Se colapsa sistema de atención de CFE en la Sierra

PILAR RAMÍREZ
Radio Expresión
13/Mayo/2010

SIERRA NORTE.- A pesar de las diferentes fallas en el suministro de energía eléctrica en toda la región, el sistema de atención a los clientes, se colapsó ayer, sin que Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclare de forma oficial cuál fue la causa, aunque todo parece indicar que fue la falta de pago del servicio.
Todo ocurre cuando decenas de usuarios reportaron que “el teléfono de atención de la oficina regional de Xicotepec de Juárez que atiende toda la zona, estaba inhabilitado, esto no puede pasar a estas alturas de una contingencia por las variaciones de energía”, manifestaron los denunciantes.
El número telefónico 01- 764-74- 40080 estuvo desconectado y “todo indica, de acuerdo al mensaje que daba la operadora, es que no lo pagaron, eso realmente es inaceptable y habla muy mal de la gerencia regional de CFE”, mencionaron los quejosos.
Y es que ayer en la zona inmediata de San Agustín, Las Pilas y La Ceiba, hubo reportes de “fallos lamentables en el suministro, situaciones que tienen que ver con alteraciones en el voltaje que ya comenzaron a afectar a los aparatos electrodomésticos”.
Además, en el primer cuadro de la ciudad de Xicotepec, comerciantes informaron que “se cayeron las fases afectando las diferentes instalaciones y todo se debe a los trabajos de cableado subterráneo que están realizando por parte de la empresa Serintra en el primer cuadro, algo que dijeron no iba a ocurrir”.
La única opción que les quedó a los usuarios afectados fue marcar al 071, teniendo las consabidas largas y desinformación por parte de los operadores de CFE, ignorando hasta la ubicación de las localidades de la sierra norte de Puebla.
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Falta de luz causa bloqueos en el DF

Iztapalapa es la segunda delegación más afectada; el reporte de Protección Civil indica que 13 colonias de esa demarcación han reportado fallas en el suministro de energía

Mónica Archundia
El Universal
Jueves 13 de mayo de 2010
monica.archundia@eluniversal.com

Esta semana, los fuertes vientos registrados en la ciudad de México han dejado al menos a 75 colonias del Distrito Federal sin luz; ello ha generado el descontento de los vecinos afectados, por lo que en tres días se han reportado al menos 14 bloqueos a vialidades.
Cifras de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal indican que 13 delegaciones se han visto afectadas por las fallas en el suministro de energía eléctrica. En Coyoacán se reportan 16 colonias con falta de luz; ahí, es donde más bloqueos han ocurrido esta semana: siete, según reportes oficiales.
Iztapalapa es la segunda delegación más afectada; el reporte de Protección Civil indica que 13 colonias de esa demarcación han reportado fallas en el suministro de energía. Ahí se han registrado al menos tres bloqueos.
El 15 de mayo inicia la temporada de lluvias, época en la que por la caída de ramas de árboles y postes son más comunes los cortes de luz. Será la primera vez que la Comisión Federal de Electricidad se encargue de garantizar el suministro de energía tras la liquidación hace siete meses de Luz y Fuerza del Centro.
Las autoridades prevén que los apagones continúen ante la presencia de vientos con rachas superiores a los 40 kilómetros por hora. Elías Moreno Brizuela, secretario de Protección Civil del DF, explicó las afectaciones en el suministro de energía se deben a la caída de ramas y árboles sobre el cableado.
El funcionario dijo que en la mesa permanente que tiene el gobierno capitalino con la CFE, se ha exigido que se arreglen todas las fallas generadas en los últimos días, incluidas las explosiones de algunas mufas en el Centro Histórico.
El argumento que ha dado el personal de la comisión es que existe una sobrecarga en el sistema porque los grandes consumidores tienen una red de baja tensión y requieren una de alta, pero también han sufrido sabotaje por parte de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Explicó que en ese trabajo coordinado que realizan las autoridades capitalinas con la CFE, se revisa cada caso de falta de energía, y se le da seguimiento hasta que se restablezca el suministro.

Daños por lluvia y viento

Desde el fin de semana pasado se registraron fuertes vientos en la ciudad, que se conjugaron con la presencia de lluvias intensas de poca duración, lo cual generó afectaciones de 56 colonias entre domingo y lunes, según Protección Civil.
A causa del aire se cayeron 80 árboles, sin que hubiera personas lesionadas, y hacia la tarde del lunes apenas había sido restablecido el servicio de energía en 70% de las colonias afectadas.
Ayer, según Protección Civil, el número de zonas afectadas disminuyó.
Raúl Flores, jefe delegacional de Coyoacán, comentó la situación por las fallas en el suministro de energía es complicada porque si bien personal de la CFE atiende los llamados, no cuenta con los servidores públicos suficientes para atender los reportes, y por ello se registran las quejas vecinales.
El secretario de Turismo local, Alejandro Rojas, aseguró que los apagones no han afectado al sector. (Con información de Johana Robles y Phenélope Aldaz)
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Estalla la red de energía en el Centro Histórico

Mirna Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de mayo de 2010, p. 36

Un cortocircuito por sobrecalentamiento en la red subterránea de energía eléctrica en el Centro Histórico provocó que cinco tapas de registros se botaran. Aunque no se reportaron heridos, alrededor de 50 personas fueron desalojadas de locales comerciales debido al humo y al riesgo de que sucedieran más percances.
Uno de los incidentes ocurrió poco después de las 16 horas en Mesones y Bolívar, donde dos registros se incendiaron. Poco después sucedió otro estallido en 20 de Noviembre, en un estacionamiento público, donde un transformador hizo cortocircuito. Todos los locales de la plaza fueron desalojados y más de una decena de autos trasladados a otro lugar.
Hace varias semanas, Adrián Noriega Cornejo, subdirector de Prevención de la Secretaría de Protección Civil capitalina, explicó a este diario que una de las medidas del GDF para evitar cortocircuitos en las mufas (conexiones eléctricas subterráneas) de la zona era el cambio de conexión de 48 grandes consumidores de energía eléctrica del Centro Histórico, la cual no se ha concretado debido a la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
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Video. Explosión en el Centro Histórico el 11 de Mayo

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Centro histórico, una bomba de tiempo

