México: Alianzas con ofensas (Parte III)

Teodoro Rentería Arróyave
especial para ARGENPRESS.info
lunes 5 de abril de 2010

Los agravios se intensificaron y se agudizan conforme pasa el tiempo y los líderes formales del PAN y PRD, César Nava Vázquez y Jesús Ortega Martínez, respectivamente, bajo la égida de Carlos Camacho Solís, hacen como que no oyen el fuego amigo y las alianzas con ofensas.
Martes 26 de enero. Unidos PRD y PRI en la Cámara de Diputados contra el PAN, aseguran que no pasará la reforma de Calderón porque la misma es un regreso al presidencialismo.
Los diputados petistas Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas denunciaron que las alianzas PRD-PAN son “ideológicamente absurdas, como una mala alianza gay, un ente monstruoso”.
Aunque después se deshizo, el PT y el PRI se dijeron listos para ir contra el PRD por la gubernatura de Zacatecas.
En Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador ratificó que no brindará ningún apoyo a Gabino Cue, candidato de la alianza PRD-PAN y además aseguró que el PT no va con esos engendros.
La bancada del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, además de exigir que Mariana Gómez del Campo, prima política del presidente Calderón, explique el posible desvió de fondos del Instituto Mexicano de la Juventud, anunció que presentará una denuncia contra ella en la Secretaría de la Función Pública.
Las alianzas del PRD-PAN es un muestra palpable de la crisis por las que atraviesan estos institutos políticos, y para el PRD es una enorme contradicción para un partido que aspira a transformar socialmente al país, afirmó el exdirigente nacional del Sol Azteca, Leonel Cota Montaño.
Martes 27. Un día después de que legisladores del PRD y el PRI cuestionaron el decálogo de Reforma Política de Calderón, el jefe del Ejecutivo en Puebla, fustigo a sus críticos al acusarlos de privilegiar las maquinarias partidistas y de buscar un sistema político contralado.
Reitera Andrés Manuel López Obrador: retiraré mi apoyo al que se alié con el PAN o con el PRI.
Mariana Gómez del Campo, coordinadora del PAN en la Asamblea capitalina dijo que cabildea votos contras las bodas gays impulsadas por el PRD.
El PRD, a su vez, denuncia que no hay respuesta de las autoridades de una denuncia que presentó hace cuatro años contra la panista Gómez del Campo por tráfico de influencias.
Las bancadas de oposición, con la negativa de la del PAN, anuncian que revisarán las cuentas de la administración de Vicente Fox Quesada. Esto en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Estas son las muestras de cuando se apuesta a la confusión y por traición a los principios ideológicos.
CONTINUARÁ.

Sigue Leyendo...

Con o sin horario de verano; CFE calcina economía

Benny Cruz Zapata
EnLíneaDIRECTA
4 Abr 2010

Victoria, Tamaulipas.- A la mínima evocación de lo que para su economía doméstica significa el pago del recibo de luz; la impotencia, el coraje y la inconformidad se apoderan de doña Juanita Terán Ramírez de la colonia Benito Juárez de esta capital.
Afirma que a ella nadie le cuenta que el horario de verano que hoy inicia “no sirve para nada”, ya que con éste o sin éste el pago de energía eléctrica es un “trancazo mayor” que la ha dejado hasta con la alacena vacía, pues ella al igual que mucha gente que conoce, cuando les llega el recibo de luz se ponen a temblar:
“A mí no me da pena decirlo, porque no soy la única, cada y que nos llega el recibo nos vemos en la elección de comprar la despensa completa o pagarlo, incluso a veces me he quedado a oscuras por no tener el dinero suficiente pues ahí no saben de abonos, de pagar en partes ni nada; o pagas o te quitan el servicio y ni tantito peor, en la CFE no hay reclamo que valga, ellos siempre tienen la razón y manera de justificar los cobros abusivos que a veces hacen, por ejemplo el bimestre pasado en que yo esperaba pagar los mil pesos de siempre, me vinieron dos mil, me enojé, me quejé pero ni caso me hicieron y como no quería quedarme sin luz tuve que pagar”.
Dice que sin temor a equivocarse al igual que ella, esta la mayoría de la gente:
“Solo basta que le pregunte a la gente que pasa, y verá que la historia se repite una y mil veces, ahora que empieza el horario de verano se nos dice que va a traer beneficios, pero eso es una vil mentira pues aunque se adelante una hora el reloj, ellos nunca pierden y siempre buscan la manera de amolarnos, esa es la experiencia de años anteriores, así que no nos vengan con ese cuento, mejor que busquen la manera de apoyarnos de verdad, pues aquí en la capital seguimos esperando que nos den tarifas más bajas en el cobro del servicio, eso sí sería de agradecerse, no eso del cambio de hora”.
En este contexto a nivel federal la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), exhorta a que este domingo 4 de abril la población adelante una hora los relojes ya que inicia el llamado Horario de Verano, mismo que tendrá una duración de siete meses, terminando el domingo 31 de octubre próximo.
La medida, de adelantar el reloj una hora, es con objeto de aprovechar mejor la luz solar en la tarde-noche y evitar el uso de energía eléctrica, de uso doméstico e industria.
Además, destaca que los ahorros acumulados por la aplicación del Horario de verano.
De acuerdo a información manejada en la página de internet de la CFE, de 1996 a la fecha permitieron ahorrar aproximadamente 16 mil 083 millones de kilowatt/hora.
Con la aplicación del horario se evitó también el consumo de 3.15 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y se impidió la emisión a la atmósfera de 22.2 millones de toneladas de bióxido de carbono, principal contaminante y generador del llamado "efecto invernadero", que provoca el calentamiento gradual del planeta.
En declaraciones de Gabriel Navarrete Navarro, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad , resaltó la importancia de esta medida, ya que de acuerdo a las proyecciones que tiene la CFE el ahorro de energía que representa se asemeja al consumo que puede tener un estado como Nuevo León.
Tan solo en la zona Victoria, se cuenta con un promedio de 137 mil usuarios que tiene debidamente registrados la Comisión Federal de Electricidad.
El funcionario de la CFE, resaltó que el año pasado se logró un ahorro de un mil 230 millones de kilowatt/hora.
Las versiones oficiales no alimentan la esperanza de los consumidores, pues esta se pierde cada bimestre al comprobar que los beneficios globales atribuidos al horario de verano, no se reflejan en el cobro del servicio:
“Como bien diría mi madre, que el prometer no empobrece, lo que si nos pasa a acabar con nuestra economía es el pago de la luz, que en mi caso nunca disminuye, siempre va en aumento y por más reclamos que uno hace siempre es lo mismo, es más, casi nos hacen sentir culpables de lo que pagamos”.
Afirma el señor Tomás Rosales Yepéz, de la colonia Horacio Terán, quien comparte que el último recibo le llego de mil 500 pesos:
“Estábamos con la esperanza de que viniera menos, pues por el frío ni abanicos prendimos, mucho menos el único aire acondicionado que tenemos, así se los hicimos saber, pero la señorita que nos atendió en la CFE se concreto a asegurar que eran los foquitos de navidad que le pusimos al arbolito, incluso nos recomendó pensarlo dos veces cada y prendiéramos un foco, que los cambiáramos por loa focos ahorradores, además que checáramos el refrigerador que si era un aparato viejo, esa era la causa de los aumentos en el recibo”.

Agrega:
-Por eso ¿Cuáles beneficios?...ahora que anuncian el inicio del horario de verano, esa es pura publicidad o beneficios para ellos, ya que como quiera la CFE hace lo que le da la gana nadie me lo cuenta, siempre es lo mismo, hablan mucho, declaran mucho, pero la verdad está en los recibos de luz, siempre pagando más, así que con coraje y todo tenemos que pagar lo que nos cobran si no queremos vivir a oscuras.
Con recibo en mano, muestra que a pesar de tener los aparatos eléctricos indispensables, cada dos meses el costo del servicio va a la alza:
-Así que a mí me da igual, los pobres vamos de mal en peor y lo malo que nadie defiende nuestros intereses, los políticos cuando quieren quedar bien con nosotros hablan y dicen que van a luchar porque bajen los costos de la luz, pero nomás ganan poder y se olvidan, eso sí está demostrado.
Fuente

Sigue Leyendo...

