miércoles, 27 de octubre de 2010
martes, 26 de octubre de 2010
Continúan quejas por altas tarifas de la CFE
Crece inconformidad social
Andrés Lagunas
El Sol de Cuernavaca
26 de octubre de 2010
Cuernavaca, Morelos.- Un grupo de ex trabajadores electricistas de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) quemó recibos de luz, mientras en el interior del Congreso se llevaba a cabo una reunión entre diputados y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para analizar las quejas surgidas por la facturación.
El encuentro se dio a petición del grupo parlamentario de Convergencia, por lo cual acudieron al recinto legislativo Javier Valencia Barajas, gerente de la división de distribución Centro Sur de la CFE, así como Raúl Gómez, director de Comunicación Social de la empresa paraestatal.
La diputada Jessica Ortega explicó en entrevista que como resultado de la reunión acordaron con los funcionarios federales establecer un canal de comunicación para que a través de los diputados los ciudadanos inconformes con los cobros por consumo de energía eléctrica canalicen sus quejas y reciban respuesta. "No podemos precisar cuantas quejas hay, pero casi todos los diputados hemos recibido copia de recibos de luz que la gente pide revisar y bajar el monto, porque antes pagaban mucho menos", explicó la diputada de Convergencia.
Los funcionarios explicaron que actualmente la Comisión de Electricidad ha recibido dos mil 775 quejas, de un total de 145 mil 140 usuarios en Huitzilac y Cuernavaca, de las cuales 600 se encuentran en proceso de respuesta, se hizo de conocimiento que se han instalado 9 mil medidores nuevos que cuentan con el sistema de prepago pero éste aún no está funcionando.
Rabindranath Salazar Solorio, destacó que aún con la disposición de los funcionarios de la CFE, el alto costo de este servicio deberá ser un tema de legislación ya que los municipios están siendo afectados de manera considerable por el servicio de alumbrado público, así como también consideró necesario elaborar un listado de los consumidores que están siendo afectados por facturaciones elevadas para que obtengan respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Previo a este encuentro, las diputadas Hortensia Figueroa y Tania Valentina Rodríguez dieron a conocer la instalación de módulos de atención para quejas de los usuarios de la CFE.
El ex Subsecretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas Héctor Salazar Porcayo, refirió que después del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro se han dejado venir una serie de irregularidades, entre ellas los altos cobros a los usuarios.
Explicó que a través de las casas de gestión de los diputados mencionados se pondrán módulos de atención, no tan solo para Cuernavaca y Huitzilac, sino para todo el estado.
Los mencionados módulos se encuentran en Pasaje Caballero Díaz Despacho 203 de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, esto en la calle Guerrero del centro de la ciudad capital, en Cuautla es Avenida insurgentes num. 121, colonia Emiliano Zapata, en Axochiapan se ubica en el mero centro a un costado de una zapatería en la calle Guerrero. Aseveraron que el personal esta debidamente informado y preparado para recibir las quejas.
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Andrés Lagunas
El Sol de Cuernavaca
26 de octubre de 2010
Cuernavaca, Morelos.- Un grupo de ex trabajadores electricistas de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) quemó recibos de luz, mientras en el interior del Congreso se llevaba a cabo una reunión entre diputados y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para analizar las quejas surgidas por la facturación.
El encuentro se dio a petición del grupo parlamentario de Convergencia, por lo cual acudieron al recinto legislativo Javier Valencia Barajas, gerente de la división de distribución Centro Sur de la CFE, así como Raúl Gómez, director de Comunicación Social de la empresa paraestatal.
La diputada Jessica Ortega explicó en entrevista que como resultado de la reunión acordaron con los funcionarios federales establecer un canal de comunicación para que a través de los diputados los ciudadanos inconformes con los cobros por consumo de energía eléctrica canalicen sus quejas y reciban respuesta. "No podemos precisar cuantas quejas hay, pero casi todos los diputados hemos recibido copia de recibos de luz que la gente pide revisar y bajar el monto, porque antes pagaban mucho menos", explicó la diputada de Convergencia.
Los funcionarios explicaron que actualmente la Comisión de Electricidad ha recibido dos mil 775 quejas, de un total de 145 mil 140 usuarios en Huitzilac y Cuernavaca, de las cuales 600 se encuentran en proceso de respuesta, se hizo de conocimiento que se han instalado 9 mil medidores nuevos que cuentan con el sistema de prepago pero éste aún no está funcionando.
Rabindranath Salazar Solorio, destacó que aún con la disposición de los funcionarios de la CFE, el alto costo de este servicio deberá ser un tema de legislación ya que los municipios están siendo afectados de manera considerable por el servicio de alumbrado público, así como también consideró necesario elaborar un listado de los consumidores que están siendo afectados por facturaciones elevadas para que obtengan respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Previo a este encuentro, las diputadas Hortensia Figueroa y Tania Valentina Rodríguez dieron a conocer la instalación de módulos de atención para quejas de los usuarios de la CFE.
El ex Subsecretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas Héctor Salazar Porcayo, refirió que después del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro se han dejado venir una serie de irregularidades, entre ellas los altos cobros a los usuarios.
Explicó que a través de las casas de gestión de los diputados mencionados se pondrán módulos de atención, no tan solo para Cuernavaca y Huitzilac, sino para todo el estado.
Los mencionados módulos se encuentran en Pasaje Caballero Díaz Despacho 203 de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, esto en la calle Guerrero del centro de la ciudad capital, en Cuautla es Avenida insurgentes num. 121, colonia Emiliano Zapata, en Axochiapan se ubica en el mero centro a un costado de una zapatería en la calle Guerrero. Aseveraron que el personal esta debidamente informado y preparado para recibir las quejas.
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Promueve PT campaña de amparos en contra de cobros excesivos de la CFE
Dulce Maya
La Jornada de Morelos
24 de Octubre de 2010
La Jornada de Morelos
24 de Octubre de 2010
CUERNAVACA. El Partido del Trabajo en Morelos, inició una campaña que promueve que habitantes de Cuernavaca y Huitzilac, se amparen contra los “excesivos cobros” que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en esas localidades.
La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, detalló que buscara la asesoría de diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de replicar en Morelos, los amparos que han logrado amparar a habitantes de la capital del país.
“Vamos a trabajar con estos diputados para que en dos semanas estemos presentando desde el congreso local, el amparo que promovieron contra los altos e ilegales cobros que realiza la Comisión Federal de Electricidad y con ello, poder amparar a los ciudadanos de esos pagos”, explicó la legisladora.
Detalló que en Morelos, se prevé la promoción de entre 15 y 23 mil amparos y con ello, evitar que los habitantes en principio de Cuernavaca y Huitzilac, dejen de pagar los altos costos que les llegan por el suministro de energía eléctrica, tras la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Por último, la legisladora Tania Valentina Rodríguez convocó a los ciudadanos afectados por las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, acercarse a su oficina, a fin de que puedan sean asesorados
El subsecretario estatal del SME, Héctor Salazar Porcayo, señaló que se sumaran activamente a esta campaña, además de que ya han solicitado al Congreso Local, inicie la defensa de los afectados por los altos costos de las tarifas de energía eléctrica.
En Morelos, Luz y Fuerza del Centro atendía un promedio de 140 mil usuarios de Cuernavaca y el municipio de Huitzilac, de los cuales 30 mil usuarios, sobre todo de colonias marginadas de estas dos demarcaciones, están en riesgo de quedarse sin luz, debido a que los de la CFE no conocen la operación de las plantas de energía y por las condiciones climatológicas (de lluvia), subrayó Porcayo.
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La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, detalló que buscara la asesoría de diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de replicar en Morelos, los amparos que han logrado amparar a habitantes de la capital del país.
“Vamos a trabajar con estos diputados para que en dos semanas estemos presentando desde el congreso local, el amparo que promovieron contra los altos e ilegales cobros que realiza la Comisión Federal de Electricidad y con ello, poder amparar a los ciudadanos de esos pagos”, explicó la legisladora.
Detalló que en Morelos, se prevé la promoción de entre 15 y 23 mil amparos y con ello, evitar que los habitantes en principio de Cuernavaca y Huitzilac, dejen de pagar los altos costos que les llegan por el suministro de energía eléctrica, tras la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Por último, la legisladora Tania Valentina Rodríguez convocó a los ciudadanos afectados por las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, acercarse a su oficina, a fin de que puedan sean asesorados
El subsecretario estatal del SME, Héctor Salazar Porcayo, señaló que se sumaran activamente a esta campaña, además de que ya han solicitado al Congreso Local, inicie la defensa de los afectados por los altos costos de las tarifas de energía eléctrica.
En Morelos, Luz y Fuerza del Centro atendía un promedio de 140 mil usuarios de Cuernavaca y el municipio de Huitzilac, de los cuales 30 mil usuarios, sobre todo de colonias marginadas de estas dos demarcaciones, están en riesgo de quedarse sin luz, debido a que los de la CFE no conocen la operación de las plantas de energía y por las condiciones climatológicas (de lluvia), subrayó Porcayo.
