUTEIVP fueron derrotados, desalojados y su sindicato independiente suplantado por el de la CROC.
En Monterrey, el Cereal documentó el caso de un contrato avalado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde los trabajadores cedieron sus derechos a cambio de una “gratificación” semanal si cumplen con su trabajo. En 2009, Industria Automotriz, S.A. de C.V., que previamente había anunciado que cerraría por quiebra y que no había capital suficiente para las liquidaciones, hizo firmar a los trabajadores un convenio donde se establece que nada se les debe y que están dispuestos a seguir laborando a cambio de una “gratificación” semanal.
Casos como este reporta también la presidenta del Comité Fronterizo de Obreras, Julia Quiñones, quien afirma que Platunnum Equity, de Piedras Negras, luego de ofrecer un aumento salarial raquítico, anunció paro técnico para dejar a los trabajadores sin posibilidades de negociar, mientras que en Ciudad Acuña otra firma, Nissien de México, también se declaró en paro técnico y sólo llamará a sus trabajadores cuando a su criterio lo decida con el aval de la JLCA.
Tras apuntar que otras empresas, como Rassini o Hendrikson, pagan a sus ex trabajadores liquidaciones en abonos, Julia Quiñones concluye: “No hay justicia para los trabajadores. Las empresas tienen el apoyo del gobierno, local, estatal y nacional sean del partido que sea. Las juntas no son imparciales. La STPS es un parapeto, un títere de las empresas”.
Por su parte, Carlos Rodríguez Rivera dice: “Lo que estamos viendo es la justicia laboral deslegitimada, supeditada a los negocios privados; es la reforma laboral de facto al estilo Lozano Alarcón”.

Las quejas

La queja presentada ante la OIT por la FITIM –organización que representa a 25 millones de trabajadores de 200 sindicatos en 100 países– subraya la existencia de los contratos de protección, así como las violaciones al derecho de sindicación y libertad sindical.
En sus 47 fojas, resalta que la política laboral mexicana permite a los patrones elegir al sindicato de su preferencia, anulando derechos como el de huelga, porque es una de las condiciones que negocian los abogados patronales con los sindicatos de la CTM, el CT o la CROC.
“La legislación doméstica laboral incluye normas protectoras a los trabajadores que están fuera de su alcance debido a la red de complicidad establecida entre la justicia laboral, patrón y sindicatos, componentes clave del modelo de ‘contratismo de protección patronal’”, dice la queja, conocida como el caso 2694 de la OIT.
“Como se señala en la queja, las leyes laborales en México y la forma que son aplicadas por el gobierno y los empleadores dan frecuentemente como resultado convenios colectivos concertados entre un ‘sindicato’ y un empleador sin referencia alguna a los trabajadores que abarca. Estos acuerdos son conocidos como contratos de protección, y los abogados estiman que la inmensa mayoría de los convenios en México son contratos de protección”, refiere Benjamín Davis, representante de la FITIM, en un comunicado fechado el 1 de abril pasado.
En entrevista con este semanario, Davis acepta que, “peor aún, los trabajadores que tratan de establecer un sindicato independiente y negociar un contrato colectivo, son objeto de represalias, intimidación, amenazas, violencia, despidos e inclusiones en listas negras”.
Pese a todo, el 23 de marzo de 2010, la Secretaría del Trabajo respondió a la OIT que “la FITIM no tiene competencia para presentar una queja”, que “los contratos de protección no existen en México” y que “no se han violado los derechos laborales de ningún trabajador porque la ley mexicana lo prohíbe”. Es una respuesta de 32 páginas que incluye cartas de respaldo de la CTM, la CROC, la Coparmex y la Concamin.
Sin embargo, unos días después, el 12 de abril de 2010, la Confederación Sindical Internacional se agregó como denunciante ante la OIT, haciendo suya la queja de la FITIM.
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Afectada, la reconexión de grandes consumidores de luz en el Centro

La liquidación de LFC interrumpió la campaña para evitar cortocircuitos en la zona
El desconocimiento de la red por parte de la CFE pone en riesgo varias partes del primer cuadro, afirma Protección Civil
La próxima semana se reunirán autoridades para analizar plazos

Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Domingo 25 de abril de 2010, p. 32

La extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) afectó el proceso de cambio de conexión de 48 grandes consumidores de energía eléctrica del Centro Histórico para pasarlos de la red baja a una de mediana tensión, que era una de las medidas del Gobierno del Distrito Federal encaminadas a evitar cortocircuitos en las mufas (conexiones eléctricas subterráneas) de la zona, señaló Adrián Noriega Cornejo, subdirector de Prevención de la Secretaría de Protección Civil capitalina.
En entrevista, el funcionario explicó que el proyecto se realizaba en coordinación con la paraestatal, además de que los involucrados –empresas, comercios y dependencias públicas–, aceptaron la medida e incluso en al menos la mitad de los casos ya sólo falta instalar los nuevos transformadores y cableado.
Sin embargo, debido al desconocimiento de la red por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encargada de administrar las instalaciones eléctricas en el DF, “apenas se dan cuenta” de que para hacer el cambio es necesario terminar la construcción de una red superpuesta que permitirá el cambio de conexión, obra que ya había comenzado LFC.
Ante esta situación, Noriega Cornejo manifestó su preocupación porque ante la llegada de la temporada de lluvias aumentó el riesgo de más cortocircuitos en las mufas del Centro Histórico, por lo que la Secretaría de Protección Civil estudia imponer medidas de seguridad como sancionar a aquellos comercios que viertan aguas negras o jabonosas en los registros, evitar el comercio informal en las zonas de riesgo e incluso el cierre de negocios si, como el año pasado, se presentan explosiones que pongan en riesgo a los ciudadanos.
Los grandes usuarios de electricidad en el Centro, como bancos, restaurantes, tiendas departamentales, así como los palacios Nacional y del Ayuntamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso la Catedral Metropolitana, están conectados a la red de baja tensión, una de las causas de los cortocircuitos, por el sobrecalentamiento del sistema.
Antes de la extinción de LFC, la Secretaría de Protección Civil había acordado con la paraestatal el cambio de conexión, para lo cual comenzó la realización de la red superpuesta que permitiría llevar a cabo el proceso. En diciembre del año pasado, la dependencia emitió una resolución en la que dio un plazo de tres meses a esas empresas y dependencias para prepararse para llevar a cabo el procedimiento, toda vez que se tenía proyectado que en ese tiempo concluiría la construcción de la citada red.
La obra se suspendió al declararse la extinción de Luz y Fuerza, sin que la CFE haya retomado los trabajos, pues no los tiene presupuestados, aunado a que el personal de esta instancia “apenas está conociendo la red”, manifestó Adrián Noriega; mientras que buena parte de los grandes consumidores, que en su totalidad aceptaron la medida, tienen ya todo listo, incluida la adquisición de material para llevar a cabo el procedimiento.
Ante esta situación funcionarios de la Secretaría de Protección Civil capitalina se reunirán la próxima semana con autoridades de la CFE para establecer un plazo para la realización de este proyecto.
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