Redacción
El Economista
11 Mayo, 2010

El secretario de Protección Civil del GDF, Elías Miguel Moreno Brizuela, reconoció que el Centro Histórico se ha convertido en una bomba de tiempo, toda vez que en lo que va del año se han registrado 50 cortos circuitos y tres explosiones en diversas zonas del centro de la ciudad de México.
Tan sólo hoy se registraron tres cortos circuitos, uno de ellos produjo un incendio en las calles de Mesones y Bolívar a causa de un corto circuito y la cual ya fue controlada, afirmó el funcionario. Las llamas, precisó llegaron incluso a los cinco metros de altura.
Las otras dos sólo registraron cortos circuitos, sin peligro de un incendio, indicó el funcionario del GDF.
La situación, dijo duró alrededor de una hora para poder apagarse. Informó que no hubo lesionados, pero se evacuaron cerca de 50 negocios y más de 500 personas.
Asimismo, mencionó que en este año se han registrado tres explosiones en diferentes zonas del centro histórico y es preocupante esta situación por los daños físicos que pueda ocasionar.
Por último, comentó que hay cerca de 50 grandes consumidores en el Centro Histórico como es Banamex, Plaza Mave, el Palacio Nacional y la Catedral que tienen circuito de baja tensión y se exige que sea de mediana extensión, pero la falta de personal de la CFE ha retardado realizar el cambio.
apr/ Con información de Radio Fórmula
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Controlan incendio en cableado del C. Histórico

Casi una hora duró el incendio del cableado subterráneo ocurrido en la calle Mesones y Bolívar

Fernando Martínez
El Universal
Martes 11 de mayo de 2010

Luego de una hora de incendio, los bomberos y personal de Protección Civil del Distrito Federal controlaron el incendio del cableado subterráneo ocurrido en un registro de energía eléctrica en la calle Mesones y Bolívar, en el Centro Histórico de la ciudad de México.
El fuego fue controlado a las 17:10 horas de esta tarde y en el lugar continúa personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reparar las instalaciones, mientras que los negocios quedarán cerrados hasta mañana mientras se realizan las reparaciones.
Elementos del cuerpo de Granaderos resguardan a los trabajadores de la CFE para evitar algún incidente con trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que aunque no está en el lugar, podrìa llegar en cualquier momento.
El corto circuito que provocó una explosión y luego el incendio fue causado por el sobrecalentamiento de la fuente de alimentación de energía eléctrica informó la Secretaría de Protección Civil capitalina.
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Crecen abusos de CFE en la región, denuncia diputado

HERIBERTO HERNÁNDEZ
Radio Expresión
10/Mayo/2010

El diputado federal por el distrito electoral 01, con cabecera en Huauchinango, Ardelio Vargas Fosado, ventiló “los abusos de los que está siendo objeto la ciudadanía de parte de la Comisión Federal de Electricidad, ahora ya no obedecen la medición de su propio sistema, ahora entran a las casas y checan electrodomésticos y focos y sobre eso calculan el consumo de energía eléctrica”.
En entrevista telefónica, el legislador comentó que ha recibido varias quejas de todo el distrito, en donde los ciudadanos describieron que la CFE no atiende las lecturas de los medidores de electricidad que esta empresa y la extinta Luz y Fuerza del Centro colocaron para tal efecto, ahora lo que están haciendo es “entrar a las casas, revisan cuántos focos tienes, cuántos refrigeradores, aparatos de sonido y sobre eso ellos hacen un cálculo y quieren fijar las cantidades de cobro”.
Para Ardelio Vargas, “estos ya son muchos abusos de parte del gobierno, que a parte de elevar la gasolina una vez más, que por culpa de esto se eleven los costos del aceite, del frijol, del huevo, ahora quiera entrar a las casas para hacer los cálculos de cobros de energía”.
Las personas que se le han acercado al diputado federal, le han dicho que “están siendo sancionados por la Comisión Federal de Electricidad con el argumento de que le han alterado a los medidores, es decir, que eleva las tarifas de los energéticos y castiga a los ciudadanos con sanciones severas”.
En su carácter de diputado federal informó que ha hecho algunas gestiones ante la paraestatal para que se midan en sus abusos con la gente, “para que le paren un poco a las acciones que han venido relazando en la parte baja y alta del distrito”.
Por otro lado criticó a los candidatos que en la actualidad están haciendo uso mediático de estos temas para confundir a la gente, diciendo que los incrementos son responsabilidad de otros partidos políticos, “cuando en la realidad en el gobierno federal quien ha aumentado los costos de energéticos y productos de la canasta básica”.
Advirtió que queda en la responsabilidad de los candidatos que quieran hace ese tipo de manejos de discurso sabiendo que solamente el gobierno federal es el responsable de estos acontecimientos, “acá no participan los diputados federales ni los gobiernos locales, sólo el gobierno federal”, enfatizó.
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Apagones en Iztapalapa dañan aparatos eléctricos, se queja

El Correo Ilustrado
La Jornada
11 de Mayo del 2010

Soy residente de la colonia Juan Escutia, delegación Iztapalapa, y quiero expresar mi gran molestia ante la serie de apagones que ocurren todas las tardes, lo cual ha provocado descomposición de la comida en el refrigerador y de aparatos eléctricos.
Esta situación nunca ocurrió cuando se encontraba Luz y Fuerza del Centro. Es importante denunciar estos hechos para conocer la magnitud del problema y en su caso exigir a las autoridades federales que restituyan a los trabajadores del SME, porque la CFE ha demostrado su incapacidad para prestar el servicio.¿O tal vez va haber servicios de energía eléctrica de primera y segunda clase, y por lo tanto las colonias populares nos tenemos que resignar a un pésimo servicio?

Nayeli Méndez

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Tromba dominical dejó 96 colonias sin energía eléctrica y tumbó 130 árboles

• Eucaliptos, riesgo para la ciudad: Moreno
• Los vientos alcanzaron hasta 40 kilómetros por hora
• Continúan sin luz 30 zonas, reporta

