Se saturan redes eléctricas en el DF

El sistema, a punto del colapso: SME

Luis Carriles
Milenio.com
2010-04-14

Las redes eléctricas de alto y medio voltaje de la Ciudad de México están saturadas y las compañías contratistas de la Comisión Federal de Electricidad mantienen a la zona centro del país trabajando en la red de emergencia, señala un reporte presentado por el Sindicato Mexicano de Electricistas al gobierno federal.
Los documentos entregados a las autoridades son: estado de la red aérea de la zona centro de CFE, estado de la red subterránea de la zona centro, sistema de protección de la red eléctrica (cables de emergencia) y estado del sistema de distribución.
De acuerdo con los documentos entregados por los ex trabajadores de LFC en diciembre y en enero pasado a la CFE y a la Secretaría de Gobernación, los riesgos de un apagón generalizado en la región centro del país son muy altos, ya que al menos 80 por ciento de los circuitos primarios está dañado o presenta problemas de mantenimiento.
El análisis advierte que los riesgos más altos se concentran en las zonas industriales del valle de México y Lerma en el Estado de México; asimismo, informa que los usuarios comerciales de la zona poniente del Distrito Federal presentarán problemas a finales del primer semestre de este año por los cambios en el clima y la temporada de lluvias.
La inversión requerida para iniciar estos procesos es cercana a los 3 mil millones de pesos; sin embargo, no hacerla dañará la estructura industrial y comercial de la zona centro del país que tiene circuitos que datan de 1950-1960.
Los documentos presentados al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, y al subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, señalan que en promedio las partes más nuevas de los circuitos eléctricos tienen una edad de entre 25 y 30 años.
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Video. CFE no cumple

Es un peligro para la comunidad. Este poste se encuentra en la salida de una Escuela y ya ha causado severos accidentes. Se ha reportado varias veces desde Diciembre del 2009 a la CFE y no se ha hecho nada. el día de hoy Protección Civil ha pedido suspender labores escolares. ?¡Esto no es posible!. Cd. Azteca Ecatepec, Edo. México.
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Esposas SMEítas en Resistencia

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Falla en subestación Cuernavaca de la CFE provoca corte eléctrico

El Choro Matutina
Abril 13, 2010

Los cortes de energía eléctrica ocurridos la mañana de este martes 13 de abril en varios puntos de Cuernavaca se debieron a un problema técnico ocurrido en la transición subterránea-aérea de la subestación ubicada en esta ciudad según anuncia la Comisión Federal de Electricidad.
Mediante un comunicado la CFE asegura que se registró una interrupción del suministro eléctrico que afectó aproximadamente a 10 mil clientes en amplias zonas de Cuernavaca a partir de las 6:29 horas de este martes.
Así lo dio a conocer el Lic. Raúl Gómez Cárdenas, Jefe de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad, quién explicó que el servicio quedó totalmente restablecido a las 8:55 de la mañana, luego de que la carga fue respaldada con otro circuito eléctrico de la misma subestación.
Las colonias afectadas por esta interrupción del servicio fueron la Centro, Palmira, Chipitlán, El Polvorín, Las Palmas, Chulavista y Lagunilla.
Gómez Cárdenas señaló que la obsolescencia de redes y subestaciones y el alto nivel de saturación que se presenta en la subestación Cuernavaca (Teopanzolco), son los problemas urgentes que deben atenderse este año por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y que han venido originando fallas en el suministro eléctrico en la ciudad los últimos días.
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México: La nueva guerra sucia

La guerra sucia está de vuelta. Desde Chiapas hasta Chihuahua, las desapariciones forzadas, asesinatos de activistas, políticos y periodistas y violaciones de derechos humanos van en ascenso.

Kent Paterson
Agencia Lationoamericana de Información
13-4-2010 a las 16:46

Carlos Montemayor rompió un tabú político. Como astuto analista social y autor prolífico, sus novelas acerca de los levantamientos de la guerrilla izquierdista y la represión ejercida por el Estado durante las décadas de los 1960 y 1970 rescataron la memoria de la guerra sucia del cesto de basura de la historia. Aunque el gobierno mexicano aún guarda como secreto de estado los destinos de cientos de personas que sus fuerzas de seguridad hicieron desaparecer durante la guerra sucia, las aportaciones literarias de Montemayor ayudaron a perforar el silencio oficial en una época en que las fuerzas populares luchaban por hacer de México un país más democrático y justo.
La muerte alcanzó prematuramente a Montemayor el 28 de febrero, de un año en que México conmemora el doble aniversario de la Guerra de Independencia de 1810 y de la Revolución de 1910, acontecimientos que desataron aspiraciones históricas hasta entonces reprimidas de tierra y libertad, democracia e igualdad.
Irónicamente, la guerra sucia que el intelectual chihuahuense recreó de tan brillante suerte está de vuelta, justo a tiempo para el año histórico de México. Desde Chiapas en el sur hasta Chihuahua en el norte, las desapariciones forzadas, asesinatos de activistas y políticos, ataques a periodistas y otras violaciones de derechos humanos van en constante ascenso.
Si bien perduran muchos elementos de la primera guerra sucia, nuevos elementos avivan las llamas de la segunda. Mientras la Guerra Fría de Washington era el estandarte de la violencia ejercida por el Estado durante el siglo pasado, la llamada guerra antidrogas de Washington es ahora la cobertura ideológica de la represión actual.
Muchas regiones de México están inmersas en guerras de baja intensidad que coinciden con una creciente intolerancia de estado hacia los movimientos laborales y sociales. Ejemplos de ello son las golpizas infligidas por miembros de la Policía Federal a trabajadores electricistas y los permanentes operativos de contrainsurgencia contra movimientos guerrilleros de izquierda que vuelven a nacer.
La madre del movimiento de derechos humanos en México y fundadora del Comité Eureka, la senadora mexicana Rosario Ibarra de Piedra, comparó los hechos actuales con la guerra sucia de hace décadas, cuando su joven hijo Jesús fue detenido y desaparecido por las fuerzas de seguridad mexicanas.
Ibarra opina que la guerra antinarco de Calderón y la criminalización de la protesta social están impulsando una nueva guerra sucia. Durante un discurso en la Ciudad de México, la ya legendaria defensora de los derechos humanos convocó a los mexicanos de todos los movimientos sociales a cerrar filas y a defenderse mutuamente.
"Exigimos el compromiso y la decisión de lucha para cambiar esta situación", dijo. "Llamamos a que nadie permanezca indiferente al dolor de tantísima gente."
Suele ser difícil saber dónde se inicia un conflicto y concluye otro, o dónde se separan las tinieblas del bajo mundo del sistema político en la superficie. En repetidas ocasiones miembros antiguos o actuales de las fuerzas de seguridad están implicados en actividades criminales. Según la agencia noticiosa Notimex, el Secretario de la Defensa, Gral. Guillermo Galván, admitió hace poco ante senadores el arresto en un momento u otro de 15,000 ex soldados.
Un caso ilustrativo está en el sureño estado de Guerrero, donde la narcoviolencia, rebeliones, pleitos políticos de hace largo tiempo y conflictos sociales históricos se agitan en una mezcla explosiva. Con más de 600 personas aún desaparecidas desde la represión estatal durante los 1970s, Guerrero fue el epicentro de la primera guerra sucia. Hoy el estado crónicamente empobrecido es un frente estratégico para la última.

