López Obrador y Rogelio Ramírez de la O exponen la urgencia de combatir a los monopolios para posibilitar el crecimiento económico del país.
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miércoles, 10 de marzo de 2010
Supervivencia de Jubilados
Compañero Jubilado, todos deben presentar supervivencia ante el SAE, la cual se realizará de acuerdo a la letra de tu primer apellido en las siguientes fechas:
A- C 8 al 19 mar
D-G 22 al 29 mar
H-M 30 mar al 12 abr
N-R 13 al 22 abr
S-Z 23 al 30 abr
El horario de atención en las oficinas son de las 9:00 hrs. a las 15:00 hrs. Tienes que presentar una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte mexicano vigente, credencial del INAPAM) y un comprobante de domicilio (recibo de teléfono, estado de cuenta bancario o boleta del predial o agua,).
Si no puedes acudir por enfermedad o alguna otra causa comunicate al teléfono 01-0800-8010 OPCIÓN 1
Consulta aquí los centros donde puedes realizar el trámite
Si vives fuera del área metropolitana Consulta aquí cómo puedes realizar el trámite
Sigue Leyendo...CFE empeora niveles de desempeño a partir de la absorción de las operaciones centrales que antes tenía Luz y Fuerza del Centro
Terra
10/03/2010
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) empeoró sus niveles de desempeño a partir de la absorción de las operaciones centrales que antes tenía Luz y Fuerza del Centro, según muestran indicadores dados a conocer por la Secretaría de Energía (Sener).
Un mes antes de la entrada de CFE en la zona central el tiempo promedio de conexión a nuevos usuarios era de un día, y los meses siguientes el indicador aumentó a 1.8 días, según datos al cierre de 2009.
Lo que sucedía es que LyFC tenía rezagos de hasta 6.4 días para conectar a nuevos usuarios al servicio eléctrico, según el último indicador presentado a agosto del año pasado por la Sener.
También en pérdidas totales de energía la CFE empeoró, pues sus indicadores pasaron de 10.7 a 11.3 por ciento en un año, luego de la toma de las instalaciones centrales.
Por su parte, LyFC registraba pérdidas de 31 por ciento en agosto del año pasado, el último mes de registro anotado por la Sener.
Ahora la proporción de pérdidas se modificó pues hay más pérdidas no técnicas (por robo) dentro de la composición de los indicadores de la CFE, respecto a las técnicas, al ubicarse en diciembre pasado en 97.5 minutos por usuario.
Para LyFC, el último registro de este indicador se ubicó en 124 minutos por usuario.
José Manuel Muñoz, Presidente del Observatorio Ciudadano de Energía (OCE), evaluó que estos cambios se deben fundamentalmente a que con la entrada de la CFE a la zona central se absorbieron las ineficiencias que tenía LFC, pero no los recursos económicos ni de personal.
El especialista analizó que con la operación de la zona central, la Comisión creció 33 por ciento en cuanto al número de usuarios a los que debe otorgar el servicio, pero no se le aumentaron el presupuesto.
"A CFE le hicieron crecer en 33 por ciento de un jalón y no le entregaron recursos que tenía antes LyFC, lo que se traduce en que no tendrá recursos para lo demás", dijo Muñoz.
Ahora la CFE tendrá que atender un mayor número de servicios con el mismo presupuesto, además de hacer inversiones necesarias para mejorar el parque de transmisión y distribución en la zona central que tiene un rezago de 70 por ciento.
Los cambios en los indicadores de desempeño podrían tener efectos en el prestigio de la Comisión y en cómo la perciben sus clientes, consideró.
Con información de GRUPO REFORMA
Fuente
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10/03/2010
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) empeoró sus niveles de desempeño a partir de la absorción de las operaciones centrales que antes tenía Luz y Fuerza del Centro, según muestran indicadores dados a conocer por la Secretaría de Energía (Sener).
Un mes antes de la entrada de CFE en la zona central el tiempo promedio de conexión a nuevos usuarios era de un día, y los meses siguientes el indicador aumentó a 1.8 días, según datos al cierre de 2009.
Lo que sucedía es que LyFC tenía rezagos de hasta 6.4 días para conectar a nuevos usuarios al servicio eléctrico, según el último indicador presentado a agosto del año pasado por la Sener.
También en pérdidas totales de energía la CFE empeoró, pues sus indicadores pasaron de 10.7 a 11.3 por ciento en un año, luego de la toma de las instalaciones centrales.
Por su parte, LyFC registraba pérdidas de 31 por ciento en agosto del año pasado, el último mes de registro anotado por la Sener.
Ahora la proporción de pérdidas se modificó pues hay más pérdidas no técnicas (por robo) dentro de la composición de los indicadores de la CFE, respecto a las técnicas, al ubicarse en diciembre pasado en 97.5 minutos por usuario.
Para LyFC, el último registro de este indicador se ubicó en 124 minutos por usuario.
José Manuel Muñoz, Presidente del Observatorio Ciudadano de Energía (OCE), evaluó que estos cambios se deben fundamentalmente a que con la entrada de la CFE a la zona central se absorbieron las ineficiencias que tenía LFC, pero no los recursos económicos ni de personal.
El especialista analizó que con la operación de la zona central, la Comisión creció 33 por ciento en cuanto al número de usuarios a los que debe otorgar el servicio, pero no se le aumentaron el presupuesto.
"A CFE le hicieron crecer en 33 por ciento de un jalón y no le entregaron recursos que tenía antes LyFC, lo que se traduce en que no tendrá recursos para lo demás", dijo Muñoz.
Ahora la CFE tendrá que atender un mayor número de servicios con el mismo presupuesto, además de hacer inversiones necesarias para mejorar el parque de transmisión y distribución en la zona central que tiene un rezago de 70 por ciento.
Los cambios en los indicadores de desempeño podrían tener efectos en el prestigio de la Comisión y en cómo la perciben sus clientes, consideró.
Con información de GRUPO REFORMA
La CFE otorga contratos ilegales: SME
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de marzo de 2010, p. 15
Los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con empresas supuestamente integradas por trabajadores liquidados son ilegales, ya que las áreas en las que operarán corresponden a materia de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Además de que los convenios “están en el aire”, porque no hay un marco regulatorio, normativo ni de adjudicación.
Es un engaño para los trabajadores, a los cuales otra vez dan “atole con el dedo, porque son contratitos por seis meses” y bajo las condiciones que imponga la CFE, porque, o se someten a lo que determine, o se los da a otras compañías privadas, aseguró Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). “Lo más patético es que tampoco hay seguridad para los trabajadores, pues no hay contrato colectivo que los proteja para llevar a cabo su labor”, según planteó.
El dirigente sostuvo que los trabajadores que participen en estas empresas “estarán desprotegidos laboralmente” y, sobre todo, esos negocios sólo son una opción para una mínima parte de los liquidados, la mayoría sigue esperando que Alejandro Muñoz (líder de la corriente Transparencia Sindical que se ha conformado en una Coalición de Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas), les cumpla la promesa que les hizo de que los que se liquidaran iban a ser contratados en la CFE.
La corriente encabezada por Núñez informó que en los próximos días empezarán a operar cinco empresas de trabajadores liquidados. Al respecto, el SME emitió un comunicado en el que señala que es absolutamente ilegal que la CFE otorgue contratos a empresas privadas para diversas áreas del servicio, ya que el artículo 27 constitucional indica que “corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público”.
Fuente
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Periódico La Jornada
Miércoles 10 de marzo de 2010, p. 15
Los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con empresas supuestamente integradas por trabajadores liquidados son ilegales, ya que las áreas en las que operarán corresponden a materia de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Además de que los convenios “están en el aire”, porque no hay un marco regulatorio, normativo ni de adjudicación.
Es un engaño para los trabajadores, a los cuales otra vez dan “atole con el dedo, porque son contratitos por seis meses” y bajo las condiciones que imponga la CFE, porque, o se someten a lo que determine, o se los da a otras compañías privadas, aseguró Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). “Lo más patético es que tampoco hay seguridad para los trabajadores, pues no hay contrato colectivo que los proteja para llevar a cabo su labor”, según planteó.
El dirigente sostuvo que los trabajadores que participen en estas empresas “estarán desprotegidos laboralmente” y, sobre todo, esos negocios sólo son una opción para una mínima parte de los liquidados, la mayoría sigue esperando que Alejandro Muñoz (líder de la corriente Transparencia Sindical que se ha conformado en una Coalición de Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas), les cumpla la promesa que les hizo de que los que se liquidaran iban a ser contratados en la CFE.
La corriente encabezada por Núñez informó que en los próximos días empezarán a operar cinco empresas de trabajadores liquidados. Al respecto, el SME emitió un comunicado en el que señala que es absolutamente ilegal que la CFE otorgue contratos a empresas privadas para diversas áreas del servicio, ya que el artículo 27 constitucional indica que “corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público”.
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martes, 9 de marzo de 2010
Deficiente servicio de CFE daña a industrias en Edomex
Silvia Chávez, corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 9 de marzo de 2010, p. 33
Cuautitlán Izcalli. Méx., 8 de marzo. El “tandeo” del suministro aplicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perjudica a las industrias establecidas en Naucalpan, Ecatepec y otros municipios de la zona oriente, dijo Guillermo Sánchez, director de Industria de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de México.
El funcionario advirtió a la CFE que las restricciones y los altibajos en el suministro provocados por el tandeo por horas y zonas merma la producción de las fábricas que carecen de plantas generadoras.
A su vez, Marco Antonio Calzada, alcalde de Tultitlán, dijo que las interrupciones diarias del suministro duran varias horas y obliga a numerosas empresas a trabajar a 80 por ciento de su capacidad, con las consiguientes pérdidas económicas.
Ante esta situación, empresarios locales y el alcalde exigieron a la CFE cumplir con la dotación regular del servicio; insistieron en que el racionamiento afecta el empleo y reduce la producción de bienes e insumos no sólo en Tultitlán, sino también en Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca y Tecámac, entre otras localidades.Fuente
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Periódico La Jornada
Martes 9 de marzo de 2010, p. 33
Cuautitlán Izcalli. Méx., 8 de marzo. El “tandeo” del suministro aplicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perjudica a las industrias establecidas en Naucalpan, Ecatepec y otros municipios de la zona oriente, dijo Guillermo Sánchez, director de Industria de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de México.
El funcionario advirtió a la CFE que las restricciones y los altibajos en el suministro provocados por el tandeo por horas y zonas merma la producción de las fábricas que carecen de plantas generadoras.
A su vez, Marco Antonio Calzada, alcalde de Tultitlán, dijo que las interrupciones diarias del suministro duran varias horas y obliga a numerosas empresas a trabajar a 80 por ciento de su capacidad, con las consiguientes pérdidas económicas.
