miércoles, 28 de abril de 2010
martes, 27 de abril de 2010
Entregan oro y plata de México a trasnacionales
Érika Ramírez
Contralínea
26 de abril del 2010
Desde diciembre de 2000 y hasta la fecha, los gobiernos panistas han otorgado más de 24 mil concesiones para la explotación de minas. Tan sólo en lo que va del año, la administración de Felipe Calderón ha autorizado la explotación de oro, plata y cobre a 231 compañías extranjeras. Azure Minerals y Almaden Minerals encabezan la lista de trasnacionales beneficiadas. La mayoría de los corporativos favorecidos tienen sus sedes en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. La Auditoría Superior de la Federación pone en duda la legalidad de la explotación, pues las leyes sólo la prevén para mexicanos, ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas
Oro, plata, cobre, hierro y zinc son extraídos de territorio mexicano por compañías de Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile, revelan informes oficiales. Lo anterior, a pesar de que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la explotación de minas sólo puede realizarse por mexicanos.
Tan sólo en lo que va de este año, 231 trasnacionales han obtenido concesiones de la Secretaría de Economía (SE) para desarrollar más de 704 proyectos en todo el país. Los trabajos de exploración, extracción y producción se palomean sin que la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuente con una política pública en materia minera que ponga a salvo los derechos de la nación sobre sus recursos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Del documento Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, elaborado por la SE y del cual Contralínea posee copia, se desprende que las empresas más beneficiadas en este año son la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp Inc, con 11 autorizaciones.
El mismo informe indica que de las más de 230 trasnacionales, el 81 por ciento de los “permisos” gubernamentales fue en beneficio de filiales con oficinas centrales en Canadá. El resto de las autorizaciones se distribuyeron entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, y, en menor medida, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile.
“Socio comercial” de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá tiene en el país 187 compañías en la búsqueda de oro y plata, metal precioso que ha colocado al país latinoamericano en el segundo lugar en su producción mundial.
Los empresarios estadunidenses tienen a 31 de sus firmas en búsqueda de la riqueza nacional; los australianos cuentan con cuatro de sus filiales; Reino Unido, tres. El resto de las concesiones está en manos de India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
La suma de minas mexicanas concesionadas a las trasnacionales supera los 2 millones de hectáreas. De acuerdo con los “permisos” entregados por el gobierno de Felipe Calderón, las compañías extranjeras podrán explotar este territorio mexicano hasta 2050.
Inconsistencias legales: ASF
La Ley de Minas precisa en su artículo 10 que “la exploración y explotación de los minerales o sustancias (…) sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas (…)”.
En este contexto, el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta pública 2008 indica que 24 de 48 solicitudes para obtener concesiones –de 108 expedientes de la muestra– “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.
La observación hecha a la Dirección General de Minas, órgano dependiente de la SE, es contundente: “No revisó los requisitos que deben cumplir los solicitantes, antes de la expedición del título de concesión, en incumplimiento del artículo 10 de la Ley Minera”.
En tanto, el artículo 27 constitucional dice que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”
24 mil concesiones en 10 años
Otros 10 listados del documento Expedición de títulos de concesión minera, publicados por la Dirección General de Minas, muestran que en lo que va de las administraciones panistas se han concedido 24 mil 586 permisos de exploración de minas en todo el territorio nacional.
Las concesiones, que anualmente rebasan unas 2 mil, fueron palomeadas sin que la SE cuente con una política pública en la materia. Según el informe del máximo órgano de fiscalización, correspondiente a 2008, “la dependencia no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a impulsar la creación, el desarrollo y la consolidación de empresas mineras y el otorgamiento de concesiones mineras”.
Del análisis de la Expedición de Títulos de Concesión Minera, de 2000 a 2010, se desprende que la mayor beneficiaria de estos permisos es la Compañía Minera La Parreña (filial de Industrias Peñoles), con 1 mil 130 autorizaciones.
Peñoles forma parte de Grupo BAL, un grupo privado y diversificado integrado por compañías como el Grupo Palacio de Hierro (tiendas departamentales); Grupo Nacional Provincial (seguros); Profuturo GNP (Afore); Valores Mexicanos-Casa de Bolsa (servicios financieros); Crédito Afianzador (fianzas); y negocios agropecuarios.
A la filial de Peñoles le siguen, en número de concesiones: Industrial Minera México, 647; Exploraciones Mineras Parreña, 367; Minera Penmont, 199; Minera Pecobre, 182; Minera Tayahua, 181; Minera María, 158; Minerales Monclova, 157; Minera de Cordilleras, 137, y Minera Largo, 109; como las 10 principales autorizadas para explorar en las minas nacionales.
Auditoría reprobada
Según la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, la SE reprobó la auditoría de desempeño que aplicó el máximo órgano de fiscalización a consecuencia de que las autoridades encargadas del ramo “no fijaron un indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras”.
La SE “omitió” verificar los requisitos de la concesión minera; se excedió en los plazos para la emisión de las propuestas; no verificó las obligaciones de presentar informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras; no certificó el pagó de derechos por solicitud de concesión minera, ni el de concesión minera, consigna el informe de la ASF.
La auditoría de desempeño muestra que la secretaría que encabeza Gerardo Ruiz Mateos no actualizó las cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no se realizaron visitas a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios, los procedimientos de cancelación de los permisos se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la SE, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.
Se solicitó entrevista con el titular de la SE para conocer la respuesta a las observaciones planteadas por la ASF. También se solicitó entrevistas con los directivos del Fideicomiso del Fomento Minero y de la Cámara Minera, que representa a la industria en México. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Resistencia contra la minería
La resistencia de las comunidades afectadas por la minería en Chiapas se ve cada vez con más fuerza, ya que se están vinculadas con luchas que se dan en otros estados de la república y otros países, como Guatemala, dice el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas 2008, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Entre las acciones que enumera se encuentran:
· Los habitantes del Barrio Las Nubes, del ejido Toquián, municipio de Siltepec, dijeron que “no permitirán que una empresa canadiense explote mineral en su territorio”.
· En septiembre de 2008, habitantes del municipio de Chicomuselo protestaron por la explotación de barita, realizada por la canadiense Blackfire Exploration.
· El Frente Regional Contra las Privatizaciones, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organizó distintas marchas para exigir detener la explotación minera en Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla y otros municipios de la entidad.
· Los pobladores de la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, se negaron a la explotación minera en su territorio, ya que “la extracción de oro a cielo abierto dañará irremediablemente las tierras y contaminará el aire y el agua con residuos tóxicos”.
· En junio de ese año, representantes de comunidades y organizaciones sociales de 10 estados de la república decidieron conformar la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Su principal objetivo es frenar y eliminar la minería a cielo abierto.
· Luego, en diciembre de 2008, “25 organizaciones de México y Guatemala consolidaron un movimiento binacional contra la minería y acordaron rechazar las políticas que pretenden “despojar a las nuestras comunidades de sus recursos naturales”. (ER)
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Contralínea
26 de abril del 2010
Desde diciembre de 2000 y hasta la fecha, los gobiernos panistas han otorgado más de 24 mil concesiones para la explotación de minas. Tan sólo en lo que va del año, la administración de Felipe Calderón ha autorizado la explotación de oro, plata y cobre a 231 compañías extranjeras. Azure Minerals y Almaden Minerals encabezan la lista de trasnacionales beneficiadas. La mayoría de los corporativos favorecidos tienen sus sedes en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. La Auditoría Superior de la Federación pone en duda la legalidad de la explotación, pues las leyes sólo la prevén para mexicanos, ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas
Oro, plata, cobre, hierro y zinc son extraídos de territorio mexicano por compañías de Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile, revelan informes oficiales. Lo anterior, a pesar de que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la explotación de minas sólo puede realizarse por mexicanos.
Tan sólo en lo que va de este año, 231 trasnacionales han obtenido concesiones de la Secretaría de Economía (SE) para desarrollar más de 704 proyectos en todo el país. Los trabajos de exploración, extracción y producción se palomean sin que la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuente con una política pública en materia minera que ponga a salvo los derechos de la nación sobre sus recursos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Del documento Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, elaborado por la SE y del cual Contralínea posee copia, se desprende que las empresas más beneficiadas en este año son la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp Inc, con 11 autorizaciones.
El mismo informe indica que de las más de 230 trasnacionales, el 81 por ciento de los “permisos” gubernamentales fue en beneficio de filiales con oficinas centrales en Canadá. El resto de las autorizaciones se distribuyeron entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, y, en menor medida, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile.
“Socio comercial” de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá tiene en el país 187 compañías en la búsqueda de oro y plata, metal precioso que ha colocado al país latinoamericano en el segundo lugar en su producción mundial.
Los empresarios estadunidenses tienen a 31 de sus firmas en búsqueda de la riqueza nacional; los australianos cuentan con cuatro de sus filiales; Reino Unido, tres. El resto de las concesiones está en manos de India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
La suma de minas mexicanas concesionadas a las trasnacionales supera los 2 millones de hectáreas. De acuerdo con los “permisos” entregados por el gobierno de Felipe Calderón, las compañías extranjeras podrán explotar este territorio mexicano hasta 2050.
Inconsistencias legales: ASF
La Ley de Minas precisa en su artículo 10 que “la exploración y explotación de los minerales o sustancias (…) sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas (…)”.
En este contexto, el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta pública 2008 indica que 24 de 48 solicitudes para obtener concesiones –de 108 expedientes de la muestra– “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.
La observación hecha a la Dirección General de Minas, órgano dependiente de la SE, es contundente: “No revisó los requisitos que deben cumplir los solicitantes, antes de la expedición del título de concesión, en incumplimiento del artículo 10 de la Ley Minera”.
En tanto, el artículo 27 constitucional dice que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”
24 mil concesiones en 10 años
Otros 10 listados del documento Expedición de títulos de concesión minera, publicados por la Dirección General de Minas, muestran que en lo que va de las administraciones panistas se han concedido 24 mil 586 permisos de exploración de minas en todo el territorio nacional.
Las concesiones, que anualmente rebasan unas 2 mil, fueron palomeadas sin que la SE cuente con una política pública en la materia. Según el informe del máximo órgano de fiscalización, correspondiente a 2008, “la dependencia no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a impulsar la creación, el desarrollo y la consolidación de empresas mineras y el otorgamiento de concesiones mineras”.
Del análisis de la Expedición de Títulos de Concesión Minera, de 2000 a 2010, se desprende que la mayor beneficiaria de estos permisos es la Compañía Minera La Parreña (filial de Industrias Peñoles), con 1 mil 130 autorizaciones.