Desencapucharnos

Gustavo Esteva
La Jornada
5 de abril del 2010

El incidente sería banal y ridículo si no fuera tan amenazante y peligroso. No podemos pasarlo por alto.
El 27 de marzo el titular “Desencapuchan al subcomandante Marcos” encabezó la primera plana de Reforma. Firmada por el equipo editorial, la nota mostró fotografías de rostros descubiertos, uno de los cuales sería el del subcomandante Marcos, acompañadas de “información estratégica” sobre el zapatismo que un supuesto desertor habría entregado al periódico.
La persona “desencapuchada” es Leuccio Rizzo, un ciudadano italiano conocido por diversas organizaciones chiapanecas, quien denunció ya la irresponsabilidad del periódico al usar calumniosamente su rostro. La nota misma es un engendro sin pies ni cabeza. A la grosera mentira que presenta a Leuccio como Marcos se agrega la mezcla de imágenes de hace más de 10 años con algunas recientes, la presentación de informaciones bien conocidas como si fueran novedad y la divulgación de datos equivocados que hasta un reportero principiante hubiera podido desenmascarar.
Reforma presume de sólida capacidad profesional. Pretende verificar con rigor cuanto publica. Esta nota demuestra lo contrario: parece de un pasquín mercenario de quinta. No sólo contiene distracciones garrafales, como la que confunde el País Vasco con ETA. Hay increíble desinformación, contradicciones flagrantes, datos enteramente obsoletos. Todo cae por su propio peso al desvanecerse la supuesta identificación del subcomandante Marcos del encabezado.
Pueden decirse muchas cosas de Reforma, pero no cabe atribuirle inocencia o ingenuidad. Con esta nota falsa y malévola ha contribuido con entusiasmo a una maniobra sucia, que forma parte de la campaña cada vez más intensa que realiza el gobierno contra los zapatistas, tanto en la forma activa de agresiones paramilitares y hostigamiento constante como en la indirecta de la desinformación continua –a la que se suma ahora un centenar de periódicos que en el mundo entero reprodujeron lo publicado por Reforma. Medios destacados, algunos de bien ganado prestigio, caen en el amarillismo irresponsable de este medio, ratificado en la indecente arrogancia con la que trató la aclaración de Leuccio Rizzo.
Estamos en el mismo nivel infame de la celada de Zedillo, el 9 de febrero de 1995, cuando organizó junto con los medios una campaña de exterminio de los zapatistas que la presión de la sociedad civil convirtió en su contrario: la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas. Esta ley protege aún al zapatismo, pero los tres niveles de gobierno la violan continuamente, junto con la Constitución, a medida que se extiende el estado de excepción no declarado que vivimos.
Se ha puesto de nuevo en circulación, en estos días, un video que responde puntualmente a las “revelaciones” de Reforma. El subcomandante anuncia ante la cámara que mostrará una fotografía suya sin pasamontañas y luego se lo quitará. Muestra en seguida un espejo –en el que nos vemos todos– y empieza a quitarse el pasamontañas. Cuando éste se levanta por completo aparece la cara de un niño y tras él, en rápida sucesión, personas de todos los colores, tamaños y sabores que se van quitando sus pasamontañas.
No se trata de algo nuevo: circula desde 2008 en youtube.com/watch? v=qRnoJt7PTDE. Pero es una respuesta eficaz a la campaña tendenciosa que pretende reducir el zapatismo a Marcos y “revela” su “identidad” –un nombre o una cara. Marcos nació el primero de enero de 1994 y así surgió la oportunidad de que lo fuéramos todos: de que pudiéramos cobijar bajo ese nombre nuestra dignidad y que hiciéramos de ella bandera de la transformación.
Primero fueron los indígenas, pero como yo no era indígena, no me importó; después fueron los campesinos, pero como yo no era campesino, tampoco me importó; luego fueron los obreros –mineros, electricistas, otros–, pero como yo no era obrero tampoco me importó; más tarde fueron los homosexuales, pero como yo no era homosexual, tampoco me importó; ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde.
Uso conscientemente esta paráfrasis de unas frases de Niemöller que se han vuelto clásicas. No estamos ante la tradición fascista, contra la cual él las formuló en 1946, pero lo que tenemos enfrente puede ser peor. Personajes sin principios, en los medios y el gobierno, asocian sus “judíos” con clases enteras de personas que consideran inferiores. Quieren someter a todos por la fuerza de las armas y de los medios. Con el pretexto del narcotráfico militarizaron ya el país y preparan ahora a la opinión pública para la extensión final del estado de excepción.
Sólo haciéndonos Marcos podemos detenerlos, antes de que sea demasiado tarde.

gustavoesteva@gmail.com
Fuente

Sigue Leyendo...

Un Espejismo la Reforma Laboral, Sólo Acabará con las Conquistas de Trabajadores

J. J. Enríquez
Diario Noticias
5 de Abril del 2010

Orizaba, Ver.- Dado a la reforma Laboral que se encuentra en análisis en el Senado de la República, trabajadores de la zona temen que esto sea sólo un espejismo para legalizar la esclavitud laboral e inseguridad social en la que viven miles de obreros del país.
Debido a esto, integrantes del Frente Ciudadano en Defensa de la Constitución “Ricardo Flores Magón” exhortaron a los Senadores a privilegiar el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y demás derechos laborales establecidos en el artículo 123 Constitucional.
En ese sentido, el presidente del movimiento Jorge Cruz Ibáñez, anunció que antes del mes de mayo arribará a la ciudad de Orizaba el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y lo hará para encabezar una conferencia sobre la situación laboral y el sindicalismo en México.
El entrevistado sostuvo que el país vive momentos históricos en desempleo, pobreza, marginación y deterioro de los servicios públicos, mismo que contrasta con la Reforma Laboral que no se sabe cuales serán sus resultados.
Ante esta situación demandó a las centrales obreras de la CROM y CROC a participar en las ponencias y posibles movilizaciones que el gremio laboral pueda emprender en defensa de los derechos que como trabajadores poseen.
Por su parte, el integrante de la agrupación Jorge González Rojas señaló que la Reforma Laboral sólo beneficiará a empresas transnacionales, y agregó que bajo el razonamiento de elevar la competitividad, la Federación eliminará conquistas sindicales que llevaron años conseguirlas.
“Los trabajadores no somos el problema sino el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Libre Mercado y la importación tan fastuosa que han permitido el Gobierno Federal y que al momento, mantiene a todos los sectores productivos en México al borde de la quiebra”, concluyó.
Fuente

Sigue Leyendo...

“Guerra” antidrogas: intervención de Estados Unidos

La estrategia militar contra el narcotráfico no combate al sistema económico-financiero de las organizaciones delictivas ni busca terminar con el consumo de las sustancias ilícitas; en cambio, deja numerosas violaciones a los derechos humanos de la población, aseguran especialistas. El país en “guerra” está desindustrializado, tiene la mayor pérdida de población en el mundo por la emigración, su economía apenas crecerá el 2 por ciento anual en las próximas dos décadas y en su territorio operan cientos de agentes estadunidenses para evitar que las drogas lleguen a sus consumidores.

Nydia Egremy
Contra Línea
4 Abril 2010

La “guerra” mexicana contra el narcotráfico le permite a Estados Unidos intervenir en las políticas de seguridad nacional, procuración de justicia, defensa y derechos humanos de México. Aunque es el principal país consumidor a nivel mundial de drogas, abandonó el concepto de “guerra contra las drogas” en su política interior e impidió que su ejército combatiera a los narcotraficantes. Sin embargo, avaló la estrategia militar del Ejecutivo mexicano porque favorece su interés de promover un Estado policiaco y subordinado en esa región.
Para alcanzar ese propósito, Estados Unidos lanzó una estrategia cuya primera fase responsabiliza a México de esa situación. La segunda fase difunde la presunta debilidad de las fuerzas armadas y de seguridad para combatir al narcotráfico, lo que justifica la injerencia de las instituciones de seguridad estadunidenses en el territorio nacional, señala Alberto Montoya Martín del Campo, investigador de la Universidad Iberoamericana.
La última fase del proceso, la cesión total de la soberanía de México, se alcanza cuando las instituciones responsables de contener al crimen organizado, el Ejército y los cuerpos policiacos, se someten a Estados Unidos al autorizarle realizar operaciones militares en territorio mexicano, incluso, instalar sus bases, explica Montoya.
Estados Unidos utilizó durante los últimos 25 años el concepto de “guerra” contra el narcotráfico frente al creciente consumo de drogas ilegales que amenazaba su seguridad pública; sin embargo, las propias autoridades declararon nula esa concepción.
En mayo de 2009, Gil Kerlikowske, director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, declaró: “No importa cómo se intente explicar a la gente si es una guerra contra la droga o contra el producto; la gente lo ve como una guerra contra ellos. No estamos en guerra contra la gente de este país”. En consecuencia, el nuevo enfoque estadunidense busca reducir el consumo, dar prioridad al tratamiento y disminuir la encarcelación.
En junio de 2009, Andrew Selee, director del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, admitió: “Aunque hace 20 años el combate al tráfico de drogas ilegales y a los grupos delictivos trasnacionales era un tema más en la agenda binacional, actualmente es el prioritario”.
Selee explicó que su país no teme el ingreso de terroristas a su país desde México, sino que cruce su frontera sur la escalada de violencia –secuestros, desapariciones y homicidios–. Ante tal expectativa, respaldó la cooperación de su gobierno con las autoridades mexicanas para frenar a los cárteles.
El gobierno mexicano hace lo que aquel país ya dejó de hacer, pues considera que conviene a sus intereses geopolíticos, manifiesta Montoya.

“Guerra” al enemigo interno

La justificación del gobierno mexicano al lanzar la “guerra” contra las organizaciones del narcotráfico fue reducir su violencia. A pesar de los patrullajes y operativos del Ejército en diversas regiones del país, la violencia aumentó a niveles no observados en décadas, con más de 15 mil asesinatos en los últimos tres años, describe Montoya, autor de una investigación sobre los riesgos para la soberanía nacional de la estrategia militar contra el narcotráfico, que publicará la Universidad Iberoamericana.
Al sacar a las calles al Ejército, sin tratarse de una guerra contra otra nación, la misión del Ejército Mexicano se concibe como el enfrentamiento con un enemigo interno, que pone en riesgo a la seguridad nacional. Esa estrategia, señala el académico, afecta “severamente al Ejército”, pues lo expone al poder corruptor de la economía criminal, a la vez que lo lleva a un terreno estratégico ajeno a su mandato constitucional.
Además, anualmente desertan del cuerpo castrense unos 20 mil elementos, casi 150 mil en los últimos ocho años. Ese fenómeno debilita al Ejército –una institución que debía ser formadora de ciudadanos comprometidos con los más altos valores cívicos y morales–. En los hechos, se convierte en proveedora de cuadros capacitados en las disciplinas militares que ahora se dedican a actividades criminales.
También, el fracaso de la actual estrategia es “de suma gravedad para la nación”, porque pone en riesgo la soberanía, manifiesta el académico. Las fuerzas armadas son el reducto fundamental para la defensa de la soberanía nacional. Una forma de vulnerarla es obligarlas a realizar tareas sin sustento en la Constitución y que, por la complejidad de su misión, no podrán lograr los objetivos propuestos.
Bajo la lógica de esas acciones contra el crimen organizado, advierte Montoya, se corre el riesgo de dirigir al Ejército para contener la movilización y protesta social contra los intereses económicos de empresas globales, caciquismos regionales o acciones arbitrarias de los poderes políticos.
Por su parte, Guillermo Garduño Valero, especialista en fuerzas armadas, estima que la actual estrategia federal contra los grupos del narcotráfico no es una “guerra”, y menos una “guerra convencional”. Explica que se trata de una guerra entre un actor no estatal, el crimen organizado, que no aspira al poder –pero sí a dominar su esfera de influencia–. En su opinión, ese combate asimétrico no necesariamente ha dado la ventaja al Estado mexicano.
La actividad de esos actores no estatales tiene un carácter trasnacional, pues las cadenas del narcotráfico se extienden más allá de los límites territoriales. Para eliminarlas, el Estado requiere de acuerdos internacionales, con lo que la movilidad de las organizaciones del narcotráfico opera como una ventaja.
Para el analista, la violencia actual se creó a partir “de los repartos territoriales y de los acuerdos de largo plazo” que hubo entre los capos del narcotráfico y el Estado. Sostiene que “el crimen sí paga”. Los cuantiosos recursos que dispone el narcotráfico y la demanda cautiva de las drogas por la adicción de millones de consumidores “hacen imposible su desaparición por la vía armada”.

