martes, 8 de junio de 2010
Imágenes de la Toma de Cananea
ANTE LAS NEFASTAS MENTIRAS DEL SECRETARIO DE TRABAJO JAVIER LOZANO, "EMPLEADO" DE LA EMPRESA GRUPO MÉXICO. ¿NO HUBO VIOLENCIA EN CANANEA?
JAVIER LOZANO SECRETARIO DEL TRABAJO DE MÉXICO, DICE QUE NO HUBO VIOLENCIA EN LA TOMA MILITAR DE CANANEA.
¿QUÉ DICEN ESTAS MUESTRAS GRÁFICAS?
JAVIER LOZANO SECRETARIO DEL TRABAJO DE MÉXICO, DICE QUE NO HUBO VIOLENCIA EN LA TOMA MILITAR DE CANANEA.
¿QUÉ DICEN ESTAS MUESTRAS GRÁFICAS?
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México: La triste historia de cómo han “madreado” por el gobierno fascista a todas los organismos sindicales y sociales
Pedro Echeverría
especial para ARGENPRESS.info
martes 8 de junio de 2010
¡Que Cananea se convierta en chispa de la Revolución!
1. "Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí". Martín Niemoeller 1945. Pastor protestante, 1892-1984. (Frases –según se ha dicho- erróneamente atribuidas a Bertold Brech). Se han propagado en el mundo estas ideas para demostrar hasta qué grado de individualismo ha sido impuesto en los seres humanos por las sociedades opresoras. Una terrible ceguera y egoísmo que ha llevado a que los empresarios y los gobiernos destruyan –una tras otra- organizaciones de trabajadores mientras los líderes siguen defendiendo su pequeña capilla o coto de poder.
2. En México el gobierno derechista de Fox, en su primer año de gobierno, sometió a los indígenas rebeldes EZLN sin que nadie metiera la mano en su defensa. A nadie importó que en 1994 –cuando el gobierno priísta de Salinas festejaba que “México era ya un país del primer mundo” y bendecía la candidatura de Colosio como su sucesor- los indígenas en actos de valor se levantaran en armas para despertar a México. En 2001, después de la “larga marcha por la tierra” que partió de Chiapas y llegó al Zócalo de la ciudad de México, la dirigencia del EZLN confió –y al parecer no le quedó otro camino- en la Presidencia y en los legisladores que semanas después le dieron un golpe casi mortal al aprobar leyes antindígenas y al fortalecer el cerco militar alrededor del territorio rebelde. Nadie defendió porque no era indígena, ni del EZLN ni de Chiapas.
3. En 1997, 98, 2000 y en adelante, los obreros electricistas del SME fueron sin duda los más destacados luchadores contra la privatización de la electricidad y contra las llamadas “reformas estructurales”. Encabezaron por lo menos una decena de grandes marchas y mítines en la ciudad de México seguidos por cientos de miles de obreros y trabajadores del campo y la ciudad. Pero hace nueve meses el gobierno filofascista de Calderón ordenó el cese de 44 mil obreros y el fulminante cierre –con cualquier argumento- de la empresa Luz y Fuerza. Los trabajadores han recibido miles, muchos miles de apoyos verbales pero ninguno serio, real, concreto, porque todas las organizaciones están entretenidas “luchando” por sus cositas. Aunque también hay que pensar en que los mismos dirigentes no quieren apoyos para no tener que dar. ¿Así pensarán los obreros?
4. En 2005 el gobierno empresarial de Fox, al ver que López Obrador aventajaba hasta por 10 puntos en las encuestas por la carrera presidencial, tomó la decisión de frenarlo inventándole todo tipo de acusaciones para desaforarlo y llevarlo a la cárcel. AMLO se decidió por la movilización de masas y derrotó a Fox, al PAN y al PRI. Sin embargo ya en el proceso electoral AMLO fue sometido por un golpe de Estado proempresarial. Los sectores progresistas, en vez de defenderlo, lo dejaron solo. Aunque también AMLO, con un discurso en el que el pacifismo y el electoralismo fueron determinantes, logró alejar de su causa a todos aquellos que estaban decididos a ir más allá y a confrontar de verdad al gobierno. ¡Imaginen nada más qué joda! EZLN, AMLO, SME, APPO, han movilizado por separado hasta un millón de simpatizantes, y el gobierno de derecha los ha sometido.
5. En 2006 a finales del gobierno de Fox, ya Calderón en funciones como presidente “electo” y con el PRI negociando todo con el panismo, la brutal represión militar cayó sobre la APPO, la sección 22 y el pueblo de Oaxaca. Nadie metió la mano porque no era de la APPO ni de Oaxaca. Todos los “dirigentes de masas” –PRD, EZLN, SME, CNTE, desde sus casitas y oficinas- declararon su apoyo verbal, moral, que siempre sirve para un carajo. Calderón, Fox, Beltrones, Ulises Ruiz, se carcajearon de la llamada izquierda entretenida viendo por sus intereses políticos y gremiales. Los batalladores oaxaqueños fueron desalojados de la plaza, esta fue ocupada militarmente, los universitarios golpeados y perseguidos por militares, hasta que el 25 de noviembre fue invadida la ciudad. ¿Por qué íbamos a apoyar si estábamos entretenidos en nuestras políticas particulares?
6. Los mineros, cuyo sindicato ha dirigido Gómez Urrutia –como secretario general- desde su exilio, llevan luchando por lo menos cinco años contra las políticas antisindicales del gobierno de Fox y luego de Calderón. Han estado siempre solos porque los indígenas del EZLN están preocupados por “sus” derechos, porque López Obrador sólo entiende de asuntos electorales, porque la APPO no ha logrado expulsar a Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca, porque los electricistas y telefonistas andan peleando por el control del movimiento obrero, porque en la CNTE y otras organizaciones no se confía en Gómez Urrutia por ser hijo del líder espurio Gómez Sada. Es decir, dentro de las dirigencias progresistas o de izquierda siempre habrá mil y un pretextos para no acercarse a dialogar y para realizar tareas conjuntas. Qué tal.
7. Ahora el gobierno profascista de Calderón entra violentamente a los minerales de Cananea para expulsar a los mineros que estaban en huelga desde julio de 2007. Viene una larga batalla jurídica por violación al derecho de huelga, pero el gobierno sabe que “golpe dado ni dios lo quita”. Sabe el gobierno que tiene la fuerza de las armas y del poder y, con ello tiene también “la razón”. En vez de que los movimientos de masas intervengan para sacar de Cananea a los militares, publicará una decena de desplegados que sólo causarán risa a Calderón y su mafia. ¿Qué harán los electricistas, AMLO, el EZLN, la APPO, la CNTE, los telefonistas? Nada, absolutamente nada: Que cada quien se rasque con sus propias manos mientras Calderón, el perro Lozano y Gómez Mont, festejan estos golpes militares a tambor batiente. ¡Qué vergüenza para quienes aún nos decimos de izquierda!
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especial para ARGENPRESS.info
martes 8 de junio de 2010
¡Que Cananea se convierta en chispa de la Revolución!
1. "Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí". Martín Niemoeller 1945. Pastor protestante, 1892-1984. (Frases –según se ha dicho- erróneamente atribuidas a Bertold Brech). Se han propagado en el mundo estas ideas para demostrar hasta qué grado de individualismo ha sido impuesto en los seres humanos por las sociedades opresoras. Una terrible ceguera y egoísmo que ha llevado a que los empresarios y los gobiernos destruyan –una tras otra- organizaciones de trabajadores mientras los líderes siguen defendiendo su pequeña capilla o coto de poder.
2. En México el gobierno derechista de Fox, en su primer año de gobierno, sometió a los indígenas rebeldes EZLN sin que nadie metiera la mano en su defensa. A nadie importó que en 1994 –cuando el gobierno priísta de Salinas festejaba que “México era ya un país del primer mundo” y bendecía la candidatura de Colosio como su sucesor- los indígenas en actos de valor se levantaran en armas para despertar a México. En 2001, después de la “larga marcha por la tierra” que partió de Chiapas y llegó al Zócalo de la ciudad de México, la dirigencia del EZLN confió –y al parecer no le quedó otro camino- en la Presidencia y en los legisladores que semanas después le dieron un golpe casi mortal al aprobar leyes antindígenas y al fortalecer el cerco militar alrededor del territorio rebelde. Nadie defendió porque no era indígena, ni del EZLN ni de Chiapas.
3. En 1997, 98, 2000 y en adelante, los obreros electricistas del SME fueron sin duda los más destacados luchadores contra la privatización de la electricidad y contra las llamadas “reformas estructurales”. Encabezaron por lo menos una decena de grandes marchas y mítines en la ciudad de México seguidos por cientos de miles de obreros y trabajadores del campo y la ciudad. Pero hace nueve meses el gobierno filofascista de Calderón ordenó el cese de 44 mil obreros y el fulminante cierre –con cualquier argumento- de la empresa Luz y Fuerza. Los trabajadores han recibido miles, muchos miles de apoyos verbales pero ninguno serio, real, concreto, porque todas las organizaciones están entretenidas “luchando” por sus cositas. Aunque también hay que pensar en que los mismos dirigentes no quieren apoyos para no tener que dar. ¿Así pensarán los obreros?
4. En 2005 el gobierno empresarial de Fox, al ver que López Obrador aventajaba hasta por 10 puntos en las encuestas por la carrera presidencial, tomó la decisión de frenarlo inventándole todo tipo de acusaciones para desaforarlo y llevarlo a la cárcel. AMLO se decidió por la movilización de masas y derrotó a Fox, al PAN y al PRI. Sin embargo ya en el proceso electoral AMLO fue sometido por un golpe de Estado proempresarial. Los sectores progresistas, en vez de defenderlo, lo dejaron solo. Aunque también AMLO, con un discurso en el que el pacifismo y el electoralismo fueron determinantes, logró alejar de su causa a todos aquellos que estaban decididos a ir más allá y a confrontar de verdad al gobierno. ¡Imaginen nada más qué joda! EZLN, AMLO, SME, APPO, han movilizado por separado hasta un millón de simpatizantes, y el gobierno de derecha los ha sometido.
5. En 2006 a finales del gobierno de Fox, ya Calderón en funciones como presidente “electo” y con el PRI negociando todo con el panismo, la brutal represión militar cayó sobre la APPO, la sección 22 y el pueblo de Oaxaca. Nadie metió la mano porque no era de la APPO ni de Oaxaca. Todos los “dirigentes de masas” –PRD, EZLN, SME, CNTE, desde sus casitas y oficinas- declararon su apoyo verbal, moral, que siempre sirve para un carajo. Calderón, Fox, Beltrones, Ulises Ruiz, se carcajearon de la llamada izquierda entretenida viendo por sus intereses políticos y gremiales. Los batalladores oaxaqueños fueron desalojados de la plaza, esta fue ocupada militarmente, los universitarios golpeados y perseguidos por militares, hasta que el 25 de noviembre fue invadida la ciudad. ¿Por qué íbamos a apoyar si estábamos entretenidos en nuestras políticas particulares?
6. Los mineros, cuyo sindicato ha dirigido Gómez Urrutia –como secretario general- desde su exilio, llevan luchando por lo menos cinco años contra las políticas antisindicales del gobierno de Fox y luego de Calderón. Han estado siempre solos porque los indígenas del EZLN están preocupados por “sus” derechos, porque López Obrador sólo entiende de asuntos electorales, porque la APPO no ha logrado expulsar a Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca, porque los electricistas y telefonistas andan peleando por el control del movimiento obrero, porque en la CNTE y otras organizaciones no se confía en Gómez Urrutia por ser hijo del líder espurio Gómez Sada. Es decir, dentro de las dirigencias progresistas o de izquierda siempre habrá mil y un pretextos para no acercarse a dialogar y para realizar tareas conjuntas. Qué tal.
7. Ahora el gobierno profascista de Calderón entra violentamente a los minerales de Cananea para expulsar a los mineros que estaban en huelga desde julio de 2007. Viene una larga batalla jurídica por violación al derecho de huelga, pero el gobierno sabe que “golpe dado ni dios lo quita”. Sabe el gobierno que tiene la fuerza de las armas y del poder y, con ello tiene también “la razón”. En vez de que los movimientos de masas intervengan para sacar de Cananea a los militares, publicará una decena de desplegados que sólo causarán risa a Calderón y su mafia. ¿Qué harán los electricistas, AMLO, el EZLN, la APPO, la CNTE, los telefonistas? Nada, absolutamente nada: Que cada quien se rasque con sus propias manos mientras Calderón, el perro Lozano y Gómez Mont, festejan estos golpes militares a tambor batiente. ¡Qué vergüenza para quienes aún nos decimos de izquierda!
