martes, 9 de noviembre de 2010
No a la Impunidad de los Contratistas de CFE
A las 13:45 p.m. del día de hoy, en la calle Manuel Salazar casi esquina con General Lucio Blanco, enfrente del Colegio de Bachilleres No 18 en la Colonia Providencia de la Delegación Azcapotzalco, una cuadrilla de trabajadores contratistas de CFE, por negligencia, impericia y violando normas elementales de seguridad eléctricas, pues no acordonaron el área, derribo un cable de baja tensión, ocasionando la muerte de un transeúnte, Francisco Javier Rangel Olivares, de 55 años de edad, empleado del gobierno del D.F. Eran aproximadamente cinco trabajadores contratistas de CFE, que conducían dos camionetas con placas 34-51-CA y 42-79-CA del D.F., una de ellas con tarjeta de circulación de Luz y Fuerza del Centro. Tres de ellos se dieron a la fuga, uno de los contratistas de CFE fue detenido por los estudiantes y otro más fue detenido cuando intentaba huir en una de las camionetas de CFE , ambos fueron conducidos en una patrulla de policía a la Decimo Cuarta Agencia del Ministerio público de la Delegación Azcapotzalco, ubicada en la Col. del Maestro. A la fecha suman ya más de 30 muertos ocasionados por los inexpertos, improvisados y faltos de capacitación trabajadores contratistas de CFE y a un año del ilegal e inconstitucional Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el servicio público de energía eléctrica en la zona centro (pero también en todo México) sigue empeorando aunque Calderón afirme que las cosas marchan bien.
José Antonio Almazán González
Juan Ramón Contreras del Razo
lunes, 8 de noviembre de 2010
El IFAI exige a CFE informe sobre hidroeléctrica El Cajón
Requieren monto total pagado a la comunidad en Nayarit
Redacción
El Universal
8 de Noviembre, 2010
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregar información diversa sobre pagos, convenios y contratos relacionados con la construcción de la Central Hidroeléctrica El Cajón, en Nayarit, que suman más de 52 millones de pesos.
En un comunicado, el organismo explicó que a través de dos solicitudes de información, un particular pidió a la CFE el monto total pagado a comunidad de San Jerónimo Jomulco, municipio de Jala, Nayarit, por la Construcción de dicha central.
También la copia de los actos o convenios y contratos jurídicos celebrados para documentar dichos pagos, incluyendo los que tienen que ver con la extracción de uso o aprovechamiento de material pétreo, ocupación previa, bienes distintos a la tierra, semovientes, perjuicios, finiquitos, indemnización por expropiación, daños, pagos extraordinarios, comisiones y apoyos extraordinarios.
Además, cualquier otro pago realizado a dicha comunidad por la realización de la referida obra hidroeléctrica; copia de las propuestas de pago de bienes distintos a la tierra en el anexo El Ciruelo hechas por la CFE en 2006 y en 2007.
Información clasificada
En su respuesta inicial a las solicitudes, la CFE había manifestado que la información estaba clasificada como reservada, en virtud de que la misma forma parte de un procedimiento judicial que se está substanciando ante el Juzgado Primero de Distrito en Tepic, Nayarit.
El IFAI indicó que el particular se inconformó con la clasificación, y, en vía de alegatos, luego de un acceso a la información clasificada con el comisionado ponente, Ángel Trinidad Zaldívar, la Comisión Federal Eléctrica modificó su respuesta respecto al monto total pagado a la comunidad de San Jerónimo, dando a conocer la cantidad liquidada: 52 millones 492 mil 540 pesos.
“La CFE también indicó que no se hicieron pagos relacionados con la construcción del proyecto hidroeléctrico, por concepto de semovientes, perjuicios, finiquitos y daños. Sobre los demás conceptos de pago, reiteró que la información estaba reservada por estar relacionada con juicios en trámite”.
Trinidad Zaldívar señaló que el sujeto obligado no proporcionó elementos que permitan advertir que la información que clasificó esté relacionada con las estrategias procesales a implementar en dichos procedimientos, o que la divulgación de la misma cause un serio perjuicio a éstas.
“Dicha información es de carácter intrínsecamente público, al estar referida a la erogación de recursos públicos.
Por ello, manifestó que es indispensable demostrar que su difusión causa un daño o que se actualiza alguna causal de clasificación prevista en la normatividad aplicable”.
Así, el IFAI modificó la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad y le instruyó para que notifique al particular la disponibilidad de dicha información en copias simples.
Fuente
Torre eólica genera vendaval de ecologistas
Paraestatal comenzó el aerogenerador sin autorización de impacto ambiental; Profepa investigará
Adriana Varilas
El Universal
7 de Noviembre, 2010
Cancún. La torre eólica o aerogenerador de viento que alumbrará las actividades oficiales de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático (COP-16) —que se realizará en el hotel Moon Palace y el recinto Cancún-Messe— comenzó a construirse sin autorización de impacto ambiental. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó una denuncia por esta irregularidad ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de Quintana Roo.
La torre eólica es un proyecto que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cancún. Se pretende que esté inaugurada antes de que inicie la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, la cual se realizará del 29 de noviembre al 10 de diciembre.
La denuncia que presentaron los abogados del Cemda ante la Profepa incluye fotografías que muestran que comenzaron los trabajos de construcción, pese a que el proyecto está aún en evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
También incluyeron imágenes tomadas con un geoposicionador satelital (GPS), que muestran la ubicación del lugar en donde la CFE inició las obras, contando apenas con una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, pero sin poseer la autorización de impacto ambiental que ordena la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa).
La obtención de la autorización supone que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) —instrumento preventivo que expone la serie de afectaciones ambientales de obras, actividades o proyectos, así como las acciones para mitigarlos— es evaluada por la Semarnat, proceso que no ha concluido.
La coordinadora regional del Cemda, Alejandra Serrano Pavón, informó que su organización aún espera que la Semarnat responda a la solicitud de consulta pública sobre el proyecto.
La Semarnat tiene la facultad discrecional de negar o aceptar la consulta pública. “Se vería muy mal que no la concedieran, sobre todo cuando ya comenzaron las obras sin la autorización”.
De concederse la consulta, los tiempos jurídicos no permitirían inaugurar la torre eólica antes de que comience la COP-16. En 2009, la Semarnat y la Profepa firmaron una serie de lineamientos en donde señalan que comenzar la construcción de una obra sin obtener la autorización de impacto ambiental constituye una violación al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental que amerita que el trámite de evaluación sea desechado por Semarnat.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el delegado de la Profepa, Guy Piña Herrera, informó que hoy notificarán los hechos denunciados por la representación regional del Cemda en Quintana Roo.
“En la semana programaríamos la visita de inspección y, de comprobarse lo que nos denuncian, iniciaríamos un procedimiento administrativo. Por lo pronto, ya notificamos a la Semarnat que, presuntamente, las obras ya comenzaron, para que actúe conforme a los lineamientos. Se tendría que suspender la evaluación del proyecto”, declaró Piña.
Adriana Varilas
El Universal
7 de Noviembre, 2010
Cancún. La torre eólica o aerogenerador de viento que alumbrará las actividades oficiales de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático (COP-16) —que se realizará en el hotel Moon Palace y el recinto Cancún-Messe— comenzó a construirse sin autorización de impacto ambiental. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó una denuncia por esta irregularidad ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de Quintana Roo.
La torre eólica es un proyecto que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cancún. Se pretende que esté inaugurada antes de que inicie la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, la cual se realizará del 29 de noviembre al 10 de diciembre.
La denuncia que presentaron los abogados del Cemda ante la Profepa incluye fotografías que muestran que comenzaron los trabajos de construcción, pese a que el proyecto está aún en evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
También incluyeron imágenes tomadas con un geoposicionador satelital (GPS), que muestran la ubicación del lugar en donde la CFE inició las obras, contando apenas con una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, pero sin poseer la autorización de impacto ambiental que ordena la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa).
La obtención de la autorización supone que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) —instrumento preventivo que expone la serie de afectaciones ambientales de obras, actividades o proyectos, así como las acciones para mitigarlos— es evaluada por la Semarnat, proceso que no ha concluido.