Finanzas, el frente olvidado

Hasta ahora, ninguna fase de esa “guerra” gubernamental contra el narcotráfico ha perseguido las finanzas ni las extraordinarias ganancias que genera la economía criminal como una política pública prioritaria, destacan ambos analistas. De esa forma, los grupos del narcotráfico tienen recursos económicos suficientes para debilitar a los gobiernos, y con éstos corrompen su estructura política, militar y financiera.
Alberto Montoya refiere que, según estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando menos medio millón de mexicanos obtienen su subsistencia a través de su participación en la producción o comercialización de drogas ilegales. Por lo tanto, el poder del narcotráfico no radica en su armamento, logística, capacidad de fuego u organización, sino en las extraordinarias utilidades que genera ese sistema de economía criminal.
La economía criminal, controlada desde Estados Unidos en sus fases de consumo, trasiego y lavado de dinero, no ha sido afectada por la estrategia del gobierno mexicano. Esto permite vaticinar que en el futuro próximo seguirá la oferta de esas drogas hacia Estados Unidos, México y otras partes del mundo, advierte el analista. De igual forma, las utilidades del negocio del narcotráfico ya lavadas seguirán fluyendo para los protagonistas de esa estructura ilegal.
En México, el lavado de dinero se criminalizó desde 1989. Hasta la fecha, sólo se han obtenido 47 sentencias por ese delito, aunque, en la Procuraduría General de la República, existen 496 averiguaciones previas sobre esa materia, cita el investigador. El Fondo Monetario Internacional señala que, entre 2006 y 2008, remitió 126 denuncias que podrían tipificarse como ese delito y que suman más de 31 mil millones de pesos.
“El ciclo económico del sistema de economía criminal debería ser el hilo conductor de cualquier estrategia que verdaderamente tuviera el objetivo de desmantelar esta actividad”, refrenda Montoya.
A su vez, Guillermo Garduño Valero explica que las finanzas mundiales se apoyan en la prohibición de las drogas y su economía subterránea. Si la cocaína fuera legal, el costo de 1 kilogramo requeriría una inversión no mayor de entre 100 y 150 dólares, pero al no serlo, al salir del sitio de producción (la selva colombiana) hacia su lugar de consumo, su precio es de 2 mil 500 dólares por kilogramo, y alcanza los 132 mil dólares en el mercado al menudeo de Estados Unidos.
El valor agregado del producto es que se lo aproxima al consumidor. En México, sería de unos 32 mil dólares en la frontera, y de 6 mil dólares en la capital del país. Esa cifra varía si se trata de Panamá o de otros países.

Causas del fracaso

Para Alberto Montoya Martín del Campo, son cuatro las causas que explican el fracaso de la estrategia mexicana contra los grupos del narcotráfico. Además de las utilidades “extraordinarias” que produce la economía criminal, están: el poder corruptor universal de esa economía, la necesidad de legitimación política del gobierno federal al recurrir a las fuerzas armadas y el interés geopolítico estadunidense por establecer lo que denomina un “Estado policiaco en México”.
El poder corruptor que tienen las utilidades de la economía criminal sobre la sociedad e instituciones públicas, en la generación y legitimación de sus utilidades ilegítimas, conlleva una violencia intrínseca que no resuelve las disputas por negocios y mercados por las que se lanzó esta “guerra”.
La decisión del gobierno de responder con tácticas militares a un problema que no puede ser resuelto por las mismas, es otra causa del fracaso, porque requiere una estrategia integral que elimine el origen criminal y sólo se interpreta como su necesidad de legitimación política.
La cuarta causa del fracaso en la estrategia militar contra el narcotráfico radica en el interés geopolítico estadunidense de mantener y profundizar la dependencia económica, comercial, alimentaria, energética, mediática, industrial y política mexicanas a sus intereses.
Por esa razón, refiere el académico de la Universidad Iberoamericana, el papel funcional de la economía criminal para la subordinación de México a Estados Unidos se dirige hacia el eventual control de sus fuerzas armadas, el sistema judicial y las policías mexicanas.
En contraste con el auge de la economía criminal, la del Estado mexicano muestra una postración y debilidad estructural, juzga Montoya. El país se desindustrializó y es altamente dependiente en su alimentación: se importa el 25 por ciento del maíz, 60 por ciento de la carne de cerdo, 80 por ciento del arroz, 50 por ciento del trigo, y es primer importador mundial de leche.
La dependencia energética se traduce en el control de firmas trasnacionales del 70 por ciento de la exploración y extracción de crudo, así como del 50 por ciento de la generación de trasnacionales; además de que se importa el 40 por ciento de la gasolina.
Además, los Servicios Económicos del Grupo BBVA estiman que México crecerá en promedio 2 por ciento anual durante los próximos 20 años. Por consiguiente, para Alberto Montoya, México no es un Estado “fallido”, sino uno dependiente, con limitada soberanía económica y una economía política controlada en grados diversos por intereses externos.

¿Qué hacer?

Tras concluir que la actual estrategia del gobierno mexicano conduce al fracaso, Alberto Montoya propone medidas para recuperar el poder institucional y la soberanía del país: regresar el Ejército a los cuarteles; revertir las modificaciones jurídicas, institucionales y políticas que conducen a un Estado policiaco; restablecer el control del Poder Legislativo y Judicial sobre la policía y las instituciones de procuración de justicia; suspender la “ayuda” económica, militar y tecnológica que el gobierno estadunidense otorga al Ejército Mexicano para “reducir territorios ingobernados”; exigir la transparencia del sistema financiero y confiscar los bienes del sistema de la economía criminal y exhibir públicamente a las empresas que colaboran con ella.
Enfatizar en la prevención, especialmente entre los jóvenes y tratar como enfermos a los adictos, pues estima que los consumidores en México equivalen al 0.40 por ciento de la población (unos 540 mil ciudadanos). Montoya se manifiesta por legalizar la producción y el consumo medicinal de la marihuana, apoyado en el resultado infructuoso de la meta de “un mundo sin drogas para 2008”, que propuso, en 1998, la sesión especial de Naciones Unidas bajo la política de prohibición. Doce años después, Antonio María Costa, director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reconoció que el resultado imprevisto de ese control fue el fortalecimiento del crimen organizado.
También recuerda que la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que lideran los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, recomendó, como primer paso, legalizar la producción y el consumo de marihuana, considerada la droga ilegal menos peligrosa.
El también docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Guillermo Garduño Valero, observa que Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas ilícitas, está consciente de que éstas no pueden desaparecer súbitamente de su mercado interno. Hacerlo, dice, provocaría “un estado de ansiedad de millones de usuarios en menos de 24 horas”, y todo su sistema hospitalario no alcanzaría a cubrir una emergencia de esa naturaleza.

Quiénes son los consumidores

El Informe 2009 sobre la situación del consumo de drogas en el hemisferio, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, revela que entre un 0.4 por ciento y 0.5 por ciento de la población mundial de entre 15 y 64 años aceptó haber consumido cocaína alguna vez en el último año. Eso equivale a unos 20.8 millones de personas.
En América, la tasa promedio de uso supera cuatro veces la media mundial, llegando al 1.6 por ciento, es decir, casi 9.5 millones de consumidores. Esto significa que del total de consumidores de cocaína en el mundo, casi la mitad se ubica en este hemisferio; 75 por ciento de ellos en América del Norte, 24 por ciento en Suramérica y menos del 1 por ciento en América Central y el Caribe.
El Informe mundial sobre drogas 2009, de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, indica que los estudiantes de secundaria estadunidense figuran entre los que más fuman marihuana en el mundo. (NE)

La teoría de la provocación

El 14 de marzo fueron asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, la empleada del consulado estadunidense Leslie A Enríquez, su esposo Arthur H Redelfs y Jorge Alberto Ceniceros, marido de una empleada mexicana del mismo consulado.
Como presuntos responsables se señaló a grupos del narcotráfico. Estados Unidos desplegó una fuerza de tarea conjunta que opera en ambos lados de la frontera norte de México. Todos recaban información de inteligencia, conducen entrevistas y testimonios.
Además de los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, participan agentes de la Agencia Antinarcóticos, la Oficina de Inmigración y Aduanas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. También, oficiales de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, personal del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, y del Departamento del Sheriff del Condado de El Paso.
Este “incidente”, como lo calificó el vocero de la Casa Blanca, puede o no ser provocado de manera directa, pero se incorpora a una visión geopolítica que establece grandes objetivos y estrategias de largo plazo. A su favor, tiene el impacto en la opinión pública, explica Alberto Montoya.
En la historia de las guerras de Estados Unidos con otras naciones, se ha documentado la fabricación de hechos para justificar decisiones, como los ataques a buques que precedieron a sus acciones bélicas en Vietnam, reflexiona el analista. (NE)

Fuente

Sigue Leyendo...

La militarización del TLCAN

Una oligarquía neoliberal internacional opera conjuntamente bajo las órdenes de Washington. Su intención es crear una gran zona comercial donde las empresas dirigidas por los grandes patrones no sólo dispongan del poder económico, sino también político, afines igualmente a los intereses de Estados Unidos. Por ello, el Pentágono ha planeado invadir a los países miembros que enfrenten un “caos económico”. Para ello, se vale no sólo del poder económico, sino también militar. Se trata de una de las investigaciones que durante 2009 fueron censuradas en los grandes medios de comunicación

Laura Carlsen / Stephen Lendman / Constance Fogal / Red Voltaire
Contralínea
4 de abril del 2010