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Al Frente: La waka waka de Cananea y los bafana bafana
Jairo Calixto Albarrán
Milenio.com
2010-06-08
Recomendarvotar ahoraPocas imágenes tan conmovedoras, tan entrañables, como la del secretario del Trabajo, el señor Lozano, siempre sensible y humanista que, en su denodada lucha contra el proletariado sin cabeza, siempre ofrece salidas honrosas a pesar de colgarse de lo más blanco del sindicalismo pando. Por ejemplo, después de la toma momentánea que se ha eternizado de las instalaciones de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, ya anunció que de manera generosísima la CFEliz ya recontrató a 379 trabajadores de los 14 mil adscritos al SME, para que sepan lo que es pertenecer a una compañía de clase mundial. Así, con la toma de la mina de Cananea, que no está situada en una loma, este émulo de Gandhi que ha venido a metrosexualizar las relaciones obrero-patronales, ya anunció en pomposa ceremonia, con la venia del Grupo México, que, gracias a la caída de los rijosos trabajadores que no quisieron pasar del “Sí se puede” al “Ya se pudo”, Cananea se convertirá en un centro de producción y desarrollo primermundista. Una cosa fabulosa que hará ver a Manhattan como una comunidad provinciana y a Vancouver a la manera de un sórdido rancho, lo cual está bien para que cuando vuelva Napito de su idílico exilio dorado en tierras primermundistas no encuentre nada extraño.
Y lo mejor es que el gobierno calderónico organizó todo este show luego de tres años de huelga, antes de que los mineros se murieran esperando al Godot negociador de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Aunque a Jelipillo le falló el timing, porque si se hubiera esperado al partido de la selección contra los bafana bafana para dar el cananeazo, nadie se hubiera dado cuenta y ahorita no habría tanto sospechosismo en el ambiente. Sólo a él se le ocurre hacer esto, antes de que enciendan las cortinas de humo del Mundial. Eso le pasa por andar a las prisas, lo bueno es que, dejando a la patria a todo dar, con narcofosas donde se produce el milagro de la multiplicación de las osamentas (menos la de Muñoz Rocha, caray), ya puede irse a Sudáfrica con la bendición de don Norbeto Rivera. ¿No es bonito que el cardenal en vez de perder el tiempo acordándose de los niños de la guardería ABC, mejor aprovechó sus conexiones con Dios para abogar por el Tri?
Pensándolo bien, Calderón hace más falta en el Mundial cantando el waka waka con el Compayito, que en esta patria donde nunca pasa nada. Sólo hay que solicitarle que, con la misma puntualidad con la que la policía de Coahuila fue a Cananea a asegurarse de que se cumplieran los mandatos de la Tremenda Corte, cuando ésta decida darle su requisada a Bours-Karam-Molinar, haga lo mismo.
www.twitter.com/jairocalixto
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Milenio.com
2010-06-08
Recomendarvotar ahoraPocas imágenes tan conmovedoras, tan entrañables, como la del secretario del Trabajo, el señor Lozano, siempre sensible y humanista que, en su denodada lucha contra el proletariado sin cabeza, siempre ofrece salidas honrosas a pesar de colgarse de lo más blanco del sindicalismo pando. Por ejemplo, después de la toma momentánea que se ha eternizado de las instalaciones de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, ya anunció que de manera generosísima la CFEliz ya recontrató a 379 trabajadores de los 14 mil adscritos al SME, para que sepan lo que es pertenecer a una compañía de clase mundial. Así, con la toma de la mina de Cananea, que no está situada en una loma, este émulo de Gandhi que ha venido a metrosexualizar las relaciones obrero-patronales, ya anunció en pomposa ceremonia, con la venia del Grupo México, que, gracias a la caída de los rijosos trabajadores que no quisieron pasar del “Sí se puede” al “Ya se pudo”, Cananea se convertirá en un centro de producción y desarrollo primermundista. Una cosa fabulosa que hará ver a Manhattan como una comunidad provinciana y a Vancouver a la manera de un sórdido rancho, lo cual está bien para que cuando vuelva Napito de su idílico exilio dorado en tierras primermundistas no encuentre nada extraño.
Y lo mejor es que el gobierno calderónico organizó todo este show luego de tres años de huelga, antes de que los mineros se murieran esperando al Godot negociador de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Aunque a Jelipillo le falló el timing, porque si se hubiera esperado al partido de la selección contra los bafana bafana para dar el cananeazo, nadie se hubiera dado cuenta y ahorita no habría tanto sospechosismo en el ambiente. Sólo a él se le ocurre hacer esto, antes de que enciendan las cortinas de humo del Mundial. Eso le pasa por andar a las prisas, lo bueno es que, dejando a la patria a todo dar, con narcofosas donde se produce el milagro de la multiplicación de las osamentas (menos la de Muñoz Rocha, caray), ya puede irse a Sudáfrica con la bendición de don Norbeto Rivera. ¿No es bonito que el cardenal en vez de perder el tiempo acordándose de los niños de la guardería ABC, mejor aprovechó sus conexiones con Dios para abogar por el Tri?
Pensándolo bien, Calderón hace más falta en el Mundial cantando el waka waka con el Compayito, que en esta patria donde nunca pasa nada. Sólo hay que solicitarle que, con la misma puntualidad con la que la policía de Coahuila fue a Cananea a asegurarse de que se cumplieran los mandatos de la Tremenda Corte, cuando ésta decida darle su requisada a Bours-Karam-Molinar, haga lo mismo.
www.twitter.com/jairocalixto
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A Puerta Cerrada: Cananea y Pasta de Conchos
Marcela Gómez Zalce
Milenio.com
2010-06-08
• Volatilidad
• La avenida de dos sentidos
Las leyes guardan silencio, mi estimado, cuando retumba la impunidad. Lindo de bonito que justo cuando se conoce la entrada violenta de las fuerzas federales a las instalaciones en Cananea para desalojar a los mineros, el gymboree (con minúsculas) presidencial hace el magnífico e importantísimo anuncio de que Felipe Calderón viajará a la inauguración del Mundial en Sudáfrica para ver jugar a México, poniéndose la verde (o la negra).
Nada, my friend, como aprovechar el simpático timing de que millones estarán con el balón en el cerebro para mostrar esa atractiva cara del Vive México de impunidad y complicidad con Grupo México, de Germán Larrea, para violentar el legítimo derecho a huelga atropellando convenios internacionales de la OIT y del TLCAN en rubros sobre derechos laborales y humanos.
Chingón.
Nada como en el año de la celebración del Centenario de la Revolución Mexicana, que comenzó en Cananea y que hoy el (des)gobierno celebra con bombo y platillo haber reestablecido ¿el orden? jurídico laboral del derecho del Estado a pisotear, vulnerar, quebrantar y violar los derechos legítimos de los mineros y de su líder, Napoleón Gómez Urrutia, que han sufrido un inédito acoso por parte de la Secretaría del Trabajo (sucio) en absoluta complicidad con Grupo México que…
Salió con la atractiva novedad de que invertirán más de dos mil millones de pesos para reactivar la mina y la región, lo que devela la simulación y el descaro que acompaña este delicado tipo de acciones… que no han sido medidas y sopesadas correctamente en el ámbito político-social. Sobre todo, amable lector, con relación a este aguerrido sindicato que tiene fuertes y solidarios vínculos internacionales que ya planean la estrategia conjunta que será una carrera, no de rapidez, sino de precisión, presión y resistencia.
Y ayer, el poderoso sindicato de los USW —cuyos miembros estaban en el interior de la mina a la hora del violento desalojo— prendía las alertas rojas en Washington estableciendo comunicación con la oficina de Hillary Clinton y el Capitolio por el peligroso acto cometido cuyo modus operandi incluyó, of course, la dizque zanahoria de la liquidación exprés… misma que los mineros han rechazado de forma tajante.
Y para documentar el fabuloso velo de la desvergüenza, Fernando Gómez Mont, en el marco de la celebración de los veinte años de la CNDH, declaró sonriente la joyita de que la mina tendrá que ser reconstruida (?) y que Cananea regresará a Vivir Mejor.
Aunque como de costumbre, let´s piss on everybody´s parade.
El (des)gobierno de Calderón & his dumb squad están haciendo un mal, precipitado o perverso cálculo —incitado por el mismísimo Javier Lozano— pensando quizá que los mineros se van a hartar o amedrentar ante las presiones federales, las medidas coercitivas, la abierta represión y las órdenes de aprehensión que ya se cuecen en el hornito de la tan acreditada PGR. La lucha del sindicato minero es emblemática por su resistencia, congruencia y fortaleza que ha demostrado, en estos casi cuatro años de atropellos y violaciones sistemáticas a los derechos laborales y humanos, una entereza y tenacidad que debería ser sopesada con más, digamos, cautela.
La línea golpista del (des)gobierno de Felipe envía, además, otra muy delicada señal al haber asegurado casi simultáneamente la mina de Pasta de Conchos, donde aún yacen los cuerpos de 63 mineros que fallecieron por la negligencia criminal de Grupo México, a la cual se le suspendieron los derechos de concesión por el trágico accidente, lo que advierte los niveles de desafío, provocación e impunidad que arrojan otra chispita a la seca pradera.
El horno no estaba para bollos pero (who cares) la PANdilla decidió elevar la temperatura en momentos donde hay volátiles conflictos latentes como el del SME abriendo ahora el llamativo frente minero… que no cruzará los brazos.
Innegable que el Mundial distrae con su cortina mediática. Indiscutible que este contexto se aprovecha para desarrollar simpáticas acciones.
Pero cuidado.
Porque irrefutable es que esta peligrosa avenida tiene... dos sentidos.
Y con esa curiosita agenda que trae el EPR y algunos sugestivos movimientos, la “ridícula minoría” sumada a esta asombrosa política de aplastar al sindicalismo al costo que sea —ignorando además los exhortos del Congreso— justo en este año de simbolismos… da la inquietante impresión, my friend, de que la adversidad actual no es suficiente para emocionar a Felipe Calderón…
Sin duda, preocupante.
gomezalce@aol.com
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Milenio.com
2010-06-08
• Volatilidad
• La avenida de dos sentidos
Las leyes guardan silencio, mi estimado, cuando retumba la impunidad. Lindo de bonito que justo cuando se conoce la entrada violenta de las fuerzas federales a las instalaciones en Cananea para desalojar a los mineros, el gymboree (con minúsculas) presidencial hace el magnífico e importantísimo anuncio de que Felipe Calderón viajará a la inauguración del Mundial en Sudáfrica para ver jugar a México, poniéndose la verde (o la negra).
Nada, my friend, como aprovechar el simpático timing de que millones estarán con el balón en el cerebro para mostrar esa atractiva cara del Vive México de impunidad y complicidad con Grupo México, de Germán Larrea, para violentar el legítimo derecho a huelga atropellando convenios internacionales de la OIT y del TLCAN en rubros sobre derechos laborales y humanos.
Chingón.
Nada como en el año de la celebración del Centenario de la Revolución Mexicana, que comenzó en Cananea y que hoy el (des)gobierno celebra con bombo y platillo haber reestablecido ¿el orden? jurídico laboral del derecho del Estado a pisotear, vulnerar, quebrantar y violar los derechos legítimos de los mineros y de su líder, Napoleón Gómez Urrutia, que han sufrido un inédito acoso por parte de la Secretaría del Trabajo (sucio) en absoluta complicidad con Grupo México que…
Salió con la atractiva novedad de que invertirán más de dos mil millones de pesos para reactivar la mina y la región, lo que devela la simulación y el descaro que acompaña este delicado tipo de acciones… que no han sido medidas y sopesadas correctamente en el ámbito político-social. Sobre todo, amable lector, con relación a este aguerrido sindicato que tiene fuertes y solidarios vínculos internacionales que ya planean la estrategia conjunta que será una carrera, no de rapidez, sino de precisión, presión y resistencia.
Y ayer, el poderoso sindicato de los USW —cuyos miembros estaban en el interior de la mina a la hora del violento desalojo— prendía las alertas rojas en Washington estableciendo comunicación con la oficina de Hillary Clinton y el Capitolio por el peligroso acto cometido cuyo modus operandi incluyó, of course, la dizque zanahoria de la liquidación exprés… misma que los mineros han rechazado de forma tajante.