Fuente
CFE: propaganda y realidades
Jorge Melendez Preciado
Contralínea
24 October 2010
Contralínea
24 October 2010
A los heroicos mineros chilenos, ejemplo de resistencia
Una de las primeras medidas en un sistema político democrático es no dilapidar la lana. Sabemos que siempre los ingresos gubernamentales son escasos, hasta en países como Estados Unidos y Alemania, motores de la economía mundial. Por eso, ante lo finito de algo, se debe analizar muy bien a qué se destina cada peso.
Lo anterior viene a cuento porque hace cuando menos una década, buena cantidad de investigadores y especialistas han señalado que no tiene sentido hacer propaganda en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que ninguna de las dos tiene competencia ni mucho menos realiza algo que la población no sepa.
El exhorto ha sido en vano. La petrolera, como la que provee el fluido eléctrico, derrocha recursos sin cuento en medios de difusión. El único objetivo es hacer propaganda a sus directivos; algo desmesurado e ilógico.
El señor Alfredo Elías Ayub, director de la CFE de 1999 a la fecha, se ha presentado como un hombre excepcional y quien ha llevado a la institución a ser de “clase mundial”. El primer término, “clase”, es equívoco, pues las clases sociales se dan en la población y no entre instituciones. El lema debería ser “categoría mundial”, si acaso. Pero ya sabemos que los publicistas manejan el idioma a su antojo e inventan palabras sin sentido.
Pero el torpe y manido anuncio es lo de menos. Lo de más es que, hace años, la empresa que contrata a sociedades privadas ha sido señalada en diversos países: modelo de transas.
Un ejemplo: en 2007 se denunció que había un fraude en CFE por 308 millones de pesos. Al realizarse las investigaciones, fueron a parar a la cárcel María Elena Guerrero Escamilla y su jefa Diana Patricia Gutiérrez. Ambas habían descubierto la estafa. Pero ya sabemos que la justicia mexicana aprehende y castiga al inocente y deja libre y orondo al culpable.
La primera ha vuelto a denunciar el asunto. Esperamos que a las dos se les haga justicia en serio, y no se les exonere a hurtadillas como se hizo con los detenidos por el famoso michoacanazo.
Quienes estaban coludidos en el nefasto asunto eran Alejandro Morales y un individuo hoy muy famoso, Néstor Moreno, el mismo que recibió galardones de Vicente Fox, igual que Zhenli Ye Gon.
Ahora sabemos que Néstor obtuvo yate, automóvil Ferrari y dinero a manos llenas de las empresas ABB y Lindsey. El escándalo hizo que en Estados Unidos enjuiciaran a un matrimonio azteca y vayan por más. Aquí, la CFE, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República se hicieron las sorprendidas y lo único que realizaron fue incautar el yate.
El 10 de octubre de 2009, en la madrugada, luego de que la Selección Mexicana logró su pase al campeonato mundial de Sudáfrica, donde hizo un papel lamentable, se dio un golpe contra Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
¿Cuáles fueron los motivos gubernamentales de una acción planeada con mucha anticipación y malevolencia?
Según dijeron, evitar la corrupción del SME; ahorrar, ya que a esa firma se le daban apoyos millonarios; hacer más ágil y eficiente el servicio y, sobre todo, impedir la corrupción del mencionado Sindicato (sic).
De los 44 mil trabajadores del SME, no obstante las aparatosas ofertas de liquidación, sólo aceptaron 28 mil; el resto, 16 mil, y gran parte de los 22 mil jubilados, siguen protestando de diversas maneras. En ocasiones, a nuestro juicio, con métodos bastante convencionales y sin mucha imaginación, pero con dignidad.
Medios y articulistas han dicho que la CFE no cumplió con lo ofrecido por Felipe Calderón: mejor servicio, tarifas más bajas, conexiones eficaces y seguras, et al.
El ciudadano, por cierto, está indignado por cobros excesivos, mala atención, cortes del servicio frecuentes y propaganda engañosa.
Lo que habían advertido los del SME, que la fibra óptica sería para negociar, se dio. La licitación 21 mostró que la administración federal, por medio de Juan Molinar, quiere otorgársela a Televisa a como dé lugar. Otra previsión de los esmeítas, que los nuevos trabajadores serían incapaces de arreglar las fallas, es realidad, ya que se contrataron personas que desconocen las tareas encomendadas. El etcétera sería muy largo.
Detengámonos en dos asuntos poco señalados.
Uno: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del Servicio de Administración Tributaria, no ha querido dar a conocer los nombres de a quienes condonaron 74 mil millones de pesos en impuestos, y mucho menos ha podido remediar el hoyo de 500 mil millones en regímenes especiales –donde hay muchos empresarios que se solazaron con la extinción de Luz y Fuerza– que afecta las finanzas nacionales.
Dos: la CFE lanzó una nueva campaña donde anuncia que ha realizado una intensa labor en estos 365 días. Entre las maravillas, dice que hay 69 centros de atención a los usuarios, pero omite que se atiende a muy pocos solicitantes y varios de ellos pierden horas de espera muchas veces para informarles que deben pagar y luego virigüen, y señala que tenemos ahora 225 nuevos CFEmáticos, palabreja que sólo ellos descifrarán.
En realidad, no obstante las muchas ventajas que nos anuncian, la CFE debe poner atención en cuatro asuntos: explicar, castigar y erradicar la corrupción; dar trato igual y no discriminatorio a los clientes –entre los que exenta, están comerciantes millonarios–; ser eficiente en México, antes de presumir en el extranjero sus logros, y no derrochar recursos en propaganda sin sentido.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, debe cumplir su palabra y proporcionarles ocupación a los 16 mil trabajadores del SME y no dejarse intimidar por el tuitero Javier Lozano.
jamelendez44@gmail.com
Fuente: Contralínea 205 / 24 de Octubre de 2010
Declaración de la Resistencia Civil en Contra de las Altas Tarifas Eléctricas
A LA OPINION PÚBLICA
A LOS MEDIOS MASIVOS DE INFORMACION
A LOS PUEBLOS Y COIMUNIDADES INDIGENAS
LAS COMUNIDADES, MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES QUE FORMAMOS PARTE DE LA RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGIA ELECTRICA/REGION SUR-SURESTE DE NUESTRO PAIS REUNIDOS EN LA COMUNIDAD ZAPOTECA DE SANTA MARIA XADANI LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CONSIDERAMOS:
QUE las políticas neoliberales del mal gobierno y sus aliados quienes dirigen nuestro país, solo benefician a los capitalistas nacionales y extranjeros, a través de la privatización de toda nuestra vida, de nuestros recursos naturales y del despojo de nuestro territorio.
MANIFESTAMOS:
A) Que continuamos fortaleciendo nuestro movimiento de resistencia civil del no pago contra las altas tarifas de la energía eléctrica y denunciamos enérgicamente la corrupción y los pésimos servicios que imperan en la CFE.
B) Exigimos el alto a los cortes de la luz eléctrica en los altos de Chiapas y en los municipios de la resistencia civil y la derogación del DAP en los estados de Oaxaca y Campeche.
C) Invitamos a todas las organizaciones, comunidades y personas, incluyendo los trabajadores del SME a sumarse a la resistencia del no-pago contra las altas tarifas de luz.
D) Rechazamos totalmente la privatización de la energía eléctrica y de todos los recursos naturales en nuestro país; respaldamos las luchas de nuestros compañeros y compañeras que luchan también contra la CFE, por sus altas tarifas a lo largo y ancho del país o por sus megaproyectos de privatización eólica en el Istmo de Oaxaca, y de privatizacion hidroeléctrica de Paso de la Reina en Oaxaca, de La Parota en Guerrero y de otros estados.
E) Rechazamos la criminalización de las luchas sociales que el mal gobierno está haciendo y exigimos el desistimiento y cancelación de todos los proceso jurídicos que la CFE está implementando en contra de nuestros compañeros a lo largo y ancho de nuestro país
F) Exigimos el cumplimiento a los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena y el respeto a sus autonomías ejercidas en los hechos que en estos momentos están siendo masacradas.
G) Alto a la represión en contra de todos los municipios autónomos de Chiapas, Oaxaca, MIchoacan y de todo el país.
H) Alto a la masacre en San Juan Copala, Oax; castigo a los asesinos de nuestra compañera BETTY CARIÑO y de JIRI JAAKKOLA y de todas las personas asesinadas, violadas y heridas, asesinos integrantes de las bandas paramilitares UBISORT/MULT y Ulises Ruiz Ortiz, autor intelectual de esta masacre y de la desarticulación del municipio autónomo.
I) Desmantelamiento de los grupos paramilitares y guardias blancas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y en todo el país.
J) Exigimos a la CFE detener las agresiones en contra del CIDECI/UNIVERSIDAD DE LA TIERRA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS.
A LOS MEDIOS MASIVOS DE INFORMACION
A LOS PUEBLOS Y COIMUNIDADES INDIGENAS
LAS COMUNIDADES, MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES QUE FORMAMOS PARTE DE LA RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGIA ELECTRICA/REGION SUR-SURESTE DE NUESTRO PAIS REUNIDOS EN LA COMUNIDAD ZAPOTECA DE SANTA MARIA XADANI LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CONSIDERAMOS:
QUE las políticas neoliberales del mal gobierno y sus aliados quienes dirigen nuestro país, solo benefician a los capitalistas nacionales y extranjeros, a través de la privatización de toda nuestra vida, de nuestros recursos naturales y del despojo de nuestro territorio.