Líderes de Canadá, Estados Unidos y México han estado reuniéndose secretamente para ampliar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se trata del bloque comercial formado por los países antes mencionados, que establece una zona de libre comercio. Entró en vigor en enero de 1994. Pero ahora se avanza en la “integración profunda” de una fuerza trinacional más militarizada bajo el concepto estadunidense de “seguridad de la patria”.
La llamada Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN), impulsada hacia el interior de los países por los respectivos gobiernos y sin conocimiento ni mucho menos el consentimiento público –con su oficina central en Washington–, se propone integrar a las tres naciones en un sólo bloque político, económico y de seguridad.
La ASPAN se fundó durante una reunión de los presidentes George W Bush, Vicente Fox y el primer ministro Paul Martin, en Waco, Texas, el 31 de marzo de 2005. El sitio web oficial de Estados Unidos describe a la ASPAN como “…una iniciativa entre Estados Unidos, Canadá y México dirigida por la Casa Blanca para aumentar la seguridad y ampliar la prosperidad…” La ASPAN no es una ley ni un tratado y ni siquiera un acuerdo firmado. Cualquiera de estas definiciones requeriría discusión pública y la participación del Congreso.
La SPP nació en la era de la “guerra contra el terrorismo” y refleja un énfasis excesivo en la seguridad de Estados Unidos, como la interpreta el Departamento de Seguridad de la Patria. Sus acuerdos autorizan acciones militares fronterizas, entrenamiento de policías, modernización de equipos y adopción de nuevas tecnologías, todo bajo la lógica de la campaña contra el terrorismo de Estados Unidos. El jefe de la Seguridad de la Patria (puesto que ocupa) Michael Chertoff, junto con la secretaria de Estado (entonces Condoleezza Rice; Hillary Clinton ahora), y el secretario de Finanzas, (entonces Carlos Gutiérrez; ahora Gary Locke), son los tres altos funcionarios designados para asistir a las conferencias ministeriales de la ASPAN.
Las medidas para coordinar la seguridad han presionado a México para que militarice su frontera sur. Los elementos militares estadunidenses que ya operan dentro de México, más los efectivos de la agencia antidrogas estadunidense y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) han iniciado programas de entrenamiento para el Ejército Mexicano (ahora involucrado en la “guerra” contra la droga), la policía federal y estatal, y unidades de inteligencia.
El periodista Stephen Lendman indica que una página de instrucciones del Pentágono insinúa una invasión de Estados Unidos a México si el país se desestabiliza o si el gobierno tiene que hacer frente a una amenaza de derrocamiento debido a “un generalizado caos económico y social” que comprometa las inversiones de Estados Unidos, el acceso al petróleo, el funcionamiento global del comercio, y dé lugar a que una gran cantidad de inmigrantes se dirigiera al norte.
El influyente departamento de Defensa Nacional de Canadá, a través de su nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa, General Rick Hillier, y el ministro de Defensa, Gordon O’Connor, también están alineados con esta campaña. Están obligados a aumentar los gastos militares de la nación y unirse a los estadunidenses en su “guerra contra el terrorismo”.
La ASPAN creó el Consejo de la Competitividad de América del Norte (NACC, por sus siglas en inglés), que presta servicios como grupo oficial trinacional de trabajo. El grupo está compuesto de representantes de 30 compañías gigantes de Estados Unidos, incluyendo General Electric, Ford Motors, General Motors, Wal-Mart, Lockheed-Martin, Merck y Chevron.
Las recomendaciones del NACC se centran en la “participación del sector privado” por ser “un paso clave para mejorar la posición competitiva de América del Norte en los mercados globales e impulsora de la innovación y el crecimiento”. El NACC hizo énfasis en la importancia de establecer políticas para obtener ganancias máximas.
La agenda guiada por Estados Unidos prioriza el acceso sin complicaciones de las compañías a los recursos naturales canadienses y mexicanos, especialmente al petróleo y agua. El Consejo de la Competitividad de América del Norte establece que “la prosperidad de Estados Unidos se basa principalmente en un suministro seguro de energía importada”.
La seguridad energética de Estados Unidos es vista como una prioridad absoluta, alentando a Canadá y a México a que permitan la privatización de las empresas operadas por el Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex).
En enero de 2008, Halliburton (del exvicepresidente Dick Cheney) firmó un contrato con Pemex por 683 millones de dólares para perforar 58 nuevos pozos de prueba en Chiapas y Tabasco, y para asumir el control del mantenimiento de los oleoductos. Éste fue el último de los contratos por 2 mil millones de dólares que Halliburton recibió de Pemex durante las administraciones de Calderón y Fox, lo que en opinión de la oposición en México se ha convertido en la fachada pública de la privatización del capital monopolístico estadunidense. La política de Estados Unidos también busca asegurar su acceso ilimitado al agua de Canadá.
Connie Fogal, del partido Canadian Action, dijo: “La ASPAN es una toma hostil de posesión del aparato del gobierno democrático… un coup d’état (golpe de Estado) a las operaciones de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México”.

Actualización de Stephen Lendman

La cuarta reunión de la ASPAN se llevó a cabo en Nueva Orleáns, del 22 al 24 de abril de 2008, con la participación de George Bush, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, y el presidente de México, Felipe Calderón. Un grupo de manifestantes realizó lo que llamaron una “cumbre del pueblo”, con mítines en las calles y talleres en centros de trabajo para informar a la gente cuán destructiva es la ASPAN; fortalecer los lazos organizativos y de contacto; mantener información en línea sobre sus actividades; promover esfuerzos y conseguir apoyo adicional, y declarar su determinación de continuar resistiendo una agenda enormemente represiva financiada por las corporaciones.
Esta coalición tiene aliados en el Congreso. En enero 2007, el representante republicano Virgil H Goode y seis copatrocinadores presentaron la Resolución Concurrente 40, de la Cámara de Representantes, que expresa “el sentimiento del Congreso: Estados Unidos no debe tomar parte en un Sistema de Autopistas (estableciendo un TLCAN) o entrar en una North American Union con México y Canadá”.
La cumbre de abril reafirmó las intenciones de la ASPAN: crear una Norteamérica sin fronteras, disolver la soberanía nacional, establecer el control de los gigantes corporativos, y asegurar la mayor parte a las grandes compañías de Estados Unidos. También se propone convertir a Norteamérica en una fortaleza a través de la militarización del continente, bajo el mando de Estados Unidos.
La ASPAN mantiene un sitio web con “logros relevantes” desde agosto 2007, actualizado con fecha 22 de abril de 2008. La información es demasiado detallada para esta actualización, pero se puede obtener acceso mediante el siguiente enlace: http://www.spp.gov/pdf/key_accompli… 2007.pdf.
El sitio lista los principios acordados, convenios bilaterales adoptados, negociaciones concluidas, valoraciones de estudios publicados, acuerdos sobre el “libre flujo de información”, actividades del cumplimiento de la ley, esfuerzos relacionados con la propiedad intelectual, cumplimiento del transporte por carretera fronterizo y de larga distancia, procedimientos para permisos de importación, asuntos relativos a la seguridad de los productos y la alimentación, temas de energía (focalizada especialmente en el petróleo), desarrollo de la infraestructura, manejo de las emergencias, y mucho más. Todo expuesto en tonos aparentemente moderados para ocultar su objetivo continental: posibilitar una explotación corporativa mejorada con el menor conocimiento público posible.
La militarización incluye al Comando Norte de Estados Unidos, establecido en octubre de 2002, que tiene la responsabilidad aérea, terrestre y marítima para el continente, sin importar las limitaciones de Posse Comitatus que ya no se aplican o fronteras soberanas que se borran fácilmente. El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas también desempeñan grandes papeles. Igual sucede con la FBI, la Agencia Central de Inteligencia y todas las agencias de espionaje de Estados Unidos, la policía local y estatal militarizada, las fuerzas de la Guardia Nacional, y los mercenarios paramilitares provenientes de Blackwater USA. Se dirigen a cualquier lugar del continente con licencia para operar tan libremente como en Irak y en el Nuevo Orleáns post Katrina. Podrían convertir todas las calles del hemisferio en versiones de Bagdad y crear condiciones para vivir en la luna.
También existen otros procesos de militarización. El 14 de febrero de 2008, Estados Unidos y Canadá acordaron permitir la presencia de tropas estadunidenses en Canadá. A los canadienses no les dijeron nada sobre este acuerdo, cuyo borrador se redactó en 2002. Tampoco se discutió en el Congreso o en la Cámara Canadiense de los Comunes. El acuerdo establece la “integración bilateral” de las estructuras de mando militar en áreas de inmigración, policía, inteligencia o cualquier otra estructura que el Pentágono o Washington deseen. En términos generales, forma parte de la “guerra contra el terror” y la militarización del continente para hacerlo “más seguro” para los negocios y estar preparados para cualquier oposición civil.
México también ha sido otro objetivo, con un “Plan México” anunciado en octubre de 2007. Se trata de un plan de seguridad para México y Centroamérica llamado Iniciativa Mérida, con 1 mil 400 millones de dólares en ayuda asignada. Es “una iniciativa de cooperación de seguridad regional” similar al Plan Colombia y presentada como esfuerzo para luchar contra el tráfico de drogas.
En realidad, la Iniciativa Mérida es parte de la militarización de México por la ASPAN y otorga más control del país a Washington. La mayor parte de la ayuda va a las fuerzas militares y policiales de México, con una parte importante destinada a los contratistas privados de defensa de Estados Unidos para equipamiento, entrenamiento y mantenimiento. Se evitará el delicado asunto del despliegue de tropas de Estados Unidos mediante el uso de fuerzas privadas de seguridad de Estados Unidos, es decir, Blackwater y DynCorp.
Una página de instrucciones del Pentágono insinúa una invasión de Estados Unidos a México si este país se desestabiliza o si el gobierno tiene que hacer frente a una amenaza de derrocamiento que comprometa las inversiones de Estados Unidos, el acceso al petróleo, el funcionamiento global del comercio, y dé lugar a que una gran cantidad de inmigrantes se dirigiera al norte.
Fuente

Sigue Leyendo...

Plan 2030: ocupación integral de México

El proyecto transexenal calderonista México 2030 garantiza “la ocupación integral del país”: rompe las voluntades sociales y los marcos jurídicos, reprime y coopta. Inspirado en el imperialismo que encabeza Estados Unidos, su fin es acabar con el Estado nación mexicano, señala Gilberto López y Rivas; por ello, dice, los mexicanos enfrentan una “guerra social” disfrazada de combate al narcotráfico. En el mapa anexo a esta edición, Contralínea reconstruye gráficamente los principales objetivos de la ocupación.