Y para documentar el fabuloso velo de la desvergüenza, Fernando Gómez Mont, en el marco de la celebración de los veinte años de la CNDH, declaró sonriente la joyita de que la mina tendrá que ser reconstruida (?) y que Cananea regresará a Vivir Mejor.
Aunque como de costumbre, let´s piss on everybody´s parade.
El (des)gobierno de Calderón & his dumb squad están haciendo un mal, precipitado o perverso cálculo —incitado por el mismísimo Javier Lozano— pensando quizá que los mineros se van a hartar o amedrentar ante las presiones federales, las medidas coercitivas, la abierta represión y las órdenes de aprehensión que ya se cuecen en el hornito de la tan acreditada PGR. La lucha del sindicato minero es emblemática por su resistencia, congruencia y fortaleza que ha demostrado, en estos casi cuatro años de atropellos y violaciones sistemáticas a los derechos laborales y humanos, una entereza y tenacidad que debería ser sopesada con más, digamos, cautela.
La línea golpista del (des)gobierno de Felipe envía, además, otra muy delicada señal al haber asegurado casi simultáneamente la mina de Pasta de Conchos, donde aún yacen los cuerpos de 63 mineros que fallecieron por la negligencia criminal de Grupo México, a la cual se le suspendieron los derechos de concesión por el trágico accidente, lo que advierte los niveles de desafío, provocación e impunidad que arrojan otra chispita a la seca pradera.
El horno no estaba para bollos pero (who cares) la PANdilla decidió elevar la temperatura en momentos donde hay volátiles conflictos latentes como el del SME abriendo ahora el llamativo frente minero… que no cruzará los brazos.
Innegable que el Mundial distrae con su cortina mediática. Indiscutible que este contexto se aprovecha para desarrollar simpáticas acciones.
Pero cuidado.
Porque irrefutable es que esta peligrosa avenida tiene... dos sentidos.
Y con esa curiosita agenda que trae el EPR y algunos sugestivos movimientos, la “ridícula minoría” sumada a esta asombrosa política de aplastar al sindicalismo al costo que sea —ignorando además los exhortos del Congreso— justo en este año de simbolismos… da la inquietante impresión, my friend, de que la adversidad actual no es suficiente para emocionar a Felipe Calderón…
Sin duda, preocupante.
gomezalce@aol.com
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Libres, 3 activistas que protestaron contra CFE
De la Redacción
Periódico La Jornada
Martes 8 de junio de 2010, p. 32
La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) informó que fueron liberados Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, quienes estuvieron 11 meses en prisión por participar en protestas por las altas tarifas de electricidad en Campeche. Cada uno tuvo que pagar una fianza de 3 mil 300 pesos, luego que un tribunal de Mérida confirmó un amparo interpuesto en enero, en el cual se reconocía que no existían elementos para procesarlos por privación ilegal de la libertad y obstrucción de servicio público. La AMAP anunció que los activistas difundirán su experiencia en varios estados.
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Periódico La Jornada
Martes 8 de junio de 2010, p. 32
La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) informó que fueron liberados Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, quienes estuvieron 11 meses en prisión por participar en protestas por las altas tarifas de electricidad en Campeche. Cada uno tuvo que pagar una fianza de 3 mil 300 pesos, luego que un tribunal de Mérida confirmó un amparo interpuesto en enero, en el cual se reconocía que no existían elementos para procesarlos por privación ilegal de la libertad y obstrucción de servicio público. La AMAP anunció que los activistas difundirán su experiencia en varios estados.
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Reprueban ONG desalojo en Cananea y Pasta de Conchos
Lo califican de “acciones represivas” contra los trabajadores
Víctor Ballinas y Gabriel León
Periódico La Jornada
Martes 8 de junio de 2010, p. 11
Organizaciones de derechos humanos reprobaron el desalojo de trabajadores de las minas de Cananea y Pasta de Conchos, propiedad de Grupo Minero México. Con este tipo de decisiones, afirmaron, “el gobierno federal confirma sus acciones autoritarias y represivas en contra de la clase trabajadora y en favor de los grupos de poder económico”.
En el grupo de organizaciones que se manifestaron por separado en contra de la acción gubernamental figuran la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Observatorio Eclesial y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Las organizaciones exigieron al gobierno de Felipe Calderón la instalación inmediata de una mesa de negociación que resuelva las demandas de los mineros y las familias afectadas.
Gloria Ramírez, de la AMDH, opinó que con ese tipo de decisiones “se agudiza la situación desastrosa del país en materia de derechos humanos”, se criminaliza el disenso, se cierra la vía de diálogo y se consolida un estado represivo.
Luis Arriaga, director del centro ProDH, recordó que en Pasta de Conchos se mantiene un proceso internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de la explosión donde murieron 65 mineros. Exigió una investigación imparcial y afirmó que queda clara la ineficacia de las autoridades para resolver los conflictos a través del diálogo.
Juan Carlos Gutiérrez, director de la CMDPDH, dijo: “El Presidente y su gobierno se han puesto del lado de los grupos de poder económico, por tanto, hay autoritarismo”.
Por su parte, Édgar Cortez, del IMDHD, señaló: “El Ejecutivo federal utiliza las corporaciones policiacas para proteger los derechos de las empresas y a los trabajadores que reclaman justicia se les reprime. El estado de derecho en este país no es más que un discurso hueco, porque en realidad se ejercen prácticas autoritarias”.
A su vez, Enrique González Ruiz, coordinador del programa de derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, calificó la decisión de “acto autoritario” y afirmó que el gobierno federal se pliega a los dictados del poder.
Es, dijo, “un pésimo augurio para lo que viene en materia de reforma laboral, donde el actual gobierno va a mantener su política de acabar, por todos los medios, con las conquistas sociales y laborales” de los trabajadores.
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Víctor Ballinas y Gabriel León
Periódico La Jornada
Martes 8 de junio de 2010, p. 11
Organizaciones de derechos humanos reprobaron el desalojo de trabajadores de las minas de Cananea y Pasta de Conchos, propiedad de Grupo Minero México. Con este tipo de decisiones, afirmaron, “el gobierno federal confirma sus acciones autoritarias y represivas en contra de la clase trabajadora y en favor de los grupos de poder económico”.
En el grupo de organizaciones que se manifestaron por separado en contra de la acción gubernamental figuran la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Observatorio Eclesial y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Las organizaciones exigieron al gobierno de Felipe Calderón la instalación inmediata de una mesa de negociación que resuelva las demandas de los mineros y las familias afectadas.
Gloria Ramírez, de la AMDH, opinó que con ese tipo de decisiones “se agudiza la situación desastrosa del país en materia de derechos humanos”, se criminaliza el disenso, se cierra la vía de diálogo y se consolida un estado represivo.
Luis Arriaga, director del centro ProDH, recordó que en Pasta de Conchos se mantiene un proceso internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de la explosión donde murieron 65 mineros. Exigió una investigación imparcial y afirmó que queda clara la ineficacia de las autoridades para resolver los conflictos a través del diálogo.
Juan Carlos Gutiérrez, director de la CMDPDH, dijo: “El Presidente y su gobierno se han puesto del lado de los grupos de poder económico, por tanto, hay autoritarismo”.
Por su parte, Édgar Cortez, del IMDHD, señaló: “El Ejecutivo federal utiliza las corporaciones policiacas para proteger los derechos de las empresas y a los trabajadores que reclaman justicia se les reprime. El estado de derecho en este país no es más que un discurso hueco, porque en realidad se ejercen prácticas autoritarias”.
A su vez, Enrique González Ruiz, coordinador del programa de derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, calificó la decisión de “acto autoritario” y afirmó que el gobierno federal se pliega a los dictados del poder.
Es, dijo, “un pésimo augurio para lo que viene en materia de reforma laboral, donde el actual gobierno va a mantener su política de acabar, por todos los medios, con las conquistas sociales y laborales” de los trabajadores.
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Detenidas, dos madres de mineros
Pasta de Conchos será sellada; 63 cadáveres permanecerán ahí
Patricia Muñoz Ríos y Leopoldo Ramos
Reportera y corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 8 de junio de 2010, p. 10
La Familia Pasta de Conchos informó que la madrugada de ayer lunes, luego del desalojo violento de trabajadores de la mina de Cananea, directivos de Grupo México también tomaron las instalaciones de la mina 8, en la que fallecieron 65 mineros hace más de tres años, e “incluso la policía estatal de Coahuila, en 20 patrullas, escoltó automóviles de lujo en los que viajaban representantes de la empresa”, quienes penetraron en el yacimiento.
Esta organización aseguró que la policía detuvo a dos mujeres, madres de mineros muertos, quienes “a golpes y empujones fueron subidas a una patrulla”, por lo que se interpondrán denuncias ante el Ministerio Público.
Sostuvo que está documentado con material fotográfico y de video el ingreso de la policía la madrugada del lunes, así como las labores de escolta que les ofrecieron a los representantes de Grupo México, para que tomaran Pasta de Conchos. Incluso gente de la empresa introdujo varilla y cemento “con el fin de sellar la mina”.
Los familiares llamaron al gobernador Humberto Moreira “para que frene la violencia que está ejerciendo sobre los deudos y evite enfrentamientos con su policía para proteger y encubrir las acciones de la empresa”.
Señalaron que los abogados presentes en la sesión del Comité de la Organización Internacional del Trabajo, en la que se está dando seguimiento a las “recomendaciones sobre Pasta de Conchos, han informado de las acciones que este lunes se llevaron a cabo por parte del gobierno para apoyar a Grupo México”.
El cierre fue ordenado por la Dirección General de Minas
Por otra parte, en Saltillo, Coahuila, se informó que Pasta de Conchos será “sellada” por disposición de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, lo cual significa que los restos de 63 trabajadores atrapados en el interior permanecerán en el lugar definitivamente, dio a conocer el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales.
El funcionario explicó las razones del operativo que llevó a cabo la policía estatal la madrugada de este lunes en las instalaciones de la mina, de donde la corporación sacó a unos 10 deudos y activistas que reclamaban el rescate de los cadáveres ahí confinados desde hace más de cuatro años.
“Estamos atendiendo la instrucción de la Dirección General de Minas, que ordenó a la empresa (Industrial Minera México, filial de Grupo México) la clausura, y para eso solicitó el apoyo de la fuerza pública. Estaban suspendidas las labores (en la mina) y justamente lo que se ordenó fue el cierre, la clausura, que implica poner un tapón en la bocamina”, explicó Luna Canales
Con esto se desatiende por completo el reclamo de los deudos para que se reactiven las labores de búsqueda y rescate de los cadáveres de los trabajadores. La cantera, que se localiza a unos 350 kilómetros al norte de Saltillo, en el municipio de San Juan de Sabinas, es resguardada por unos 60 elementos de la policía del estado.
El 19 de febrero de 2006, un total de 65 mineros murieron sepultados por una explosión en el yacimiento de carbón. Las brigadas de rescate lograron recuperar dos cadáveres, pero los otros 63 se encuentran todavía a 150 metros de profundidad.
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Patricia Muñoz Ríos y Leopoldo Ramos
Reportera y corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 8 de junio de 2010, p. 10
La Familia Pasta de Conchos informó que la madrugada de ayer lunes, luego del desalojo violento de trabajadores de la mina de Cananea, directivos de Grupo México también tomaron las instalaciones de la mina 8, en la que fallecieron 65 mineros hace más de tres años, e “incluso la policía estatal de Coahuila, en 20 patrullas, escoltó automóviles de lujo en los que viajaban representantes de la empresa”, quienes penetraron en el yacimiento.
Esta organización aseguró que la policía detuvo a dos mujeres, madres de mineros muertos, quienes “a golpes y empujones fueron subidas a una patrulla”, por lo que se interpondrán denuncias ante el Ministerio Público.
Sostuvo que está documentado con material fotográfico y de video el ingreso de la policía la madrugada del lunes, así como las labores de escolta que les ofrecieron a los representantes de Grupo México, para que tomaran Pasta de Conchos. Incluso gente de la empresa introdujo varilla y cemento “con el fin de sellar la mina”.
Los familiares llamaron al gobernador Humberto Moreira “para que frene la violencia que está ejerciendo sobre los deudos y evite enfrentamientos con su policía para proteger y encubrir las acciones de la empresa”.
