Energía por prepago, nueva oferta de la CFE

Se podrán comprar tarjetas, la idea es que estos servicios den a los usuarios control de gastos y consumo.

Luis Carriles
Milenio.com
2010-04-22

En los próximos dos años los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrán acceso a nueva tecnología que le permitirá ofrecer a los usuarios domésticos, comerciales e industriales tarjetas de prepago de energía a fin de que puedan controlar sus gastos y sólo paguen la energía que consumen, informó Jorge Hagg, gerente de desarrollo de negocios de Schneider.
“Funciona casi como los celulares de prepago, si uno paga mil pesos, cuando te acabes esos mil pesos se acaba la energía. Se corta automáticamente o se mantiene el suministro pero se cobra con una tarifa diferente, dependiendo del contrato”, comentó.
Explicó que parte de las soluciones ya se utilizan en Europa y son tecnología desarrollada desde Francia.
Las zonas que en principio pueden ser explotadas por medio del prepago, en los primeros cinco a diez años, son el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro. En segundo lugar estarán las ciudades con más de un millón de habitantes y a largo plazo, 15 o 20 años, todo el país.
Hagg dijo que la CFE analiza los diferentes esquemas que se pueden aplicar, pero esa es la filosofía: energía por prepago. Este proceso en Francia requirió cuatro años y desde hace dos ya está en operación.
El beneficio de la CFE también es importante porque puede planear los horarios de generación, las plantas que se necesitan, el combustible para las centrales y la distribución en general, así como el reparto eléctrico.
“En el caso del consumidor puede organizar su consumo, su organización interna puede definir como hacerlo y sus costos”; se puede hacer aún con la actual política de precios, comentó.
Las pruebas que se han puesto en marcha incluyen a clientes de todo tipo; en el caso europeo se tiene a usuarios domésticos y empresariales, y se podrá hacer lo mismo en México porque se usará la infraestructura que ya opera y que es de la CFE.
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Televisa y Telefónica explotarán por separado la fibra óptica de CFE: Gil Díaz

Califica de “operación de trastienda” que Competencia autorice su participación

Miriam Posada García
Periódico La Jornada
Jueves 22 de abril de 2010, p. 30

Francisco Gil Díaz, director de Telefónica Movistar en México, dijo que la Comisión Federal de Competencia (CFC) tendrá que aprobar la participación del consorcio integrado por Televisa, Telefónica y Megacable en la licitación de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque es “una operación de trastienda que no afecta para nada la competencia”.
Antes de su participación en la edición 38 de la Reunión iberomaericana de tráfico internacional AHCIET, explicó que, al ganar ese concurso, Teléfonos de México (Telmex) dejará de ser la única empresa con una red por la que todos los operadores tienen que pagar para transportar sus servicios.
“Hoy donde no tenemos red tenemos que pagar por el transporte. Donde hay varias empresas de televisión por cable se paga por transportar los servicios entre 18 y 22 centavos, pero dónde sólo está la red de Telmex se pagan 75 centavos por minuto.”
Detalló que Televisa, Telefónica y Megacable iluminarán y explotarán de forma separada los dos hilos de fibra oscura de la CFE, porque con esta alianza lo que buscan es seguir generando competencia entre ellos mismos y que están juntos como estrategia para tener infraestructura y a la vez ahorrar costos.
Gil Díaz dijo que la CFC tendrá que aprobar la participación del consorcio en la licitación de fibra óptica, porque el esquema propuesto es similar al que ese regulador avaló para los bancos, que se pusieron de acuerdo para realizar algunos procesos de manera conjunta, como la recolección de dinero, y eso les ha permitido ahorrar costos.
Aseguró que en Europa dos de las principales empresas de telecomunicaciones, que son Vodafone y Telefónica, comparten las torres de transmisión, “pero en el mercado se hacen garras peleándose a los consumidores con promociones y descuentos, porque la compartición de infraestructura no quiere decir que se esté perjudicando la competencia”.
Al inaugurar la Reunión iberoamericana el ex secretario de Hacienda dijo que el gobierno del presidente Felipe Calderón tiene en marcha acciones positivas para la industria de las telecomunicaciones, pero sobre todo que se esperaban desde hace muchos años.
En primer lugar, dijo, en esta administración la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha dado gran cantidad de concesiones de telefonía para uso de las empresas de televisión por cable, porque antes “se negaban por sistema”. Luego, destacó, está la inminente licitación de espectro en las frecuencia de 1.7 y 1.9 gigahercios (Ghz) para telecomunicaciones móviles, Internet, banda ancha y servicios de tercera generación.
Y por último destacó la importancia de la licitación del par de hilos de fibra oscura de la CFE, el cual, dijo, permitirá reducir costos, tener mejor servicio de Internet, a mayor velocidad con más beneficios para los consumidores, y como si ya se hubiera realizado el concurso señaló que “los beneficios no se verán de inmediato, sino en dos años por la inversión que tenemos que hacer” y el desarrollo de tecnología.
Ante empresarios de las telecomunicaciones, Gil Díaz agradeció a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) su colaboración “para sacar adelante” las licitaciones de 1.7 y 1.9, así como la de fibra óptica, concursos en los que Telefónica está inscrita.

Una empresa queda fuera

La Comisión Federal de Competencia (CFC) ya notificó a las 16 empresas que aspiran a participar en la licitación de frecuencias de 1.7 y 1.9 gigahercios si están en condiciones técnicas, jurídicas y financieras de hacerlo, así como la cantidad de espectro que podrán adquirir.
El regulador entregó la opinión favorable a Televisa-Nextel, a las 10 empresas inscritas por Grupo Salinas, Telefónica Movistar y Telcel, que son los cuatro grupos más fuertes interesados en la adquisición de espectro.
Como parte del procedimiento fijado en las bases de licitación, la empresas tendrán que entregar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) la opinión favorable de la CFC y luego iniciar los preparativos para la subasta de espectro que se realizará el 25 de mayo próximo.
El comisionado José Luis Peralta explicó que de las 17 empresas sólo una fue descalificada por la Cofetel, ya que no demostró tener suficiente capacidad técnica y financiera, que son los elementos que toca evaluar a este regulador, además de la parte jurídica. Se trata de VDT Comunicaciones.
Además de la aprobación de las empresas participantes, la CFC entregó a la Cofetel los grupos de empresas que podrán concursar en cada una de las nueve regiones en las que está dividido el país para efectos de telecomunicaciones.
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Atando cabos: (Contra) Reforma laboral

Javier López Osorio
Cambio de Michoacán
Martes 20 de Abril de 2010

Ahora que está en puerta un nuevo ataque frontal del gobierno federal sobre la clase trabajadora, como parte de su estrategia de imponer las reformas estructurales en México, ocupo este espacio para dar a conocer diez puntos relevantes que de la propuesta de reforma laboral calderonista ha elaborado el Colegiado de la Unión de Juristas de México, con algunas modificaciones al texto original. Una contundente argumentación que desvela una verdadera contrarreforma en el ámbito laboral, al violentarse descaradamente el espíritu original del artículo 123 constitucional. Veamos.

1.- El 18 de marzo de 2010 legisladores panistas presentan una iniciativa de reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo (LFT). De los 1010 artículos de la LFT, proponen el cambio, adición o supresión de 429, con la intención de anular la estabilidad en el empleo, a través de nuevas modalidades flexibles de contratación (a prueba, por temporada y capacitación inicial), la fijación del pago por horas, las multihabilidades y la legalización de los outsourcing (subcontratación), entre otros.

2.- La reforma que propone Calderón forma parte del paquete de reformas estructurales que los gobiernos han venido impulsando para cumplir con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el contexto del “Consenso de Washington”, con el propósito de insertar la economía mexicana al neoliberalismo, desaparecer el Estado social, suprimir su papel rector en el desarrollo económico; subordinando el marco legal. Facilitando la entrada de capitales y la utilización de mano de obra barata, en beneficio del capital, vulnerando la soberanía nacional y la supremacía constitucional.

3.- Los objetivos formales de la reforma panista establecen adecuar la LFT para “mejorar” la productividad y competitividad, fomentar el empleo, lo cual es falso e imposible de conseguir, debido a la crisis del modelo económico que prevalece, irracional e injusto, con un sistema político y judicial corrupto, sujeto a profundas y diferenciadas desigualdades y sometido al exterior.

4.- Así, la reforma busca cumplir con intereses extranjeros opuestos a los del país y sus trabajadores, al proponer los mismos esquemas de las reformas laborales establecidas en Europa y Latinoamérica, y que han fracasado al responder a una estrategia globalizadora, que beneficia al capital trasnacional, propiciando la desvalorización del trabajo local, la precarización del empleo y la restricción o pérdida de derechos sindicales y sociales; políticas asumidas dentro de una plena regresión social.

5.- El neoliberalismo propicia una nueva acumulación del capital al abrir los mercados, elevar la productividad y reducir los costos laborales, valiéndose del progreso científico y la caída del campo socialista y del movimiento sindical, fomentando el enriquecimiento de trasnacionales y empresarios mexicanas, originado con ello una grosera concentración de la riqueza. Modelo agotado, sin crecimiento ni empleo ni garantías sociales. Reformar la LFT en medio de la crisis para quitar “rigideces”, anula derechos y promueve la inversión extranjera, sin protección de los trabajadores, más que un error es un hecho fatídico para la nación.

6.- Los trabajadores y sindicatos no han pedido ni demandan una reforma laboral, ni mucho menos una que les quite derechos, sin consulta alguna; deja en la orfandad la defensa constitucional del trabajo y del trabajador, al intentar aprobar cambios contrarios a los derechos laborales adquiridos. Quienes la demandan son los grandes capitalistas, banqueros y empresarios, así como algunos partidos y diputados que han traicionado al pueblo en razón de mezquinos intereses.