Ante esta situación, empresarios locales y el alcalde exigieron a la CFE cumplir con la dotación regular del servicio; insistieron en que el racionamiento afecta el empleo y reduce la producción de bienes e insumos no sólo en Tultitlán, sino también en Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca y Tecámac, entre otras localidades.
lunes, 8 de marzo de 2010
Boletín de Prensa
Asunto: México, País de impunidad y sin respeto a nuestras Leyes.A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A los poderes, Legislativo y Judicial,
Al pueblo mexicano:
El día de hoy 8 de marzo del presente año, aparecieron diversas notas periodísticas, entre ellas en el periódico “La Jornada”, dando a conocer que la “Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio contratos de operación a cinco empresas de trabajadores liquidados de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que pertenecen al grupo que encabeza Alejandro Muñoz, las cuales empezarán a laborar en los próximos días”.
A los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, orgullosamente en resistencia y lucha contra el decreto de extinción de nuestra Empresa Luz y Fuerza del Centro y del despido de sus más de 44 mil trabajadores impuesto por Felipe Calderón Hinojosa, nos queda perfectamente claro que México se ha convertido en un País, donde no existe respeto alguno a nuestra Constitución Política y a la Ley Federal del Trabajo.
Nuestra Carta Magna en el Artículo 27 en su párrafo sexto, establece con perfecta e indiscutible claridad que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”
Este párrafo, lo conocen perfectamente Javier Lozano Alarcón, Georgina Kessel y Alfredo Elías Ayub, los cuales haciendo gala de total impunidad, han entregado a multitud de pequeñas empresas privadas la operación del conjunto de instalaciones (plantas generadoras, líneas de transmisión, redes subterráneas y aéreas, centros de trabajo y oficinas comerciales) que de acuerdo a la Constitución, a la Ley y nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, que son Materia de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas.
En una más de sus acciones inconstitucionales e ilegales y con una actitud totalmente perversa, parcial y facciosa, la CFE “entrega” contratos a cinco empresas privadas del compañero de armas de Calderón y Lozano, el traidor Alejandro Muñoz Reséndiz. A quien ahora se hace cómplice de dichas violaciones a la Carta Magna y al CCT, el que según nuestro Estatuto Sindical, debiera velar por que se cumpla y se aplique dicho documento elevado a categoría de Laudo.
Pero a Muñoz Reséndiz nada le importa, pues aunque continúa ostentándose como “dirigente” del SME, sigue atascándose en el lodo de la impudicia. Este individuo desclasado e inmoral, decidió arrastrarse por las migajas (“600 o mil fuentes de empleo”) que sus patrones le lanzaron a costa de aceptar el despido de los más de 44 mil trabajadores afiliados a nuestro Sindicato, que con su pan se lo coma.
Por nuestra parte, seguiremos insistiendo en el respeto irrestricto a nuestra Constitución Política, a la Ley Federal del Trabajo, al Contrato Colectivo de Trabajo del SME y luchando incansablemente contra la privatización de la Industria Eléctrica Nacionalizada, que los apátridas están tratando de consumar. Los dignos y valerosos electricistas en lucha y resistencia miembros del SME, continuaremos siendo leales soldados defensores de la Soberanía Nacional y del Patrimonio de todos los mexicanos, nada ni nadie nos hará cambiar de ruta.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 8 de marzo de 2010
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior.
Secretario del Exterior.
Venderá la CFE tiempo-luz por prepago
Terra México
Lunes, 8 de Marzo de 2010
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzará en las próximas semanas un sistema de prepago de electricidad, similar al de la compra de tiempo aire para celulares.
La compra de tiempo-luz está dirigida a usuarios domésticos con consumos menores a 250 kilowatts-hora mensuales; unos 150 pesos bimestrales promedio.
La CFE tiene 33 millones 400 mil usuarios con este perfil.
A través de tiendas de conveniencia, farmacias y tiendas de autoservicio, entre otros puntos de venta que se están analizando, la CFE ofrecerá el servicio de prepago para obtener tiempo-luz desde 20 pesos, dijo Estefano Conde, vocero de la empresa.
Aunque no hay una fecha precisa para su aplicación a nivel nacional, el sistema se probará a gran escala en la ciudad de León, Guanajuato.
El proyecto está siendo revisado por la Secretaría de Hacienda, que se encargará de enviarlo para su manifestación de impacto regulatorio a la Cofemer en los próximos días.
La empresa ya aplicó una prueba piloto a 2 mil 500 usuarios en Temixco, Morelos, durante dos años.
La modalidad requiere cambiar los medidores mecánicos por electrónicos e incluye una tarjeta permanente que servirá para recargarse en las tiendas cada vez que el usuario necesite comprar tiempo-luz.
Según los resultados de la prueba piloto, el mecanismo reflejó una reducción en el consumo de electricidad de 20 por ciento, por lo que se espera tenga los mismos efectos en el proyecto a gran escala.
Las bajas en consumo también repercuten en menos subsidios a las tarifas de estos usuarios.
Fuentes de la CFE informaron que el principal objetivo es que los usuarios tengan un mayor control sobre su consumo de electricidad, pero también se podrán reducir las pérdidas no técnicas con la sustitución de los medidores.
Según algunas prácticas identificadas por la CFE, los medidores mecánicos pueden ser fácilmente alterados para reducir el consumo real de electricidad al bimestre, lo cual sería imposible con los electrónicos.
Una vez que se pruebe la aplicación del prepago de la luz en León, se implementaría en el resto del País para usuarios de bajo consumo doméstico.
De hecho, la empresa ya compró un millón 600 mil medidores nuevos para instalarlos en los próximos dos años.
Los usuarios podrán identificar con focos distintivos cuándo es necesario recargar la tarjeta.
Una luz verde indica que está totalmente cargado, la luz ámbar señala que se requiere cargar y la roja que no tiene crédito.
Una vez cargada la tarjeta se coloca encima del medidor y la información se transmite por ondas de radiofrecuencia.
CFE estima que este programa también le significará una reducción de sus costos de distribución de recibos, lectores y trámites administrativos, ya que será totalmente electrónico.
Fuente: GRUPO REFORMA / Redacción México
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Lunes, 8 de Marzo de 2010
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzará en las próximas semanas un sistema de prepago de electricidad, similar al de la compra de tiempo aire para celulares.
La compra de tiempo-luz está dirigida a usuarios domésticos con consumos menores a 250 kilowatts-hora mensuales; unos 150 pesos bimestrales promedio.
La CFE tiene 33 millones 400 mil usuarios con este perfil.
A través de tiendas de conveniencia, farmacias y tiendas de autoservicio, entre otros puntos de venta que se están analizando, la CFE ofrecerá el servicio de prepago para obtener tiempo-luz desde 20 pesos, dijo Estefano Conde, vocero de la empresa.
Aunque no hay una fecha precisa para su aplicación a nivel nacional, el sistema se probará a gran escala en la ciudad de León, Guanajuato.
El proyecto está siendo revisado por la Secretaría de Hacienda, que se encargará de enviarlo para su manifestación de impacto regulatorio a la Cofemer en los próximos días.
La empresa ya aplicó una prueba piloto a 2 mil 500 usuarios en Temixco, Morelos, durante dos años.
La modalidad requiere cambiar los medidores mecánicos por electrónicos e incluye una tarjeta permanente que servirá para recargarse en las tiendas cada vez que el usuario necesite comprar tiempo-luz.
Según los resultados de la prueba piloto, el mecanismo reflejó una reducción en el consumo de electricidad de 20 por ciento, por lo que se espera tenga los mismos efectos en el proyecto a gran escala.
Las bajas en consumo también repercuten en menos subsidios a las tarifas de estos usuarios.
Fuentes de la CFE informaron que el principal objetivo es que los usuarios tengan un mayor control sobre su consumo de electricidad, pero también se podrán reducir las pérdidas no técnicas con la sustitución de los medidores.
Según algunas prácticas identificadas por la CFE, los medidores mecánicos pueden ser fácilmente alterados para reducir el consumo real de electricidad al bimestre, lo cual sería imposible con los electrónicos.
Una vez que se pruebe la aplicación del prepago de la luz en León, se implementaría en el resto del País para usuarios de bajo consumo doméstico.
De hecho, la empresa ya compró un millón 600 mil medidores nuevos para instalarlos en los próximos dos años.
Los usuarios podrán identificar con focos distintivos cuándo es necesario recargar la tarjeta.
Una luz verde indica que está totalmente cargado, la luz ámbar señala que se requiere cargar y la roja que no tiene crédito.
Una vez cargada la tarjeta se coloca encima del medidor y la información se transmite por ondas de radiofrecuencia.
CFE estima que este programa también le significará una reducción de sus costos de distribución de recibos, lectores y trámites administrativos, ya que será totalmente electrónico.
Fuente: GRUPO REFORMA / Redacción México
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Denuncian cobro indebido y atraso en entrega de recibos de CFE en la Sierra Norte
Efraín Núñez Calderón
E-Consulta
lunes, 08 de marzo de 2010
Pobladores de Huauchinango denunciaron cobros indebidos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la repartición extemporánea a la fecha de vencimiento de los recibos, razón por la cual la paraestatal les anuncia un costo adicional por "reconexión".
Domingo Aguilar Vázquez, subdelegado de la División Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), reveló que desde la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), ningún poblador de Juan Galindo ha realizado pago a CFE, además de que los recibos llegan con un "estimado" del consumo, ya que los empleados de la paraestatal no se atreven a entrar a la comunidad para hacer la medición correcta por temor a represalias.
Este medio de comunicación recibió recientemente quejas por parte de ciudadanos a quienes CFE les ha hecho una medición incorrecta de su consumo de electricidad en Huachinango y otros municipios de la Sierra Norte de Puebla, donde anteriormente operaba LyFC.
Manifestaron que se han quejado al 071, donde los invitan a acudir a las oficinas de CFE en Puebla capital o Pachuca, Hidalgo para aclarar sus dudas: "Si quiere que le aclaren un cobro indebido de 500 pesos, tendrá que gastarse en gasolina y casetas más de mil pesos. Qué incongruencia", destacó un afectado.
Manifestó que con la desaparición de LyFC, actualmente no existe sucursal alguna de CFE en estos municipios para presentar quejas o hacer aclaraciones, además de que la oficina de correos manda a destiempo el recibo de luz: "usted paga y el siguiente recibo le llega con un cargo por reconexión de servicio. Esto es un cobro indebido e ilegal, ya que no es culpa del usuario que lleguen los recibos con extemporaneidad".
Otro problema que han tenido que sortear es que la cuenta llega el mismo día de vencimiento, por lo que aunque realicen el pago de inmediato CFE lo recibe al día siguiente, causando morosidad.
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E-Consulta
lunes, 08 de marzo de 2010
Pobladores de Huauchinango denunciaron cobros indebidos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la repartición extemporánea a la fecha de vencimiento de los recibos, razón por la cual la paraestatal les anuncia un costo adicional por "reconexión".