Peñoles forma parte de Grupo BAL, un grupo privado y diversificado integrado por compañías como el Grupo Palacio de Hierro (tiendas departamentales); Grupo Nacional Provincial (seguros); Profuturo GNP (Afore); Valores Mexicanos-Casa de Bolsa (servicios financieros); Crédito Afianzador (fianzas); y negocios agropecuarios.
A la filial de Peñoles le siguen, en número de concesiones: Industrial Minera México, 647; Exploraciones Mineras Parreña, 367; Minera Penmont, 199; Minera Pecobre, 182; Minera Tayahua, 181; Minera María, 158; Minerales Monclova, 157; Minera de Cordilleras, 137, y Minera Largo, 109; como las 10 principales autorizadas para explorar en las minas nacionales.
Auditoría reprobada
Según la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, la SE reprobó la auditoría de desempeño que aplicó el máximo órgano de fiscalización a consecuencia de que las autoridades encargadas del ramo “no fijaron un indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras”.
La SE “omitió” verificar los requisitos de la concesión minera; se excedió en los plazos para la emisión de las propuestas; no verificó las obligaciones de presentar informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras; no certificó el pagó de derechos por solicitud de concesión minera, ni el de concesión minera, consigna el informe de la ASF.
La auditoría de desempeño muestra que la secretaría que encabeza Gerardo Ruiz Mateos no actualizó las cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no se realizaron visitas a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios, los procedimientos de cancelación de los permisos se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la SE, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.
Se solicitó entrevista con el titular de la SE para conocer la respuesta a las observaciones planteadas por la ASF. También se solicitó entrevistas con los directivos del Fideicomiso del Fomento Minero y de la Cámara Minera, que representa a la industria en México. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Resistencia contra la minería
La resistencia de las comunidades afectadas por la minería en Chiapas se ve cada vez con más fuerza, ya que se están vinculadas con luchas que se dan en otros estados de la república y otros países, como Guatemala, dice el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas 2008, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Entre las acciones que enumera se encuentran:
· Los habitantes del Barrio Las Nubes, del ejido Toquián, municipio de Siltepec, dijeron que “no permitirán que una empresa canadiense explote mineral en su territorio”.
· En septiembre de 2008, habitantes del municipio de Chicomuselo protestaron por la explotación de barita, realizada por la canadiense Blackfire Exploration.
· El Frente Regional Contra las Privatizaciones, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organizó distintas marchas para exigir detener la explotación minera en Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla y otros municipios de la entidad.
· Los pobladores de la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, se negaron a la explotación minera en su territorio, ya que “la extracción de oro a cielo abierto dañará irremediablemente las tierras y contaminará el aire y el agua con residuos tóxicos”.
· En junio de ese año, representantes de comunidades y organizaciones sociales de 10 estados de la república decidieron conformar la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Su principal objetivo es frenar y eliminar la minería a cielo abierto.
· Luego, en diciembre de 2008, “25 organizaciones de México y Guatemala consolidaron un movimiento binacional contra la minería y acordaron rechazar las políticas que pretenden “despojar a las nuestras comunidades de sus recursos naturales”. (ER)
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Boletín de Prensa del SME
A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, CAMPESINAS, INDIGENAS, ESTUDIANTILES Y POPULARES DE MEXICO.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MEXICO Y EL MUNDO.
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
A más de seis meses del golpe de Estado al sindicalismo mexicano y al pueblo de México nuestra organización sindical se mantiene en resistencia utilizando las vías legales, políticas y sociales para hacer la defensa de su legítimos derechos y alcanzar la solución a un conflicto que no fue creado por los trabajadores sino por quienes en su atropellada carrera privatizadora dejaron sin empleo a 44 mil trabajadores electricistas.
El 10 de Octubre de 2009 quedará para la historia del país como el día en que el autoritarismo del gobierno de Felipe Calderón violó en forma descarada y ruin los derechos humanos y laborales de miles de trabajadores mexicanos. La lista de agravios tras el desalojo violento de nuestros compañeros, la ocupación militar de nuestros centros de trabajo y la publicación del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del centro no tiene límite. De facto se nos negó el derecho de audiencia, no fuimos convocados a dirimir un conflicto económico en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, fuimos despojados de nuestro derecho al trabajo sin juicio de por medio, fueron despedidos en masa decenas de mujeres embarazadas, trabajadores incapacitados por riesgo de trabajo, compañeros a meses, semanas o días para obtener su derecho a la jubilación, sin piedad nos dieron de baja en el Seguro Social en sólo 48 horas, mientras que en los medios de comunicación corrompidos se festejaba la decisión “valiente del presidente”.
El día 10 de Octubre pasado en México dejo de existir el Estado de derecho. La Constitución mexicana dice: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Un decreto administrativo con vicios de origen de pronto pasa arbitrariamente por encima de Artículo 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los derechos humanos, el derecho al trabajo, la contratación colectiva, a la libre sindicalización y el derecho a una vida digna de miles de mexicanos.
¿Qué hay detrás de esta atrocidad? Ninguna otra cosa que no sea el interés de privatizar el sector eléctrico, de asegurarle a los grandes monopolios de la comunicación el control de las telecomunicaciones y la insana obsesión de exterminar a un Sindicato clasista y solidario con más de 95 años de lucha obrera. ¿De qué otra manera se entiende la negativa del gobierno a aceptar la contratación colectiva de los trabajadores del SME aun y cuando su materia de trabajo y necesidad de la prestación del servicio público de electricidad existen? No se han ido las plantas de generación, las subestaciones de potencia, las líneas de trasmisión, las redes de distribución y oficinas comerciales que por más de 100 años construyeron generaciones de electricistas para el desarrollo económico y social de México.
Nuestra posición es clara, porque queremos nuestro trabajo no aceptamos firmar nuestra renuncia voluntaria, bonificada por un soborno, tampoco aceptamos su “reinserción productiva” de franquicias de peluqueros, cursos de inglés y computación, mucho menos plazas de esquiroles en empresas contratistas prestadoras de servicios en nuestra zona de atención. Nosotros queremos que nos devuelvan nuestro trabajo. Y de ahí no nos vamos a mover.
Nos hemos mantenido en resistencia sin dar marcha atrás sorteando todos los obstáculos sin perder el rumbo de lo que anhelamos. A seis meses de resistencia, nuestro movimiento entra en una nueva etapa de su desarrollo. Hoy se vislumbra la posibilidad de una salida a partir del resultado de nuestras acciones. Contra viento y marea, nuestro movimiento va construyendo las vías para una solución justa en medio de un nuevo contexto político nacional que favorece nuestra causa. La creación de una Comisión Plural en la Cámara de Diputados de mediación entre las partes en conflicto, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer nuestra demanda de amparo; la resolución del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral que restituye la personalidad jurídica de nuestra Dirección Sindical, son obra de nuestra tenaz resistencia.
El bloque de poder que decidió extinguir LYF se ha roto. La población y los mismos empresarios industriales y comerciales dentro de nuestra zona de atención están descontento con el pésimo servicio de CFE y sus contratistas. La opinión pública cambia de percepción respecto a nuestro conflicto. Los medios de comunicación se dividen a favor y en contra, los partidos inmersos en el proceso electoral se reposicionan en relación a nuestro movimiento y la solidaridad nacional e internacional crece día con día.
Es en este contexto, que la Asamblea General Extraordinaria acordó instalar una Huelga de Hambre Masiva en el Zócalo de la Cd. De México.
La huelga se convierte en una acción central que concentra a todas la fuerza acumuladas por nuestro movimiento no sólo para exigir una solución inmediata al conflicto sino para consolidar y extender su propio crecimiento.
La Huelga es la respuesta electricista a la intransigencia y cerrazón del gobierno federal, a su política de criminalización del movimiento, es nuestra respuesta política a la violenta represión en contra del SME, a las amenazas de encarcelamiento de la dirección del sindicato y de miles de electricistas en resistencia que están en la mira de los ministerios públicos federales. Y es la respuesta a la infame campaña de linchamiento de los medios de comunicación que provocaron un incuantificable daño moral a nuestras familias.
Hoy respondemos con nuestras vidas a tantas injurias, arbitrariedades, despojos, crímenes y vejaciones del gobierno de Felipe Calderón. Hoy respondemos con nuestras vidas a la falta de un empleo para sobrevivir, con la Huelga reclamamos se nos devuelvan nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, nuestra Jubilación que juntos nos son otra cosa que nuestro derecho a tener una vida digna. Si no hay vida digna no queremos vivir en el país de los derechos mutilados y las esperanzas truncadas, Nuestra hambre es de justicia y no de limosnas.
La Huelga de Hambre no es una acción desesperada. Es ante todo una acción consciente de reclamo de frente a un gobierno fascista que presume al mundo una falsa moral y tramposo prestigio de respeto a los derechos humanos. Es un acto de denuncia en contra de su ilegalidad criminal y abuso de poder que nos oprime bajo el catecismo neoliberal del saqueo y la explotación para ganancia de los mercados.
La Huelga de Hambre en el Bicentenario es para reivindicar a los héroes que nos dieron patria, para conmemorar las luchas heroicas de los mexicanos. Pero sobre todo para defender sus legados de libertad, justicia y democracia. La Huelga de Hambre es también la Huelga de todos contra el mal gobierno, su PFP y sus decretos espurios. Es por la solución a la Huelga de Cananea, en demanda de justicia para los deudos del crimen industrial de Pasta de Concho, por la libertad de los presos políticos de Atenco, por el castigo a los criminales que asesinan jóvenes y mujeres en Ciudad Juárez, por la solución a todas las demandas del Pueblo de México.
Llamamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales del trabajo, de, los derechos humanos, a los gobiernos democráticos, a las iglesias progresistas, a los pequeños y medianos comerciantes, a los partidos políticos, a los estudiantes, campesinos y pueblo trabajador a respaldar con acciones a la HUELGA de HAMBRE del SME hasta alcanzar nuestros objetivos. La victoria será de todos los que luchan por un México con justicia y Libertad. ¿SI NO ES AQUÍ, DIGANME DONDE? ¿SI NO SOMOS NOSOTROS, DIGANME QUIENES? SI NO ES AHORA, ¡¡CUANDO!!
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MEXICO Y EL MUNDO.
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
A más de seis meses del golpe de Estado al sindicalismo mexicano y al pueblo de México nuestra organización sindical se mantiene en resistencia utilizando las vías legales, políticas y sociales para hacer la defensa de su legítimos derechos y alcanzar la solución a un conflicto que no fue creado por los trabajadores sino por quienes en su atropellada carrera privatizadora dejaron sin empleo a 44 mil trabajadores electricistas.