Las playas sangrientas del paraíso

Las últimas batallas campales y narco-ejecuciones en Acapulco y otras regiones del estado dejaron 58 personas muertas tan sólo del 13 al 15 de marzo. No obstante los asesinatos acumulados ese fin de semana no son sino una muestra del baño de sangre que se extiende por todo Guerrero. La violencia involucra a cárteles del narco en competencia, grupos paramilitares, fuerzas de seguridad y varias organizaciones rebeldes armadas, entre ellas el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
En mayo de 2009, el Comandante Ramiro del ERPI dio una conferencia de prensa a periodistas mexicanos donde reveló años de choques entre las guerrillas y los grupos "narco-paramilitares". Ramiro, con fama de tener seguimiento popular, fue asesinado misteriosamente en la remota localidad de Palos Altos en noviembre del mismo año.
Hercilia Castro, activista por los derechos humanos con la Red de Organizaciones no Gubernamentales de Guerrero, ayudó a documentar los asesinatos de tres hermanos en el pueblo montañoso de Puerto Las Ollas también en noviembre pasado. Alejandro García Cortés, de 19 años, Bertín García Cortés, de 18, y Rogelio García Valdovinos, de 15, fueron ultimados y mostraban el clásico tiro de gracia.
"Esto de verdad me afectó en lo personal. Me conmovió el dolor de la madre que me dijo cómo encontró los cuerpos de sus hijos", contó Castro. "Los muchachos eran la alegría de la comunidad, estaban entre los más vivos, ¿se fijan cómo siempre hay alguien que sobresale?" Castro agregó que los conflictos múltiples saturan las comunidades aisladas en las altas montañas de Coyuca de Catalán y Petatlán: las tierras para el cultivo de drogas, los caminos para el contrabando y los árboles para madera ilegal son artículos de alto valor codiciados por los cárteles apoyados por los grupos paramilitares. Los pobladores, dijo Castro, podrían estorbar a fuerzas ambiciosas que buscan limpiar y tomar el control de la región.
Puerto Las Ollas, donde se llega por caminos de tierra que se vuelven infranqueables durante la temporada de lluvias, es como muchas comunidades rurales. No existe clínica de salud, y sólo hay un maestro que enseñe a estudiantes de todas las edades. Las incursiones de soldados y grupos paramilitares hacen que los hombres tengan miedo de cultivar sus campos, contó Hercilia Castro, y agregó que la "miseria" de la población es palpable.
De acuerdo con Human Rights Watch, a escala nacional la Comisión de Derechos Humanos mexicana, entre 2007 y finales de 2009, recibió 3,399 quejas contra el ejército por violaciones, homicidios, detenciones arbitrarias y tortura. En un informe reciente, la ONG señaló que en un principio sólo se encontró culpables de delitos contra derechos humanos a tres elementos, entre ellos un soldado sentenciado a nueve meses de prisión por la muerte a balazos de un civil en un retén militar.
El agudo incremento en violaciones de derechos humanos corre parejas con la Iniciativa Mérida de 1,300 millones de dólares de E.U. que Washington financia para dar capacitación y equipamiento a las fuerzas de seguridad mexicanas y centroamericanas. Actualmente funcionarios estadounidenses y mexicanos ya ponen los fundamentos para una Iniciativa Mérida 2.

La violencia mancha precampaña electoral

En los preliminares hacia las elecciones estatales de 2011, una nueva oleada de asesinatos con tintes políticos estremece a Guerrero. En febrero cuatro dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de centro izquierda, fueron asesinados en diferentes lugares del estado: José Luis Sotelo, Santana Rayo Chamu, Claudio Hernández Palacios y Antonio Bahena Nava. Citada por el periódico El Sur la ya antigua dirigente del PRD en Guerrero Rosario Herrera recalcó que 28 líderes de su partido han sido muertos en Guerrero desde 2005. El año pasado el coordinador del Congreso Estatal de Guerrero Armando Chavarría fue asesinado antes de haber podido lanzar su ampliamente esperada candidatura para ser gobernador del estado.
Desde su fundación en 1989, el PRD, de centro izquierda, ha sido blanco constante de la represión. Una de sus fundadoras en Zihuatanejo, Obdulia Balderas, recordó cómo el gobierno estatal reprimió al nuevo partido de oposición cuando protestó por un fraude electoral, matando e hiriendo a los manifestantes en los aeropuertos internacionales de Acapulco y de Zihuatanejo.
Al regresar de una visita a la Ciudad de México, Balderas recordó haber visitado a compañeros del partido en un hospital de Zihuatanejo. "Nunca hubo justicia alguna", relató la maestra de escuela jubilada.
Aunque la primera ola de represión contra el PRD tuvo motivos políticos, las razones para la última ronda de violencia contra miembros del partido son menos claras, dice Balderas.
Al mismo tiempo que aumenta el número de víctimas miembros del PRD, los asesinatos y desapariciones de más de 200 militantes del PRD en Guerrero, especialmente durante los años formativos de la organización política entre 1989 y 1996, continúan sin aclararse.
Para consternación de los guerrerenses, las violaciones de derechos humanos se dispararon luego de que se eligiera gobernador del estado a un popular candidato pro-reformista apoyado por el PRD, el ex alcalde de Acapulco Zeferino Torreblanca Galindo. La violencia se incrementó durante un período en que el PRD—un partido que se levantó de las cenizas de la guerra sucia bajo los estandartes de la justicia y la democracia— tenía no sólo la gubernatura, sino la legislatura y el gobierno de muchos municipios del estado.
"Esto representa un retroceso a las guerras sucias de los 1970s", comentó Hercilia Castro. "Es una probadita para la opinión pública de cómo Guerrero es el ejemplo de la eterna guerra sucia, de cómo tiene lugar la represión. Es una muestra de lo que estamos atravesando en todo el país."
Se han vinculado muchas de estas muertes con las guerras del bajo mundo, pero entre las víctimas se encuentran ciudadanos de todas clases. Una organización de base, el Comité de Parientes y Amigos de los Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados, se formó para presionar por que se haga justicia.
En el tercer aniversario de la desaparición de Jorge Gabriel Cerón, estudiante de arquitectura y activista comunitario que fue secuestrado por un comando armado en marzo de 2007, este comité ciudadano emitió un manifiesto.
"Hemos recalcado cómo el llamado crimen organizado forma parte del Estado, de la empresa privada y de la clase política, quien en último análisis es responsable de la inseguridad pública, la corrupción, el terror y la impunidad en la cual vive la ciudadanía en general, y de la cual Jorge Cerón, su familia y todos nosotros hemos sido víctimas."
Capacitados originalmente por el ejército mexicano en la década de 1990, los grupos paramilitares también están resurgiendo en el estado sureño de Chiapas, donde se han registrado ataques recientes a comunidades pro zapatistas y a otras organizaciones de oposición.
La guerra sucia se intensificó después de asumir el poder Felipe Calderón a finales de 2006. Al año siguiente, los dirigentes del Ejército Popular Revolucionario Edmundo Reyes y Gabriel Cruz fueron arrestados y desaparecieron en Oaxaca. No se les ha encontrado y se teme que hayan muerto. En 2008 dos líderes de la organización indígena por el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron secuestrados, se afirma que por policías, y asesinados en Guerrero. A fines del año pasado Mariano Abarca, un prominente organizador contra la minería en Chiapas, fue acribillado en la localidad de Chicomuselo, donde los campesinos habían librado una batalla contra una mina de barita manejada por la empresa canadiense-mexicana Blackfire Exploration Ltd.
La recientes desapariciones y asesinatos de activistas siguieron muy de cerca el fracas de la administración del ex presidente Vicente Fox de procesar penalmente a funcionarios gubernamentales, en particular el ex presidente Luis Echeverría, implicado en los crímenes de la guerra sucia, y la disolución por el gobierno de Calderón de la fiscalía especial encargada de investigar la guerra sucia.