Laura Gómez y Mirna Servín
Periódico La Jornada
Martes 11 de mayo de 2010, p. 31

El titular de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, Elías Miguel Moreno Brizuela, informó que los vientos hasta de 40 kilómetros por hora, que acompañaron la tromba del domingo provocaron que 96 colonias ubicadas en 12 delegaciones se quedaran sin energía eléctrica y 130 árboles cayeran. No se reportaron daños de consideración o pérdidas humanas. La tarde de ese día la dependencia había informado que se trataba de una lluvia moderada en seis delegaciones, sin mayores percances.
Al término de la firma de un convenio de colaboración en materia de protección civil con la Junta de Asistencia Privada, reconoció que 30 por ciento de las colonias continuaban sin luz, debido a la caída de árboles o ramas sobre el cableado, pero “no podemos quitar por decreto dos millones de eucaliptos, cuya fragilidad representa un riesgo, pues cometeríamos un ecocidio”.
Lo importante, dijo, es que no se registró un solo encharcamiento y se continúa con la identificación de sitios de riesgo. En 12 de 16 presas se encontraron 21 familias que requieren atención, ante los pronósticos de que esta temporada de lluvias será “más intensa que la del año pasado, y debemos estar preparados”, afirmó.
La tarde del lunes el viento volvió a tirar por lo menos una docena de árboles y mantas publicitarias. Incluso, la colocada en el paso a desnivel de avenida Chapultepec, con dibujos de pescados y olas del mar cayó sobre vehículos, lo que obligó a cerrarlo a la circulación mientras se realizaban las maniobras de limpieza.
Los vientos de 38 kilómetros por hora con rachas hasta de 50 kilómetros provocaron que en Paseo de la Reforma y Río Támesis una palmera cayera sobre un auto y que una jacaranda tirara un poste de luz en el cruce de Tasqueña y Cerro de la Libertad, en la colonia Campestre Churubusco, de la delegación Coyoacán, lo que ocasionó afectaciones en la ruta de trolebús que va sobre Tasqueña hacia al paradero del Metro.
El secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, informó que este año se invertirán 2 mil millones de pesos en obras hidráulicas, desazolve y construcción de colectores, para enfrentar la temporada de lluvias y evitar inundaciones, como las registradas en febrero pasado en la colonia El Arenal.
Ante vecinos de esta colonia que lo invitaron a festejar el Día de las Madres, precisó que se invirtieron 40 millones de pesos en la construcción de colectores y en la ampliación de la capacidad de la planta de bombeo, así como en labores de desazolve, para que “estén tranquilos de que no se volverán a inundar sus casas y esté en riesgo su patrimonio”.
Hasta el momento, dijo, se han entregado 60 millones de pesos a los afectados de esta colonia, además de condonarles agua y predial. Los apoyos, reconocieron algunas vecinas, “no han sido tan grandes como quisiéramos, pero estamos saliendo adelante y, por lo menos, las autoridades no nos han olvidado y aquí están, dando la cara”.

Alerta amarilla

Respecto del incremento de la temperatura, Moreno Brizuela informó que la ciudad de México se encuentra en alerta amarilla, ya que se prevé un repunte en los días siguientes, con lo cual aumentarían los incendios forestales, los cuales a la fecha suman 473.
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Calderón, al banquillo de la justicia internacional

Ana Lilia Pérez
Contralínea
9 Mayo 2010

El gobierno federal mexicano ya enfrenta un conflicto diplomático por su nula actuación ante la emboscada paramilitar contra una caravana humanitaria internacional, ocurrida en Oaxaca a fines de abril. Pese al mutismo oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea exigen a Felipe Calderón rendir cuentas. En Europa se multiplican las manifestaciones de repudio por ese ataque impune.
Nunca en la historia de México había ocurrido un ataque a una caravana de paz, y nadie hubiese siquiera imaginado que un grupo de hombres armados balearía a quienes llevaban alimentos y medicamentos para un pueblo indígena depauperado. De manera que la emboscada ocurrida la tarde del 27 de abril en el paraje La Sabana, en el municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca, dejó atónitos a los representantes de los organismos internacionales de derechos humanos, pero más aún el mutismo del gobierno federal, que, pasada una semana ?hasta el cierre de esta edición?, no había hecho pronunciamiento alguno.
En contraste, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea han exigido al Estado mexicano rendición de cuentas, pero además, desde sus respectivas oficinas realizan sus propias indagatorias del tema. En la ONU, por ejemplo, son tres relatorías las que integran ya sus procedimientos internos sobre el caso Copala: la Relatoría para la Libertad de Expresión, la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos y la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales y Sumarias, revela a Contralínea un funcionario de la ONU, quien detalla que representantes de ese organismo realizarán una visita al territorio triqui.

Negligencia y agravios

Por negligencia o en una omisión deliberada, el gobierno de Felipe Calderón se negó a intervenir en la ubicación y rescate de los periodistas de Contralínea, desaparecidos tras la emboscada y rescatados el pasado 29 de abril, a las 22:40 horas. Más allá del agravio moral, ello constituye el incumplimiento a los convenios y acuerdos internacionales en materia derechos humanos que, como representante del Estado mexicano, Calderón debe salvaguardar.
En entrevista con este semanario, el abogado Carlos de la Torre Martínez, coordinador de la Unidad Jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), explica: “La responsabilidad del Estado mexicano en los hechos de San Juan Copala es clara, porque el Estado en su conjunto tiene el deber de proteger todos los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida y a la integridad personal. Pero además, hay que hacer hincapié en que el Estado no sólo es responsable de las violaciones a los derechos humanos que pueden cometer los funcionarios del Estado, las autoridades o servidores públicos, sino también de las que pueden cometer los particulares o grupos armados en contra de otras personas, como ocurrió en Copala.
“Este caso también implica el incumplimiento del Estado en sus deberes de protección y prevención, porque desde hace tiempo se dejó incrementar la escalada de violencia en esa zona, que las tensiones entre los grupos se hicieran más fuertes y que estos grupos se armaran. Así que lo que ocurrió en San Juan Copala es resultado de una política donde el Estado dejó de intervenir, de tener presencia en la zona y de no establecer medidas para desarticular la violencia.”
Según los estándares internacionales en materia de derechos humanos, tras el ataque, el deber de Felipe Calderón como representante del Estado mexicano era intervenir inmediatamente para ubicar a los sobrevivientes, lo que tampoco ocurrió. Carlos de la Torre, abogado de la OACNUDH, detalla: “La autoridad tenía que intervenir de manera inmediata, sobre todo para identificar a las personas que habían sido reportadas como desaparecidas, porque ésa es su responsabilidad. Ahora lo que viene es el deber de investigación, que también es responsabilidad del Estado: esclarecer los hechos, identificar a los culpables, procesarlos e indemnizar a las víctimas, pero además determinar las omisiones.”