Señalaron que los abogados presentes en la sesión del Comité de la Organización Internacional del Trabajo, en la que se está dando seguimiento a las “recomendaciones sobre Pasta de Conchos, han informado de las acciones que este lunes se llevaron a cabo por parte del gobierno para apoyar a Grupo México”.
El cierre fue ordenado por la Dirección General de Minas
Por otra parte, en Saltillo, Coahuila, se informó que Pasta de Conchos será “sellada” por disposición de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, lo cual significa que los restos de 63 trabajadores atrapados en el interior permanecerán en el lugar definitivamente, dio a conocer el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales.
El funcionario explicó las razones del operativo que llevó a cabo la policía estatal la madrugada de este lunes en las instalaciones de la mina, de donde la corporación sacó a unos 10 deudos y activistas que reclamaban el rescate de los cadáveres ahí confinados desde hace más de cuatro años.
“Estamos atendiendo la instrucción de la Dirección General de Minas, que ordenó a la empresa (Industrial Minera México, filial de Grupo México) la clausura, y para eso solicitó el apoyo de la fuerza pública. Estaban suspendidas las labores (en la mina) y justamente lo que se ordenó fue el cierre, la clausura, que implica poner un tapón en la bocamina”, explicó Luna Canales
Con esto se desatiende por completo el reclamo de los deudos para que se reactiven las labores de búsqueda y rescate de los cadáveres de los trabajadores. La cantera, que se localiza a unos 350 kilómetros al norte de Saltillo, en el municipio de San Juan de Sabinas, es resguardada por unos 60 elementos de la policía del estado.
El 19 de febrero de 2006, un total de 65 mineros murieron sepultados por una explosión en el yacimiento de carbón. Las brigadas de rescate lograron recuperar dos cadáveres, pero los otros 63 se encuentran todavía a 150 metros de profundidad.
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En Cananea hay trabajadores heridos de bala, asegura el sindicato minero
- La toma de la mina sonorense incluyó actos de represión, señala el organismo gremial
- Responsabiliza al gobierno federal de “violencia y hechos de sangre” que se puedan presentar
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 8 de junio de 2010, p. 7
La toma de la mina de Cananea por fuerzas armadas federales no fue pacífica, como quiere hacer creer el gobierno; hay trabajadores heridos por arma de fuego y hubo una fuerte represión, golpes y baños de gas lacrimógeno en el desalojo, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y responsabilizó al gobierno del presidente Felipe Calderón de los hechos “de violencia y (hechos de) sangre que se puedan presentar en adelante”, ya que, sostuvo, los mineros no van a aceptar que les arrebaten tan fácilmente sus derechos.
Ante lo que calificó de “agresión deleznable” de los gobiernos federal y de Sonora contra los trabajadores de Cananea, el sindicato informó que su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, llamó a los mineros a “no aceptar por ningún motivo las liquidaciones y finiquitos que ahora les está ofreciendo la empresa”, porque aún quedan recursos legales para evitar que se den por terminadas las relaciones laborales. Les pidió también no caer en provocaciones y ante todo salvaguardar su integridad física.
El comité ejecutivo nacional de este sindicato indicó que, con esta acción, “una vez más se revela en toda su descarnada suciedad la indignante complicidad con que han actuado en estos acontecimientos tanto el gobierno federal como el sicópata empresario Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, con la participación activa de los secretarios del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sus serviles empleados”.
La toma de esta mina se llevó a cabo bajo verdaderas acciones de “terror” contra los trabajadores que sostenían la huelga de casi tres años, expuso esta organización, y sostuvo que con ello el gobierno “ha roto de facto las vías de diálogo y conciliación pacífica que en el Poder Legislativo se habían abierto en los últimos meses para resolver las huelgas y la reparación a las viudas y deudos de Pasta de Conchos, que incluía en este último caso el rescate de los cuerpos de los mineros muertos”.
La acción es la evidencia clara de la “prosternación cómplice del actual gobierno hacia los dueños del dinero. Todos los hechos confirman que esta administración no desea el diálogo ni la negociación, sino las vías de la violencia, hipócritamente camuflados en falsos argumentos legales”, según apuntó.
“Esta flagrante violación queda por lo pronto inscrita entre las páginas más negras de la política antiobrera y antisindical de México. El gobierno y Grupo México de Larrea están haciendo historia, pero al revés, pretendiendo echar abajo derechos fundamentales, como el de huelga. Los neopofiristas en el poder quieren llevar a los trabajadores y a los sindicatos democráticos e independientes a situaciones de exasperación y tensión, que contradicen su discurso hipócrita de legalidad y estado de derecho”, aseguró este sindicato.
Planteó que los trabajadores en huelga de Cananea y el sindicato minero “jamás aceptaron ni aceptarán el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en clara y vergonzosa simulación se apoyó en la versión unilateralmente ilegal de la empresa para dar por terminadas las relaciones laborales”.
La acción de ayer (domingo), añadió, “fue más parecida a la ilegal orden de ‘mátalos en caliente’ que dio el dictador Porfirio Díaz que a una verdadera resolución apegada a derecho”.
Ante ello, el sindicato declaró que hará valer todas las acciones que sean necesarias, tanto de orden legal como político, para repudiar y echar atrás esta “inconstitucional agresión” contra los mineros, así como las viudas y familiares de Pasta de Conchos y contra toda la base trabajadora del país, y calificó de “sarcasmo sangriento que el mismo día en que con bombo y platillo se exalta demagógicamente la unidad del país, impunemente se lance un ataque” contra los trabajadores mineros y sus familias.
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lunes, 7 de junio de 2010
De la resistencia a la construcción del futuro
En solidaridad con los trabajadores electricistas, mujeres y hombres, y sus familias
Marcos Chávez
Contralínea
6 Junio 2010
Difícilmente puede regatearse el valor moral que tiene el uso de la huelga de hambre como recurso extremo de protesta política no violenta, de defensa de sus intereses y derechos de quienes se ven obligados a recurrir a ella, aun a riesgo de exponer su vida, así como eventualmente para movilizar a la opinión pública a favor de sus reivindicaciones. Menos aún cuando esa práctica es consecuencia de los abusos cometidos desde el Estado (el gobierno como estructura: el Ejecutivo, el Legislativo, las autoridades judiciales, electorales) y de los grupos dominantes, del ejercicio del poder de quienes supuestamente deben de guardar el bien público, de velar por el imperio de las leyes y subordinarse a ellas, y son los primeros en violentar abusiva e impunemente el estado de derecho.
La contraparte del ayuno es la injusticia, el descrédito, la pérdida de legitimidad de las autoridades y las instituciones. Evidencia la incapacidad, la negligencia, el fracaso o, simplemente, el desprecio deliberado de los organismos encargados para mediar y resolver legalmente los conflictos sociales sin llegar a esas situaciones traumáticas y de impartición de la justicia de manera imparcial, equitativa y oportuna. Es una de las manifestaciones legítimas de las luchas de la población en contra del autoritarismo del sistema político que no sólo no desapareció con la alternancia partidaria en el gobierno, sino que se ha agudizado aún más.
En una perspectiva más amplia, es una expresión de la lucha de clases que, como señalara el sociólogo alemán Claus Offe, “confirma la tesis de [Carlos] Marx de que la democracia burguesa y el modo de producción capitalista mantienen una relación tensa entre sí, precaria, irresoluble en el fondo” (Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, editorial Sistema, Madrid, 1996). Para los regímenes despóticos o que se dicen republicanos, el empleo del cuerpo, en una especie de martirologio, con fines pacifistas y a menudo con propósitos limitados que pueden atenderse sin riesgos para su estabilidad, resultan intolerables, subversivos, pues evidencian su naturaleza antidemocrática y, aun en esas circunstancias, no han dudado en desacreditarlos socialmente y reprimirlos sicológica y físicamente. Con una amplia variedad de intereses, la huelga de hambre ha sido empleada en un gran número de países. Pueden citarse a Mahatma Gandhi, en la India; Evo Morales, en Bolivia; Ignacio De Juana Chaos, miembro de la Euskadi Ta Askatasuna, en España; o Patricia Troncoso, activista por la causa mapuche en Chile. Por su propia naturaleza, empero, los resultados obtenidos generalmente son limitados o infructuosos.
Quizá las protestas de hambre más dramáticas en la historia corresponden al pueblo católico irlandés en su lucha por su independencia en contra del gobierno del Reino Unido y sus aliados irlandeses protestantes. En 1917, falleció de hambre Thomas Ashe. En abril de 1920 se registró un ayuno masivo de dos semanas en las prisiones de Mountjoy y de Cork. Entre estos últimos destacó la participación de Terence MacSwiney, miembro del Dáil, el parlamento irlandés, reunido en Dublín en rebeldía, y Alcalde de Cork por el Sinn Féin (en irlandés, Nosotros o Nosotros Mismos), quien recién había sustituido a su compañero Tomás MacCurtain, asesinado por un escuadrón de la muerte británico. MacSwiney fue trasladado a la cárcel de Brixton en Inglaterra, donde murió luego de 74 días de huelga de hambre, en plena guerra de la independencia. Unas horas después, sucedió lo mismo con Joseph Murphy, tras 76 días de ayuno. Una semana antes había pasado lo mismo con MacSwiney, luego de 67 días. En el transcurso, la huelga fue respaldada socialmente y sus muertes desencadenaron serios disturbios en Irlanda.
El 27 de octubre de 1980, hace 30 años, siete republicanos, recluidos en la prisión Mazen, iniciaron otra huelga de hambre en defensa de sus derechos políticos como prisioneros de guerra, cercenados por los ingleses que criminalizaron el movimiento independentista, a la que después se sumaron varias decenas, incluyendo tres mujeres detenidas en la prisión de Armagh. Uno de ellos, Sean McKenna, estuvo al borde de la muerte, al entrar y salir varias veces del estado comatoso. El ayuno concluyó 53 días después, cuando Margaret Thatcher, matriarca de los neoliberales y cabeza del gobierno más reaccionario de Europa en ese tiempo, se comprometió a satisfacer sus demandas. Ante el incumplimiento del acuerdo, el 1 de marzo de 1981 se inició una segunda huelga a la que se incorporaron gradualmente los participantes y que fue social y masivamente apoyada. Ésta fue iniciada por Robert George Sands, comandante responsable del Ejército Republicano Irlandés, el 1 de marzo de 1981, y duró siete meses. En ella murieron 10 presos: Bobby Sands, a los 27 años de edad, luego de 66 días de ayuno; Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee y Mickey Devine. El desafío y las muertes fueron tomadas con desprecio y represión por Thatcher, que en 1984 reprimiría brutalmente a los huelguistas mineros y destruiría su sindicato. Ella dijo: “Mr Sands era un criminal convicto. Eligió acabar con su propia vida”. La criminalización del movimiento social se convirtió en asesinatos de Estado en el flemáticamente “civilizado” Reino Unido.
Gerry Adams, líder del Sinn Féin, señaló que “los huelguistas eran hombres ordinarios que, en circunstancias extraordinarias, habían trasladado su lucha a un ámbito moral en el que esa lucha se había convertido en un combate entre ellos y el poder del Estado británico”. “En el camino a la libertad, necesitamos pensar en grande. Necesitamos estrategia, liderazgo y confianza para tomar el poder político de aquellos sin derecho a él. Se trata de crear una república nueva, incluyente”.
Ocho meses después del salvaje asalto de la compañía de Luz y Fuerza del Centro –llevado a cabo por los aparatos represivos del Estado, los militares y la Policía Federal, organismos públicamente desprestigiados por su guerra sucia antisocial y cuyos uniformes escurren sangre por sus impunes asesinatos de Estado cometidos a nombre de Felipe Calderón, principal responsable de sus tropelías– los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas iniciaron una huelga de hambre que lleva poco más de 30 días, en la cual, más de 17 trabajadores han tenido que ser hospitalizados por sus secuelas. Esa difícil decisión, de alto valor moral en su lucha en contra del Estado mexicano, fue tomada como parte de la exigencia de justicia, de la defensa de sus empleos, de su dignidad. Es una lucha desigual ante la cruenta guerra de clases declarada a los trabajadores por las elites dominantes, la burguesía y el gobierno, que violenta el estado de derecho y emplea los aparatos represivos del Estado.