La guerra antidrogas como tapadera

La guerra contra el narco es muy conveniente como tapadera para la nueva represión. En Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, numerosos activistas han sido asesinados o han desaparecido desde 2008, el año cuando estalló una guerra de competencia entre dos cárteles y se despachó al ejército para, ostensiblemente, dominar la violencia.
Entre otras víctimas se encuentran el activista antisecuestros y dirigente de la comunidad mormona Benjamin LeBaron, el líder campesino Armando Villarreal Martha, el profesor universitario Manuel Arroyo, la activista por los derechos humanos Alicia Sainz, el líder de vendedores ambulantes Géminis Ochoa, y Josefina Reyes, ex diputada por el PRD y activa crítica de la militarización. Nadie ha sido arrestado ni sentenciado por los crímenes.
El 2 de marzo Ernesto Rábago Martínez fue asesinado en la Ciudad de Chihuahua. Miembro de la Asociación Civil Bowerasa, Rábago ayudaba a defender a indígenas rarámuri implicados en una lucha por tierras contra poderosos intereses en la comunidad de Carichi. La muerte de Rábago remató casi un año de ataques contra dirigentes indígenas y defensores de Carichi.
En respuesta al homicidio de Rábago, la organización de derechos humanos Cossydhac con sede en la ciudad de Chihuahua y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres exigió que se ponga fin a la criminalización de los activistas y se de protección a defensores de derechos humanos que, afirmaron ambos grupos, viven entre el "compromiso y el riesgo."
Es más: la carnicería diaria de la guerra contra el narco en Ciudad Juárez (que suma cerca de 5,000 muertes desde enero de 2008) obscurece y minimiza temas como el conflicto por tierras entre habitantes de hace largo tiempo y los miembros de una de las influyentes familias de la ciudad. Atrapados en una batalla judicial, los pobladores de la colonia Lomas de Poleo han presentado repetidas quejas de agresiones de guardias armados de seguridad privada que operan en las mismas narices de la policía y el ejército.
Un informe reciente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU documentó 128 agresiones contra defensores de derechos humanos y sus familias entre el 1° de enero de 2006 y el 31 de agosto de 2009. A pesar de órdenes de protección emitidas por funcionarios gubernamentales, las agresiones continúan. En los últimos meses, varias organizaciones que defienden los derechos de los indígenas en la región de La Montaña de Guerrero han experimentado un patrón de vigilancia, invasiones y entradas ilegales y hasta amenazas de muerte. El 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una declaración de alarma ante los nuevos actos de hostigamiento y amenazas de muerte contra miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas Me'phaa.
Revelando que la CIDH había sugerido a varios de los activistas amenazados como testigos en dos juicios internacionales contra el estado mexicano, uno de los cuales implica las presuntas violaciones de dos mujeres indígenas por soldados mexicanos en Guerrero en 2002, el organismo oficial de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos recordó al gobierno mexicano que se habían librado órdenes de protección para los activistas de Me'phaa y que el gobierno tiene la obligación de proteger a los defensores.
"La Comisión recuerda también que el trabajo de los defensores de derechos humanos es crítico para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y desempeñan un papel principal en el proceso para implementar plenamente el estado de derecho y fortalecer la democracia", declaró la CIDH.

El compromiso con los derechos humanos está puesto a prueba

Casi a diario, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian el deterioro del panorama de los derechos humanos en México. Desde que inició el año, una marejada de recomendaciones e informes críticos se ha dejado venir de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de E.U., miembros del Parlamento Europeo, y muchas otras entidades.
La respuesta de la administración de Calderón ha sido contradictoria. Aunque algunos funcionarios reconocen sin dificultad los problemas, la defensividad y el fingimiento en declaraciones políticas aún son reacciones automáticas. Al contradecir el último informe del Departamento de Estado de E.U. el General Brigadier Benito Medina Herrera rechazó la noción de que las fuerzas armadas violan derechos humanos, afirmando a Notimex que el personal militar recibe principios y capacitación en derechos humanos desde los "más bajos niveles" hasta los generales de mayor rango.
Quizá la prueba de fuego del compromiso real de México con las normas internacionales de derechos humanos será la respuesta del gobierno de Calderón a una resolución histórica tomada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
En una sentencia vinculante publicada en diciembre pasado, la Corte hizo responsable al Estado Mexicano por la desaparición en 1974 de Rosendo Radilla, ex alcalde de Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la primera guerra sucia. En presencia de su hijo pequeño, Radilla fue "levantado" por soldados mexicanos en un retén y nunca se le volvió a ver.
La Corte ordenó al Estado Mexicano esclarecer la desaparición de Radilla, reformar el código de justicia militar que protege a los soldados de ser procesados por delitos civiles, compensar a los familiares los daños causados y publicar la sentencia entera en el diario oficial gubernamental y en una publicación de circulación nacional.
El gobierno federal también tendrá que realizar una ceremonia pública en donde reconozca su culpabilidad en la desaparición de Radilla, y erigir una placa en su memoria en Atoyac de Álvarez.
La hija de Radilla, Tita, es vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Arrestados, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM), grupo que ha trabajado infatigablemente por décadas exigiendo justicia para Radilla y otras víctimas de la guerra sucia. Junto con la ONG Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), cuyos abogados llevaron el caso Radilla a nivel internacional, la AFADEM aplaudió la resolución de la Corte como una reivindicación de su lucha y un paso positivo hacia el fin de la impunidad institucional en crímenes contra los derechos humanos.
La Corte concedió a México un año para presentar un informe en donde se detalle el progreso en el cumplimiento de la sentencia. Aun cuando el gobierno mexicano subió la sentencia al sitio web de la Procuraduría General de la República, ha sido lento en cumplir otros aspectos de la sentencia, declaró el director jurídico de la CMDPDH, Humberto Guerrero. Lo más importante, dijo, es que sus parientes siguen sin conocer el destino de Radilla.
De acuerdo con Humberto Guerrero, el Comité de Derechos Humanos de la ONU abordó el caso Radilla en una reunión en Nueva York hace poco. El fiscal militar de México, que asistió a la sesión, dijo a los miembros del Comité que las fuerzas armadas estaban trabajando para modificar el código de justicia militar "en un momento oportuno", concluyó Guerrero.
El cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla, agregó, determinará si el gobierno mexicano refuerza o no el "mensaje de impunidad" que predomina en el país.
"El incumplimiento de la sentencia implica que México no tiene la voluntad de confrontar su pasado autoritario", acusó Guerrero. "México tiene una nueva oportunidad. Tuvo una oportunidad en 2000 con Fox y el fiscal especial, y ahora la tiene con este caso."
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Sorprende apagón a CFE en plena faena