Nancy Flores / Séptima y última parte
Contralínea
4 de abril del 2010

El plan transexenal calderonista México 2030, Proyecto de Gran Visión, urde la ocupación integral del país, señala Gilberto López y Rivas. Con éste, la “clase dominante” pretende desmantelar el Estado-nación mexicano, explica el integrante del grupo Paz con Democracia e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Los 14 documentos que integran el plan detallan que uno de sus principales objetivos es la creación de una nueva constitución política. Los archivos –desclasificados por la Presidencia de la República y consultados por Contralínea– revelan que esa carta magna abolirá la propiedad pública, desconocerá los derechos colectivos, el patrimonio y los bienes nacionales, y abandonará el concepto de soberanía nacional.
Con ese nuevo marco jurídico se materializarán los propósitos del Proyecto de Gran Visión, entre los que destacan: ceder el control gubernamental del país a “mexicoamericanos”; privatizar la salud, la educación, el agua, la energía, los minerales, las reservas de la biósfera, el patrimonio cultural, las carreteras, las telecomunicaciones; extinguir la propiedad ejidal y comunal; abolir los derechos a la sindicalización y a la protesta social en caso de expropiaciones.
En dos décadas, México será “un país con una nueva constitución y armonía entre la legislación interna y externa”, indica el apartado dedicado a la política exterior. El investigador Pablo Moctezuma Barragán observa que a los autores del plan “les estorba” la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El doctor en estudios urbanos refiere que “armonizar” la legislación nacional con la extranjera necesariamente conlleva la pérdida de la soberanía: “México no se regiría por sus propias leyes, sino por las de las potencias extranjeras”.
La legislación externa, dice, es la que faculta a las trasnacionales a demandar al país por daños, perjuicios y discriminación cuando no se les asignan los contratos multimillonarios licitados. En ese contexto, explica el autor de México, dependencia y autoritarismo, el Estado no puede tomar decisiones.
Si las leyes hubieran estado “armonizadas” en la época de Lázaro Cárdenas, las empresas petroleras hubieran demandado a México y la expropiación se hubiera revertido, ejemplifica Moctezuma Barragán.
Gilberto López y Rivas –autor de Nación y pueblos indios en el neoliberalismo y Por los caminos del internacionalismo, entre otros libros– dice que no es fortuito calificar al México 2030 como el plan para la “ocupación integral”: “Es un símil histórico respecto de lo que fue la ocupación nazi-fascista en varios países durante la Segunda Guerra Mundial”.
Ahora, señala, lo que se impone es el modelo capitalista neoliberal. “El gran inspirador de este proyecto es el imperialismo, encabezado por Estados Unidos. Éste tiene (como base) la trasnacionalización de las economías, en lo que toca a los países que ellos ocupan”.
Para el investigador, en esa lógica imperialista se dan los lazos político, militar y comercial entre México y el país vecino. Las modificaciones de la relación con Estados Unidos, explica, han derivado en la incorporación de los sectores estratégicos y de los bienes de la nación al plan privatizador México 2030.

Privatizar el Estado posrevolucionario

Los 14 documentos vinculados al Proyecto de Gran Visión, reflejan las tendencias del capitalismo neoliberal, que rompen todo tipo de voluntades sociales y de marcos jurídicos surgidos del Estado benefactor, analiza López y Rivas. De manera abierta o silenciosa, indica, el plan transexenal lleva a la privatización del Estado mexicano posrevolucionario.
El politólogo y antropólogo recuerda que la “destrucción” de los marcos jurídicos se inició hace 30 años: “Las reformas a la Constitución se han hecho para dar viabilidad jurídica a estos planes del México 2030”. La meta de la “clase trasnacionalizada” es poner en venta el Estado mexicano.
—No ha habido diferencia entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional: Calderón es el álter ego de Carlos Salinas, mientras que Vicente Fox continuó todos los planes de su antecesor (Ernesto Zedillo). No hay diferencia. Es un proyecto bipartidista, de una clase dominante que se apodera de todo el aparato del Estado para venderlo al mejor postor y, de paso, enriquecerse y enriquecer a sus amigos, sus conocidos y familiares, a través de la profunda corrupción que caracteriza a la clase política actual.
Al describir a los impulsores del plan, López y Rivas indica: “Se trata del sector que, sin retórica alguna, podemos llamar vende patrias. Ese sector no tiene la menor idea de los sentimientos que inspiraron, por ejemplo, la expropiación petrolera de 1938, o de lo que llevó después a la construcción de una infraestructura mínima de carácter industrial”.

“Guerra social”

La imposición del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, incluye una “guerra social”. Una de las características de la clase política mexicana es la utilización permanente de dos instrumentos de control social: la cooptación, es decir, la corrupción de amplios sectores de la población; y la represión, explica López y Rivas.
—Lo que está caracterizando al gobierno de Calderón es la guerra “contra el narcotráfico”, que en realidad es una guerra social: busca propósitos no confesados. Es un proceso de militarización y criminalización de las luchas sociales, donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva y, como lo hizo en la Guerra Sucia con las desapariciones forzadas, con impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.
El también autor de Las fuerzas armadas mexicanas a fin del milenio: los militares en la coyuntura actual señala que esa guerra “contra las drogas”, el proceso de militarización y de control social van emparejados al plan México 2030. “Ese proyecto no se puede llevar a cabo si no es a través de una gran represión y de una especie de terrorismo de Estado que está implantándose en regiones ya militarizadas, en donde no impera la Constitución ni mucho menos las leyes”.
Para Carlos Antonio Aguirre Rojas –doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia–, a Calderón sólo le queda la fuerza para gobernar, en la medida en que no tiene consenso social y no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. “Desafortunadamente sí va a continuar con esa política represiva, bastante militarista”.
Más aun, históricamente, Estados Unidos ha empleado el uso de las drogas como herramienta para alcanzar sus fines. Pablo Moctezuma Barragán indica que, para implantar sus planes imperialistas, ese país ha utilizado al narcotráfico como su “arma número uno”: eso ha ocurrido desde la década de 1960, cuando incluyeron el tema de los narcóticos en la guerra de Vietnam.
Agrega que “la droga es el negocio de Estados Unidos. Allá se vende, tienen el mayor mercado (del mundo), lavan el dinero y de allá nos venden las armas. El problema del narcotráfico es de Estados Unidos y lo están imponiendo en México”.
La lucha contra el narcotráfico que se libra en el país es “ilegal, anticonstitucional y fascista”, señala Moctezuma Barragán. “Es el control militar para la extracción de nuestros recursos y el uso de nuestro territorio para corporaciones extranjeras”.
Añade que en el plan transexenal “está muy claro que les estorba la Constitución y los derechos nacionales que nos da la Constitución. Les estorba la soberanía, les estorba el Estado-nación”. Por ello, dice, “lo que necesitamos es un amplio movimiento popular que lleve a la construcción de un gobierno de paz”.

Lo ya privatizado

Los 14 documentos que integran el expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por Calderón en octubre de 2006, tras ser declarado presidente electo de México por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en plena crisis poselectoral.
Originalmente clasificados como confidenciales, éstos se dividen en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable.
Esos documentos revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Algunos de los esquemas ahí previstos para concesionar la riqueza del país ya son vigentes: asociaciones público-privadas, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), obras públicas financiadas, contratos de servicios múltiples, unidades de conservación para la vida silvestre (Uma).
Tan sólo en el tema ecológico, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de las Uma, consta en reportes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto implica 2 millones 456 mil 142 hectáreas de “áreas naturales protegidas” en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación.
En el caso de los PPS, hay 11 proyectos de infraestructura: tres desarrollados por la Secretaría de Salud; siete por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, indica el portal de internet oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Como lo ha documentado Contralínea (número 173), nueve de esos proyectos, que implican una deuda pública por más de 37 mil 600 millones de pesos, han beneficiado a empresarios vinculados con el Partido Acción Nacional: las familias Mariscal Servitje, Mariscal Torroella y Quintana Kawage.
En esos esquemas privatizadores se mueven, por ejemplo, las contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad. Entre 2009 y 2018, esta paraestatal destinará 634 mil 920 millones de pesos a la asociación público-privada.
De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo ese esquema: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).
Además de los PPS ya contratados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2010, las inversiones “público-privadas” comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.

Resistencia, única vía para frenar el plan

—Esta ocupación integral del país tiene como propósito vender el Estado nación, pero las cosas no están saliendo tal como lo quisieran: hay resistencias, profundas insatisfacciones, una indignación generalizada. Este proyecto está provocando una profunda indignación en amplios sectores de la población, lo cual, evidentemente, significa la resistencia al proyecto –dice López y Rivas.
El politólogo y antropólogo explica que “hay globalizados, que somos la mayoría, y globalizadores, que son ellos, los que sacan ventaja y provecho de todo lo que está pasando”: el .07 de la población que posee casi 40 por ciento de la riqueza nacional.
Indica que hay incertidumbre sobre el destino de este país. “No sólo vemos el desastre ecológico manifiesto en los ríos, las graves consecuencias en el terreno de la ecología y de la relación del hombre con la naturaleza, sino también en el amplio deterioro económico y social de sectores mayoritarios: la ampliación de los sectores que viven en la línea de pobreza y la gran ampliación de los que viven en la más profunda de las miserias”.
—Observamos que nos están llevando a un gran abismo. Esto está pasando universalmente. Lo que sucede en México no es diferente de lo que está pasando en Colombia, de donde vienen muchos de los planes represivos puestos en marcha por Estados Unidos: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, la Iniciativa Mérida, que tienen mucho que ver con el Plan Colombia.
Gilberto López y Rivas añade: “Tenemos que resistir en todos sentidos, no nos queda de otra. La resistencia a todos estos proyectos es una forma de sobrevivir: o resistimos o somos barridos literalmente de este mundo. Siempre hay personas que no están dispuestas a someterse a estas grandes tendencias privatizadoras, desnacionalizadoras, desterritorializadoras”.
No obstante, critica que la actual resistencia ­­–con expresiones en el Sindicato Mexicano de Electricistas, el sector minero, los pueblos indígenas, los campesinos, entre otros– “está fragmentada, dispersa, no centralizada. No responde con la misma dinámica centralizada y estratégica que tiene el plan México 2030”.
Aunque el politólogo no cree en la determinación histórica de que cada 100 o 200 años el pueblo “despierta”, dice que 2010 se ve como un año de grandes protestas sociales. “Se ha llegado al límite de lo que se puede resistir. No sabemos cómo van a evolucionar los conflictos que se han estado dejando como especie de minas, de bombas en distintos lugares, tocando distintos actores, que están a punto de estallar”.
López y Rivas recuerda que el grupo Paz con Democracia ha identificado la necesidad de que el proyecto de autonomía que se practica en comunidades indígenas toque amplios sectores de la población no indígena. “Hay que lograr la agrupación autónoma de sectores productivos, estudiantiles, obreros. Tratar de caminar con las propias fuerzas: nadie, por importante que sea, va a resolver sus problemas solo. No es el tiempo de caudillos, es el tiempo de unificar estructuras horizontales, democráticas, que luchen por hacer realidad su propio futuro. Nadie va a hacer las cosas por nosotros, nosotros tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos”.
Agrega que “los poderes económico y político que impulsan el proyecto México 2030 están dispuestos a todo, como lo estuvieron antes. Tal como lo ha estado a lo largo de todas estas décadas el poder dominante en México”.
—Fortalecer todos los campos de la resistencia nacional y de la resistencia popular es el único camino que se vislumbra en el futuro para poder resistir este proyecto México 2030.
Para la elaboración de la serie de reportajes México 2030, Proyecto de Gran Visión, Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia de la República, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