Las complicidades

La tarde del 27 de abril, media hora después del tiroteo, la redacción de Contralínea tuvo conocimiento de la agresión por la comunicación de uno de los activistas que viajaba en la misma caravana que los enviados de este semanario, Érika Ramírez y David Cilia. Con los primeros disparos, él echó a correr al monte y desde su escondite lo informó al exterior a través de un walkie talkie.
En las horas subsecuentes no hubo información oficial sobre el paradero de los reporteros, quienes acudirían a Copala para documentar, como parte de la serie “México: cacería de periodistas”, el asesinato de las locutoras triquis Felícitas Martínez y Teresa Bautista, ocurrido el 7 de febrero de 2007. Dicho crimen, impune hasta ahora, incrimina a la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui, el mismo grupo paramilitar identificado como responsable de la emboscada.
Desde esa misma tarde se supo que la defensora de derechos humanos Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, AC, y el observador finlandés, Jiry Antero Jaakkola, habían sido acribillados con los primeros tiros de armas de alto poder, que aquel martes negro rociaron con balas aquel paraje de la Sierra Mixteca.
Ante las versiones que iban y venían sobre la identidad de asesinados y desaparecidos, Contralínea hizo del conocimiento de la OACNUDH la desaparición de sus reporteros. Se informó también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de Gobernación (Segob) y, lógicamente, a las instancias del gobierno de Oaxaca. Los familiares de los reporteros intentaron presentar una denuncia ante la PGR, en donde les respondieron que no era de su competencia, que lo hicieran en Oaxaca.
El 28 de abril, la OACNUDH condenó el atentado y exigió al gobierno una “investigación imparcial, expedita y efectiva de los hechos que tenga como objetivo el procesamiento y, en su caso, la sanción de las personas responsables”.
En un comunicado difundido esa mañana, la OACNUDH manifestó su preocupación “por el clima de violencia que ha prevalecido en la zona triqui, así como por la proliferación de grupos civiles armados en la región”. Resaltó que “a esta Oficina la preocupa especialmente que el ataque haya impactado negativamente en periodistas, defensoras y defensores, coartando el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la información”.
“El Estado mexicano tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal frente a terceros. Esta obligación se torna particularmente relevante en una zona cuyo clima de violencia había sido previamente denunciada por diversas organizaciones de la sociedad civil”, destacó.
Dentro de su informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, difundido el año pasado, la OACNUDH había advertido del contexto adverso que defensores y periodistas enfrentan en el desarrollo de sus actividades en la región, sin que hubiese atención del gobierno al tema ni tampoco prevención.
Por ello, tras la emboscada, el organismo internacional subrayó la urgencia de “que se conozca a la brevedad la situación de las personas cuyo paradero aún se desconoce y que se brinde atención médica adecuada a las personas heridas”. Pero el comunicado no tuvo réplica por parte del gobierno mexicano.
El jueves 29 de abril, en conferencia de prensa, Alberto Brunori, titular de la OACNUDH, denunció la desaparición de los dos periodistas de Contralínea, con los cuales, explicó, “suman ya 12 periodistas desaparecidos desde 2000”. Agencias y medios de comunicación internacionales, como CNN, difundieron ampliamente el señalamiento de Brunori en el sentido de que “el Estado debe asumir su responsabilidad por acción y omisión, investigar los hechos, procesar a los presuntos responsables y juzgarlos”.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde Washington encabeza la doctora Catalina Botero, mostró preocupación por el tema: pidió a Contralínea puntuales datos sobre el caso. Ese mismo día, emitió un comunicado en el que exigió al gobierno garantizar la seguridad para el periodismo en México.
Durante los dos días que precedieron a la emboscada, familiares, amigos, representantes de organizaciones no gubernamentales, lectores de Contralínea y un amplio sector del gremio encabezados por el Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, realizaron protestas ante la Segob y la PGR para exigir la intervención en la búsqueda y rescate de los dos reporteros. En la Secretaría a cargo de Fernando Gómez Mont, el encargado en turno de seguridad respondió a los familiares que era mejor que enviaran “una carta al presidente”; en la segunda se informó que ninguna autoridad recibiría a los manifestantes.
La “respuesta” llegó por parte de las autoridades capitalinas: 200 granaderos enviados por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal para desalojar a los manifestantes apostados a las afueras de la PGR, sobre Paseo de la Reforma. Los granaderos agredieron a algunos manifestantes, entre ellos los hermanos del fotógrafo David Cilia García. Por tal motivo, esa misma noche la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal abrió una queja de oficio.

Caos en el Congreso

Fueron muchas las vías por las cuales se solicitó la intervención del gobierno federal en el caso Copala. Muchos los actores políticos, representantes de organismos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, políticos, directivos de medios de comunicación que pidieron a Fernando Gómez Mont empujara el operativo para la búsqueda y rescate de los periodistas y activistas desaparecidos. Ninguna, la respuesta.
En el Legislativo, varias fracciones parlamentarias coincidieron de que en la sesión del jueves 29 de abril presentarían sendos pronunciamientos tanto en la Cámara de Diputados en San Lázaro, como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para exigir la intervención del gobierno federal. Se habló incluso de que el Ejército entrara en la zona. Pero en San Lázaro, un sector del Partido Revolucionario Institucional (PRI), vinculado al gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, cabildeaba para “convencer” al gobernador de la necesidad de realizar el operativo de búsqueda.
La difusión de la prueba de vida fue crucial para que el director de este semanario, Miguel Badillo, adelantara la incursión en la zona, anunciada para el viernes 30 de abril: el video que ocultos en La Sabana grabaron los periodistas de Contralínea junto con los activistas David Venegas y Noé Bautista, estos últimos, quienes lograron romper el cerco paramilitar y llegar a Juxtlahuaca para llevar la evidencia de que Érika y David seguían con vida, aunque Cilia yacía herido por dos balas de grueso calibre, pero que si morían en la Sierra sería por la dilación en el rescate.
El gobierno de Felipe Calderón ni siquiera parpadeó. Ninguna autoridad civil ni militar se dijo dispuesta a realizar el operativo para rescatar a los dos periodistas, ni se ofreció siquiera el millonario equipo adquirido con recursos públicos –tanto del Ejército como de las numerosas corporaciones policiacas? para que otros los rescataran.
Artículo XIX –que junto con diversas organizaciones nacionales e internacionales de defensa de libertad de expresión inició trabajos de colaboración con la revista Contralínea para el rescate de los reporteros Érika y David– gestionaba un operativo de rescate de carácter internacional.
En tanto, algunos representantes de organismos internacionales de derechos humanos plantearon a los integrantes del PRI en el Legislativo que la conducta de Ulises Ruiz tenía tintes criminales. Las presiones de su fracción en el Congreso de la Unión obligaron al gobernador de Oaxaca a designar un helicóptero para que Miguel Badillo y David Cilia Olmos ingresaran a La Sabana, en un “operativo” donde los seis elementos policacos se limitaron a seguir a Badillo y Cilia Olmos en su peregrinar por la sierra durante más de cinco horas.
En realidad, por parte del gobierno nunca hubo búsqueda de sobrevivientes. A su arribo a Juxtlahuaca, cuando recién escapó junto con Noé Bautista del control paramilitar, David Venegas narró a Contralínea que, cuando los elementos de la policía del estado supuestamente entraron a “buscar” a los sobrevivientes, únicamente trasladaron en grúas privadas los automóviles baleados, entre ellos el de Contralínea.