El 10 de Octubre de 2009 quedará para la historia del país como el día en que el autoritarismo del gobierno de Felipe Calderón violó en forma descarada y ruin los derechos humanos y laborales de miles de trabajadores mexicanos. La lista de agravios tras el desalojo violento de nuestros compañeros, la ocupación militar de nuestros centros de trabajo y la publicación del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del centro no tiene límite. De facto se nos negó el derecho de audiencia, no fuimos convocados a dirimir un conflicto económico en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, fuimos despojados de nuestro derecho al trabajo sin juicio de por medio, fueron despedidos en masa decenas de mujeres embarazadas, trabajadores incapacitados por riesgo de trabajo, compañeros a meses, semanas o días para obtener su derecho a la jubilación, sin piedad nos dieron de baja en el Seguro Social en sólo 48 horas, mientras que en los medios de comunicación corrompidos se festejaba la decisión “valiente del presidente”.
El día 10 de Octubre pasado en México dejo de existir el Estado de derecho. La Constitución mexicana dice: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Un decreto administrativo con vicios de origen de pronto pasa arbitrariamente por encima de Artículo 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los derechos humanos, el derecho al trabajo, la contratación colectiva, a la libre sindicalización y el derecho a una vida digna de miles de mexicanos.
¿Qué hay detrás de esta atrocidad? Ninguna otra cosa que no sea el interés de privatizar el sector eléctrico, de asegurarle a los grandes monopolios de la comunicación el control de las telecomunicaciones y la insana obsesión de exterminar a un Sindicato clasista y solidario con más de 95 años de lucha obrera. ¿De qué otra manera se entiende la negativa del gobierno a aceptar la contratación colectiva de los trabajadores del SME aun y cuando su materia de trabajo y necesidad de la prestación del servicio público de electricidad existen? No se han ido las plantas de generación, las subestaciones de potencia, las líneas de trasmisión, las redes de distribución y oficinas comerciales que por más de 100 años construyeron generaciones de electricistas para el desarrollo económico y social de México.
Nuestra posición es clara, porque queremos nuestro trabajo no aceptamos firmar nuestra renuncia voluntaria, bonificada por un soborno, tampoco aceptamos su “reinserción productiva” de franquicias de peluqueros, cursos de inglés y computación, mucho menos plazas de esquiroles en empresas contratistas prestadoras de servicios en nuestra zona de atención. Nosotros queremos que nos devuelvan nuestro trabajo. Y de ahí no nos vamos a mover.
Nos hemos mantenido en resistencia sin dar marcha atrás sorteando todos los obstáculos sin perder el rumbo de lo que anhelamos. A seis meses de resistencia, nuestro movimiento entra en una nueva etapa de su desarrollo. Hoy se vislumbra la posibilidad de una salida a partir del resultado de nuestras acciones. Contra viento y marea, nuestro movimiento va construyendo las vías para una solución justa en medio de un nuevo contexto político nacional que favorece nuestra causa. La creación de una Comisión Plural en la Cámara de Diputados de mediación entre las partes en conflicto, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer nuestra demanda de amparo; la resolución del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral que restituye la personalidad jurídica de nuestra Dirección Sindical, son obra de nuestra tenaz resistencia.
El bloque de poder que decidió extinguir LYF se ha roto. La población y los mismos empresarios industriales y comerciales dentro de nuestra zona de atención están descontento con el pésimo servicio de CFE y sus contratistas. La opinión pública cambia de percepción respecto a nuestro conflicto. Los medios de comunicación se dividen a favor y en contra, los partidos inmersos en el proceso electoral se reposicionan en relación a nuestro movimiento y la solidaridad nacional e internacional crece día con día.
Es en este contexto, que la Asamblea General Extraordinaria acordó instalar una Huelga de Hambre Masiva en el Zócalo de la Cd. De México.
La huelga se convierte en una acción central que concentra a todas la fuerza acumuladas por nuestro movimiento no sólo para exigir una solución inmediata al conflicto sino para consolidar y extender su propio crecimiento.
La Huelga es la respuesta electricista a la intransigencia y cerrazón del gobierno federal, a su política de criminalización del movimiento, es nuestra respuesta política a la violenta represión en contra del SME, a las amenazas de encarcelamiento de la dirección del sindicato y de miles de electricistas en resistencia que están en la mira de los ministerios públicos federales. Y es la respuesta a la infame campaña de linchamiento de los medios de comunicación que provocaron un incuantificable daño moral a nuestras familias.
Hoy respondemos con nuestras vidas a tantas injurias, arbitrariedades, despojos, crímenes y vejaciones del gobierno de Felipe Calderón. Hoy respondemos con nuestras vidas a la falta de un empleo para sobrevivir, con la Huelga reclamamos se nos devuelvan nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, nuestra Jubilación que juntos nos son otra cosa que nuestro derecho a tener una vida digna. Si no hay vida digna no queremos vivir en el país de los derechos mutilados y las esperanzas truncadas, Nuestra hambre es de justicia y no de limosnas.
La Huelga de Hambre no es una acción desesperada. Es ante todo una acción consciente de reclamo de frente a un gobierno fascista que presume al mundo una falsa moral y tramposo prestigio de respeto a los derechos humanos. Es un acto de denuncia en contra de su ilegalidad criminal y abuso de poder que nos oprime bajo el catecismo neoliberal del saqueo y la explotación para ganancia de los mercados.
La Huelga de Hambre en el Bicentenario es para reivindicar a los héroes que nos dieron patria, para conmemorar las luchas heroicas de los mexicanos. Pero sobre todo para defender sus legados de libertad, justicia y democracia. La Huelga de Hambre es también la Huelga de todos contra el mal gobierno, su PFP y sus decretos espurios. Es por la solución a la Huelga de Cananea, en demanda de justicia para los deudos del crimen industrial de Pasta de Concho, por la libertad de los presos políticos de Atenco, por el castigo a los criminales que asesinan jóvenes y mujeres en Ciudad Juárez, por la solución a todas las demandas del Pueblo de México.
Llamamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales del trabajo, de, los derechos humanos, a los gobiernos democráticos, a las iglesias progresistas, a los pequeños y medianos comerciantes, a los partidos políticos, a los estudiantes, campesinos y pueblo trabajador a respaldar con acciones a la HUELGA de HAMBRE del SME hasta alcanzar nuestros objetivos. La victoria será de todos los que luchan por un México con justicia y Libertad. ¿SI NO ES AQUÍ, DIGANME DONDE? ¿SI NO SOMOS NOSOTROS, DIGANME QUIENES? SI NO ES AHORA, ¡¡CUANDO!!
¡¡VIVA EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS!!
¡¡REINTEGRACION AL TRABAJO PARA TODOS
LOS ELECTRICISTAS EN RESISTENCIA!!
¡¡RESPETO A NUESTRO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO!!
¡¡RECONOCIMIENTO Y RESPETO A NUESTRO
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO!!
¡¡UNA PATRIA NUEVA ES POSIBLE!!
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México, D. F., a 25 de Abril de 2010
COMITÉ CENTRAL
COMISIONES AUTÓNOMAS
SUBCOMITÉS DIVISIONALES
COMISIÓNES DE TRABAJO
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¡¡REINTEGRACION AL TRABAJO PARA TODOS
LOS ELECTRICISTAS EN RESISTENCIA!!
¡¡RESPETO A NUESTRO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO!!
¡¡RECONOCIMIENTO Y RESPETO A NUESTRO
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO!!
¡¡UNA PATRIA NUEVA ES POSIBLE!!
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México, D. F., a 25 de Abril de 2010
COMITÉ CENTRAL
COMISIONES AUTÓNOMAS
SUBCOMITÉS DIVISIONALES
COMISIÓNES DE TRABAJO
lunes, 26 de abril de 2010
Roban cables de luz en Cd. Chapultepec
Brenda Ramírez
Diario de Morelos
26-04-2010
Vecinos de la colonia Ciudad Chapultepec denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia a un trabajador de una compañía de televisión por cable de robar cables de luz en los andadores de la unidad habitacional.
Esto luego de sorprenderlo el miércoles pasado haciendo los cortes del cableado, yéndose con el material en una camioneta de la empresa.
El corte de los cables, que se dio también un día antes, afectó a por lo menos 30 familias de los andadores del conjunto habitacional, ya que perdieron sus aparatos electrónicos derivado de un corto circuito originado por el robo de cables de luz el 5 de marzo.
Raquel Figueroa, vecina del andador 101, refirió que el 4 de marzo se registraron bajas en el voltaje de la luz, por lo que reportaron el hecho a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A la mañana del día siguiente salía humo de la planta baja de su casa, pues se había registrado un corto y un incendio en la cocina, por lo que llamaron a los bomberos y cuando llegaron los bomberos se percataron que eran 30 las familias afectadas con la descompostura de los electrodomésticos.
Con el antecedente del reporte ante la CFE acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) a levantar una denuncia en contra de la paraestatal y ante la Profeco por el mal servicio y para recuperar sus aparatos.
“El personal de la CFE, que son contratistas, vinieron y primero nos acusaron de sabotaje, preguntaron si éramos del SME o algo de los de Compañía de Luz y Fuerza, después dijeron que sólo podrían actuar y hacer algo si teníamos al que se roba los cables”.
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Diario de Morelos
26-04-2010
Vecinos de la colonia Ciudad Chapultepec denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia a un trabajador de una compañía de televisión por cable de robar cables de luz en los andadores de la unidad habitacional.
Esto luego de sorprenderlo el miércoles pasado haciendo los cortes del cableado, yéndose con el material en una camioneta de la empresa.
El corte de los cables, que se dio también un día antes, afectó a por lo menos 30 familias de los andadores del conjunto habitacional, ya que perdieron sus aparatos electrónicos derivado de un corto circuito originado por el robo de cables de luz el 5 de marzo.
Raquel Figueroa, vecina del andador 101, refirió que el 4 de marzo se registraron bajas en el voltaje de la luz, por lo que reportaron el hecho a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A la mañana del día siguiente salía humo de la planta baja de su casa, pues se había registrado un corto y un incendio en la cocina, por lo que llamaron a los bomberos y cuando llegaron los bomberos se percataron que eran 30 las familias afectadas con la descompostura de los electrodomésticos.
Con el antecedente del reporte ante la CFE acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) a levantar una denuncia en contra de la paraestatal y ante la Profeco por el mal servicio y para recuperar sus aparatos.