[RECUADRO]

Pérdida de soberanía nacional

La soberanía nacional de México ya fue vulnerada. El cambio en la actitud de las fuerzas armadas mexicanas respecto de las fuerzas armadas estadunidenses así lo demuestra, dice Gilberto López y Rivas.
—Esta clase dominante, independientemente de sus colores, ya sean rojos o azules y algunos amarillitos que se están colando, tiene una visión totalmente apátrida de lo que significa la nación mexicana. Ellos son (parte de) lo que en su momento Carlos Monsiváis llamó la primera generación de estadunidenses nacidos en México: su mentalidad es una mentalidad colonizada, que favorece los planes de Estados Unidos.
El politólogo y antropólogo explica que en los terrenos militar y de inteligencia “se acabó ya la supuesta autonomía que tenía México”. La insistencia de participar en operativos militares internacionales refleja el estrecho control que existe ya con los proyectos estratégicos de Estados Unidos, dice.
El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia detalla que México sólo está jugando un papel semejante al de una oficina de migración extraterritorial de Estados Unidos.
Por su parte, Pablo Moctezuma Barragán señala que la Constitución prohíbe que el Ejército Mexicano dependa de un ejército extranjero. “Esto viola gravemente la Constitución, por eso les estorba tanto”.
El doctor en estudios urbanos refiere que “necesitamos recuperar la soberanía nacional y la soberanía popular; materializar los derechos que se han conquistado y que nos están escamoteando. Todo esto implica un movimiento transformador, un movimiento revolucionario con un cambio estructural profundo”.
—En esta década se tiene que transformar la realidad, porque ya llegamos al límite en el que el país está en una situación de desintegración y de caos. Habemos mexicanos que no lo vamos a permitir. A ver de qué cuero salen más correas. (NF)

Fuente

Sigue Leyendo...

En México continúa la pérdida de autosuficiencia alimentaria: estudio de Oxfam y RedPar

• Desde hace tres décadas se ha sometido al campo a “una devastación”, se advierte
• Veinte empresas dominan la industria agropecuaria del país
• Se ha reducido el presupuesto al campo y privilegiado a un pequeño grupo de productores

Susana González G.
Periódico La Jornada
Domingo 4 de abril de 2010, p. 18

Con las políticas neoliberales impulsadas hace casi tres décadas, el campo mexicano ha sido sometido a una “devastación” por el dominio de una veintena de empresas agroalimentarias trasnacionales que controlan todos los aspectos de la vida agropecuaria, pero también por las políticas oficiales seguidas particularmente en los dos últimos gobiernos, denuncia una investigación de la organización internacional Oxfam y la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (RedPar).
El mercado agroalimentario de México –desde la comercialización y distribución de granos hasta la transformación industrial de productos agrícolas y la importación de alimentos– está en manos de Wal Mart, Kansas City, Cargill, Bimbo, Maseca, Bachoco, Pilgrim’s Pride, Tysson, Nestlé, Lala, Sigma, Monsanto, Archier Danield’s Midland, General Foods, Pepsico, Coca Cola, Grupo Vis, Grupo Modelo y Grupo Cuauhtémoc. Tan sólo en el caso del maíz, cuatro empresas controlar 66 por ciento de la oferta del grano, precisa el documento.
México perdió la autosuficiencia alimentaria que tenía en la posguerra, desde que en 1982 se impuso el neoliberalismo y postriormente en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual provocó un desplome de hasta 70 por ciento en los precios de los productos locales agropecuarios.

Carencia de recursos

Frente a la concentración del mercado agropecuario, 76 por ciento de las más de 4 millones de unidades de producción rural son de “pequeños agricultores de autoconsumo o subsistencia, con baja producción y productividad”, otro 18 por ciento son considerados de transición, mientras que únicamente el 6 por ciento restante son de gran escala.
Sin embargo, RedPar y Oxfam subrayan que no sólo los grandes corporativos trasnacionales son responsables de la devastación agropecuaria del país.
“El segundo aspecto que afectó a los productores rurales lo constituyó la política oficial de los gobiernos neoliberales, pero en particular de las últimas dos gestiones, debido a que además de reducir los recursos al campo en relación con otras partidas, se practicó un subjercicio y se privilegió a un reducido grupo de productores en los recursos entregados efectivamente”, indica el estudio, realizado a propósito del impacto que la crisis económica dejó en las mujeres rurales en los dos últimos años.
Refiere que el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal del año pasado precisa que sólo 4 por ciento de las unidades de producción con actividad agropecuaria y forestal cuentan con algún tipo de crédito o seguro.
Asimismo destaca que en los 15 años de existencia de Procampo, sólo 10 por ciento de los 2.4 millones de beneficiarios, es decir 240 mil personas, concentraron 57 por ciento de los recursos del programa, según Fundar. El restante 43 por ciento del presupuesto fue repartido entre los 2.1 millones de beneficiarios del programa, 90 por ciento del padrón.
En cuanto a las regiones, 80 por ciento de los recursos otorgados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) se concentró en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.
Los pequeños y medianos productores han quedado a merced de los bajos precios y la carencia de recursos para sembrar, por lo que han orientando su producción hacia el autoconsumo o bien abandonan su tierra y la dan a sembrar para emigrar, advierten Oxfam y RedPar.
Fuente

Sigue Leyendo...

CUANDO NO HAY ESCRÚPULOS (LA GUERRA FALLIDA CONTRA EL NARCOTRÁFICO)

Cuando no hay escrúpulos, todo se puede. Se puede robar, se puede matar, se puede actuar por encima y fuera de la ley y mientras lo hago inyecto miedo para que nadie me toque, para desviar atenciones, para generar percepciones, para que la sociedad se mantenga quietecita y a la espera de que todavía lo peor venga. De eso se trata la guerra fallida contra el narcotráfico y la delincuencia organizada orquestada por el también fallido de Felipe Calderón: ante tanta incompetencia, se ha valido de las percepiones mediáticas para generar el miedo, pero también para hacer creer a todavía muchos mexicanos que efectivamente, está combatiendo al narcotráfico y que efectivamente, todo recurso al cual se allegue, así fuera éste la cada vez más posible intervención extranjera, se vale, total: todo sea por recuperar la paz social, todo sea porque podamos volver a salir a las calles sin miedo, todo sea por volver a tener la garantía de que salgo de mi casa para regresar a ella por mi propio pie.
Lamento decirles a los todavía crédulos de que todo se vale, que así no es la cosa. La guerra contra el narcotráfico iniciada por FeCal no ha funcionado por dos factores importantísimos que ha mencionado en diversas y anteriores ocasiones Andrés Manuel López Obrador:
1) Combatirlo de la forma como lo hace FeCal solo ha generado el efecto de dar de palazos al avispero.
2) No se combate con armas, sino con educación y empleo, factores que siguen faltando en el irónico sexenio del empleo y de los bebés con la torta bajo el brazo.
Pero la guerra fallida de FeCal en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada no solo ha fracasado por los factores antes mencionados, sino también porque un delincuente no puede combatir a otro delincuente, sería como romper con el famoso dicho de que entre perros no hay mordidas.
Si aplicamos el puro sentido común, salen a flote diversos cuestionamientos:
* ¿Cómo combatir de manera frontal a los delincuentes cuando tiene a una asesina a la cabeza del SNTE y a un ratero a la cabeza del STPRM (curiosamente, estos sindicatos no se ve que sean liquidables como el SME)?
* ¿Cómo combatir de manera frontal a los delincuentes cuando Mouriño se hizo de negocios millonarios de manera ilícita en Pemex?
* ¿Cómo combatir de manera frontal a los delincuentes cuando se tiene de mano derecha a Genaro García Luna?
Pero también hay información que va más allá de planteamientos que rebasan el sentido común: ya desde fines del sexenio anterior, el PAN estaba dando muchas muestras de lo que era capaz de hacer teniendo el poder en sus manos. Los diversos testimonios documentados de la familia Bibriesca dan fe de ello. Desde las bacanales que festejaban los retoños a costa del erario(en donde había mujeres y drogas), hasta el hecho que se difundió en noticieros diversos del "misterioso" escape del 'El Chapo' de un penal de alta seguridad, fueron señales de alerta, no que algo estaba fallando, sino de que algo se estaba permitiendo desde el poder mismo del gobierno.
¿Y por qué afirmo que permitir la intervención extranjera no es la forma de combatir el narcotráfico y el crimen organizado?
- En primera porque la historia misma nos habla de los diversos pretextos que siempre ha encontrado el vecino del norte para meterse en donde no es invitado
- En segunda: porque todavía hoy el factor petróleo es tema principal y fuente de tentación para ese mismo vecino del norte. Aquí no se debe omitir mencionar la reciente intentona de reforma energética que, por supuesto, fue detenida en mucha medida, aunque no total, nada menos y nada más que por el "peligro" para México y todas las brigadas que se organizaron en torno a él (¡vaya que sí es peligroso el hombre!). Esto solo deriva en una cosa: el petróleo es tema pendiente en la agenda norteamericana y sin temor a equivocarnos FeCal tiene órdenes precisas.
- En tercera: el fraude electoral. ¿Seríamos tan ingenuos para pensar que Estados Unidos no siguió las campañas presidenciales en 2006 de manera puntual? No. A esto se debe sumar el conocido rechazo norteamericano a la existencia de gobiernos de izquierda en América Latina, así que hubiera sido el colmo entre los colmos que su vecino más cercano (mejor conocido como su patio trasero) tuviera un gobierno de izquierda. No omito mencionar la presencia del mercadólogo ultra-conservador norteamericano Dick Morris como un elemento importante para preparar terreno a la guerra del miedo fomentada en 2006 a través de spots televisivos. La campaña de 'el peligro para México' fue gestada por este personaje, quien se ha visto involucrado en escándalos de prostitutas allá en su propio terruño (y he aquí, una vez más, la hipocrecía con la que se manejan muchos personajes conservadores de derecha).
- En cuarta: el hecho de que no se justifique la intervención extranjera para combatir al crimen organizado la baso en el mismo principio bajo el cual no se justifica ninguna privatización de nuestros recursos energéticos. En ninguno de los casos se está hablando de situaciones que nos hayan tomado por sorpresa, sino todo lo contrario, eran previsibles y por ello podían ser controladas y atajadas antes de que el agua se derramara del vaso. En el caso de Pemex, por ejemplo, desde el momento mismo en que se descubrió Cantarell se pudo hacer un cálculo para estimar su periodo de vida útil y también se sabía en qué momento iba a empezar a declinar su producción de crudo. Todo esto se sabía con anticipación, ¿por qué todos los gobiernos, tanto anteriores como actuales (PRI-PAN) no hicieron absolutamente nada para prevenir lo evidente? Y exactamente se aplica lo mismo con la guerra fallida contra el crimen organizado, mismo que tiene en jaque a la mayoría de los estados del norte del país. ¿No acaso las muertas de Juárez eran ya una señal de que algo estaba pasando desde hace casi una década?, ¿y no prefirió Barrios, gobernador de Chihuahua por el PAN, mejor decir que esas mujeres eran asesinadas por andar en minifaldas provocativas a altas horas de la noche? Es decir, en lugar de haberse puesto a trabajar para investigar qué estaba sucediendo para combatirlo a tiempo, fue más cómodo culpar al ciudadano y dejar que el asunto siguiera haciéndose grande hasta límites que nadie sospechaba se podían alcanzar. Hoy, siguen pagando los mismos civiles inocentes y los últimos testimonios que ha recogido el semanario Proceso demuestra que el ejército está cometiendo abusos y está matando sin escrúpulos a civiles, así estos traten de aclarar que no son delincuentes y esto deriva en un cuestionamiento que, me resulta sumamente increíble, apenas hace unos cuantos días un comunicador de esos muy famosos lo planteó como si apenas estuviera dándose cuenta de ello: ¿podemos creer que tantos muertos en esta guerra esté ligados al narcotráfico, o podemos sospechar si el ejército no ha estado cometiendo más abusos dentro de la sociedad civil? Y creo que aquí tiene que salir a flote, una vez más, el caso de la anciana indígena de Zongolica: ¿de verdad fue una gastritis crónica la que la mató?
Yo estoy segura (como lo estamos muchos) de que esta guerra fallida no va a terminar con buenos resultados. FeCal no va a poder combatir la delincuencia cuando él mismo es un delincuente, así que esto nos debe llevar a la lógica conclusión de que ese mal no será arrancado de raíz ni por asomo, ni van a ser golpeadas las cabezas y ni la intervención extranjera va a solucionar el problema, sino todo lo contrario: nos van a surgir problemas en otros ámbitos. Sigo pensando también en la tremenda ironía que me resulta ver a los estados del norte del país azotados por este inútil derramamiento de sangre cuando eran esos mismos estados y mucha de su población civil la que aplaudía que en 2006 fueran sus estados los que se hubieran pintado de azul. También me resulta irónico que fueron muchos gobernadores de esos estados los que se aplicaron (así lo testifican las llamadas telefónicas grabadas) al fraude por órdenes de Elba Esther Gordillo, la corrupta lider sindical de un gremio intocable (¿ya ves, Esparza?, eso te pasa por juntarte con los 'loooosers' de la izquierda como AMLO y toda su runfla de seguidores perdedores).