La coordinadora regional del Cemda, Alejandra Serrano Pavón, informó que su organización aún espera que la Semarnat responda a la solicitud de consulta pública sobre el proyecto.
La Semarnat tiene la facultad discrecional de negar o aceptar la consulta pública. “Se vería muy mal que no la concedieran, sobre todo cuando ya comenzaron las obras sin la autorización”.
De concederse la consulta, los tiempos jurídicos no permitirían inaugurar la torre eólica antes de que comience la COP-16. En 2009, la Semarnat y la Profepa firmaron una serie de lineamientos en donde señalan que comenzar la construcción de una obra sin obtener la autorización de impacto ambiental constituye una violación al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental que amerita que el trámite de evaluación sea desechado por Semarnat.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el delegado de la Profepa, Guy Piña Herrera, informó que hoy notificarán los hechos denunciados por la representación regional del Cemda en Quintana Roo.
“En la semana programaríamos la visita de inspección y, de comprobarse lo que nos denuncian, iniciaríamos un procedimiento administrativo. Por lo pronto, ya notificamos a la Semarnat que, presuntamente, las obras ya comenzaron, para que actúe conforme a los lineamientos. Se tendría que suspender la evaluación del proyecto”, declaró Piña.
Una torre, dos proyectos
De acuerdo con la Semarnat, desde el 14 de octubre pasado se evalúa un segundo proyecto presentado por la CFE para construir una turbina de viento, cuyo propósito será mitigar la emisión de dióxido de carbono (CO2) que generará el traslado de los delegados que asistirán a la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático COP 16.
La estructura —que costará 2.5 millones de dólares y tendrá una vida útil de 30 años— consiste en la instalación y operación de una turbina de eje horizontal, con tres palas a barlovento, cada una de 37.3 metros de longitud, potencia nominal de mil 500 kilowatts y tensión nominal de 12 kilowatts.
La torre de acero medirá 76.9 metros hasta la turbina; ya contando la estructura completa. La altura total alcanzará 117.3 metros. La energía generada será enviada a la red eléctrica mediante una línea subterránea de 43 metros que se conectará a una de las subestaciones eléctricas localizadas en Cancún.
La obra, bautizada esta vez con el nombre de Proyecto Piloto Sitio 17, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aún en evaluación, se ubicará en un predio de 13 mil 310.133 metros cuadrados, colindante con la carretera Cancún-Chetumal, a la altura del kilómetro 335 del municipio de Benito Juárez, con cabecera en esta ciudad.
El predio donde se busca construir la torre está dentro de la Unidad de Gestión Ambiental 27, Banco de Material Pétreo del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).
Esta ubicación es la misma en donde la CFE obtuvo una autorización de la Semarnat para construir la primera torre eólica que se planteó originalmente, por orden del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Antes de la torre que ya comenzó a construir, la CFE sometió a evaluación de la Semarnat un proyecto similar, pero con dimensiones mayores y distinta ubicación, denominado Aerogenerador Eléctrico de Cancún y que cumpliría con el mismo propósito: proveer la energía para el desarrollo de las actividades oficiales de la COP-16.
Ese proyecto, aprobado el 18 de agosto por la Semarnat, también fue cuestionado, no por sus objetivos o posibles impactos, sino por la premura para presentarlo y evaluarlo sin estudios de fondo.
La estructura, que tan sólo de la base al rotor mediría 85 metros de altura y poseería aspas de 52 metros de diámetro (137 metros en total), permitiría reducir la emisión de CO2 a la atmósfera, en aproximadamente 46.58 toneladas por año, tomando como referencia una central convencional (utilizando combustóleo) de la misma capacidad.
El Cemda presentó una serie de comentarios acerca de los posibles impactos de la obra. También denunció que incumplía con criterios del Ordenamiento Ecológico Local. Pese a ello, el proyecto se aprobó.
Sin embargo, Aeronáutica Civil objetó la construcción de la torre por los riesgos que implicaría para el tráfico aéreo, al situarse cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún, en un predio de 10 mil 500 metros cuadrados.
Ante ello, la CFE presentó una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, con un nombre distinto, que no hiciera alusión al aerogenerador. Se le bautizó como Proyecto Piloto Sitio 17. Este es el que está aún en evaluación y se construye sin tener autorización ambiental.
Para el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Galaviz, la obra es “desafortunada” desde el inicio. Sólo servirá —dice— para tratar de aparentar, ante los delegados de los 192 países invitados, que Cancún y México se insertan en la aplicación de energías verdes o limpias, cuando no es así.
“Es una payasada. Siempre lo fue, desde el principio lo dije y cada vez lo confirmo más. No es un proyecto serio, es para la foto, para pararse el cuello y tratar de maquillar la realidad. Lo malo es que quedará como un elefante blanco.
“El presidente (Felipe Calderón) debería tener cuidado de quiénes son sus asesores o quién lo envuelve para avalar estas cosas, porque su nombre está de por medio y el de México también. Son jaladas”, concluyó.
Fuente
CFE debe aclarar pagos por 'El Cajón'
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos instruye a la paraestatal entregar información diversa relacionados con la construcción de la Central Hidroeléctrica en Nayarit
Redacción
EL UNIVERSAL
7 de noviembre de 2010
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregar información diversa sobre pagos, convenios y contratos relacionados con la construcción de la Central Hidroeléctrica "El Cajón", en Nayarit que suman más de 52 millones de pesos.
En un comunicado, el organismo explicó que a través de dos solicitudes de información, un particular pidió a la CFE el monto total pagado a comunidad de San Jerónimo Jomulco, municipio de Jala, Nayarit, por la Construcción de dicha Central.
También la copia de los actos o convenios y contratos jurídicos celebrados para documentar dichos pagos, incluyendo los que tienen que ver con la extracción de uso o aprovechamiento de material pétreo, ocupación previa, bienes distintos a la tierra, semovientes, perjuicios, finiquitos, indemnización por expropiación, daños, pagos extraordinarios, comisiones, apoyos extraordinarios.
Además, cualquier otro pago realizado a dicha comunidad por la realización de la referida obra hidroeléctrica; copia de las propuestas de pago de bienes distintos a la tierra en el anexo El Ciruelo hechas por la CFE en el 2006 y en el 2007.
En su respuesta inicial a las dos solicitudes, la CFE había manifestado que la información estaba clasificada como reservada, en virtud de que la misma forma parte de un procedimiento judicial que se está substanciando ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en Tepic, Nayarit.
El IFAI indicó que el particular se inconformó con la clasificación, y, en vía de alegatos, luego de un acceso a la información clasificada con el comisionado ponente, Ángel Trinidad Zaldívar, la CFE modificó su respuesta respecto al monto total pagado a la comunidad de San Jerónimo, dando a conocer la cantidad liquidada: 52 millones 492 mil 540 pesos.
"La CFE también indicó que no se hicieron pagos relacionados con la construcción del proyecto Hidroeléctrico, por concepto de semovientes, perjuicios, finiquitos y daños. Respecto a los demás conceptos de pago, reiteró que la información estaba reservada por estar relacionada con juicios en trámite", añadió.
Trinidad Zaldívar señaló que el sujeto obligado no proporcionó elementos que permitan advertir que la información que clasificó esté relacionada con las estrategias procesales a implementar en dichos procedimientos, o que la divulgación de la misma cause un serio perjuicio a éstas.
"Dicha información es de carácter intrínsecamente público, al estar referida a la erogación de recursos públicos. Por ello, manifestó que es indispensable demostrar que su difusión causa un daño o que se actualiza alguna causal de clasificación prevista en la normatividad aplicable", dijo el comisionado.
De esta forma, el IFAI modificó la respuesta de la CFE y le instruyó para que notifique al particular la disponibilidad de dicha información en copias simples.
Con respecto al punto tres, relacionado con la copia de las propuestas de pago de bienes distintos a la tierra en el anexo El Ciruelo, confirmó la inexistencia declarada por la CFE, concluyó el IFAI.
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“CFE y Conagua arriesgan a tabasqueños”
Roberto Barboza, Corresponsal
El Universal
6 de Noviembre, 2010
VILLAHERMOSA. Sin el aval del gobernador Andrés Granier Melo, las comisiones Federal de Electricidad (CFE) y Nacional del Agua (Conagua) continuaron con el almacenamiento de agua en las hidroeléctricas a fin de aprovecharla en la generación de energía, en lugar de mantener el vaciado de los embalses de las presas del Alto Grijalva.