Yesenia Danil
El Diario de Morelos
13 de Abril del 2010

Durante el recorrido que realizaron ayer técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Cuernavaca para supervisar las instalaciones eléctricas, diversos locales comerciales de la calle Guerrero sufrieron apagones por más de una hora.
Los vendedores afectados confiaron en que con la intervención de la CFE los apagones disminuyan, pues las variaciones en el suministro de la energía eléctrica afectan las ventas.
“Ésta es la tercera vez que se nos va la luz en la semana porque han estado arreglando por lo del corto circuito de la semana pasada (…) Claro que nos representa pérdidas, porque la gente no entra a los locales, y nosotros no podemos trabajar sin luz”, expresó la encargada de la juguería “California”.
Durante los trabajos que realizó personal de la empresa paraestatal, realizados al mediodía, por lo menos cinco locales del carril izquierdo de la calle Guerrero estuvieron a oscuras.

Se extiende

Otros lugares en los que se han registrado variaciones en los voltajes de energía eléctrica son la calle de Matamoros y el pasaje Bellavista.
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El SME presente en el 91 Aniversario de la Muerte de Emiliano Zapata

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Intervención de Martín Esparza en el foro del 13-04-2010

Intervención de Martin al termino del foro 13042010 sound bite  SME sound bites

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A nuestros compañeros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM)

GRUPO DIGNIDAD Y RESISTENCIA ELECTRICISTA DEL SME

A nuestros compañeros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM

Salud:

Estimados Camaradas, han pasado 180 días desde que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ha desplegado una firme lucha de resistencia en contra del inconstitucional decreto emitido por Felipe Calderón, mediante el cual pretende extinguir a la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC), despidiendo a más de 44 900 trabajadores agremiados a nuestro Sindicato. Calderón ordenó el 10 de Octubre de 2009, la ocupación militar de las instalaciones LyFC en donde prestamos servicio los trabajadores afiliados al SME, asestando un duro golpe al Sector Eléctrico Nacional, al movimiento obrero y por supuesto a nuestro Sindicato, al condenar a miles de trabajadores y sus familias, a vivir una situación económica precaria, al quedarnos sin empleo.
Desde el inicio de este conflicto, el SME ha demostrado a la opinión pública que quienes están detrás de este inconstitucional decreto de extinción, son algunas trasnacionales, particularmente las empresas españolas Gas Natural, Iberdrola y Unión Fenosa, las cuáles como es de dominio público son propietarias de plantas de generación eléctrica en nuestro país, a contrapelo de que establece el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe la participación de particulares en materia eléctrica. Son ellos, los que ordenaron a Calderón la emisión del decreto de extinción de LyFC, tal y como lo reconoció este señor, cuando días después de su decreto confesó que tuvo fuertes presiones de empresarios que lo llevaron a tomar dicha decisión.
El SME ha denunciado ante la opinión pública nacional e internacional que a pesar que la situación jurídica de LyFC está en suspenso en los tribunales, empresas contratistas al servicio del Gobierno Federal, han hecho labores de esquirolaje, prestando el servicio público de energía eléctrica en la zona central del país. Ha sido inocultable la impericia e incapacidad técnica de los trabajadores de esas empresas privadas, provocando serios daños a la economía de nuestro país, por los constantes apagones que se han suscitado a lo largo de este conflicto. Asimismo, desde el 11 de Octubre de 2009, minutos después de la ocupación militar de nuestras instalaciones, realizada por la Policía Federal Preventiva (PFP), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), acordó establecer un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para transferir todas las propiedades, bienes y activos de LyFC a CFE. Este convenio lo mantuvo oculto el Gobierno Federal, con el propósito de incumplir su obligación de aplicar la figura de patrón sustituto, de acuerdo al artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 290 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y así cumplir con la obligación para reinstalar a los trabajadores del SME en la CFE. El problema se complica, a partir de las amenazas y chantajes que está ejerciendo el Gobierno Federal sobre la dirigencia del SUTERM, con la advertencia de que pudieran ser separados varios miles de trabajadores sindicalizados de CFE, y que la única alternativa que tendrían sería el aceptar laborar en la zona central que atienden los trabajadores del SME. Incluso Víctor Fuentes del Villar Secretario General del SUTERM, declaró a los medios de difusión el 24 de Febrero del presente año que “Ni uno solo de los trabajadores del SUTERM ha prestado hasta el momento sus servicios en el Distrito Federal, Estado de México, o en zonas de Morelos, Puebla e Hidalgo que estaban asignadas a LFC, pues la CFE no ha pedido a este personal que atienda esta zona central” Quienes suscribimos este volante, tenemos razones para no creer estas afirmaciones, además sabemos que existe la intención de la dirigencia del SUTERM de modificar la cláusula 22 de su Contrato Colectivo de Trabajo, la cual reconoce el Convenio de Delimitación de Zonas firmado por ambos Sindicatos en Mayo de 1985 y elevado a categoría de laudo, donde se pacta que LyFC y el SME atiendan la Zona Central del país, mismo que permitió superar enfrentamientos violentos que en el pasado se llegaron a presentar. Por estas razones hacemos un llamado a los trabajadores sindicalizados de base del SUTERM, para que respeten lo establecido actualmente en la cláusula 22 de su C.C.T. y eviten prestarse a ser esquiroles del gobierno federal, invadiendo nuestra zona de trabajo. Como trabajadores del mismo gremio y como hermanos de clase, les hacemos esta respetuosa y firme solicitud. Queremos recordarles que como el mismo Gobierno Federal lo ha afirmado en un estudio elaborado por un tal Eduardo Martínez Chombo, los Contratos Colectivos de Trabajo del SME y del SUTERM son muy parecidos, y por ello en cualquier momento pudieran aplicarle el mismo decreto a la CFE, despedir a miles de trabajadores sindicalizados del SUTERM, acelerando el proceso de privatización y su entrega a las transnacionales. El no movilizarse, o ser sumisos ante las ilegales decisiones del Gobierno Federal no evitará un golpe al SUTERM, por lo que así como en 1999, cuando más de 40 secciones de su Sindicato se manifestaron en rebeldía y marcharon con el SME rechazando la privatización de la Industria Eléctrica propuesta por Zedillo, hoy les convocamos a luchar juntos para lograr el respeto a nuestras zonas de trabajo y por detener la privatización de la Industria Eléctrica Nacionalizada.