Su lucha no es sólo de ellos. Es también por su clase social violentamente atrapada en la tenaza del sistema, uno de cuyos brazos es la violencia económica ejercida por el salvaje capitalismo neoliberal en contra de los trabajadores, que destruye los empleos formales, estables y dignos, las prestaciones y conquistas sociales y las organizaciones obreras que le estorban, deprecia los salarios reales, los condena a emigrar hacia Estados Unidos y a una peor miseria; los reduce a la calidad de esclavos al servicio de la maximización de la acumulación y las ganancias empresariales, sobre todo de la oligarquía local trasnacionalizada –Slim, Azcárraga, Salinas pliego, Servitje, Larrea, Bailléres, Arango, Hernández Ramírez, Harp y demás– y foránea. El otro brazo es el despotismo político que garantiza la imposición del modelo y la dominación de los trabajadores. Su lucha es por la nación. Es por un sistema justo, democrático y socialmente incluyente.
Su lucha es nuestra lucha y sus enemigos son los nuestros. La lucha de clases declarada es a muerte como siempre ha sido bajo el capitalismo. Ella, la polarización del ingreso y la riqueza y las penurias sociales de la mayoría no se resuelven con una menor inequidad en la distribución del ingreso entre el empresariado y los trabajadores, ni con un modelo capitalista más benigno como lo fue el Estado de bienestar, demolido por los neoliberales y que sólo buscaba atenuar las desigualdades, pero nunca aspiró a eliminarlas porque ése no era su objetivo, que se reducía a atenuar los conflictos y ampliar la inclusión para mejorar el funcionamiento del sistema y su estabilidad política.
El problema es el propio capitalismo que reproduce esas clases irreconciliables. La solución radica en la destrucción de la propiedad privada de los medios de producción, su socialización y la desaparición de ese sistema por naturaleza antisocial y antidemocrático, que en el mejor de los casos se limita a la democracia indirecta, delegativa, que restringe la participación de la mayoría en las decisiones trascendentales que definen las formas de vida de la sociedad y el destino de la nación, las cuales quedan en manos de los grupos dominantes. La salvación de los trabajadores sólo corresponde a ellos mismos, según Marx.
Como dijo Gerry Adams: “En el camino a la libertad necesitamos pensar en grande”. Necesitamos diseñar una ambiciosa “estrategia” de cambio anticapitalista, que incorpore a los diferentes sectores de la población que aspiren a una vida digna, que permita construir un sistema económico donde la creación de la riqueza y su distribución tenga un sentido social y no privado, que abra las puertas de la democracia participativa. Es claro que, en el ínter, las luchas económico-políticas como la de los trabajadores electricistas son vitales para defender, restaurar, ampliar sus beneficios, construir una conciencia de clase y las organizaciones necesarias que permitan enfrentar eficientemente a las formas salvajes de la acumulación que impone el régimen neoliberal, que avance en la democratización de la nación y los convierta en ciudadanos.
El valor moral de su huelga de hambre, como parte de su lucha general, es irrebatible. Aunque en condiciones cada vez más desventajosas, lo que exige es replantear su estrategia. No sólo tienen enfrente a la extrema derecha representada por el clero político, Calderón, el panismo y la oligarquía, también a los otros cancerberos del sistema: el Poder Judicial que ha sido complaciente con la subversión calderonista de la carta magna, y el Legislativo, los priistas, los perredistas, que se han convertido en parte orgánica del sistema. Los demás partidos los han abandonado a su suerte; legitimaron la anticonstitucionalidad de la embestida en contra de la empresa y los trabajadores electricistas y la entrega de aquella al pillaje empresarial, asunto que apestaba más que en Dinamarca; que han aceptado el estado de excepción impuesto por calderonismo, un golpe verdadero de Estado, que es empleado en contra de la sociedad, que ha obstaculizado la democratización del país. A ello hay que sumar la indiferencia o el pasivo apoyo social.
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Marcos Chávez
Contralínea
6 Junio 2010
Difícilmente puede regatearse el valor moral que tiene el uso de la huelga de hambre como recurso extremo de protesta política no violenta, de defensa de sus intereses y derechos de quienes se ven obligados a recurrir a ella, aun a riesgo de exponer su vida, así como eventualmente para movilizar a la opinión pública a favor de sus reivindicaciones. Menos aún cuando esa práctica es consecuencia de los abusos cometidos desde el Estado (el gobierno como estructura: el Ejecutivo, el Legislativo, las autoridades judiciales, electorales) y de los grupos dominantes, del ejercicio del poder de quienes supuestamente deben de guardar el bien público, de velar por el imperio de las leyes y subordinarse a ellas, y son los primeros en violentar abusiva e impunemente el estado de derecho.
La contraparte del ayuno es la injusticia, el descrédito, la pérdida de legitimidad de las autoridades y las instituciones. Evidencia la incapacidad, la negligencia, el fracaso o, simplemente, el desprecio deliberado de los organismos encargados para mediar y resolver legalmente los conflictos sociales sin llegar a esas situaciones traumáticas y de impartición de la justicia de manera imparcial, equitativa y oportuna. Es una de las manifestaciones legítimas de las luchas de la población en contra del autoritarismo del sistema político que no sólo no desapareció con la alternancia partidaria en el gobierno, sino que se ha agudizado aún más.
En una perspectiva más amplia, es una expresión de la lucha de clases que, como señalara el sociólogo alemán Claus Offe, “confirma la tesis de [Carlos] Marx de que la democracia burguesa y el modo de producción capitalista mantienen una relación tensa entre sí, precaria, irresoluble en el fondo” (Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, editorial Sistema, Madrid, 1996). Para los regímenes despóticos o que se dicen republicanos, el empleo del cuerpo, en una especie de martirologio, con fines pacifistas y a menudo con propósitos limitados que pueden atenderse sin riesgos para su estabilidad, resultan intolerables, subversivos, pues evidencian su naturaleza antidemocrática y, aun en esas circunstancias, no han dudado en desacreditarlos socialmente y reprimirlos sicológica y físicamente. Con una amplia variedad de intereses, la huelga de hambre ha sido empleada en un gran número de países. Pueden citarse a Mahatma Gandhi, en la India; Evo Morales, en Bolivia; Ignacio De Juana Chaos, miembro de la Euskadi Ta Askatasuna, en España; o Patricia Troncoso, activista por la causa mapuche en Chile. Por su propia naturaleza, empero, los resultados obtenidos generalmente son limitados o infructuosos.
Quizá las protestas de hambre más dramáticas en la historia corresponden al pueblo católico irlandés en su lucha por su independencia en contra del gobierno del Reino Unido y sus aliados irlandeses protestantes. En 1917, falleció de hambre Thomas Ashe. En abril de 1920 se registró un ayuno masivo de dos semanas en las prisiones de Mountjoy y de Cork. Entre estos últimos destacó la participación de Terence MacSwiney, miembro del Dáil, el parlamento irlandés, reunido en Dublín en rebeldía, y Alcalde de Cork por el Sinn Féin (en irlandés, Nosotros o Nosotros Mismos), quien recién había sustituido a su compañero Tomás MacCurtain, asesinado por un escuadrón de la muerte británico. MacSwiney fue trasladado a la cárcel de Brixton en Inglaterra, donde murió luego de 74 días de huelga de hambre, en plena guerra de la independencia. Unas horas después, sucedió lo mismo con Joseph Murphy, tras 76 días de ayuno. Una semana antes había pasado lo mismo con MacSwiney, luego de 67 días. En el transcurso, la huelga fue respaldada socialmente y sus muertes desencadenaron serios disturbios en Irlanda.
El 27 de octubre de 1980, hace 30 años, siete republicanos, recluidos en la prisión Mazen, iniciaron otra huelga de hambre en defensa de sus derechos políticos como prisioneros de guerra, cercenados por los ingleses que criminalizaron el movimiento independentista, a la que después se sumaron varias decenas, incluyendo tres mujeres detenidas en la prisión de Armagh. Uno de ellos, Sean McKenna, estuvo al borde de la muerte, al entrar y salir varias veces del estado comatoso. El ayuno concluyó 53 días después, cuando Margaret Thatcher, matriarca de los neoliberales y cabeza del gobierno más reaccionario de Europa en ese tiempo, se comprometió a satisfacer sus demandas. Ante el incumplimiento del acuerdo, el 1 de marzo de 1981 se inició una segunda huelga a la que se incorporaron gradualmente los participantes y que fue social y masivamente apoyada. Ésta fue iniciada por Robert George Sands, comandante responsable del Ejército Republicano Irlandés, el 1 de marzo de 1981, y duró siete meses. En ella murieron 10 presos: Bobby Sands, a los 27 años de edad, luego de 66 días de ayuno; Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee y Mickey Devine. El desafío y las muertes fueron tomadas con desprecio y represión por Thatcher, que en 1984 reprimiría brutalmente a los huelguistas mineros y destruiría su sindicato. Ella dijo: “Mr Sands era un criminal convicto. Eligió acabar con su propia vida”. La criminalización del movimiento social se convirtió en asesinatos de Estado en el flemáticamente “civilizado” Reino Unido.
Gerry Adams, líder del Sinn Féin, señaló que “los huelguistas eran hombres ordinarios que, en circunstancias extraordinarias, habían trasladado su lucha a un ámbito moral en el que esa lucha se había convertido en un combate entre ellos y el poder del Estado británico”. “En el camino a la libertad, necesitamos pensar en grande. Necesitamos estrategia, liderazgo y confianza para tomar el poder político de aquellos sin derecho a él. Se trata de crear una república nueva, incluyente”.
Ocho meses después del salvaje asalto de la compañía de Luz y Fuerza del Centro –llevado a cabo por los aparatos represivos del Estado, los militares y la Policía Federal, organismos públicamente desprestigiados por su guerra sucia antisocial y cuyos uniformes escurren sangre por sus impunes asesinatos de Estado cometidos a nombre de Felipe Calderón, principal responsable de sus tropelías– los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas iniciaron una huelga de hambre que lleva poco más de 30 días, en la cual, más de 17 trabajadores han tenido que ser hospitalizados por sus secuelas. Esa difícil decisión, de alto valor moral en su lucha en contra del Estado mexicano, fue tomada como parte de la exigencia de justicia, de la defensa de sus empleos, de su dignidad. Es una lucha desigual ante la cruenta guerra de clases declarada a los trabajadores por las elites dominantes, la burguesía y el gobierno, que violenta el estado de derecho y emplea los aparatos represivos del Estado.
Su lucha no es sólo de ellos. Es también por su clase social violentamente atrapada en la tenaza del sistema, uno de cuyos brazos es la violencia económica ejercida por el salvaje capitalismo neoliberal en contra de los trabajadores, que destruye los empleos formales, estables y dignos, las prestaciones y conquistas sociales y las organizaciones obreras que le estorban, deprecia los salarios reales, los condena a emigrar hacia Estados Unidos y a una peor miseria; los reduce a la calidad de esclavos al servicio de la maximización de la acumulación y las ganancias empresariales, sobre todo de la oligarquía local trasnacionalizada –Slim, Azcárraga, Salinas pliego, Servitje, Larrea, Bailléres, Arango, Hernández Ramírez, Harp y demás– y foránea. El otro brazo es el despotismo político que garantiza la imposición del modelo y la dominación de los trabajadores. Su lucha es por la nación. Es por un sistema justo, democrático y socialmente incluyente.
Su lucha es nuestra lucha y sus enemigos son los nuestros. La lucha de clases declarada es a muerte como siempre ha sido bajo el capitalismo. Ella, la polarización del ingreso y la riqueza y las penurias sociales de la mayoría no se resuelven con una menor inequidad en la distribución del ingreso entre el empresariado y los trabajadores, ni con un modelo capitalista más benigno como lo fue el Estado de bienestar, demolido por los neoliberales y que sólo buscaba atenuar las desigualdades, pero nunca aspiró a eliminarlas porque ése no era su objetivo, que se reducía a atenuar los conflictos y ampliar la inclusión para mejorar el funcionamiento del sistema y su estabilidad política.
El problema es el propio capitalismo que reproduce esas clases irreconciliables. La solución radica en la destrucción de la propiedad privada de los medios de producción, su socialización y la desaparición de ese sistema por naturaleza antisocial y antidemocrático, que en el mejor de los casos se limita a la democracia indirecta, delegativa, que restringe la participación de la mayoría en las decisiones trascendentales que definen las formas de vida de la sociedad y el destino de la nación, las cuales quedan en manos de los grupos dominantes. La salvación de los trabajadores sólo corresponde a ellos mismos, según Marx.