El 3 de noviembre, el gobierno de Tabasco se retiró del seno del comité que decide el desfogue de las presas de ese complejo, al acusar que CFE y Conagua asumieron actitudes irresponsables con la seguridad de la población tabasqueña al optar por la generación de energía, en lugar bajar el volumen que tienen las presas para que el próximo año no se sufra de inundaciones, afirmó Granier.
Los cuatro embalses aún registran niveles altos, pero CFE y Conagua han determinado que ya no deben desfogar volúmenes como los de septiembre y octubre, en que llegaron a extraer 2 mil 400 metros cúbicos por segundo. Angostura está llena en 106% de su nivel máximo ordinario; Chicoasén al 96%; Malpaso en 82% y Peñitas en 88%.
Esta última mantenía fuera de operación sus turbinas y desfogaba sólo por sus compuertas hasta 2 mil 400 metros cúbicos por segundo. Ahora genera electricidad con sus turbinas por donde extrae mil 338 metros cúbicos por segundo y hasta ayer por sus compuertas descargaba 500 metros cúbicos por segundo.
Conagua informó que con la inasistencia de Tabasco, el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Regional determinó ayer disminuir la extracción de la presa Peñitas en 100 metros cúbicos por segundo para que vierta mil 700 metros cúbicos por segundo.
Desde la acción de protesta del gobernador tabasqueño, la CFE y la Conagua han disminuido la extracción en 300 metros cúbicos por segundo, y continuarán con esa medida de manera “indefinida” en cuanto pasen los efectos del frente frío número 7, explicó el vocero de la Conagua, Gilberto Segovia.
Este mismo sábado se retomará la disminución gradual en la extracción de la presa Peñitas en 50 metros cúbicos por segundos cada 24 horas, lo cual hará descender a los ríos Mezcalapa, Samaria y Carrizal de manera progresiva durante los próximos días.
Fuente
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El Universal
6 de Noviembre, 2010
VILLAHERMOSA. Sin el aval del gobernador Andrés Granier Melo, las comisiones Federal de Electricidad (CFE) y Nacional del Agua (Conagua) continuaron con el almacenamiento de agua en las hidroeléctricas a fin de aprovecharla en la generación de energía, en lugar de mantener el vaciado de los embalses de las presas del Alto Grijalva.
El 3 de noviembre, el gobierno de Tabasco se retiró del seno del comité que decide el desfogue de las presas de ese complejo, al acusar que CFE y Conagua asumieron actitudes irresponsables con la seguridad de la población tabasqueña al optar por la generación de energía, en lugar bajar el volumen que tienen las presas para que el próximo año no se sufra de inundaciones, afirmó Granier.
Los cuatro embalses aún registran niveles altos, pero CFE y Conagua han determinado que ya no deben desfogar volúmenes como los de septiembre y octubre, en que llegaron a extraer 2 mil 400 metros cúbicos por segundo. Angostura está llena en 106% de su nivel máximo ordinario; Chicoasén al 96%; Malpaso en 82% y Peñitas en 88%.
Esta última mantenía fuera de operación sus turbinas y desfogaba sólo por sus compuertas hasta 2 mil 400 metros cúbicos por segundo. Ahora genera electricidad con sus turbinas por donde extrae mil 338 metros cúbicos por segundo y hasta ayer por sus compuertas descargaba 500 metros cúbicos por segundo.
Conagua informó que con la inasistencia de Tabasco, el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Regional determinó ayer disminuir la extracción de la presa Peñitas en 100 metros cúbicos por segundo para que vierta mil 700 metros cúbicos por segundo.
Desde la acción de protesta del gobernador tabasqueño, la CFE y la Conagua han disminuido la extracción en 300 metros cúbicos por segundo, y continuarán con esa medida de manera “indefinida” en cuanto pasen los efectos del frente frío número 7, explicó el vocero de la Conagua, Gilberto Segovia.
Este mismo sábado se retomará la disminución gradual en la extracción de la presa Peñitas en 50 metros cúbicos por segundos cada 24 horas, lo cual hará descender a los ríos Mezcalapa, Samaria y Carrizal de manera progresiva durante los próximos días.
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Desconfían de la CFE
En Contra se declara el Movimiento en Defensa de la Economía Popular de la instalación de medidores inteligentes de la CFE.
Mayra García Sánchez
La Tarde
5 de Noviembre, 2010
El movimiento en defensa de la economía popular de Reynosa se declaró en contra de la instalación de los medidores inteligentes, que aseguran la Comisión Federal de Electricidad ya comenzó a instalar.
Constantino Soto Patiño, líder de este movimiento, refirió que dicha medida está llena de inconsistencias que la dependencia aún no ha aclarado, además que dicha tecnología ya fue probada en otras partes del mundo sin ningún éxito.
"Ya sabíamos que la CFE estaba planeando darle un golpe más a la de por sí gastada economía de los ciudadanos, los medidores digitalizados ya fueron instalados en Europa y África y no funcionaron, fueron equipos que se calientan mucho y se corta la luz, y a través de este método ellos manejan un monedero electrónico de pago que engañosamente lo promueven como beneficio social al pueblo y que incluye un seguro que no sabemos qué cobertura tiene y que los tres primeros meses es gratuito y después ya no, además cuando la gente no tenga recursos en su tarjeta electrónica en automático le interrumpirán la luz", comentó.
Destacó que la Comisión Federal de Electricidad debe antes dar información de este sistema que aún no queda claro entre los consumidores y exhortó a la ciudadanía a resistirse y que no permita la instalación de esta tecnología hasta que la CFE brinde la información correspondiente.
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Suman 39 mil quejas contra CFE
En las últimas semanas ciudadanos denunciaron que los recibos por consumo de energía eléctrica en sus domicilios llegan hasta por 16 mil pesos, por lo que presentaron quejas ante la propia CFE y la Procuraduría del Consumidor
Juan Manuel Barrera
El Universal
5 de noviembre 2010
Suman más de 39 mil los usuarios del valle de México que se quejaron ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por cobros elevados en el consumo de energía eléctrica, informó Rogelio de Jesús García Castañeda, superintendente de la paraestatal en la zona de Tlalnepantla.
“Estamos hablándoles por teléfono y vamos a hacer visitas domiciliarias para que en el caso que haya alguna situación anormal se corrija, en el caso que sea una situación normal se va asesorar al cliente sobre su consumo en los equipos eléctricos”, afirmó. Añadió que hasta ahora no se ha determinado en cuántos casos ha habido errores de medición. En las últimas semanas ciudadanos denunciaron que los recibos por consumo de energía eléctrica en sus domicilios llegan hasta por 16 mil pesos, por lo que presentaron quejas ante la propia CFE y la Procuraduría del Consumidor.
García Castañeda mencionó que “había consumos promedio de 40 pesos, es mucho muy bajo. Un consumo de 40 pesos es muy bajo para una casa habitación en dos meses. Hablamos ni siquiera de un peso diario, hablamos de 60 centavos”.
Afirmó que la CFE tiene dos millones de clientes en el valle de México y 39 mil se quejaron por considerar cobro excesivo, por lo que la paraestatal revisa cada caso y de ser necesario hará las correcciones. Dijo que también disminuyeron los apagones en todo el valle de México, pues al inicio de año el “tiempo de interrupción por usuario” era de 200 minutos y actualmente es de 30 minutos.
Agregó que la CFE no mide el número de apagones, sino el “tiempo de interrupción del servicio” por usuario, el cual se ubica actualmente en 30 minutos por cliente al año.
Expresó que la meta es llegar a 10 minutos de interrupción del servicio por usuario, lo que pudiera ocurrir en los próximos meses. García Castañeda señaló que para atender al valle de México la CFE creó tres nuevas divisiones: Norte, Centro y Sur, con lo que suman 16 divisiones en todo el país.
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Juan Manuel Barrera
El Universal
5 de noviembre 2010
Suman más de 39 mil los usuarios del valle de México que se quejaron ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por cobros elevados en el consumo de energía eléctrica, informó Rogelio de Jesús García Castañeda, superintendente de la paraestatal en la zona de Tlalnepantla.