¡NO A LA INVASIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO DE LyFC Y DEL SME!

¡POR LA DEFENSA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA MEXICANA Y LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE AMBOS SINDICATOS!

GRUPO DIGNIDAD Y RESISTENCIA ELECTRICISTA DEL SME

Correo electrónico: dyre.sme@gmail.com teléfono: 55927061

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¿Por qué no pagar luz?

Boletín Ciudadano
12 de abril de 2010

El Estado y los medios de comunicación nos dicen que el costo de la luz era elevado por culpa de los trabajadores. La verdad es que desde hace más de 15 años los camaradas del SME estuvieron pidiendo nuevo material para trabajar, pues no se contaba con cableado nuevo para evitar las fallas en el sistema eléctrico. Ante ello recurrían al fundido de cable eléctrico que por obviedad perdía conductividad, a este cable se le llama "scratch", el scratch es cable recocido.
A la fecha, los trabajadores de CFE operan sin equipo y hasta noviembre de 2006 se contabilizaban más de 150 trabajadores electrocutados. Ante tal situación el gobierno y la PFP comenzaron a secuestrar trabajadores del SME para obligarlos a reparar las fallas, pero ¿quién entiende al gobierno? ¿que no eran ellos los culpables? ¿si los trabajadores son los culpables y el gobierno es muy chingón porqué Calderón no se mete a las instalaciones?, a ver si muy macho, es fácil hablar, pero hacer no tanto.
Camaradas, en su viejo recibo de luz, era la SHCP la que imponía la tarifa, de hecho el SME desencadenó toda una campaña para pedir una tarifa justa acorde al nivel de vida de los usuarios domésticos, a esta campaña se le llamó "tarifa social".
Desde hace algunos años, en el norte del país hay un movimiento llamado "no pagues luz", pues los ejecutivos de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC) eran los que se llevaban partidas millonarias por el fraude a los usuarios domésticos. Ellos ganaban desde 150 000 pesos a la quincena cuando el obrero que se juega la vida todos los días en las líneas aéreas, los postes de luz y el cableado subterráneo ganaban sólo 3 500 a la quincena, este era el salario promedio que le parecía insultante al gobierno, pues para Calderón los ricos siempre tienen que ser más ricos y los jodidos más jodidos.
En el sur del país (Chiapas, Tabasco y Campeche), también hay comunidades enteras donde no se paga luz, pues para una familia promedio mexicana, primero está comer, antes que pagar recibos de 5 mil a 15 mil pesos. Esto no es exclusivo de México, sino también en Sudáfrica, donde trabajan con compañías privadas, allá a la gente le embargan sus bienes porque no tiene para pagar la luz, muchos lo han perdido todo, sobreviven con menos de un dólar al día, trabajan como burros para poder pagarle a las compañías privadas, quienes amenazan con la cárcel al pueblo por el delito de no poder pagar cuentas infladas artificiosamente.

BASTA DE TANTA INJUSTICIA ! ! !

A PREPARARNOS PARA LA SEGUNDA EXPROPIACIÓN DEL PETRÓLEO Y LA LUZ BAJO CONTROL SOCIAL ! !

LA ELECTRICIDAD ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO, LA LUZ LA PRODUCE EL PUEBLO Y TIENE QUE SER PROPIEDAD DEL PUEBLO ! !

ALGUNOS ANÁLISIS, VIDEOS Y FUENTES:

VIDEOS Y DOCUMENTALES DE LA RESISTENCIA

http://www.youtube.com/watch?v=aq425j..

http://www.youtube.com/watch?v=9RQ-px..

http://documentosgmr.blogspot.com/200...

http://boletinciudadano.blogspot.com/...

SOBRE LA LUCHA DEL SME

http://documentosgmr.blogspot.com/200...

SOBRE LAS TARIFAS

http://numerosboletin.blogspot.com/20...

http://numerosboletin.blogspot.com/20...

¿Por qué no pagar luz?
¿Por qué dejar en manos de los monopolios empresariales algo que nos pertenecía por derecho constitucional hasta 1994, antes de la reforma al artículo 27 constitucional?

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibl...

Revisar el artículo 27:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
Este artículo fue modificado por Carlos Salinas de Gortari en para dar consesiones al capital privado.
http://www.google.com.mx/search?hl=es...
http://dialogonacional.org.mx/iipon63...
Salinas de Gortari sigue en el SME, ¿quién es Jorge Sánchez?
http://www.fte-energia.org/sdp/2009/b...
También reformado por Ernesto Zedillo Ponce de León en 1999, para abrir paso a la privatización
http://www.fte-energia.org/sdp/2009/b...
Y por Fox en 2001
http://www.banxico.org.mx/tipo/dispos...
Un enlace sobre todas las reformas al artículo 27 en general:
http://www.google.com.mx/search?hl=es... 15/03
¿La consigna?
¡ ¡Ni un peso al gobierno burgués y espurio de FECAL! !
¡ ¡ A fortalecer la ANRP con representación en las calles! !
Fuente: Boletin Ciudadano

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México: El combate al narcotráfico ya no es un problema de drogas sino de seguridad del Estado, es decir, político

Pedro Echeverría
especial para ARGENPRESS.info
lunes 12 de abril de 2010

1. Ya no saben sobre qué declarar los tontos funcionarios porque nada saben de ciencia política o de historia, aunque sí de policías y ladrones. En vez de analizar a fondo sobre las causas o los motivos del surgimiento del narcotráfico, de reflexionar acerca de ideas para acabar con este flagelo, de la necesidad de terminar con el desempleo y la miseria para que no haya necesidad de integrarse en la llamada delincuencia, se dedican a demostrar esos funcionarios que son muy hombrecitos, que dan la cara y retan a sus adversarios para que salgan a la luz pública y que no solo den entrevistas (a Julio Scherer) en la selva. Es decir, esos funcionarios tontos creen que los perseguidos son idiotas. Pero a pesar de ello el secretario de Gobernación dijo una cosa importante, que el tráfico de drogas ya no es esencial. Lo peligroso es la fuerza que están tomando contra el Estado. ¿Ya es político?.