Calderón y Ruiz, desprecio por los derechos humanos

La omisión del gobierno de Felipe Calderón en el rescate de los periodistas de este semanario se suma al rosario de agravios que en su administración se han gestado en contra de la revista Contralínea: el acoso judicial, la persecución, amenazas de muerte, veto publicitario y discriminación informativa, acreditadas desde 2009 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que derivaron en la Recomendación 57/2009, emitida en septiembre pasado.
Los hechos más recientes le han valido ya el repudio internacional y extrañamientos de carácter diplomático.
El 30 de abril, desde su sede en Washington, la Relatoría para la Libertad de Expresión emitió un comunicado en que subraya que las autoridades deben investigar con celeridad lo ocurrido en San Juan Copala, en un afán de proteger “a las comunidades de la zona, cuyos derechos, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión, se encuentran amenazados por los grupos armados que originaron el ataque”.
La Relatoría Especial recuerda que el principio nueve de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
En Europa y en diversos países de América Latina, ha habido en los últimos días intensas manifestaciones de repudio a lo ocurrido en San Juan Copala, con la exigencia de que el gobierno esclarezca los hechos.
El pasado 3 de mayo, la Unión Europea (UE) condenó el ataque. Mediante un comunicado emitido por la embajada de España ?país que actualmente tiene la presidencia de la UE?, llamó a las administraciones federal, estatal y municipal a “hacer todo lo posible para detener y castigar a los culpables”. Por ello, cita el comunicado, “la Unión Europea seguirá con atención la evolución de los acontecimientos”.
Meri Marjaana Mononen, coordinadora en México de la Unión Finlandesa por la Paz, sobreviviente de la agresión, se trasladó a San José de Costa Rica para denunciar el caso ante la sede regional de CIDH.
Hasta la tarde del sábado 1 de mayo, la PGR atrajo la investigación de los hechos en contra de “quien o quienes resulten responsables de la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, en la indagatoria PGR/OAX/HL/I/102/2010, según lo informó en un comunicado de prensa.
En el ámbito diplomático, desde el momento de la agresión, diversas embajadas de países europeos prendieron sus focos rojos al tener conocimiento de que, en la caravana, viajaban observadores de Finlandia, Italia y Bélgica y, sobre todo, en las reacciones posteriores por parte del gobierno.
Pese a las formalidades de la diplomacia, las declaraciones de Ulises Ruiz sobre el tema azuzaron a varios diplomáticos. El sábado 1 de mayo, mientras que en París, Alemania y Argentina se realizaban movilizaciones de repudio frente a las embajadas de México, en la capital de Oaxaca, durante la inauguración del Parque Recreativo Infantil, el mandatario local pidió al gobierno federal expulsar a los extranjeros de Oaxaca. Calderón también enmudeció.
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Video. Martín Esparza, Srio. General en la Asamblea del 8 de mayo

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Video. Gerardo Fernández Noroña en la Asamblea del SME

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Hostigamiento laboral en Gobernación

Editorial
La Jornada
10 de Mayo

Las denuncias por maltrato y hostigamiento laboral reveladas por empleados de la Secretaría de Gobernación (SG) constituyen, más que señalamientos anecdóticos y aislados, un fiel reflejo del deterioro institucional en curso y de la persistencia de prácticas indeseables, abusivas y antidemocráticas en las oficinas gubernamentales, elementos que gravitan en mayor descrédito del conjunto de la institucionalidad del país.
Según los datos disponibles, las acusaciones por discriminación salarial, corrupción, abuso de autoridad y prepotencia en la SG son sólo una arista de las malas prácticas que –sin llegar a ser una norma– se han convertido en tendencia y pauta de conducta en esa dependencia. Otra cara de esas prácticas inaceptables fue revelada hace unos meses por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante un informe en el que se documenta que siete de cada 10 mujeres que laboran en Gobernación han sido víctimas de discriminación de género, y tres de cada 10 han sufrido algún tipo de acoso sexual. Las denuncias referidas permiten formarse un panorama del ambiente que se vive en algunas oficinas de gobierno, donde los injustificables salarios y las prestaciones principescas con que se regalan los altos funcionarios coexisten con las condiciones de precariedad, acoso e incertidumbre laboral de los empleados menores.
La alternancia de colores y siglas en el poder ocurrida en el año 2000 trajo consigo reivindicaciones discursivas de un ejercicio del poder basado en transparencia en el manejo de los recursos públicos –ya sean humanos, económicos o materiales– y en la rendición de cuentas, pero los gobiernos emanados del blanquiazul han abrazado las actitudes opuestas: en este tiempo, lo mismo se han reportado diversos casos de manejo patrimonialista de dependencias públicas, convertidas en coto personal de algunos políticos, que manejos financieros como los que tuvieron lugar en la administración foxista, cuando el gobierno ejerció más de 70 mil millones de dólares procedentes de los excedentes de los precios petroleros sin que hasta la fecha se tenga una noción exacta del destino de esos recursos.
La proliferación de estas denuncias tendría que atraer la atención de las autoridades competentes, y ameritaría, por elementales razones de legalidad y decoro institucional, una investigación profunda y la aplicación de las correspondientes sanciones a los responsables. En el caso de las referidas acusaciones de empleados de la SG, el esclarecimiento se vuelve más imperioso e impostergable por la importancia estratégica que tiene esa dependencia en el panorama político del país, y por el énfasis discursivo que su titular, Fernando Gómez Mont, ha puesto en reiteradas ocasiones en la defensa de la legalidad y el estado de derecho. En la medida en que la transparencia, la rendición de cuentas y el apego a las leyes no sean normas de conducta dentro de las oficinas gubernamentales, difícilmente podrán serlo fuera de ellas, y los funcionarios del gobierno federal no tendrán, en suma, motivos para sorprenderse por el desprestigio generalizado que experimentan las instituciones ante la opinión pública.
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Muñoz Reséndiz y sus aliados obtienen nuevo contrato de servicios de la CFE

Crearon dos empresas que darán empleo a 600 electricistas y producirán tableros de control