“Estamos hablándoles por teléfono y vamos a hacer visitas domiciliarias para que en el caso que haya alguna situación anormal se corrija, en el caso que sea una situación normal se va asesorar al cliente sobre su consumo en los equipos eléctricos”, afirmó. Añadió que hasta ahora no se ha determinado en cuántos casos ha habido errores de medición. En las últimas semanas ciudadanos denunciaron que los recibos por consumo de energía eléctrica en sus domicilios llegan hasta por 16 mil pesos, por lo que presentaron quejas ante la propia CFE y la Procuraduría del Consumidor.
García Castañeda mencionó que “había consumos promedio de 40 pesos, es mucho muy bajo. Un consumo de 40 pesos es muy bajo para una casa habitación en dos meses. Hablamos ni siquiera de un peso diario, hablamos de 60 centavos”.
Afirmó que la CFE tiene dos millones de clientes en el valle de México y 39 mil se quejaron por considerar cobro excesivo, por lo que la paraestatal revisa cada caso y de ser necesario hará las correcciones. Dijo que también disminuyeron los apagones en todo el valle de México, pues al inicio de año el “tiempo de interrupción por usuario” era de 200 minutos y actualmente es de 30 minutos.
Agregó que la CFE no mide el número de apagones, sino el “tiempo de interrupción del servicio” por usuario, el cual se ubica actualmente en 30 minutos por cliente al año.
Expresó que la meta es llegar a 10 minutos de interrupción del servicio por usuario, lo que pudiera ocurrir en los próximos meses. García Castañeda señaló que para atender al valle de México la CFE creó tres nuevas divisiones: Norte, Centro y Sur, con lo que suman 16 divisiones en todo el país.
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sábado, 6 de noviembre de 2010
Video. Eduardo Bobadilla, Srio. del Trabajo, informa sobre la audiencia en la JFCA 6nov10
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Generacion SME. Informe de la Audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Secretario del trabajo Eduardo Bobadilla from Generación SME. ERNESTO GERARDO on Vimeo.
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Confirma CFE que no pagó indemnizaciones a ejidatarios afectados por presa El Cajón
Revela al Ifai que erogó casi $52.5 millones por las tierras
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Viernes 5 de noviembre de 2010, p. 20
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reveló al Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) que por las tierras donde se construyó la presa hidroeléctrica El Cajón, en Tepic, Nayarit, pagó un total de 52 millones 492 mil 540 pesos a los ejidatarios de San Jerónimo Jomulco, del municipio de Jala, pero no realizó ninguna erogación por daños y perjuicios.
Aunado a ello, indicó que no dio ninguna liquidación por bienes distintos a los de la tierra, a campesinos de la comunidad del Ciruelo que, junto con los habitantes de El Zapotillo, sufrieron inundaciones a consecuencia del llenado de esa presa, motivo por el cual el Senado de la República exigió a la CFE indemnizar a los habitantes de El Ciruelo, también en Jala.
Durante el análisis del recurso 4435/10, el comisionado ponente, Ángel Trinidad, dijo que un ciudadano pidió a la CFE copia de los actos, convenios, contratos jurídicos y otros papeles que documenten los pagos en cuestión, así como la extracción de uso o aprovechamiento de material pétreo, indemnizaciones por expropiación, pagos extraordinarios, comisiones y otros vinculados con la realización de la presa. La documentación requerida se refería a los poblados mencionados.
La CFE inicialmente clasificó la información bajo el argumento de que se llevan a cabo dos procedimientos judiciales en el juzgado primero de distrito en Nayarit, bajo los expedientes 1288/9 y 1318.
Posteriormente, en audiencia ante el Ifai, la CFE anunció el monto liquidado a los ejidatarios de San Jerónimo, y dado que no se tiene constancia de que esa información se haya entregado al ciudadano que la requirió, quien además es la contraparte en el procedimiento judicial y “por lo tanto es de su conocimiento”, el comisionado Trinidad, con el voto unánime del pleno del instituto, resolvió que se revoque la clasificación del dato. Sin embargo, avaló la inexistencia de pagos a la comunidad de El Ciruelo, ya que la CFE reiteró en alegatos que no ha dado ninguna indemnización.
Al comentar el recurso –con información que desde octubre de 2009 el Ifai había ordenado se hiciera pública (en el expediente 2451/09)–, María Marván recordó que no puede clasificarse el monto porque se trata de recursos públicos, además que la CFE debe contar con los comprobantes de las liquidaciones. A su vez, Sigrid Artz indicó que el argumento de que dar a conocer el dato provocaría conflictos sociales “no se sostiene”, porque las inconformidades se dieron cuando comenzó la obra y “ya no existe evidencia que nos confirme que sigue habiendo cierta problemática social”.
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Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Viernes 5 de noviembre de 2010, p. 20
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reveló al Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) que por las tierras donde se construyó la presa hidroeléctrica El Cajón, en Tepic, Nayarit, pagó un total de 52 millones 492 mil 540 pesos a los ejidatarios de San Jerónimo Jomulco, del municipio de Jala, pero no realizó ninguna erogación por daños y perjuicios.
Aunado a ello, indicó que no dio ninguna liquidación por bienes distintos a los de la tierra, a campesinos de la comunidad del Ciruelo que, junto con los habitantes de El Zapotillo, sufrieron inundaciones a consecuencia del llenado de esa presa, motivo por el cual el Senado de la República exigió a la CFE indemnizar a los habitantes de El Ciruelo, también en Jala.
Durante el análisis del recurso 4435/10, el comisionado ponente, Ángel Trinidad, dijo que un ciudadano pidió a la CFE copia de los actos, convenios, contratos jurídicos y otros papeles que documenten los pagos en cuestión, así como la extracción de uso o aprovechamiento de material pétreo, indemnizaciones por expropiación, pagos extraordinarios, comisiones y otros vinculados con la realización de la presa. La documentación requerida se refería a los poblados mencionados.
La CFE inicialmente clasificó la información bajo el argumento de que se llevan a cabo dos procedimientos judiciales en el juzgado primero de distrito en Nayarit, bajo los expedientes 1288/9 y 1318.
Posteriormente, en audiencia ante el Ifai, la CFE anunció el monto liquidado a los ejidatarios de San Jerónimo, y dado que no se tiene constancia de que esa información se haya entregado al ciudadano que la requirió, quien además es la contraparte en el procedimiento judicial y “por lo tanto es de su conocimiento”, el comisionado Trinidad, con el voto unánime del pleno del instituto, resolvió que se revoque la clasificación del dato. Sin embargo, avaló la inexistencia de pagos a la comunidad de El Ciruelo, ya que la CFE reiteró en alegatos que no ha dado ninguna indemnización.
Al comentar el recurso –con información que desde octubre de 2009 el Ifai había ordenado se hiciera pública (en el expediente 2451/09)–, María Marván recordó que no puede clasificarse el monto porque se trata de recursos públicos, además que la CFE debe contar con los comprobantes de las liquidaciones. A su vez, Sigrid Artz indicó que el argumento de que dar a conocer el dato provocaría conflictos sociales “no se sostiene”, porque las inconformidades se dieron cuando comenzó la obra y “ya no existe evidencia que nos confirme que sigue habiendo cierta problemática social”.
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jueves, 4 de noviembre de 2010
Por corrupción, Néstor Moreno es investigado desde 1998
Lilia Saúl Rodríguez
W Radio
Noviembre 4 de 2010
México.- Néstor Moreno Díaz, ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha sido un nombre habitual en denuncias, quejas e investigaciones ante la Secodam y la PGR.
Desde 1998, ha habido nueve investigaciones contra el ex director de operaciones de la CFE, acusado de recibir sobornos como un yate, un ferrari y cientos de miles de dólares a cambio de contratos con la paraestatal.
En investigaciones de la Secodam, la Funciòn Pùblica y la PGR Moreno nunca resultò responsable de las imputaciones y aunque fueran manchas en el expediente, no eran impedimento para seguir ascendiendo en la jerarquía de la paraestatal.
La primera queja se presentó en 1998 ante la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM).