MANIFESTAMOS:
A) Que continuamos fortaleciendo nuestro movimiento de resistencia civil del no pago contra las altas tarifas de la energía eléctrica y denunciamos enérgicamente la corrupción y los pésimos servicios que imperan en la CFE.
B) Exigimos el alto a los cortes de la luz eléctrica en los altos de Chiapas y en los municipios de la resistencia civil y la derogación del DAP en los estados de Oaxaca y Campeche.
C) Invitamos a todas las organizaciones, comunidades y personas, incluyendo los trabajadores del SME a sumarse a la resistencia del no-pago contra las altas tarifas de luz.
D) Rechazamos totalmente la privatización de la energía eléctrica y de todos los recursos naturales en nuestro país; respaldamos las luchas de nuestros compañeros y compañeras que luchan también contra la CFE, por sus altas tarifas a lo largo y ancho del país o por sus megaproyectos de privatización eólica en el Istmo de Oaxaca, y de privatizacion hidroeléctrica de Paso de la Reina en Oaxaca, de La Parota en Guerrero y de otros estados.
E) Rechazamos la criminalización de las luchas sociales que el mal gobierno está haciendo y exigimos el desistimiento y cancelación de todos los proceso jurídicos que la CFE está implementando en contra de nuestros compañeros a lo largo y ancho de nuestro país
F) Exigimos el cumplimiento a los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena y el respeto a sus autonomías ejercidas en los hechos que en estos momentos están siendo masacradas.
G) Alto a la represión en contra de todos los municipios autónomos de Chiapas, Oaxaca, MIchoacan y de todo el país.
H) Alto a la masacre en San Juan Copala, Oax; castigo a los asesinos de nuestra compañera BETTY CARIÑO y de JIRI JAAKKOLA y de todas las personas asesinadas, violadas y heridas, asesinos integrantes de las bandas paramilitares UBISORT/MULT y Ulises Ruiz Ortiz, autor intelectual de esta masacre y de la desarticulación del municipio autónomo.
I) Desmantelamiento de los grupos paramilitares y guardias blancas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y en todo el país.
J) Exigimos a la CFE detener las agresiones en contra del CIDECI/UNIVERSIDAD DE LA TIERRA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS.
¡¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!!
¡¡FUERA EMPRESAS TRANSNACIONALES DE NUESTRO PAIS!!
ATENTAMENTE
POR LA SOBERANIA ENERGETICA Y LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO
RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL CONTRA DE LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGIA ELECTRICA / REGION SUR-SURESTE.
lunes, 25 de octubre de 2010
Al menos 2 mil trabajadores de la CFE, sancionados por anomalías y corrupción
- La Secretaría de la Función Pública sólo ha interpuesto una demanda ante la PGR
- Entre los ilícitos, mal uso del presupuesto y faltas en el otorgamiento de contratos
Fabiola Martínez
La Joranda
25 de Octubre, 2010
De 1986 a la fecha más de 2 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han incurrido en irregularidades y actos de corrupción, principalmente en el otorgamiento de contratos, negligencia administrativa y mal uso del presupuesto de la paraestatal.
Las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ascienden en algunos casos a 48.8 millones de pesos, lo cual evidencia el nivel de los ilícitos.
Sin embargo, la SFP ha consignado sólo un caso ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se desconoce a cuántos empleados que cometieron ilícitos se les abrió un expediente penal, pero sobre todo no se sabe cuántos continúan, pese a su negro historial, en la nómina de la CFE.
El caso de Néstor Moreno Díaz, director de operación –en agosto pasado sólo fue suspendido de manera temporal para hacer frente a denuncias en su contra–, es apenas uno de los cientos relacionados con el talón de Aquiles de la CFE: violación a los procesos de contratación.
Moreno Díaz, acusado de aceptar y realizar favores a potenciales contratistas nacionales e internacionales, fue destituido por la SFP. El órgano de control de la CFE ordenó inhabilitarlo 10 años (del 7 de enero de 1998 al 6 de enero de 2008), por “abuso de autoridad”.
No obstante, quien en ese momento era coordinador de transmisión y transformación fue ascendido por el director general, Alfredo Elías Ayub, evidentemente sin atender los antecedentes de corrupción documentados por la contraloría federal mencionada. Más aún: recibió premios por excelencia y representaba a su jefe en actos presidenciales.
Por lo pronto, la lista de irregularidades sigue creciendo. Por ejemplo, en marzo pasado se impuso a un alto funcionario una multa por 41.7 millones de pesos por negligencia administrativa, expediente PA/076/2009. Esa persona fue destituida e inhabilitada 11 años, de 2010 a 2021, y de igual forma la SFP no tiene registro de que se haya interpuesto una demanda penal. En los documentos se puede observar que se impuso una sanción idéntica a otra funcionaria.
Así ocurre en múltiples casos, en los que varios trabajadores son multados por la misma cantidad y se les finca la misma sanción (destitución y/o inhabilitación), situación que evidencia la existencia de relaciones y redes de corrupción en los altos niveles de operación de la CFE, cuyo lema es “una empresa de clase mundial”.
De manera paralela, legisladores y organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) han documentado graves irregularidades en la operación de la CFE, como la contratación de empresas nacionales y extranjeras que no cumplieron los requisitos estipulados en las convocatorias de licitaciones millonarias o que fueron vueltos a contratar pese a desfalcos cometidos en perjuicio de la paraestatal.
De acuerdo con datos obtenidos mediante solicitudes de información pública, la unidad de asuntos jurídicos de la SFP precisó (folio Infomex 000270016 7010) que en el periodo diciembre de 1993-julio de 2010 “fue denunciado ante la PGR solamente un servidor público adscrito a la CFE”.
El caso fue contra un agente comercial, quien cometió el delito de extorsión en mayo de 2009 en Tuxpan, Veracruz. A este empleado se le imputa una irregularidad por 30 mil pesos.
El órgano interno de control de la CFE no interpuso denuncias ante el Ministerio Público. En el oficio 18/164/CFE/CI/ AQ/001583/2010 informa que, luego de haber realizado una exhaustiva búsqueda en sus archivos, “no localizó antecedente alguno relacionado con denuncias penales presentadas por dicho órgano fiscalizador ante el Ministerio Público contra servidores públicos de la CFE”.
Los datos mencionados, también obtenidos mediante peticiones de datos públicos, indican que las sanciones más comunes en la CFE son por violaciones a procedimientos de contratación, leyes y normatividad presupuestal, negligencia administrativa, cohecho, extorsión e incumplimiento en declaración de situación patrimonial, aunque esta última no redunda en multas, sino únicamente en amonestación pública o privada y suspensión.
De acuerdo con ese resumen, cuatro empleados –por mencionar algunos casos– incurrieron en negligencia administrativa en 2001 y merecieron sanciones económicas altas e inhabilitación hasta por 20 años.
A partir de octubre del año pasado, cuando la CFE asumió el control de lo que fue la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro, continuaron las irregularidades, documentadas por la SFP, principalmente por negligencia administrativa, algunas de las cuales merecieron multas millonarias o destituciones de servidores públicos por hasta 15 años, lo cual indica que siguen los desfalcos.
Tras la extinción de LFC, la CFE ha otorgado cientos de contratos por adjudicación directa para la proveeduría de bienes y servicios en materia de suministro de energía eléctrica. Tras varios meses de negar la información a ciudadanos que la solicitaron, el Ifai ordenó su entrega, asunto que está a punto de concretarse, según dieron a conocer los solicitantes a este diario.
Fuente
Refiere cobros excesivos y mal trato de la CFE
El Correo Ilustrado
La Jornada
25 de Octubre, 2010
El 26 de septiembre pasado me enteré de tres recibos de luz acumulados, por las cantidades de 209, 287 y 13 mil 414 pesos, respectivamente –en total 13 mil 910 pesos–, motivo por el que me presenté a reclamar en la sucursal Plaza Aragón las facturaciones y consumos excesivos del servicio 575760400133.
Después de cinco días de recurrir a dicha sucursal, por fin me recibió el empleado Fernando Reyes, el cual sin efectuar el reajuste del caso, me dijo “tiene que pagar las cantidades que se indican y si no hágale como quiera”, por lo que traté de poner una queja por escrito con el gerente, quien dijo llamarse Camilo Olivas Vela, el cual me contestó en forma grosera y prepotente “aquí no recibimos escritos de quejas, si no paga le cortamos la luz”. Para tal efecto emitió la orden 490198838, de la cual se negó a darme una copia.
Suponiendo sin conceder que los datos que tienen fueran ciertos, la más reciente lectura del medidor del 17 de agosto de 2009 es de 5 mil 633 kilovatios y la lectura actual del 26 de septiembre de 2010 es de 6 mil 714 kilovatios, es decir, se consumieron mil 81 kilovatios, un promedio de 180 kilovatios por bimestre a precio intermedio de 1.16 pesos, más 16 por ciento de IVA, dan un total de mil 452.80 pesos, por lo que las cantidades que tienen son inventadas y mal intencionadas.