Domingo Aguilar Vázquez, subdelegado de la División Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), reveló que desde la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), ningún poblador de Juan Galindo ha realizado pago a CFE, además de que los recibos llegan con un "estimado" del consumo, ya que los empleados de la paraestatal no se atreven a entrar a la comunidad para hacer la medición correcta por temor a represalias.
Este medio de comunicación recibió recientemente quejas por parte de ciudadanos a quienes CFE les ha hecho una medición incorrecta de su consumo de electricidad en Huachinango y otros municipios de la Sierra Norte de Puebla, donde anteriormente operaba LyFC.
Manifestaron que se han quejado al 071, donde los invitan a acudir a las oficinas de CFE en Puebla capital o Pachuca, Hidalgo para aclarar sus dudas: "Si quiere que le aclaren un cobro indebido de 500 pesos, tendrá que gastarse en gasolina y casetas más de mil pesos. Qué incongruencia", destacó un afectado.
Manifestó que con la desaparición de LyFC, actualmente no existe sucursal alguna de CFE en estos municipios para presentar quejas o hacer aclaraciones, además de que la oficina de correos manda a destiempo el recibo de luz: "usted paga y el siguiente recibo le llega con un cargo por reconexión de servicio. Esto es un cobro indebido e ilegal, ya que no es culpa del usuario que lleguen los recibos con extemporaneidad".
Otro problema que han tenido que sortear es que la cuenta llega el mismo día de vencimiento, por lo que aunque realicen el pago de inmediato CFE lo recibe al día siguiente, causando morosidad.
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Protestan mujeres desnudas en San Lázaro
Cinco jóvenes dieron lectura a una proclama contra el presidente Felipe Calderón a quien responsabilizaron de injusticias, violaciones de derechos y violencia contra la mujer
JUAN ARVIZU
El Universal
México, D.F
08 de marzo de 2010
Un grupo de cinco mujeres jóvenes se despojaron de sus ropas en el Palacio Legislativo de San Lázaro y dieron lectura a una proclama contra el presidente Felipe Calderón, a quien responsabilizaron de injusticias, violaciones de derechos y violencia contra la mujer.
De esta manera celebraron el Día Internacional de la Mujer, afuera de uno de los auditorios del Palacio Legislativo, donde desplegaron una manta con la consigna de "Fuera Felipe Calderón".
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), dijo a los periodistas que él facilitó el ingreso de las cinco mujeres, de acuerdo en la protesta con sus cuerpos desnudos por completo.
Integrantes del servicio de Resguardo Parlamentario y Seguridad de la Cámara de Diputados estuvieron cerca del lugar de la protesta, sin intervenir.
"Desnudamos nuestros cuerpos para desnudar al gobierno de Calderón", gritaron las mujeres, cuatro de ellas con el rostro cubierto por una capucha negra, en la que con letras blancas denunciaban: "Presos de Conciencia", "Madres de desaparecidos", a la vez de que gritaban, "¡Fuera Calderón!"
En los senos de las cinco mujeres, a tinta roja, escribieron la expresión "¡Fuera Calderón", y una de ellas leyó la proclama en la que enlistaron las causas de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las presas s de conciencia, las mujeres electricistas del Luz y Fuerza, las violadas por el Ejército, dijeron, en los operativos antinarco, así como por las que tiene prohibido abortar.
Fernández Noroña dijo a los periodistas que al apoyar esta protesta no abusa del fuero, como en su momento lo hizo del fuero eclesiástico, el padre Marcial Maciel, dijo, que "violaba a sus hijos y a otros niños y quedó impune hasta la muerte".
aaae
Fuente
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JUAN ARVIZU
El Universal
México, D.F
08 de marzo de 2010
Un grupo de cinco mujeres jóvenes se despojaron de sus ropas en el Palacio Legislativo de San Lázaro y dieron lectura a una proclama contra el presidente Felipe Calderón, a quien responsabilizaron de injusticias, violaciones de derechos y violencia contra la mujer.
De esta manera celebraron el Día Internacional de la Mujer, afuera de uno de los auditorios del Palacio Legislativo, donde desplegaron una manta con la consigna de "Fuera Felipe Calderón".
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), dijo a los periodistas que él facilitó el ingreso de las cinco mujeres, de acuerdo en la protesta con sus cuerpos desnudos por completo.
Integrantes del servicio de Resguardo Parlamentario y Seguridad de la Cámara de Diputados estuvieron cerca del lugar de la protesta, sin intervenir.
"Desnudamos nuestros cuerpos para desnudar al gobierno de Calderón", gritaron las mujeres, cuatro de ellas con el rostro cubierto por una capucha negra, en la que con letras blancas denunciaban: "Presos de Conciencia", "Madres de desaparecidos", a la vez de que gritaban, "¡Fuera Calderón!"
En los senos de las cinco mujeres, a tinta roja, escribieron la expresión "¡Fuera Calderón", y una de ellas leyó la proclama en la que enlistaron las causas de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las presas s de conciencia, las mujeres electricistas del Luz y Fuerza, las violadas por el Ejército, dijeron, en los operativos antinarco, así como por las que tiene prohibido abortar.
Fernández Noroña dijo a los periodistas que al apoyar esta protesta no abusa del fuero, como en su momento lo hizo del fuero eclesiástico, el padre Marcial Maciel, dijo, que "violaba a sus hijos y a otros niños y quedó impune hasta la muerte".
aaae
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Día de la mujer, de resistencia
El Correo Ilustrado
La Jornada
8 de Marzo del 2010
En todo el mundo, y en particular en nuestro país, la embestida neoliberal ha vulnerando conquistas históricas de diversos sectores, y de manera criminal los de las mujeres. Los recientes gobiernos se han empeñado en desconocer derechos plasmados en la Constitución, o en frenar el avance de importantes luchas. Para el caso de las trabajadoras, la agresión es evidente: vía decreto de extinción, el gobierno federal nos niega el primordial derecho al trabajo, y sin él tenemos coartado el acceso a la salud, al alimento, a la vivienda y a la educación.
Están por cumplirse cinco meses desde que el Ejecutivo nos despojó, violando diversas leyes, de nuestro empleo. Desde entonces las mujeres del SME nos mantenemos en lucha y resistencia, tratando de defender el legado de nuestros padres y abuelos. De manera digna enfrentamos una criminal campaña mediática de desprestigio y a lo largo de estos meses hemos visto que no estamos solas: así como nosotras, miles de mujeres luchan en este país. A todas ellas, mi reconocimiento, gratitud y, sobre todo, la palabra de aliento para que continuemos resistiendo y construyendo el camino para conseguir un México con libertad, justicia, igualdad y equidad. Hagamos este 8 de marzo una jornada de lucha y resistencia. ¡Vivan las mujeres trabajadoras del mundo! ¡Vivan las mujeres que luchan!
Cecilia Figueroa Rodríguez, integrante del SME
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La Jornada
8 de Marzo del 2010
En todo el mundo, y en particular en nuestro país, la embestida neoliberal ha vulnerando conquistas históricas de diversos sectores, y de manera criminal los de las mujeres. Los recientes gobiernos se han empeñado en desconocer derechos plasmados en la Constitución, o en frenar el avance de importantes luchas. Para el caso de las trabajadoras, la agresión es evidente: vía decreto de extinción, el gobierno federal nos niega el primordial derecho al trabajo, y sin él tenemos coartado el acceso a la salud, al alimento, a la vivienda y a la educación.
Están por cumplirse cinco meses desde que el Ejecutivo nos despojó, violando diversas leyes, de nuestro empleo. Desde entonces las mujeres del SME nos mantenemos en lucha y resistencia, tratando de defender el legado de nuestros padres y abuelos. De manera digna enfrentamos una criminal campaña mediática de desprestigio y a lo largo de estos meses hemos visto que no estamos solas: así como nosotras, miles de mujeres luchan en este país. A todas ellas, mi reconocimiento, gratitud y, sobre todo, la palabra de aliento para que continuemos resistiendo y construyendo el camino para conseguir un México con libertad, justicia, igualdad y equidad. Hagamos este 8 de marzo una jornada de lucha y resistencia. ¡Vivan las mujeres trabajadoras del mundo! ¡Vivan las mujeres que luchan!
Cecilia Figueroa Rodríguez, integrante del SME
Avances y simulaciones
Editorial
La Jornada
8 de Marzo del 2010
Hoy, en nuestro país, la celebración oficial del Día Internacional de la Mujer no sólo debe cotejarse con los avances logrados por las mexicanas en años recientes, sino también con las circunstancias desfavorables, lacerantes y hasta trágicas que enfrentan millones de ellas a raíz de la disolución del estado de derecho en diversas regiones del país, de la crisis económica y de la ofensiva clerical y conservadora orientada a privar a la población en general, y a las mujeres en particular, de derechos reproductivos y de género.
En el primero de esos ámbitos, la impunidad imperante se traduce en numerosas víctimas de injusticias y atropellos. En el contexto de generalizada inseguridad y de devaluación de la vida humana que se ha instaurado en el país, persisten y se multiplican los feminicidios en diversas entidades, así como los casos de explotación sexual, la violencia doméstica y los abusos contra menores que laceran tanto a ellos como a sus madres. Otro tanto ocurre con las progenitoras de los menores muertos en el incendio ocurrido hace nueve meses en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, episodio en el que, hasta la fecha, las autoridades de los distintos niveles de gobierno no han querido o no han podido llevar a cabo el obligado esclarecimiento y la procuración de justicia para los responsables de esa tragedia. Y a esas madres privadas de sus niños por una situación atribuible a la imprevisión, la indolencia o la corrupción de funcionarios públicos, ha de agregarse a las que han perdido a sus hijos por efecto de la descontrolada violencia delictiva que azota al país, uno de cuyos momentos más atroces tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, a finales de enero pasado. En esa misma localidad, en los primeros días de este año, fue asesinada la activista de derechos humanos Josefina Reyes, sin que hasta ahora se haya dado un esfuerzo gubernamental creíble por investigar y sancionar su muerte.
En el terreno económico, las mujeres deben hacer frente, al igual que los hombres, pero con frecuencia en condiciones de mayor desprotección, al desempleo, la carestía y la caída del poder adquisitivo de los salarios e ingresos personales. Ello las afecta en diversas dimensiones: en su condición de amas de casa, en tanto que trabajadoras y, de manera particularmente acentuada, a las jefas de familia y a las madres solteras. Y si bien la falta de trabajo es un drama personal para ambos géneros, para el sexo femenino la pérdida del trabajo suele conllevar la disminución de la independencia y de la soberanía personal.
En lo que constituye una verdad a medias, en el mejor de los casos, las autoridades afirman que tanto el colapso de la seguridad pública como el naufragio económico responden a factores que se encuentran más allá de su control. No pueden argüir otro tanto, en cambio, ante los embates legislativos conservadores que, en casi una veintena de entidades federativas, han coartado los derechos de las mujeres, han criminalizado la interrupción voluntaria del embarazo y las han colocado en una situación de exasperante maternidad forzada. Suman centenas los casos de imputaciones penales contra quienes han decidido abortar, en lo que constituye una inadmisible sumisión de las leyes a la moralina hipócrita de los mandos religiosos, una abdicación del Estado laico y un atropello a las garantías individuales.
