Proyecto 2030: venta total de las reservas de la biósfera

En dos décadas, la iniciativa privada nacional y extranjera detentará la mitad del territorio terrestre, costero y marino nacional, para entonces decretado como área natural protegida. La entrega de las reservas de la biósfera a particulares, impulsada por el proyecto México 2030, es la continuación del Plan Puebla Panamá y del Corredor Biológico Mesoamericano, señalan expertos. Las unidades de conservación para la vida silvestre, “simples y vulgares negocios”

Nancy Flores / Quinta parte
Contralínea
21 Marzo 2010

En México, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de unidades de conservación para la vida silvestre (Uma), consta en reportes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esto implica 2 millones 456 mil 142 hectáreas de “áreas naturales protegidas” en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación.
Entre los objetivos del plan transexenal México 2030, Proyecto de Gran Visión, destacan el de “estimular aún más las Uma” y el de posibilitar las “contribuciones privadas e internacionales (más Uma)” (sic) a un fideicomiso nacional de tierras para la conservación, coordinado por la Secretaría de la Reforma Agraria. Dicho instrumento fiduciario incidirá en todas las áreas naturales protegidas “en tierra y mar”.
Además de las 66 unidades de conservación inmersas en 23 reservas de la biósfera, desde 1997, la Semarnat ha autorizado la operación de 9 mil 487 Uma en total; 2 mil 17 de ellas, en el actual sexenio, descubren estadísticas actualizadas al 28 de febrero de 2010, por la dependencia que encabeza Juan Rafael Elvira Quesada.
En dos décadas, el 50 por ciento del territorio terrestre, costero y marino nacional será considerado área natural protegida y su conservación y, sobre todo, su explotación serán totalmente cedidas a la iniciativa privada, revela el cuarto capítulo del Proyecto de Gran Visión. Estas áreas estarán “institucionalizadas y enlazadas por corredores biológicos”, detalla.
El documento, titulado “Eje 4. Desarrollo sustentable”, dice que “las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre son alternativas viables que permiten la conservación, reproducción y propagación de especies silvestres; así como la elaboración de productos, servicios y derivados certificados que puedan incorporarse a un circuito de mercados verdes para su comercialización”.
Según sus autores –convocados en octubre de 2006 por el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a realizar talleres temáticos, en medio de la crisis poselectoral–, “la instalación de (las) Uma dentro de las áreas naturales protegidas ha generado varios beneficios: disminución de la presión social en la zona, conservación del medio ambiente y un mayor conocimiento de sus especies, hábitat y ecosistemas”.
El asesor en gestión ambiental Carlos Álvarez Flores –presidente de México, Comunicación y Ambiente, AC– señala que “hemos entregado nuestros recursos naturales a las grandes corporaciones internacionales a cambio de nada. Hemos permitido que se adueñen de todo: agua, minería, especies vegetales, pesca y recursos forestales, con el pretexto de que no tenemos tecnología ni dinero para investigación tecnológica, ni capital para invertir”.
Sin especificar el porcentaje, el documento indica que, en México,“la mayoría” de los bosques “contarán con un manejo sustentable mediante planes de manejo” (sic). Además, refiere que se “tendrán programas de uso sustentable dentro y fuera de las áreas naturales protegidas”.

Uma, rentables negocios

El activista ambiental Álvarez Flores explica que las Uma han sido “convertidas en simples y vulgares negocios”. El problema, señala, es la “marcada ausencia de aplicación efectiva de la legislación ambiental vigente”; debido, sobre todo, a “la enorme corrupción e incapacidad administrativa y técnica” que hay en la Semarnat y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Agrega que existe una clara simulación en el cumplimiento normativo. “El grave y constante deterioro ambiental así lo demuestra. La poca voluntad política de nuestros gobernantes, aunada a los presupuestos dedicados al tema ambiental, permite que la depredación, la deforestación y la contaminación de nuestros recursos naturales (agua, aire y suelo) sigan su paso galopante”.
Contrario a ello, el documento –contenido en el expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, desclasificado por la Presidencia de la República– identifica la legislación como uno de los factores que inhiben el “desarrollo sustentable”.
Para los autores del plan, el problema es que la ley “privilegia la centralización por encima de la propiedad privada”. Otro inhibidor que señalan en el apartado “instrumentos de mercado” es que “no existen máximos permisibles para la explotación de los ecosistemas, recursos naturales y sistemas biofísicos”.
Carlos Álvarez Flores indica que la falta de aplicación de la ley no se reduce al manejo de las Uma: hay áreas naturales protegidas abandonadas, sin presupuesto, sin supervisión ni vigilancia; además, se padece de cuerpos de agua contaminados, zonas urbanas con aire contaminado, indebida disposición de los residuos en todas sus categorías, deforestación permanente, cambios de uso de suelo ajenos a los planes de desarrollo urbano, desarrollo turístico costero depredador y comercio ilegal de especies.
Despojo de la tierra y los recursos
En su capítulo “Eje 4. Desarrollo sustentable”, el plan descubre que el 74 por ciento de las Uma extensivas (“donde las especies sujetas a manejo se encuentran libres en el predio”), registradas hasta 2004, se localizaba en propiedad privada. Sólo 21 por ciento, en propiedad ejidal, y el resto, 5 por ciento, en propiedad federal.
Gubidcha Matus, titular del área de comunicación y vocero del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explica que, en materia de desarrollo sustentable, el plan transexenal México 2030 no es más que la continuación del Corredor Biológico Mesoamericano, antes conocido como Plan Puebla Panamá.
—Es una etapa más del Plan Puebla Panamá. Todas estas estrategias de supuesta sustentabilidad, proyectos, cuidado de las reservas, etcétera, tienen que ver con ese plan. Hay partes del texto (México 2030) que hablan de un corredor biológico que busca cuidar las reservas, pero que al final es la aplicación de las políticas que exige el plan para que la iniciativa privada tome y haga suyos los recursos y los servicios que tiene la población.
Matus critica que el Proyecto de Gran Visión impulsado por Calderón Hinojosa no plantee la consulta a los pueblos y comunidades, cuyos territorios se destinarán a proyectos de desarrollo sustentable.
El activista de los derechos humanos alerta que la experiencia del Frayba en Chiapas –donde se localiza una de las 23 reservas de la biósfera parcialmente privatizadas: Montes Azules– es que “siempre se ha violentado el derecho a la consulta y también el del uso y disfrute de los recursos naturales, en contra de los pueblos y comunidades que están en los lugares donde se implantan estos proyectos”.
Aclara que el centro Frayba no se opone a los proyectos de desarrollo, “pero nosotros remarcamos que éstos violentan el derecho al territorio, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo”.
De acuerdo con el Proyecto de Gran Visión, se busca “estimular la inversión privada en conservación, por medio de compra de terrenos y estímulo al manejo sustentable por las comunidades dueñas de los ecosistemas”. Según el plan, para 2030 se “aprovechará sustentablemente la biodiversidad a favor de las comunidades (dueños de la tierra)”.
Gubidcha Matus explica que la iniciativa privada es la mayor beneficiaria con este proyecto, mientras que las comunidades y pueblos indígenas y campesinos son quienes sufren más. “Generalmente son despojados, no son consultados. Violentan un proceso en el cual los pueblos no pueden dar su opinión ni su palabra acerca de lo que se va a realizar en ese territorio”.
Turismo de masas

El documento dedicado al desarrollo sustentable refiere que, “a partir de 2003, las áreas naturales protegidas con infraestructura y capacidad administrativa para cobrar cuotas de entrada ya no están obligadas a transferir esos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que podrán utilizarlos para promover el ecoturismo y otras actividades que generan ingresos a los pobladores, desmotivando así la destrucción y/o degradación de las comunidades naturales que ahí se encuentran”.
La promoción del ecoturismo no se ciñe a las áreas naturales protegidas. Según el plan, el turismo debe ser sustentable en todos los casos y “deberá entrar en SMA” (o sistemas de manejo ambiental).
Alejandro Olivera, coordinador de la Campaña de Océanos y Costas de Greenpeace México, dice que la política de este gobierno se ha enfocado en la promoción del turismo de masas y ha dejado rezagado al turismo sustentable.
Explica que el de masas es demandante y se traduce en grandes impactos, principalmente en las zonas costeras sobre ecosistemas valiosos, como manglares y dunas. Ésas son las características que aprecia el ecologista en los principales destinos turísticos del país: Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, Veracruz.
Olivera advierte que la legislación en materia de turismo es insuficiente. “No especifica una transversalidad clara con otras secretarías, como la del Medio Ambiente y la de Desarrollo Social. Para que realmente se ejerza un turismo sustentable, deben ser considerados no sólo el aspecto económico sino también el social y el del medio ambiente. En esa parte está muy débil la ley”.
Destaca que el marco legal vigente no considera al cambio climático, a pesar de que el turismo, a nivel global, es el responsable del 5 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero: el establecimiento de un nuevo hotel, un nuevo desarrollo, una nueva planta desaladora, se traduce en emisiones de gases de efecto invernadero por la demanda energética.
Agrega que los problemas sociales no son ajenos a estas condiciones: los mismos desarrollos omiten que están creando externalidades, como la demanda de tratamiento de aguas residuales, de agua que se le quita a la población, que propician la privatización de playas al cerrar los accesos al mar. La ley actual no regula nada de estas problemáticas, indica.
El Proyecto de Gran Visión asegura que, en 2030, México “manejará sustentablemente sus costas y mares; alcanzará a desarrollar un turismo responsable; protegerá sus playas, dunas, manglares y arrecifes; y eliminará las descargas de aguas residuales municipales e industriales”.