“El personal de la CFE, que son contratistas, vinieron y primero nos acusaron de sabotaje, preguntaron si éramos del SME o algo de los de Compañía de Luz y Fuerza, después dijeron que sólo podrían actuar y hacer algo si teníamos al que se roba los cables”.
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En 25 años la pobreza se disparó, pese a gasto multimillonario en México: experto
- Oportunidades, el plan para combatirla menos eficiente en AL , afirma Genaro Aguilar
- El padrón del programa federal no es transparente y permite la exclusión de desamparados, dice
- Critica el académico del IPN que el asunto se resuelve con empleo y no con acciones sociales
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Lunes 26 de abril de 2010, p. 39
Aun con el gasto de casi 200 mil millones de dólares en programas sociales durante los últimos 25 años, el número de pobres pasó de 20 por ciento de la población a cerca de 50 por ciento, unos 53 millones de mexicanos, según cifras conservadoras, señala Genaro Aguilar, integrante del Sistema Nacional de Investigadores.
Indica que datos de los expertos revelan que hay unos 70 millones de personas en esa condición, y Oportunidades, el principal programa del gobierno federal contra la pobreza, no cumple con llegar a la gente que está en el nivel más bajo del ingreso y tampoco es transparente en la forma de definir el padrón de beneficiarios.
Oportunidades ha sido el mecanismo menos eficiente de combate a la pobreza en América Latina, porque carece de transparencia en la integración de los padrones de beneficiarios y no existe un ordenamiento jurídico que permita que los pobres que no son incluidos en él puedan ser integrados, explica el profesor de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Indica que, a diferencia de México, en Brasil hay leyes que permiten que los que no son pobres no entren al programa Bolsa Familia –el equivalente a Oportunidades– y que los que sí lo son puedan exigir su inclusión.
Evalúa que una de las razones por las que el mayor incremento de la pobreza se da en México, de acuerdo con datos del Banco Mundial difundidos la semana pasada, es que los programas no están diseñados en función de los más pobres. Explica que las reglas de Oportunidades “permiten la exclusión del contingente de la población más pobre”.
Otro problema, abunda, es que la pobreza no se resuelve con programas sociales, el camino debería ser un modelo económico que permita la creación de empleos bien remunerados y de manera sistemática, para que absorba la mano de obra que todos los años ingresa al mercado laboral.
“Nos dicen que se crearon 390 mil empleos, pero hay un rezago de 3.5 millones, y esto se refleja en el sector informal, ya que en 1984 había 1.8 millones de personas en éste, pero ahora son más de 12 millones, crecieron 10 veces, lo cual genera condiciones precarias para la población que está en ese sector, y tampoco tienen un sistema de protección social”, añade.
Refiere que anualmente se invierten en programas de combate a la pobreza unos 80 mil millones de pesos, lo cual ha dejado en los últimos 25 años un ejercicio de alrededor de 200 mil millones de dólares; sin embargo, la pobreza ha crecido. “Esto quiere decir que la inversión no ha servido para revertir la miseria, el modelo económico privilegia las reglas del mercado y no crea mecanismos para abatir la pobreza”.
Recuerda que en 2009 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social habló de un aumento de 6 millones de personas en pobreza, con datos a 2008, pero “mi estimación era que en los primeros tres años habría un total de 10.5 millones de pobres adicionales a los de 2006. Este gobierno ha salido reprobado en materia de desarrollo social. La política económica que ha generado este número de pobres no cambia”.
Clientelas políticas, las favorecidas
Refiere que ha encontrado que quienes se encargan de integrar el padrón de Oportunidades en las comunidades o en las colonias, esperan a que los líderes correspondientes les digan a quién incluir, “por lo que hay población que recibe el recurso y no es la que está en la parte más baja de la distribución del ingreso. Son las clientelas políticas que son integradas al programa, la gente más pobre que no está relacionada con esos líderes es excluida”.
En un análisis sobre los planes, sostiene que “hay un sistema de protección social compuesto por innumerables programas y políticas sectoriales, algunos opuestos a otros, de baja eficacia y eficiencia, de vida efímera e impermeable al control ciudadano”.
Asienta que “la falta de control en el gasto social se percibe en que no hay un padrón nacional de beneficiarios de los programas sociales, donde se pueda identificar con precisión quién y cómo reciben los beneficios de los programas sociales nacionales, estatales y municipales”.
Se carece de mecanismos de control ciudadano y transparencia en la ejecución de los recursos de combate a la pobreza, lo que se traduce en que muchos programas públicos profundizan, en lugar de atenuar, las desigualdades, asevera.
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Contratará CFE a ex trabajadores para dar mantenimiento a vehículos
Alejandro Muñoz propondrá mil nombres para que sean evaluados
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 26 de abril de 2010, p. 38
Integrantes de la Coalición de Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) firmaron la semana pasada un contrato mediante el cual se crea una empresa que dará mantenimiento a las unidades automotrices de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó Alejandro Muñoz.
Dijo que “en los próximos días se presentará una lista de mil trabajadores a la CFE, para que a la brevedad posible se les evalúe y puedan acceder a un puesto en esa paraestatal”.
Respecto del contrato de prestación de servicios a la CFE, explicó que se firmó el pasado 22 de abril y contempla la creación de una “empresa propiedad de agremiados del SME” para dar mantenimiento a las unidades automotrices de CFE.
Continuarán, sostuvo, las gestiones para que “más trabajadores formen su propia empresa, y que se entreguen más y mejores contratos a sus compañías, como en los casos de producción de tableros y mantenimiento de instalaciones eléctricas”.
Indicó que la coalición que encabeza (disidente del SME) condena la violencia como presión para buscar una solución a la problemática tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Dijo que esta organización refrenda su compromiso con los trabajadores de LFC para seguir buscando oportunidades que permitan establecer nuevas y mejores opciones productivas.
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Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 26 de abril de 2010, p. 38
Integrantes de la Coalición de Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) firmaron la semana pasada un contrato mediante el cual se crea una empresa que dará mantenimiento a las unidades automotrices de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó Alejandro Muñoz.
Dijo que “en los próximos días se presentará una lista de mil trabajadores a la CFE, para que a la brevedad posible se les evalúe y puedan acceder a un puesto en esa paraestatal”.
Respecto del contrato de prestación de servicios a la CFE, explicó que se firmó el pasado 22 de abril y contempla la creación de una “empresa propiedad de agremiados del SME” para dar mantenimiento a las unidades automotrices de CFE.
Continuarán, sostuvo, las gestiones para que “más trabajadores formen su propia empresa, y que se entreguen más y mejores contratos a sus compañías, como en los casos de producción de tableros y mantenimiento de instalaciones eléctricas”.
Indicó que la coalición que encabeza (disidente del SME) condena la violencia como presión para buscar una solución a la problemática tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Dijo que esta organización refrenda su compromiso con los trabajadores de LFC para seguir buscando oportunidades que permitan establecer nuevas y mejores opciones productivas.
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domingo, 25 de abril de 2010
Harán ayuno “presos de conciencia”
Redacción
Tribuna de Capeche
24 de Abril de 2010
Los denominados “presos de conciencia” por Amnistía Internacional, Sara López González, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, integrantes de la Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunciaron el inicio de una huelga de hambre a partir del cuatro de mayo, desde el interior del Cereso de San Francisco Kobén, en protesta porque se encuentran “detenidos injustamente”. Así lo dieron a conocer representantes de la Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la CFE de Candelaria, de La Otra Campaña y del Frente de Organizaciones de Izquierda “Jacinto Canek”, encabezados por Miguel Angel Valladares Herrera y Manuel de Atocha Chablé Gutiérrez.
Confirmaron que ayer sábado se entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”, a Sara López González, en Cuernavaca, Morelos, evento al que no pudo asistir por encontrarse encarcelada en San Francisco Kobén, aunque en su representación acudió uno de sus hijos.
“Nos sentimos orgullosos de nuestros compañeros de lucha de la Resistencia Civil, por el reconocimiento a la compañera Sara López, por su defensa de los derechos humanos, al contribuir con su lucha al derecho a una vida digna”, significó Valladares Herrera.
“Por desgracia, como los malos gobiernos mantienen a Sara encerrada junto con nuestros compañeros Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, no podrá recibir personalmente este merecido reconocimiento, lo cual lamentamos mucho, aunque nos sumamos a la celebración de este acontecimiento”, indicaron.
Denunciaron la insistencia de las autoridades de privarlos de la libertad, ya que a pesar de haber obtenido un amparo de un juzgado federal, la PGR apeló, y el amparo se encuentra en revisión por parte de una magistrada federal del Tribunal Colegiado, con sede en Mérida, Yucatán.
“El tiempo jurídico para que se emita una resolución se terminó, pero el retraso lo adjudica a tiempos administrativos, sirva este medio para solicitarle amablemente tenga la sensbilidad de atender primordialmente este caso, cuya delicadeza política debe ser tomada en cuenta”, señalaron.
Pidieron a la magistrada federal tomar en consideración los distintos pronunciamientos a favor de ellos, como la declaración de presos de conciencia por parte de Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, el Consejo General de Abogacía Española, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” y el Alto Comisionado de Derechos Humanos, entre otros.
Ante la negativa a resolver jurídicamente sus casos, los presos de conciencia se pondrán en huelga de hambre a partir del cuatro de mayo, “por lo que las organizaciones aquí representadas, demandamos que garanticen la seguridad médica de nuestros presos ante esta manifestación pacífica”.
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Tribuna de Capeche
24 de Abril de 2010
Los denominados “presos de conciencia” por Amnistía Internacional, Sara López González, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, integrantes de la Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunciaron el inicio de una huelga de hambre a partir del cuatro de mayo, desde el interior del Cereso de San Francisco Kobén, en protesta porque se encuentran “detenidos injustamente”. Así lo dieron a conocer representantes de la Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la CFE de Candelaria, de La Otra Campaña y del Frente de Organizaciones de Izquierda “Jacinto Canek”, encabezados por Miguel Angel Valladares Herrera y Manuel de Atocha Chablé Gutiérrez.
Confirmaron que ayer sábado se entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”, a Sara López González, en Cuernavaca, Morelos, evento al que no pudo asistir por encontrarse encarcelada en San Francisco Kobén, aunque en su representación acudió uno de sus hijos.
“Nos sentimos orgullosos de nuestros compañeros de lucha de la Resistencia Civil, por el reconocimiento a la compañera Sara López, por su defensa de los derechos humanos, al contribuir con su lucha al derecho a una vida digna”, significó Valladares Herrera.