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 10 de mayo de 2010, p. 15

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgó otro contrato de servicios a dos empresas conformadas por trabajadores liquidados de Luz y Fuerza del Centro, mediante el cual surtirán de tableros de control a la paraestatal.
Los trabajadores crearon dos empresas en las que podrán trabajar más de 600 electricistas y el contrato fue negociado por la Coalición de Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezada por Alejandro Muñoz Reséndiz.
En un comunicado de esta organización se apuntó que el contrato “se consiguió en la mesa de negociación en la que estuvieron presentes Alejandro Muñoz, presidente de la coalición; el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el subsecretario Roberto Gil”, la cual está encaminada sobre todo a impulsar la conformación de empresas propiedad de los trabajadores, las cuales ya recibieron los primeros contratos de adjudicación directa para brindar servicios a distintas dependencias de gobierno.
“Parte de estas negociaciones es este nuevo contrato a través del cual la CFE adquirirá 648 tableros de control empresas creadas por ex empleados del organismo, lo que, a su vez, permitirá la contratación de 680 de ellos”, señala la información.
Muñoz dijo que a pesar de que ningún miembro del SME comparte o apoya la decisión que llevó a la extinción Luz y Fuerza del Centro, es necesario encontrar las alternativas que mantengan la calidad de vida de los trabajadores.
Recordó que el pasado 7 de mayo, la Secretaría de Gobernación informó que una empresa de trabajadores del SME presentó el mejor proyecto para obtener el contrato de la elaboración de tableros. Dicho convenio sería otorgado a aquella empresa que ofreciera contratar al mayor número de trabajadores, bajo las mejores condiciones laborales, siendo las cooperativas Fábrica de Tableros K0 e Innovación y Control Eléctrico, las que cumplieron estos requisitos.
De igual manera, otra empresa conformada únicamente por trabajadores del SME será la que brinde el servicio de mantenimiento automotriz a 8 mil vehículos de la CFE, así como al total de la flotilla de distintas dependencias federales, con lo que los trabajadores podrán ser al mismo tiempo dueños y empleados de sus fuentes de trabajo, indicó esta organización.
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Exigen a Calderón baje tarifas de CFE a Victoria

Víctor Molina
La Verdad de Tamaulipas
2010-05-09

El mandatario federal debe ayudar a todas las entidades del país y no solamente aquellas con las cuales simpatiza, por lo que debe de instruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a disminuir las tarifas eléctricas, pues no puede ser tan elitista, por la razón de que todos los mexicanos son de primera y no de segunda.
El presidente del Frente Estatal por los Derechos Sociales (FEDS), Pedro Alonso Pérez, dijo que el Presidente de la República tiene la facultad absoluta para hacer un pronunciamiento de esta naturaleza.
Y agregó que las tarifas de la CFE deben ser analizadas, una vez que se cuentan con los estudios necesarios, tal y como existen en Tamaulipas, “por tal motivo se debe proceder, ya que dichas autoridades federales no deben priorizar algún estado”.
Los pronunciamientos para exigir a las autoridades de la CFE disminuyan las tarifas por el servicio que prestan, deben participar todas las organizaciones e instituciones políticas incluyendo al PAN.
Esto, apunta, ha sido una lucha constante que en este renglón se ha realizado, “hasta otras organizaciones han participado en apoyo a dichas peticiones, sin embargo desgraciadamente hasta el momento no hemos tenido una sola respuesta”.
Por ello considera que el mandatario federal debe ayudar a todos los estados de la república mexicana y no solamente aquellos donde gobierna el Partido Acción Nacional o con los que simpatiza.
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Sin previo aviso, cambian medidores en Tecámac

Silvia Chávez González, Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 9 de mayo de 2010, p. 16

Tecámac Méx., 8 de mayo. Residentes de las secciones 3 y 4 del fraccionamiento Villas del Real dijeron que desde el primero de diciembre pasado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a instalar medidores electrónicos que nadie sabe si ya están funcionando.
Muchos vecinos fueron tomados por sorpresa, pues cuando salían o llegaban a sus casas los aparatos ya estaban colocados, y ahora temen la acumulación de deudas por consumo eléctrico. “Yo dormía cuando escuché que martillaban la pared y al salir ya estaba colocado el medidor, pero nadie me dijo cómo funciona”, relató uno de los inconformes.
A su vez, unos 6 mil habitantes de las secciones 5 y 6 del fraccionamiento rechazaron que la CFE también les instale medidores electrónicos, pues las unidades no han sido municipalizadas y constantemente hay descargas, porque la Inmobiliaria Urbi SA de CV les puso transformadores, cables y apagadores de mala calidad.
A su vez, residentes del fraccionamiento Chiluca, del municipio de Atizapán de Zaragoza, continúan sin servicio eléctrico desde el pasado miércoles, por fallas en las instalaciones de la CFE ubicadas en la avenida Jorge Jiménez Cantú.
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Justicia laboral ciudadana