Escalera Náutica, el fracaso

En su capítulo de economía, el plan transexenal señala que se debe impulsar nuevamente el proyecto de la Escalera Náutica. Al respecto, Alejandro Olivera opina que éste fracasó desde la administración de Vicente Fox.
—Esta nueva administración le dio un nuevo nombre: les llama centros integralmente planeados, y son desarrollados por el Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo). Sin embargo, hemos visto el fracaso de estos centros. Por ejemplo, el de Litibú (Nayarit): actualmente está parado; los terrenos están en venta y está la construcción a medias.
Olivera expone un segundo caso: “El año pasado, el presidente Calderón inauguró el centro integralmente planeado Costa del Pacífico. Ellos (las autoridades) anuncian que va a tener el doble de tamaño de Cancún; sin embargo, el presidente lo inauguró sin ningún permiso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Y justo hasta principios de marzo sometieron a consulta pública la primera evaluación ambiental que hicieron. Es un proyecto que está totalmente fragmentado”.
El activista de Greenpeace México considera que el gobierno anuncia los nuevos desarrollos turísticos “con bombo y platillo” para aumentar la especulación, el valor de las tierras y atraer la inversión. A fines de febrero, “en Litibú, el presidente inauguró una planta de aguas residuales y una planta desalinizadora, las cuales tienen ya casi un año operando. Vemos anuncios grandes, pero no han podido desarrollar ni promover estos centros turísticos que están basados en un turismo de masas”.
No obstante, el plan México 2030 indica que “la protección y cuidado del medio ambiente no está reñida con el desarrollo; un ejemplo claro es el turismo ecológicamente responsable. Que la enorme belleza de nuestro territorio se traduzca en oportunidades de ingreso para la población que habita en las zonas rurales”.
Alejandro Olivera recuerda que entre las irregularidades más comunes se encuentran la invasión que hacen los hoteles de la zona federal marítimo terrestre y la falta de una precisión de impacto ambiental otorgada por la Semarnat. “Sucede mucho en nuestras costas, y aunque la Profepa ha actuado en Cancún, principalmente, pues sí quisiéramos verla en otros destinos turísticos como Los Cabos, la Riviera Nayarita, Puerto Vallarta, Veracruz, Huatulco”.

“Pagar”, la nueva cultura

Entre los objetivos del proyecto transexenal está “impulsar la nueva visión de que ‘el que utiliza los recursos naturales paga’”. Otro es “consolidar la cultura de que ‘el que contamina paga’”.
El plan México 2030 le apuesta más a la privatización y la inversión que a un diálogo y un convencimiento de los pueblos que están en las reservas o cerca de ellas, dice Gubidcha Matus. El vocero del Frayba afirma que, “al final, tener algo privado conlleva tener un beneficio con la explotación de los recursos”.
El activista de los derechos humanos puntualiza que, hasta ahora, los servicios que ya están privatizados no han resuelto el problema del acceso. Por ello, indica que la solución no es privatizar. “Cuando se habla de un proyecto privatizador que soluciona todos los problemas de la pobreza, esa aseveración dista mucho de la realidad”.
Para la elaboración de este trabajo y de la serie México 2030, Proyecto de Gran Visión, se solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

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2010: a recuperar la plena soberanía

México ha sido un país de profundas tradiciones patrióticas. Luego de largos periodos de resistencia, cuando aparentemente no pasa nada, el pueblo se levanta con ímpetu en pos de profundas transformaciones económicas, sociales y políticas. La resistencia indígena se sostuvo durante casi tres siglos en que hubo más de 100 levantamientos de los pueblos originarios contra el invasor español.

Pablo Moctezuma Barragán* / Segunda parte

Contralínea

21 Marzo 2010

El movimiento de Independencia que iniciaron Hidalgo y Morelos se convirtió en una profunda revolución popular e indígena sin precedentes en América Latina. Las Leyes de Reforma, para nacionalizar los bienes del clero y separar la iglesia del Estado, significaron en su tiempo un movimiento de vanguardia y un ejemplo para el mundo. La derrota del poderoso ejército francés, que invadió México, impactó y conmocionó a todo el orbe. La Revolución Mexicana y sus héroes Zapata y Villa inspiraron al mundo progresista, y en su día la Constitución de 1917 y los derechos que consagró, se convirtieron en la legislación social más avanzada a nivel internacional; posteriormente, la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas y su defensa de los países ocupados por el nazifascismo impulsaron la lucha por la democracia y la paz. Toda esta experiencia está grabada en el consciente y sobre todo en el inconsciente colectivo. La genial obra muralística de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco reflejó artísticamente estas gestas heroicas.
Los periodos de dominación de los sectores conservadores han enfrentado siempre la tenaz resistencia popular. Agustín de Iturbide, Lucas Alamán, Anastasio Bustamante, Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz siempre encontraron oposición y finalmente fueron derrocados. Los modernizadores, borbónicos, porfiristas, emprendieron proyectos audaces de dominación colonial o semicolonial, para abrir el país al capital extranjero y sus grandes empresas, expropiar la tierra a los indígenas, abatir los salarios, aumentar los impuestos, liberalizar el comercio, poner la economía al servicio del sector exportador, endeudarnos, dar grandes concesiones a los extranjeros, reprimir a los indígenas y a los mineros, etcétera. Provocaron grandes movimientos transformadores: la Independencia, la Reforma y la Revolución. Hoy se despliega la resistencia popular contra la ofensiva del mal gobierno, que busca imponerle al pueblo condiciones de vida infrahumanas y el sometimiento hacia Estados Unidos.
Hoy vivimos el tercer movimiento “modernizador”: el neoliberalismo. En el fondo, las políticas son las mismas de la modernización borbónica y la porfirista, y las consecuencias serán semejantes. Se está dando la organización y la acumulación de fuerzas de la mayoría de los mexicanos para transformar la realidad y derrotar al gobierno oligárquico pro yanqui. Paradójicamente, Estados Unidos lleva a cabo el control directo de nuestro territorio y población, ubicados en lo que consideran su “perímetro de seguridad”. El reto para Washington es enorme, porque se enfrenta a un país con profundas tradiciones nacionalistas y a un pueblo con memoria histórica que rechaza el dominio estadunidense, que nos ha invadido y robado más de la mitad del territorio.
A partir de la década de 1960 y de las presidencias de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, comenzó paso a paso, con astucia, la subordinación de nuestro México. Primero, sometiéndonos a los organismos financieros internacionales y sus políticas neoliberales, aplicadas abiertamente a partir de De la Madrid y Salinas de Gortari, imponiendo la integración económica con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta culminar con la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y de la Iniciativa Mérida. Ahora avanzan hacia la integración militar.
Pretenden obtener de México sus recursos naturales y mano de obra barata, puesto que nuestro país sigue siendo, a pesar de 500 años de saqueo, un país muy rico. La variedad de su flora, frutos y flores, y de su fauna, su petróleo, gas, electricidad, zinc, plomo, uranio, litio, potasio, oro y plata, sus bosques, litorales, playas, su biodiversidad y variedad de climas son fuentes de inmensas riquezas. Además, nuestra posición geopolítica es privilegiada, pues es una vía de tránsito de todo el mundo hacia América del Norte. Y lo principal es que contamos con una población de casi 110 millones de habitantes en México y 12 millones en Estados Unidos, que proporcionan mano de obra barata apta y productiva. Las grandes corporaciones estadunidenses necesitan trabajadores mal pagados, y, lo más grave, también sangre de nuestros jóvenes para sus guerras de ocupación por la hegemonía mundial. De cara a América Latina, nuestro territorio es un espacio estratégico para las grandes corporaciones estadunidenses y su proyecto de construcción imperial.
El imperio estadunidense, que sufre la peor crisis multilateral en décadas y enfrenta su decadencia económica y política, sigue siendo la máxima potencia mundial, pero su hegemonía está amenazada. Así que, empezando el siglo, George W Bush lanzó una escalada agresiva después del 11 de septiembre de 2001 que hoy continúa Barack Obama: la invasión de Irak y Afganistán, el bombardeo a Pakistán, las amenazas a Irán y Yemen, la reactivación (luego de la Segunda Guerra Mundial) de la IV Flota Naval para controlar América del Sur. Su reposicionamiento en bases militares de Honduras, Colombia y Haití es un paso para controlar Latinoamérica en el marco de su lucha sin cuartel por la hegemonía mundial y el mantenimiento del statu quo imperial.
En ese esquema, Washington necesita a México integrado a sus intereses, también militarmente. Después de los atentados del 11 de septiembre se conformó el Comando Norte en 2002 para controlar el perímetro de seguridad de Estados Unidos y “coordinar” los ejércitos estadunidense, canadiense y de México e incrementar el control y la injerencia en ambos países, considerados como parte de las “responsabilidades” del Comando Norte. Washington le impuso a Canadá el establecimiento del Comando de Canadá en 2006 y posteriormente Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo para usar los militares de esos dos países en cualquiera de sus territorios, en situación de “emergencia doméstica civil”. El acuerdo “Plan de Asistencia Civil” fue firmado no por las autoridades civiles del gobierno, sino por los generales del ejército del Comando Norte de Estados Unidos y el Comando de Canadá. Este acuerdo incluye las credenciales de identificación biométricas válidas para los tres países (por eso la urgencia por desarrollar la Cédula de Identificación Ciudadana). Luego se dio el anuncio en octubre de 2007 del Plan México o Iniciativa Mérida, para profundizar la integración militar a cambio de 1 mil 351 millones, de los cuales, sólo se han entregado 623 millones de dólares en equipo y capacitación que nos hace dependientes del Pentágono, bajo la retórica responsabilidad “compartida en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, dependiendo militarmente de los proveedores de Estados Unidos y su asistencia, entrenamiento y equipo.
Son los planes de Washington, pero no los de México, ni de nuestro pueblo, que quiere el desarrollo de la economía del país, empleo para sus hijos en su patria y disfrutar de las riquezas nosotros mismos. México y el resto de América Latina aspiramos a un desarrollo soberano. El descontento en contra del neocolonialismo y el neoliberalismo crece.
Estamos en vísperas de profundas transformaciones revolucionarias en nuestro país y en el mundo, pues la situación llegó a un límite. Necesitamos solucionar los problemas de hoy, a fondo, construyendo un nuevo México. La experiencia de 200 años nos enseña que sin soberanía económica, no hay soberanía política. Hemos de desarrollar nuestra economía y liberarla de las garras de los consorcios extranjeros, conquistar la soberanía energética y alimentaria y también la soberanía financiera, industrial, científica-tecnológica, para generar el desarrollo en cada rincón del país y los bienes y servicios necesarios desde el nivel local.
La “integración” promovida por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional con el pretexto de la “globalización” es anticonstitucional y viola la soberanía nacional. La integración militar que planea el mal gobierno es la puntilla. En los anteriores periodos históricos, cuando la crisis llegó a un límite, el pueblo rompió los obstáculos que impedían el desarrollo de México. Hoy nos toca a nosotros dar solución a los problemas actuales rompiendo las nuevas formas de dominación, tan nocivas como las que superamos en el pasado.
Evo Morales dijo con certeza: “Hay que pasar de la resistencia a la toma del poder”. En el pasado han sido las clases poseedoras quienes hegemonizaron el poder al triunfo de la Independencia y la Revolución. A consecuencia, en el siglo XXI habrá de ser el pueblo quien tome el poder y la clase obrera garantice que este proceso se desarrolle en beneficio de la sociedad y no de nuevas clases dominantes que quieran “adueñarse del pastel”, y luego venderlo al mejor postor. Si construimos el nuevo proyecto nacional, habrá alternativas para el pueblo en general y los trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, ancianos, personas con capacidad diferente lograrán desarrollo, bienestar y paz. Sólo unidos por objetivos y acciones comunes, avanzaremos en la lucha por un futuro mejor. El siglo XXI ha de contemplar profundas soluciones sociales, poniendo en correspondencia el carácter social de la producción, con la apropiación y distribución social de la misma, para que los frutos del trabajo lleguen a todos. Esto sólo será posible en un sistema en el que la democracia sea efectiva, así que para lograr la soberanía nacional y popular se requiere la renovación democrática.