2. Gómez Mont, secretario de Gobernación, retó al crimen organizado; le exigió que dé la “batalla de frente” porque las autoridades, legisladores y gobiernos están dando la cara en esta lucha. “Nadie se ha hecho menso con el tema (…) ¿O qué? ¿Nos ven embozados aquí o nos ven en la sierra o en el monte dando entrevistas?”. Reconoció que hay “fortalezas y debilidades. “A veces –dice Gómez Mont– no se pueden prever todos los actos. El Estado mexicano, como Estado democrático, se presenta con cara a la gente. Sus instituciones están visibles. “Estos señores (delincuentes) de repente salen de sus madrigueras y a veces el Estado está listo y con información suficiente para neutralizarlos y a veces no”. El funcionario opinó que el problema de la inseguridad no es un “problema de drogas” porque es un problema menor, sino de secuestros, extorsiones y asesinatos.

3. Ya esto del tráfico de drogas es viejo, está superado. Si en muchos países las drogas se han legalizado México no está lejos de tomar esa medida. Lo importante ahora -para el gobierno- es que el ejército de los narcos no siga avanzando contra las fuerzas del Estado porque podría llegar el momento en que el gobierno de Calderón sea obligado a renunciar. Por eso –dicen- no podemos retirar al ejército de las calles y si acaso tomamos medidas como en Ciudad Juárez de retirar mil soldados, los sustituimos con cinco mil policías federales totalmente entrenados por los EEUU y equipados por ese país. Si algo no cabe entre nosotros los funcionarios –dicen- es la ingenuidad: aunque nos acusen que el narco ha penetrado en todos los niveles del estado y la economía, la realidad es que no vamos a permitir que se adueñe del gobierno porque este es un país democrático donde los representantes en el gobierno se eligen por el pueblo.

4. ¿Lo mismo que en Colombia? ¿No que era un problema de salud, de distribución de drogas en las escuelas? Si en los EEUU y otros países europeos el consumo de drogas ha sido legalizado entonces los objetivos del gobierno son otros: aunque desde hace varios años han penetrado, evitar la total implantación de éstos en el gobierno, entre los empresarios y las fuerzas armadas de tal manera que el control de la economía, la política y los medios de información estén al servicio de los narcos. Hoy sólo se habla del “Estado narco” y de “empresarios narcos”, pero no existen todas las pruebas, ¿qué pasaría si realmente estuviera el país absolutamente controlado como en Colombia? Parece estar contemplada en la estrategia de los EEUU llamar terrorista a todo aquel que de alguna manera cuestione al Estado y a las políticas yanquis. Al gobierno mexicano le han dejado la tarea de combatir el terrorismo.

5. Desde los avionzazos contra las “Torres Gemelas” –aquellas donde se colgaba el “hombre araña” y que no se ha aclarado si el mismo gobierno de Bush ordenó que las atacaran- se hizo mundial la “lucha contra el terrorismo”. Para vengar esos actos criminales Bush ordenó la invasión de Afganistán y luego la de Irak usando acusaciones que más tarde se probaron que fueron falsas. Pero Bush y el gobierno yanqui siguió adelante, de manera abierta, su lucha contra el terrorismo. El país más sometido fue México, por su amplia frontera divisoria con aquel país. Desde entonces EEUU sólo mantuvo un discurso: la lucha contra el terrorismo donde englobó a todos los países que mantenían una posición crítica hacia él (Irak, Irán, Corea del Norte, China, Venezuela, Cuba, Libia, Palestinos) Con esos países creó lo que llamó “El eje del mal” con el fin de mantener una amenaza y una propaganda permanente –como terroristas- contra ellos.

6. La calificación que EEUU y las burguesías hacen al terrorismo de hoy es muy parecida a lo que hace 40 años hacían contra el comunismo. A fines de los sesenta también había “oposición” amaestrada, domesticada, integrada para hacer juego político; pero la real oposición, la que no aceptaba el sistema de explotación y opresión, era vigilada, perseguida, encarcelada y asesinada. La clase dominante ha continuado por ese camino, pero en los últimos 10 años –dado la agudización de las confrontaciones mundiales- busca acusar de terrorista a cualquier opositor social radical. Hoy en Colombia no importa la droga, los males contra la salud; lo que persigue el gobierno colombiano y sus jefes yanquis es combatir a los “terroristas”, es decir a las guerrillas de la FARC y a los izquierdistas radicalizados. Por ese motivo promovió la instalación de las siete bases militares norteamericanas en su territorio.

7. En Colombia no fue a los narcotraficantes a los que se persiguió; fue a los grupos izquierdistas a quien comenzó a calumniarse –en todos los medios de información- como narcotraficantes para así justificar la represión contra ellos. Es una vieja forma usada también en México para eliminar a opositores reales por el ejército y la policía. Basta con que te invadan la casa, te siembren la droga y las armas y allí estarán los periodistas listos para las fotos y los videos. Esto se ha estado practicando en México con mayor intensidad contra los activistas, incluso periodistas, en los últimos años. Todas aquellas libertades que los trabajadores y activistas sociales había ganado durante décadas, en los últimos 25 años se han venido derrumbando. Necesitamos estar muy atentos para salir a la calles para recuperar lo que hemos perdido; pero no olvidar que las únicas batallas valederas son las que nos permitan acabar para siempre con el sistema de explotación.

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Erogó CFE 2 mil 685 millones de pesos en renta de aeronaves

Sólo el Museo Tecnológico posee artefactos; son para exhibición

Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Martes 13 de abril de 2010, p. 18