Miguel Concha /I
La Jornada
8 de mayo del 2010

Durante el desfile independiente del 1º de mayo se anunció la resolución de un Tribunal Internacional de la Libertad Sindical, organismo pionero de lucha social por la vigencia de los derechos laborales en estos tiempos todavía aciagos de capitalismo salvaje y cínico.
Fue constituido en México el 30 de septiembre de 2009, como consecuencia de las denuncias públicas formuladas a escala nacional e internacional por distintos organismos de la sociedad civil, asociaciones sindicales y grupos de trabajadores y trabajadoras, en el sentido de que el gobierno mexicano ha incurrido en notable abandono de sus funciones tutelares y protectoras del derecho laboral reconocido universalmente, violando la libertad sindical y otros derechos humanos fundamentales, y tolerando, propiciando y ejecutando junto a privados tales violaciones, constituyéndose así en un instrumento al servicio de los poderes fácticos e intereses económicos nacionales y trasnacionales, en perjuicio de la clase obrera del país.
Su convocatoria estuvo respaldada por seis organizaciones internacionales de reconocido prestigio mundial, 13 sindicatos nacionales y ocho asociaciones mexicanas de expertos en derechos laborales; y lo integraron 25 personalidades de distintos países de América y Europa, reconocidas por su calidad moral, social y profesional.
Siguiendo los procedimientos técnicos de un tribunal, sesionó abiertamente el 26 y el 27 de octubre del año pasado, así como el 29 de abril de este año, fecha en la que recibió las denuncias de representantes de 20 importantes organizaciones sindicales, y estableció los días entre el 29 de octubre de 2009 y el 19 de marzo de 2010 para recibir nuevos casos, antecedentes, documentos y pruebas de distinta naturaleza.
Para contar con mayores elementos, se dio igualmente a la tarea de recabar testimonios, constancias de expedientes de diversas autoridades, informes, fotografías, notas periodísticas, etcétera. No obstante haber sido notificado por escrito de su conformación, y convocado debidamente por escrito a exponer como parte acusada durante el proceso lo que conviniera a sus intereses, el gobierno se negó a comparecer, por lo que, atendida su incomparecencia, se procedió a emitir la resolución en su rebeldía. La que en estos días ha comenzado a ser puesta a disposición de las autoridades mexicanas, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y demás naciones con las que México ha firmado tratados que incluyen derechos humanos y laborales.
En ella se argumenta que la libertad sindical es un derecho humano individual y colectivo fundamental, indivisible de otros derechos laborales, e interdependiente para su vigencia del ejercicio de otras garantías civiles y políticas, como el derecho a la libertad de asociación y de elegir democráticamente a sus representantes, del que son titulares y portadores sin distinción todos los trabajadores y trabajadoras por el solo hecho de serlo.
Se define en la normatividad internacional como la potestad que éstos tienen de constituir en forma autónoma e independiente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, sin requerir autorización previa, así como la facultad de afiliarse o no a las organizaciones sindicales existentes, establecer su forma de organización, administración, participación, elección de sus representantes y toma de decisiones. Como derecho humano universal está por encima de las soberanías nacionales y es anterior a la constitución de los estados, los cuales están obligados a respetarlo, garantizarlo y protegerlo contra las acciones de los corporativos privados internacionales y propios de cualquier país. Es fruto y expresión de la lucha social, y ha sido además consagrado en múltiples instrumentos internacionales del sistema universal y regional de derechos humanos, y es exigible individual y colectivamente por muchos mecanismos generales y específicos de protección a los mismos.
Por todo ello el tribunal reivindica su propio derecho a constituir jurisprudencia universal y complementar la labor de los organismos de control internacional, así como el derecho de las y los trabajadores a defenderlo y promoverlo en todas las instancias, incluidas las civiles, que consideren convenientes, sobre todo cuando las instituciones nacionales de procuración y administración de justicia laboral pierden credibilidad por su parcialidad abyecta en favor de los intereses del capital. Con base en los hechos y pruebas rendidos, y teniendo en mente el marco jurídico nacional e internacional con el que México se ha comprometido, la resolución concluye que el gobierno ha cometido en forma sistemática y reiterada las siguientes violaciones a la libertad sindical: 1) Ataques a la integridad física y sicológica de trabajadores y dirigentes. 2) Manejo arbitrario del registro sindical y representación legal. 3) Limitaciones para elegir libremente a los representantes. 4) Injerencia en la estructura y programas de las organizaciones sindicales. 5) Discriminación sindical y represalias a quienes se organizan en sindicatos. 6) Restricciones al ejercicio del derecho de negociación colectiva. 7) Limitación al ejercicio del derecho de huelga. 8) Disolución administrativa o suspensión de sindicatos.
En próxima colaboración me ocuparé de la sentencia a la que por ello ha sido condenado el gobierno de México.
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“Roba” CFE medidores

Denuncian usuarios el robo de equipo para obligarlos a instalar nuevos mecanismos electrónicos de cobro con tarjeta

Benito López Díaz
EnLíneaDIRECTA
7 May 2010

Victoria, Tamaulipas.- A chaleco la Comisión Federal de Electricidad (CFE) corta el suministro de luz y sin el consentimiento de usuarios cambia los viejos medidores por nuevos sistemas digitales para lectura electrónica por medio de una tarjeta que permite hacer el pago en los centros comerciales.
De forma unilateral la dependencia encargada de proporcionar el suministro de energía eléctrica en la ciudad “retira” a escondidas de comercios o domicilios particulares y sin previo aviso los añejos equipos denunciaron los afectados.
El usuario sin darse cuenta de la “maniobra” hecha por personal de la Comisión, acude a pedir información, le enteran que no pagó el recibo de luz, cuando en realidad nunca llegó el documento de cobro a su domicilio.
Para restablecer el servicio, CFE les indica que no hay medidores de 110 y los obliga a instalar el nuevo mecanismo digital donde por medio de una tarjeta es posible conocer el consumo y realizar el pago de forma electrónica.
Los afectados, se quejaron de esta acción que calificaron de arbitraria por parte de la Comisión, y pidieron más respeto a la dependencia con sus trabajos.

CFE: LA MÁS DENUNCIADA

Por años y de forma histórica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sido de las que más denunciadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por la serie de abusos y cobros indebidos en su facturación.
De las 160 quejas interpuestas en lo que va del año en la delegacipón, CFE se ubica en el tercer sitio por irregularidades y abusos en el cobro del recibo por consumo de energía.
El delegado de Profeco en Tamaulipas José Darío Martínez Domínguez, precisó que por lo general de las denuncias contra la Comisión acaban a favor del consumidor.
“Por lo general llegamos a una conciliación entre las partes y se arregla el problema que pudiera ocasionarse por un cobro indebido o irregularidades de otro tipo”, mencionó.

TERMINA SUBSIDIO DE INVIERNO, INICIA TRAFIA DE VERANO

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Francisco Anzures González, advirtió a los usuarios de CFE que comienza la tarifa de verano, donde el subsidio a la energía eléctrica disminuye.
“Por eso viene el desconcierto de los usuarios, porque de estar pagando, por ejemplo cien pesos, ahora deben pagar 200 pesos, y no se enteran hasta que les llega el cobro”, destacó.
Detalló que en temporada de verano el subsidio del gobierno es mayor que en verano, lo que repercute en el costo de la electricidad para los usuarios.
“Por eso ahora se disparan los recibos, quizá se consuma la misma electricidad, pero como el subsidio disminuyó, la luz resulta más cara”, finalizó.