El ciudadano Prisciliano Valdés Mockabee presentó la denuncia contra Néstor Moreno Díaz por “diversas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones”.
La Secodam determinó la destitución de Moreno Díaz de su puesto, entonces subdirector de CFE y la inhabilitación de diez años de su cargo. Moreno impugnò la resolución y la inhabilitación quedó sin efecto.
Otra queja en contra del ex Director de Operaciones de la CFE se presentó ante la Procuraduría General de la República en mayo de 2000.
De acuerdo con la denuncia de hechos, Moreno Díaz así como Isidro Becerril Salinas, Héctor Sierra García y Julio Ruiz Guerrero, entonces funcionarios de CFE, le prestaron, sin contrato de por medio, materiales y equipos a la empresa Apycsa, en agravio de la paraestatal.
Ismael Macìas Barròn, representante legal de la CFE, presentó una denuncia ante la PGR. Los equipos y materiales prestados a Apycsa habrían causado un daño a la paraestatal por más de 16 millones de pesos. Se presentaron pruebas documentales como los contratos otorgados. Moreno Díaz no resultó responsable.
A finales del año 2000, una carta con documentación en contra de Néstor Moreno Díaz llegó a las oficinas de Salvador Beltrán del Río, ex secretario particular del Titular de la SECODAM, Francisco Barrio Terrazas.
Al año siguiente el órgano de control interno de la CFE informó a Secodam de una denuncia en la que se acusaba a Moreno Díaz de otorgar contratos de manera irregular a la empresa SENSA Control Digital y Sistemas Eléctricos de Potencia para la adquisición de bienes para automatizar diversos procesos de la CFE.
Antes ya había habido tres denuncias en contra de Néstor Moreno Díaz e investigaciones contra las empresas SEPAC, SENSA y SICLES.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran modificaciones fuera de los límites permitidos por la Ley de Adquisiciones, contratos rescindidos que aún parecían vigentes así como pedidos irregulares y empresas favorecidas.
Las denuncias fueron anónimas y de inmediato se iniciaron auditorías e investigaciones en la contraloría regional Golfo Centro quien envió los resultados de la investigación al Órgano Interno de Control de la CFE.
Más tarde, Díaz Tobías fue destituido de su cargo. En entrevistas ha asegurado que no había razón aparente y que fue justo después de haber concluido con las investigaciones contra Moreno Díaz.
Pero las investigaciones determinaron que Moreno Díaz no era responsable y por lo tanto podía continuar en su cargo.
Néstor Moreno cambió de puesto. Fue nombrado Subdirector de Transmisión, Transformación y Control de la CFE y meses después, en 2002, ocuparía la Subdirección de Generación.
El expediente forma parte de uno de los documentos de más de 200 cuartillas que integra la investigación con la que cuentan los diputados federales de la Comisión Especial para investigar la corrupción en la CFE y que en breve citará a Alfredo Elías Ayub, titular de la paraestatal, para que rinda cuentas sobre estas irregularidades.
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Exigen a diputado no quitar propaganda contra la CFE
El Correo Ilustrado
La Jornada
4 de Noviembre, 2010
Señor Rafael Calderón Jiménez, diputado por el Distrito 28 en Tlalpan: a más de un año del golpe fascista en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), esta organización combativa y democrática ha desplegado una lucha codo con codo con los usuarios de la extinta Luz y Fuerza del Centro. El lunes 11 de octubre de 2010, se llevó a cabo una asamblea de usuarios con la participación de organizaciones de colonos de Ecatepec, Valle de Chalco, Coyoacán, Tlalpan y grupos ciudadanos. Los acuerdos principales fueron: el no pago de los cobros excesivos de luz y el rechazo a la instalación de los nuevos medidores de prepago que está instalando la CFE. La colonia Guadalupe Tlalpan respondió a este llamado y los vecinos conscientes hemos realizado pintas difundiendo estos acuerdos en bardas dentro de nuestra colonia. Personal del diputado Rafael Calderón Jiménez las ha borrado para poner propaganda suya. Le exigimos por este medio, que respete el derecho a la libre expresión dentro de una elemental convivencia política.
Juan Antonio Cruz Vega (responsable) Antonia Mendoza Reyes, Gabriela Becerril C., Joel Ocampo Torres y 99 firmas de apoyo
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La Jornada
4 de Noviembre, 2010
Señor Rafael Calderón Jiménez, diputado por el Distrito 28 en Tlalpan: a más de un año del golpe fascista en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), esta organización combativa y democrática ha desplegado una lucha codo con codo con los usuarios de la extinta Luz y Fuerza del Centro. El lunes 11 de octubre de 2010, se llevó a cabo una asamblea de usuarios con la participación de organizaciones de colonos de Ecatepec, Valle de Chalco, Coyoacán, Tlalpan y grupos ciudadanos. Los acuerdos principales fueron: el no pago de los cobros excesivos de luz y el rechazo a la instalación de los nuevos medidores de prepago que está instalando la CFE. La colonia Guadalupe Tlalpan respondió a este llamado y los vecinos conscientes hemos realizado pintas difundiendo estos acuerdos en bardas dentro de nuestra colonia. Personal del diputado Rafael Calderón Jiménez las ha borrado para poner propaganda suya. Le exigimos por este medio, que respete el derecho a la libre expresión dentro de una elemental convivencia política.
Juan Antonio Cruz Vega (responsable) Antonia Mendoza Reyes, Gabriela Becerril C., Joel Ocampo Torres y 99 firmas de apoyo
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miércoles, 3 de noviembre de 2010
César Nava privilegió al consorcio suizo ABB
Ana Lilia Pérez
Contralínea
31 October 2010
Como director jurídico de Pemex, José César Nava Vázquez impuso convenios internos para que no se rescindiera un contrato en el que el consorcio suizo ABB tenía graves incumplimientos. El inexplicable beneficio a favor de esa compañía –en el mismo periodo en el que, según ABB, sobornó a funcionarios mexicanos para “retener” sus contrataciones con la CFE– llevó a Pemex a costear trabajos defectuosos e inoperantes.
En medio del escándalo internacional al declararse culpable ante cortes estadunidenses por sobornar a funcionarios mexicanos para “retener” sus contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), el consorcio suizo ABB Group está bajo investigación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que, hasta diciembre próximo, escrutará sus contratos de obra pública, adquisiciones y servicios con ambas compañías.
Paralelo a ello, están las indagatorias que abrieron la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR). Ambas dependencias están en espera de que el gobierno de Estados Unidos les comparta la indagatoria que integraron la Comisión de Intercambio y Valores, la Oficina Federal de Investigación y el Comité de Cuestionamiento Independiente de las Naciones Unidas, que derivó en la aceptación de culpa de ABB y de la sentencia: pagar 58 millones 800 mil dólares por prácticas ilegales.
Cuando el secretario de la SFP, Salvador Vega Casillas, anunció que la revisión de sus contralores se haría extensiva a Petróleos Mexicanos (Pemex), donde ha obtenido 150 de sus 556 contratos gubernamentales –facturados en la última década–, la alerta se encendió en las oficinas directivas de Marina Nacional. Desde allí se instruyó al blindaje de expedientes de funcionarios y exfuncionarios cercanos a la Presidencia de la República vinculados con irregulares contrataciones a favor de esa compañía.
Uno de ellos es el que integra la documentación relacionada con el contrato PRSPR-044/00DMX, en cuya ejecución ABB presentaba graves incumplimientos. Para que éste no se le rescindiera, desde el jurídico de la paraestatal, encabezado por José César Nava Vázquez, en contravención a la ley, se impuso una serie de “conciliaciones” internas, en contra del interés de la paraestatal. Los convenios solaparon que ABB atrasara por más de un año una obra crucial para Pemex Refinación.
Cuando finalmente se instaló la obra, presentó múltiples fallas: los equipos eran obsoletos, por lo que, según funcionarios de Refinación, la “modernización” de nada ayudó a los proceso de producción.
Contralínea
31 October 2010
Como director jurídico de Pemex, José César Nava Vázquez impuso convenios internos para que no se rescindiera un contrato en el que el consorcio suizo ABB tenía graves incumplimientos. El inexplicable beneficio a favor de esa compañía –en el mismo periodo en el que, según ABB, sobornó a funcionarios mexicanos para “retener” sus contrataciones con la CFE– llevó a Pemex a costear trabajos defectuosos e inoperantes.