7.- En el México actual, no es necesaria una reforma laboral, sino que se cumpla la legislación vigente. La Constitución y la LFT, prevén una serie de derechos que no se cumplen por el gobierno, con la complicidad de las juntas de conciliación, tribunales y ministros del Poder Judicial, tales como: empleo para todos, sistema de pensiones digno, salario suficiente, jornada razonable, educación, vivienda, salud y seguridad social, libertad sindical y derecho de huelga, por ejemplo.

8.- La ofensiva del régimen neoliberal en contra de los trabajadores y sindicatos es constante, y al no existir una buena correlación de fuerzas en el Congreso para intentar una reforma laboral democrática, sería permitir o abrir un falso debate sobre las bondades de ésta (contra) reforma y su aprobación provocaría el caos social, con la pauperización e indefensión del trabajo asalariado y la desregulación de conflictos laborales.

9.- Esta pretendida reforma transgrede los fundamentos del derecho mexicano sobre el trabajo, al romper con los principios de equidad, igualdad y justicia social que deben prevalecer entre los factores de la producción; anula la estabilidad en el empleo, limita los alcances indemnizatorios por despido y los derechos colectivos de libertad sindical, huelga y contratación colectiva, proyectando la precarización de millones de obreros, jornaleros, empleados, pequeños empresarios y cooperativistas.

10.- Demandan intensificar la resistencia, propiciar la organización y la unidad de clase en la lucha por defender nuestros derechos, exhortando a los legisladores a establecer leyes y puntos de acuerdo, que sin tocar la LFT, hagan efectivos los derechos laborales sobre empleos necesarios, seguro de desempleo, salario suficiente, control de precios y el respeto al libre ejercicio de los derechos colectivos y sindicales, la restitución de los derechos de seguridad social de carácter universal y solidario, así como la protección y estatización de los fondos de pensiones y ahorros laborales.

Cabos sueltos

1.- Un año y 220 días (catorce mil 40 horas), sin el pago de pensiones vitalicias.

2.- Libertad al compañero universitario Mario Romero, ilegalmente preso por el gobierno federal.

3.- La defensa de La Loma sigue sumando adeptos. El exhorto ahora emana del Congreso local. ¿Seguirá el Ejecutivo sin ver, ni oír, ni hablar?
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Martín Esparza, Srio. General del SME en la SCJN

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Dinero: "Asunto: enemigo público"

Enrique Galván Ochoa
La Jornada
21 de Abril del 2010

Desde que decretaron la extinción de Luz y Fuerza del Centro he podido observar cómo los recibos de la CFE vienen aumentando desmesuradamente, es decir, van pasando de 400 pesos por bimestre a 800 pesos, y el último a 1,600. Todo esto a pesar de que en los recibos se menciona que la medición de kilovatios sólo es un estimado y no la lectura real que debería ser y que marca el medidor de luz. Me preocupa muchísimo esto, más cuando por la situación del país mis ingresos van disminuyendo por la falta de oportunidades. Ahora resulta que no sólo los monopolios privados te roban, sino que los monopolios estatales están haciendo lo mismo. No cabe duda que sí cumplió la CFE su objetivo de ser una empresa de corrupción a nivel mundial, donde no hay a quien acudir, ya que la línea 071 siempre está ocupada y oficinas no existen. Y ya están procediendo a cortar las líneas de luz. Tal vez nuestro destino sea regresar a la época de iluminarnos a la luz de las velas.

Gil Santome Kau/DF

R: Quisiera saber dónde andan los que aplaudieron el arribo de la compañía de “clase mundial”. Me cansé de decirles que en el norte está considerada como el enemigo público número uno del consumidor.

(Los textos completos aparecen en el foro.)

galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com/

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Queda Necaxa obsoleta: CFE

Reforma
20/04/2010

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó un plan para la modernización integral de las cuatro centrales del Sistema Hidroeléctrico Necaxa tras la identificación de equipos obsoletos e inseguros. Según el análisis costo-beneficio del proyecto presentado, el gasto ascendería a 667 millones 410 mil pesos. Con este proyecto se podría satisfacer el incremento futuro en la demanda de electricidad de la zona central en 15 años, según justifica la CFE.

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¿Y ahora, tarjetas de prepago de la CFE para dar servicio?

La paraestatal instala nuevos medidores: Jalil Chalita

Redacción
El Sol de San Luis
20 de abril de 2010

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- El licenciado Jalil Chalita Zarur expresó que los abusos y cobros excesivos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) van en aumento en detrimento de la economía de los potosinos.
Ahora la CFE instala nuevos medidores de luz, cargando el costo a los usuarios, con un cambio total en el esquema de cobro ya que los aparatos funcionarán mediante tarjetas de prepago.
Esto significará el desembolso inmediato de entre 1,000 y 1,200 pesos que se cargarán al recibo de luz, así como un monto adicional por el nuevo contrato.
De manera automática al instalar el medidor se cargará el costo y se aceptarán las nuevas condiciones que imponga la CFE. Adicionalmente se modificará el esquema de cobro ya que operará con tarjetas de prepago.
"Así que quien tenga dinero, tendrá luz", ya que los usuarios estarán obligados a pagar sus kilovatios-horas por adelantado, y después usarán el servicio, lo que es totalmente ilegal", señaló el señor Chalita.
Este sistema de prepago operará de manera similar a la compra de tiempo-aire para teléfonos celulares. La paraestatal planea concluir este año la sustitución de 1.5 millones de nuevos medidores.
"El mecanismo anunciado reviste aspectos por demás cuestionables ya que la instalación de los nuevos medidores constituye una violación a los derechos de los usuarios por cuanto implica una modificación arbitraria e inconsulta en el sistema de cobro", agregó Jalil Chalita Zarur.
Es claro, por lo demás, que el cambio de estos aparatos implicará una importante erogación de recursos públicos por la compañía paraestatal, y es de suponer que estos gastos serán trasladados a los usuarios, de por sí afectados en su economía por el deficiente servicio de la CFE y por el retiro de subsidios a las tarifas eléctricas.
"La venta de publicidad en los recibos de luz, y la aplicación del programa monedero electrónico para la compra en distintos comercios, son medidas que se explican por una concepción pragmática y mercantilista de las autoridades sobre ese servicio público estratégico".
Agregó que se entrevistará con el superintendente de zona de la paraestatal para conocer su versión del por qué esta situación, y para exigir que frene sus alzas exorbitantes en los cobros bimensuales, pues a ese paso llegará el día en que tener servicio eléctrico será únicamente para gente privilegiada, mas no así para los obreros, que son la mayoría.
Señaló que cuando se hace el reclamo de los cortos los funcionarios de la CFE evaden su responsabilidad y argumentan otras cosas, pero la verdad es que cuando llueve y hace aire ocurren los cortos que mantienen a las familias por horas en penumbras.
Jalil Chalita señaló que continuará pugnando por un mejor servicio eléctrico en San Luis Potosí, pues la situación se vuelve cada día más intolerable por las irregularidades y abusos de la CFE.
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"Ilegal", el corte de CFE en varias zonas del Valle de México: SME

Screamradi0
19 de abril del 2010

México, DF. En forma “ilegal” inició ya la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el recorte del servicio de energía eléctrica en diversas zonas de Valle de México, denunció el Sindicato Mexicano de Electricistas y sostuvo que entre 800 y mil servicios están cortando por mes.
Señaló que éstas acciones se están llevando a cabo sobre todo en la periferia de la ciudad, en zonas que pertenecen al estado de México, donde al menos 20 por ciento de los usuarios no estaban pagando luz, ya que su contrato no lo tienen con la CFE sino con Luz y Fuerza del Centro.
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Crece malestar de usuarios contra CFE a nivel Nacional

EL ORBE
Alberto de la Cruz Aguilar
Screamradi0
19 de abril del 2010

Tapachula, Chis., 18 de abril.- “El supervisor comercial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Luciano Ramos Antonio, es un mentiroso porque en muchos lugares no se presentó a cumplir con una minuta de trabajo, como en 5 de nuestras comunidades donde realizaría verificaciones y presupuestos”, expresó ayer Rodolfo Cruz Barrios, representante de la UCFO.
Puntualizó, “les exigimos seriedad a los funcionarios de la CFE, pues de lo contrario nos adheriremos al Movimiento del Primero de Mayo, en protesta por los altos cobros de los recibos de energía eléctrica porque tenemos problemas con el pago y por eso ya se está discutiendo con los compañeros la resistencia por las altas tarifas de la CFE”.
Indicó, “también estamos con los de COCIT que están en la ciudad de México con las negociaciones de todas las organizaciones campesinas y obreras, asi es que pronto estaremos con los compañeros para poder dialogar, porque no puede hacer ampliaciones que estén costando hasta 600 o 700 mil pesos, es mucho dinero y no hay de donde pueda sacar la gente ese enorme recurso”.
“Yo creo que el gobierno federal podria hacer algo sobre este problema de los altos cobros de la CFE en cantones y ejidos donde existe una crisis desesperante, podria buscar un equilibrio porque esos problemas crecen mientras los trabajadores de la CFE -contra quienes personalmente no tenemos nada-, pero si vemos que gozan del no pago del consumo de luz y abusan gastando energía hasta con reflectores y aires acondicionados”, señaló.
“La mayoria de la gente marginada, en el campo de la costa y todo Chiapas, es la que más necesita de los beneficios de una tarifa justa de la CFE, por eso buscamos mesas de diálogo para encontrar respuestas que nos favorezcan antes de irnos a la resistencia civil por los altos recibos de luz que llegan a las comunidades”, dijo.
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Cortarán luz a morosos en el Edomex

Screamradi0
19 de Abril del 2010

NAUCALPAN, Méx.— La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició un programa de corte de energía eléctrica a cerca de 95 mil 550 clientes morosos en Huixquilucan y Naucalpan, informó Juan Alberto Moreno Pineda, superintendente de la dependencia en esta zona.
El funcionario federal informó que hace un mes empezó el corte de energía eléctrica a clientes que no pagan el servicio, los consumidores que registran adeudos se ubican en 30% de los 318 mil 500 servicios de esta zona.
Los cortes de electricidad empezaron el mes pasado: “El asunto es que se les corta y pagan, y no hay mucho problema por eso”, indicó Moreno Pineda.
En la región, la CFE registra 318 mil 500 clientes; de ellos, 70 mil son de Huixquilucan y el resto en Naucalpan.
De los 318 mil clientes, “al menos 18% están conectados y no pagan. Hacemos de 20 a 30 cortes diarios, los mismos que se reconectan porque van a pagar”.