“Por desgracia, como los malos gobiernos mantienen a Sara encerrada junto con nuestros compañeros Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, no podrá recibir personalmente este merecido reconocimiento, lo cual lamentamos mucho, aunque nos sumamos a la celebración de este acontecimiento”, indicaron.
Denunciaron la insistencia de las autoridades de privarlos de la libertad, ya que a pesar de haber obtenido un amparo de un juzgado federal, la PGR apeló, y el amparo se encuentra en revisión por parte de una magistrada federal del Tribunal Colegiado, con sede en Mérida, Yucatán.
“El tiempo jurídico para que se emita una resolución se terminó, pero el retraso lo adjudica a tiempos administrativos, sirva este medio para solicitarle amablemente tenga la sensbilidad de atender primordialmente este caso, cuya delicadeza política debe ser tomada en cuenta”, señalaron.
Pidieron a la magistrada federal tomar en consideración los distintos pronunciamientos a favor de ellos, como la declaración de presos de conciencia por parte de Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, el Consejo General de Abogacía Española, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” y el Alto Comisionado de Derechos Humanos, entre otros.
Ante la negativa a resolver jurídicamente sus casos, los presos de conciencia se pondrán en huelga de hambre a partir del cuatro de mayo, “por lo que las organizaciones aquí representadas, demandamos que garanticen la seguridad médica de nuestros presos ante esta manifestación pacífica”.
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Día... ¿del Trabajo?
AGENCIA REFORMA
El Siglo de Torreón
25 de Abril del 2010
El fracaso en la generación de empleo (principal oferta de Felipe Calderón en campaña), la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, los conflictos con dos sindicatos adversos al régimen (mineros y electricistas), la connivencia con el sindicalismo oficial (maestros y petroleros, principalmente) y un nuevo debate en torno a la necesidad de una reforma laboral caracterizan el Día del Trabajo en el cuarto año de este Gobierno.
Con una tasa de desempleo del 5.4 por ciento, carencia de empleos formales y un incremento notable del subempleo y la informalidad, los trabajadores dicen que no hay mucho que celebrar el próximo primero de mayo. Esto, a pesar de que oficialmente comienza a llegarse al final de la crisis económica.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 2007 y marzo de 2010 se crearon poco más de 496 mil plazas laborales; es decir, en tres años de gobierno, el presidente Calderón logró la mitad de los empleos que prometió generar anualmente.
La escasez de puestos de trabajo formales provocó que más de un millón 200 mil personas se incorporaran al empleo informal: en enero de 2007 el número de personas que trabajaban en la informalidad ascendía a 11 millones 393 mil y en diciembre de 2009 la cifra se disparó a 12 millones 612 mil personas.
A futuro se prevé un panorama poco optimista: según un estudio de Banamex, la tasa de desempleo abierta será para 2010 de 5.8 por ciento y del 5.5 por ciento en 2011. Con base en estas previsiones y el crecimiento de la Población Económicamente Activa, se esperaría un déficit de empleos formales de entre 518 y 557 mil cada año.
A la limitada generación de empleos formales se suman las deficiencias de los salarios, el aumento de impuestos y el incremento en el costo de los servicios e insumos básicos.
En los últimos cuatro años, mientras que el salario mínimo promedio pasó de 49 a 56 pesos diarios, el costo de la canasta básica aumentó de 131 pesos en enero de 2008 a 149 pesos en marzo de 2010.
Aunado a ello, en octubre pasado el Congreso aprobó una Ley de Ingresos que impactó directamente en el poder adquisitivo: la tasa del Impuesto al Valor Agregado aumentó a 16 por ciento, aumentaron las tasas del Impuesto Sobre la Renta y se creó un nuevo impuesto de 3 por ciento a las telecomunicaciones.
En paralelo, se descongelaron los precios de los combustibles (gas, diesel y gas LP), lo que provocó una escalada de precios.
En este contexto, el Gobierno Federal y su partido decidieron reabrir el debate en torno a una reforma laboral. El 18 de marzo el PAN presentó una iniciativa de reforma que plantea, entre otras cosas, incluir en la legislación la modalidad de contratación por horas y temporada y limitar el pago de salarios caídos; incluye el concepto de "multihabilidad" -que implica que los empleados desarrollen diversas funciones- e introduce nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga.
Gobierno, PAN e iniciativa privada aseguran que si se aprobara esta reforma se generarían condiciones para crear más empleos formales.
Desde la Oposición, PRD y PRI rechazaron la propuesta oficial.
El 20 de abril pasado el PRD presentó una contrapropuesta que plantea modificaciones a la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social.
La iniciativa perredista propone, entre otras cosas, reconocer como derechos humanos los derechos laborales, establecer en 40 horas la semana laboral, garantizar el derecho a huelga, la creación de un registro público nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos, así como la sustitución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por un Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades a fin de que sea el Congreso y no el Ejecutivo federal quien determine los niveles salariales.
El PRI advirtió que "no pasará" ningún proyecto que lesione las conquistas laborales y se comprometió a presentar su propuesta en septiembre, por lo que se espera que la reforma laboral sea discutida hasta el arranque del segundo año de la LXI Legislatura.
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El Siglo de Torreón
25 de Abril del 2010
El fracaso en la generación de empleo (principal oferta de Felipe Calderón en campaña), la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, los conflictos con dos sindicatos adversos al régimen (mineros y electricistas), la connivencia con el sindicalismo oficial (maestros y petroleros, principalmente) y un nuevo debate en torno a la necesidad de una reforma laboral caracterizan el Día del Trabajo en el cuarto año de este Gobierno.
Con una tasa de desempleo del 5.4 por ciento, carencia de empleos formales y un incremento notable del subempleo y la informalidad, los trabajadores dicen que no hay mucho que celebrar el próximo primero de mayo. Esto, a pesar de que oficialmente comienza a llegarse al final de la crisis económica.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 2007 y marzo de 2010 se crearon poco más de 496 mil plazas laborales; es decir, en tres años de gobierno, el presidente Calderón logró la mitad de los empleos que prometió generar anualmente.
La escasez de puestos de trabajo formales provocó que más de un millón 200 mil personas se incorporaran al empleo informal: en enero de 2007 el número de personas que trabajaban en la informalidad ascendía a 11 millones 393 mil y en diciembre de 2009 la cifra se disparó a 12 millones 612 mil personas.
A futuro se prevé un panorama poco optimista: según un estudio de Banamex, la tasa de desempleo abierta será para 2010 de 5.8 por ciento y del 5.5 por ciento en 2011. Con base en estas previsiones y el crecimiento de la Población Económicamente Activa, se esperaría un déficit de empleos formales de entre 518 y 557 mil cada año.
A la limitada generación de empleos formales se suman las deficiencias de los salarios, el aumento de impuestos y el incremento en el costo de los servicios e insumos básicos.
En los últimos cuatro años, mientras que el salario mínimo promedio pasó de 49 a 56 pesos diarios, el costo de la canasta básica aumentó de 131 pesos en enero de 2008 a 149 pesos en marzo de 2010.
Aunado a ello, en octubre pasado el Congreso aprobó una Ley de Ingresos que impactó directamente en el poder adquisitivo: la tasa del Impuesto al Valor Agregado aumentó a 16 por ciento, aumentaron las tasas del Impuesto Sobre la Renta y se creó un nuevo impuesto de 3 por ciento a las telecomunicaciones.
En paralelo, se descongelaron los precios de los combustibles (gas, diesel y gas LP), lo que provocó una escalada de precios.
En este contexto, el Gobierno Federal y su partido decidieron reabrir el debate en torno a una reforma laboral. El 18 de marzo el PAN presentó una iniciativa de reforma que plantea, entre otras cosas, incluir en la legislación la modalidad de contratación por horas y temporada y limitar el pago de salarios caídos; incluye el concepto de "multihabilidad" -que implica que los empleados desarrollen diversas funciones- e introduce nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga.
Gobierno, PAN e iniciativa privada aseguran que si se aprobara esta reforma se generarían condiciones para crear más empleos formales.
Desde la Oposición, PRD y PRI rechazaron la propuesta oficial.
El 20 de abril pasado el PRD presentó una contrapropuesta que plantea modificaciones a la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social.
La iniciativa perredista propone, entre otras cosas, reconocer como derechos humanos los derechos laborales, establecer en 40 horas la semana laboral, garantizar el derecho a huelga, la creación de un registro público nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos, así como la sustitución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por un Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades a fin de que sea el Congreso y no el Ejecutivo federal quien determine los niveles salariales.
El PRI advirtió que "no pasará" ningún proyecto que lesione las conquistas laborales y se comprometió a presentar su propuesta en septiembre, por lo que se espera que la reforma laboral sea discutida hasta el arranque del segundo año de la LXI Legislatura.
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Viven mexicanos ‘violencia laboral de Estado’
Se rompen récords en la violación de derechos de trabajadores y sindicalizados, la STPS legitima abusos y la impunidad empresarial se extiende, reclaman activistas (Foto: Agencias)
Arturo Rodríguez García/Rosalía Vergara
Proceso
24-04-2010
Distrito Federal— Mientras que el gobierno de Felipe Calderón deberá responder ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instancias por graves violaciones a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores, uno de los organismos quejosos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), definió en México la actitud de Calderón y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, como una “violencia laboral de Estado”.
Esa visión la comparte la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera (FITIM), que en febrero de 2009 interpuso ante la OIT una queja contra la política laboral de México, principalmente por privilegiar y avalar los contratos de protección en beneficio de los empresarios, y por la existencia de sindicatos blancos.
En el mismo sentido, el 8 de abril de 2010, el propio Cereal, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex (Untypp) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otros gremios, acudieron al Tribunal Internacional de Libertad Sindical para dejar constancia sobre la violación de los derechos laborales en México, que ha ido en aumento durante los regímenes panistas.
Si bien durante los gobiernos priístas se privilegió al corporativismo sindical como una forma de controlar al movimiento obrero, durante los últimos 12 años –de los cuales casi una década corresponde al panismo en el poder– se ha intentado reformar la Ley Federal del Trabajo en 332 ocasiones, según Lozano Alarcón.
Y aunque la más reciente iniciativa todavía no se aprueba en la Cámara de Diputados, buena parte de la misma se ha venido aplicando en los hechos, pues han aumentado la subcontratación y la terciarización de contrataciones mediante el outsourcing, además de que el 90 por ciento de los contratos colectivos que se firman en el país son “de protección”, es decir, benefician a las empresas y perjudican a los trabajadores.