Desde hace mucho tiempo no se habita la casa a la que se refiere el servicio mencionado, la cantidad que se pagaba a Luz y Fuerza del Centro (LFC) era mínima, de entre 100 y 150 pesos bimestrales.
Al desaparecer por decreto LFC, éste omitía como sustituto a la CFE, motivo por el cual se suspendieron los pagos.
A partir de que la CFE se hizo cargo de cobrar los servicios, se han presentado múltiples irregularidades, como en este caso: facturas de cobros excesivos fuera de la realidad, lecturas estimadas contrastantes con las del medidor (ahora el usuario está obligado a presentar la foto de lectura del medidor, trabajo que le corresponde a la empresa), trato agresivo a los usuarios, que a diario llenan las salas para reclamar abusos.
Llaman a la CFE “empresa de clase mundial”, pero tiene el mayor número de quejas en el país, muchas de las cuales son por cobros indebidos y servicio deficiente a los usuarios. Aunado a esto, los presuntos actos de corrupción de sus funcionarios, que son del conocimiento público, lo llevan sin remedio a la privatización. Pero de esto, usted nada sabe, nada supo.
Elvira Flores
Fuente
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La Jornada
25 de Octubre, 2010
El 26 de septiembre pasado me enteré de tres recibos de luz acumulados, por las cantidades de 209, 287 y 13 mil 414 pesos, respectivamente –en total 13 mil 910 pesos–, motivo por el que me presenté a reclamar en la sucursal Plaza Aragón las facturaciones y consumos excesivos del servicio 575760400133.
Después de cinco días de recurrir a dicha sucursal, por fin me recibió el empleado Fernando Reyes, el cual sin efectuar el reajuste del caso, me dijo “tiene que pagar las cantidades que se indican y si no hágale como quiera”, por lo que traté de poner una queja por escrito con el gerente, quien dijo llamarse Camilo Olivas Vela, el cual me contestó en forma grosera y prepotente “aquí no recibimos escritos de quejas, si no paga le cortamos la luz”. Para tal efecto emitió la orden 490198838, de la cual se negó a darme una copia.
Suponiendo sin conceder que los datos que tienen fueran ciertos, la más reciente lectura del medidor del 17 de agosto de 2009 es de 5 mil 633 kilovatios y la lectura actual del 26 de septiembre de 2010 es de 6 mil 714 kilovatios, es decir, se consumieron mil 81 kilovatios, un promedio de 180 kilovatios por bimestre a precio intermedio de 1.16 pesos, más 16 por ciento de IVA, dan un total de mil 452.80 pesos, por lo que las cantidades que tienen son inventadas y mal intencionadas.
Desde hace mucho tiempo no se habita la casa a la que se refiere el servicio mencionado, la cantidad que se pagaba a Luz y Fuerza del Centro (LFC) era mínima, de entre 100 y 150 pesos bimestrales.
Al desaparecer por decreto LFC, éste omitía como sustituto a la CFE, motivo por el cual se suspendieron los pagos.
A partir de que la CFE se hizo cargo de cobrar los servicios, se han presentado múltiples irregularidades, como en este caso: facturas de cobros excesivos fuera de la realidad, lecturas estimadas contrastantes con las del medidor (ahora el usuario está obligado a presentar la foto de lectura del medidor, trabajo que le corresponde a la empresa), trato agresivo a los usuarios, que a diario llenan las salas para reclamar abusos.
Llaman a la CFE “empresa de clase mundial”, pero tiene el mayor número de quejas en el país, muchas de las cuales son por cobros indebidos y servicio deficiente a los usuarios. Aunado a esto, los presuntos actos de corrupción de sus funcionarios, que son del conocimiento público, lo llevan sin remedio a la privatización. Pero de esto, usted nada sabe, nada supo.
Elvira Flores
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Los altos cobros de la CFE, un problema nacional
Quadratín
24 de Octubre, 2010
Como decía en mi colaboración anterior, el panorama económico y social del país no es nada tranquilizador. Más de 50 millones de pobres, de los cuales 20, o algo así, viven en la indigencia; una tasa de desempleo cuya magnitud, como quiera que se la mida, es un foco rojo; salarios bajísimos que, en el mejor de los casos, oscilan entre los dos y tres salarios mínimos (es decir, entre 100 y 150 pesos más o menos) con los que una familia promedio debe solventar todas sus necesidades; servicios públicos como salud y educación insuficientes y malos; grave rezago en otros como agua, luz, drenaje, vivienda, pavimentación, caminos, carreteras y comunicaciones en general, etc. Y frente a todo esto, una política del gasto social volcada hacia los programas “contra la pobreza”, que no son otra cosa que limosna pública para paliar el hambre y comprar votos para la hora de las elecciones.
Pues bien, en medio de este panorama desolador, comienza a cobrar fuerza en todo el país el descontento de los estratos de más bajos ingresos en contra de los altísimos y abusivos cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), todos ellos usuarios domésticos de la energía, salvo pequeñísimos negocios que no alcanzan a modificar el perfil social de la masa descontenta. Este problema, como lo sabe bien la propia CFE, no es nuevo; viene de muchos años atrás y se genera en dos factores básicos: 1) la aplicación de tarifas “diferenciales” de acuerdo con un criterio que, por brevedad, podíamos sintetizar así: que pague más quien consuma más; y 2) la corrupción desbocada de los encargados de efectuar las mediciones del consumo, elaborar los “recibos” y realizar los cobros. En relación con lo primero, cabe decir que, en teoría, parece racional, puesto que nadie puede oponerse a que pague más quien puede y debe hacerlo. Pero resulta que en los hechos, como siempre, ocurre todo lo contrario: las tarifas más altas se aplican a los pequeños consumidores, mientras que a las grandes empresas y zonas residenciales, legal o subrepticiamente, se les cobran cuotas de verdadero regalo a costillas de los otros consumidores.
En relación con lo segundo, se ha documentado una y mil veces que los recibos de los consumidores modestos, ésos que no tienen voz ni fuerza política o económica para hacer oír y respetar sus derechos, llegan, con altísima frecuencia, artificialmente inflados de manera exorbitante, sin que tal incremento exagerado se corresponda con ningún cambio en los hábitos de consumo de energía de la familia. Y también se ha acreditado una y mil veces que no se trata de un “error”, sino de una política sistemática y bien calculada para exprimir recursos a los indefensos, como lo demuestra el hecho, atestiguado por miles, de que ya puede el usuario defraudado tocar todas las puertas que quiera o pueda; ya puede, si se lo permiten, desgranar todos sus argumentos en busca de que su “recibo” sea corregido; una y otra vez la respuesta es la misma: no hay error y tiene que pagar, de lo contrario procederemos a cortarle el servicio.
Años de abusos y años de resignada paciencia del consumidor. Pero hoy hay dos elementos nuevos que explican la rebeldía de los sumisos. El primero es la situación del país a que me referí brevemente al principio: desempleo, bajos salarios, carestía, cero desarrollo social en todos los órdenes, etc.; el segundo es un factor externo, el cierre de la frontera norteamericana, que golpea de frente a miles de familias cuyos ingresos dependían, de un modo u otro, del libre paso de personas y mercancías hacia Estados Unidos. Así se entiende que el descontento haya brotado y sea más agudo en los estados norteños fronterizos, principalmente Baja California y Sonora, donde, además, se suma el hecho de que el duro clima vuelve asunto de vida o muerte para la gente pobre el uso intensivo de modestos aparatos eléctricos para mitigar sus rigores y, en consecuencia, que su consumo sea mayor al del resto del país. Miles de sonorenses de todo el estado se están organizando para dos cosas: demandar a la CFE la tarifa más baja entre las que aplica y la revisión drástica a la baja de sus recibos que, de pagarlos tal cual, los dejaría prácticamente sin comer.
En Guaymas se ha conformado un grupo de más de 5 mil usuarios, encabezado por el presidente estatal de Antorcha Campesina, Ricardo Esquivel Castañeda, cuyas demandas son las que quedan dichas. Esto ha alborotado el enjambre político de la zona. De pronto han surgido “líderes”, hasta hoy desconocidos, que reclaman mayor “derecho” que Ricardo a encabezar a la gente, señores diputados que, con el tacto de un elefante en cristalería, llegaron amenazando a los inconformes de que no pagar los abusivos cobros es “robarle al país” y que hoy, al ver que sólo consiguieron el repudio general, cambian de táctica y comienzan a “prometer” lo que, como siempre, saben que no habrán de cumplir. La CFE de Guaymas, por su parte, tal como era de esperarse, ha respondido con regaños insolentes, menosprecio a la representación social y amenaza de cortar el servicio. O sea, gasolina al fuego. Pero la gente ya se dio perfecta cuenta de quién es quién en esta lucha y se mantiene firme con los antorchistas. Los intentos por dividir y desorientar al grupo y por aislar a Ricardo Esquivel han fracasado. Desde aquí les decimos a los guaymenses que su demanda es justa y que cuentan con la simpatía y el apoyo de todo el antorchismo nacional, que no los dejará solos. La CFE nacional debe tomar el asunto en sus manos con la seriedad y la sensibilidad que necesita, y entablar un diálogo respetuoso y constructivo con el antorchismo sonorense, representado por Ricardo Esquivel, y nacional, representado por la diputada federal Maricela Serrano Hernández. Así lo requieren las difíciles condiciones actuales de la nación entera.