*Politólogo e historiador, doctor en estudios urbanos

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Comunicado SME

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Boletín de Prensa

BOLETÍN DE PRENSA

El 15 de mayo de 1985, para delimitar la zona geográfica y eléctrica de trabajo, sus ámbitos de facultades y reservando expresamente a sus representadas la atribuciones que les corresponden se firma el Convenio de Delimitación de Zonas entre Comisión Federal de Electricidad y las empresas denominadas Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S: A:, Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S: A:, Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S:A:, y la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S: A. (todas en Liquidación).
Lo firman el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas encabezado por el C. Jorge Tapia Sandoval, por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana encabezado por el C. Leonardo Rodríguez Alcaine Secretarios Generales respectivamente, por el Director de CFE, Ing. Fernando Hiriart Balderrama, por el Subdirector y apoderado general de LFC, Ing. Jorge Gutiérrez Vera, y de testigos de honor el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, los titulares de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, C. Francisco Labastida Ochoa y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, C. Arsenio Farell Cubillas.
Alentando y aceptando la privatización del Sector Eléctrico en el País, el actual Secretario General del SUTERM, Elías Ayub, acepta la pequeña cantidad del 2% sobre el monto de cada obra, así como el 2% de costo de las obras de los 773 permisos otorgados a las empresas trasnacionales para la generación de Energía Eléctrica, siendo cómplice de la privatización. Esto fue mencionado por el anterior Secretario de Gobernación Lic. Gerónimo Gutiérrez.

En la zona de Tula Hidalgo, en las Secciones 57, 123 y 186 del SUTERM, se encuentran camionetas, material y equipo de LFC, se presume que el Encargado de la Zona Tula, es Fernando Olmos Pliego.
Por lo tanto, como existe el Convenio de Delimitación de Zonas de 1985 entre CFE y LFC, responsabilizamos a Javier Lozano Alarcón de lo que suceda por la defensa de la zona y materia de trabajo.

Atentamente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

México, D. F., a 29 de marzo de 2010
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

Responsable de la Publicación, Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior

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2010: a recuperar la plena soberanía

Llegamos a 2010 después de un proceso de décadas de retroceso en las que se ha ido perdiendo soberanía de manera paulatina y ascendente. Es importante el desarrollo de la organización que lleve al rescate de nuestra soberanía y la construcción de un México que le dé bienestar, paz y seguridad a toda la población; para ello, es menester derrotar las políticas neoliberales y neocoloniales impulsadas por Washington.

Pablo Moctezuma Barragán* / Primera parte

Contralínea

21 Febrero 2010

Desde la década de 1960 comenzó gradualmente el proceso de integración y subordinación de México a Estados Unidos. El primer paso fue el endeudamiento externo prohijado por Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Durante sus sexenios, la deuda externa se disparó de 1 mil 600 millones de dólares en 1964 a 19 mil millones en 1976. Ese año, Washington exigió a México la firma de la primera carta de intención al Fondo Monetario Internacional (FMI); desde entonces, las grandes decisiones de política económica se tomaron en el extranjero. Antes y como primera condición para obtener el aval del FMI, el gobierno tuvo que devaluar la moneda, cuya paridad se había mantenido estable durante 22 años, a 12.50 pesos por dólar. En la actualidad, la paridad es de más de 13 mil pesos por dólar, tomando en cuenta que en 1993 le quitaron tres ceros a la moneda.
¿Ayudó la conducción de los organismos financieros internacionales el desarrollo de la economía mexicana? Para nada. Cabe mencionar que desde 1933 hasta 1976, el Producto Interno Bruto de la economía mexicana había crecido a un promedio anual del 6 por ciento, a pesar de que no exportábamos petróleo. En todo el mundo se hablaba del “milagro mexicano”. Es notable que, a partir de que se aplicaron las recetas de los organismos financieros internacionales, la economía mexicana se estancó por completo, creciendo de 1982 a 2009 en promedio un 2 por ciento (por debajo, incluso, del crecimiento de la población).
En una primera fase, el FMI exigió que México comenzara a exportar petróleo que hasta entonces se utilizaba íntegramente para el desarrollo de México. Entre otras políticas, se aplicó el Impuesto sobre el Valor Agregado y el congelamiento salarial. En aquella época, el salario promedio era cinco veces más alto que en la actualidad. También se continuó con la política de endeudamiento: en 1982 se llegó a los 85 mil millones de dólares. Éste fue el preámbulo a la aplicación abierta de las políticas neoliberales que abrieron todas las puertas a la inversión extranjera, prometiendo que traerían prosperidad. Pero ha ocurrido todo lo contrario. La inversión extranjera, que en 1977 era de 5 mil 643 millones de dólares, no ha dejado de crecer: ha rebasado los 260 mil millones en 2006, sin que esto repercuta positivamente en el desarrollo económico nacional; por el contrario, nuestra economía está al borde de la catástrofe.
Se dice que la inversión extranjera ayuda al país, da empleos, sube los salarios, trae tecnología, sanea las finanzas públicas, etcétera. Nunca en la historia de México ha entrado tanta inversión extranjera; lejos de fomentar el empleo y prosperidad, ocasionó desempleo, dependencia científica y tecnológica, devaluación, pobreza, migración, al grado de que más de 600 mil mexicanos salen del país cada año.
México no se “abría al mundo”: en realidad se estaba integrando a Estados Unidos; casi el 70 por ciento de la inversión extranjera provenía de ese país.
A partir de 1982, el FMI y el Banco Mundial exigieron la liberalización comercial de la economía, lo que condujo primero a la entrada al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés) y posteriormente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta política ha sido desastrosa. El déficit de la cuenta corriente de 1999 a 2001 fue de más de 150 mil millones de dólares; de 1988 a 2002, el déficit comercial fue de más de 95 mil millones de dólares. También se comenzó a atacar como nunca antes a los sindicatos y a las organizaciones campesinas, a recortar el gasto social y a “adelgazar” al Estado con el despido de miles de trabajadores y el recorte de plazas para precarizar el trabajo.
Además se impulsó el proceso de privatización de las empresas públicas que de 1 mil 155 en 1982 se redujeron a sólo 200 en el gobierno de Salinas. En 1988, el pueblo se opuso a la vía neoliberal por medio del voto masivo en contra del candidato de los organismos financieros internacionales. Sin embargo, Carlos Salinas fue impuesto a sangre y fuego, y continuó con agresividad el programa de Ajuste Estructural que receta el FMI a todos los países: se cambió la Constitución para proceder a la privatización del ejido, los teléfonos, la banca, la petroquímica; se privatizaron minas, siderurgia, ingenios, puertos y aeropuertos, líneas aéreas, televisión estatal, etcétera. Y, en contra de la Constitución, se permitieron los contratos de servicios múltiples en Petróleos Mexicanos y la generación privada de electricidad. Posteriormente, con Ernesto Zedillo se privatizaron los ferrocarriles y la banca pasó en más del 95 por ciento a manos extranjeras.
Con la firma del TLCAN –del que se excluyeron temas cruciales como migración, narcotráfico, empleo, industria maquiladora y medio ambiente– se abrió rápidamente la economía para “competir” con Estados Unidos, que tiene una economía 40 veces más grande que la de México, resultando la catástrofe para la industria, agricultura, comercio y servicios nacionales. Nuestro mercado se vio invadido y controlado por las grandes corporaciones estadunidenses. El TLCAN no ha apoyado el desarrollo de la economía mexicana. La producción nacional creció en la década de 1990 apenas un raquítico 30 por ciento, mientras que las importaciones se dispararon brutalmente un 148 por ciento.
La producción se dirige a satisfacer al extranjero y no las necesidades de los mexicanos. En 1993, el consumo interno se llevaba el 70 por ciento de la producción del país, 10 años después representó el 60 por ciento. El sector agropecuario, que siempre fue una fuente de divisas para México, ahora está importando cerca de 20 millones de toneladas de granos básicos. En general, se están consumiendo productos extranjeros en vez de generarlos en el país y dar empleo a mexicanos. El consumo interno apenas aumentó un 29 por ciento de 1993 a 2003, frente al consumo externo que aumentó 191 por ciento. El TLCAN significó la integración económica de México a los intereses de las corporaciones estadunidenses.
El siguiente paso fue el “TLC plus” o la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que firmó Vicente Fox con George Bush y Paul Martín, en Waco Texas, el 23 de marzo de 2005, y que por encima del Congreso de los tres países comprometió la integración energética y de seguridad.
En conjunto, la medidas adoptadas por la ASPAN significan la anexión de México a Estados Unidos. Las siglas ASPAN no le dicen nada a la mayoría de los mexicanos, sin embargo, es la mayor amenaza a la soberanía de México desde la invasión de 1847. El acuerdo se realiza a través de arreglos secretos, ocultos, pactos ejecutivos entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México.
Quienes toman las decisiones son los grandes monopolios estadunidenses encabezados por el Consejo Nacional Americano de Competitividad que incluyen a Chevron, Exxon, General Motors, Ford, Lockheed, General Electric, Halliburton, etcétera. Éstos toman las decisiones que luego va a desarrollar el presidente de Estados Unidos, usando al primer ministro canadiense y al presidente mexicano como operadores en sus países, de espaldas a las instituciones legalmente constituidas. Los pueblos ni se enteran porque los medios de “información” silencian y minimizan la importancia de esas reuniones y acuerdos, que aparecen como “noticias perdidas” dentro de un caudal de desinformación.
Uno de los objetivos estratégicos de la ASPAN es la integración militar de México a los planes del Pentágono. De este compromiso surgió la firma de la Iniciativa Mérida, que significa la integración militar de nuestro país y que fue acordada en Mérida, Yucatán, en marzo de 2007.
La integración militar de México bajo el control del Pentágono dio un peligroso paso con la integración de la Armada Mexicana a los ejercicios Unitas Gold 50-09, en Mayport, Florida, impulsada por Hillary Clinton durante su visita del 25 y 26 de marzo. En esa cita, Hillary y Calderón anuncian la creación del Centro Conjunto de Implementación que ¡integrará las fuerzas armadas de Estados Unidos y México en nuestro territorio! Ni tardo ni perezoso, al día siguiente, el 27 de marzo, Felipe Calderón pidió al Senado la integración de la Armada Mexicana a las maniobras en Florida.
Las maniobras navales en la Estación Naval de Maypor –un complejo militar con 400 años de historia en esta costa atlántica del noreste de Florida, Estados Unidos– comenzaron el 20 de abril con la denominación Unitas (unidad, en latín) Gold 50-09. La participación de México rompe de esta manera con la Constitución Mexicana, con la política exterior que de ella deriva y con la defensa de la soberanía nacional, dando otro paso más hacia la integración militar con Estados Unidos. Mientras, el gobierno de Calderón ocultó la información de la nueva cepa de influenza A H1N1 que comenzó semanas antes del anuncio oficial, pues no quería estropear la visita de Obama; luego atemorizó a la población con una campaña de pánico, que entre otras cosas buscaba distraer de problemas tan graves como el de la integración de México en el aparato militar estadunidense.
Otro paso que ya había dado el panismo fue mandar contingentes militares mexicanos a Estados Unidos en septiembre de 2005 para “ayudar” a las víctimas del huracán Katrina –a quienes no ayudó el gobierno de Bush–, lo que implica que en un futuro los marines estadunidenses pueden intervenir en nuestro país para “ayudarnos” y controlar nuestra nación.
Estados Unidos ha desarrollado el Comando Norte bajo las órdenes del Pentágono para que dirija los ejércitos de Estados Unidos, Canadá y México, y ha resucitado el Comando Sur (que funcionó de 1943 a 1950 en el marco de la Segunda Guerra Mundial y que George Bush reactivó en junio de 2008). Ahora, en medio de la crisis internacional sin precedentes en las últimas décadas, prepara su ofensiva mundial para defender su hegemonía amenazada. En esta cruzada de construcción imperial, necesita el control de Canadá y México y de América Latina, por eso su injerencia en Haití, el apoyo al golpe en Honduras, y las siete bases en Colombia.
Los planes de Estados Unidos, que ha desarrollado en México con la complicidad de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, enfrentan al pueblo a conmemorar este 2010 en pie de lucha por la plena soberanía nacional, que implica la soberanía económica, política, militar, cultural, científica y tecnológica. Es posible construir la independencia de México; el primer paso es ser conscientes de la ruta que a lo largo de las últimas décadas nos ha llevado al neocolonialismo.
*Politólogo, historiador y urbanista; investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco

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Calderón, el PAN y el PRD

Álvaro Cepeda Neri
Contralínea
21 Marzo 2010

El circo entre los payasos –que no provoca ni risas ni llanto, escenificado por Cesarín Nava y Gómez-Mont, con la tramoya para el burdo engaño de Calderón, con motivo de, más que alianzas, complicidades entre una tribu facciosa (la de los Chuchos y su pandilla maiceada desde Los Pinos) y los panistas de El Yunque– ha demostrado lo que ha probado el de “las manos limpias” (Ana Lilia Pérez, Camisas azules, manos negras.
El saqueo de Pemex desde Los Pinos, editorial Grijalbo). Ese desmadre de Calderón sólo lleva como finalidad acabar con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) al costo de suicidar al Partido Acción Nacional (PAN), para satisfacer la nostalgia victorianohuertista de quien resultó un presidente más del montón, que sigue sin atinar a resolver uno sólo de los problemas que es su obligación, con sus palos de ciego, por miopía política, que ha venido dando hasta en su necedad de sacar a los militares del cuartel y haberle dado a su amigo García Luna (y Luis Cárdenas) el poder inmenso de una policía federal que, con los soldados, únicamente han tenido éxito en agresiones que llegan a homicidios contra los ciudadanos que nada deben en la lucha contra el narcotráfico.
Ha desmadrado, pues, a esos dos partidos. Desmadrar, en el sentido peyorativo del modo de hablar del español mexicano, más que en el significado, por ejemplo, del diccionario de María Moliner. Ni tampoco en los términos estrictos de desmadreado y desmadrear, del Diccionario de Mejicanismos de Francisco J Santamaría. Calderón ha desmadrado al PAN y al PRD en cuanto ya les partió su madre al desfundarlos de sus orígenes, abjurando de los padres fundadores y de toda su trayectoria-tradición, no para modernizarlos, sino para de una vez por todas meterlos a su respectiva extinción. Ha sido Calderón y nadie más quien ordenó a su títere Nava, el abogado de las transas petroleras y descerebrado políticamente, para que saliera con la “novedad” de las alianzas, si bien ya con la plena derechización chuchista de uno de los peerredes, para la confabulación a plena luz del día, con la ultraderecha yunquista.
Quiere Calderón, más que enfrentar al Partido Revolucionario Institucional para eventuales derrotas en las elecciones de julio próximo, vísperas de la presidencial que el PAN-calderonista tiene de antemano perdida, quitarse de encima a López Obrador y su movimiento social, metiendo la cizaña entre los propios compañeros de viaje del tabasqueño. Quiere lo imposible: quitarse el mecate con el que lo traen cortito. Y de paso asustar a los priistas que ya le tienen tomada la medida, al dejarlo solo, a la deriva, por traidor a la colaboración que le prestaron para su toma de posesión, que de otra manera no se hubiera llevado a cabo.
En su niñez, Calderón repartió volantes del PAN y no logró superar esa etapa de infantilismo político. Nada aprendió, sin teoría política (pues su formación jusnaturalista en la Escuela Libre de Derecho… ¡libre de derecho positivo!, ni en la universidad patito estadunidense donde, supuestamente, obtuvo una maestría en economía… ¡Mientras su política económica pública ha sido una serie de equivocaciones, incluso contra el libre mercado!). Y por eso su pragmatismo politiquero lo llevó a su nivel de incompetencia. Y lo uno y lo otro han generado devastación del empleo de la clase media de por sí en decadencia desde el salinismo, y fracaso para reducir el empobrecimiento masivo de la nación que, mutatis mutandis (cambiando lo que se tenga que cambiar), tenemos desgracias humanas y materiales semejantes a las catástrofes de Haití y Chile, sin que esos mexicanos hayan recibido una mínima ayuda para paliar su desesperada situación.
Y para culminar sus intencionales errores, con actos y omisiones, en economía, ahora Calderón está desmadrando a diestra y siniestra con sus disposiciones electoreras, ocupado en destruir al PRD y someter al PAN a su completo descrédito (por el mal gobierno calderonista), empujándolo al despeñadero con la zigzagueante conducción del pobre (pero rico tras el contratismo en Petróleos Mexicanos) Cesarín Nava que… ¿aspira a ser el candidato presidencial con el que el PAN será derrotado? Las alianzas-complicidades si prosperan (pero no en Oaxaca ni en Veracruz, pues ulisismo y fidelismo recurrirán a todo para imponer sucesor y sacar de la jugada a los expriistas Gabino Cué y Miguel Ángel Yunes, cuyas candidaturas han destripado al PAN y al PRD) serán, en uno o cuando mucho dos estados, victorias pírricas.
En el PAN y el PRD hay rebeliones contra las alianzas-complicidades. Y es que no tienen nada en común respecto de sus bases de militantes y simpatizantes, con todo y que Nava y los Chuchos coincidan en su factor común: Calderón y su afán de venganza contra López Obrador, llevándose entre las patas a su partido. La politóloga Soledad Loaeza acaba de cuestionar ese calderonismo estúpido. Expresó que el “pragmatismo (de Calderón) está provocando una escisión o un disgusto muy profundo en el partido entre corrientes que tienen fuerza (y) la pregunta es si tendrán capacidad él (Calderón) y César Nava para desactivar esas fracturas que pueden extender de aquí a 2010, y… “¡quién sabe qué va a pasar!” (La Jornada, 2 de marzo de 2010).
Lo que va a pasar se vislumbra ya tras el desmadre de Calderón: la derrota anticipada del PAN sobre su fracaso en las alternancias (de Fox a Calderón) como gobierno y como fuerza electoral. El inquilino de Los Pinos ha actuado a la Victoriano Huerta, tras su golpismo de ilegitimidad, que completa con su ya fallida orden de las alianzas-complicidades, mientras crecen las demandas que piden su renuncia antes de que su mal gobierno y pésima administración enciendan al país, para que el pueblo festeje de otra manera los centenarios que el porfirismo calderonista intenta celebrar con luces de colores, sin advertir que los mexicanos, a disgusto por el desempleo, la inseguridad y la pobreza, tienen en mente otras opciones.
cepedaneri@prodigy.net.mx