En medio del escándalo internacional al declararse culpable ante cortes estadunidenses por sobornar a funcionarios mexicanos para “retener” sus contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), el consorcio suizo ABB Group está bajo investigación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que, hasta diciembre próximo, escrutará sus contratos de obra pública, adquisiciones y servicios con ambas compañías.
Paralelo a ello, están las indagatorias que abrieron la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR). Ambas dependencias están en espera de que el gobierno de Estados Unidos les comparta la indagatoria que integraron la Comisión de Intercambio y Valores, la Oficina Federal de Investigación y el Comité de Cuestionamiento Independiente de las Naciones Unidas, que derivó en la aceptación de culpa de ABB y de la sentencia: pagar 58 millones 800 mil dólares por prácticas ilegales.
Cuando el secretario de la SFP, Salvador Vega Casillas, anunció que la revisión de sus contralores se haría extensiva a Petróleos Mexicanos (Pemex), donde ha obtenido 150 de sus 556 contratos gubernamentales –facturados en la última década–, la alerta se encendió en las oficinas directivas de Marina Nacional. Desde allí se instruyó al blindaje de expedientes de funcionarios y exfuncionarios cercanos a la Presidencia de la República vinculados con irregulares contrataciones a favor de esa compañía.
Uno de ellos es el que integra la documentación relacionada con el contrato PRSPR-044/00DMX, en cuya ejecución ABB presentaba graves incumplimientos. Para que éste no se le rescindiera, desde el jurídico de la paraestatal, encabezado por José César Nava Vázquez, en contravención a la ley, se impuso una serie de “conciliaciones” internas, en contra del interés de la paraestatal. Los convenios solaparon que ABB atrasara por más de un año una obra crucial para Pemex Refinación.
Cuando finalmente se instaló la obra, presentó múltiples fallas: los equipos eran obsoletos, por lo que, según funcionarios de Refinación, la “modernización” de nada ayudó a los proceso de producción.
El contrato
La historia del contrato de ABB, beneficiado por el abogado Nava Vázquez en contra del patrimonio de Pemex, se relaciona con los primeros proyectos de reconfiguración de las refinerías.
El 24 de marzo de 2000, Pemex Refinación y ABB signaron el contrato PRSPR-044/00DMX para que la compañía desarrollara el “Plan Maestro de Modernización de la Instrumentación Área 3, en la Refinería General Lázaro Cárdenas del Río”, de Minatitlán, Veracruz.
La obra era considerada por Pemex Refinación como fundamental, pues haría que se produjera un mayor volumen de refinados de alto valor agregado, principalmente gasolina “limpia”, y minimizaría la producción de combustóleo con alto contenido de azufre.
El proyecto del que emanó el contrato adjudicado a ABB plantea la urgencia de modernizar la refinería más antigua del país, al considerar los directivos de Pemex que su marginalidad en la producción de combustibles con bajo contenido de azufre y plomo –los que más se consumen en el mercado actual– la ponía en riesgo del cierre de sus instalaciones.
De acuerdo con las cláusulas contractuales, ABB automatizaría las líneas de proceso para la refinación de gasolinas libres de plomo en seis de las 27 plantas de la Refinería: las plantas estabilizadoras 1, 2 y 3, y las hidrodesulfuradoras de gasolina, kerosina y de diesel, ubicadas todas en el Área 3.
El contrato se estipuló a “precio alzado” y “tiempo determinado”, lo que significa que legalmente no podía modificarse ni el monto ni el plazo de ejecución de los trabajos, pues el precio de ABB –9 millones 135 mil 039.33 dólares– consideraba ya un margen adicional al precio de los trabajos para respaldar cualquier variación en el costo de obra o equipo y por el plazo fijo de entrega. Dicho de otra manera, ABB estaba cobrando un sobreprecio con el que le garantizaba a Pemex que entregaría los trabajos a cabalidad en un periodo de 660 días (del 27 de marzo de 2000 al 15 de enero de 2002).
Para diciembre de 2001, a cinco semanas de que las líneas de proceso debieran estar automatizadas, ABB presentaba atrasos considerables en los trabajos programados, lo que interrumpía repentinamente los procesos de refinación, que abastece los estados de Puebla, el Sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En el oficio 200027-C-ABPM277, fechado el 5 de diciembre, ABB solicitó a Pemex que se le aprobara un plazo adicional de 90 días para entregar la obra. Argumentó que de éstos, 49 días eran imputables a atrasos de Pemex para recepcionar sus equipos y 41, a sus propios atrasos.
El 14 de diciembre se le notificó la “no procedencia” de los 49 días imputables a Pemex, debido a que la dilación para dar entrada a los equipos derivó en que ABB, en contravención a las cláusulas contractuales, instalara equipos diferentes a los especificados en el contrato inicial, los cuales, además, posteriormente presentarían graves fallas por su baja calidad y condición obsoleta.
De acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, el incumplimiento a un contrato a precio alzado hacía inminente su rescisión. La Ley daba pie a los funcionarios para contratar vía adjudicación directa el resto de los trabajos y que el atraso de ABB no obstruyera los procesos de producción.
La decisión de la Oficina del Abogado General (OAG) iba en otro sentido, según devela el expediente de las “conciliaciones” instruidas por Nava y formalizadas a través de sus abogados subalternos, expediente que fue clasificado por Pemex como “confidencial” –cuya copia posee Contralínea.
ABB, expediente en Pemex
En su estancia como abogado de Pemex –octubre de 2001 a septiembre de 2003–, Nava favoreció a empresas nacionales y extranjeras –que por sus incumplimientos contractuales, enfrentaban o enfrentarían controversias judiciales y extrajudiciales con Pemex– mediante la autorización de convenios y conciliaciones para autorizarles plazos o montos adicionales, con el consecuente impacto económico para la paraestatal.
De esta manera, a su oficina llegó la petición de prórroga que la empresa ABB solicitaba para el contrato número PRSPR-044/00DMX, que se le permitiera continuar, fuera del plazo contractual establecido, con sus trabajos pactados con Refinación. En términos generales, el jurídico consideró que era “más conveniente para los intereses de Pemex ceder a la solicitud de la contratista”, según reza el convenio.
Si algo caracterizó la OAG en tiempos de Nava, además de sus lujos a costa del erario, fue que invariablemente favoreció los intereses de las compañías privadas en vez de velar por el patrimonio de la principal empresa del Estado. Así se condujo con el consorcio que recién reconoció que estila sobornar con viajes y cruceros a los funcionarios públicos y sus esposas.
Para el 8 de enero de 2002, es decir, una semana antes de que oficialmente debiera entregar el trabajo terminado, ABB ya no pedía 90, sino 120 días de prórroga. Aunque de acuerdo con la Ley era improcedente, la OAG indicó que se le otorgara mediante un “convenio de terminación de obra con aplicación de sanciones”. Pemex Refinación notificó a la compañía mediante el oficio PR-SPR-SGOP-MIN-O-0064/2001.
El 15 de enero de 2002, el “convenio” fue suscrito por Patricia Arciniega Luna, en representación de la OAG, la misma abogada que en representación del jurídico de Pemex avaló los contratos que Juan Camilo Mouriño Terrazo firmó precisamente con Pemex Refinación en su dualidad de contratista del gobierno federal y funcionario público (Contralínea 89).
En representación de la subsidiaria, firmaron el “convenio” el subdirector Rómulo Aguiñaga Enciso, Carlos Bueno Rapozzo y Fermín Cuevas Quiroga, de la superintendencia de Minatitlán. Por ABB, su apoderado Daniel Galicia Virues, quien a la postre, en 2009, se convertiría en director general del consorcio para México, Centroamércia y el Caribe.
A pesar del impacto que en términos cuantitativos representaría para Refinación el atraso de la compañía (en razón de que en las líneas de producción, la materia prima que no entra a proceso se desfoga, es decir, se envía a los quemadores atmosféricos), en el “convenio” de terminación de obra se impuso una sanción de sólo 0.3 por ciento del importe de los trabajos no realizados en la fecha de la terminación señalada del programa original aprobado.