Fuente
Manifestación del SME en el CERESO de San Miguel
Juan Carlos Sánchez Díaz
24 de Octubre, 2010
Manifestación en el CERESO de San Miguel, por parte de organizaciones por la detención de Miguel Marquez Ríos en Puebla. SME, SNTE, 28 de octubre y más estuvieron presentes.
Marín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, entró al penal, junto con una pequeña comisión, que incluía a familiares del detenido, para saber su situación y manifestar su apoyo, según dijo el propio Esparza.
Al rededor de 300 manifestantes se encontraban en el lugar, que al mismo tiempo era custodiado por unos 60 granaderos. Detrás de los elementos de seguridad, permanecían 2 policías con lanza granadas por si la situación se volvía tensa.
VIDEO:
FOTOS:
FUENTE: http://carlospress.com/2010/10/manifestacion-del-sme-en-el-cereso-de-puebla/
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24 de Octubre, 2010
Manifestación en el CERESO de San Miguel, por parte de organizaciones por la detención de Miguel Marquez Ríos en Puebla. SME, SNTE, 28 de octubre y más estuvieron presentes.
Marín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, entró al penal, junto con una pequeña comisión, que incluía a familiares del detenido, para saber su situación y manifestar su apoyo, según dijo el propio Esparza.
Al rededor de 300 manifestantes se encontraban en el lugar, que al mismo tiempo era custodiado por unos 60 granaderos. Detrás de los elementos de seguridad, permanecían 2 policías con lanza granadas por si la situación se volvía tensa.
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FUENTE: http://carlospress.com/2010/10/manifestacion-del-sme-en-el-cereso-de-puebla/
Empresas de “clase mundial” …en corrupción
Marcos Chávez
Contralínea
24 October 2010
Hasta 1982, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre las empresas paraestatales, eran consideradas como las joyas de la nación, propiedad del pueblo, que tenían que ser resguardadas y desarrolladas por el Estado, como representante constitucional de sus intereses y responsable de las riquezas y los sectores estratégicos del país, a favor de las necesidades del crecimiento mexicano.
Los bienes y servicios ofrecidos a través de esos monopolios públicos, a precios subsidiados, tenían un doble propósito. Por un lado, eran considerados como parte de los instrumentos disponibles para ampliar el acceso de la población a los productos básicos y, con ello, elevar su calidad de vida, sus niveles de bienestar, y mejorar la distribución del ingreso; por otro, para proporcionar y diversificar los insumos requeridos por las empresas que, al abaratar los costos de producción, patrocinaban la acumulación privada de capital y, por añadidura, en la inversión, el crecimiento y el empleo. Era parte del sacrificio social considerado como necesario, financiado con los impuestos de la misma población, que redundaba en el beneficio colectivo. El control de dichas empresas y las bajas tarifas eran una respuesta lógica de una nación que recuperaba la energía eléctrica, los hidrocarburos y sus derivados, cuya explotación, entregada por la dictadura porfirista, había sido subordinada a la maximización de las ganancias de las empresas extranjeras. Bajo ese principio, ellas determinaban el destino de la industria energética: las cotizaciones, los planes de inversión, los mercados que se atenderían, las tecnologías empleadas, las relaciones laborales, los impuestos pagados, la repatriación de las utilidades, con escaso beneficio para México. Imponían el interés privado sobre el interés público. Su recuperación, elevada a rango constitucional, fue resultado de la Revolución Mexicana.
La nacionalización de los recursos energéticos y de las empresas citadas, paradigmáticas para el antiguo régimen autoritario que se calificaba a sí mismo como “nacionalista revolucionario”, fue la manifestación de otros objetivos trascendentales: el ejercicio de la soberanía nacional y la búsqueda de un desarrollo nacional autónomo. Bajo la rectoría del Estado, y los efectos multiplicadores de las obras públicas, se aspiraba que el país superara su condición de subdesarrollado, sometido a la lógica de metrópolis capitalistas, sobre todo al imperialismo estadunidense. Esos principios se sobrepusieron a la ineptitud, la corrupción y el manejo inescrupulosos de sus recursos que a menudo caracterizó a sus directivos y el gobierno. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a Jorge Díaz Serrano?
Desde hace 28 años que los neoliberales asaltaron el Estado. El sector energético, Pemex, la CFE, la desaparecida CLFC y las obras públicas son el símbolo de la degradación de los gobiernos priistas y panistas, y de los oligarcas hombres de presa que han envilecido a la nación al convertirla en un hediondo botín. Son la alegoría de los impunes abusos de poder cometidos en contra de quienes supuestamente son sus dueños, la población y los trabajadores que carecen de las instituciones que defiendan sus derechos, el manejo arbitrario de las leyes y la ineficiencia oficialmente programada; del manejo turbio del presupuesto y el campo fértil del contratismo y la corrupción descarados.
El reciente escándalo que involucra a las empresas ABB, Ltd, y Lindsey Manufacturing Co –que entre 1997 y 2003 sobornaron a varios funcionarios de la CFE para obtener millonarios contratos, el cual empezó a ser investigado en Estados Unidos porque Alfredo Elías, director de la paraestatal, y la señora Georgina Kessel, secretaria de Energía, duermen el inocente sueño de los justos– no es más que una anécdota de vulgares delincuentes, a menos que los presuntos corrompidos, Arturo Hernández, Néstor Moreno y Salvador Torres, sean las víctimas propiciatorias de algo mayúsculo. Esto si se consideran los multimillonarios contratos en las obras públicas concedidos a los hombres de presa por los poderes Ejecutivo y Legislativo, torciéndole el cuello a la Constitución, y pontificados por el Judicial, y que priistas quieren ampliar hasta 40 años, con ganancias aseguradas, sin preocuparles que el Estado, es decir, los contribuyentes, asuman las pérdidas, con la iniciativa de ley de asociaciones público-privadas enviada por Felipe Calderón al Congreso. Esa propuesta, que todavía no logra el consenso priista-panista-Verde-Nueva Alianza, pero que ya fue aprobada en el Senado, abriría completamente las puertas a los oligarcas para que depreden la seguridad pública, la salud, la educación, la construcción y administración de cárceles, entre otras actividades. Al cabo, las mayorías ya se acostumbraron a aceptar la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Por ejemplo, por la fraudulenta quiebra de los bancos privados y su rescate igualmente fraudulento, les debemos a los banqueros 757.6 mil millones de pesos (MMDP), por los cuales, desde 1995, les hemos pagado 363.6 MMDP por concepto de intereses. Además, en una patológica relación sadomasoquista, aceptan pasivamente su servidumbre ante esos usureros que les cobran intereses y comisiones por, al menos, 300 por ciento más de los que imponen en sus países de origen. Por el rescate de las empresas constructoras, les deben a esos “empresarios” 139.2 MMDP. En total, 896.8 MMDP, el 20 por ciento de los pasivos totales del Estado que, con Calderón, llegaron a 4.5 billones. Al inicio del panismo, en 2000, las deudas sumaban 2 billones.
La CFE, la CLFC y Pemex sintetizan cómo las elites han convertido al patrimonio nacional en su zona privada de saqueo, que sólo comparten con sus socios foráneos. Un año después de la brutal desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC), son más que evidentes las razones que justificaron la decisión de Calderón. Con la elocuente procacidad que le caracteriza al gran violador de las leyes laborales y experto en el uso del garrote en contra de los trabajadores, especialmente los mineros y los electricistas, Javier Lozano dijo que “el balance es positivo en términos de la prestación del servicio, del costo y del impacto para la economía nacional”, además que “se logró una indemnización voluntaria a 28 mil 42 extrabajadores”. El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio comparten esa opinión. En cambio, Gerardo Gutiérrez, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, urge a la CFE superar los rezagos y mejorar la calidad y los precios del servicio y, de paso, señala que “todos los monopolios no son buenos, ya sean públicos o privados”, aunque nunca se han escuchado sus denuestos en contra de Televisa, TV Azteca, Banamex, Cemex, Wal Mart o Telmex.
Con sus descaradas mentiras, Lozano y los empresarios no lograron ocultar los detalles: que los electricistas que aceptaron sus liquidaciones fueron los que traicionaron a sus compañeros por problemas económicos; que, al menos, 20 millones de personas sufren uno de los peores servicios ofrecidos por la “empresa de clase mundial” –cortes de servicios, daños a aparatos, el alza y el cobro arbitrario de los precios– y que, impotentes, no pueden hacer nada porque quienes deben de velar por el estado de derecho son responsables del desastre. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, la CFE es la empresa líder en demandas y multas en el último año: 7 mil 619 quejas, 124 procedimientos por infracciones a la ley y sanciones por 901 mil 477 pesos. Supera a otras depredadoras –Wal Mart de México, Telefónica Movistar y Telmex–. El desastre eléctrico recuerda al cometido por Enron, el ejemplo de la depredación capitalista, en California, a principios de esta década.