Sin lugar para pagar

En la División Valle de México región norte, CFE no ha abierto las oficinas que anunció en Satélite, las cuales permanecen con pintas del Sindicato Mexicano de Electricistas y vidrios rotos; tampoco operan las que anunció en el interior del centro comercial Mundo E.
Aunque antes de Semana Santa hubo pintas y rayones en las oficinas de Satélite y actos de protesta del SME, esa no es la causa por la que no operan, afirmó Moreno Pineda, “lo que sucede es que la entrega de los centros va por regiones por medio de la institución de Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda, que entrega a la CFE los bienes que tenía la Luz y Fuerza del Centro”.
Como parte de este programa de entrega en esta zona, “falta que nos entreguen seis centros: Jardines de San Mateo, San Juan Totoltepec, Tecamachalco, San Esteban, Periférico Norte y Ciudad Satélite”, indicó Moreno Pineda.
El funcionario reconoció que no a todos los clientes les ha llegado el recibo.
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Inicia la CFE intimidación a personas morosas en Nacajuca

Amenazan con cortes

Alex Almeida
Milenio.com
2010-04-20

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en esta localidad iniciaron una campaña de intimidación en contra de los usuarios morosos afiliados en el movimiento de resistencia civil pacífica en el cual amenazan con cortar el fluido eléctrico en caso de que estos no regularicen sus pagos que adeudan.
Campaña, con el cual la paraestatal en esta comuna, mediante una notificación “aviso de corte” en donde invitan a los morosos a realizar la firma de un convenio con el mensaje, el abono no lo exenta del corte, “paga a tiempo tu recibo” y “la intervención de las instalaciones de la paraestatal, es un delito federal, y penado por la ley, además de poner en riesgo la propia vida y la libertad”. Amenaza con reiniciar de nueva cuenta los cortes en las comunidades indígenas a las familias que han caído en mora aún cuando la mayoría de estos aun cuentan con los amparos que le fueron otorgados en contra de esta acción, situación que podría desatar de nuevo el malestar de la ciudadanía.
Familias indígenas quienes prefirieron el anonimato mismo que aseguran estar afiliados a la resistencia civil pacifica por lo que dijeron buscaran una vez más el apoyo de la dirigencia estatal del PRD, recibieron en sus domicilios una notificación de corte de luz, con lo que expresaron que estas acciones dejan en claro las arbitrariedades que comete la CFE y que la presunta disposición para llegar a acuerdo con los usuarios que divulga por medio radiofónicos y televisivos no es cierta, pues aun siguen llegando los recibos con altos costos.
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Contrarreforma laboral

Pedro Miguel
La Jornada
20 de Abril del 2010

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, dijo recientemente que la iniciativa de reformas laborales presentada por su jefe el pasado 18 de marzo busca regular las prácticas que actualmente ocurren en el sector informal o al margen de la ley”. Con ese criterio habrá que ir pensando en despenalizar los levantones y las ejecuciones extrajudiciales. Hasta donde se sabe, la tarea de las autoridades es hacer cumplir las leyes, no adulterarlas para dar gusto a quienes las infringen, que son, significativamente, los patrones.
Este gobierno nunca ha aplicado la legislación laboral vigente en favor de los trabajadores y de sus organizaciones independientes. Más aún, los ha perjudicado en forma sistemática mediante interpretaciones sesgadas, facciosas y abusivas, como la disposición de la toma de nota a las dirigencias sindicales. Ahora viene a vendernos, como beneficios para los asalariados, el acotamiento del derecho de huelga, el fin de la certidumbre en el empleo y la eliminación del derecho a indemnización. Esto no es una reforma, sino una contrarreforma. Miente Felipe Calderón cuando afirma que busca una Ley Federal del Trabajo “renovada y más cercana a la realidad del país en el siglo XXI”. Lo que pretende, en realidad, es retroceder a los albores del siglo XX, cuando se permitía la sobrexplotación de los peones acasillados y cuando se asesinaba a los obreros en Cananea.
Contratación por horas; trabajo a destajo; pérdida de salarios caídos, de derecho a la reinstalación, de ascenso escalafonario, de conquistas sindicales; incertidumbre y desprotección ante el despido injustificado. ¿Qué otra cosa pedirán los patrones para abaratar aún más este enorme mercado de mano de obra miserable? Parece ser que a quienes controlan el poder público les interesa reducirnos a un hato aterrorizado por el naufragio de la seguridad, atomizado y desinformado, sometido a los caprichos y a las gulas de consorcios nacionales y extranjeros que podrán venir a comprarnos a granel: por individuo, por pieza, por hora, por kilo, por litro de sangre.
Ya a principios de los años 90 del siglo pasado, teóricos estadunidenses como Richard Reich e Ira Magaziner tomaban distancia de la barbarie neoliberal y señalaban que la principal riqueza de Estados Unidos no era la infraestructura y la planta industrial, porque se volverían obsoletas, ni la bolsa de valores, porque los capitales iban y venían como les daba la gana. La riqueza inamovible del país, señalaban, era la población, y en ella había que invertir.
Qué contraste: mientras en México tenemos que enfrentar un intento de reforma laboral regresiva y depauperadora de la población, en España se está planteando, para hacer frente al desempleo –y con severas críticas de las centrales sindicales–, medidas como la reducción de la jornada de trabajo con el pago mínimo de 67 por ciento de las horas no laboradas; medidas como la absorción por el erario de parte de las indemnizaciones que se paguen a quienes sean despedidos con 33 días por año trabajado; el subsidio fiscal a empresas que contraten jóvenes sin experiencia laboral. Y a nadie le ha pasado por la cabeza argumentar que tales propuestas atentan contra la productividad.
Aquí, nos dicen, las arcas públicas no dan para más. Bueno, reconozcan que dan para un poquito más: ¿Cuánto dinero ha invertido el calderonato en publicidad para justificar su no inversión en la gente? ¿Cuántas camionetas blindadas de un millón de pesos se habrán comprado este año los representantes populares? ¿Cuántos miles de millones de dólares se regalan a Repsol por contratos mafiosos de abasto de gas natural a la CFE? ¿Cuántas carretadas de dinero entrega el Conacyt a las trasnacionales para que financien investigaciones que sólo benefician a sus accionistas? ¿Cuánto dinero sigue repartiendo el Procampo entre narcos y funcionarios del sector agrario? ¿A cuánto ascienden los subejercicios en las dependencias del gobierno federal?
Es dable exigir que las autoridades hagan cumplir las leyes laborales tal como son, no sólo porque es su obligación, sino también porque ello es indispensable para reactivar el mercado interno, reducir el sector informal y restituir la confianza de los trabajadores mexicanos en su país, en sus instituciones y en su propio futuro.
La contrarreforma laboral propuesta por el calderonato es un acto de cinismo, una inmoralidad y una nueva agresión a una masa trabajadora sacrificada y devaluada durante décadas para impulsar la riqueza extrema de unos cuantos. Los asalariados no deben permitir que se haga realidad.
navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com/
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Boletín de Prensa

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Primero de mayo: Digamos ¡ya basta!