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Plan México 2030: desmantelar la seguridad social

Para 2030, la totalidad de los servicios de salud estarán subrogados a la iniciativa privada; habrán desaparecido el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex; además, el sector privado controlará la educación, y la cultura se someterá a un “tratado de libre comercio artístico”. Los artículos 3 y 4 constitucionales habrán sido radicalmente modificados; y los sindicatos de los sectores energético, educativo, sanitario y cultural se habrán extinto. Todo, según el plan transexenal que Felipe Calderón implanta en México

Nancy Flores / Cuarta parte
14 de Marzo del 2010
Contralínea

El desmantelamiento de la seguridad social en México está en marcha. El sistema de salud pública, la educación, la cultura, el fomento al arte y al deporte serán completamente entregados a la iniciativa privada, indican los planes transexenales de la derecha, que encabeza el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Como parte del mismo proceso privatizador, en los próximos 20 años habrán desaparecido los sindicatos del sector público, en especial de los ámbitos energético, educativo, sanitario y cultural, revela el tercer capítulo del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, denominado “Eje 3. Igualdad de oportunidades”.
De conseguir esos objetivos, en dos décadas los mexicanos tendrán que sufragar elevadas colegiaturas para que sus hijos accedan a la educación básica, media y superior; también, deberán adquirir los libros que éstos empleen desde la primaria.

Además, en caso de enfermarse y aun cuando tengan “seguridad social”, solventarán un porcentaje aún no definido de los costos por los servicios “públicos” de salud que reciban, pues éstos habrán sido subrogados a la iniciativa privada.
A pesar de ello, los autores de los cinco documentos –relacionados con ese capítulo y desclasificados por la Presidencia de la República– estiman que en 2030 no habrá pobreza extrema y que todos los mexicanos tendrán igualdad de oportunidades para vivir y desarrollarse.

Según su “visión”, para entonces “México es un país que garantiza equidad de oportunidades de desarrollo humano y calidad de vida a todos sus habitantes, en un marco de libertad, independientemente de sus capacidades, su condición social, sus características personales, sus preferencias y creencias, y que cuenta con niveles de pobreza alimentaria inferiores a 5 por ciento, niveles de pobreza patrimonial inferiores a 10 por ciento e índices de desarrollo humano equivalentes a los de los países más desarrollados del mundo”.
Investigadores consultados señalan que se trata sólo de “buenos deseos”, porque es imposible lograr esos objetivos con el modelo económico que impulsa la derecha. En el documento están presentes todas las tesis del modelo neoliberal para “sacar adelante la economía”, dice el doctor Víctor Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo.
Explica que no se plantea un cambio radical efectivo de las políticas económica, monetaria, financiera ni fiscal. Por ello, señala la imposibilidad de que en dos décadas se alcance una sociedad justa.
“Ellos están planteando abatir la pobreza extrema a cero. Esto no se va a lograr para 2030 ni para 2040 con el modelo neoliberal. Tampoco será posible incrementar el ingreso per cápita a niveles como los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque tenemos una economía altamente monopólica, parasitaria y con énfasis en el capital especulativo”.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 47 millones de personas, que representan el 44.2 por ciento de la población mexicana, vivieron en situación de pobreza en 2008.
Para el doctor Palacio, el desarrollo económico no sólo implica crecer, sino que haya desarrollo social. “Y esto no lo estamos encontrando en las propuestas. Por lo tanto, no hay posibilidad de crecer ni de convertirnos en un país con condiciones importantes en el ámbito internacional y tampoco de abatir la pobreza”.

Ataque a la educación pública

En el plan transexenal que impulsa Calderón Hinojosa, el “desarrollo” entraña la desarticulación de la seguridad social. Al abordar los cambios a los sistemas públicos de educación y salud, el proyecto revela que en éste y en los próximos dos sexenios se reformarán los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con ello, se eliminarán dos garantías fundamentales: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” (artículo 3) y “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” (artículo 4).
En el primer caso, el maestro en filosofía Edgar González Ruiz advierte que se trata de una vieja demanda del clero y del Partido Acción Nacional (PAN), que en la historia de México ya ha provocado luchas armadas.
“El PAN y la jerarquía católica han buscado reformar el artículo tercero para establecer la educación religiosa en las escuelas públicas, a lo cual se suma ahora el interés empresarial por destruir el carácter gratuito de la educación pública, privatizándola completamente”.
Estos cambios, dice, implicarán una “verdadera contrarreforma educativa y nacional”, pues ese artículo ha garantizado tradicionalmente el carácter laico y gratuito de la educación pública.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México observa que en el Proyecto de Gran Visión aparece otro planteamiento tendiente a privatizar la educación, que es el de “establecer el bono educativo (beca a los alumnos para realizar sus estudios en escuelas privadas)”.
Señala que el proyecto busca subordinar la educación a los intereses empresariales, para que la enseñanza sea simplemente una preparación laboral. Tales objetivos se revelan en planteamientos como: “Incorporar una estrategia de educación continua para el trabajo”, “vincular el sistema educativo con el productivo”, “educación con ritmo a la par de la economía”, “alumnos que puedan acceder al mercado laboral mundial”.
La reforma educativa también plantea desaparecer el libro de texto gratuito: entre las metas transexenales del proyecto está “el no uso de libro único y obligatorio”. Al respecto, González Ruiz comenta que, durante los gobiernos priistas, ésta fue una reivindicación de la derecha, pues ha estado en contra de los contenidos, en la medida en que éstos son ajenos a la religión.

Salud, sólo para ricos

En el segundo caso, se venderá el sistema sanitario y la Secretaría de Salud sólo funcionará como gestora de contratos. Para lograrlo, el plan busca modificar el artículo 4 constitucional, las leyes del Trabajo, General de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Según el proyecto 2030, las reformas buscan la “reestructuración corporativa” del sistema sanitario para “mejorar la eficiencia administrativa”. No obstante, esa reestructuración implica el desmantelamiento de las redes hospitalarias y la subrogación de todos los servicios a favor del empresariado nacional y extranjero.
El objetivo es crear “un sistema de salud público único y de atención médica universal”, coordinado por la Secretaría de Salud. Dicho esquema reducirá el papel de la dependencia que encabeza José Ángel Córdova Villalobos a firmar contratos y subrogar servicios, se desprende del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. Por tanto, implicará la desaparición del IMSS, ISSSTE y de los hospitales de Pemex.
Para 2030, los derechohabientes no sólo realizarán las aportaciones a la “seguridad social” que de por sí hacen, sino que además pagarán un porcentaje por los servicios que reciban. Y es que, de acuerdo con el plan calderonista, en breve se establecerán “copagos en algunos de los servicios de salud”.
También se “fortalecerá” la “mezcla pública y privada en el financiamiento y provisión en servicios de salud”, para “incrementar” de manera porcentual “la subrogación de servicios”, reconocen literalmente los documentos.
Las modificaciones legales garantizarán, además, la “portabilidad de bienes privados (paquete esencial y posibilidad de copeteo)” y la “desvinculación” del “financiamiento de la atención médica (respecto) de (los recursos que se destinan al pago de) la nómina”.
Las subrogaciones y reformas legales se suman a otra forma silenciosa de privatización que ya opera en el país: los Proyectos de Prestación de Servicios o PPS. Como lo documentó Contralínea (número 172), en su capítulo económico el Proyecto de Gran Visión consolida los PPS en el ámbito sanitario, energético, carretero y educativo.
En el sector salud, estos proyectos permiten que la construcción y operación de hospitales “públicos” de alta especialidad sean concesionadas a privados hasta por más de 30 años, a nivel federal y estatal.
La industria farmacéutica también verá incrementado su negocio a costa del erario: el cambio a la Ley de Adquisiciones busca “garantizar el suministro y calidad de los medicamentos”.
Víctor Palacio explica que, en el plan 2030, el mercado interno no es prioritario pese a que es en éste “donde nos desenvolvemos la mayoría de los mexicanos”. Por ello, indica, no se están satisfaciendo las necesidades de consumo: “Alimentación, salud, educación, vivienda; todo lo que es el bienestar social, porque los ojos se tienen puestos en los mercados internacionales”.

Sindicatos, golpe inminente

La reforma a la Ley Federal del Trabajo –que se plantea en el contexto de las modificaciones a los artículos 3 y 4 constitucionales y a las leyes del IMSS, ISSSTE y Pemex– también conlleva la desaparición paulatina de los sindicatos.
Y es que, de acuerdo con los planes, se transformarán las “condiciones contractuales y sindicales”. El objetivo es eliminar “los cacicazgos y (las) arraigadas prácticas de organización sindical”, mismas que se identifican en los documentos oficiales del Proyecto de Gran Visión como “intereses creados y corporativismo excesivo”, que tiende a la “corrupción”.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, advierte que la llamada flexibilización laboral es, en realidad, la precarización de las condiciones laborales de los nuevos trabajadores.
Señala que la reforma que buscan los panistas ataca las conquistas sindicales de los últimos 50 años; pues, en la práctica, posibilitará restricciones más severas en las condiciones contractuales.
“Flexibilización también significa darle todas las ventajas al capital para que pueda emplear cuando quiera, en las condiciones que quiera, sin adquirir responsabilidades con el trabajador, sin tener que dar seguro social ni garantía de planta con un año de antigüedad”, indica el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
El capítulo 3 del amplio expediente revela que los sindicatos en riesgo inminente de desaparecer son los del ámbito energético, educativo, sanitario y cultural.
De acuerdo con los documentos consultados por Contralínea –elaborados en octubre de 2006 a solicitud de Felipe Calderón y en medio de la crisis poselectoral–, las reformas tanto a la Ley Federal del Trabajo como constitucional y de leyes secundarias se debían promover y conseguir “antes de 2010”.