En septiembre próximo, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, los 72 diputados priístas miembros del sector obrero presentarán su propia iniciativa de reforma laboral porque la de los panistas “no sirve”, dijo el pasado martes 20 de abril el cuatro veces diputado federal y secretario de Finanzas de la CTM, Armando Neyra Chávez.
Por eso, ese mismo día el secretario general adjunto del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el diputado federal del PRD Francisco Hernández Juárez, presentó al pleno la iniciativa que elaboró desde el año 2002 con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Esta propuesta es diametralmente distinta a la panista, ya que prevé suprimir el apartado B del artículo 123 constitucional para otorgar el derecho a huelga a los trabajadores al servicio del Estado; desaparece la Comisión de Salarios Mínimos y elimina la facultad de la STPS de entregar la toma de nota a los sindicatos.
En su XIII Informe sobre Violaciones a los Derechos Laborales en 2009, titulado Violencia laboral de Estado, el Cereal señala que el año pasado se caracterizó por la injerencia y parcialidad de la autoridad laboral en cuestiones intrasindicales, contraviniendo el Convenio 86 de la OIT.
Esta actitud tuvo uno de sus momentos más lesivos y dramáticos con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le negó la toma de nota al secretario general, Martín Esparza.
Por eso el Cereal y la Coordinación de Derechos Humanos y Empresas de Amnistía Internacional –a cargo de Dolores Soto– coincidieron en que durante los gobiernos panistas se ha incrementado la violencia laboral de Estado porque se está viviendo un retroceso en materia de derechos humanos laborales, de acuerdo con los pronunciamientos que hicieron en una conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 21, cuando presentaron el informe.
“En definitiva, vivimos un retroceso en materia de derechos humanos laborales y, por ende, en el nivel de vida de los trabajadores del país”, señaló Soto.
En el encuentro con la prensa, Carlos Rodríguez, del Cereal, y el abogado laboralista Manuel Fuentes advirtieron que el proyecto de reforma presentado por Lozano pretende cancelar las conquistas logradas por los trabajadores desde la Revolución Mexicana.
Ese mismo día, en Washington, Lozano pedía que la Cámara de Diputados mexicana aprobara su iniciativa para que el país avance en los índices de competitividad del Foro Económico Mundial. Allí, durante su intervención en la Reunión de Ministros del Trabajo y Empleo de países miembros del G-20, Lozano afirmó que 2009 fue el año con el menor número de huelgas en la historia moderna de México, pues sólo estallaron 19.
Sin embargo, de acuerdo con el informe del Cereal, para el mes de agosto de ese mismo año se habían registrado 8 mil emplazamientos a huelga, una cifra no vista desde hacía 20 años. Y la principal exigencia era la firma de contratos colectivos de trabajo.
El funcionario panista expresó ante sus homólogos extranjeros que se crearon 300 mil empleos formales en México, beneficiando a 2 millones de personas, y comparativamente recordó que en 1995 el empleo formal cayó 8.2 por ciento.
Pero en su documento el Cereal subraya que las cifras de 2009 son “el peor balance desde 1995”, pues se reportaron 3 millones 10 mil mexicanos desempleados, lo que representó penuria para 15 millones de mexicanos si se considera a sus familias. “Así que, durante el año 2009, vivimos las mayores tasas de desocupación históricamente registradas en el país. Además, los ocupados en el sector informal superaron a los formalmente registrados en el IMSS, 12 millones 371 mil”, precisa.
Más aún, continúa, el año pasado el IMSS canceló 181 mil 271 plazas formales, y 10 mil 966 empresas –el 70 por ciento de las cuales pertenecían al sector industrial– se dieron de baja en el propio IMSS.
“La promesa anual de Calderón fue la generación de 800 mil empleos. En tres años de gobierno ni siquiera ha creado un millón de plazas. Al contrario, se han perdido más de 3 millones 500 mil empleos”, indica el reporte de 111 páginas.
Cifras ‘alegres’
Arturo Rodríguez García/Rosalía Vergara
Proceso
24-04-2010
Distrito Federal— Mientras que el gobierno de Felipe Calderón deberá responder ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instancias por graves violaciones a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores, uno de los organismos quejosos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), definió en México la actitud de Calderón y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, como una “violencia laboral de Estado”.
Esa visión la comparte la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera (FITIM), que en febrero de 2009 interpuso ante la OIT una queja contra la política laboral de México, principalmente por privilegiar y avalar los contratos de protección en beneficio de los empresarios, y por la existencia de sindicatos blancos.
En el mismo sentido, el 8 de abril de 2010, el propio Cereal, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex (Untypp) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otros gremios, acudieron al Tribunal Internacional de Libertad Sindical para dejar constancia sobre la violación de los derechos laborales en México, que ha ido en aumento durante los regímenes panistas.
Si bien durante los gobiernos priístas se privilegió al corporativismo sindical como una forma de controlar al movimiento obrero, durante los últimos 12 años –de los cuales casi una década corresponde al panismo en el poder– se ha intentado reformar la Ley Federal del Trabajo en 332 ocasiones, según Lozano Alarcón.
Y aunque la más reciente iniciativa todavía no se aprueba en la Cámara de Diputados, buena parte de la misma se ha venido aplicando en los hechos, pues han aumentado la subcontratación y la terciarización de contrataciones mediante el outsourcing, además de que el 90 por ciento de los contratos colectivos que se firman en el país son “de protección”, es decir, benefician a las empresas y perjudican a los trabajadores.
En septiembre próximo, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, los 72 diputados priístas miembros del sector obrero presentarán su propia iniciativa de reforma laboral porque la de los panistas “no sirve”, dijo el pasado martes 20 de abril el cuatro veces diputado federal y secretario de Finanzas de la CTM, Armando Neyra Chávez.
Por eso, ese mismo día el secretario general adjunto del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el diputado federal del PRD Francisco Hernández Juárez, presentó al pleno la iniciativa que elaboró desde el año 2002 con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Esta propuesta es diametralmente distinta a la panista, ya que prevé suprimir el apartado B del artículo 123 constitucional para otorgar el derecho a huelga a los trabajadores al servicio del Estado; desaparece la Comisión de Salarios Mínimos y elimina la facultad de la STPS de entregar la toma de nota a los sindicatos.
En su XIII Informe sobre Violaciones a los Derechos Laborales en 2009, titulado Violencia laboral de Estado, el Cereal señala que el año pasado se caracterizó por la injerencia y parcialidad de la autoridad laboral en cuestiones intrasindicales, contraviniendo el Convenio 86 de la OIT.
Esta actitud tuvo uno de sus momentos más lesivos y dramáticos con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le negó la toma de nota al secretario general, Martín Esparza.
Por eso el Cereal y la Coordinación de Derechos Humanos y Empresas de Amnistía Internacional –a cargo de Dolores Soto– coincidieron en que durante los gobiernos panistas se ha incrementado la violencia laboral de Estado porque se está viviendo un retroceso en materia de derechos humanos laborales, de acuerdo con los pronunciamientos que hicieron en una conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 21, cuando presentaron el informe.
“En definitiva, vivimos un retroceso en materia de derechos humanos laborales y, por ende, en el nivel de vida de los trabajadores del país”, señaló Soto.
En el encuentro con la prensa, Carlos Rodríguez, del Cereal, y el abogado laboralista Manuel Fuentes advirtieron que el proyecto de reforma presentado por Lozano pretende cancelar las conquistas logradas por los trabajadores desde la Revolución Mexicana.
Ese mismo día, en Washington, Lozano pedía que la Cámara de Diputados mexicana aprobara su iniciativa para que el país avance en los índices de competitividad del Foro Económico Mundial. Allí, durante su intervención en la Reunión de Ministros del Trabajo y Empleo de países miembros del G-20, Lozano afirmó que 2009 fue el año con el menor número de huelgas en la historia moderna de México, pues sólo estallaron 19.
Sin embargo, de acuerdo con el informe del Cereal, para el mes de agosto de ese mismo año se habían registrado 8 mil emplazamientos a huelga, una cifra no vista desde hacía 20 años. Y la principal exigencia era la firma de contratos colectivos de trabajo.
El funcionario panista expresó ante sus homólogos extranjeros que se crearon 300 mil empleos formales en México, beneficiando a 2 millones de personas, y comparativamente recordó que en 1995 el empleo formal cayó 8.2 por ciento.
Pero en su documento el Cereal subraya que las cifras de 2009 son “el peor balance desde 1995”, pues se reportaron 3 millones 10 mil mexicanos desempleados, lo que representó penuria para 15 millones de mexicanos si se considera a sus familias. “Así que, durante el año 2009, vivimos las mayores tasas de desocupación históricamente registradas en el país. Además, los ocupados en el sector informal superaron a los formalmente registrados en el IMSS, 12 millones 371 mil”, precisa.
Más aún, continúa, el año pasado el IMSS canceló 181 mil 271 plazas formales, y 10 mil 966 empresas –el 70 por ciento de las cuales pertenecían al sector industrial– se dieron de baja en el propio IMSS.
“La promesa anual de Calderón fue la generación de 800 mil empleos. En tres años de gobierno ni siquiera ha creado un millón de plazas. Al contrario, se han perdido más de 3 millones 500 mil empleos”, indica el reporte de 111 páginas.
Cifras ‘alegres’
Un análisis de los informes presidenciales de Felipe Calderón resume que de enero de 2007 a julio de 2009 se presentaron 26 mil 954 emplazamientos a huelga (aunque sólo estallaron 59), 11 mil 79 más que en el periodo correspondiente del sexenio de Fox.
De enero a julio del 2009 la JFCA recibió 53 mil 646 demandas laborales individuales que, sumadas a las 164 mil 74 recibidas de enero de 2007 a diciembre del 2008, representan 217 mil 720 casos, 88.1 por ciento más que las registradas durante los primeros dos años y medio del gobierno foxista.
Además, entre los conflictos laborales más notables del panismo está el de Pasta de Conchos, el cual, aunque fue heredado por el gobierno foxista, no se ha traducido en este sexenio en el rescate de 65 mineros sepultados, ni en la imposición de sanciones a la empresa Industrial Minera México.
Otro de los conflictos heredados por el foxismo fue el del SNTMMSRM, a raíz de que la Secretaría del Trabajo le negó la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia como líder que había sido reelegido. Lozano Alarcón justificó la negativa con el argumento de que Gómez Urrutia era “prófugo de la justicia”.