Entrevistados por Contralínea, trabajadores de la refinería de Minatitlán explican que el atraso y las deficiencias de obra de ABB provocaron que las plantas se sacaran de operación en periodos no considerados; la materia prima programada para esas plantas se quemaba, pues era imposible almacenarla.
En ese primer “convenio” se fijó una cláusula que estipulaba que si la contratista no cumplía con la terminación de los trabajos en ese plazo adicional, es decir, al 15 de mayo, Pemex procedería conforme a lo establecido en el contrato y la Ley, es decir, a la rescisión. No ocurrió así. Como sus trabajos prácticamente no presentaban avances, el 24 de abril ABB solicitó otros 60 días adicionales (oficio 200027-C-ABPM-296).
El 26 de abril se le notificó que dicha prórroga se formalizaría mediante otro convenio que se firmaría el día en que formalmente debía entregar los trabajos finalizados según el primer convenio adicional.
Aquel 15 de mayo, en las oficinas de la Torre Ejecutiva de Marina Nacional, se reunieron Daniel Galicia Virues, de ABB; Gilberto Reynoso Whitaker y Fermín Cuevas Quiroga, por Refinación; y Luis Enrique Villarreal Gómez, en representación del jurídico. En Pemex, Villarreal Gómez fungía como asesor de César Nava.
En el nuevo convenio, otra vez se argumentó que “resulta más conveniente para los intereses del organismo acceder a la solicitud del contratista de celebrar un convenio de prórroga con aplicación de sanciones, agotando con esta medida las disposiciones administrativas al respecto, en lugar de proceder a la rescisión del contrato, ya que de optarse por esta última alternativa se tendrían que respetar los plazos establecidos por la ley en la materia y posteriormente reiniciar un nuevo procedimiento de contratación para la ejecución de la obra faltante”.
Aunque se reconoce que, de respetarse los plazos establecidos por la ley, el contrato debía rescindirse, se arguyó que, de hacerlo, se debía iniciar un nuevo proceso de contratación de la obra faltante, “lo que requeriría de un periodo mínimo de seis meses, lo cual repercutiría en retraso en la conclusión de la obra con la consiguiente afectación al programa de producción de las plantas”.
En realidad, las adjudicaciones directas suponen plazos de unos 15 días para que entren a contrato. Pero se autorizó una nueva prórroga con vigencia del 16 de mayo al 14 de julio de 2002. En el “convenio”, otra vez se estipuló que de no concluir los trabajos en el nuevo plazo autorizado, se procedería “conforme a la Ley”, implícita la rescisión.
Seis días antes de que el plazo llegara a su fin, ABB solicitó una nueva prórroga de 105 días por atrasos “no imputables”. Argumentó que había un “desfasamiento” entre sus trabajos y el programa de obra del contrato por parte de Pemex.
Las bitácoras internas evidencian que, a casi dos años de que arrancara la obra, ABB tenía problemas con la ingeniería básica, los cuales debió detectar desde los primeros meses. La ley en la materia obliga a que, antes de arrancar la obra, debe revisarse la ingeniería básica y de detalle. Los supervisores comenzaron a manifestar su extrañamiento al respecto.
El 11 de julio, ABB informó a la supervisión de obra que consultaría al área jurídica respecto de la aplicabilidad de las penalizaciones. El 23 de agosto, Pemex acordó imputarle únicamente 91 días de atraso.
Pero las bitácoras de obra emitidas por el personal de Pemex Refinación en Minatitlán revelan que los incumplimientos de ABB no versaban solamente en los plazos de ejecución: la compañía cambió los materiales y equipos estipulados en el contrato original, por los cuales fijó un precio de más de 9 millones de dólares. Bastó que la compañía garantizara de palabra que el nuevo equipo representaba un “beneficio de calidad y funcionalidad” para que los directivos de la subsidiaria lo aceptaran.
Para validar tales equipos, un “grupo de trabajo”, integrado por funcionarios de Pemex (Miguel Cansigno y Miguel Ochoa Melo) y de ABB, se reunieron entre el 8 y el 11 de abril de 2002 en las instalaciones directivas de la compañía, en Tlalnepantla, Estado de México.
ABB modificó los alcances del contrato, pero no los montos que cobró a Pemex. También el programa de obra establecido en el programa contractual original, para que las penalizaciones fueran más bajas. Los directivos de la paraestatal lo aprobaron, en contravención a las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Obra Pública de Pemex, como también le fueron recepcionando sus trabajos de manera parcial, lo cual es irregular en un contrato a precio alzado, donde se pagó por una instalación completa y operando en el plazo pactado.
Las bitácoras internas de Pemex Refinación –cuya copia posee Contralínea– revelan las fallas en equipos que supuestamente eran nuevos, además de las deficiencias en la instalación, fugas de aceite, fallas en los compresores, entre muchas otras. El problema era que los equipos no se adaptaban a las especificaciones técnicas de las plantas de la refinería, las cuales estaban especificadas en el contrato inicial.
Todo ello motivó conflictos entre el personal técnico de Minatitlán y el de ABB, según quedó asentado en las bitácoras reservadas por Pemex. Uno de los focos rojos era que la automatización que ABB implantaba rayaba en los límites mínimos requeridos, lo que, evaluó personal técnico de Pemex, le restaba “confiabilidad” a la operación de las plantas y su vida útil.
Más aún. La “intervención” del personal de ABB en las plantas que supuestamente modernizaba provocó “anomalías” en los sistemas de control. Ello quedó asentado en la bitácora de una reunión que entre ambas partes tuvo lugar en febrero de 2003. Parecía imposible que ABB lograra empatar sus adaptaciones a las plantas, así que echaron mano de otros equipos de las plantas de otra área (el Área 2) de la Refinería para combinar los equipos.
Las bitácoras de marzo de 2003 asientan que las fugas de aceite en las plantas continuaban. Antes de entrar a operación, otros equipos que supuestamente eran nuevos debieron llevarse a reparación; otros más estaban incompletos.
Hay además incongruencias en los trabajos que según Pemex había realizado ABB en el momento en que debía haber concluido su contrato original. En enero de 2001, cuando debió haber concluido la obra, se dijo que tenía avances de 83 por ciento, luego que el avance era de 80 por ciento, es decir, había decremento en el trabajo, lo que supone que hubo preestimación de la obra que se pagó a la compañía.
No hay evidencia de más prórrogas convenidas después de 2002, pero sí de que la compañía seguía trabajando en 2003 en la misma obra. Para marzo, aún corregía fugas en las plantas. Habían pasado más de 420 días desde que debía haber entregado la instalación. Luego se negó a cubrir las penalizaciones. Enrarecida la relación entre ABB y algunos supervisores de obra que se negaban a dar visto bueno a sus trabajos, el asunto llegó a tribunales, en un litigio radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
La dirección de Pemex blindó todo el expediente relativo a este caso, y como parte de ese blindaje negó a Contralínea toda información al respecto. Por parte de ABB, hay un secretismo similar. La vocera de la compañía en México, Alejandra Cerón, dijo que “el caso está cerrado desde 2007”; se negó a informar el fallo.
Previamente, Contralínea había solicitado a la compañía una entrevista con su director Daniel Galicia Virues para hablar sobre los términos en los que logró obtener de la OAG la autorización para los convenios adicionales a pesar de los incumplimientos de la empresa en todos ellos. Que explicara cómo logró que, aun con más de 400 días de atraso en sus trabajos, no se le rescindiera el contrato.
Cerón pidió el cuestionario para después comentar vía telefónica que no hablarían al respecto, aunque agregó que “sí hubo una penalización por retraso. Es algo común para muchas industrias; pero nosotros cumplimos el requerimiento del contrato al ciento por ciento y asumimos también el retraso”. Omitió responder en qué términos se dieron las autorizaciones de los plazos adicionales. Se negó también a dar la postura de la compañía respecto de las indagatorias que la SFP realiza a los contratos petroleros de ABB, muchos de ellos entregados vía adjudicación directa.