“TLC artístico”

En el ámbito cultural, el capítulo “Igualdad de oportunidades” reserva al sector privado los proyectos culturales, como una forma de “participación ciudadana”. Según el Proyecto de Gran Visión, hace falta una “política de Estado” respecto de la “industria cultural”, para que ésta sea “productiva” y genere “derrama rentable”.
Esa política deberá incluir como tema “urgente” la firma de un “tratado de libre comercio artístico”. Además, reconocer la “necesidad de convertir la cultura en un proyecto económicamente rentable”, con “apoyo económico mixto, tanto del gobierno como de la iniciativa privada”.
Para los autores, la cultura no debe considerarse “como un monopolio privativo de la iniciativa privada”; por ello, proponen subsidios para el público general a través de bonos.
Aunque establecen que todos los mexicanos deben tener acceso a la cultura y al arte, exigen acrecentar su participación, obtener estímulos fiscales para ello, e incluso que los nuevos museos y teatros estén “bien equipados y con estacionamiento”.
Para los investigadores consultados, es previsible que estas medidas profundicen la brecha entre ricos y pobres en el país; pues está demostrado que las políticas neoliberales han derivado en un aumento relevante de la población en extrema pobreza.
Los autores del Proyecto de Gran Visión “quieren que, aplicando e intensificando estas políticas, se elimine la pobreza extrema”, observa Aguirre Rojas. Agrega que en México se insiste en mantener una política que es criticada en todo el mundo: la política de la abstención, de la no intervención del Estado y de la entrega y privatización de todas las áreas fundamentales.
Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia respecto del plan privatizador México 2030, Proyecto de Gran Visión, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

Los autores del plan

• Salud (muestra parcial)


José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud federal

Patricia Faci, directiva de Genomma Lab

Alejandro Alfonso Díaz, director general del Centro Médico ABC, IAP

Alberto Jongitud, exsecretario de Salud en el estado de Hidalgo

Ector Jaime Ramírez Barba, diputado federal panista y exdirector del Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato

Guillermo Soberón Acevedo, exrector de la UNAM y exsecretario de salud federal

Humberto Veras, director del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Hidalgo

Jesús Zacarías Villarreal, secretario de Salud de Nuevo León

Jesús Kumate, exsecretario de Salud federal

Juan Antonio Fernández, exdirector del Seguro Popular

Juana Jiménez Sánchez, coordinadora de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud federal

Julio Sotelo Morales, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

María Eugenia de León May, exsubsecretaria de Administración y Finanzas de la Ssa federal

Mario Acosta Mejía, exdirector de la Alianza Médica Mexicana

Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención de la Ssa federal

• Pobreza, exclusión y grupos vulnerables (muestra parcial)

Alberto Mulás, miembro de los consejos de administración de las empresas Acciones y Valores, URBI, ICA, SHF, OMA, y exubsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano

Alfredo Achar Tussie, presidente de la empresa Comercial Mexicana de Pinturas, Comex

Enrique Castro Villalobos, subsecretario de Finanzas del gobierno de Guanajuato

Félix Vélez Fernández Varela, secretario general del Consejo Nacional de Población

Gerardo Leyva Parra, integrante con voz y voto del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza

Gustavo Merino, subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal

Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo

Luis Orvañanos, presidente de la constructora GEO

Luis Sereno Coló, consejero del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Desarrollo Social

Marcela Eternod Aramburu, exfuncionaria del Inegi

María del Carmen Díaz Amador, coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía

Mayra Eternod, exasesora de Aserca

Patricia Wohlers, directora general adjunta de Relaciones Internacionales del Inmujeres

Ricardo César Aparicio Jiménez, exdirector general adjunto de Análisis de la Pobreza del Coneval

Almudena Suárez, exdirectora general adjunta de Relaciones Internacionales de la Sedesol

Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval

Jonh Scott Andreta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas

Jorge Yarza Garrido, director de Desarrollo Organizacional de Hipotecaria Su Casita

Juana María Torres Cruz, política panista

Martha Laura Carranza, directora general para la Igualdad Laboral de la STPS

Paloma Bonfil Sánchez, integrante del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza

Susan Parker, investigadora del CIDE

Clara Jusidman, miembro del Consejo Asesor de la UNICEF en México

Fuente: Contralínea 173, 14 de marzo de 2010
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México: La regresión en los sistemas laborales

Aleida Hernández Cervantes

Refundación

Sábado, 20 de Marzo de 2010

Desde hace más de veinte años se ha intentado reformar la Ley Federal del Trabajo en México. Múltiples han sido los proyectos de ley presentados ante instancias legislativas. Hasta hoy, han caído en el vacío. Esto no quiere decir que las relaciones laborales se hayan mantenido intactas, por el contrario, han cambiado a tal punto que pareciera, en muchas ocasiones, que nada tienen qué ver con el contenido de la ley. Por eso se dice que muchas de las propuestas que el jueves 18 de marzo presentaron los diputados federales del Partido Acción Nacional (de derecha), pretenden en gran medida, legalizar las diversas prácticas laborales reprobables que se están dando en nuestro país.
El cambio de las relaciones laborales en México, no es ajeno a lo que está sucediendo a nivel mundial en el rubro del trabajo y la economía. Dentro de las políticas económicas que empezaron a imponerse a los países en desarrollo, a fines de los ochenta fueron aquéllas tendientes a desregular las relaciones laborales. Desregular significa, en este sentido, eliminar en todo lo posible las múltiples restricciones al capital frente al trabajo; facilitar las ganancias de los empleadores en detrimento de los derechos de los trabajadores; minimizar las sanciones cuando se violen derechos; disminuir la supervisión del Estado en cuanto al cumplimiento de las obligaciones laborales, entre otras.
Este tipo de políticas no han sido exclusivas del mundo del trabajo, en realidad han permeado en todo lo público; hoy tenemos un avance sustancial de lo privado frente a lo público; tenemos un Estado que interviene para no intervenir.
Todo lo anterior, en un contexto más global, es resultado de la crisis del Estado del Bienestar (que se configuró en Estados Unidos y Europa, por ejemplo) o Estado social de Derecho (que lograron alcanzar en algunos países de América Latina como el nuestro). Dicha crisis –de cuyas causas hablaremos en otro momento, pero que no apareció espontáneamente-, ha dado lugar a que el pacto de cierto equilibrio, que se había logrado entre el capital (empresas, empleadores) y el trabajo (trabajadores), se encuentre en franco quiebre. De ese pacto se derivaron las leyes del trabajo y sus características, que prevalecieron casi todo el siglo XX, en la mayoría de los países, algunas de ellas a saber: 1) protección a los trabajadores por parte del Estado, frente al poder económico de las empresas; 2) fortalecimiento a los sindicatos, su autonomía y representación; 3) tribunales integrados por representación de todas las partes –patrón, Estado y trabajadores-; 4) jornada laboral de 8 horas (aunque ésta se logró desde el siglo XIX); 5) estabilidad en el empleo; 6) derecho a la seguridad social de los trabajadores.
La propuesta de reformas la Ley Federal del Trabajo por parte del PAN, pretende terminar de rematar las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores. Su intención es legalizar lo ilegítimo. Su idea es clara: si la dinámica laboral nos ha llevado a que los trabajadores cada vez tengan menos derechos laborales, lo que se trata ahora, es de proporcionarle un marco jurídico que acepte con toda naturalidad la incertidumbre laboral y que se vea al trabajo como una mercancía, muy al contrario de lo que se había logrado con todas las luchas de los trabajadores.
En particular, la propuesta del PAN, plantea incluir “nuevas modalidades de contratación individual”; contratación por hora de trabajo, legalizar los famosos periodos de prueba, los contratos de capacitación inicial; eximir a los patrones de la obligación de reinstalar al trabajador si no tiene más de 3 años, al momento del despido; legalizar el “outsoursing”, el cual permite la subcontratación en todas sus formas, propiciando una serie de problemas para los trabajadores al presentarse, entre otras, una ambigüedad sobre la identidad del patrón y sus respectivas obligaciones.
Veamos por partes algunas de las propuestas. La discusión en torno a si el trabajo se debe medir por horas, tiene qué ver con una concepción de fondo sobre el trabajo. Si se puede fragmentar por horas, es como si pensáramos que es una mercancía que se puede fragmentar y vender por piezas. A diferencia, el trabajo no es abstracto, es tan concreto como que es el resultado de la suma de energía, vitalidad y tiempo que un ser humano le dedica a una actividad productiva o intelectual productiva. El trabajo es una relación social, no una simple compra y venta de productos; y en una relación social están implicadas personas con dignidad, que no sólo viven para el trabajo. Si eliminamos la posibilidad de establecer relaciones sociales-laborales sólidas, se instalará por completo la tendencia a “vendernos” por horas para poder comer, sin que alguien pueda ser responsable del día que no logró “vender” ni una hora de trabajo alguna persona.
La incertidumbre laboral está llenando todos los espacios de nuestra vida cotidiana. Se ha vuelto la excepción cuando se firma un contrato por más de seis meses, lograr una antigüedad está convirtiéndose en imposible, precisamente por esos pírricos contratos. En esa misma tendencia, los contratos y periodos de prueba, son el mecanismo más rentable que han encontrado los empleadores para no pagar como se debe a los trabajadores, de hecho, existen en nuestro país miles de trabajadores regalando su esfuerzo, con la esperanza de ser contratados “formalmente” algún día. En ese universo de este tipo de empleados disfrazados, se encuentra una gran parte de jóvenes en nuestro país.
Todo lo que hasta aquí se ha dicho, sólo tiene qué ver con los derechos individuales del trabajo, otro gran rubro son las propuestas sobre derechos colectivos del trabajo que contiene la propuesta en análisis, donde también se plantean menoscabo a la organización de los trabajadores. Pero ya hablaremos también de eso, en una próxima entrega.
Lo que sí podemos adelantar, como primer análisis de la propuesta de reforma laboral de los diputados del PAN, es que se trata de una reforma antilaboral. Es claro, al volverse un privilegio tener empleo, lo demás se está convirtiendo en derecho de elites. Nada más alejado del espíritu del derecho del trabajo. Antes los sindicatos servían para defender y dar la pelea de los derechos de los trabajadores, ahora salvo casos muy honrosos, pareciera que están de vacaciones indefinidas.