Diego R. PALMER FLORES
Tribuna Campeche
19 de Abril de 2010

Dentro de unos días los trabajadores de nuestro país celebrarán el 1o. de mayo, marcado por la Ley Federal del Trabajo para que este sector social, compuesto por diferentes gremios, conmemore esta fecha. Los gobiernos municipales, estatales y federales les permiten hacer sus marchas y manifestaciones a modo, platicando con los líderes de los sindicatos o agrupaciones para que este evento luzca y se vea bonito, para que de esta manera se siga trabajando en una paz ficticia, ya que los estómagos de estos hombres y mujeres están vacíos y con verdadera hambre, pero también con sed de justicia.
El año pasado, o sea 2009, precisamente por el mes de abril, el Jefe del Ejecutivo Federal, para evitar el reclamo de los trabajadores, exageró la epidemia de la influenza, a tal grado que pidió por los medios televisivos en red nacional, que si no tenían nada que hacer el 1o. de mayo, era mejor que se quedaran en sus casas.
Si revisamos la noticia de ese año, podrán comprobar que es verdad. Nada más que el tiro le salió por la culata, pues la economía se cayó.
Pero aún, Javier Lozano Alarcón, el flamante secretario del Trabajo y Previsión Social, azote de los trabajadores del IMSS, Issste y SME, pretende reformar la Ley Federal del Trabajo, priorizando beneficios para los patrones en contra de las conquistas de los trabajadores.
Véase pues que en la mayoría de las empresas privadas y públicas, se dan las subcontrataciones; estos intermediarios laborales contratan a personal pagando bajos salarios, y no reconocen las prestaciones que la ley otorga a los trabajadores.
Esto lo vemos más en las dependencias oficiales donde se palpa y se ve que las labores de vigilancia, sistema de limpieza, mantenimiento, guarderías, laboratorios, talleres, etc., se les otorga a estos intermediarios.
Quienes por necesidad trabajan en estas empresas, suscriben contratos que privan al ciudadano hasta del derecho de asociarse, por eso no vemos a gente sindicalizada en estos lugares.
Estimados lectores, es importante reflexionar la situación económica que vivimos, pues no seríamos congruentes con nuestras ideas si no las expresamos, ya que el dinero de la casa cada día se hace menos. Vemos que los artículos de primera necesidad se despegan terriblemente del salario que tenemos como trabajador. Los estudiosos dicen que el sueldo ha perdido el 82% de su poder adquisitivo y en lo práctico notamos que el camión urbano cuesta por persona $5.50, para el estudiante con credencial $3.50; que el kilo de tortilla vale $12.00, que el litro de gasolina cuesta $8.12 y si le seguimos no acabamos, pero el sueldo de los trabajadores sigue sin incremento.
Debido a estas condiciones de pobreza que vive la ciudadanía de 100 niños que ingresan a la escuela, solamente 49 terminan la secundaria y siete concluyen sus estudios superiores. Pero el calvario no termina ahí, porque al egresar de las universidades no encuentran trabajo.
No es posible seguir viviendo con el “charrismo” tradicional que únicamente le cantan gloria y victoria a los gobernantes y a cambio les dejan vivir en la opulencia, con ganancias que les permiten regalar camionetas Hummer.
Escuchemos a los grupos progresistas y salgamos el 1o. de mayo a protestar por esta política que cada día sacrifica más al pueblo; hagámoslo con pancartas, mantas y leyendas alusivas. La crisis económica que estamos viviendo ya no se aguanta. Digamos ya basta.

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2010: a recuperar la plena soberanía

El 23 de marzo, día que llegó a México el “gabinete de guerra” de Estados Unidos –como lo calificó Carlos Fazio–, durante la inauguración de la Mina Peñasquito del Grupo Canadiense Gold Corporation en Zacatecas, Felipe Calderón declaró que “sólo con colaboración prospera… la familia…”, y señaló la existencia de un “vínculo complementario” entre México y Estados Unidos.

Pablo Moctezuma Barragán* / Tercera parte
Contralínea
18 Abril 2010

En 2005, Vicente Fox firmó la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, comprometiendo la “integración energética y de seguridad” con Estados Unidos y Canadá. En 2007, Calderón acordó la Iniciativa Mérida. Ambos han actuado por “acuerdo ejecutivo” sin sujetarse al Congreso ni ajustarse al marco constitucional. En el plan México 2030, Proyecto Gran Visión, dado a conocer por Nancy Flores, queda claro el proyecto de integrar militarmente a México con los vecinos del norte. Lo que implica el desarrollo en México de bases militares –tal como sucede en Colombia–, integración de nuestro Ejército y fuerzas armadas al Comando Norte y a los ejércitos internacionales que comanda Estados Unidos, para usar soldados mexicanos en sus guerras, como sucede actualmente con los canadienses que colaboran en la ocupación de Afganistán y los ataques de aviones (drones) no tripulados sobre objetivos en nuestro territorio, con los consabidos “daños colaterales” que masacran a la población civil, como sucede hoy en Pakistán.
Lo que acordaron las cúpulas permanece en secreto, pero lo trascendido es alarmante. Hillary declaró en la ciudad de México: “La relación entre nuestras dos naciones es tan compleja, tan completa, tan amplia, tan expansiva (sic), es algo que no se limita por fronteras o divisiones burocráticas (sic)”. En su primera visita, el 25 y 26 de marzo de 2009, Hillary logró que la Armada de México participara en las maniobras militares Unitas 50-09, en Mayport, Florida, por primera vez en la historia. Este año vinieron por más.
Ni nuestro territorio ni nuestra Constitución son producto de fronteras o divisiones burocráticas, son la salvaguarda de nuestra soberanía; somos dueños de nuestra tierra. La Constitución defiende la autodeterminación y prohíbe la acción de fuerzas armadas extranjeras en nuestro territorio y la dependencia del Ejército de un mando extranjero. Los artículos 16, 32, 33, 34, 89, 118, 129, 133 consagran la soberanía militar de México. Esto choca frontalmente con el proyecto de Washington y sus cómplices locales, a quienes les estorba la Constitución.
Para Washington, México está ubicado “dentro del perímetro de seguridad de Estados Unidos”, su territorio, riquezas, recursos naturales y humanos, pero nos quieren como nación dominada, sin derechos soberanos y como un pueblo sujeto a la esclavitud moderna, trabajadores sin derechos y de carne de cañón para sus guerras. Desde hace décadas nos bombardean con programas televisivos y películas de Estados Unidos en donde se glorifica al ejército y la policía de ese país, para culturizarnos e imponernos sus intereses y visión del mundo.
Pero no va en nuestro interés. Eso hoy está claro luego de 16 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de “integración”, “amistad”, “sociedad”, libre tránsito de mercancías y capitales (mas no de libre tránsito para los mexicanos, ya que 12 millones siguen siendo ilegales y son criminalizados). Con cinismo habló Clinton en su conferencia de prensa del 23 de marzo en la Secretaría de Relaciones Exteriores: “Orgullo que le motiva la frontera y los lazos que genera”, sin mencionar los cientos de mexicanos que mueren cada año cruzando esa frontera, y del dolor que generan sus políticas migratorias excluyentes a millones de familias mexicanas, ni las redadas y deportaciones contra los “ilegales”. La integración de México es una anexión subordinada, por esa razón construyeron el muro de la muerte en la frontera, con el aval del entonces senador Barack Obama.
Los lazos entre Estados Unidos y México fueron calificados por Hillary como “alianza singular” (sic), pero el término preciso para calificar estos lazos de dominación es “neocolonialismo”. El pretexto para la injerencia directa es la guerra contra el narcotráfico. Según Hillary, “estamos trabajando en nuestros dos gobiernos, juntos, para resolver los problemas que representan los cárteles delictivos que están al acecho en sus calles y las nuestras, que matan e hieren a gente inocente y que propagan un reino de terror, de intimidación y que utilizan el tráfico de la droga para generar la adicción en la gente”.
¡¿Pero en Estados Unidos cuál cártel estadunidense han ubicado y perseguido?! ¡¿Si persiguen a los cárteles mexicanos, por qué no a quienes son sus amos en Estados Unidos?! Allá lavan el dinero, venden armas, compran drogas. El negocio y las fabulosas ganancias se generan en Estados Unidos ¿Quiénes son los capos allá? ¿Son exclusivamente mexicanos? ¿Quién puede siquiera imaginar que el Estado policiaco militar más poderoso del mundo no tenga el control de su propio territorio? Estados Unidos habla de “responsabilidad compartida”, pero los vecinos del norte tienen la responsabilidad de desmantelar la red criminal que opera en Estados Unidos, que obviamente no es dirigida por mexicanos.
Por supuesto que ése no es su objetivo, sino el de contar con el pretexto para intervenir militarmente en México. Ya lo dijo Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto –uno de los miembros del gabinete de guerra que visitó México–, cuando habló el 5 de febrero en la Universidad de Princeton: “El Plan Colombia es un buen ejemplo de colaboración militar de Estados Unidos con un aliado en la región” (…). “Una colaboración militar entre Estados Unidos y México, en territorio de este último (sic), sería una novedad histórica entre dos países que mantuvieron guerras en el pasado” (sic).
Dieron ya los primeros pasos para “elevar el nivel de cooperación” y el trabajo en “equipo”; van a abrir la Oficina Bilateral de Implementación de la Iniciativa Mérida, en la que fuerzas armadas y de inteligencia de Estados Unidos y México trabajarán en coordinación en territorio mexicano. Además, en la conferencia de prensa se habló abiertamente del Programa Piloto Conjunto para revertir el crimen en Ciudad Juárez y de la acción de supervisores y capacitadores de Estados Unidos en México. La acción abierta y directa de fuerzas armadas de Estados Unidos en nuestro territorio ya comenzó; es ilegal y viola nuestra soberanía.
Pero es apenas el comienzo. El 18 de marzo, el general Víctor Renuart, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, declaró que la guerra contra el narcotráfico en México durará de ocho a 10 años más. Habló de la existencia de planes de contingencia en el caso del desbordamiento de la violencia hacia este lado de la frontera e informó que Washington otorga capacitación a México con base en el modelo empleado en Irak y Afganistán. El Washington Post opinó el 20 de marzo que “la batalla desesperada de México” (…) es “tan sangrienta y tan importante como las que se luchan en Irak, Afganistán o Pakistán”, donde está interviniendo directamente Estados Unidos. El Washington Post dice tajante: “Es difícil pensar en una prioridad más alta que la de estabilizar un vecino y socio comercial mayor.” De esta forma, van preparando a la opinión pública para que acepte que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervengan en México para… “ayudar”.
La secretaria de seguridad interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, declaró en una entrevista para National Public Radio, con el reportero Robert Siegel, que Felipe Calderón está abierto a una intervención militar de Estados Unidos en México, en la forma de presencia de soldados estadunidenses en territorio mexicano. También descalificó la acción del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez, dejando implícita la necesidad de intervención de fuerzas armadas extranjeras.
El mismo día de la visita, el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, declaró a Joaquín López Dóriga, respecto de la estrategia de guerra de Calderón: “Tenemos una estrategia que hemos diseñado juntos (…) estamos trabajando en nuestros gobiernos juntos para resolver los problemas que representan los cárteles delictivos (…)”. Alardeó que, en México, el mando supremo de las fuerzas armadas lo tienen en “conjunto” los gobiernos de Estados Unidos y México.
Pero en Washington están jugando con fuego. Creen que teniendo al gobierno del PRIAN (Partido Acción Nacional-Partido Revolucionario Institucional) a su servicio, el pueblo mexicano va a permanecer pasivo. Hacen sus planes alegremente, sin tomar en cuenta al dueño de la casa. El pueblo de México no va a aceptar ser esclavo del imperio yanqui. Estamos en el siglo XXI y aspiramos a vivir en paz, con democracia, desarrollo y bienestar. El modelo que desde hace décadas nos ha impuesto Washington sólo ha traído guerra, miseria, dependencia y autoritarismo. Ha llegado el nuevo siglo y el tiempo luchar por la plena soberanía. Desde América del Sur soplan vientos de cambio y en México cobran fuerza. Aquí la lucha será más difícil y compleja, pero alcanzando México su soberanía, haremos una gran contribución a las futuras generaciones y también a los pueblos de todo el mundo, que ya contemplan el declive del imperio estadunidense, débil económica y políticamente, por lo que ahora quiere imponerse con la fuerza de las armas. La humanidad ya ha cambiado y aspira a un mundo en el que los pueblos se autodeterminen y se unan con lazos de auténtica amistad. Ese otro mundo que vamos a construir también lo quieren los pueblos de Estados Unidos y Canadá que, cansados del belicismo de sus gobiernos, quieren otro futuro para sus hijos. Por eso en todos lados resuena la exigencia popular: ¡Anexión no! ¡Soberanía sí!
*Analista político e historiador
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Utilizan erario para comprar bebidas embriagantes