* El colofón: Excelente video para corroborar y/o confirmar lo obvio...

Fuente

Sigue Leyendo...

Detecta Profeco irregularidades en la CFE

Luego de tres denuncias interpuestas por ciudadanos contra un cobro de hasta más de 40 mil pesos por parte de la CFE, la Procuraduría Federal del Consumidor intervino, detectando errores que evitaron que los denunciantes realizaran el pago.

Anahy Meza
Milenio.com
Vie, 02/04/2010

Tampico.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emprendió un proceso contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al detectar que estaban haciendo cobros de más, siendo en tres ocasiones en que la Comisión Federal de Electricidad facturó hasta por 40 mil pesos, lo que propició la queja de tres ciudadanos que solicitaron una reverificación al medidor de luz, en los tres casos la Profeco detectó errores y evitó que se realizaran los cobros, afirmó Sagrario Vázquez titular de la Profeco.
Fuente

Sigue Leyendo...

Petróleo: viejos argumentos, nueva amenaza privatizadora

Editorial
La Jornada
1 de Abril del 2010

En el Foro Internacional de Energía que se desarrolla en Cancún, Quintana Roo, y ante representantes del sector energético de unos 60 países, la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, solicitó ayuda a las empresas petroleras internacionales, a fin de recuperar nuestros niveles de producción” de hidrocarburos y superar las carencias de Petróleos Mexicanos (Pemex) en materia de tecnología y capacidad de operación. Por su parte, el director de esa paraestatal, Juan José Suárez Coppel, dijo que es necesario “flexibilizar” la estructura y la regulación de Pemex a efecto de hacerla más eficiente y rentable, y puso como modelos a compañías como “Cemex, Televisa, Telmex y Grupo Modelo”.
Las expresiones de ambos funcionarios son, en lo medular, la reiteración de los argumentos con que el gobierno federal pretendió avanzar, en abril de 2008, una iniciativa de reforma energética que planteaba la entrega a particulares extranjeros de los filones más redituables de la industria petrolera nacional. Entonces, como ahora, se presentó un “diagnóstico” desastroso del estado de la paraestatal; se insistió en la necesidad de incrementar su producción y se dijo que esto sólo sería posible con el apoyo de compañías trasnacionales.
Aunque tales afirmaciones fueron suficientemente rebatidas durante los foros que el Senado de la República organizó –a contrapelo de la premura gubernamental por hacer pasar al vapor la iniciativa referida– en los meses previos a la aprobación final de las normativas vigentes en materia petrolera, el gobierno federal se muestra empeñado en volver a la carga con argumentos semejantes y alimenta, con ello, la incoherencia declarativa que le caracteriza: si en octubre de 2008 la dirección de Pemex aseguraba que con la reforma legal en materia petrolera se ganaba “flexibilidad operativa, capacidad de ejecución y nuevos márgenes presupuestales”, hoy sostiene la necesidad de llevar a cabo “una transformación de la empresa”; si hace dos años el propio Felipe Calderón señaló que con la reforma aprobada en el Congreso se “modernizaba a la economía”, hoy el político michoacano atribuye la disminución en la producción petrolera a las trabas legales que impiden al sector privado participar en Pemex.
En cuanto a la supuesta necesidad de que Pemex funcione como una empresa privada, la afirmación resulta lamentable por partida doble: porque contraviene el beneplácito expresado hace unas semanas por el propio funcionario al presumir el incremento en la restitución de reservas probadas y, por otro lado, porque pasa por alto que la producción petrolera nacional reviste carácter estratégico para el desarrollo del país y que por esa razón no puede ni debe operar en la lógica de una compañía particular.
En suma, frente a las declaraciones vertidas ayer en Cancún por funcionarios calderonistas, es inevitable suponer una continuidad en el afán privatizador del gobierno federal, a pesar del aluvión de críticas que mereció su intento de desmantelar la industria petrolera nacional y entregarla a particulares. De persistir este intento, el régimen actual corre el riesgo de revivir la división social que su empeño privatizador provocó en 2008, con el agravante de que el deterioro gubernamental e institucional es más pronunciado hoy que hace dos años, y de que ello abre la perspectiva indeseable de una discordia nacional de gran calado y de una profundización irreversible en el descrédito que acusa la presente administración.
Fuente

Sigue Leyendo...

La Corte puede impedir que avance la privatización ilegal del petróleo: PRD y PT

El gobierno planea un esquema que cedería la renta petrolera a trasnacionales, explican

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Jueves 1º de abril de 2010, p. 23

Senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) advirtieron que en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está impedir que el gobierno de Felipe Calderón continúe violando la Constitución, al avanzar en la privatización ilegal del petróleo.
Los senadores perredistas Tomás Torres y Graco Ramírez, y el petista Ricardo Monreal consideraron que la Corte debe resolver a favor de la controversia constitucional que presentaron los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), toda vez que el Ejecutivo se excedió en sus facultades al emitir los reglamentos de la ley de Pemex y de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo.
Calderón “apeló nuevamente a una disposición secundaria para introducir la figura de contratos incentivados, que no es otra cosa que los contratos de riesgo prohibidos en la Carta Magna”, y esa ilegalidad no puede ser avalada por los ministros, afirmó Monreal.
Por separado, el senador Pablo Gómez advirtió que en la reforma energética que se aprobó en 2008 se acotaron muy bien los incentivos que Pemex puede otorgar a los contratistas, pero el gobierno federal planea un esquema de extracción de crudo que cedería la renta petrolera a las trasnacionales, pese a que ésta “no puede ser compartida por nadie, porque corresponde íntegramente a la nación”.
Éste fue uno de los puntos que más se discutieron cuando se aprobó y dictaminó la reforma petrolera, porque con esos contratos incentivados o por desempeño es que se haría la privatización de la paraestatal, “por ello la secretaria Georgina Kessel está tan preocupada por la resolución de la Corte”, recalcó Monreal.
En tanto, el senador Ramírez Garrido Abreu, secretario de la Comisión de Energía, explicó que en el Senado el PRI no aceptó que se presentara la controversia, pero en la Cámara de Diputados la fracción del tricolor estuvo de acuerdo y llevó a la Corte el recurso “que puede parar en definitiva las ansias del gobierno federal de privatizar Pemex”.
El senador Gómez Alvarez dijo que esos contratos para la extracción de crudo se quieren convenir sobre la base de largo plazo y de zonas enteras, lo que implica otorgar a la compañía contratista una función permanente que corresponde sólo a Pemex. Eso no es legal, “pero es más claramente ilegal pagar por la extracción a largo plazo sobre la base de un porcentaje del costo de la extracción misma”.
Abierto el pozo y al pagar los costos industriales del mismo, el crudo está a la mano y todo el valor del petróleo, el cual es propiamente la renta, corresponde a la nación, y sobre éste no puede concederse ningún porcentaje, pues de ser así se estaría compartiendo la renta misma, destacó.
Fuente

Sigue Leyendo...