Como dijo Gerry Adams: “En el camino a la libertad necesitamos pensar en grande”. Necesitamos diseñar una ambiciosa “estrategia” de cambio anticapitalista, que incorpore a los diferentes sectores de la población que aspiren a una vida digna, que permita construir un sistema económico donde la creación de la riqueza y su distribución tenga un sentido social y no privado, que abra las puertas de la democracia participativa. Es claro que, en el ínter, las luchas económico-políticas como la de los trabajadores electricistas son vitales para defender, restaurar, ampliar sus beneficios, construir una conciencia de clase y las organizaciones necesarias que permitan enfrentar eficientemente a las formas salvajes de la acumulación que impone el régimen neoliberal, que avance en la democratización de la nación y los convierta en ciudadanos.
El valor moral de su huelga de hambre, como parte de su lucha general, es irrebatible. Aunque en condiciones cada vez más desventajosas, lo que exige es replantear su estrategia. No sólo tienen enfrente a la extrema derecha representada por el clero político, Calderón, el panismo y la oligarquía, también a los otros cancerberos del sistema: el Poder Judicial que ha sido complaciente con la subversión calderonista de la carta magna, y el Legislativo, los priistas, los perredistas, que se han convertido en parte orgánica del sistema. Los demás partidos los han abandonado a su suerte; legitimaron la anticonstitucionalidad de la embestida en contra de la empresa y los trabajadores electricistas y la entrega de aquella al pillaje empresarial, asunto que apestaba más que en Dinamarca; que han aceptado el estado de excepción impuesto por calderonismo, un golpe verdadero de Estado, que es empleado en contra de la sociedad, que ha obstaculizado la democratización del país. A ello hay que sumar la indiferencia o el pasivo apoyo social.
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¿Nueva Ley Federal del Trabajo? La contrarreforma neoliberal panista-patronal
Román Munguía Huato
Avenida24.com
07 de Junio de 2010
A principios de la década de los ochenta con las políticas neoliberales se han venido agudizando las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos entre otras causas por una escasa y deficiente organización gremial, derivada de un precario y débil sindicalismo clasista democrático e independiente. Pero es a partir de los años noventa que el capital local y foráneo decidió emprender una serie de reformas “estructurales” neoliberales, incluida la reforma laboral que comprende una modificación radical patronal a la Ley Federal del Trabajo, la cual contempla nuevas formas de regulación jurídica y cambios a las formas de contratación del trabajador, a las jornadas de trabajo, etcétera, para debilitar a los sindicatos y expoliar más a los trabajadores. Esta reforma laboral se viene aplicando gradual o directamente en los hechos prácticos y está en la agenda inmediata del gobierno calderonista. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prepara ya el terreno para la reforma laboral con la revisión de 153 iniciativas de reforma a esa legislación, iniciada desde el 2002.
La Iniciativa Lozano –llamada así por el nombre del titular de la STyPS, Javier Lozano Alarcón–, es el proyecto jurídico del gobierno panista de Felipe Calderón para modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT). Aunque el análisis de la iniciativa arrancó el pasado13 de abril, será hasta el nuevo periodo de sesiones de la LXI Legislatura, a partir de septiembre, que se pondrá en marcha el debate de tal propuesta. El sólo hecho que este secretario sea quien proponga una reforma a la LFT es para advertirnos claramente de su profunda naturaleza antiobrera y antisindical; es decir, estamos hablando de uno de los principales represores de los trabajadores mexicanos y de los sindicatos democráticos e independientes del país, y de aquellos organismos gremiales actualmente en conflicto con la parte patronal, como son, entre otros, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y la Sección 65 del Sindicato Minero, de Cananea, Sonora, actualmente en huelga contra la empresa Industrial Minera México, la más grande compañía minera del país, cuyo propietario es Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del mundo y también uno de los principales responsables de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, el 19 de febrero de 2006.
Además, Lozano Alarcón, definido como el camorrero de su jefe, el que hace el trabajo sucio, forma parte del grupo muy nutrido de altos funcionarios del gobierno federal envuelto en una profunda corrupción y en grandes escándalos, como es el caso del chino Zhenli Ye Gon y los misteriosos 205 millones de dólares escondidos en una mansión de Las Lomas de Chapultepec. Alarcón lo chantajeó para obtener fondos destinados a la campaña presidencial de Felipe Calderón. Lozano Alarcón, quien había sido subsecretario de Comunicación de Gobernación en el gobierno zedillista, ahora pretende ser uno de los políticos más serviles a los grandes empresarios para perfilarse como candidato panista presidencial al 2012.
Pero mientras que por un lado el gobierno espurio de Felipe Calderón trata de cumplir muy bien su papel de guardián feroz de los grandes capitales locales y extranjeros reprimiendo a los trabajadores, por otro, establece alianzas muy claras con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), representado por Elba Esther Gordillo; el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), representado por Carlos Romero Dechamps; y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), encabezado por Víctor Fuentes del Villar; tres de los más conspicuos dirigentes del charrismo sindical; por eso, es absolutamente demagógico y cínico lo dicho por Lozano Alarcón de que su iniciativa de reforma “acabará con muchos años de privilegios que gozaron las dirigencias sindicales”.
La LFT vigente data del 1 de mayo de 1970 y requirió diez años de elaboración. Promovida en 1960 por el presidente Adolfo López Mateos, quien reprimió el movimiento obrero democrático e independiente –especialmente las luchas de los trabajadores ferrocarrileros–, fue aprobada al final del periodo de Gustavo Díaz Ordaz, quien ordenó, a su vez, la matanza de cientos de estudiantes y pueblo en general en Tlatelolco, en octubre de 1968. Esta ley correspondió a todo un periodo histórico de la llamada política desarrollista (1940–1970) dentro del cual el capital tuvo una expansión significativa; pero eran ya los estertores de una economía proteccionista que casi una década después daría paso al neoliberalismo a partir de 1982 con el régimen de Miguel De la Madrid Hurtado. Sin embargo, fue durante el régimen oprobioso de Carlos Salinas de Gortari cuando en realidad se implantó drásticamente la política neoliberal, por lo que la LFT se constituía en un verdadero estorbo jurídico para una mayor sobreexplotación de la fuerza de trabajo. No obstante, en los hechos prácticos gran parte de la LFT, las medidas protectoras para el trabajador, queda anulada por la subordinación y complicidad de las autoridades de la STyPS y las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y federales con los intereses de la burguesía local y extranjera. Con la Iniciativa Lozano, se trata de adecuar el marco normativo laboral a una acumulación de capital más intensiva en la explotación de la mano de obra; en otras palabras, se trata de legalizar lo que en los hechos está sucediendo en los procesos productivos para que no haya ninguna o casi ninguna restricción jurídica para el capital en materia laboral: el paraíso laboral para el capital. Hablar del capitalismo salvaje es, precisamente, imponer casi en todos los órdenes sociales la ley del capital; no sujeto a ninguna ley más a la suya propia. En definitiva, se trata pues, de que la mano de obra sea lo más barata posible en el mercado laboral, tanto para el capital local como para las inversiones capitalistas externas. En gran medida, con la reforma laboral panista se pretenden atraer las inversiones de capital foráneo ofreciendo una mano de obra cuyo costo salarial sea lo más bajo posible.
“Desde el periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988) y durante las administraciones siguientes –dice un artículo de La Jornada–, hasta la actual, el gran empresariado ha conseguido imponer reformas estructurales como apertura del mercado interno, «adelgazamiento» del Estado, liquidación de las estrategias de bienestar social y de subsidios a la economía popular, privatización masiva de bienes públicos, debilitamiento del ejido (mediante la modificación del artículo 27 constitucional), transferencia de los fondos de jubilación de los trabajadores a las corporaciones financieras privadas, políticas de contención salarial y de hostigamiento oficial a los sindicatos independientes, desregulación indiscriminada y aplicación de criterios fiscales que exoneran de la mayor parte de sus obligaciones a los grandes capitales y se encarnizan con los causantes cautivos.
“El resultado de ésas y otras reformas estructurales, que son el tren de aterrizaje del modelo económico neoliberal, ha sido catastrófico y trágico: el sector informal de la economía ha crecido junto con el desempleo (tanto el abierto como el disimulado por las cifras oficiales), la pobreza, la miseria y la marginación; se ha vuelto intolerable la desigualdad social causada por la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos; el país ha perdido soberanía en todos los ámbitos; buena parte del agro –al menos, la que no ha sido reestructurada en grandes industrias orientadas primordialmente a la exportación– ha sido arrasada; la migración se ha multiplicado, igual que la desintegración social y familiar. Tales condiciones han producido, a su vez, una descomposición institucional inocultable y una pérdida del control efectivo del territorio por los organismos del Estado, y se ha creado, así, el margen de acción para una violenta criminalidad que hoy en día escapa a cualquier intención de control o contención por parte de las autoridades.” [1]
En efecto, con la irrupción del neoliberalismo en el país la pobreza social se ha venido incrementando aceleradamente; una pobreza que viene acompañada con un creciente desempleo, la precarización del mundo del trabajo con la perdida de los derechos laborales relativos a la seguridad social (11 millones de empleados no cuentan con seguridad social), las prestaciones sociales, mayor empleo “informal”. Pero es el vertiginoso aumento de la subcontratación de la mano de obra (outsourcing; sous-entrepise: marchandage) lo que caracteriza la modalidad del empleo “formal”, todo ello bajo el marco de la llamada flexibilización laboral, lo que significa explotación intensiva e indefensión jurídica del trabajador. El outsourcing se practica especialmente en las maquiladoras, una producción de ensamblaje casi exclusivamente para el mercado externo. Las maquiladoras se han convertido en los hechos en “sweat shops”, talleres del sudor. Desde la llegada al poder presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), en el 2000 con Vicente Fox, se dio un importante crecimiento de los contratos de protección en las maquiladoras. Por ejemplo, en Tijuana, al menos desde 1989, se calcula que más de 700 de las 890 maquiladoras de esa ciudad fronteriza tienen sindicatos fantasmas. Sindicatos “blancos” o “fantasmas”, el hecho es que los trabajadores están casi totalmente desprotegidos. En México, se estima que poco más del 90 por ciento de los contratos colectivos son contratos de protección para la patronal en manos de sindicatos “fantasmas”. Además, sólo uno de cada cien asalariados está incorporado a alguna organización sindical, lo cual refleja la desprotección en que trabajan miles de mexicanos. En el sector “informal” se encuentra 61 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 13 millones de afiliados que tiene registrados, 21 millones deberían estarlo (datos de 2007).
La propuesta patronal
El proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la LFT, que presentó el diputado panista José Gerardo De los Cobos Silva, el 18 de marzo pasado, consiste básicamente en:
Incluir nuevas modalidades de contratación individual.
Limitar la generación de salarios vencidos (caídos).
Eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador con una antigüedad menor a tres años al momento del despido.
Suprimir el escalafón ciego, a efecto de privilegiar la productividad.
Incorporar la multihabilidad obligatoria, como mecanismo para incrementar la productividad y los ingresos de los trabajadores.
Declarar la inexistencia de la huelga si el sindicato no cumple con los requisitos para el emplazamiento previstos en sus propios estatutos.
Negar el trámite a emplazamientos a huelga por incumplimiento al contrato colectivo o contrato ley, cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación.
Regular la subcontratación, tercerización u outsourcing.
Se propone, pues, la contratación a prueba de uno a seis meses, improrrogables, sin necesidad de ser contratados ocho horas diarias y seis días a la semana, así como el pago por hora.
Por supuesto, la propuesta panista pretende disfrazar los intereses del empresariado mexicano, especialmente los de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana (COPARMEX). En la administración foxista el promotor fue Carlos María Abascal Carranza, entonces titular de la STyPS y ahora por Javier Lozano Alarcón. [2] En realidad, la Iniciativa Lozano pretende trastocar y nulificar derechos inalienables de los trabajadores mexicanos tales como: la estabilidad en el empleo, la contratación colectiva, el tiempo del empleo contractual como fuente de derechos, la jornada de 8 horas, el derecho a la sindicalización y a la autonomía e independencia sindicales, el derecho de huelga y el derecho a un salario suficiente entre muchos otros.