Asimismo, apenas iniciado este sexenio, en marzo de 2007, la Compañía Mexicana de Aviación promovió ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la modificación del contrato colectivo de trabajo de las integrantes de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). En agosto del año siguiente, la empresa obtuvo lo que pedía, ahorrándose 25 millones de dólares en prestaciones. ASSA buscó revertir ese fallo, por la vía del amparo, pero de manera infructuosa.
El hecho es que, en todas partes, la STPS legitima abusos mientras la impunidad empresarial se extiende, como en Monterrey, donde una empresa hace firmar renuncias a los trabajadores aunque los mantiene trabajando, pagándoles como sueldo la liquidación que les corresponde.
El investigador del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, Carlos Rodríguez Rivera, manifiesta lo anterior y recuerda que, en abril de 2006, un paro laboral en Lázaro Cárdenas terminó en el desalojo violento de los trabajadores, con la participación de policías federales, e inclusive de la Armada, con un saldo de dos asalariados muertos. Igualmente, prosigue, “en Sonora no se ven muestras de legalidad, porque hay declaraciones de inexistencia, movilizaciones y la amenaza del Ejército” contra los trabajadores.
Menciona también el caso del Movimiento Obrerista Petrolero de Evolución Democrática, de la Sección 50 del sindicato petrolero, ubicada en Paraíso, Tabasco, y el Movimiento Obrerista Democrático de Acción Petrolera, de la Sección 29, de Comalcalco, en cuyas elecciones seccionales de octubre pasado el Comité de Observadores Independientes documentó numerosas irregularidades, como la negación de registro a planillas opositoras, y una actuación parcial de autoridades a favor de las planillas oficiales.
De acuerdo con Manuel Padrón, coordinador del Cereal e integrante del COI, el día del registro los opositores al grupo oficial fueron encerrados en el recinto gremial hasta que se cerró el registro.
Otro caso es el de la empresa Industria Vidriera del Potosí (IVP), una de las fábricas de botellas de Grupo Modelo, donde los trabajadores consiguieron en 2007 la toma de nota para conseguir un sindicato independiente encabezado por Valentín Marín Quistián.
El problema inició cuando abandonaron la CTM y lograron un incremento salarial de 19 por ciento. La Coparmex calificó entonces al sindicato de “radical”, y el gobernador panista Marcelo de los Santos descalificó al gremio en estos términos: “Con su aumento, pusieron en riesgo todas las revisiones salariales de la zona industrial”.
Luego, aunque cuenta con la mayoría de los trabajadores a su favor, el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del Potosí (SUTEIVP) fue notificado de que la CTM y la CROC le disputaban la titularidad.
Según Ben Davis, quien documentó el caso para AFL-CIO en México, la empresa amenazó con despedir a quienes no se afiliaran al sindicato de la CROC, pero los trabajadores se mantuvieron y pidieron una reunión pública con Javier Lozano. Aunque éste se comprometió allí a respetar la voluntad de los miembros del SUTEIVP, más tarde avaló –de acuerdo con Ben Davis– una andanada represiva que concluyó el 9 de mayo de 2009 con la incursión de policías federales, estatales y municipales en las instalaciones.
Mientras tanto, en el exterior de la planta, los obreros inconformes eran sometidos y encañonados por los cuerpos policiacos. Finalmente, los integrantes del SUTEIVP fueron derrotados, desalojados y su sindicato independiente suplantado por el de la CROC.
En Monterrey, el Cereal documentó el caso de un contrato avalado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde los trabajadores cedieron sus derechos a cambio de una “gratificación” semanal si cumplen con su trabajo. En 2009, Industria Automotriz, S.A. de C.V., que previamente había anunciado que cerraría por quiebra y que no había capital suficiente para las liquidaciones, hizo firmar a los trabajadores un convenio donde se establece que nada se les debe y que están dispuestos a seguir laborando a cambio de una “gratificación” semanal.
Casos como este reporta también la presidenta del Comité Fronterizo de Obreras, Julia Quiñones, quien afirma que Platunnum Equity, de Piedras Negras, luego de ofrecer un aumento salarial raquítico, anunció paro técnico para dejar a los trabajadores sin posibilidades de negociar, mientras que en Ciudad Acuña otra firma, Nissien de México, también se declaró en paro técnico y sólo llamará a sus trabajadores cuando a su criterio lo decida con el aval de la JLCA.
Tras apuntar que otras empresas, como Rassini o Hendrikson, pagan a sus ex trabajadores liquidaciones en abonos, Julia Quiñones concluye: “No hay justicia para los trabajadores. Las empresas tienen el apoyo del gobierno, local, estatal y nacional sean del partido que sea. Las juntas no son imparciales. La STPS es un parapeto, un títere de las empresas”.
Por su parte, Carlos Rodríguez Rivera dice: “Lo que estamos viendo es la justicia laboral deslegitimada, supeditada a los negocios privados; es la reforma laboral de facto al estilo Lozano Alarcón”.
Las quejas
La queja presentada ante la OIT por la FITIM –organización que representa a 25 millones de trabajadores de 200 sindicatos en 100 países– subraya la existencia de los contratos de protección, así como las violaciones al derecho de sindicación y libertad sindical.
En sus 47 fojas, resalta que la política laboral mexicana permite a los patrones elegir al sindicato de su preferencia, anulando derechos como el de huelga, porque es una de las condiciones que negocian los abogados patronales con los sindicatos de la CTM, el CT o la CROC.
“La legislación doméstica laboral incluye normas protectoras a los trabajadores que están fuera de su alcance debido a la red de complicidad establecida entre la justicia laboral, patrón y sindicatos, componentes clave del modelo de ‘contratismo de protección patronal’”, dice la queja, conocida como el caso 2694 de la OIT.
“Como se señala en la queja, las leyes laborales en México y la forma que son aplicadas por el gobierno y los empleadores dan frecuentemente como resultado convenios colectivos concertados entre un ‘sindicato’ y un empleador sin referencia alguna a los trabajadores que abarca. Estos acuerdos son conocidos como contratos de protección, y los abogados estiman que la inmensa mayoría de los convenios en México son contratos de protección”, refiere Benjamín Davis, representante de la FITIM, en un comunicado fechado el 1 de abril pasado.
En entrevista con este semanario, Davis acepta que, “peor aún, los trabajadores que tratan de establecer un sindicato independiente y negociar un contrato colectivo, son objeto de represalias, intimidación, amenazas, violencia, despidos e inclusiones en listas negras”.
Pese a todo, el 23 de marzo de 2010, la Secretaría del Trabajo respondió a la OIT que “la FITIM no tiene competencia para presentar una queja”, que “los contratos de protección no existen en México” y que “no se han violado los derechos laborales de ningún trabajador porque la ley mexicana lo prohíbe”. Es una respuesta de 32 páginas que incluye cartas de respaldo de la CTM, la CROC, la Coparmex y la Concamin.
Sin embargo, unos días después, el 12 de abril de 2010, la Confederación Sindical Internacional se agregó como denunciante ante la OIT, haciendo suya la queja de la FITIM.
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Afectada, la reconexión de grandes consumidores de luz en el Centro
- La liquidación de LFC interrumpió la campaña para evitar cortocircuitos en la zona
- El desconocimiento de la red por parte de la CFE pone en riesgo varias partes del primer cuadro, afirma Protección Civil
- La próxima semana se reunirán autoridades para analizar plazos
Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Domingo 25 de abril de 2010, p. 32
La extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) afectó el proceso de cambio de conexión de 48 grandes consumidores de energía eléctrica del Centro Histórico para pasarlos de la red baja a una de mediana tensión, que era una de las medidas del Gobierno del Distrito Federal encaminadas a evitar cortocircuitos en las mufas (conexiones eléctricas subterráneas) de la zona, señaló Adrián Noriega Cornejo, subdirector de Prevención de la Secretaría de Protección Civil capitalina.
En entrevista, el funcionario explicó que el proyecto se realizaba en coordinación con la paraestatal, además de que los involucrados –empresas, comercios y dependencias públicas–, aceptaron la medida e incluso en al menos la mitad de los casos ya sólo falta instalar los nuevos transformadores y cableado.
Sin embargo, debido al desconocimiento de la red por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encargada de administrar las instalaciones eléctricas en el DF, “apenas se dan cuenta” de que para hacer el cambio es necesario terminar la construcción de una red superpuesta que permitirá el cambio de conexión, obra que ya había comenzado LFC.
Ante esta situación, Noriega Cornejo manifestó su preocupación porque ante la llegada de la temporada de lluvias aumentó el riesgo de más cortocircuitos en las mufas del Centro Histórico, por lo que la Secretaría de Protección Civil estudia imponer medidas de seguridad como sancionar a aquellos comercios que viertan aguas negras o jabonosas en los registros, evitar el comercio informal en las zonas de riesgo e incluso el cierre de negocios si, como el año pasado, se presentan explosiones que pongan en riesgo a los ciudadanos.
Los grandes usuarios de electricidad en el Centro, como bancos, restaurantes, tiendas departamentales, así como los palacios Nacional y del Ayuntamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso la Catedral Metropolitana, están conectados a la red de baja tensión, una de las causas de los cortocircuitos, por el sobrecalentamiento del sistema.
Antes de la extinción de LFC, la Secretaría de Protección Civil había acordado con la paraestatal el cambio de conexión, para lo cual comenzó la realización de la red superpuesta que permitiría llevar a cabo el proceso. En diciembre del año pasado, la dependencia emitió una resolución en la que dio un plazo de tres meses a esas empresas y dependencias para prepararse para llevar a cabo el procedimiento, toda vez que se tenía proyectado que en ese tiempo concluiría la construcción de la citada red.
La obra se suspendió al declararse la extinción de Luz y Fuerza, sin que la CFE haya retomado los trabajos, pues no los tiene presupuestados, aunado a que el personal de esta instancia “apenas está conociendo la red”, manifestó Adrián Noriega; mientras que buena parte de los grandes consumidores, que en su totalidad aceptaron la medida, tienen ya todo listo, incluida la adquisición de material para llevar a cabo el procedimiento.
Ante esta situación funcionarios de la Secretaría de Protección Civil capitalina se reunirán la próxima semana con autoridades de la CFE para establecer un plazo para la realización de este proyecto.
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sábado, 24 de abril de 2010
Video. Que el Terror y el Dolor no nos hangan Indiferentes
Una realidad en México, este es el verdadero rostro de lo que las autoridades quieren cubrir con el maquillaje del bicentenario, un pueblo bueno ke sufre dia a dia la impotencia de ver pisoteados sus derechos y garantias conquistadas x aquellos heroes nacionales que ahora solo conocen las nuevas generaciones x festejar un "bicentenario" que no entienden...