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El SME visita Televisa Chapultepec

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La guerra

Luis Javier Garrido
La Jornada
7 de mayo del 2010

La verdadera guerra que se libra en México no es del gobierno calderonista contra los cárteles del narco, sino contra la clase trabajadora y, por lo mismo, contra los sectores mayoritarios del pueblo.
1. La política en materia laboral del gobierno de Felipe Calderón se ha evidenciado en los hechos con su política de empleo y de precios, al lanzarse de manera desaforada contra los mineros y electricistas y ahora con su intentona de modificar las leyes laborales de la República para terminar con las conquistas obreras del siglo XX, por lo que se puede sintetizar como una verdadera guerra contra la clase trabajadora y contra el pueblo.
2. La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada por el PAN y El Yunque en la Cámara de Diputados el 18 de marzo, que pretende terminar con los sindicatos como organizaciones de defensa de los trabajadores, hacer nulo el derecho de huelga, establecer en México como regla la práctica de una subcontratación –o outsourcing– al margen de cualquier norma legal, y terminar con todos esos cambios con el derecho colectivo del trabajo, el salario mínimo, la jornada máxima y los contratos colectivos, así como con el derecho de los trabajadores a la salud y a la seguridad social, ha sido repudiada por organismos y organizaciones internacionales, por los principales sindicatos y organizaciones democráticas del país y de manera casi unánime por los especialistas en derecho laboral, y a pesar de ello existe el riesgo de que algunos de sus aberrantes principios sean incorporados al marco legal de México.
3. Esta iniciativa, obra personalísima de Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo, y del propio Felipe Calderón y sus asesores, no es otra cosa, por consiguiente, que una interpretación criolla abusiva de las tesis del capitalismo neoliberal en materia laboral, que se han conocido como “el paquete estratégico”, y que los panistas-yunquistas buscan a toda costa hacer aprobar pues desde los centros de poder financiero mundial se reclama de manera cada vez más airada a Calderón y a los panistas que no hayan logrado imponerlo, pues culminaría el diseño trasnacional para México: un país que no ha de ser dueño de sus recursos estratégicos, ni tener capacidad soberana para tomar decisiones, quedando convertido en un vasto campo de saqueo de sus recursos y de explotación de la fuerza de sus trabajadores: el modelo Calderón.
4. Javier Lozano se ha encargado en estos tres años de violar cínicamente las leyes laborales del país y de pisotear la Constitución para servir a consorcios privados: lo mismo Repsol YPF en el sector eléctrico que el Grupo México de Larrea y Salinas en la minería, olvidándose de que al buscar aplastar de manera tan obvia a los electricistas y mineros, cuyos derechos ha violado cínicamente, ha enardecido a amplios sectores de mexicanos que ya no dudan del carácter fascistoide de la administración de facto de Calderón.
5. En la hipótesis de que estas disposiciones aberrantes, o algunas de ellas, fuesen aprobadas por el Congreso de la Unión, lejos de conducir al objetivo buscado por el capital financiero de lograr hacer de México un paraíso para las trasnacionales, en el que los trabajadores no pudiesen esgrimir derechos (la desregulación) y se estableciese un marco seudojurídico que fortaleciese la vía a una mano de obra casi regalada que compitiese con la de China y otros países asiáticos (la globalización laboral), como lo han pretendido desde el inicio del sexenio Calderón y Lozano, lo que se lograría sería algo muy distinto, pues se hundiría al país en la más absoluta ilegalidad, dándose al traste con cualquier pretensión de “seguridad jurídica”.
6. La aprobación del engendro seudojurídico de Lozano ahondaría esa especie de esquizofrenia jurídica a la que están llevando al país los neoliberales del PRI y ahora los fanáticos panistas: a) por un lado estarían la Constitución con su artículo 123 y los tratados internacionales suscritos por México en materias laboral y de derechos individuales y sociales (ninguno de los cuales ha sido denunciado por los últimos gobiernos), es decir la legislación vigente, así como la cultura política forjada en el último siglo que ha asumido que las reformas alcanzadas por la clase trabajadora son intocables, y b) por el otro, se hallarían una serie de leyes secundarias (que contravendrían a la Constitución) y las prácticas y usos de las corporaciones trasnacionales, a las que se han acostumbrado en los países asiáticos.
7. Los señuelos que este nuevo marco seudojurídico entraña para las dirigencias corruptas de muchos sindicatos son múltiples, pero uno llama la atención: el de definir a los sindicatos como asociaciones “de interés público”, misma noción que se estableció en 1977 y se amplió en 1989 en el 41 constitucional para caracterizar a los partidos políticos, que entonces dejaron de ser entidades “privadas” para convertirse en “públicas”, pues tienen no sólo derechos y obligaciones sino también “prerrogativas”: es decir, un financiamiento público, que no debe olvidarse es por encima y por debajo de la mesa. De esta manera se “legalizaría” el que no sólo los dirigentes corruptos de algunos sindicatos y centrales, como Joaquín Gamboa Pascoe (CTM), Carlos Romero Deschamps (petroleros) o Víctor Flores (ferrocarrileros), recibieran fondos públicos, sino que se intentaría comprar y someter a todos los dirigentes sindicales a fin de que respalden el nuevo marco seudojurídico, presuntamente neoliberal.
8. Baste recordar que durante el gobierno de Marta y Vicente Fox se creó un marco seudojurídico similar para las organizaciones no gubernamentales u ONG que se reconvirtieron en 2004 en organizaciones “de la sociedad civil” u OSC tras la expedición de la Ley Federal de Fomento a Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles (Diario Oficial de la Federación, 9/02/04), que las estimó entidades “de interés público” susceptibles de un cuantioso financiamiento público, por lo que dejaron de estar financiadas por recursos europeos, como había establecido la UNESCO, para entrarle con singular fruición al dinero del Estado, que en México ya se sabe es del gobierno, y transformarse en auxiliares de éste en sus políticas asistenciales y en la compra del voto, especialmente las vinculadas al clero católico. Desde entonces las grandes corporaciones trasnacionales lanzaron en México y en América Central (donde se establecieron marcos seudolegales similares) vastos programas de apoyo a “la sociedad civil”, es decir a “las OSC”.
9. El “nuevo orden neoliberal mundial” supone de tal suerte a partidos, OSC y sindicatos de trabajadores sometidos al poder de decisión de las multinacionales, para configurar un totalitarismo no conocido en la historia moderna. No hay, por lo mismo, en las políticas ni en la iniciativa de contrarreforma laboral de Calderón y Lozano, un simple intento visceral y enfermo para coartarles sus derechos individuales y sociales a los trabajadores, destruir a los sindicatos como organizaciones de defensa de la clase trabajadora y abrogar en México el derecho colectivo del trabajo, sino una intentona de dos fanáticos corruptos de la derecha trasnacional ansiosos de servir a intereses corporativos para destruir el orden republicano en México y hacer de este país un protectorado de Washington en el que los trabajadores no sean más que la más barata y prescindible de las mercancías.
10. Los electricistas en huelga de hambre, los mineros de Cananea resistiendo por años, el pueblo empobrecido, los miles de manifestantes del primero de mayo saben empero que la razón está de su lado y que tarde o temprano van a triunfar.
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