En tales circunstancias, los festejos oficiales por el Día Internacional de la Mujer se presentan como un acto de simulación y un gesto demagógico y mediático, y son, para las mexicanas, un agravio adicional a los ya mencionados.
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La Jornada
8 de Marzo del 2010
Hoy, en nuestro país, la celebración oficial del Día Internacional de la Mujer no sólo debe cotejarse con los avances logrados por las mexicanas en años recientes, sino también con las circunstancias desfavorables, lacerantes y hasta trágicas que enfrentan millones de ellas a raíz de la disolución del estado de derecho en diversas regiones del país, de la crisis económica y de la ofensiva clerical y conservadora orientada a privar a la población en general, y a las mujeres en particular, de derechos reproductivos y de género.
En el primero de esos ámbitos, la impunidad imperante se traduce en numerosas víctimas de injusticias y atropellos. En el contexto de generalizada inseguridad y de devaluación de la vida humana que se ha instaurado en el país, persisten y se multiplican los feminicidios en diversas entidades, así como los casos de explotación sexual, la violencia doméstica y los abusos contra menores que laceran tanto a ellos como a sus madres. Otro tanto ocurre con las progenitoras de los menores muertos en el incendio ocurrido hace nueve meses en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, episodio en el que, hasta la fecha, las autoridades de los distintos niveles de gobierno no han querido o no han podido llevar a cabo el obligado esclarecimiento y la procuración de justicia para los responsables de esa tragedia. Y a esas madres privadas de sus niños por una situación atribuible a la imprevisión, la indolencia o la corrupción de funcionarios públicos, ha de agregarse a las que han perdido a sus hijos por efecto de la descontrolada violencia delictiva que azota al país, uno de cuyos momentos más atroces tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, a finales de enero pasado. En esa misma localidad, en los primeros días de este año, fue asesinada la activista de derechos humanos Josefina Reyes, sin que hasta ahora se haya dado un esfuerzo gubernamental creíble por investigar y sancionar su muerte.
En el terreno económico, las mujeres deben hacer frente, al igual que los hombres, pero con frecuencia en condiciones de mayor desprotección, al desempleo, la carestía y la caída del poder adquisitivo de los salarios e ingresos personales. Ello las afecta en diversas dimensiones: en su condición de amas de casa, en tanto que trabajadoras y, de manera particularmente acentuada, a las jefas de familia y a las madres solteras. Y si bien la falta de trabajo es un drama personal para ambos géneros, para el sexo femenino la pérdida del trabajo suele conllevar la disminución de la independencia y de la soberanía personal.
En lo que constituye una verdad a medias, en el mejor de los casos, las autoridades afirman que tanto el colapso de la seguridad pública como el naufragio económico responden a factores que se encuentran más allá de su control. No pueden argüir otro tanto, en cambio, ante los embates legislativos conservadores que, en casi una veintena de entidades federativas, han coartado los derechos de las mujeres, han criminalizado la interrupción voluntaria del embarazo y las han colocado en una situación de exasperante maternidad forzada. Suman centenas los casos de imputaciones penales contra quienes han decidido abortar, en lo que constituye una inadmisible sumisión de las leyes a la moralina hipócrita de los mandos religiosos, una abdicación del Estado laico y un atropello a las garantías individuales.
En tales circunstancias, los festejos oficiales por el Día Internacional de la Mujer se presentan como un acto de simulación y un gesto demagógico y mediático, y son, para las mexicanas, un agravio adicional a los ya mencionados.
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CNDH: siguen patrones de conducta sexistas
De la Redacción
Periódico La Jornada
Lunes 8 de marzo de 2010, p. 43
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó ayer que “México está en deuda con las mujeres, ya que persisten los patrones de conductas sexistas, excluyentes y discriminatorias que les impiden el ejercicio pleno de sus derechos y prerrogativas”. Este lunes 8 de marzo, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la CNDH sostuvo que la protección de las mujeres demanda políticas de Estado encaminadas a abatir, entre otras conductas, la explotación y el acoso sexual, la violencia familiar, la discriminación y la marginación. Subrayó que los asesinatos de unas 504 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el reporte de 76 desaparecidas son ejemplo de la deuda que México tiene con este sector. Muchos de esos crímenes permanecen en la impunidad, y a la fecha no se ha logrado frenar la ola de violencia contra mujeres en esa localidad fronteriza. Detalla que de acuerdo con encuestas nacionales sobre dinámica de las relaciones familiares y violencia en los hogares, una de cada tres mujeres sufre maltrato del compañero íntimo. 67 por ciento de mujeres mayores de 15 años asegura haber sufrido violencia en algún momento; 12.4 por ciento de trabajadoras, denunciaron haber padecido al menos un acto de acoso, y 29. 9 por ciento, manifestaron haber sufrido violencia en el trabajo, y 19.2 por ciento denunció haber vivido violencia en su hogar.
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Periódico La Jornada
Lunes 8 de marzo de 2010, p. 43
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó ayer que “México está en deuda con las mujeres, ya que persisten los patrones de conductas sexistas, excluyentes y discriminatorias que les impiden el ejercicio pleno de sus derechos y prerrogativas”. Este lunes 8 de marzo, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la CNDH sostuvo que la protección de las mujeres demanda políticas de Estado encaminadas a abatir, entre otras conductas, la explotación y el acoso sexual, la violencia familiar, la discriminación y la marginación. Subrayó que los asesinatos de unas 504 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el reporte de 76 desaparecidas son ejemplo de la deuda que México tiene con este sector. Muchos de esos crímenes permanecen en la impunidad, y a la fecha no se ha logrado frenar la ola de violencia contra mujeres en esa localidad fronteriza. Detalla que de acuerdo con encuestas nacionales sobre dinámica de las relaciones familiares y violencia en los hogares, una de cada tres mujeres sufre maltrato del compañero íntimo. 67 por ciento de mujeres mayores de 15 años asegura haber sufrido violencia en algún momento; 12.4 por ciento de trabajadoras, denunciaron haber padecido al menos un acto de acoso, y 29. 9 por ciento, manifestaron haber sufrido violencia en el trabajo, y 19.2 por ciento denunció haber vivido violencia en su hogar.
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Desempleadas, 42.7% de mexicanas en tres años de gobierno de Calderón
En un año, la desocupación en este sector creció 32 por ciento
Susana González Gutiérrez
Periódico La Jornada
Lunes 8 de marzo de 2010, p. 43
El desempleo entre las mujeres aumentó 32 por ciento en un año, tres puntos más en comparación con el incremento de 29 por ciento registrado entre los hombres.
Así, entre jefas de familia, madres solteras, adolescentes y jóvenes, profesionistas y hasta ancianas de todos los estratos socioeconómicos, 922 mil 353 mexicanas que buscan trabajo sin encontrarlo llegan a la conmemoración 33 del Día Internacional de la Mujer.
De cada 10 desempleados, tres o cuatro son mujeres puesto que representan 36.7 por ciento de los 2 millones 506.5 mil personas sin trabajo reportados en la edición trimestral más reciente de la Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE).
Cuando concluyó 2008, existían 695 mil 840 mujeres en el desempleo y a ellas se sumaron otras 226 mil 513 en tan sólo un año, según la encuesta a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Si el comparativo se hace desde el último trimestre de 2006, cuando inició el gobierno del presidente Felipe Calderón, hasta igual periodo de 2009, el incremento en la desocupación femenil es de 42.7 por ciento, ya que al principio del sexenio eran 646 mil mujeres sin trabajo.
En el desempleo se incluyen 134 mil jefas de familia, es decir aquellas mujeres responsables del sustento económico en sus hogares. Otras 244 mil son cónyuges que mientras tuvieron trabajo complementaron con su salario a los gastos familiares, lo mismo que otras 444 mil hijas de familia que se quedaron sin fuente laboral, pero siguen buscando.
Sobre las causas de la desocupación entre las mujeres, la ENOE precisa que 38 por ciento “perdió o terminó su empleo”; 40 por ciento “renunció o dejó su trabajo”; 13.4 por ciento no contaba con experiencia para conseguir una plaza laboral y 4.5 por ciento “dejó o cerró un negocio”.
Para enero de 2010, el Inegi reportó la tasa de desocupación general llegó a 5.87 por ciento de la población económicamente activa (PEA) y aunque para las mujeres quedó en 5.41 por ciento, fue la tasa más alta que se ha registrado desde octubre de 2009.
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Susana González Gutiérrez
Periódico La Jornada
Lunes 8 de marzo de 2010, p. 43
El desempleo entre las mujeres aumentó 32 por ciento en un año, tres puntos más en comparación con el incremento de 29 por ciento registrado entre los hombres.
Así, entre jefas de familia, madres solteras, adolescentes y jóvenes, profesionistas y hasta ancianas de todos los estratos socioeconómicos, 922 mil 353 mexicanas que buscan trabajo sin encontrarlo llegan a la conmemoración 33 del Día Internacional de la Mujer.
De cada 10 desempleados, tres o cuatro son mujeres puesto que representan 36.7 por ciento de los 2 millones 506.5 mil personas sin trabajo reportados en la edición trimestral más reciente de la Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE).
Cuando concluyó 2008, existían 695 mil 840 mujeres en el desempleo y a ellas se sumaron otras 226 mil 513 en tan sólo un año, según la encuesta a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Si el comparativo se hace desde el último trimestre de 2006, cuando inició el gobierno del presidente Felipe Calderón, hasta igual periodo de 2009, el incremento en la desocupación femenil es de 42.7 por ciento, ya que al principio del sexenio eran 646 mil mujeres sin trabajo.
En el desempleo se incluyen 134 mil jefas de familia, es decir aquellas mujeres responsables del sustento económico en sus hogares. Otras 244 mil son cónyuges que mientras tuvieron trabajo complementaron con su salario a los gastos familiares, lo mismo que otras 444 mil hijas de familia que se quedaron sin fuente laboral, pero siguen buscando.
Sobre las causas de la desocupación entre las mujeres, la ENOE precisa que 38 por ciento “perdió o terminó su empleo”; 40 por ciento “renunció o dejó su trabajo”; 13.4 por ciento no contaba con experiencia para conseguir una plaza laboral y 4.5 por ciento “dejó o cerró un negocio”.
Para enero de 2010, el Inegi reportó la tasa de desocupación general llegó a 5.87 por ciento de la población económicamente activa (PEA) y aunque para las mujeres quedó en 5.41 por ciento, fue la tasa más alta que se ha registrado desde octubre de 2009.