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que de 2005 a 2009 erogó 2 mil 685 millones 264 mil pesos por la renta de dos aeronaves Cessna Citation 650 y de ocho helicópteros medianos Bell modelo 412.
A esa cantidad –equivalente al valor de 29 aeronaves Cessna Citation XLS modelo 2004– se debe sumar el costo de operación, mantenimiento y soporte técnico de cada aeronave, según se desprende de las cláusulas del contrato UTA-001/09 que la paraestatal determinó con Servicios Aeronáuticos de Oriente SA de CV, bajo la modalidad de “casco seco, donde los costos y la aplicación del mantenimiento son responsabilidad” de la CFE.
Para el mantenimiento “preventivo y correctivo” de los mencionados aviones Cessna, la CFE gastó 26 millones 236 mil 259 pesos de 2005 a 2009.
Respecto del mantenimiento de los ocho helicópteros Bell 412, los cuales renta a “talleres autorizados por el fabricante, en este caso Bell Textron Co”, la CFE anexó parte del contrato UTA-002/08, en la cual se establece que corre a cargo del “proveedor”, la operación y el soporte técnico de las aeronaves con, tripulación y técnicos calificados.
En diciembre pasado México recibió cinco helicópteros Bell 412 EP como parte de la Iniciativa Mérida, con un costo global estimado en 66 millones de dólares, equivalentes a 815.1 millones de pesos al tipo de cambio actual (12.35 pesos por dólar).
En respuesta a una solicitud de información, la CFE, una de las paraestatales más importantes en materia energética del país, reveló que según los registros de su Unidad de Transportes Aéreos no posee aeronaves de su propiedad en uso.
“Sólo en el Museo Tecnológico de la CFE se cuenta con cinco aeronaves (tres aviones y dos helicópteros), que son elementos de exhibición para el público visitante del museo.”
Respecto del motivo de la renta, señaló: Los “usuarios (de las aeronaves) son servidores públicos de la CFE”, quienes realizan los viajes en horas, “por tratarse de un servicio oficial”. Omitió informar el nombre y cargo de los funcionarios.
Conforme a los datos que proporcionó, el costo por hora por el uso de los aviones ascendió a 45 mil pesos. En el caso de los helicópteros, aseveró que es de 53 mil pesos la hora en los de tamaño mediano (los ocho que contrató).
Según la página de Internet a la cual remitió la CFE para tener acceso al fabricante Cessna Aircraft Corporation y sus centros de servicio autorizados (www.avemex.com.mx), esta empresa cobra a 3 mil 700 dólares por hora de vuelo en un Cessna Citation 650, con capacidad para nueve pasajeros, monto que al tipo de cambio actual equivale a 45 mil 695 pesos.
En las aeronaves Cessna, la CFE voló 2 mil 429 horas, distribuidas de la siguiente forma: 2005, 430:20 minutos; 2006, 554:40; 2007, 530:10; 2008, 562:20, y en 2009, 218 horas con 45 minutos.
Respecto de los helicópteros, CFE informó que voló 48 mil 603 horas, distribuidas de la siguiente forma: 2005, 2 mil 179; 2006, 10 mil 123; 2007, 9 mil 281; 2008, 10 mil 270, y 9 mil 750 en 2009.
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Denuncian Cobros Abusivos de la CFE en una Comunidad

* En un Caso, el Usuario Pagaba Poco más de 200 Pesos y Ahora le Piden 20 mil

Primer Plano

12 de Abril del 2010

Zitácuaro.- Cobros excesivos, representan incrementos de hasta más del mil por ciento con respecto a las tarifas de luz que regularmente pagaban, denunciaron habitantes de la comunidad de Los Ailes. Afirman que en lugar de parar los abusos, solo han recibido malos tratos y prepotencia de parte de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Encabezados por el encargado del orden de Los Ailes, Horacio Garduño, habitantes de la comunidad demandaron un alto a las conductas abusivas de la CFE, que se atiendan sus denuncias y que se les dé una solución justa a sus reclamos.

Tarifas de a 20 mil Pesos

Desde hace varios meses, vecinos de Los Ailes han sido objeto de abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, al recibir sorpresivamente cobros elevados por la tarifa de luz. Pero el colmo fue cuando a un habitante de la comunidad le llegó su recibo por 20 mil 81 pesos.
Se trata de Luis Fabián García Olvera, quien tiene su casa cerca del molino de la comunidad. De acuerdo a su historial de consumo, de dos años anteriores, sus recibos de luz fluctuaban entre 123 y 215 pesos, el más caro.
Por ello le sorprendió recibir, en el pasado mes de marzo, un requerimiento de pago por más de 20 mil pesos. Pensó que se trataba de un error, así que fue a la oficina de la CFE en Zitácuaro para que se aclarara el problema. Pero solo se burlaron de él y le dijeron que la única solución era que liquidara la cuenta.
Al insistir, fueron a revisar su casa, en la que constataron que no tiene muchos aparatos eléctricos; acaso la tele y un refrigerador. A pesar de ello, la respuesta fue la misma: tiene que pagar. Fabián indica que no tiene dinero para liquidar esa cuenta, porque es de escasos recursos, además de considerar que se trata de un abuso de la CFE.
No es el único caso. Son varios los vecinos que denuncian repentinos aumentos en el cobro de tarifa. A una vecina también le sucedió algo parecido, cuando le llegó el recibo por 18 mil pesos. Aunque en ese caso si le bajaron a 800 pesos, que de todas formas era más del 100% lo que pagaba normalmente.

No Hacen Lecturas

El problema, comentan los vecinos, es que la Comisión no acude a sus domicilios a hacer la lectura del consumo y cobra sobre un estimado del consumo. Al reclamar, la respuesta es que se debe de pagar porque así lo indica el medidor y punto.
Asimismo, reclaman la prepotencia del licenciado Sergio Moratalla y la contadora Rosa Martha, de la CFE, quienes prometen atender el problema y no cumplen. Tampoco la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha podido solucionar, al señalar que es un asunto difícil.

Recibos Irregulares

Los vecinos indican que la Comisión no les entrega sus recibos en su casa, ni en tiempo y forma. Que todos los recibe una persona en particular, que tiene contrato con la CFE como comisionista.
Este “comisionista” los obliga a pagar el recibo en su establecimiento, sin entregar el recibo, para que conozcan cuánto deben de liquidar. Insisten en que nadie tiene el derecho de forzarlos a liquidar la luz en determinado lugar y que deben de recibir sus documentos en tiempo y forma.
Por lo anterior, los habitantes de Los Ailes demandaron parar los abusos de la CFE, que se le realice una auditoría a la oficina de la Comisión en Zitácuaro y que se les solución, Puntualizan que no se niegan a pagar, pero debe de ser una tarifa justa.
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Reta Mirón a Lozano a un debate público

Laura Gómez
Periódico La Jornada
Lunes 12 de abril de 2010, p. 32

La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo que presentó el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados va en contra de las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan 90 por ciento de los empleos en el país, ya que facilita el despido, limita la acción de los sindicatos y flexibiliza las relaciones laborales al convenirse el salario por horas con el trabajador, advirtió el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, Benito Mirón Lince.
En una reunión que sostuvo con representantes de sindicatos y cooperativas, emplazó a su homólogo federal, Javier Lozano Alarcón, a discutir de manera pública la propuesta panista, que aumentará el empleo informal, precarizará el trabajo, incrementará el desempleo y provocará la desaparición de los sindicatos, porque “se oponen a su proyecto de modernización”.
Mirón llamó a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática a no hacerle el juego a la derecha y velar por que los derechos de los trabajadores estipulados en la legislación vigente en el artículo 123 se cumplan. De lo contrario, advirtió, “estaremos poniendo en riesgo a miles y miles de personas”.
El presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda, consideró que dicha reforma forma parte del paquete de modificaciones estructurales que los gobiernos de las tres décadas anteriores vienen impulsando para cumplir con lo que marca el gran capital estadunidense.
Mientras, Carlos Galindo, del STUNAM, y Jorge Cáceres, de la sección 18 de la CNTE, expresaron su rechazo, porque la iniciativa de reforma panista “arrebata un conjunto de derechos y conquistas laborales”.
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10 motivos para no estar de acuerdo con ninguna reforma laboral en México