Mayela Sánchez
Contralínea
18 Abril 2010

Tan sólo 14 entidades del gobierno federal –incluida la Presidencia de la República– gastaron casi 4 millones de pesos en bebidas alcohólicas desde que Calderón asumió la titularidad del Poder Ejecutivo. Las dependencias argumentan que “es necesario organizar eventos sociales”; sin embargo, en muchos casos la compra fue hecha a petición expresa de un funcionario; en otros, nunca se justificó el motivo de la adquisición. Ante las lagunas en la ley, la compra de alcohol queda en “un asunto de ética”, señala especialista en gasto público.
Mientras el gobierno federal apela –al menos en el discurso– a la austeridad en la administración pública, diversas dependencias del Estado han gastado conjuntamente 3 millones 867 mil 81 pesos en bebidas alcohólicas en un trienio. La Presidencia de la República; las secretarías de Gobernación (Segob), Función Pública (SFP) y Relaciones Exteriores (SRE); así como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) figuran entre las entidades públicas que sufragan el consumo de vino, tequila, coñac, whisky, licores y cerveza con recursos del erario.
En la mayoría de los casos, las adquisiciones de alcohol se han justificado con la realización de eventos sociales; en otros, sin embargo, la compra de alcohol se ha realizado a petición de las oficinas de los secretarios de Estado.
Es el caso de la Segob, que el 21 de agosto de 2007 gastó 2 mil 560 pesos en dos botellas de tequila Don Julio y una más de coñac Martell XO. La factura 53747, expedida por la vinatería La Europea México, SA de CV, cuya copia posee Contralínea, especifica que se trata de “vino requerido para el comedor del C. Secretario”.
La misma leyenda se advierte en otras dos facturas, correspondientes al 29 de julio y 22 de agosto de 2008, cuando Francisco Ramírez Acuña había sido sustituido por Juan Camilo Mouriño Terrazo al frente de Gobernación. La factura 60425 ampara la compra de una docena de botellas de vino tinto Casa Madero de cepa Cabernet Sauvignon, dos de rompope Santa Clara y una de ron Bacardi Blanco, por las que se pagaron 2 mil 317 pesos; la otra factura, con folio 60860, no especifica los productos que la dependencia adquirió y por los que pagó 3 mil 63 pesos.
La SFP también se allegó bebidas alcohólicas a solicitud expresa de la oficina de su titular, Salvador Vega Casillas. El 8 de agosto de 2008, requirió la compra de docenas de botellas de vino tinto Casa Grande, Casa Madero, Chateau Domecq y Viña Pedrosa, por un monto de 25 mil 426 pesos. En el pedido de compra 212/2008 se lee la razón de la adquisición: “Insumos necesarios para la oficina del C. Secretario”.
Justo un año antes, en agosto de 2007, se habían hecho dos solicitudes similares, pero en tales ocasiones la compra de tres docenas de botellas de vino tinto fue pedida “para atención del décimo piso”, aludiendo al sitio donde despacha Vega Casillas.
El 19 de octubre siguiente, la dependencia encargada de fiscalizar y mejorar la gestión de la administración pública se procuró casi 3 mil 500 pesos en bebidas embriagantes, como vino tinto Chateau Domecq, whisky Buchanan’s, tequila Herradura, brandi Torres 10 y ron Bacardi Blanco y Appleton. El motivo de la compra fue “la atención del C. Secretario”, como consta en la factura 12795 de Bodegas El Celler, SA de CV.
















Compra de alcohol prevista en la ley

El diputado Marcos Pérez Esquer, secretario de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, justifica que el gobierno compre bebidas alcohólicas con recursos del erario “solamente en una situación muy excepcional, como un evento social”, pero señala que más allá de eso, “sería indebido”.
Cuestionado respecto de la prudencia de estas erogaciones en un contexto de supuesta austeridad, el legislador panista minimiza su importancia al señalar que “no es un gasto relevante, prácticamente no existe”.
En opinión de la doctora Violeta Rodríguez del Villar, especialista en estudios hacendarios y del sector público, lo que se gasta en alcohol es poco respecto de todo el presupuesto que administran las dependencias de gobierno, pero “si consideramos que se divide en pocos puestos, puede llegar a ser muy alto por persona”.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México explica que es muy difícil detectar que este tipo de gastos se efectúan, debido a que la legislación del presupuesto no se hace a un nivel de desagregación tan detallado, lo que da “un amplio margen para que exista despilfarro”.
Función Pública señala que la compra de bebidas alcohólicas por parte de entidades de la administración pública se hace con base en lo estipulado en el Clasificador por Objeto de Gasto, que en su concepto 2200 se refiere a los productos alimenticios, y dentro de éste, a la partida 2204, destinada a la adquisición de “todo tipo de alimentos y bebidas” para los servidores públicos cuando se requiera su permanencia en las instalaciones de sus respectivas dependencias.
Asimismo, se consideran las partidas presupuestales 3800 (servicios oficiales), 3801 (gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal) y 3802 (gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades). En ningún caso se detalla qué tipo de bebidas se pueden adquirir o si existen restricciones en función de su costo o de la pertinencia de su compra.
Las solicitudes de compra hechas por Función Pública, a las que Contralínea tuvo acceso, muestran que la mayoría correspondió a peticiones del comedor institucional. Se trata de requisiciones de rompope y vino tinto principalmente, pero también de ron y licores, todas adjudicadas a la partida 2204. Al amparo de dicha partida también se pagó el alcohol de diversos eventos sociales, como la inauguración de la Sexta Exposición Artística de Servidores Públicos, celebrada el 12 de noviembre de 2008 y para la cual se requirieron 24 botellas de vino con un costo total de 5 mil 778 pesos.
Sólo dos solicitudes de compra de la SFP se justificaron en una partida distinta a la 2204. Una correspondió a la adquisición de seis botellas de vino blanco Monte Xanic, por un monto de 1 mil 330 pesos, para un evento social del 19 de junio de 2007. La compra fue hecha con apego a la partida 2203, que cubre los alimentos y bebidas de los servidores públicos en actividades de supervisión, inspección o labores de campo.
La otra requisición se hizo el 6 de agosto del año pasado para la V Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en las Américas, evento para el que se pidió fueran despachadas dos docenas de vino blanco y dos más de tinto. Las bebidas, cuya compra se consideró “fundamental”, se ofrecerían en el coctel del evento, una vez que los participantes hubieran discutido estrategias para “mejorar las prácticas de compra gubernamentales”. La solicitud se amparó en la partida 3804, que cubre el costo de servicios integrales contratados para la celebración de congresos y convenciones; sin embargo, con la información proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, no se pudo constatar que la adquisición se haya realizado.
Relaciones Exteriores señaló que sus erogaciones en bebidas alcohólicas se clasifican en la partida 3803, que cubre la celebración de actos conmemorativos y de orden social, como desfiles y ceremonias patrióticas y oficiales. El monto gastado por la Secretaría asciende a 417 mil 488 pesos, siendo el vino tinto Marqués de Riscal la bebida más recurrente en sus eventos.