** LA AUTORA, ALEIDA HERNÁNDEZ CERVANTES, ES CANDIDATA A DOCTORA EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
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Lamenta ONU la violencia contra las mujeres en México

Anayeli García Martínez (CIMAC)

Argenpress.info

martes 30 de marzo de 2010

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó al Estado Mexicano tipificar el feminicidio, modificar el Código de Justicia Militar, y asegurar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia.
El organismo internacional señaló también al Estado la necesidad de armonizar la legislación sobre el aborto en todos los estados, en consonancia con la despenalización del mismo en el Distrito Federal en 2008, y homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes estatales.
Después de que el pasado 8 y 9 de marzo, 18 expertos de la ONU examinaron el quinto informe periódico de México –presentado con un retraso de cinco años- el Comité dio a conocer sus observaciones finales, en donde lamentó que aún subsista la violencia contra las mujeres e instó al Estado mexicano a intensificar sus esfuerzos para garantizar que se respeten los derechos de las mujeres.
Entre las observaciones relativas al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Comité recomendó al Estado mexicano tipificar el feminicidio, incluso a nivel estatal y proporcionar a la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, creada en enero de 2008, la autoridad necesaria para hacer frente a los actos de violencia cometidos por funcionarios estatales y federales.
De acuerdo con el Comité se debe garantizar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención” (NOM-046), la cual deja en claro la obligación que tienen las instituciones de salud de practicar la interrupción legal del embarazo a las mujeres victimas de violación sexual.
A pesar de la vigencia de la NOM-046 y la despenalización del aborto en el Distrito Federal, el Comité expresó su preocupación porque en muchos estados del país el aborto aún es ilegal en todas las circunstancias. Por ello recomendó al Estado mexicano armonizar la legislación sobre la interrupción del embarazo en todas las entidades y tomar medidas para que las mujeres eviten embarazos no deseados.
Justicia para víctimas de militares
Por otra parte, de acuerdo con los informes de organizaciones de la sociedad civil, la lucha contra la delincuencia organizada y el despliegue de las fuerzas militares han violentado los derechos humanos de las mujeres, por lo que el Comité destacó que el Estado mexicano debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública, pero por fuerzas de seguridad civiles y no militares.
En este sentido se pronunció porque se garantice que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por cuerpos castrenses sean debidamente investigadas y juzgadas por las autoridades civiles, por lo que pidió modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que éste no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos a civiles.
En el documento, el Comité señaló que se deben tomar medidas para garantizar que la legislación de todos los estados esté en plena consonancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En particular con las disposiciones relativas al establecimiento de una base de datos con información sobre casos de violencia contra las mujeres, la creación de un mecanismo de alerta sobre la violencia por motivos de género y la sanción del acoso sexual.
Por lo anterior, los expertos acentuaron que las investigaciones de violencia contra las mujeres deben ser rápidas y eficaces, además de que es necesario castigar a los autores, en especial garantizando una cooperación eficaz entre las autoridades estatales y federales. También indicaron que se deben proporcionar recursos efectivos, incluida la rehabilitación psicológica, y crear refugios para las mujeres víctimas de violencia.
Un llamado más para cumplir
Estas recomendaciones son un llamado más a las autoridades mexicanas para cumplir con sus obligaciones adquiridas a través de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, señaló Amnistía Internacional (AI), al instar al Estado mexicano a dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En un comunicado de prensa, el organismo internacional destacó que aunque el Comité, que vela por el cumplimiento del PIDCP, reconoció algunos avances en materia legislativa por parte de México, también identificó un incumplimiento de las recomendaciones anteriores, por lo que puntualizó una serie de medidas que el Estado debe adoptar para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Además recordó que muchas organizaciones nacionales e internacionales han hecho un llamado desde hace años a las autoridades mexicanas para que den pasos sustantivos para hacer realidad los derechos humanos en temas determinantes como la igualdad entre hombres y mujeres; sin embargo, el avance no ha sido el esperado, señala el comunicado.
Finalmente Al enfatizó que México está obligado a dar cumplimiento a estas recomendaciones en virtud de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y recordó que el Estado mexicano deberá de presentarse nuevamente ante el Comité de Derechos Humanos a más tardar el 30 de marzo de 2014.

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México: Alianzas con ofensas (Parte I)

Teodoro Rentería Arróyave
especial para ARGENPRESS.info
martes 30 de marzo de 2010

El tema de las alianzas entre las derechas -la normalita y la ultraderecha-, y las izquierdas dividas en toda clase de tribus en aprovechamiento de los que nunca pensaron militar en las mismas, abre un camino de absurdos y por ende de confusiones, de ahí que nos hayamos propuesto exponer en varias entregas los ataques mutuos, inclusive el que se refiere al fuego amigo para comprobar que estas son alianzas con ofensas.
Jueves 20 de enero de 2010, La iglesia Católica aliada del Partido Acción Nacional, PAN, advierte que no dialogará con el Partido de la Revolución Democrática, PRD, hasta en tanto no retire su demanda contra el cardenal arzobispo de México, Norberto Rivera Carrera, acusado por “discriminación a los homosexuales”. Los amarillo reviran y dicen no aceptar condiciones.
El PRD, en contra total de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, decretada por el presidente, Felipe Calderón Hinojosa, demanda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso de la solicitud de amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El ex presidente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos rechazó a Gabino Cue Monteagudo como candidato de la alianza con el blanquiazul, ya que en 2004, los abandonó cuando buscó el mismo puesto de elección popular.
Viernes 22. El precandidato de coalición de PRD, del Trabajo y Convergencia, Gabino Cue se deslinda del líder moral del Sol Azteca, Andrés Manuel López Obrador, porque “ninguna figura nacional está en la boletas del proceso electoral de Oaxaca” y porque le hace sombra en la entidad.
El diputado perredista, Jaime Cárdenas Gracia, advirtió que el Congreso de la Unión tiene la obligación de evitar que la Reforma Política del Ejecutivo Federal sea una simulación, porque hay que darle poder al ciudadano.
El cuete tronó cuando el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se lanzó contra las alianzas del PAN y PRD, al afirmar se convierten “en una especie de fraudes electorales que buscan decisiones sin contenido, o sea bajo la lógica del contrato político”.
Las bancadas del PAN y PRD se confrontaron duro en la Cámara de Diputados ante la iniciativa panista de considerar a los narcorridos y narcopelículas como apología del delito, y se penalice con 3 años de prisión. Los perredistas afirman que es una exageración y defienden la libertad de expresión.
En el fuego amigo, el diputado local panista, Gerardo García Henestrosa, que se quedó en la lona, puesto que aspiraba a que lo postulara la alianza de las derechas y las izquierdas, increpó a su exlíder nacional, Manuel Espino Barrientos al asegurar que sus criticas antialianzas tiene el propósito de favorecer el gobernador de Oaxaca, el priísta Ulises Ruiz Ortiz.
Y Gabino Cue justifica el reconocimiento de presidente de la República a Calderón, que había sido bandera del perredismo y del lopezobradorismo con el calificativo del espurio.
Por cierto el presidente Calderón Hinojosa tuvo que enfrentar estruendoso repudió de perredistas al visitar la Colonia Santa Úrsula Coapa, delegación Coyoacán, Distrito Federal, que le gritaban “espurio”; las fuerzas del orden tuvieron que actuar con severidad para contener a los manifestantes antipanistas.
Sábado 23. En fuego amigo, revira el presidente nacional del PAN, César Nava Vázquez y le contesta al secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, que las alianzas con el PRD no son simples “aventuras electorales” además de que “no es un tema que corresponda a la órbita de gobierno, corresponde a la órbita del partido”
Y tercia Andrés Manuel López Obrador, al observar que el tema de las alianzas electorales es pura simulación y se convirtió “en una cortina de humo” para no resolver los grandes y graves problemas nacionales.
En esas afrentas entre “aliados” y fuego amigo en ambos partidos se sintetizan las alianzas, que a pesar de todo y de la confusión que causan a los militantes y electores siguen adelante. ¿Quién será el ganón? El tiempo nos lo dirá, aunque ya se marca en forma tricolor.
CONTINUARÁ...