De la solicitud de entrevista con el hoy presidente nacional del Partido Acción Nacional, César Nava Vázquez, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Inversión infructuosa
“La obra amparada en el contrato es de primordial relevancia para el organismo, ya que una vez concluida la integración de la instrumentación al nuevo sistema de control distribuido, permitirá una operación más confiable y segura de las plantas hidrosulfuradotas de gasolina, kerosina y diesel, así como de las plantas estabilizadoras números 1, 2 y 3”, cita el argumento utilizado para conceder a ABB uno de los plazos adicionales fuera de contrato.
Al cabo del tiempo, la supuesta modernización resultó inútil por no ser compatible con el resto de los equipos y la instrumentación que Pemex contrató a ICA y Siemens, encargadas de las torres de deshidratación, plantas de refinación de gasolinas, equipos de generación eléctrica y calderas de vapor.
Un directivo de la Refinería Lázaro Cárdenas explica que uno de los errores medulares fue que ABB no realizó pruebas y arranque a los equipos e instrumentos que instaló, y que muchos de ellos eran obsoletos.
El control distribuido es un sistema de seguridad de las plantas y equipos que, a través de instrumentos de control, envía señales analógicas a un centro de operaciones o cuartos de control. Éstas son operadas y monitoreadas por computadoras que procesan toda la información y, en su caso, detienen o activan las plantas. El funcionario refiere que debido a que la instrumentación que realizó la compañía, no entró en operación por completo, desde 2003, Pemex Refinación. A través de su gerencia en Minatitlán, ha debido aplicar mantenimiento de preservación a los equipos que instaló ABB.
“Esto, por supuesto que es una situación anómala, porque a un equipo nuevo no tendría porque dársele mantenimiento, sobre todo cuando hasta la fecha ni siquiera está entregado como trabajo terminado. Pero si no se les diera mantenimiento, habría más problemas de los que de por sí ya tienen los equipos”, explica.
Cuando el pasado 12 de octubre el secretario de la Función Pública anunció las auditorías a las contrataciones que en la última década ABB ha signado con el gobierno federal, en la refinería de Minatitlán la tensión se hizo manifiesta entre los gerentes, superintendentes, supervisores y funcionarios involucrados en el contrato PRSPR-044/00DMX.
“Si el secretario Salvador Vega va en serio con las auditorías, sólo por este contrato rodarán muchas cabezas”, reflexiona un gerente de la Lázaro Cárdenas que pide el anonimato.
Millonarias adjudicaciones a ABB
En la última década, el consorcio suizo ABB ha recibido jugosos contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios, que por su monto, de acuerdo con la normatividad en la materia, debieron licitarse.
En 2003, aún enfrascada en sus trabajos en Minatitlán, por adjudicación directa la empresa ABB recibió el contrato GRC-078-S/2003, por 5 millones de pesos, para el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de refacciones en el sistema de seguridad para gas y fuego en la Refinería Héctor Lara Sosa.
El contrato GRC-100-S/2003, por 290 mil pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de control ABB Taylor de la Planta Isomerizadora.
El GRC-121-S/2003, por 1 millón 900 mil pesos, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de refacciones para los sistemas de control distribuido, sistema de paro de emergencia y sistema de seguridad de gas y fuego de la Planta Coquizado.
El GRC-124-S/2003, por 300 mil pesos, para el mantenimiento preventivo y correctivo y la calibración de las plantas de alquilación, hidros de gasoleos, azufre.
El RMIN-084/2003, por 5 millones 200 mil pesos, para el mantenimiento preventivo, correctivo con suministro e instalación de repuestos en los sistemas de control instalados en las plantas de proceso en la Refinería Lázaro Cárdenas.
El RMIN-092/2003, por 2 millones 900 mil pesos, para el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de refacciones para el sistema de control instalado en las calderas de la Refinería Lázaro Cárdenas.
El CS-RMH-079/2003, por 45 mil 245 pesos, para calibrar un relevador marca ABB en la Refinería Miguel Hidalgo.
Una de las más onerosas se la entregó Exploración y Producción a través de su Gerencia de Contratos SIDOE, mediante el contrato 410835806 por 78 millones 195 mil 165 dólares, y 115 millones 793 mil 454 pesos, es decir unos 900 millones de pesos por trabajos durante 18 meses.
En esta adjudicación directa se le encargó la ingeniería, procura, fabricación, carga, amarre, instalación, pruebas y arranque de la plataforma de producción PB-KU-H, los puentes de interconexión a la plataforma de perforación PP-KU-H y la plataforma habitacional HA-K.
A partir de 2006, la compañía se convirtió en uno de los principales proveedores de algunas subsidiarias, como Pemex Gas y Petroquímcia Básica, según registros de la subsidiaria.
Asunto de Estado
En septiembre pasado, cuando las autoridades estadunidenses hicieron pública la multa en contra de ABB –58 millones 800 mil dólares– por pagar sobornos oficiales en México para “retener” negocios con paraestatales del sector energético, el presidente Felipe Calderón se dijo “indignado” de las prácticas de ABB y de los funcionarios públicos sobornados. Sin embargo, omitió las operaciones de Nava en favor de esta empresa.
“Esto es totalmente indebido y me da mucho coraje. La verdad es que me molesta que algún funcionario se pase de vivo y cometa raterías… Este asunto debe ser, como cualquier otro de corrupción en mi gobierno, investigado a fondo y tiene que ser castigado”, dijo en entrevista con W Radio el pasado 6 de octubre, al tiempo que anunció que su gobierno investigará “todos” los contratos que el consorcio tenga en el país.
Desde 2005, el Departamento de Justicia y la Comisión de Intercambio y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) iniciaron la investigación en contra del consorcio suizo ABB bajo los cargos antes señalados.
La indagatoria –llevada por la SEC a una corte federal en Washington, en colaboración con la División Criminal de Fraude del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Comité de Cuestionamiento Independiente de las Naciones Unidas– arrojó que, entre 1999 y 2004, ABB Network Management, la filial estadunidense de ABB, sobornó a funcionarios de las estatales mexicanas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) “para obtener y retener contratos”.
De acuerdo con la indagatoria, los representantes de la firma pagaron con cheques y transferencias a familiares de los funcionarios, además de pagos en efectivo y viajes en cruceros por el Mediterráneo para los funcionarios y sus esposas. Los sobornos sumaron unos 2 millones 700 mil dólares, que ABB registró en sus libros contables como pagos para comisiones y servicios en proyectos en el país.
Como resultado de esos arreglos, ABB obtuvo contratos por más de 90 millones de dólares en ingresos y 13 millones de dólares en ganancias. Dichas contrataciones se relacionan con el Sistema de Información en Tiempo Real para Administración y Control de Energía, por 44 millones de dólares, y el programa Evergreen, por 37 millones de dólares.
Uno de los funcionarios sobornados fue el director de Operación de la CFE Néstor Félix Moreno Díaz, quien recibió un yate, un Ferrari y 700 mil dólares.
Ante las autoridades estadunidenses, ABB se declaró culpable de los cargos en su contra. Acordó con el gobierno estadunidense pagar sus multas por “penalidades criminales”, según informó la SEC el pasado 29 de septiembre.
En un comunicado, fechado al día siguiente, en Suiza, sede del corporativo, dice que “ABB ha cooperado plenamente con el Departamento de Justicia y la SEC”, entidades que acordaron que ABB deberá informar sobre sus esfuerzos de cumplimiento continuo y los resultados de la revisión de sus procesos internos por los próximos tres años.
La investigación de las autoridades estadunidenses “nos da que pensar y nos obliga a investigar todos los casos vinculados”, subrayó Calderón en su entrevista con W Radio.
De manera que se deberá escrutar los 556 contratos que en la última década ABB recibió del gobierno mexicano, que suman 3 mil 400 millones de pesos. El 99.5 por ciento de Petróleos Mexicanos (Pemex), CFE y LFC, incluidos los convenios y conciliaciones extrajudiciales que César Nava autorizó como abogado de Pemex.
Como lo hará con los funcionarios que en la CFE, LFC y Pemex adjudicaron contratos a ABB, la Secretaría de la Función Pública podría también revisar las declaraciones patrimoniales de César Nava, incluido el departamento de Polanco, que recién le regaló Patricia Sirvent, que, según el Partido Acción Nacional, “sólo” le costó 7 millones 250 mil pesos.
Contralínea 206 / 31 de Octubre de 2010
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