Gastos en la Presidencia

La Presidencia de la República atribuye sus gastos en bebidas alcohólicas a la partida 2201, que se refiere a productos alimenticios y bebidas para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública, como consta en las facturas de compra, de las que Contralínea tiene copia.
De enero de 2007 a noviembre del año pasado, la oficina de la Presidencia desembolsó 685 mil 837 pesos en alcohol. El producto más socorrido fue el tequila, del que se adquirieron 999 botellas de las marcas Don Julio y José Cuervo Reserva de la Familia, cuyo costo es de 865 pesos por botella.
La Presidencia también compró 516 botellas de vino tinto, 269 de whisky, 147 de licores, 130 de ron, 83 de vino blanco, 60 de brandi, 48 de coñac, 44 de vino oporto y 19 de vodka.
El 2 de enero de 2007, un mes después de que Felipe Calderón Hinojosa tomara posesión de la Presidencia de la República, la dependencia adquirió 3 mil 862 pesos en bebidas alcohólicas. En total fueron 16 botellas, entre licor de café Baileys, vino oporto Ferreira Tawny, whisky Chivas Regal y Johnnie Walker Etiqueta Negra, vino blanco L.A. Cetto Fumé Blanc y una botella de tequila José Cuervo Reserva de la Familia. Ese mismo día, Calderón Hinojosa dio un mensaje al gabinete de seguridad en la residencia oficial de Los Pinos.
El 10 de febrero de 2007 se ofreció un desayuno para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, evento al que asistieron el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina. Ese día, la Presidencia compró seis botellas de tequila Arette reposado y dos más de Arette blanco, tres botellas de tequila José Cuervo, dos de ron Bacardi, dos de licor Baileys, dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra, una botella de coñac Hennessy Privilege VSOP y otra Hennessy XO, cuyo costo rebasó los 1 mil 700 pesos. La cuenta de ese día sumó 6 mil 580 pesos.
El martes 24 de junio de 2008, mientras Calderón Hinojosa se encontraba de gira por Campeche y Quintana Roo, la Presidencia solicitó la compra de 28 botellas de vino tinto, incluyendo una docena de la marca Santo Tomás Único, con un precio de 510 pesos cada una. También se pidieron 16 botellas de tequila Maestro Tequilero, en sus presentaciones blanco, añejo y reposado; cinco botellas de licor de café Baileys, tres de ron Bacardi Carta Blanca, dos de vodka Absolut y dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra.
El gasto fue de 17 mil 611 pesos, el mayor de los que ha realizado la Presidencia para adquirir alcohol en un solo día; la cifra rebasa por mucho al gasto realizado el día de la visita del presidente estadunidense Barack Obama a la residencia oficial de Los Pinos, cuando se destinaron 6 mil 880 pesos a la compra de nueve botellas de tequila Maestro Tequilero y dos de la marca 1800, junto con seis botellas de whisky Buchanan’s 12 años y Chivas Regal, dos de vodka Absolut Azul, una de ron Bacardi Blanco y una más de Licor 43.

Sin “ética en el servicio público”

Rodríguez del Villar apunta que hay una “dificultad intrínseca” para dar seguimiento a este tipo de gastos, debido a que es muy complicado llevar el presupuesto a un nivel de desagregación tan grande. No obstante, la doctora en economía reflexiona que en el marco de déficit presupuestario en que opera el gobierno federal “quizás sí convendría hacer todavía más limitados ciertos tipos de gastos”.
La investigadora considera que legislar sobre el tema podría devenir en controversia, pues se plantearía un problema jurídico respecto de por qué fiscalizar estos bienes y no otros. “Se vuelve una cuestión de opinión, pero también es un asunto de ética”, considera.
“No hay una ética del servicio público para evitar que los servidores públicos gasten no nada más en bebidas alcohólicas, sino en cualquier gasto superfluo, bajo la conciencia de que el presupuesto tiene que destinarse al beneficio común”, concluye Rodríguez del Villar.
Entre 2007 y 2009, el corporativo de Pemex gastó 934 mil 477 pesos en la compra de alcohol. Tan sólo el 3 de diciembre de 2007, en la víspera de las fiestas de fin de año, la paraestatal adquirió vinos argentinos, españoles y franceses, así como ron de caña y la bebida española Licor 43, por los que pagó 603 mil 97 pesos, de acuerdo con los datos disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). La información, sin embargo, no especifica el destino de las compras ni la cantidad de cada producto adquirido.
El FCE, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, desembolsó 245 mil 644 pesos en el mismo fin, indica el POT. La editorial del Estado mexicano justificó la erogación de 58 mil 500 pesos en bebidas alcohólicas para la celebración de sus aniversarios de 2008 y 2009, a los que se suman importes de 16 mil 473 pesos para una reunión de comités editoriales en 2007, 11 mil 25 pesos para celebrar su fiesta de fin de año en 2009 y 8 mil 190 pesos más con motivo de una venta nocturna en las librerías del Fondo de Cultura Económica.
Dos instituciones de la banca de desarrollo del país también figuran entre las entidades que destinaron recursos públicos a la compra de alcohol. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos gastó 226 mil 600 pesos en bebidas embriagantes para las comidas de fin de año de su personal, siendo 2009 el año en que más recursos destinó: 113 mil pesos en tequila y brandi, sumados a 19 mil 872 pesos en vino tinto y blanco.
El Banco Nacional de Comercio Exterior adquirió botellas de tequila de las marcas Tradicional y Gran Centenario Azul, por 203 mil 484 pesos, además de que gastó 11 mil 395 pesos en dicha bebida para “integrar a la canasta navideña 2007” y otros 148 mil 522 pesos para el arcón de 2008.
En el ámbito de la cultura, el Instituto Mexicano de Cinematografía pagó 278 mil 155 pesos por vino para sus diferentes eventos, sin que en el POT se precisen cuáles fueron éstos ni qué tipo de bebidas se ofrecieron. El Instituto Nacional de Bellas Artes compró vinos y cerveza para la apertura de la temporada Otoño 2007. La cuenta fue de 4 mil 826 pesos.
Diversas instancias del Conacyt también sufragaron la compra de alcohol con recursos del erario. En 2007, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo adquirió 25 cartones de cerveza para un “evento de aniversario”, por 2 mil 375 pesos. En alcohol para “congresos y convenciones” realizados durante 2009, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados erogó 3 mil 942 pesos. El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica gastó 8 mil 639 pesos en vino alemán Blue Nun, cuyo costo por botella ronda los 115 pesos.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas pagó 36 mil 187 pesos en vino para eventos de su dirección. De acuerdo con el contrato PE-180/07, el 17 de julio de 2007 el instituto adquirió 17 mil 221 pesos de vino para un evento de la dirección de administración escolar, no obstante que dos meses antes, el 23 de mayo, había realizado una “compra anual de vino” por 11 mil 493 pesos.
La Sociedad Hipotecaria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gastó en 2007 casi 200 mil pesos en vinos y licores para su canasta navideña, luego de haber destinado 15 mil 600 pesos a pagar el vino tinto que ofreció en la clausura del programa de integración de equipos de trabajo, celebrado en octubre de ese año.
La Secretaría de Energía, a través del Instituto de Investigaciones Eléctricas, gastó 12 mil 935 pesos en dos pedidos de alcohol, uno de vino blanco XA Blanc de Blancs de la casa Pedro Domecq, por 6 mil 500 pesos, y otro en 2008 de tequila Herradura reposado, que sumó 6 mil 435 pesos.
Talleres Gráficos de México gastó 15 mil 141 pesos en dos adquisiciones de vino blanco en 2008; la información del POT sólo refiere que se trató de “vino blanco de 4 litros” y no especifica para qué fueron empleados.

Recursos gastados en bebidas alcohólicas durante la administración calderonista


Dependencia Monto (pesos)

Petróleos Mexicanos 934,477

Presidencia 685,837

Secretaría de Relaciones Exteriores 417,488

Banco Nacional de Comercio Exterior 363,402

Secretaría de Gobernación 296,216

Instituto Mexicano de Cinematrografía 278,155

Fondo de Cultura Económica 245,644

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 226,600

Sociedad Hipotecaria Federal 204,911

Secretaría de la Función Pública 130,306

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 51,142

Talleres Gráficos de México 15,141

Secretaría de Energía 12,935

Instituto Nacional de Bellas Artes 4,826

Total 3,867,081

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Hasta encontrarlos!

Rosario Ibarra
Agencia Latinoamericana de Información
América Latina en Movimiento
19 de Abril del 2010