Las mayorías dejaron de ser dueños de sus empresas. Ahora son víctimas de las tarifas eléctricas, del gas, las gasolinas y otros bienes y servicios públicos, pese a que las siguen manteniendo con sus impuestos.
Los que aplauden son los empresarios beneficiados por las tarifas preferenciales. Televisa-Magacable-Telefónica se apoderaron de más de 21 mil kilómetros de fibra óptica por 20-30 años en una oscura licitación, con un precio de rapacería: 883 millones. Otros favorecidos fueron los inútiles contratistas que realizan los trabajos de LFC y los “productores independientes” (10 empresas, encabezadas por Iberdrola, con el 35 por ciento del total), corresponsables de criminales calamidades de Tabasco que, con contratos igualmente turbios, depredan al sector eléctrico con la anticonstitucional complicidad de Calderón, Elías, Kessel y los contratistas señalados. Estos últimos, que usan gas importado, ya controlan el 23 por ciento de la capacidad generadora de la industria y el 53 por ciento de la electricidad generada, que es vendida a la CFE a precios altos que la descapitalizan, es decir, se quedan con los impuestos de la población que, a cambio, recibe cada bimestre tarifas mayores. Son doblemente saqueados. Por las obras realizadas para la CFE, los proyectos de infraestructura productiva a largo plazo (Pidiregas), se les debe a los contratistas 27 mil millones de pesos. De su deuda total, 9.6 mil millones de dólares, 5.4 mil millones, el 56 por ciento, son por los Pidiregas.
Sin embargo, Pemex es la campeona en la opacidad, la podredumbre y el saqueo. No sólo ha hinchado las fortunas de sus proveedores y los distribuidores del gas, gasolinas y derivados. Según la reportera Nancy Flores, sus directivos han creado 25 empresas “privadas no paraestatales” para esconder de la inútil supervisión del Congreso el movimiento de miles de millones de dólares del dinero público (Contralínea, septiembre de 2010). Nadie los vigila, salvo ellos mismos. ¿Qué pasa con ese dinero? Es más fácil conocer los secretos de El Vaticano que el de esos siniestros personajes encabezados por Juan José Suárez Coppel. Hasta 2008, las obras en Pidiregas sumaron 178 MMDP, el 88 por ciento del total de la inversión de Pemex, por los cuales se les tiene que pagar intereses y amortizaciones. Las fracasadas obras de Chicontepec han sido un nauseabundo negocio para los empresarios y un grave quebranto para Pemex. Entre 1999 y 2008, suman casi 1 billón de pesos. A partir de ese momento, esos pasivos se consolidaron como deuda pública. El pago de impuestos e intereses y amortizaciones de los Pidiregas y otros adeudos explican que, con el panismo, la empresa arroja una pérdida neta acumulada por 387 MMDP y que sus pasivos superen a sus activos. Su deuda total es de casi 45 mil millones de dólares.
Durante el panismo, la inversión pública suma 3.9 billones. De ella, 3 billones corresponden al presupuesto, de los cuales 223 MMDP se destinaron a la amortización de los Pidiregas. Los empresarios invirtieron 1 billón, que tendrán que pagarse. Entre el rescate bancario, de las empresas carreteras y los Pidiregas reconocidos hasta 2010, suman 943 MMDP, el 21 por ciento de los pasivos públicos totales, 4.5 billones. Ese yugo y la hemorragia de recursos presupuestales se extenderá lo que resta del siglo mientras no llegue un gobierno que los desconozca o el pueblo decida tomar en sus manos su destino y arroje del poder a los depredadores y corruptos. Mientras tanto, para pagar los intereses y amortizaciones, será castigado con los recortes en el gasto público, el deterioro de los servicios sociales, el rezago en la infraestructura y las abusivas alzas en los precios de bienes y servicios estatales.
Es un negocio redondo realizado frente a las narices de la sociedad, sin que ella conozca los términos.
En un país sometido al imperio de las leyes, funcionarios como Calderón, Elías, Kessel, Suárez y otros más ya hubieran sido sometidos a juicio político, destituidos y encarcelados, junto con diversos “empresarios”. Se hubiera derrumbado el sistema.
Fuente: Contralínea 205 / 24 de Octubre de 2010
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Contralínea
24 October 2010
Hasta 1982, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre las empresas paraestatales, eran consideradas como las joyas de la nación, propiedad del pueblo, que tenían que ser resguardadas y desarrolladas por el Estado, como representante constitucional de sus intereses y responsable de las riquezas y los sectores estratégicos del país, a favor de las necesidades del crecimiento mexicano.
Los bienes y servicios ofrecidos a través de esos monopolios públicos, a precios subsidiados, tenían un doble propósito. Por un lado, eran considerados como parte de los instrumentos disponibles para ampliar el acceso de la población a los productos básicos y, con ello, elevar su calidad de vida, sus niveles de bienestar, y mejorar la distribución del ingreso; por otro, para proporcionar y diversificar los insumos requeridos por las empresas que, al abaratar los costos de producción, patrocinaban la acumulación privada de capital y, por añadidura, en la inversión, el crecimiento y el empleo. Era parte del sacrificio social considerado como necesario, financiado con los impuestos de la misma población, que redundaba en el beneficio colectivo. El control de dichas empresas y las bajas tarifas eran una respuesta lógica de una nación que recuperaba la energía eléctrica, los hidrocarburos y sus derivados, cuya explotación, entregada por la dictadura porfirista, había sido subordinada a la maximización de las ganancias de las empresas extranjeras. Bajo ese principio, ellas determinaban el destino de la industria energética: las cotizaciones, los planes de inversión, los mercados que se atenderían, las tecnologías empleadas, las relaciones laborales, los impuestos pagados, la repatriación de las utilidades, con escaso beneficio para México. Imponían el interés privado sobre el interés público. Su recuperación, elevada a rango constitucional, fue resultado de la Revolución Mexicana.
La nacionalización de los recursos energéticos y de las empresas citadas, paradigmáticas para el antiguo régimen autoritario que se calificaba a sí mismo como “nacionalista revolucionario”, fue la manifestación de otros objetivos trascendentales: el ejercicio de la soberanía nacional y la búsqueda de un desarrollo nacional autónomo. Bajo la rectoría del Estado, y los efectos multiplicadores de las obras públicas, se aspiraba que el país superara su condición de subdesarrollado, sometido a la lógica de metrópolis capitalistas, sobre todo al imperialismo estadunidense. Esos principios se sobrepusieron a la ineptitud, la corrupción y el manejo inescrupulosos de sus recursos que a menudo caracterizó a sus directivos y el gobierno. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a Jorge Díaz Serrano?
Desde hace 28 años que los neoliberales asaltaron el Estado. El sector energético, Pemex, la CFE, la desaparecida CLFC y las obras públicas son el símbolo de la degradación de los gobiernos priistas y panistas, y de los oligarcas hombres de presa que han envilecido a la nación al convertirla en un hediondo botín. Son la alegoría de los impunes abusos de poder cometidos en contra de quienes supuestamente son sus dueños, la población y los trabajadores que carecen de las instituciones que defiendan sus derechos, el manejo arbitrario de las leyes y la ineficiencia oficialmente programada; del manejo turbio del presupuesto y el campo fértil del contratismo y la corrupción descarados.
El reciente escándalo que involucra a las empresas ABB, Ltd, y Lindsey Manufacturing Co –que entre 1997 y 2003 sobornaron a varios funcionarios de la CFE para obtener millonarios contratos, el cual empezó a ser investigado en Estados Unidos porque Alfredo Elías, director de la paraestatal, y la señora Georgina Kessel, secretaria de Energía, duermen el inocente sueño de los justos– no es más que una anécdota de vulgares delincuentes, a menos que los presuntos corrompidos, Arturo Hernández, Néstor Moreno y Salvador Torres, sean las víctimas propiciatorias de algo mayúsculo. Esto si se consideran los multimillonarios contratos en las obras públicas concedidos a los hombres de presa por los poderes Ejecutivo y Legislativo, torciéndole el cuello a la Constitución, y pontificados por el Judicial, y que priistas quieren ampliar hasta 40 años, con ganancias aseguradas, sin preocuparles que el Estado, es decir, los contribuyentes, asuman las pérdidas, con la iniciativa de ley de asociaciones público-privadas enviada por Felipe Calderón al Congreso. Esa propuesta, que todavía no logra el consenso priista-panista-Verde-Nueva Alianza, pero que ya fue aprobada en el Senado, abriría completamente las puertas a los oligarcas para que depreden la seguridad pública, la salud, la educación, la construcción y administración de cárceles, entre otras actividades. Al cabo, las mayorías ya se acostumbraron a aceptar la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Por ejemplo, por la fraudulenta quiebra de los bancos privados y su rescate igualmente fraudulento, les debemos a los banqueros 757.6 mil millones de pesos (MMDP), por los cuales, desde 1995, les hemos pagado 363.6 MMDP por concepto de intereses. Además, en una patológica relación sadomasoquista, aceptan pasivamente su servidumbre ante esos usureros que les cobran intereses y comisiones por, al menos, 300 por ciento más de los que imponen en sus países de origen. Por el rescate de las empresas constructoras, les deben a esos “empresarios” 139.2 MMDP. En total, 896.8 MMDP, el 20 por ciento de los pasivos totales del Estado que, con Calderón, llegaron a 4.5 billones. Al inicio del panismo, en 2000, las deudas sumaban 2 billones.