Pemex: privatización en curso

Kessel clama por ayuda internacional para que México recupere la producción de crudo

• La paraestatal necesita tecnología y mayor capacidad de operación
• En seis años la caída fue de 800 mil barriles diarios, señala en el Foro Internacional de Energía
• Instan a fortalecer el diálogo entre países petroleros y consumidores

Israel Rodríguez J., Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 1º de abril de 2010, p. 3

Cancún, QR, 31 de marzo. La secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, pidió ayuda a las empresas petroleras internacionales para recuperar la producción de crudo en México, que en los seis años recientes se ha desplomado en 800 mil barriles diarios.
Argumentó que Petróleos Mexicanos (Pemex) necesita tecnología y mayor capacidad de operación, por lo que se requiere de la “colaboración” de otras compañías.
Durante la declaratoria ministerial del Foro Internacional de Energía, ante representantes de alto nivel de más de 60 países, Kessel Martínez sostuvo que se necesita colaboración y tecnología para recuperar los niveles de producción.
“No tengo la menor duda de que es muy importante la colaboración que pueda tener Pemex con otras empresas.
“En México, como se ha mencionado, hemos tenido una reducción de la producción de crudo en relación con la máxima que tuvimos en 2004, de 3 millones 400 mil barriles diarios a 2 millones 600 mil barriles en la actualidad.”
Esta situación, manifestó, nos mueve a incorporar una mayor capacidad de operación de Pemex y necesitamos nueva tecnología.
“Los campos a los que nos estamos enfrentando ahora en México son de mucho más difícil acceso. Esto significa que requerimos, de una u otra forma, de la colaboración de otras empresas de nivel internacional, precisamente para recuperar nuestros niveles de producción.”
Después que se conoció que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la intensificación de actividades de exploración en el Golfo de México, tras de 20 años de moratoria, Kessel señaló: “hemos venido platicando con el gobierno de Estados Unidos precisamente sobre este asunto: los yacimientos transfronterizos”.
Al solicitarle más detalles sobre los encuentros que ha sostenido con su contraparte estadunidense acerca de la negociación sobre la explotación de yacimientos transfronterizos, Kessel Martínez pidió no abordar ese tema, porque el propósito del encuentro era destacar la aprobación de la Declaración Ministerial de Cancún, que está orientada a fortalecer el diálogo energético internacional entre países productores y consumidores de petróleo. Sólo respondió: “hemos avanzado en estas negociaciones y estamos en el camino correcto para poder llegar a un anuncio próximamente”.
La moratoria en la explotación de yacimientos compartidos entre Estados Unidos y México vence en enero de 2011; en las negociaciones participan las secretarías de Relaciones Exteriores y de Energía.
Durante la declaratoria ministerial del Foro Internacional de Energía estuvieron presentes Graham White, director internacional de Energía y Cambio Climático del Reino Unido; Ali bin Ibrahim Al-Naimi, ministro de Petróleo y Recursos Naturales de Arabia Saudita; lord Phillippe Hunt, secretario de Estado del Ministerio de Energía y Cambio Climático del Reino Unido; el príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud; Noe Van Hulst, secretario general del Foro Internacional de Energía; Nabuo Tanaka, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, y Abdalla Salem El-Basri, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Se acordó fortalecer el diálogo entre consumidores y productores, reconociendo la necesidad de mantener un compromiso político de alto nivel durante este año, y se decidió realizar otra reunión antes de marzo de 2011, en Riad, reino de Arabia Saudita, para aprobar la Carta del Foro Internacional de Energía y discutir los progresos del trabajo analítico.
El grupo de expertos de alto nivel supervisará el progreso en la implementación de las áreas de cooperación entre la Agencia Internacional de Energía, el Foro Internacional de Energía y la OPEP.
Fuente

Sigue Leyendo...

¡¡¡Alto a la Represión!!!

Sigue Leyendo...

México: Alianzas con ofensas (Parte II)

Teodoro Rentería Arróyave
especial para ARGENPRESS.info
miércoles 31 de marzo de 2010

Al continuar con toda esta confusión que han provocado las alianzas contranatura de las izquierdas con las derechas, es decir alianzas del poder por el poder, persistimos en recoger en forma cronológica las ofensas y los agravios que se dan a más no poder y continuarán, inclusive, tras el proceso electoral.
Domingo 24 de enero. El tranvía del centro histórico será la catapulta del jefe de Gobierno del Distrito Federal, el perredista Marcelo Ebrad Casaubón, aseguraron los legisladores panistas locales.
Antonio Mejía Haro candidato de la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, divide al PRD en la entidad y se deshace la alianza con el PAN.
En Chihuahua, el presidente estatal del PRD, Miguel Vargas Loya solicitó a las autoridades electorales investigar los gastos de campaña del precandidato panista a la gubernatura. Carlos Borruel Baquera.
Lunes 25 de enero. Entra Vicente Fox Quesada en la contienda al desaprobar la alianza con el PRD ya que “representa la incapacidad de cada partido político para desarrollar liderazgos”, además de que acusó: “el PRD no tiene principios, no tiene valores, y por tanto no hay nada que compartir con ellos”.
La Reforma Política propuesta por el presidente Calderón “es chiquita y de última hora” afirmó el diputado perredista y ex ministro de la Corte, Juventino Castro y Castro.
“La minireforma política es un iniciativa mal intencionada, desarticulada que fortalece al presidencialismo, es una ofensa a la inteligencia de este país”, dijo por su parte el diputado petista, Porfirio Muñoz Ledo.
El Partido Acción Nacional urgió a la Procuraduría General de la República a objetar ante la Corte las bodas gays promovidas por los legisladores del PRD, así lo dio a conocer su presidente, César Nava.
Andrés Manuel López Obrador no cabe en la construcción de las alianzas, espetó el dirigente estatal del PAN en Oaxaca, Alberto Moreno Alcántara.
No viciar el proceso electoral del estado de Hidalgo imponiendo a Xóchitl Gálvez como candidata de una posible alianza, exigieron los cinco precandidatos del PRD, encabezados por José Guadarrama, a su presidente nacional, Jesús Ortega.
En Cananea, López Obrador instó a los mineros en huelga a estar atentos porque luchan “contra las mafias del poder”.
El Consejo Estatal del PAN en Hidalgo, confirmó la candidatura de Xóchitl Gálvez, pero negó que pretenda imponerla.
La arquidiócesis de México, calificó de prepotentes a los legisladores locales perredistas al imponer los matrimonios del mismo sexo.
El Distrito Federal no es el paraíso del aborto, afirmó la perredista presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, Maricela Contreras, al declarar que de lo que nos debemos cuidar, son de las organizaciones ocultas como la del Yunque panista.
Así van, hasta la yugular estas alianzas de las ofensas entre las izquierdas y las derechas.
CONTINUARÁ.

Sigue Leyendo...

Enfrenta la CFE unas 13 mil demandas; 7 mil sólo en 2009, según reveló al IFAI

Cayeron 35% sus ventas por desconexión de grandes usuarios y menor consumo: Moody’s

Elizabeth Velasco y Víctor Cardoso
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de marzo de 2010, p. 19

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta al menos 13 mil demandas por tres causas principales: impugnación de la tarifa que se cobra en el recibo, licitaciones otorgadas por la paraestatal en materia de obra pública y adquisiciones, y rescisión de contratos con empresas, reveló al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en los expedientes 5712/09 y los que se acumulan al 5987/09.
Aunado a ello, la CFE indicó que sólo en 2009 enfrentó 7 mil demandas (que menciona como juicios de nulidad o amparo) presentadas por empresas “medianas y grandes” para impugnar los montos de cobro por la tarifa eléctrica.
De ese total, 3 mil 684 juicios de nulidad se encuentran “en trámite o concluidos sustanciados” en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el concepto de tarifas eléctricas.
Sobre el número de casos en los cuales la paraestatal ha perdido las demandas, la CFE refirió que no cuenta con la información sistematizada.
“Otorgar acceso a una sentencia en la que perdió la Comisión Federal de Electricidad supondría hacer una investigación ad hoc para entregar al recurrente (ciudadano que se quejó ante el IFAI) la información de su interés”. Es decir, “implicaría un trabajo de consulta y análisis en cada sentencia”.
Aun cuando la CFE había reservado por 12 años el número de expediente, el juzgado y tribunal donde se litigan los juicios, las reclamaciones y su importe, así como el nombre del actor, los argumentos de la demanda y de la defensa, pruebas, fechas de audiencias, desahogo de audiencias, sentencias y recursos, el IFAI dejó sin efecto la clasificación de los tres primeros conceptos.
De acuerdo con la resolución a cargo de la comisionada María Marván, en audiencia en las oficinas del IFAI funcionarios de la paraestatal habían argumentado que dar a conocer sólo el número del expediente y el tribunal, daría a “la parte interesada la posibilidad de accesar (sic) a la consulta del propio expediente, por sí o por interpósita persona, conocer de manera privilegiada los argumentos presentados en la demanda y la defensa de la CFE, así como las pruebas que ofrecen ambas partes”.
Sin embargo, aceptaron que los contenidos de la información de los 3 mil 684 juicios de nulidad o amparo son “de naturaleza pública”, dado que han sido concluidos o están en trámite, motivo por el cual los propios juzgados difunden el número de expediente. Por tanto, accedieron a remitir la información al solicitante de los datos.
Sin embargo, Marván señaló que la CFE omitió entregar los juicios de amparo sustanciados en los juzgados de distrito de toda la república mexicana, por lo cual le ordena que realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Gerencia de Asuntos Contenciosos, que administra el “sistema jurismática” de la paraestatal, a fin de que entregue una lista con el número de expediente y el nombre del juzgado de distrito o tribunal del Poder Judicial, donde se han radicado las demandas para reclamar la supuesta ilegalidad del cobro de las tarifas eléctricas, bajo los conceptos de “cargo por demanda o cargo por demanda facturable”. En cambio, avaló la imposibilidad de la CFE para precisar el número de juicios que ha perdido.

Desempeño operativo, bajo presión

Un menor ingreso, tanto por la desconexión de grandes usuarios como por la baja en el consumo provocó en 2009 una caída de 35 por ciento en las ventas de la CFE, comparado con 2008.
Además, señala un reporte de la agencia calificadora Moody’s, el año pasado el desempeño operativo de esta paraestatal estuvo “bajo presion” por los efectos negativos de asumir la operación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), “dado que tendrá que absorber el históricamente elevado nivel de pérdidas técnicas en la zona metropolitana de la ciudad de México”.
Con base en información financiera de la CFE, Moody’s informó que para 2010 el presupuesto combinado para las inversiones y gastos de mantenimiento requeridos para los activos de LFC debe ser por 5 mil millones de pesos. Esta cifra coincide con la intención de la empresa eléctrica de colocar certificados bursátiles para financiar inversiones y proyectos de obra pública financiada.
Las ventas de la CFE también se vieron afectadas por un creciente número de clientes que, en busca de menores precios por el suministro eléctrico, han preferido incursionar en el modelo de autoabasto. De acuerdo con reportes de la CFE, de 2003 a marzo de 2010 perdió 119 mil 110 grandes consumidores de los sectores comercial y servicios. Además, más de la mitad de la generación termoeléctrica es realizada por productores independientes.
Fuente

Sigue Leyendo...