Los diputados panistas arguyen que “la economía mexicana demanda acciones urgentes para alcanzar mayor productividad y competitividad. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que incluye a 133 países, muestra que México ocupa la posición 115 en eficiencia y participación de la mujer en el mercado laboral. Según el índice Doing Business del Banco Mundial, de 181 naciones, nuestro país se ubica en el lugar 103 en el índice de dificultad de contratación; en el 116 en el costo por despido y en el lugar 98 en el índice de flexibilidad en los horarios laborales. Los indicadores de competitividad muestran que México tiene la necesidad de realizar cambios estructurales, como lo es la adecuación de la legislación laboral, ya que los costos de no impulsar una reforma efectiva se traducirán en mayores repercusiones económicas para ésta y las próximas generaciones.”
Se dice pues que “con la reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT), México podría avanzar de 20 a 25 posiciones en el indicador de eficiencia laboral, uno de los 12 pilares de competitividad que evalúa el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En el último año nuestro país cayó cinco lugares en ese rubro y obtuvo su peor calificación, al ubicarse en el sitio 115 de 133 naciones, por debajo de Bangladesh, Mali, Nepal, Filipinas y Sri Lanka, señala la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Con las modificaciones a la LFT, México podría colocarse en niveles similares a la India, Brasil y Rumania en eficiencia laboral, y avanzar tres posiciones en el Índice Global de Competitividad del WEF, donde actualmente se ubica en el escalón 60.”[3] Con todo ello, lo que también está detrás de esta reforma es que los trabajadores sean quienes carguen el pesado fardo de la crisis económica. Según los legisladores panistas, y quienes apoyan esta iniciativa, esta reforma sería la panacea para resolver los graves problemas económicos y sociales del país; por un lado, la competitividad y, por otro, el desempleo. Desde la visión empresarial, la competitividad esta asociada con el aumento de la productividad, y esta última con un mayor rendimiento del trabajador, pero con salarios miserables y desprotegidos socialmente. “Acción Nacional pretende esconder que en el fondo «su propuesta» intenta ofrecer la fuerza de trabajo mexicana en charola de plata a los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto es, la profundización de la explotación intensiva y extensiva de nuestra fuerza de trabajo, y con ello, la maximización de la extracción de la plusvalía generada por los trabajadores, es decir, multiplicar las tasas de ganancia y una mayor acumulación de capital, para una oligarquía insaciable y rapaz.”[4]
Bajo las actuales circunstancias, el capital está imponiendo condiciones draconianas para el grueso del pueblo trabajador y quiere ir por todo; es decir, desmantelar toda medida reguladora y proteccionista de la fuerza de trabajo, que significa grandes conquistas de clase del proletariado mexicano, emanadas del proceso revolucionario del siglo pasado. Para los trabajadores debe estar claro que esta iniciativa de reforma laboral atenta radicalmente contra sus intereses de clase y que nunca será la solución a la profunda crisis económica y social del país; por el contrario, lo hundiría más en ella. Se requiere iniciar un proceso urgente de (re)organización de los propios trabajadores y sus sindicatos. Es imprescindible constituir un frente único de resistencia proletaria, una de cuyas tareas debe ser, como bien lo propone el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME): “El rechazo total y absoluto a ese proyecto patronal-panista de reforma a la LFT, para lo cual, llamamos a todos los trabajadores y las direcciones sindicales; a organizarnos desde la base de nuestros sindicatos; a organizarlos ahí donde no los haya; a establecer coordinaciones locales, estatales y a nivel nacional; a preparar un gran encuentro nacional de todos los referentes gremiales y sindicales, y sobre todo, a movilizarnos intensiva y masivamente para detener este gravísimo atentado contra la clase trabajadora en su conjunto. Exigir la inmediata renuncia de Javier Lozano Alarcón de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, por ser un factor de confrontación social en virtud de ser un funcionario absolutamente parcial a los intereses de la clase dominante y de perjuicio a la clase trabajadora. Establecer una alianza de largo aliento entre los trabajadores sindicalizados y los trabajadores sin salario patronal, los cuales desde ahora, anuncian que se suman a la lucha en defensa de la LFT, con sus propias demandas justas y legítimas. De manera inmediata, llamamos a todos los trabajadores a organizar el próximo primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, como una gran jornada nacional de protesta y rechazo a la reforma patronal-panista y por la exigencia del cumplimiento irrestricto de lo establecido en el Artículo 123 Constitucional y en la LFT.”
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[1] Ceesp: ¿más reformas estructurales? La Jornada, México, 19 de abril del 2010.
“En el más reciente Análisis económico ejecutivo, reporte semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), se apremia a la clase política, y en particular a los integrantes de la actual legislatura, a aprobar las reformas estructurales «pendientes», en especial las que se refieren a competencia y las propuestas de reforma laboral y del Estado. El organismo llama a aprovechar las oportunidades generadas por la crisis económica, a fin de «hacer más productivo al país» y «ganar terreno a nivel mundial».”
[2] Abascal Carranza hablaba de una Nueva Cultura Laboral, pero ese concepto se dejó de lado en la actual iniciativa. Aunque suene a surrealismo puro, "El presidente de la Comisión para las Causas de los Santos, de la arquidiócesis de México, Gerardo Sánchez, se mostró sorprendido por la urgencia con que el grupo Provida, apoyado por organizaciones como los Caballeros de Colón y la Unión Nacional de Padres de Familia, solicitó que se inicien los trámites para la canonización del exsecretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza, por haber «vivido plenamente su fe cristiana, sin abandonar sus principios y buscar siempre el bien común... Jamás renegó ni se avergonzó de Cristo...». «¡Santo súbito!»... «¡Santo súbito!»... es el clamor de muchos fieles católicos mexicanos, encabezados por el Comité Nacional Provida, que ya quieren ver en los altares al recién fallecido Carlos María Abascal Carranza, secretario del Trabajo y de Gobernación durante el sexenio foxista. Proceso, 5 de enero de 2009. Rodrigo Vera. Ciertamente, Abascal Carranza, recomendaba a los jóvenes encomendarse a la Divina Providencia para solucionar sus problemas de empleo.
[3] El Financiero, Lunes, 19 de abril de 2010.
[4] Resolutivo General del Foro de Análisis sobre el Proyecto de Reforma Laboral presentado por el Partido de Acción Nacional, organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 15 de abril de 2010.
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07 de Junio de 2010
A principios de la década de los ochenta con las políticas neoliberales se han venido agudizando las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos entre otras causas por una escasa y deficiente organización gremial, derivada de un precario y débil sindicalismo clasista democrático e independiente. Pero es a partir de los años noventa que el capital local y foráneo decidió emprender una serie de reformas “estructurales” neoliberales, incluida la reforma laboral que comprende una modificación radical patronal a la Ley Federal del Trabajo, la cual contempla nuevas formas de regulación jurídica y cambios a las formas de contratación del trabajador, a las jornadas de trabajo, etcétera, para debilitar a los sindicatos y expoliar más a los trabajadores. Esta reforma laboral se viene aplicando gradual o directamente en los hechos prácticos y está en la agenda inmediata del gobierno calderonista. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prepara ya el terreno para la reforma laboral con la revisión de 153 iniciativas de reforma a esa legislación, iniciada desde el 2002.
La Iniciativa Lozano –llamada así por el nombre del titular de la STyPS, Javier Lozano Alarcón–, es el proyecto jurídico del gobierno panista de Felipe Calderón para modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT). Aunque el análisis de la iniciativa arrancó el pasado13 de abril, será hasta el nuevo periodo de sesiones de la LXI Legislatura, a partir de septiembre, que se pondrá en marcha el debate de tal propuesta. El sólo hecho que este secretario sea quien proponga una reforma a la LFT es para advertirnos claramente de su profunda naturaleza antiobrera y antisindical; es decir, estamos hablando de uno de los principales represores de los trabajadores mexicanos y de los sindicatos democráticos e independientes del país, y de aquellos organismos gremiales actualmente en conflicto con la parte patronal, como son, entre otros, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y la Sección 65 del Sindicato Minero, de Cananea, Sonora, actualmente en huelga contra la empresa Industrial Minera México, la más grande compañía minera del país, cuyo propietario es Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del mundo y también uno de los principales responsables de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, el 19 de febrero de 2006.
Además, Lozano Alarcón, definido como el camorrero de su jefe, el que hace el trabajo sucio, forma parte del grupo muy nutrido de altos funcionarios del gobierno federal envuelto en una profunda corrupción y en grandes escándalos, como es el caso del chino Zhenli Ye Gon y los misteriosos 205 millones de dólares escondidos en una mansión de Las Lomas de Chapultepec. Alarcón lo chantajeó para obtener fondos destinados a la campaña presidencial de Felipe Calderón. Lozano Alarcón, quien había sido subsecretario de Comunicación de Gobernación en el gobierno zedillista, ahora pretende ser uno de los políticos más serviles a los grandes empresarios para perfilarse como candidato panista presidencial al 2012.
Pero mientras que por un lado el gobierno espurio de Felipe Calderón trata de cumplir muy bien su papel de guardián feroz de los grandes capitales locales y extranjeros reprimiendo a los trabajadores, por otro, establece alianzas muy claras con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), representado por Elba Esther Gordillo; el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), representado por Carlos Romero Dechamps; y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), encabezado por Víctor Fuentes del Villar; tres de los más conspicuos dirigentes del charrismo sindical; por eso, es absolutamente demagógico y cínico lo dicho por Lozano Alarcón de que su iniciativa de reforma “acabará con muchos años de privilegios que gozaron las dirigencias sindicales”.
La LFT vigente data del 1 de mayo de 1970 y requirió diez años de elaboración. Promovida en 1960 por el presidente Adolfo López Mateos, quien reprimió el movimiento obrero democrático e independiente –especialmente las luchas de los trabajadores ferrocarrileros–, fue aprobada al final del periodo de Gustavo Díaz Ordaz, quien ordenó, a su vez, la matanza de cientos de estudiantes y pueblo en general en Tlatelolco, en octubre de 1968. Esta ley correspondió a todo un periodo histórico de la llamada política desarrollista (1940–1970) dentro del cual el capital tuvo una expansión significativa; pero eran ya los estertores de una economía proteccionista que casi una década después daría paso al neoliberalismo a partir de 1982 con el régimen de Miguel De la Madrid Hurtado. Sin embargo, fue durante el régimen oprobioso de Carlos Salinas de Gortari cuando en realidad se implantó drásticamente la política neoliberal, por lo que la LFT se constituía en un verdadero estorbo jurídico para una mayor sobreexplotación de la fuerza de trabajo. No obstante, en los hechos prácticos gran parte de la LFT, las medidas protectoras para el trabajador, queda anulada por la subordinación y complicidad de las autoridades de la STyPS y las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y federales con los intereses de la burguesía local y extranjera. Con la Iniciativa Lozano, se trata de adecuar el marco normativo laboral a una acumulación de capital más intensiva en la explotación de la mano de obra; en otras palabras, se trata de legalizar lo que en los hechos está sucediendo en los procesos productivos para que no haya ninguna o casi ninguna restricción jurídica para el capital en materia laboral: el paraíso laboral para el capital. Hablar del capitalismo salvaje es, precisamente, imponer casi en todos los órdenes sociales la ley del capital; no sujeto a ninguna ley más a la suya propia. En definitiva, se trata pues, de que la mano de obra sea lo más barata posible en el mercado laboral, tanto para el capital local como para las inversiones capitalistas externas. En gran medida, con la reforma laboral panista se pretenden atraer las inversiones de capital foráneo ofreciendo una mano de obra cuyo costo salarial sea lo más bajo posible.
“Desde el periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988) y durante las administraciones siguientes –dice un artículo de La Jornada–, hasta la actual, el gran empresariado ha conseguido imponer reformas estructurales como apertura del mercado interno, «adelgazamiento» del Estado, liquidación de las estrategias de bienestar social y de subsidios a la economía popular, privatización masiva de bienes públicos, debilitamiento del ejido (mediante la modificación del artículo 27 constitucional), transferencia de los fondos de jubilación de los trabajadores a las corporaciones financieras privadas, políticas de contención salarial y de hostigamiento oficial a los sindicatos independientes, desregulación indiscriminada y aplicación de criterios fiscales que exoneran de la mayor parte de sus obligaciones a los grandes capitales y se encarnizan con los causantes cautivos.