La CFE, la CLFC y Pemex sintetizan cómo las elites han convertido al patrimonio nacional en su zona privada de saqueo, que sólo comparten con sus socios foráneos. Un año después de la brutal desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC), son más que evidentes las razones que justificaron la decisión de Calderón. Con la elocuente procacidad que le caracteriza al gran violador de las leyes laborales y experto en el uso del garrote en contra de los trabajadores, especialmente los mineros y los electricistas, Javier Lozano dijo que “el balance es positivo en términos de la prestación del servicio, del costo y del impacto para la economía nacional”, además que “se logró una indemnización voluntaria a 28 mil 42 extrabajadores”. El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio comparten esa opinión. En cambio, Gerardo Gutiérrez, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, urge a la CFE superar los rezagos y mejorar la calidad y los precios del servicio y, de paso, señala que “todos los monopolios no son buenos, ya sean públicos o privados”, aunque nunca se han escuchado sus denuestos en contra de Televisa, TV Azteca, Banamex, Cemex, Wal Mart o Telmex.
Con sus descaradas mentiras, Lozano y los empresarios no lograron ocultar los detalles: que los electricistas que aceptaron sus liquidaciones fueron los que traicionaron a sus compañeros por problemas económicos; que, al menos, 20 millones de personas sufren uno de los peores servicios ofrecidos por la “empresa de clase mundial” –cortes de servicios, daños a aparatos, el alza y el cobro arbitrario de los precios– y que, impotentes, no pueden hacer nada porque quienes deben de velar por el estado de derecho son responsables del desastre. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, la CFE es la empresa líder en demandas y multas en el último año: 7 mil 619 quejas, 124 procedimientos por infracciones a la ley y sanciones por 901 mil 477 pesos. Supera a otras depredadoras –Wal Mart de México, Telefónica Movistar y Telmex–. El desastre eléctrico recuerda al cometido por Enron, el ejemplo de la depredación capitalista, en California, a principios de esta década.
Las mayorías dejaron de ser dueños de sus empresas. Ahora son víctimas de las tarifas eléctricas, del gas, las gasolinas y otros bienes y servicios públicos, pese a que las siguen manteniendo con sus impuestos.
Los que aplauden son los empresarios beneficiados por las tarifas preferenciales. Televisa-Magacable-Telefónica se apoderaron de más de 21 mil kilómetros de fibra óptica por 20-30 años en una oscura licitación, con un precio de rapacería: 883 millones. Otros favorecidos fueron los inútiles contratistas que realizan los trabajos de LFC y los “productores independientes” (10 empresas, encabezadas por Iberdrola, con el 35 por ciento del total), corresponsables de criminales calamidades de Tabasco que, con contratos igualmente turbios, depredan al sector eléctrico con la anticonstitucional complicidad de Calderón, Elías, Kessel y los contratistas señalados. Estos últimos, que usan gas importado, ya controlan el 23 por ciento de la capacidad generadora de la industria y el 53 por ciento de la electricidad generada, que es vendida a la CFE a precios altos que la descapitalizan, es decir, se quedan con los impuestos de la población que, a cambio, recibe cada bimestre tarifas mayores. Son doblemente saqueados. Por las obras realizadas para la CFE, los proyectos de infraestructura productiva a largo plazo (Pidiregas), se les debe a los contratistas 27 mil millones de pesos. De su deuda total, 9.6 mil millones de dólares, 5.4 mil millones, el 56 por ciento, son por los Pidiregas.
Sin embargo, Pemex es la campeona en la opacidad, la podredumbre y el saqueo. No sólo ha hinchado las fortunas de sus proveedores y los distribuidores del gas, gasolinas y derivados. Según la reportera Nancy Flores, sus directivos han creado 25 empresas “privadas no paraestatales” para esconder de la inútil supervisión del Congreso el movimiento de miles de millones de dólares del dinero público (Contralínea, septiembre de 2010). Nadie los vigila, salvo ellos mismos. ¿Qué pasa con ese dinero? Es más fácil conocer los secretos de El Vaticano que el de esos siniestros personajes encabezados por Juan José Suárez Coppel. Hasta 2008, las obras en Pidiregas sumaron 178 MMDP, el 88 por ciento del total de la inversión de Pemex, por los cuales se les tiene que pagar intereses y amortizaciones. Las fracasadas obras de Chicontepec han sido un nauseabundo negocio para los empresarios y un grave quebranto para Pemex. Entre 1999 y 2008, suman casi 1 billón de pesos. A partir de ese momento, esos pasivos se consolidaron como deuda pública. El pago de impuestos e intereses y amortizaciones de los Pidiregas y otros adeudos explican que, con el panismo, la empresa arroja una pérdida neta acumulada por 387 MMDP y que sus pasivos superen a sus activos. Su deuda total es de casi 45 mil millones de dólares.
Durante el panismo, la inversión pública suma 3.9 billones. De ella, 3 billones corresponden al presupuesto, de los cuales 223 MMDP se destinaron a la amortización de los Pidiregas. Los empresarios invirtieron 1 billón, que tendrán que pagarse. Entre el rescate bancario, de las empresas carreteras y los Pidiregas reconocidos hasta 2010, suman 943 MMDP, el 21 por ciento de los pasivos públicos totales, 4.5 billones. Ese yugo y la hemorragia de recursos presupuestales se extenderá lo que resta del siglo mientras no llegue un gobierno que los desconozca o el pueblo decida tomar en sus manos su destino y arroje del poder a los depredadores y corruptos. Mientras tanto, para pagar los intereses y amortizaciones, será castigado con los recortes en el gasto público, el deterioro de los servicios sociales, el rezago en la infraestructura y las abusivas alzas en los precios de bienes y servicios estatales.
Es un negocio redondo realizado frente a las narices de la sociedad, sin que ella conozca los términos.
En un país sometido al imperio de las leyes, funcionarios como Calderón, Elías, Kessel, Suárez y otros más ya hubieran sido sometidos a juicio político, destituidos y encarcelados, junto con diversos “empresarios”. Se hubiera derrumbado el sistema.
Fuente: Contralínea 205 / 24 de Octubre de 2010
CFE solicita a PGR lista de involucrados en corrupción
Israel Rodríguez J.
Periódio La Jornada
23 de Octubre, 2010
Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que ya se solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) una lista con los nombres de los funcionarios presuntamente involucrados en actos de corrupción con las trasnacionales ABB y Lindsey.
En entrevista reveló que la investigación de la empresa Lindsey es parte de la que se realiza a ABB y de la indagatoria que se lleva a cabo en Estados Unidos a Néstor Moreno Díaz.
Después de participar en el sexagésimo segundo Foro Nacional de la Industria Química 2010, el funcionario reconoció que estos casos afectan la imagen de la empresa y son cosas “inadmisibles”, tanto de un funcionario como de una empresa trasnacional.
La investigación, dijo, la lleva a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en México la CFE presentó las denuncias correspondientes ante la PGR.
A la pregunta de si habrá nuevos casos de corrupción en la paraestatal, el funcionario respondió: “Las investigaciones las tiene la PGR y se tienen los dos casos.
Alfredo Elías precisó que la solicitud para conocer los nombres de los involucrados la hizo el departamento jurídico de la CFE a la PGR y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Fuente
Periódio La Jornada
23 de Octubre, 2010
Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que ya se solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) una lista con los nombres de los funcionarios presuntamente involucrados en actos de corrupción con las trasnacionales ABB y Lindsey.
En entrevista reveló que la investigación de la empresa Lindsey es parte de la que se realiza a ABB y de la indagatoria que se lleva a cabo en Estados Unidos a Néstor Moreno Díaz.
Después de participar en el sexagésimo segundo Foro Nacional de la Industria Química 2010, el funcionario reconoció que estos casos afectan la imagen de la empresa y son cosas “inadmisibles”, tanto de un funcionario como de una empresa trasnacional.
La investigación, dijo, la lleva a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en México la CFE presentó las denuncias correspondientes ante la PGR.
A la pregunta de si habrá nuevos casos de corrupción en la paraestatal, el funcionario respondió: “Las investigaciones las tiene la PGR y se tienen los dos casos.