Este domingo se cumplieron 35 años de que mi hijo, Jesús Piedra Ibarra, fuera detenido y desaparecido por agentes de la Judicial de Nuevo León y de la Federal de Seguridad.
El 18 de abril de 1975 en una céntrica esquina de la ciudad de Monterrey, Jesús Piedra fue capturado y en vez de ser presentado ante autoridad responsable, se inició el tenebroso, ilegal e inhumano camino de la desaparición forzada de personas, mecanismo represivo extendido en forma masiva durante el sexenio de Luis Echeverría, pero continuado hasta la fecha con altibajos. Encontré el oficio donde se comunicaba a Mario Moya Palencia y a Fernando Gutiérrez Barrios la noticia de la detención de Jesús Piedra. Supe de la orden recibida en Monterrey de que Jesús fuera trasladado a la Ciudad de México. Supe cómo previamente fue llevado a un rancho cercano a Monterrey donde fue torturado e interrogado, ya con la presencia de Nazar Haro, Luis de la Barreda y otros conocidos agentes y torturadores. Supe entonces que fue traido al Campo Militar No. 1 y encerrado en el “Metro” la zona subterránea donde se arrojaba a los desaparecidos políticos. Por medio del testimonio de desaparecidos que recuperaron su libertad, supe de su encierro con vida ahí.
Desde entonces no he cesado en la exigencia de su libertad y su búsqueda. Del esfuerzo individual, personal y familiar, en el camino pasé al esfuerzo colectivo, a la organización, al encontrarme a más familiares, especialmente madres, de otros desaparecidos. Nuestra lucha pasó de la búsqueda de nuestros hijos a la lucha por la libertad de todos, convirtiéndose todos en hijos de todas nosotras. Pasar de la lucha por la presentación de nuestro hijo a la lucha por la libertad de todos los desaparecidos políticos, a la libertad de los presos políticos de un sistema que pese a cambios gubernamentales mantiene las heredadas prácticas ilegales e inhumanas de represión y persecusión políticas. Por eso nuestra lucha se amplía en el reclamo contra la represión y por el respeto a los derechos humanos. En este salto de conciencia de lo individual a la organización colectiva hace 33 años dimos el paso de conformar el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, que con el paso del tiempo -y con los primeros resultados de nuestra lucha- se conocería como el Comité ¡Eureka!
¡Eureka! Porque he encontrado! Porque en este doloroso camino nos hemos encontrado las madres y familiares para darnos fuerza y razón en nuestro reclamo. Porque hemos encontrado la solidaridad creciente de cada vez más voces de diferentes ámbitos sociales. Porque hemos encontrado cada vez más sectores que toman la causa de los derechos humanos como propia, aun cuando en la hipocresía típica de un sistema como el que padecemos, para algunos se haya convertido en un cómodo lema a utilizarse como “políticamente correcto”, simplemente como tema de estudio y análisis queriendo convertirnos en meros objetos de estudio y no en sujetos demandando justicia. Pero sobre todo porque hemos encontrado a 148 de nuestros hijos y familiares desaparecidos. Los hemos recuperado a lo largo de estos años de lucha. Se ha comprobado que son ciertos los casos por nosotras denunciados, se ha comprobado que el crimen de desaparición forzada es otro, terrible y diferente crimen no idéntico al asesinato político, porque como lo hemos gritado “vivos los llevaron, vivos los queremos” y por tanto es un crimen, un delito, que no prescribe y para el cual no hay una “reparación al daño” por medio del insultante pago en dinero al que quisieran orillarnos y comprarnos, sino lo que hemos exigido siempre: justicia!
Continuamos en la lucha porque no hemos conocido la justicia y porque la represión y violaciones a los derechos humanos continúan. Y obviamente hay una relación entre una cosa y otra. Si no se hace justicia en relación a los 557 desaparecidos durante los gobiernos del PRI, si se mantiene la impunidad en relación a esos crímenes cometidos por conocidos gobernantes, policías y funcionarios claramente identificados y ubicables, el mensaje que se ha dado, la herencia que se deja, incluso para los que demagógicamente hablaban del “cambio” es que en eso no hay cambio.
Es precisamente en este terreno donde el país ha llegado a una situación crítica. El gobierno instalado desde 2006 producto de un fraude electoral, sin apoyo social, sin legitimidad, recurrió desde el principio a la fuerza militar para imponerse y a la declaratoria de una “guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada” en una maniobra publicitaria que hiciera olvidar su instalación ilegítima para lograr “la unidad nacional” frente a un “enemigo común”. Hacerlo así, le permitió instalar lo que se ha convertido en la fuente principal de los atropellos y violaciones a derechos humanos que es la militarización del país. Adicionalmente al hecho de que como guerra al narcotráfico está perdida, no solamente por la infiltración y corrupción que el narcotráfico ha logrado en el propio aparato estatal, sino porque seguramente se requiere una estrategia no basada en la represión para enfrentar ese gran negocio y que, probablemente como dicen algunos, pase por la legalización de ciertas drogas. El hecho es que con el pretexto de esa guerra se ha abierto paso a un régimen cada vez más autoritario, policiaco, represivo y violatorio de derechos humanos, que abre el camino a prácticas de “limpieza social” y de criminalización de la protesta ciudadana..
La mayoría de las “acciones de guerra” notables no son en realidad enfrentamientos con el “crimen organizado”, sino ejecuciones. Por eso el desvergonzado argumento de los “daños colaterales” de esta guerra es falso. No son daños colaterales, fuego cruzado de un enfrentamiento entre militares y delincuentes lo que estamos viendo, sino asesinatos a mansalva, ejecuciones. El caso más reciente, de estos días en que semana a semana vemos nuevas barbaridades es lo ocurrido en Anáhuac, Nuevo León. No hay fuego cruzado, no hay enfrentamiento, una familia fue acribillada y una mujer que después del tiroteo se acera a pedir ayuda, fue asesinada. Y ése es la culminación de muchos casos similares, de jóvenes asesinados en una fiesta, de jóvenes fusilados en centros de readapatación, de estudiantes asesinados que son presentados como pandilleros o como delincuentes muertos en el enfrentamiento cuando en realidad están saliendo de instalaciones escolares. Y estos crímenes tienen elementos en común: dirigidos contra jóvenes o gente pobre. A los voceros oficiales les conviene pues para ellos se va ganando la guerra cuando se informa de un número creciente de muertos. Como si los muertos fueran delincuentes y como si estuviera justificado, aunque fueran delincuentes, matarlos. Pero se trata de acostumbrar a la opinión pública a la presencia militar, incluso de que la gente exija más mano dura o hasta “cascos azules”, inhibir la protesta y la falta de solidaridad cuando al conocerse la noticia de otro asesinato introducir la sospecha de “quién sabe en qué andaría”.
Y al mismo tiempo el regreso ampliado de la práctica de la desaparición forzada de personas. Ahora no solamente contra militantes políticos, que sigue ocurriendo como es el caso de los desaparecidos del EPR. También se ha extendido contra sectores más amplios de la población civil. Encubierto ahora con el mote de que se trata de “levantones” a cargo del crimen organizado. Falso. La mayoría de esos “levantones” son realizados por uniformados y en realidad son desapariciones forzadas. Tampoco es cierto que la mayoría de esas desapariciones sea de personas ligadas al narcotráfico. Tengo testimonios de muchas víctimas inocentes no solamente de Ciudad Juárez, de estados como Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León en una plaga que se extiende gravemente.
El gobierno dice que las muertes civiles son el menor de los casos, víctimas de los “daños colaterales” y otra voces dicen que hay que regular la actuación de los militares para que no cometan “errores”. Lo que está ocurriendo no son “errores humanos” de algunos militares. Es una política implementada desde el inicio del sexenio por la debilidad de un gobierno sin legitimidad y ahora asesorada y apoyada por las agencias norteamericanas. No hay soluciones intermedias. El ejército debe regresar a los cuarteles. Las violaciones a derechos humanos cometidas por la ilegal decisión de sacarlo a la calle a labores policiacas y a esta “guerra” deben ser sancionadas, hacerse justicia a tantísimas víctimas.
La otra cara de la moneda que muestra la continuidad represiva en este sistema es la criminalización de la protesta social. A nuestro histórico grito por la libertad de los presos políticos estos gobiernos quieren responder de que en México no hay presos políticos porque mañosamente les imponen cargos y delitos inventados. Para nosotros tratándose de activistas y militantes de movimientos sociales y de oposición que son encarcelados acusándoles de crímenes diversos, se trata sin embargo de presos políticos. Este camino lo iniciaron con los presos de Atenco al acusarles de privación ilegal de la libertad lo que ha permitido que Nacho del Valle y sus compañeros estén sentenciados a más de 100 años de cárcel, una sentencia que jamás ha recibido algún real secuestrador. Lo hicieron también con las indígenas presas en Querétaro acusadas de secuestrar a agentes de la AFI. Lo están haciendo en el proceso contra Sara López y sus compañeros presos en Campeche que se oponen a las altas tarifas de la luz de la CFE y que también son acusados de secuestro. Hace unos días lo han vuelto a hacer con compañeros de Oaxaca que también son parte del Movimiento de Resistencia contra las tarifas de la luz de la CFE.
Estas formas de criminalización las extienden en la represión a movimientos sociales que se oponen a los planes privatizadores y neoliberales del gobierno. Ahora hablan, para desconocer la heroica huelga de más de dos años de los mineros de Cananea (paralela a la de Taxco y Sombrerete), a causas de “fuerza mayor” y a daños en las instalaciones imputables a los trabajadores, así como quisieran extender el argumento para justificar la injustificable liquidación de la Compañía de luz y Fuerza del Centro y el despido de más de 40 mil trabajadores afiliados al SME.
Es por lo anterior que no confiamos en gestos y declaraciones parciales como las recientes reformas constitucionales sobre derechos humanos. Por supuesto que es un éxito el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución y el valor otorgado a los acuerdos internacionales en esta materia, pero se olvida que al mismo tiempo varios de esos derechos han venido siendo vulnerados con otras reformas previamente aprobadas, como las de la llamada reforma judicial que incluyen la práctica del arraigo a la que nos opusimos en su momento y que día con día se convierte en una plaga. Recuerdo que les advertí a legisladores de varios partidos que estaban aprobando instrumentos persecutorios y violatorios de derechos, unos cuantos meses antes de que, por ejemplo, presidentes municipales de todos esos partidos fueran acusados arbitrariamente y arraigados durante semanas alrededor de las elecciones del 2009 para salir después casi sin el “usted disculpe”. La reforma actual quita la discrecionalidad al Ejecutivo en cuanto al artículo 33, pero mantiene incólume el fuero militar que sirve todos los días para solapar las violaciones cometidas bajo la militarización del país. La reforma pone condiciones a la declaratoria de suspensión de garantías por parte del Ejecutivo, pero en la práctica se mantiene la militarización del país que ya en varias regiones es prácticamente la instalación de un estado de excepción”.
El sombrío panorama que tenemos enfrente es el que 35 años después nos obliga a continuar la lucha, pero no nos ensombrece, no nos quita la alegría de vida ni nos sume en el pesimismo. Somos optimistas porque nuestro reclamo crece en la sociedad, porque crecen los movimientos sociales de resistencia y lucha, pese a las adversas condiciones, porque nuevas generaciones de activistas y luchadores se incorporan y nos sustituyen, especialmente a las que el fin de su ciclo vital las llevó orgullosas de haber cumplido su deber como madres aunque insatisfechas por no haber alcanzado la justicia. Sabemos que así como logramos, después de nuestra huelga de hambre en 1978, una ley de amnistía, así como logramos la libertad de tantos presos y desaparecidos, la persistencia, la continuidad en la lucha, la insistencia en la unidad, la insistencia en que los movimientos sociales, todos, deben incluir en su programa también el respeto a los derechos humanos, la libertad de presos y desaparecidos y contra la represión, sabemos que tarde o temprano lograremos la justicia.
En otras latitudes pensaron que los acuerdos entre partidos con el régimen violador de derechos humanos, sacrificando a los derechos humanos y la justicia ante la represión, en aras de la “transición democrática”, aprobando amnistías “para ambos lados”, leyes “del perdón, del olvido o del punto final”, después de años están haciendo crisis y el reclamo de justicia vuelve a abrirse paso. El pasado se hace presente, nuevamente. No importa cuántos años pasen.
Por eso tenemos confianza en la lucha, no desmayamos, no claudicamos y no conciliamos.
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Destrucción de lo social