Sólo le pido a Dios ke la indiferencia del resto de los mexicanos desaparezca y abran los ojos a la realidad de nuestros dias: Un abrazo fraternal a los mineros de Cananea, a los Electricistas del SME toda mi admiracion y respeto x ser un sindicato combativo, un saludo a todos esos padres ke perdieron a sus hijos en el incendio de Hermosillo, un vinculo de hermandad para los familiares de mujeres ke han muerto y nadie les ha hecho justicia, un combativo abrazo a los hermanos indigenas de Chiapas, a los pueblos de Oaxaca y Atenco ke han sufrido tanto el golpe de los tiranos ke nos gobiernan, No estan solos, no todo esta perdido, si desaparece la indiferencia ante su dolor y su lucha...
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Sólo le pido a Dios ke la indiferencia del resto de los mexicanos desaparezca y abran los ojos a la realidad de nuestros dias: Un abrazo fraternal a los mineros de Cananea, a los Electricistas del SME toda mi admiracion y respeto x ser un sindicato combativo, un saludo a todos esos padres ke perdieron a sus hijos en el incendio de Hermosillo, un vinculo de hermandad para los familiares de mujeres ke han muerto y nadie les ha hecho justicia, un combativo abrazo a los hermanos indigenas de Chiapas, a los pueblos de Oaxaca y Atenco ke han sufrido tanto el golpe de los tiranos ke nos gobiernan, No estan solos, no todo esta perdido, si desaparece la indiferencia ante su dolor y su lucha...
Acuerdan autoridades y CFE monitorear las presas
HERIBERTO HERNÁNDEZ CASTILLO
RADIO EXPRESIÓN
23/Abril/2010
Autoridades y operativos acordaron mantener un monitoreo constante de las presas que forman parte de la cuenca hidrológica del complejo Necaxa, para evitar alguna contingencia ante el acumulamiento de agua en los vasos.
La sede fue la presidencia municipal y el mediador el alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo, quien en coordinación con el Sindicato Mexicano de Electricistas y representantes de la Comisión Federal de Electricidad, convinieron monitorear constantemente las presas.
De manera conjunta, los operativos de la Comisión Federal de Electricidad que están cerca de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con la supervisión de los integrantes del gremio del SME, estarán desfogando a las presas que así lo necesiten.
Las lluvias atípicas ocasionaron que las presas de Tenango y la de Necaxa, estén a niveles no comunes en estos meses en los que regularmente hay estiaje, con esto se ha generado alarma entre los habitantes de las poblaciones vecinas.
Las preguntas recurrentes son: -“¿Por qué están llenas las presas si en estos días siempre están con menos agua?, ¿Por qué no se les ha sacado el agua si se nota que rápido se van llenando y las lluvias no han terminado?, ¿Quién es el responsable en este momento de las presas?”, son los cuestionamientos de la gente que tiene poca información.
Los cuerpos de protección civil municipales, tanto de Huauchinango como de Juan Galindo, se mantienen al margen de las instalaciones aunque no así de la vigilancia del comportamiento de los lagos, pero poco pueden hacer fuera de la infraestructura, por ser propiedad federal.
Con el convenio que se hizo entre las parte involucradas, el Director de Protección Civil, Ofir Picazo Garrido, comentó que se espera que haya una mayor tranquilidad en la población.
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23/Abril/2010
Autoridades y operativos acordaron mantener un monitoreo constante de las presas que forman parte de la cuenca hidrológica del complejo Necaxa, para evitar alguna contingencia ante el acumulamiento de agua en los vasos.
La sede fue la presidencia municipal y el mediador el alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo, quien en coordinación con el Sindicato Mexicano de Electricistas y representantes de la Comisión Federal de Electricidad, convinieron monitorear constantemente las presas.
De manera conjunta, los operativos de la Comisión Federal de Electricidad que están cerca de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con la supervisión de los integrantes del gremio del SME, estarán desfogando a las presas que así lo necesiten.
Las lluvias atípicas ocasionaron que las presas de Tenango y la de Necaxa, estén a niveles no comunes en estos meses en los que regularmente hay estiaje, con esto se ha generado alarma entre los habitantes de las poblaciones vecinas.
Las preguntas recurrentes son: -“¿Por qué están llenas las presas si en estos días siempre están con menos agua?, ¿Por qué no se les ha sacado el agua si se nota que rápido se van llenando y las lluvias no han terminado?, ¿Quién es el responsable en este momento de las presas?”, son los cuestionamientos de la gente que tiene poca información.
Los cuerpos de protección civil municipales, tanto de Huauchinango como de Juan Galindo, se mantienen al margen de las instalaciones aunque no así de la vigilancia del comportamiento de los lagos, pero poco pueden hacer fuera de la infraestructura, por ser propiedad federal.
Con el convenio que se hizo entre las parte involucradas, el Director de Protección Civil, Ofir Picazo Garrido, comentó que se espera que haya una mayor tranquilidad en la población.
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Con trabajos, abre CFE compuerta de la presa de Tenango
PILAR RAMÍREZ
RADIO EXPRESILÓN
23/Abril/2010
Personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo del jefe del departamento Técnico I. del Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán, el ingeniero Héctor Cid Sánchez intentó por horas bajar los niveles de la presa de Tenango.
Desde la diez de la mañana arribaron a la compuerta ubicada en Zahuinco, ocho trabajadores de CFE, elementos de la Policía Federal (PF) y estatal para resguardar a quienes “abrirían compuertas”, sin embargo, pasaban las horas sin que pudieran llevar a cabo lo programado.
Fue hasta las tres de la tarde cuando pudieron abrir lo necesario de la compuerta, los de CFE por momentos hablaban por celular, mientras que otros mejor se sentaron a descansar tras los intentos fallidos, mientras que los que aguardaban en los alrededores decían que esa misma labor la realizaba un solo trabajador de Luz y Fuerza del Centro.
Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) estuvieron presentes sólo como observadores de las maniobras, para dejar en claro que “nosotros no estamos en contra de que realicen las maniobras que tanto pidió la población, para evitar que señalen al SME como responsable de daños”, manifestó el subsecretario del exterior Miguel Ángel Montiel Eslava.
Además destacó que el personal de CFE pretendía bajar los niveles gradualmente, sin embargo, en un principio, se abocaron a ello los ocho trabajadores, y cuatro estuvieron haciendo directamente las maniobras sin poder logarlo.
Mientras que simpatizantes del SME señalaron que “el personal de CFE no estaba capacitado para realizar dichas maniobras, sin embargo, estarían al pendiente de los resultados”.
Por otra parte, el alcalde de Huauchinango Rogelio López Angulo también estuvo presente en las primeras horas para constatar los trabajos por petición del presidente de la junta auxiliar de Tenango, ya que en las últimas semanas Protección Civil y Comisión Nacional de Agua se mantuvieron a la expectativa por los altos niveles de las presas de Nexapa, Tenango y Necaxa.
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23/Abril/2010
Personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo del jefe del departamento Técnico I. del Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán, el ingeniero Héctor Cid Sánchez intentó por horas bajar los niveles de la presa de Tenango.
Desde la diez de la mañana arribaron a la compuerta ubicada en Zahuinco, ocho trabajadores de CFE, elementos de la Policía Federal (PF) y estatal para resguardar a quienes “abrirían compuertas”, sin embargo, pasaban las horas sin que pudieran llevar a cabo lo programado.
Fue hasta las tres de la tarde cuando pudieron abrir lo necesario de la compuerta, los de CFE por momentos hablaban por celular, mientras que otros mejor se sentaron a descansar tras los intentos fallidos, mientras que los que aguardaban en los alrededores decían que esa misma labor la realizaba un solo trabajador de Luz y Fuerza del Centro.
Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) estuvieron presentes sólo como observadores de las maniobras, para dejar en claro que “nosotros no estamos en contra de que realicen las maniobras que tanto pidió la población, para evitar que señalen al SME como responsable de daños”, manifestó el subsecretario del exterior Miguel Ángel Montiel Eslava.
Además destacó que el personal de CFE pretendía bajar los niveles gradualmente, sin embargo, en un principio, se abocaron a ello los ocho trabajadores, y cuatro estuvieron haciendo directamente las maniobras sin poder logarlo.
Mientras que simpatizantes del SME señalaron que “el personal de CFE no estaba capacitado para realizar dichas maniobras, sin embargo, estarían al pendiente de los resultados”.
Por otra parte, el alcalde de Huauchinango Rogelio López Angulo también estuvo presente en las primeras horas para constatar los trabajos por petición del presidente de la junta auxiliar de Tenango, ya que en las últimas semanas Protección Civil y Comisión Nacional de Agua se mantuvieron a la expectativa por los altos niveles de las presas de Nexapa, Tenango y Necaxa.
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CFE medirá consumo con redes inteligentes
Susana González G.
Periódico La Jornada
Sábado 24 de abril de 2010, p. 25
A fin de medir en tiempo real el consumo de energía eléctrica para que se reduzca “a lo mínimo indispensable”, el gobierno federal pondrá en marcha el próximo año un programa piloto de redes inteligentes en la zona donde operaba Luz y Fuerza del Centro (LFC), anunció Georgina Kessel, secretaria de Energía, en un seminario sobre perspectivas tecnológicas y medio ambiente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). La tecnología de las telecomunicaciones, aseguró, servirá para contar con información precisa sobre el consumo de electricidad para evitar pérdidas en el sistema. Los medidores mandan señales sobre la energía que se consume en cada hogar y sirve para determinar, por ejemplo, “en qué momento resulta más benéfico al consumidor prender una lavadora porque el sistema refleja un menor precio”, detalló posteriormente en conferencia de prensa.
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Sábado 24 de abril de 2010, p. 25
A fin de medir en tiempo real el consumo de energía eléctrica para que se reduzca “a lo mínimo indispensable”, el gobierno federal pondrá en marcha el próximo año un programa piloto de redes inteligentes en la zona donde operaba Luz y Fuerza del Centro (LFC), anunció Georgina Kessel, secretaria de Energía, en un seminario sobre perspectivas tecnológicas y medio ambiente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). La tecnología de las telecomunicaciones, aseguró, servirá para contar con información precisa sobre el consumo de electricidad para evitar pérdidas en el sistema. Los medidores mandan señales sobre la energía que se consume en cada hogar y sirve para determinar, por ejemplo, “en qué momento resulta más benéfico al consumidor prender una lavadora porque el sistema refleja un menor precio”, detalló posteriormente en conferencia de prensa.
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