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domingo, 7 de marzo de 2010
Robo en pandilla en la CFE
- El ex diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, presidente de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, afirma que un contrato que la paraestatal firmó con una empresa sueca es un robo descarado
- La comisión energética ha pagado 301 millones de un contrato de 319.3 millones a la empresa sueca ABB por una planta que, a 10 años de que se debió entregar, aún no funciona al 100% de su capacidad
- El ex legislador añade que el valor real de la obra está muy por debajo de lo que pactaron en el contrato
Rosalía Vergara / APRO
MEXICO, D.F., 6 de marzo.- En septiembre de 2010, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habrá pagado 301 millones de dólares –de un total de 319.3 millones de dólares– a la empresa sueca ABB como parte del contrato 978011, firmado en 1997 para la construcción de la planta termoeléctrica Monterrey II, ubicada en el municipio de Pesquería, y que aún no opera al ciento por ciento de su capacidad.
El exdiputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, presidente de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, asegura que la manera en que se adjudicó este contrato multimillonario es un ejemplo del “robo en pandilla” que se realiza en la CFE desde que Alfredo Elías Ayub está al frente de esta “empresa de clase mundial”.
En su libro El sector eléctrico en México. Costos, tarifas y opacidad, Velasco Oliva consigna que entre 2002 y 2008 la comisión firmó por lo menos ocho contratos con la empresa sueca, cuyos números son los siguientes: PIF-004/2002, PIF-002/2002, PIF-027/2004, PIF-028/2004, PIF-007/2004, PIF-022/2006, PIF-019/2006, PIF-011/2008.
Refiere que el 17 de octubre de 1997, Monterrey Power –filial de ABB–, la CFE y Nacional Financiera (Nafin) firmaron un contrato de fideicomiso (número 978011) para la construcción de la planta termoeléctrica Monterrey II. El costo de la obra sería de 319.3 millones de dólares pagaderos a 15 años. Durante ese plazo la empresa operaría la planta; después transferiría la propiedad a la paraestatal.
Los trabajos respectivos, refiere Velasco Oliva, se iniciaron el 24 de abril de 1998 y en las condiciones contractuales se estableció que para el 15 de junio de 2000 la planta debería funcionar a plena capacidad. Pero el plazo se venció sin que ABB concluyera la planta; aun así, la puso a funcionar de manera parcial, como consta en el certificado de aceptación provisional de la obra, expedido el 19 de septiembre de 2000 por el jefe del proyecto, Andrés Martínez López.
En ese documento se indica que la obra concluyó el 16 de septiembre de 2000; es decir, tres meses después de lo estipulado en el contrato. También se consigna que la CFE acepta la entrega provisional de la planta porque se encuentra en condiciones de operación, pero le advierte a Monterrey Power que debe concluir los trabajos “a la brevedad posible”.
El certificado se expidió, explica Velasco Oliva, a pesar de que la planta sólo podía generar el 40% de los 450 megawatts programados. La planta siguió operando y fue hasta un año después, el 18 de septiembre del año 2001, cuando el coordinador de Proyectos Termoeléctricos, Juan Manuel Rodríguez Alvarez, le hizo notar al subdirector de Finanzas de CFE, Enrique Román Enríquez, que la planta manejada por ABB no estaba cumpliendo con las expectativas de operatividad.
Debido al incumplimiento en el plazo de entrega de la planta, así como por su baja productividad, la CFE (oficio 742.040) sancionó –a toro muy pasado– a Monterrey Power con 34 millones 341 mil 736 dólares.
El documento emitido por la paraestatal dice: “Se ha solicitado a la empresa Monterrey Power SA de CV, a través de Alstom Power Proyectos S.A. de C.V., que debido a que no se han ejecutado todos los pendientes derivados de la aceptación provisional por concepto de trabajos no ejecutados, debe ser repuesto a la carta de crédito vigente (para) que se ejerza penalización”. También menciona que, de acuerdo con los registros con los que cuenta la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, el valor de la obra está por debajo del monto del contrato.
En este punto es evidente el contubernio entre funcionarios de la comisión y la trasnacional, comenta Velasco Oliva: “Aunque CFE se da cuenta de los retrasos de la obra, no le rescinde el contrato a ABB, sino que negocia con la empresa. El total de la multa fue por 61 millones de dólares y el retraso por 34 millones de dólares lo pagó la CFE por un contrato a precio alzado”.
El exlegislador plantea que pese a las pruebas de corrupción en la adjudicación de contratos a AAB, hasta ahora no se ha fincado responsabilidad a ningún funcionario de la CFE, y por el contrario este organismo le ha seguido otorgando obras.
La transnacional
Monterrey Power es un consorcio creado por las filiales Isho Iwa como contratista, y por ABB, que provee el equipo de generación de energía. Para la construcción de la planta Monterrey II transfirieron acciones a Alstom Internacional, razón social de ABB.
Velasco Oliva asegura que entre 1997 y 2000, cuando fue diputado federal en la LVII Legislatura, presentó 19 denuncias ante el pleno por la corrupción imperante en la CFE.
“La actitud de Elías Ayub –añade– fue solapar, nunca investigar. Y lo mismo pasó en la anterior Legislatura, cuando acudí con él para presentarle evidencias de otro acto de corrupción que ignoró. Lo que me permite afirmar que a Elías Ayub no le interesa combatir sino proteger la corrupción en CFE”.
También critica el alarde con que el director de CFE presume de que bajo su gestión la paraestatal ha ido más allá de lo que establece la normatividad, con la figura de testigos sociales al implementar las licitaciones de obras y adquisiciones, al publicar prebases de licitación, sistemas de adquisiciones por internet y subastas. “Como si con esas acciones se transparentara la comisión y ya no hubiera manipulaciones o ilegalidades que den origen a corruptelas y beneficios ilícitos”, plantea.
Pone ejemplos: Se adjudican contratos que merecen la descalificación, y si hay inconformidades se busca complacer con otro contrato al querellante. Está el caso del contrato 968001 entre la CFE y Techint de Italia para la construcción de una terminal de recibo y manejo de carbón para la Termoeléctrica Petacalco.
El quebranto a la CFE es por 80 millones de dólares, y a la fecha la planta opera al 16% de su capacidad instalada, sostiene Velasco Oliva.
Menciona que el 8 de noviembre del año 2000 el Comité Central de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios de CFE se reunió para dictaminar el proceso de excepción de la licitación CPT-004/00 y realizar la adjudicación directa al consorcio Siemens-Westinghouse, a fin de adquirir turbogeneradores con capacidad de 150 megawatts. Asegura que en esta operación el quebranto para la CFE fue de 130 millones de dólares.
Y no sólo eso. Velasco Oliva comenta que el 6 de junio de 2000 Repsol hizo una transacción ilegal que perjudicó a Perú, país al que le compra gas barato para venderlo en México a precios exorbitantes. Detalla que en el contrato 9100005181 se refieren los pormenores de esta operación, que significó un quebranto por 35 millones de dólares para el país sudamericano.
El exdiputado sostiene que en mayo de 2008 Rubén Loredo, en ese entonces subgerente de CFE en Puebla, le cobro 2.6 millones de pesos a la empresa a Dobsa, con la promesa de que le adjudicaría un contrato para la construcción de un centro de operación y respaldo destinado al Centro Nacional de Energía. No cumplió.
º “Todo este manejo y estos contratos corresponden a la gestión de Elías Ayub. Se dan licitaciones donde todo el mundo se beneficia, todos son empresarios. Saben que hay pastel para todos, y formaditos se van asignando los contratos”, puntualiza.
El 23 de noviembre de 2009 Fernando Maya Basurto, representante en México de ABB, aceptó haber participado en la entrega de sobornos, así como en lavado y transferencias de fondos a funcionarios de la CFE. Por estos ilícitos fue detenido en Estados Unidos junto con el empresario Joseph O’Shea.
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Restauración de la página oficial del SME
Sindicato Mexicano de Electricistas
http://www.sme1914.org/
07 Mar 10
En estos momentos nos encontramos restaurando el sitio, claramente es un intento por censurarnos y debilitar nuestro movimiento, los ataques se venían dando aproximadamente desde hace un mes pero los habíamos podido contener. Hemos recuperado toda la base de datos y toda nuestra información está a salvo.
En breve implementaremos una serie de servicios para evitar que esto vuelva a suceder, nuestro movimiento sigue ganando fuerza y este sitio distribuye información a todo el mundo, por lo que hoy más que nunca debemos de poner todo nuestro empeño en él.
07 Mar 10
En estos momentos nos encontramos restaurando el sitio, claramente es un intento por censurarnos y debilitar nuestro movimiento, los ataques se venían dando aproximadamente desde hace un mes pero los habíamos podido contener. Hemos recuperado toda la base de datos y toda nuestra información está a salvo.
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Todos a la Huelga Nacional el 16 de Marzo a las 12:00hrs.
El equipo de SME net
Entrega Calderón áreas estratégicas a trasnacionales
Con su plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, Calderón cederá a corporativos mexicanos y trasnacionales el control total de la vida, el movimiento de las personas y las mercancías y el mundo de las ideas y el acceso a la información. La concesión de las áreas estratégicas –salud, educación, telecomunicaciones, carreteras– y los bienes nacionales –agua, energía, medio ambiente, patrimonio cultural– se hace de manera paulatina por medio de “asociaciones público-privadas”. A tres años de iniciado el proyecto, el gobierno federal consolida los monopolios privados, destruye las paraestatales y los servicios públicos, garantiza multimillonarios subsidios y exenciones fiscales al empresariado y robustece el aparato punitivo contra la protesta social
Nancy Flores
Contralínea / Tercera parte
7 de Marzo del 2010
Al pactar México 2030, Proyecto de Gran Visión, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa acordó con las empresas mexicanas y trasnacionales la entrega total de las áreas estratégicas y los bienes de la nación. En su primera etapa, vigente desde el 1 de diciembre de 2006, las privatizaciones se dan como “asociaciones público-privadas”, “proyectos de prestación de servicios” y “obras públicas financiadas”.
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, advierte que las asociaciones de “capital público-privado” no son más que una forma de referirse a “la vergonzante privatización de los servicios públicos y de los bienes públicos, que son patrimonio de la nación”.Cuatro documentos de trabajo desclasificados por la Presidencia –y elaborados en el marco de los talleres del “Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos”– revelan las áreas en las que se aplica o aplicará el esquema: energía, hidrocarburos, transporte, telecomunicaciones, servicios urbanos, infraestructura ambiental, hidráulica, educativa, en salud, en seguridad pública, en campo, vivienda y desarrollo urbano.
Además, detalla que se desarrollará la “vocación turística del país en materia de patrimonio cultural y patrimonio ambiental”. También, que se garantizará la certeza en la tenencia de la tierra y en la inversión privada. De acuerdo con los documentos, las reformas que “flexibilizan” los ámbitos fiscal, laboral, educativo, de pensiones, de salud son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos.