Rafael Mendoza Castillo
El Cambio de Michoacán
Domingo 18 de Abril de 2010

La derecha en el poder, la oligarquía y sus aliados, las cúpulas partidarias, han venido trazando políticas que responden a sus propios intereses y coincidentes con los acuerdos del consenso de Washington, es decir, el amo imperial. Esas políticas privatizan lo público y producen desprotección y desigualdad en millones de mexicanos.
Cuando el poder de dominación y sus representantes hablan de modernizar al país se refieren al cumplimiento de las tendencias neoliberales como la simplificación y achicamiento del Estado, desmantelamiento de lo público, freno al salario, desregulación de todo aquello que impida la acumulación acelerada del capital, así como la nueva ley laboral propuesta por la derecha panista y la privatización de la seguridad social (IMSS, ISSSTE, jubilaciones, educación pública, etcétera).
Algo más grave que viene planteando la modernización neoliberal es la tendencia a la destrucción de las instituciones y de los espacios de intermediación entre los actores sociales y el Estado: sindicatos, organizaciones gremiales, partidos, universidades, medios de comunicación autónomos, movimientos sociales, identidades restringidas, etcétera.
Como bien dice Sergio Zermeño: “Nuestra globalización se ha caracterizado ante todo por una destrucción sistemática de los más destacados actores de la sociedad civil, ya se trate del empresariado de la etapa sustitutiva de importaciones, de las capas medias de asalariados públicos, del proletariado de los sectores intermedios, especialmente, de la burguesía mediana y pequeña y las estructuras sociales del medio campesino”.
Lo anterior, y la inclusión de los tratados internacionales como el TLC, son muestra clara de que estamos ante una política globalizadora que está disolviendo y fragmentando a lo social. Así vemos cómo la derecha panista golpea a las identidades colectivas, es decir, a los sindicatos independientes como el SME, Atenco, movimientos sociales como la APPO. Por otro lado, la derecha panista se alía, donde le conviene, con sindicatos corporativos y charros como el SNTE, para acelerar las políticas neoliberales en lo social y lo educativo (ACE).
De ese modo la democracia política que tanto se defiende no es más que democracia oligopólica para frenar la decisión de la voluntad popular y controlarla mediante la técnica de las elecciones. Esos procesos de planificación y administración tienen como objetivo mantener la sincronía de las estructuras y funciones del orden capitalista e incrementar la desigualdad social brutal entre pobres y ricos, poderosos y súbditos, gobernantes y gobernados, mestizos y el México profundo.
Las políticas globalizadoras no sólo desmantelan lo social, sino que también establecen una lucha en el campo de los conceptos y de los lenguajes con la finalidad de someter la rebeldía del pensamiento disruptivo, de erradicar todos aquellos conceptos que se instalan en el pensamiento crítico y sustituirlos por aquellos que responden mejor al orden de la conformidad, de la función y el sistema constituido. Por eso para los poderosos es mejor hablar de un Estado homogéneo que nos hace iguales ante la ley, pero en la realidad la desigualdad es brutal. Qué distinto es proponer un Estado plural que reconozca la diversidad cultural y ajeno a la uniformidad y al pensamiento único.
La política neoliberal le apuesta a la creación de un sujeto privado (competencias) uniformado, consumidor y alejado de las identidades colectivas, de las causas públicas, de la preocupación por los otros y de la participación colectiva. Si desaparece lo segundo entonces nos enfrentamos a la destrucción de un sujeto erguido capaz de desafiar al orden constituido. Los dos momentos son muestra clara de que lo social está sufriendo una metamorfosis muy peligrosa, tal que en pocos años tiende a la desaparición, por la vía de la fragmentación. Es importante pensar tal fenómeno a fin de buscar principios articuladores que eviten la desaparición de lo social. Lo que sí está claro es que la globalización destruye los lazos que cohesionaban al tejido social (costumbre, ley, institución, valores, etcétera).
Qué podemos colocar como principio para que construyamos identidades colectivas que vayan más allá de las identidades restringidas, como movimientos urbanos, derechos humanos, sindicatos, juventud, mujeres, partidos, etcétera. Algunos proponen como principio articulador un contrapoder que se constituya como una postura moral y un programa de reivindicaciones comunes a cada una de las identidades. Teniendo como idea central el combate y desaparición del actual orden capitalista neoliberal. Otros consideran que debemos recuperar la idea de hegemonía propuesta por Gramsci, entendida ésta como una reforma moral e intelectual que va más allá de la centralidad de la clase obrera, el partido, como una síntesis más elevada capaz de fundir todos los elementos clasistas como voluntad colectiva nacional-popular.
Ante la fragmentación, la desarticulación y la diversidad de sujetos históricos, es urgente que nos demos cuenta desde dónde estamos pensando la realidad de México, de Latinoamérica y del mundo. Revisitar conceptos (occidente, indio, blanco, raza, explotación, obrero, estado, legitimación, etcétera). Crear nuevos conceptos y resignificar otros, para enfrentar realidades nuevas y viejas. Porque puede suceder que estemos ante realidades nuevas con conceptos viejos. Pensar siempre que la realidad social se mueve más rápido que las representaciones y percepciones que tenemos en la cabeza, los libros o las teorías. Otro mundo es posible.
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Denuncian electricistas que la CFE ya comenzó a cortar servicio

El acto, ilegal porque no hay contrato con la comisión: SME

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 19 de abril de 2010, p. 18

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya empezó a cortar el servicio a usuarios que no han pagado los nuevos recibos en diversas zonas del valle de México.
A diario, sostuvo, “de 50 a 70 servicios están siendo suspendidos, lo cual significa que en un mes entre mil 500 y más de 200 se quedarán sin luz”. Explicó que esas acciones se están llevando a cabo principalmente en la periferia de la ciudad, en zonas del estado de México, donde al menos entre 20 y 30 por ciento de habitantes no han cubierto sus recibos.
El SME expuso que dichos cortes son ilegales, ya que los usuarios no tienen contrato con la CFE, sino con Luz y Fuerza del Centro (LFC), por lo que están en su derecho de no pagar.
Según el sindicato, a finales de marzo se iniciaron los cortes. Éstos, abundó, se han venido haciendo de “forma hormiga” y para intimidar a los clientes. Sin embargo, a partir de este mes ya empezó a realizarlos masivamente, sobre todo en el norte del estado de México, no así en el Distrito Federal, donde hay más cercanía para apoyar legalmente a quienes no paguen e incluso obtengan un amparo definitivo.
Explicó que en múltiples casos es doblemente ilegal la suspensión del servicio, porque a muchos ni siquiera les han llegado sus recibos. Algunos que han llegado, aseveró, tienen errores; por ejemplo, en los nombres de los usuarios. Por ello los propietarios de las viviendas consideran que no son suyos.
Lo más grave es que muchos reportan adeudos exorbitantes y los usuarios no han tenido forma de hacer las reclamaciones, porque no hay ninguna instancia. El supuesto servicio telefónico de aclaraciones “no funciona como tal. Sólo es una receptoría de telefonemas”. Por esa razón no los han pagado; sin embargo, les están quitando la luz.
Incluso, cuando les van a suspender el servicio les dicen que “debieron haber obtenido su saldo en la página electrónica de la CFE y pagado en sucursales bancarias”.
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Espinosa acusa incrementos en los recibos de electricidad

Hay 8 mil quejas

Gustavo Godínez
Milenio.com
2010-04-18

Ya comenzó el incremento de las cuotas de consumo de energía eléctrica que impone la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denunció el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sección Pachuca, Luis Espinosa López.
El líder del gremio en la capital aseguró que es importe por el servicio eléctrico se ha elevado drásticamente porque el gobierno federal retiró el subsidio que estaba destinado para los usuarios.
“Llegaron primero recibos de 40, 50, 70 o 90 pesos, pero ahora la gente ya se está dando cuenta de que le llegan hasta de 800, 900, mil 500 pesos, se está dando cuenta la gente de que no es la CFE la empresa que decían que era de clase mundial, pues está dando muy mal servicio”, refirió.
Reveló que en los módulos de atención que tienen en la sede del SME Pachuca han llegado cerca de 8 mil quejas de usuarios que se resisten a pagar y más de 2 mil por el mal servicio.
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