“El resultado de ésas y otras reformas estructurales, que son el tren de aterrizaje del modelo económico neoliberal, ha sido catastrófico y trágico: el sector informal de la economía ha crecido junto con el desempleo (tanto el abierto como el disimulado por las cifras oficiales), la pobreza, la miseria y la marginación; se ha vuelto intolerable la desigualdad social causada por la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos; el país ha perdido soberanía en todos los ámbitos; buena parte del agro –al menos, la que no ha sido reestructurada en grandes industrias orientadas primordialmente a la exportación– ha sido arrasada; la migración se ha multiplicado, igual que la desintegración social y familiar. Tales condiciones han producido, a su vez, una descomposición institucional inocultable y una pérdida del control efectivo del territorio por los organismos del Estado, y se ha creado, así, el margen de acción para una violenta criminalidad que hoy en día escapa a cualquier intención de control o contención por parte de las autoridades.” [1]
En efecto, con la irrupción del neoliberalismo en el país la pobreza social se ha venido incrementando aceleradamente; una pobreza que viene acompañada con un creciente desempleo, la precarización del mundo del trabajo con la perdida de los derechos laborales relativos a la seguridad social (11 millones de empleados no cuentan con seguridad social), las prestaciones sociales, mayor empleo “informal”. Pero es el vertiginoso aumento de la subcontratación de la mano de obra (outsourcing; sous-entrepise: marchandage) lo que caracteriza la modalidad del empleo “formal”, todo ello bajo el marco de la llamada flexibilización laboral, lo que significa explotación intensiva e indefensión jurídica del trabajador. El outsourcing se practica especialmente en las maquiladoras, una producción de ensamblaje casi exclusivamente para el mercado externo. Las maquiladoras se han convertido en los hechos en “sweat shops”, talleres del sudor. Desde la llegada al poder presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), en el 2000 con Vicente Fox, se dio un importante crecimiento de los contratos de protección en las maquiladoras. Por ejemplo, en Tijuana, al menos desde 1989, se calcula que más de 700 de las 890 maquiladoras de esa ciudad fronteriza tienen sindicatos fantasmas. Sindicatos “blancos” o “fantasmas”, el hecho es que los trabajadores están casi totalmente desprotegidos. En México, se estima que poco más del 90 por ciento de los contratos colectivos son contratos de protección para la patronal en manos de sindicatos “fantasmas”. Además, sólo uno de cada cien asalariados está incorporado a alguna organización sindical, lo cual refleja la desprotección en que trabajan miles de mexicanos. En el sector “informal” se encuentra 61 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 13 millones de afiliados que tiene registrados, 21 millones deberían estarlo (datos de 2007).
La propuesta patronal
El proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la LFT, que presentó el diputado panista José Gerardo De los Cobos Silva, el 18 de marzo pasado, consiste básicamente en:
Incluir nuevas modalidades de contratación individual.
Limitar la generación de salarios vencidos (caídos).
Eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador con una antigüedad menor a tres años al momento del despido.
Suprimir el escalafón ciego, a efecto de privilegiar la productividad.
Incorporar la multihabilidad obligatoria, como mecanismo para incrementar la productividad y los ingresos de los trabajadores.
Declarar la inexistencia de la huelga si el sindicato no cumple con los requisitos para el emplazamiento previstos en sus propios estatutos.
Negar el trámite a emplazamientos a huelga por incumplimiento al contrato colectivo o contrato ley, cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación.
Regular la subcontratación, tercerización u outsourcing.
Se propone, pues, la contratación a prueba de uno a seis meses, improrrogables, sin necesidad de ser contratados ocho horas diarias y seis días a la semana, así como el pago por hora.
Por supuesto, la propuesta panista pretende disfrazar los intereses del empresariado mexicano, especialmente los de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana (COPARMEX). En la administración foxista el promotor fue Carlos María Abascal Carranza, entonces titular de la STyPS y ahora por Javier Lozano Alarcón. [2] En realidad, la Iniciativa Lozano pretende trastocar y nulificar derechos inalienables de los trabajadores mexicanos tales como: la estabilidad en el empleo, la contratación colectiva, el tiempo del empleo contractual como fuente de derechos, la jornada de 8 horas, el derecho a la sindicalización y a la autonomía e independencia sindicales, el derecho de huelga y el derecho a un salario suficiente entre muchos otros.
Los diputados panistas arguyen que “la economía mexicana demanda acciones urgentes para alcanzar mayor productividad y competitividad. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que incluye a 133 países, muestra que México ocupa la posición 115 en eficiencia y participación de la mujer en el mercado laboral. Según el índice Doing Business del Banco Mundial, de 181 naciones, nuestro país se ubica en el lugar 103 en el índice de dificultad de contratación; en el 116 en el costo por despido y en el lugar 98 en el índice de flexibilidad en los horarios laborales. Los indicadores de competitividad muestran que México tiene la necesidad de realizar cambios estructurales, como lo es la adecuación de la legislación laboral, ya que los costos de no impulsar una reforma efectiva se traducirán en mayores repercusiones económicas para ésta y las próximas generaciones.”
Se dice pues que “con la reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT), México podría avanzar de 20 a 25 posiciones en el indicador de eficiencia laboral, uno de los 12 pilares de competitividad que evalúa el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En el último año nuestro país cayó cinco lugares en ese rubro y obtuvo su peor calificación, al ubicarse en el sitio 115 de 133 naciones, por debajo de Bangladesh, Mali, Nepal, Filipinas y Sri Lanka, señala la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Con las modificaciones a la LFT, México podría colocarse en niveles similares a la India, Brasil y Rumania en eficiencia laboral, y avanzar tres posiciones en el Índice Global de Competitividad del WEF, donde actualmente se ubica en el escalón 60.”[3] Con todo ello, lo que también está detrás de esta reforma es que los trabajadores sean quienes carguen el pesado fardo de la crisis económica. Según los legisladores panistas, y quienes apoyan esta iniciativa, esta reforma sería la panacea para resolver los graves problemas económicos y sociales del país; por un lado, la competitividad y, por otro, el desempleo. Desde la visión empresarial, la competitividad esta asociada con el aumento de la productividad, y esta última con un mayor rendimiento del trabajador, pero con salarios miserables y desprotegidos socialmente. “Acción Nacional pretende esconder que en el fondo «su propuesta» intenta ofrecer la fuerza de trabajo mexicana en charola de plata a los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto es, la profundización de la explotación intensiva y extensiva de nuestra fuerza de trabajo, y con ello, la maximización de la extracción de la plusvalía generada por los trabajadores, es decir, multiplicar las tasas de ganancia y una mayor acumulación de capital, para una oligarquía insaciable y rapaz.”[4]
Bajo las actuales circunstancias, el capital está imponiendo condiciones draconianas para el grueso del pueblo trabajador y quiere ir por todo; es decir, desmantelar toda medida reguladora y proteccionista de la fuerza de trabajo, que significa grandes conquistas de clase del proletariado mexicano, emanadas del proceso revolucionario del siglo pasado. Para los trabajadores debe estar claro que esta iniciativa de reforma laboral atenta radicalmente contra sus intereses de clase y que nunca será la solución a la profunda crisis económica y social del país; por el contrario, lo hundiría más en ella. Se requiere iniciar un proceso urgente de (re)organización de los propios trabajadores y sus sindicatos. Es imprescindible constituir un frente único de resistencia proletaria, una de cuyas tareas debe ser, como bien lo propone el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME): “El rechazo total y absoluto a ese proyecto patronal-panista de reforma a la LFT, para lo cual, llamamos a todos los trabajadores y las direcciones sindicales; a organizarnos desde la base de nuestros sindicatos; a organizarlos ahí donde no los haya; a establecer coordinaciones locales, estatales y a nivel nacional; a preparar un gran encuentro nacional de todos los referentes gremiales y sindicales, y sobre todo, a movilizarnos intensiva y masivamente para detener este gravísimo atentado contra la clase trabajadora en su conjunto. Exigir la inmediata renuncia de Javier Lozano Alarcón de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, por ser un factor de confrontación social en virtud de ser un funcionario absolutamente parcial a los intereses de la clase dominante y de perjuicio a la clase trabajadora. Establecer una alianza de largo aliento entre los trabajadores sindicalizados y los trabajadores sin salario patronal, los cuales desde ahora, anuncian que se suman a la lucha en defensa de la LFT, con sus propias demandas justas y legítimas. De manera inmediata, llamamos a todos los trabajadores a organizar el próximo primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, como una gran jornada nacional de protesta y rechazo a la reforma patronal-panista y por la exigencia del cumplimiento irrestricto de lo establecido en el Artículo 123 Constitucional y en la LFT.”
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[1] Ceesp: ¿más reformas estructurales? La Jornada, México, 19 de abril del 2010.
“En el más reciente Análisis económico ejecutivo, reporte semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), se apremia a la clase política, y en particular a los integrantes de la actual legislatura, a aprobar las reformas estructurales «pendientes», en especial las que se refieren a competencia y las propuestas de reforma laboral y del Estado. El organismo llama a aprovechar las oportunidades generadas por la crisis económica, a fin de «hacer más productivo al país» y «ganar terreno a nivel mundial».”
[2] Abascal Carranza hablaba de una Nueva Cultura Laboral, pero ese concepto se dejó de lado en la actual iniciativa. Aunque suene a surrealismo puro, "El presidente de la Comisión para las Causas de los Santos, de la arquidiócesis de México, Gerardo Sánchez, se mostró sorprendido por la urgencia con que el grupo Provida, apoyado por organizaciones como los Caballeros de Colón y la Unión Nacional de Padres de Familia, solicitó que se inicien los trámites para la canonización del exsecretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza, por haber «vivido plenamente su fe cristiana, sin abandonar sus principios y buscar siempre el bien común... Jamás renegó ni se avergonzó de Cristo...». «¡Santo súbito!»... «¡Santo súbito!»... es el clamor de muchos fieles católicos mexicanos, encabezados por el Comité Nacional Provida, que ya quieren ver en los altares al recién fallecido Carlos María Abascal Carranza, secretario del Trabajo y de Gobernación durante el sexenio foxista. Proceso, 5 de enero de 2009. Rodrigo Vera. Ciertamente, Abascal Carranza, recomendaba a los jóvenes encomendarse a la Divina Providencia para solucionar sus problemas de empleo.
[3] El Financiero, Lunes, 19 de abril de 2010.
[4] Resolutivo General del Foro de Análisis sobre el Proyecto de Reforma Laboral presentado por el Partido de Acción Nacional, organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 15 de abril de 2010.
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Hacen un llamado a la Segob para que se abstenga del uso de la fuerza
Notimex
Diario de Yucatan
2010-06-07
El grupo plural del Senado que da seguimiento al conflicto de la Mina Cananea hizo ''un enérgico llamado'' a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se abstenga del uso de la fuerza contra los mineros, que hoy fueron desalojados.
Además, llamó a las autoridades involucradas en el cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales derivadas del conflicto en Cananea, Sonora, que eviten ''excederse de su función de auxiliares de la autoridad judicial correspondiente''.
El grupo que preside el senador Arturo Núñez también solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que personal a su cargo verifique el estricto respeto a las garantías de los mineros y la población en Cananea, Sonora.
Indicó que si bien la Segob aseguró que el desalojo se realizó pacíficamente y con apego a la ley, la sección 65 del Sindicato Minero comunicó al presidente del grupo especial ''de actos violentos durante el operativo policial''.
Los legisladores convocaron al Ejecutivo y al gobierno de Sonora que acaten el llamado que hizo el Senado del 16 de febrero para alcanzar una salida negociada al conflicto y reactivar el desarrollo económico y social de Cananea.
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Diario de Yucatan
2010-06-07
El grupo plural del Senado que da seguimiento al conflicto de la Mina Cananea hizo ''un enérgico llamado'' a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se abstenga del uso de la fuerza contra los mineros, que hoy fueron desalojados.
Además, llamó a las autoridades involucradas en el cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales derivadas del conflicto en Cananea, Sonora, que eviten ''excederse de su función de auxiliares de la autoridad judicial correspondiente''.
El grupo que preside el senador Arturo Núñez también solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que personal a su cargo verifique el estricto respeto a las garantías de los mineros y la población en Cananea, Sonora.
Indicó que si bien la Segob aseguró que el desalojo se realizó pacíficamente y con apego a la ley, la sección 65 del Sindicato Minero comunicó al presidente del grupo especial ''de actos violentos durante el operativo policial''.
Los legisladores convocaron al Ejecutivo y al gobierno de Sonora que acaten el llamado que hizo el Senado del 16 de febrero para alcanzar una salida negociada al conflicto y reactivar el desarrollo económico y social de Cananea.
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