El maestro Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que los daños industriales contra el ambiente, la violación a los derechos laborales y el despojo de los recursos a los pueblos responden a una lógica sostenida de subordinación de los derechos humanos a los derechos patrimoniales.—La acción gubernamental privilegia los derechos de algunos grupos poderosos, con quienes establece relaciones de complicidad y bajo un discurso de prosperidad, entre comillas. Hay un énfasis en la seguridad y en la prosperidad, pero una merma en los derechos humanos de la población. Ese énfasis es resultado de las exigencias de los socios comerciales de México; por eso, el Estado deja en segundo término temas de salud, educación, vivienda, ambiente sano y condiciones laborales justas.
Los investigadores consultados coinciden en que éste es el pago de facturas que hace Calderón Hinojosa tras su controvertida llegada a la Presidencia de México. El economista e historiador Aguirre Rojas señala que la lista de privatizaciones inmediatas y futuras contiene las tareas que le competen al Estado de manera exclusiva.
—Cómo genera el desarrollo un Estado: renovando la infraestructura, creando carreteras que comuniquen al territorio nacional; desarrollando un sistema de telecomunicaciones, de correos eficaz, una red telefónica que llegue a todos. Los teléfonos, las comunicaciones, las carreteras, la electricidad, el agua son bienes fundamentales y vitales para la vida pública, por eso lo normal es que estén en manos del Estado. Lo anormal es lo que ha sucedido en los últimos 30 años.
El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM explica: “Quien controla el agua, controla la vida y la reproducción de la gente; quien controla las carreteras, controla las posibilidades de movimiento; quien controla las telecomunicaciones, controla el mundo de las ideas y las posibilidades del acceso a la información. Todas son áreas estratégicas y, sin embargo, están siendo privatizadas”.
Infraestructura
El doctor Víctor H Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo, observa que “hay un dejo de clase, un sentimiento demasiado clasista en el documento”.
Indica que el Proyecto de Gran Visión se hizo sin pensar en las tendencias que México tenía en 2006. Esa omisión, dice, incluso fue respecto de las tendencias internacionales.
En el apartado de “Infraestructura” –que consta de 130 páginas y está contenido en el segundo capítulo del Proyecto de Gran Visión–, los empresarios y representantes de trasnacionales, políticos del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional y académicos sostienen que “México, en 2030, se distingue por tener una infraestructura básica, social y productiva accesible para todos, con calidad, precios y costos competitivos; orientada al desarrollo humano y productivo de los mexicanos y a la sustentabilidad ambiental”.
El documento agrega que “esta infraestructura sitúa a México como plataforma logística para vincular los mercados internacionales y como país con vocación turística, la cual promueve un desarrollo regional equilibrado. El país se ha convertido en el líder de América Latina en inversión/presupuesto destinado a infraestructura, y es reconocido por tener un marco jurídico que estimula y hace eficiente la inversión, y por su crecimiento a partir de mecanismos de financiamiento público-privados”.
En el marco del Proyecto de Gran Visión, la Comisión Federal de Electricidad destinará 634 mil 920 millones de pesos a la “asociación público-privada”, entre 2009 y 2018. De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo estos esquemas: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).
El sector de comunicaciones y transportes también recurre ya a esos esquemas. En 2010, las inversiones “público-privadas” comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.
Al citar como fuente el informe Asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero de México 2010, la reportera detalla que “cada kilómetro de la red carretera nacional que se construya durante 2010 mediante las asociaciones público-privadas costará en promedio 37.9 millones de pesos, monto 65 por ciento superior respecto de la misma extensión que se erija sólo con recursos públicos, de acuerdo con estadísticas de la SCT”.
El sector salud también aplica los proyectos PPS. El doctor Aguirre Rojas señala que –en el marco de las privatizaciones– el sistema ha sido abandonado y actualmente se encuentra en crisis.
Indica que el Proyecto de Gran Visión se hizo sin pensar en las tendencias que México tenía en 2006. Esa omisión, dice, incluso fue respecto de las tendencias internacionales.
En el apartado de “Infraestructura” –que consta de 130 páginas y está contenido en el segundo capítulo del Proyecto de Gran Visión–, los empresarios y representantes de trasnacionales, políticos del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional y académicos sostienen que “México, en 2030, se distingue por tener una infraestructura básica, social y productiva accesible para todos, con calidad, precios y costos competitivos; orientada al desarrollo humano y productivo de los mexicanos y a la sustentabilidad ambiental”.
El documento agrega que “esta infraestructura sitúa a México como plataforma logística para vincular los mercados internacionales y como país con vocación turística, la cual promueve un desarrollo regional equilibrado. El país se ha convertido en el líder de América Latina en inversión/presupuesto destinado a infraestructura, y es reconocido por tener un marco jurídico que estimula y hace eficiente la inversión, y por su crecimiento a partir de mecanismos de financiamiento público-privados”.
En el marco del Proyecto de Gran Visión, la Comisión Federal de Electricidad destinará 634 mil 920 millones de pesos a la “asociación público-privada”, entre 2009 y 2018. De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo estos esquemas: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).
El sector de comunicaciones y transportes también recurre ya a esos esquemas. En 2010, las inversiones “público-privadas” comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.
Al citar como fuente el informe Asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero de México 2010, la reportera detalla que “cada kilómetro de la red carretera nacional que se construya durante 2010 mediante las asociaciones público-privadas costará en promedio 37.9 millones de pesos, monto 65 por ciento superior respecto de la misma extensión que se erija sólo con recursos públicos, de acuerdo con estadísticas de la SCT”.
El sector salud también aplica los proyectos PPS. El doctor Aguirre Rojas señala que –en el marco de las privatizaciones– el sistema ha sido abandonado y actualmente se encuentra en crisis.
Más despojo y represiónAdemás de los multimillonarios recursos, los proyectos de infraestructura, por ejemplo “las carreteras, se logran construir gracias a la expropiación masiva de tierras contra los campesinos”, indica Aguirre Rojas. Agrega que a eso se refiere el documento cuando aborda la certeza en la tenencia de la tierra: los programas de Procampo y Procede eliminaron la estructura del ejido, una conquista histórica de la Revolución de 1910.
Explica que, para la inmensa masa de campesinos, el ejido era la certidumbre sobre la tenencia de la tierra. No obstante, recuerda que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari “echó para atrás el artículo 27 constitucional, lo cual permitió que el ejido se pudiera fraccionar, vender y privatizar”.
En ese mismo contexto es en el cual –apunta el investigador– el documento propone crear “una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido, pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.
“Esa parte del documento tiene un destinatario y un referente obvio en el caso de San Salvador Atenco, la presa de La Parota y Santa María Ostula. Hay una cosa que el gobierno y los capitalistas no entienden: para la gente, la tierra y los recursos no son mercancías, no es una cuestión de precios, de dinero. La tierra para los capitalistas es un simple instrumento de producción, pero para la gente es el lugar donde moran sus muertos, la fuente de toda la vida, la madre; es seña de identidad”.
El investigador indica que “esa ley está diciendo que se debe prevenir un segundo o un tercer Atenco. Ellos están diciendo que el próximo aeropuerto no va a sufrir el tropiezo de Atenco”.
Luis Arriaga Valenzuela explica que hay una tendencia encaminada a “robustecer el aparato punitivo”. Recuerda que ya se aprobaron en 2008 las reformas al sistema de justicia, y que su aplicación será gradual.
El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez indica que este tipo de reformas, incluida la propuesta del Proyecto de Gran Visión, dejan resquicios que permiten un uso arbitrario e indebido del sistema de justicia.
Esta situación ya tiene víctimas concretas, expone: “Aquéllos que han sido acusados injustamente y cuyas motivaciones son la venganza, el castigo, la protección de intereses. El caso relevante es el de Ignacio del Valle y los 12 presos de San Salvador Atenco; el de Teresa y Alberta, a quienes por protestar contra las arbitrariedades del Estado se les imputan tipos penales que tienen un alto repudio social, como el secuestro equiparado”.
Apertura total en la energía
En su capítulo “Energía”, el Proyecto de Gran Visión busca abrir totalmente a Petróleos Mexicanos. Para ello, propone que cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”.
En ese mismo esquema entra la Comisión Federal de Electricidad, una vez que se consiguió, de facto, la fusión con Luz y Fuerza del Centro. Con ello, el poder político y los poderes fácticos buscan “erradicar” una de las “distorsiones” del mercado.
En ese mismo esquema entra la Comisión Federal de Electricidad, una vez que se consiguió, de facto, la fusión con Luz y Fuerza del Centro. Con ello, el poder político y los poderes fácticos buscan “erradicar” una de las “distorsiones” del mercado.
Y aunque en ese punto los documentos de “Energía” y “Economía” señalan que se habrán de abolir los “monopolios privados y públicos”, las políticas concretas revelan que el gobierno federal sólo ataca los públicos.Aguirre Rojas dice que “tratan a los monopolios públicos y privados como si fueran lo mismo, y son absolutamente diversos. Los privados tienen el objetivo fundamental de obtener ganancia, lucro, y siguen la lógica despiadada de la acumulación de capital. Mientras que los públicos deberían, aunque no siempre lo cumplen, ser de utilidad social”.
Indica que el monopolio privado le permite a la empresa fijar altas tarifas: “Ése es el caso de Telmex en México. Telmex y Telcel son el monopolio que controla el 97 por ciento del mercado telefónico y por eso tenemos las tarifas más caras del mundo. Se tendría que atacar también al duopolio de la televisión: Televisa y TV Azteca. En cambio, si los monopolios públicos cumplen una función social, no tendríamos por qué destruirlos. Si algo ha permitido que el Estado mexicano no entre en quiebra como el Estado argentino después de 2001, son los monopolios públicos, como Pemex”.Aguirre Rojas observa que “estas propuestas son como chistes de humor negro: se dice que hay que acabar con los monopolios privados y se acaba de aceptar la fusión de Telmex con Telcel, permitiendo con eso la constitución del cuarto operador a nivel mundial en el ámbito de las telecomunicaciones; además, se le acaba de autorizar a Televisa que compre Nextel, y con ello ofrezca el servicio de triple play”.
Al referirse a este mismo tema, Víctor H Palacio recuerda que aproximadamente el 1 por ciento de los capitales que hay en el país controla el 80 por ciento del producto interno bruto. “Cuando se hacen estos señalamientos acerca de los monopolios se está pensando en las grandes empresas monopólicas públicas, como Pemex, Luz y Fuerza del Centro (con todo el problema que tiene) y Comisión Federal de Electricidad; pero es en el sector privado donde realmente están los grandes monopolios: Telmex, las grandes compañías cementeras, acereras, químicas, farmacéuticas, automotrices. Ellas son realmente las que detentan la riqueza nacional”.