Alfredo Elías precisó que la solicitud para conocer los nombres de los involucrados la hizo el departamento jurídico de la CFE a la PGR y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Critica Encinas gasto destinado a La Parota
Misael Habana, corresponsal
Periódico La Jornada
23 de Octubre, 2010
Acapulco, Gro. Los 400 millones de pesos presupuestados por la Comisión Federal de Electricidad para continuar con el proyecto hidroeléctrico La Parota deben dirigirse a la construcción de una empresa que restablezca el trabajo a personal liquidado en Luz y Fuerza del Centro, propuso el diputado perredista Alejandro Encinas Rodríguez, quien asistió en este puerto a la conmemoración de los 10 años de muerto de Pablo Sandoval Ramírez. El acto reunió a decenas de amigos, familiares y miembros de la izquierda social.
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23 de Octubre, 2010
Acapulco, Gro. Los 400 millones de pesos presupuestados por la Comisión Federal de Electricidad para continuar con el proyecto hidroeléctrico La Parota deben dirigirse a la construcción de una empresa que restablezca el trabajo a personal liquidado en Luz y Fuerza del Centro, propuso el diputado perredista Alejandro Encinas Rodríguez, quien asistió en este puerto a la conmemoración de los 10 años de muerto de Pablo Sandoval Ramírez. El acto reunió a decenas de amigos, familiares y miembros de la izquierda social.
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Simulan funcionarios desfalcos en la CFE
Los responsables de la operación fraudulenta fueron Noé Peña, subdirector de Transmisiones; Carlos Rovira, subdirector de Generación, y Alejandro Morales, entonces tesorero de la CFE
Abel Barajas/ Agencia Reforma
El Golfo.info
23 de Octubre, 2010
MÉXICO, DF 23-Oct .- El robo de 308 millones de pesos a Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre el 2005 y 2006 fue orquestado por altos funcionarios de la Comisión que simularon contablemente traspasos a cuentas de una subdirección de la paraestatal cuando en realidad iban a dar a cuentas bancarias particulares.
Los responsables de la operación fraudulenta fueron Noé Peña, subdirector de Transmisiones; Carlos Rovira, subdirector de Generación, y Alejandro Morales, entonces tesorero de la CFE.
Conforme testimonios rendidos esta semana en la Cámara de Diputados, los funcionarios simularon contablemente los traspasos millonarios del Área de Transmisiones hacia cuentas de la subdirección de Generación cuando en realidad iban a dar a las cuentas personales del ex jefe de Tesorería de la CFE, Alejandro Morales.
Según un peritaje elaborado el 23 de febrero de 2009 por la contadora Blanca González Juárez y que fue entregado a la Comisión parlamentaria que investiga desfalcos y sobornos en la CFE, mismos que están en poder de un juzgado federal, fueron descubiertos 10 traspasos interbancarios de la subdirección de Transmisión a la subdirección de Generación.
La primera estaba dirigida por Noé Peña Silva y la segunda por Carlos Rovira Barker, ambos subordinados de Néstor Moreno el principal funcionario de CFE acusado de recibir sobornos de la contratista suiza ABB, enjuiciada por corrupción en Estados Unidos.
Las operaciones, que no son reconocidas por la CFE como compromisos de pago, corresponden a transferencias del 28 de septiembre de 2005, 1 de febrero de 2006, y 30 de marzo y 27 de abril de 2006, de acuerdo con el peritaje del abogado.
De acuerdo con testimonios rendidos ante la Comisión parlamentaria, la perito tuvo acceso a las cuentas de la CFE y detectó la salida de dinero, que había sido cubierta para evitar que apareciera como desfalco.
"Me explicó que el dinero de la subdirección de Transmisiones, donde se hacen las transferencias indebidas, salía a las cuentas de Alejandro Morales Méndez, pero contablemente lo maquillaban diciendo que se iba a una subdirección de Generación, a las cuentas 1501 y y 2550 que manejaba directamente el señor Rovira", expuso el abogado Alejandro Sánchez, quien defiende a la cajera María Elena Guerrero, detenida por este desfalco.
"Entonces, ¿por qué se fueron contra la gente de abajo que había denunciado y dado a conocer la situación de las transferencias indebidas? Para que no se supiera de funcionarios de arriba como Néstor Moreno Díaz y Carlos Rovira, así es como lo maquillaron y nunca se investigó, a pesar de que le dijimos a la CFE cómo habían maquillado y desviado la atención para cubrir el dinero que había salido de la Comisión", dijo el abogado, quien entregó los documentos a los diputados.
Ortega defiende a Guerrero, una cajera de la CFE que fue sentenciada a 4 años 6 meses de prisión por el desfalco a la empresa, debido a que su password fue usado para transferir parte del dinero robado.
Ante el grupo de legisladores presidido por César Augusto Santiago, el abogado señaló que Noé Peña Silva, otro colaborador de Néstor Moreno, incidió en la captura y encarcelamiento de su clienta.
Ortega dijo que en 2007 su clienta ya había acudido a declarar a la PGR sobre los hechos, porque ella fue la que detectó por vez primera el robo de dinero electrónico y su testimonio sirvió de denuncia.
No obstante, relató que Peña le pidió a la cajera que acudiera por segunda vez a declarar a la PGR. Ella así lo hizo, pero esta vez la detuvieron y después terminó en el Reclusorio Sur.
El litigante considera que se trató de una celada, porque el mismo día que ella acudió a la PGR, un colaborador de Peña de nombre René Trejo Orduña, también rindió su declaración e incriminó a María Elena Guerrero. Así, la investigación de la PGR no escaló a los altos funcionarios, expresó.
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El Golfo.info
23 de Octubre, 2010
MÉXICO, DF 23-Oct .- El robo de 308 millones de pesos a Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre el 2005 y 2006 fue orquestado por altos funcionarios de la Comisión que simularon contablemente traspasos a cuentas de una subdirección de la paraestatal cuando en realidad iban a dar a cuentas bancarias particulares.
Los responsables de la operación fraudulenta fueron Noé Peña, subdirector de Transmisiones; Carlos Rovira, subdirector de Generación, y Alejandro Morales, entonces tesorero de la CFE.
Conforme testimonios rendidos esta semana en la Cámara de Diputados, los funcionarios simularon contablemente los traspasos millonarios del Área de Transmisiones hacia cuentas de la subdirección de Generación cuando en realidad iban a dar a las cuentas personales del ex jefe de Tesorería de la CFE, Alejandro Morales.
Según un peritaje elaborado el 23 de febrero de 2009 por la contadora Blanca González Juárez y que fue entregado a la Comisión parlamentaria que investiga desfalcos y sobornos en la CFE, mismos que están en poder de un juzgado federal, fueron descubiertos 10 traspasos interbancarios de la subdirección de Transmisión a la subdirección de Generación.
La primera estaba dirigida por Noé Peña Silva y la segunda por Carlos Rovira Barker, ambos subordinados de Néstor Moreno el principal funcionario de CFE acusado de recibir sobornos de la contratista suiza ABB, enjuiciada por corrupción en Estados Unidos.
Las operaciones, que no son reconocidas por la CFE como compromisos de pago, corresponden a transferencias del 28 de septiembre de 2005, 1 de febrero de 2006, y 30 de marzo y 27 de abril de 2006, de acuerdo con el peritaje del abogado.
De acuerdo con testimonios rendidos ante la Comisión parlamentaria, la perito tuvo acceso a las cuentas de la CFE y detectó la salida de dinero, que había sido cubierta para evitar que apareciera como desfalco.
"Me explicó que el dinero de la subdirección de Transmisiones, donde se hacen las transferencias indebidas, salía a las cuentas de Alejandro Morales Méndez, pero contablemente lo maquillaban diciendo que se iba a una subdirección de Generación, a las cuentas 1501 y y 2550 que manejaba directamente el señor Rovira", expuso el abogado Alejandro Sánchez, quien defiende a la cajera María Elena Guerrero, detenida por este desfalco.
"Entonces, ¿por qué se fueron contra la gente de abajo que había denunciado y dado a conocer la situación de las transferencias indebidas? Para que no se supiera de funcionarios de arriba como Néstor Moreno Díaz y Carlos Rovira, así es como lo maquillaron y nunca se investigó, a pesar de que le dijimos a la CFE cómo habían maquillado y desviado la atención para cubrir el dinero que había salido de la Comisión", dijo el abogado, quien entregó los documentos a los diputados.
Ortega defiende a Guerrero, una cajera de la CFE que fue sentenciada a 4 años 6 meses de prisión por el desfalco a la empresa, debido a que su password fue usado para transferir parte del dinero robado.
Ante el grupo de legisladores presidido por César Augusto Santiago, el abogado señaló que Noé Peña Silva, otro colaborador de Néstor Moreno, incidió en la captura y encarcelamiento de su clienta.
Ortega dijo que en 2007 su clienta ya había acudido a declarar a la PGR sobre los hechos, porque ella fue la que detectó por vez primera el robo de dinero electrónico y su testimonio sirvió de denuncia.
No obstante, relató que Peña le pidió a la cajera que acudiera por segunda vez a declarar a la PGR. Ella así lo hizo, pero esta vez la detuvieron y después terminó en el Reclusorio Sur.
El litigante considera que se trató de una celada, porque el mismo día que ella acudió a la PGR, un colaborador de Peña de nombre René Trejo Orduña, también rindió su declaración e incriminó a María Elena Guerrero. Así, la investigación de la PGR no escaló a los altos funcionarios, expresó.
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