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México: La paradoja de la imagen

Laura M. López Murillo
especial para ARGENPRESS.info
martes 30 de marzo de 2010

En algún lugar hermético, en un intrincado laberinto, se hilvanan estrategias intrincadas con argumentos injustificables; pero en esa red de pretextos incoherentes hay un zurcido muy frágil por donde asoman las fibras obscuras de la complicidad…
Uno de los inconvenientes del despotismo es la ausencia de límites para el ejercicio de la autoridad. En un régimen absoluto el abuso del poder adquiere formas variadas y uno de los métodos más socorridos es el control de la información a través de versiones tergiversadas y recapitulaciones insospechadas. Así fue, y así ha sido desde la ascensión de una minoría al poder.
La difusión mediática de los gobiernos es un efecto colateral del control del discurso social. Se emiten imágenes y mensajes que pretenden provocar una percepción distinta a la realidad e influir en el imaginario colectivo para condicionar sus opiniones y su conducta. La imagen es uno de los recursos más explotados en la propaganda política.
Pero nada es para siempre. Ahora, la información tiende a liberarse del control ejercido por las autoridades que solían censurarla y restringirla. La tecnología en las comunicaciones habilita como informador y testigo a cada usuario de telefonía celular.
El asalto a la información ha producido una generación espontánea de reporteros ciudadanos y se ha desencadenado la paradoja de la imagen: si la propaganda política difundió mensajes visuales subrepticios mediante estereotipos obtusos, ahora la imagen se desnuda en un video, se despoja de la significación implícita en la iconicidad para exhibir la realidad sin necesidad de interpretaciones.
Y así, en un proceso alterno se transmite la incongruencia entre el discurso oficial y la realidad. En los extremos opuestos se realizan: la emisión de propaganda política y la rectificación simultánea del discurso oficialista.
El efecto inexorable de la democratización de la información es la formación de una opinión pública razonada, de una disidencia razonada. La distancia entre la ciudadanía y la clase gobernante tiende a agudizarse por la decepción consuetudinaria.
Recientemente, en Mexicali, Baja California, el presidente del congreso local fue detenido por conducir en estado de ebriedad; durante la detención se detectó la portación de un arma y drogas. Víctor González Ortega, diputado local por Acción Nacional (el partido en el gobierno) quedó libre y el Hugo López Ávalos el oficial de policía que lo detuvo fue debidamente suspendido.
El incidente estaba destinado a desaparecer sin dejar rastro en el legajo inmenso de la impunidad, pero un mes después, se difundió el video del incidente. Hasta el momento, no se ha establecido la secuencia de la orden de liberar al diputado. El alcalde, el secretario de seguridad pública y todos los funcionarios de la administración municipal (de extracción panista) afirman el total desconocimiento de los hechos.
Como consecuencia se ha producido una deleznable ecuación: la red de complicidades es tan nefasta y denigrante como es la ineptitud y la impericia de la clase gobernante. La autoría del incidente se perderá en esa red de pretextos incoherentes, pero hay un zurcido muy frágil por donde asomaron las fibras obscuras de la complicidad…
Laura M. López Murillo es Licenciada en Contaduría por la UNAM. Con Maestría en Estudios Humanísticos, Especializada en Literatura en el Itesm.
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Advierten a CFE que no entre a territorio de Necaxa

PILAR RAMÍREZ
RADIO EXPRESIÓN
29/Marzo/2010

JUAN GALINDO.- En este municipio no dejarán que ingrese personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE), “que no se metan, que dejen de estar tomando lecturas, porque no respondemos de cómo va a reaccionar nuestra gente si los llegan a sorprender”, advirtió el líder de los electricistas Miguel Márquez Ríos.
Este mensaje lo envió al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) Víctor Fuentes del Villar quien ha encabezado el sindicato de trabajadores de CFE.
El integrante del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), manifestó que los electricistas no van a permitir que ingresen “a nuestro territorio”, lo mejor será que respeten, porque hay un convenio firmado en el contrato colectivo de CFE, por tanto, recalcó “que si son sorprendidos por gente de Necaxa será responsabilidad de su secretario general y del ejecutivo federal lo que pueda pasar, más cuando nuestra empresa todavía está viva”.
Cabe recordar que en esta demarcación los recibos de CFE no los han hecho llegar, después de que el 12 de febrero los regresaron cuando ya estaban en las oficinas de correos de esta localidad por temor del personal de Sepomex a ser despojados de ellos.
Por tal motivo fueron devueltos sin que hasta la fecha sea resuelta su distribución, en otros municipios ya fueron entregados, aunque en su mayoría no los han pagado por estar amparados para el no pago de luz, actividad que viene promoviendo el SME, al señalar que el contrato lo hicieron con LyFC y no con CFE, argumentando “ que violentan el marco legal del servicio público de energía eléctrica”.
Además que destacan los electricistas que según el reglamento de la ley del servicio púbico de energía eléctrica el “suministrador es el único facultando para vender energía eléctrica destinada al servicio público, previa celebración del contrato de suministro correspondiente y de acuerdo a las tarifas aprobadas."
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El norte, fuera de control

Editorial
La Jornada
30 de Marzo del 2010

La masacre de 10 niños y jóvenes perpetrada antier en el municipio duranguense de Pueblo Nuevo es el más reciente episodio de los fenómenos de violencia y descontrol que han cundido en la franja norte del país con una velocidad escalofriante. Los combates y las masacres ocurren, con días u horas de diferencia, en un amplio arco territorial que va de Sinaloa a Tamaulipas, pasando por Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, y dejan al descubierto la extrema debilidad –si no es que la ausencia– de los poderes federales, estatales y municipales.
La carencia de autoridades funcionales no sólo se evidencia en el accionar impune de grupos armados que masacran a decenas de jóvenes en Ciudad Juárez, Torreón o Durango, que paralizan Monterrey y sus zonas conurbadas y que, según los reportes gubernamentales, lanzan acciones ofensivas contra unidades de las fuerzas armadas; el vacío de poder también se pone de manifiesto en la confusión y la impunidad que suelen suceder a atropellos de las fuerzas del orden –civiles y militares– contra la población y la proliferación de violaciones graves a los derechos humanos.
Así ha ocurrido, entre otros casos, con los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) muertos, a decir del gobierno, en una balacera entre efectivos del Ejército y presuntos sicarios, en un hecho trágico que ha dado pie a versiones incoherentes de las autoridades, así como a sospechas de que los jóvenes pudieron ser asesinados por los uniformados. Igualmente grave es el homicidio de un presunto narcomenudista, detenido la semana pasada por efectivos de la Marina en Santa Catarina, y hallado muerto un día después en un baldío de San Nicolás de los Garza.
Otro ejemplo del desgobierno es el desparpajo con que el presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, ha anunciado acciones fuera de la ley para, supuestamente, combatir a los grupos delictivos en su demarcación, y su admisión posterior de que ha mantenido contactos institucionales con presuntos delincuentes. La tolerancia del gobierno federal para con este funcionario contrasta con la dureza injustificada con que el año pasado se detuvo e incomunicó a varios alcaldes de Michoacán a los que se acusó, sin sustento, de mantener vínculos con la delincuencia organizada; no puede eludirse el hecho de que mientras Fernández es miembro de Acción Nacional, sus homólogos michoacanos son de militancia perredista, lo que denota una doble moral contraria al más elemental sentido republicano.
La doble moral también ha proliferado, según puede verse, en los medios y en la sociedad. Mientras que las muertes de los estudiantes del Tec, el pasado viernes 19, han generado una gran masa informativa, movilizaciones y expresiones de repudio, sin duda compartibles, otros homicidios de inocentes ocurridos ese mismo día pasaron prácticamente inadvertidos: el de una mujer que murió en el fuego cruzado de una balacera en Monterrey y los de seis campesinos sinaloenses ultimados en el municipio de Elota. No puede haber raseros distintos para hechos similares.
En otro sentido, el más reciente asesinato masivo de inocentes, ocurrido en Durango, se inscribe en un patrón alarmante de ataques contra jóvenes y estudiantes del todo ajenos a los conflictos generados por la delincuencia, así como por las erráticas y equívocas respuestas de las autoridades. Es positivo que el gobierno federal haya depuesto su tendencia a acusar en automático a esa clase de víctimas –40 jóvenes en lo que va de 2010, según mandos militares citados en la edición de este diario del pasado domingo– de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Pero no bastan el silencio ni los pésames oficiales; dos de las responsabilidades básicas del Estado –garantizar la vida y la integridad física de la población y procurar justicia– son incumplidas en forma cada vez más frecuente en diversas zonas del país, y esas omisiones aceleran la descomposición institucional y la fractura creciente entre las autoridades y la sociedad afectada.
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La CFE corrompe al SUTERM para lograr la privatización: Martín Esparza

El sindicato recibe 2% de cada contrato que se firma, asegura

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 10

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) entrega al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que dirige Víctor Fuentes del Villar, montos equivalentes a 2 por ciento de cada contrato que firma con las empresas “contratistas”, con la finalidad de que deje operar a estas compañías y se fomente la privatización.
Se trata de una “compensación monetaria” a ese sindicato por aceptar la privatización del sector eléctrico en el país, denunció el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores. En conferencia de prensa ofrecida en la sede del SME planteó que “el actual secretario general del SUTERM, Víctor Fuentes, acepta la cantidad de 2 por ciento sobre el monto de cada obra, así como 2 por ciento del costo de los 773 permisos otorgados a las empresas trasnacionales para la generación de energía eléctrica, siendo cómplice de la privatización, junto con el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub”.
Esparza dijo que de esta acción fue informado por el anterior subsecretario de Gobernación Gerónimo Gutiérrez, quien incluso señaló que la entrega de estos recursos no está admitidos en el contrato colectivo de trabajo y se brinda de manera directa al sindicato. Pero sobre todo, le dijo que “se puede legalizar el contratismo”.
El dirigente dio a conocer ayer fotografías con las que quiere demostrar que una de las instalaciones donde están las secciones 57, 123 y 186 del SUTERM en el estado de Hidalgo, ubicadas en la colonia Montecillo, en Tula, se ha convertido en el centro de operación de empresas contratistas y tienen ahí un amplio parque vehicular de camionetas que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Además de las camionetas, también hay material y equipo de LFC, según sostuvo.
Calificó de “esquirolaje” lo que está haciendo el SUTERM y dijo que este sindicato está permitiendo el robo de la materia de trabajo del SME; además de que está vigente el convenio de delimitación de zonas firmado desde 1985 entre la CFE y LFC. Responsabilizó al secretario del Trabajo, Javier Lozano, de las confrontaciones entre los grupos de trabajadores de ambos gremios, por la defensa de la materia de trabajo.
En su opinión, la serie de violaciones laborales cometidas por el gobierno contra los trabajadores de LFC, no tienen otra motivación que los intereses económicos de grupos empresariales sobre las áreas de distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica, de la fibra óptica y del power light comunication en el centro del país.
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