Ambos investigadores concuerdan con que el actual gobierno federal no busca acabar con los monopolios privados. Aguirre Rojas comenta: “Se declara en el papel que se quieren anular y lo que se hace es fortalecer los monopolios privados. En cambio, los que han ayudado al Estado a sobrevivir y benefician a la gente son los que se están privatizando, destruyendo. Ellos no se dan cuenta de lo peligroso de las medidas que están tomando: si Pemex llega a ser privatizado, y hacia eso estamos caminando con las políticas de Calderón, el Estado mexicano corre el riesgo de quebrar”.
Ciencia y tecnología en manos privadas
En materia de ciencia y tecnología, el proyecto plantea que el 70 por ciento de la investigación sea hecha por privados. Además, buscaría “desmantelar” los institutos de las universidades públicas y la red de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
También, pretende conseguir una reforma que incentive la educación tecnológica y la asignación de más subsidios y exenciones fiscales.
Respecto de la afirmación que hace el Proyecto de Gran Visión, de que en 2030 “México invierte el 4 por ciento de su PIB en la materia, del cual el 70 por ciento está financiado por el sector privado y el 30 por ciento por el sector público”, Vítor H Palacio opina: ese 70 por ciento sería en realidad innovación tecnológica, y ocasionaría que grupos privados sean los que estén financiando el desarrollo tecnológico del país.
Apunta que las universidades o institutos privados y las empresas privadas financiarán “lo que ellos necesitan. Buscan esta famosa relación universidad-empresa”.
Agrega que el fundamento de este plan es el Proyecto Bolognia, en el cual se establece que toda la ciencia y la tecnología debe de recaer fundamentalmente en manos privadas. “Lo que se busca es que las universidades, sobre todo las públicas, dediquen a sus alumnos a que desarrollen habilidades, capacidades y que sepan hacer cosas. En esa medida van a ser útiles y a poder insertarse en el mercado de trabajo rápidamente. Que no se les enseñe a pensar, eso no es importante. Para pensar están los grandes centros educativos de los países centrales, altamente desarrollados, que ellos se dediquen a pensar y a desarrollar la ciencia y tecnología de punta; y nosotros seguiremos maquilando”.
Palacio observa que “si el 70 por ciento va a quedar en manos privadas, y además las instancias gubernamentales como Conacyt podrían estarles financiando recursos para que hagan investigación, lo único que se hace es desbaratar el sistema de ciencia y tecnología del país. En México se han desarrollado muchas cosas, pero con muy pocos recursos”.
Recuerda que una de las maneras para combatir al narcotráfico es a través de la educación, “pero la educación a todos sus niveles. La educación superior entra en la parte de la ciencia y del desarrollo tecnológico”.
Para la elaboración de este trabajo y de la serie México 2030, Proyecto de Gran Visión se solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Calderón: gobierno clientelar
En su primer apartado denominado “Economía”, el documento señala que para 2030 “México es una sociedad libre, justa y próspera, en la que se protegen eficazmente las libertades, derechos, la vida y las propiedades de sus ciudadanos. Sus instituciones políticas aseguran la gobernabilidad y son propias de una sociedad libre. En la vida cotidiana y en las relaciones sociales impera el estado de derecho. México figura entre las 20 economías más grandes y desarrolladas del mundo, y ha conseguido erradicar la pobreza extrema”.
Víctor H Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo, indica que “no se señala con precisión cómo se podría lograr eso, con qué mecanismos, con qué recursos. Es una serie de buenas intenciones las que están planteadas, pero nada más”.
El doctor Palacio señala que con el actual modelo neoliberal no es posible alcanzar metas como el desarrollo social y el abatimiento de la pobreza. “Al contrario, se agudizarán aún más las cosas”.
Al respecto, el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas considera que es un “discurso esquizofrénico”. “Si ellos, de una manera seria, se proponen esos objetivos no queda claro cómo los conciliarán con las políticas concretas que han estado llevando en los últimos tres años; que son las mismas políticas neoliberales que se han estado practicando en México desde el gobierno de Miguel de la Madrid, desde 1982”.
Otro punto sobresaliente del apartado “Economía” es la “erradicación de distorsiones”. Sobre éste, el documento apunta que se habrán de abolir los “monopolios privados y públicos” y “el clientelismo como método de formación de acuerdos”.
En el segundo caso, Aguirre Rojas observa: “Se dice que se quiere eliminar el carácter clientelar, pero el Estado que ha construido Calderón es verdaderamente vergonzoso: los secretarios de Estado tienen como principales meritos para ocupar los cargos en los que están ser amigos del presidente, sus familiares, sus conocidos o políticos que le fueron fieles y le ayudaron a llegar a la Presidencia”.
Ejemplifica con tres casos: el de José Ángel Córdova, secretario de Salud: “Una persona que se ha dedicado mucho más a la política, que un médico que conociera el ámbito real de la medicina, el trato con los pacientes, las enfermedades”. El del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, “que antes era director del IMSS; qué experiencia tiene en el campo de la salud o en el campo de las comunicaciones y los transportes: viene del mundo académico y que era hace muchos años de cuestiones políticas”. Y el del actual secretario de Educación, Alonso Lujambio Irazabal: “Cuándo ha trabajado en temas educativos, cuándo tuvo funciones de responsabilidad en ese ámbito, cuándo tiene un oficio creado durante décadas”. (NF)
La banalización del patrimonio
México 2030, Proyecto de Gran Visión, busca desarrollar la vocación turística del patrimonio cultural y ambiental. Para el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas, además de implicar el “saqueo” del patrimonio, hay un problema implícito más grave: el proceso de banalización y degradación de los elementos de la propia identidad nacional e identidad cultural de los mexicanos.“Las pirámides, las ruinas, no son simplemente piedras bonitas, lugares para ir y tomarse la foto, son trazos de nuestra identidad más profunda que aluden a la raíz indígena, prehispánica que forma parte de la identidad del mexicano”.
Al banalizar el patrimonio cultural, “al convertirlo en una mercancía estilo hollywoodense”, dice, lo que buscan “es hacernos perder esos trazos de nuestra identidad prehispánica, indígena y mexicana. Esto es un complemento perfecto para que aceptemos que el capital norteamericano, español, extranjero llegue e invada, que se lleve todas nuestras riquezas y que el día de mañana desmembren México y se roben parte del territorio, como ya ocurrió en 1848”.
Respecto de la vocación turística en materia ambiental, señala que se trata “del robo de los recursos naturales”. Ésa es la nueva forma en como el capital está depredando a las sociedades no sólo en México, sino en el mundo: “Bienes comunes, como el agua, ahora se vuelven bienes expropiables, mercantilizables y negocios redituables. Pero para poder robarnos el agua, los bosques, la madera, necesitan estas leyes que permitan su privatización, su saqueo, su expropiación”. (NF)
Panista impulsa marco jurídico para asociaciones público-privadas
El 7 de diciembre pasado, el senador panista Juan Bueno Torio –quien fuera uno de los autores del documento “Economía”–, propuso la creación de un marco jurídico para la “asociación de particulares con la administración pública federal.
El propósito, según dijo, “es mejorar la prestación de servicios, incluidos aquellos en los que se requiera construir infraestructura”. Además, detalló el también secretario de la Comisión de Fomento Industrial, con este marco “se buscan esquemas de financiamientos distintos a los que ahora consideran la Ley de Obras Públicas y Servicios y la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público”. (NF)
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Plan México 2030: “acotar” crimen organizado, no exterminarlo
El plan transexenal de Calderón México 2030, Proyecto de Gran Visión, reconoce que el Estado ha sido rebasado por la mafia y que, al igual que las policías, las fuerzas castrenses se corrompen. Además, aunque la principal oferta gubernamental es la “guerra” contra el narcotráfico, el proyecto admite que en 20 años el crimen organizado estará “acotado”, mas no extinto. En esta segunda entrega, Contralínea revela los detalles del primer capítulo “Estado de derecho y seguridad pública”, cuyo eje rector es garantizar la “plena seguridad para la propiedad”. Expertos consultados señalan que en este país hay un Estado de facto, no de derecho, y avizoran más represiónNancy Flores
Contralínea/Segunda parte
28 de Febrero del 2010
En octubre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tuvo en sus manos los resultados del primer taller temático “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública”, al que convocó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declarara presidente electo.
Integrado al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, el diagnóstico descubre que la meta de este plan transexenal en materia de seguridad, dentro de 20 años, es apenas “acotar” al crimen organizado, no exterminarlo. Ello, a pesar de los más de 16 mil 500 muertos que se cuentan como saldo de los tres años de la “guerra” calderonista contra el narcotráfico.
El documento expone que, desde 2006, el Estado mexicano había sido “rebasado por la realidad y circunstancias actuales, que han generado en diversos ámbitos un clima de inseguridad pública”. Jorge Luis Sierra, experto en seguridad nacional, indica que ésta es la primera vez que se da una aceptación explícita y “con esa franqueza” respecto del problema de inseguridad.
El mismo diagnóstico del Proyecto de Gran Visión anexa una lista de causas, entre las que destaca la “corrupción en los cuerpos de seguridad pública e incluso en un número creciente de miembros de las fuerzas armadas”.
Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, “el Estado mexicano ya no tiene remedio, pues ha llegado a un grado de corrupción irreversible. Algo –explica– que es normal dentro del sistema económico y político (vigente en el país)”.
Al mencionar las causas por las cuales el Estado fue rebasado, el documento también apunta la “ausencia de estrategias y tácticas profesionales en los cuerpos de seguridad pública, para lograr el respeto de los derechos fundamentales y la efectividad del empleo de la fuerza pública; actores sociales manifestándose a través de expresiones violentas que ponen en peligro la integridad y derechos de terceros; falta de certeza jurídica provocada por un ambiente de impunidad, en el que se percibe que no necesariamente quien viola la ley es castigado”; entre otros.
El senador panista Felipe González reconoce que “estamos ante situaciones inéditas: traemos problemas muy severos en la cuestión de seguridad pública, tenemos problemas de impunidad y de corrupción; éstos nos están avisando que necesitamos urgentemente adecuar y actualizar algunas partes de nuestro entorno jurídico”.
El presidente de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de Gobernación del Senado considera necesario revisar leyes, como la del secuestro, pero también la del fuero militar.
“Ahora que los militares ya están haciendo el papel de policías, no hemos adecuado, desafortunadamente, el marco legal en el que se mueven, cuando realmente ése no es su papel. Corremos el riesgo que el día de mañana algún gobierno llegue y les dé encargos como en 1968 (con la matanza de estudiantes y civiles) cuando, por obedecer órdenes, al único que perjudicó su actuación fue al Ejército”, indica el senador.
No obstante, Jorge Luis Sierra señala que el diagnóstico del Proyecto de Gran Visión sólo admite que “la corrupción ha llegado a las filas de los soldados. Ésa es la única referencia que hay sobre las fuerzas armadas en el documento de seguridad, (pero) no se hace mención a una reforma militar”.
Los objetivos del plan
Desclasificado por la Presidencia de la República, el archivo de 41 páginas denominado “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública” se subdivide en seis temas: derechos humanos; fortalecimiento del Estado y reformas institucionales; sistema de justicia; seguridad pública; cultura de la legalidad democrática y educación jurídica; transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.Entre los objetivos esbozados en éste, sobresalen la “plena seguridad para la propiedad”; la creación de la policía nacional coordinada; la supresión del amparo directo; la reelección de los legisladores, y el “replanteamiento” de “la relación entre el Estado y las iglesias”.
Aunque este apartado es el único que no habla de privatizaciones, el maestro Edgar González Ruiz destaca que “la defensa del dinero está implicada en esta frase: ‘Plena seguridad para la propiedad y la integridad de las personas’”.
Para el investigador, “está claro que, ya sea de manera directa o eufemística, esos planteamientos anticipaban las reivindicaciones y consignas de los sectores derechistas, empresarios, jerarquía católica y grupos conservadores, representados por el gobierno de Calderón”.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México considera que “el modelo de gobierno que se dibuja en este documento es de carácter dictatorial, basado en la fuerza y represor de las libertades; confesional, de la derecha católica; totalitario, que pueda controlar a todos los sectores populares, anulando sus intereses en aras de los de corte confesional o empresarial: todos unidos, por el engaño o por la fuerza, para servir al clero y al empresariado”.
El maestro en filosofía recuerda que, en 2006, al frente de este proyecto de nación transexenal estuvo Carlos Medina Plascencia, “quien fuera gobernador interino de Guanajuato en la época de Carlos Salinas y uno de los más radicales representantes del conservadurismo católico panista”.
Estado de facto
Elaborado en medio de la crisis poselectoral, derivada de los comicios de julio de 2006, el documento estima que en 2030 “la legitimación que ha alcanzado el Estado es resultado de la promoción que éste ha hecho de un conjunto de condiciones que propician el desarrollo integral del ser humano que vive en sociedad, el respeto absoluto a su dignidad, la protección a los grupos sociales fundamentales y la convivencia pacífica. Asimismo, el estado de derecho es fundamento para el desarrollo económico, social y cultural y da certeza a los actores políticos”.
El abogado Juan de Dios Hernández Monge explica que “el estado de derecho ha sido un concepto manipulado conforme a los intereses de la propaganda; éste no se reduce a la existencia de las leyes, sino que éstas sean respetadas”.
Por ello, indica que el primer obligado en ese cumplimiento es el Estado: “Cuando éste violenta el cuerpo de leyes, nos coloca en un Estado de facto. Se empieza a gobernar a través de los secretos, como ha estado ocurriendo con Felipe Calderón respecto de problemas como el del Sindicato Mexicano de Electricistas y el de los mineros de Cananea, Sonora. (Ello, a pesar de que) el respeto al estado de derecho es la parte sustancial para todo lo demás”.
—¿En México se respeta ese cuerpo de leyes?
—Aquí está roto el estado derecho. Vivimos en un Estado de facto, además en un grado de descomposición extrema. El Estado tiene tres elementos: la población, el territorio y el poder o gobierno. En el caso mexicano, los tres elementos están en un punto de quiebre.
Derechos humanos, un fracaso
El documento consultado por Contralínea indica que en 2030 se “respetarán los derechos humanos, se tendrá igualdad social; los derechos fundamentales se tomarán como criterios de las políticas públicas; no habrá privilegios para la elite; se contará con ciudadanía plena; y la actuación del Estado se hará con apego a la legalidad, que promueve y protege los derechos de las personas”.
Al respecto, Jorge Luis Sierra considera que, aunque el apartado de seguridad pública hace mucho énfasis en el respeto, lo que ha ocurrido en la política de seguridad pública ha sido a costa de los derechos humanos en muchas regiones del país.
“En los últimos años ha habido un crecimiento enorme, sin precedente, en el número de recomendaciones que han sido dirigidas a las fuerzas armadas. Hay un daño colateral a los derechos humanos derivado de las operaciones en contra del narcotráfico. Hay una persistencia de un modelo de justicia militar arcaico, que ya no funciona ante las nuevas realidades que tiene el país ni ante la nueva realidad internacional. No hay ninguna demostración de avance. Entonces, la distancia que hay entre los deseos establecidos en estos documentos y las políticas que se han seguido hasta el momento son muy grandes”.
Para el abogado Hernández Monge, las garantías individuales son la parte esencial del estado de derecho. “Ahí entramos a la cuestión de los derechos humanos. Las garantías individuales deben de ser respetadas de manera sistemática y transparente por el Estado, no como un acto gracioso sino como una obligación que tiene la autoridad”.
No obstante, coincide que, con el pretexto de la inseguridad, se violan los derechos más elementales. Ejemplifica con el caso del operativo policiaco Mochila Segura, que permite a la policía revisar las mochilas de los niños que asisten a la primaria y la secundaria. “Esto significa clara y llanamente una violación de los derechos humanos de los menores que son revisados”.
Hernández Monge recuerda que las garantías individuales están consagradas del artículo 1 al 29 de la Constitución. Éstas “establecen el catálogo de derechos, que es el único patrimonio jurídico que tenemos los particulares frente al Estado. Cuando éste violenta esa esfera de derechos, el ciudadano agraviado puede pedir la protección y amparo de la justicia federal”.
Edgar González Ruiz observa que las metas de “seguridad pública eficiente e integral; crimen organizado acotado; desempeño de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, de la administración y procuración de justicia”, contenidas en el documento, “son simplemente las consignas y abusos con los que está gobernando Calderón”.
La resistencia, única opción
En su primer capítulo, originalmente clasificado como confidencial, el Proyecto de Gran Visión indica que “la sociedad mexicana, en el año 2030, es conducida de manera estable por las normas democráticamente establecidas. Esto se ha logrado a través del fomento en la población de una cultura política democrática y de la legalidad”.
De no alcanzarse un estado de derecho pleno, se corre el riesgo de “que se rompa el tejido social y que la gente pudiera comenzar a sentirse más segura cuando da sobornos, cuando la extorsionan para recibir protección de los delincuentes, en virtud de que la autoridad establecida no puede salir adelante y ayudarlos mediante el cumplimiento de la ley”, dice el senador por el Partido Acción Nacional Felipe González.
Advierte que el estado de derecho no se puede fincar en la violación de las leyes y “mucho menos” en la impunidad. “Porque entonces las leyes nada más son para que las cumpla el más débil, el que menos influencia tiene o el que no tiene dinero. Eso no es posible en un país que se precie de moderno y donde estamos tratando de sacarlo adelante del flagelo de la delincuencia”.
Sin embargo, el abogado Hernández Monge observa: “En el asunto de la justicia, es muy importante establecer que no se puede, desde una posición ética, convalidar el sistema jurídico ni de leyes que hay en el país, porque es intrínsecamente injusto”.
La causa de origen “de la tragedia”, detalla, inició con la aparición de la propiedad privada de los medios de producción, cuando se dio origen al esclavismo. A pesar de que actualmente está prohibida la esclavitud, dice Hernández Monge, los trabajadores viven en condiciones paupérrimas. “Aunque digan que vivimos en libertad, se trata de la libertad para morir de hambre, para escoger quién te va a explotar, si tienes suerte”.
Por ello, indica, “hay una búsqueda de un nuevo pacto social que ya se está construyendo en regiones enteras del país: los municipios autónomos zapatistas”. Hernández Monge considera que el modelo se está extendiendo de manera muy sólida, y pone como ejemplo la policía comunitaria de Guerrero, “que tiene una influencia directa de esta forma autonómica de organización. Y el municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, que también es efecto de este movimiento que está vivo y actuando”.
Agrega que este movimiento tiene como meta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, “cuyo puerto de arribo es ese nuevo pacto social, esa nueva constitución. Para llegar a eso se proponen una rebelión nacional pacífica”.
Explica que, cuando se cierran los causes legales frente a la injusticia, lo que le queda al pueblo, y a los trabajadores de este país, es el derecho de resistencia. Al respecto, indica que el artículo 39 constitucional garantiza el principio y el derecho de la rebelión en contra de las tiranías, en contra de las dictaduras. “Nosotros, como pueblo, tenemos de manera primigenia la soberanía del país. Y tenemos que rescatarla”.
Limitar al Congreso, uno de los fines
El especialista en seguridad nacional, Jorge Luis Sierra, observa que, en materia de seguridad, la única iniciativa visible en el documento “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública” es la de la ley para crear la policía nacional.
Advierte que la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional es contradictoria con los documentos integrados al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. “Es contradictoria desde el momento en el que le quieren retirar al Congreso la capacidad de definir las situaciones de emergencia para solicitar la suspensión de las garantías individuales y, por lo tanto, solicitar la actuación del Ejército y de la Armada de México en caso de emergencia”.
Actualmente, explica, la Constitución establece que es el Congreso el encargado de definir una situación de emergencia nacional y suspender las garantías individuales. “Pero ahora el Ejército está operando sin respaldo jurídico; está actuando al margen de la Constitución”.
Por ello, señala, en esa reforma a la Ley de Seguridad Nacional, “lo que intentan es resolver un problema coyuntural con un respaldo jurídico; pero no están resolviendo un problema estratégico, que es la debilidad de las instituciones policiacas, la corrupción de los órganos de seguridad pública y la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia organizada”.
Respecto de los tiempos, agrega: “Si de esa plataforma van a hacer una política que va a durar cuatro sexenios, para que finalmente lleguemos al México que se imaginaron esos expertos, ahorita deberíamos estar ya muy cercanos al cumplimiento de la cuarta parte”.
No obstante, indica que “el sexenio del presidente Felipe Calderón está en la recta final sin que veamos un asomo de que el Estado ha terminado con la delincuencia organizada”. El problema, dice, implica una política de fondo, integral, y una reforma de todo el aparato de seguridad.
Respecto de la prevención del delito por medio de la inteligencia coordinada, Sierra opina que, en años recientes, “el gobierno ha tenido que recurrir a los líderes pasados de los sistemas de inteligencia, para poder reformar los sistemas y capacitarlos para actuar en contra de la delincuencia organizada, pero no se ve que haya una integración en los sistemas de inteligencia civil y militar. En algunos casos, el sistema de inteligencia predominante es el militar”.
El experto en seguridad nacional detalla que esa desintegración a nivel de política de seguridad ha sido una de las cusas por las cuales México fue rebasado por la delincuencia.
Jorge Luis Sierra estima que “el presidente Calderón tiene una gran responsabilidad en estos rubros. Está a punto de concluir su sexenio y la situación que está atravesando el país demanda que el presidente siente aunque sea la primera base de una estrategia a largo plazo. Ojalá lo pueda hacer, ojalá se encuentren las condiciones. Lamentablemente, hasta el momento no hay evidencia de que eso esté sucediendo”. (NF)
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