Equipo Editorial
Mi Punto de Vista
Domingo, 11 de Abril de 2010

Presidente Colegiado de la Unión de Juristas de México

1.- El 18 de marzo de 2010 un grupo de legisladores panistas presentó una iniciativa de reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que propone la eliminación de derechos previstos en la Ley y conquistados en más de un siglo de lucha de las y los obreros mexicanos. De los 1010 artículos de la LFT, proponen el cambio, adición o supresión de 429, mediante modificaciones cosméticas y de fondo, con la intención de anular la estabilidad en el empleo, a través de nuevas modalidades flexibles de contratación (a prueba, por temporada y capacitación inicial), la fijación del banco y pago por horas, las multihabilidades y la legalización de los outsourcing, substituyendo el Estado social por un Estado “pollero”, por ello, las y los mexicanos honestos no estamos de acuerdo.

2.- La reforma laboral que propone Calderón forma parte del paquete de reformas estructurales que los gobiernos de las tres últimas décadas han venido impulsando para cumplir las “recomendaciones” del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el contexto del “Consenso de Washington”, con el propósito de insertar la economía mexicana al neoliberalismo, desaparecer el Estado social, suprimir su papel rector en el desarrollo económico, desregular el marco legal para ajustarlo al del Tratado de Libre Comercio de America del Norte, facilitar la entrada de capitales y la utilización barata y a gran escala de la mano de obra en beneficio de los magnates capitalistas, vulnerando la soberanía nacional y la supremacía constitucional, por ello las y los patriotas no estamos de acuerdo.

3.- Los objetivos formales de la reforma panista establecen adecuar la LFT a la “modernidad”, mejorar la productividad y competitividad y fomentar el empleo, lo cual aparece como piadoso, pero falso e imposible de conseguir, debido a la crisis del modelo económico que prevalece, irracional, injusto, con un sistema político y judicial corrupto, sujeto a profundas y diferenciadas desigualdades, dependiente del exterior, desprovisto de progreso científico y de un presupuesto y banca de desarrollo social que apoye el bienestar colectivo, la innovación tecnológica y el financiamiento a millones de micro y pequeños empresarios. La reforma es solamente un fraude “legal” en beneficio de los grandes capitalistas. Por ello, las y los ciudadanos conscientes no estamos de acuerdo.

4.- La reforma laboral panista tiene como objetivos reales cumplir con intereses extranjeros opuestos a los del país y a los de los trabajadores, al proponer los mismos esquemas de las reformas laborales que se han establecido en Europa y Latinoamérica y que han fracasado para mejorar el empleo y las condiciones de trabajo de cada país, pues al responder a una estrategia globalizadora, únicamente han beneficiado al capital trasnacional, propiciando la desvalorización del trabajo, la pérdida de derechos, la precarización del empleo y la restricción de los derechos sindicales, por lo que de aprobarse en México, en el marco del bicentenario de nuestra Independencia y centenario de la Revolución, fundaría una regresión social, por ello las y los trabajadores no estamos de acuerdo.

5.- La propuesta de reforma laboral contenida en la mayoría de las 334 iniciativas presentadas en los últimos 22 años, ha sido con los mismos supuestos, sin considerar que el escenario ha cambiado. Hace tres décadas el neoliberalismo propició una nueva acumulación de capital al abrir los mercados, elevar la productividad y reducir los costos laborales, valiéndose del progreso científico y la caída del campo socialista y del movimiento sindical, permitiendo el crecimiento y enriquecimiento de algunos países y trasnacionales y la contención del desempleo. Treinta años después el modelo se agotó, no hay crecimiento ni empleo. La crisis global tocó fondo. Reformar la LFT en medio de la crisis para quitar “rigideces”, anulando derechos, y promover la inversión extranjera, sin protección de nuestras empresas, más que un error sería un crimen de lesa humanidad, por ello, las y los millones de damnificados del neoliberalismo no estamos de acuerdo.

6.- Los trabajadores y sindicatos mexicanos no han pedido ni demandan una reforma laboral, ni mucho menos una que les quite derechos, sin consulta alguna; que pretende facilitar su aprobación dejando de adorno el artículo 123 Constitucional, al aprobar cambios contrarios a los derechos laborales adquiridos, y, que se basa en argumentos engañosos de que es necesaria para modernizar el país, actualizar el marco legal, generar miles empleos, mejorar la productividad y la impartición de justicia, cuando es evidente que quienes demandan dicha reforma, son los oligarcas, los grandes capitalistas, banqueros y empresarios, así como los partidos y diputados que han traicionado a su pueblo en razón de sus mezquinos intereses, por ello, las y los sindicalistas no estamos de acuerdo.

7.- La problemática laboral y la experiencia del movimiento obrero muestran que en la coyuntura que vive México no se necesita de ninguna reforma laboral, sino que se cumpla la ley vigente, porque el problema no es la Ley sino quienes tienen la obligación de hacerla cumplir. La Constitución, la LFT y la Ley Federal del Trabajo Burocrático, prevén una serie de derechos que no se cumplen por el gobierno, con la complicidad de las Juntas de Conciliación, Tribunales y Ministros del poder judicial, de tal forma, que el empleo para todos, salario suficiente, jornada razonable, vivienda digna, salud y seguridad social, libertad sindical y derecho de huelga, así como el derecho de recibir justicia pronta, gratuita e imparcial, solo constituyen un ejemplo de para qué reformar la ley si lo que hace falta es cumplirla y hacerla cumplir, por ello, las y los juristas no estamos de acuerdo.

8.- El entorno no es nada favorable para las y los trabajadores, estén o no sindicalizados. La recuperación económica es una farsa, porque la realidad y los estándares internacionales indican que ésta tardará 4 ó 5 años y la de empleo mucho más. La descomposición política y la violencia son una constante creciente y las alianzas electorales de los partidos, acreditan verdaderas componendas que no responden a los supremos intereses de la nación y del pueblo. La ofensiva del régimen en contra de los trabajadores y sindicatos es constante, y al no existir una buena correlación de fuerzas en el Congreso para intentar una reforma laboral democrática, como la que pretenden algunos diputados, sería permitir o abrir una falso debate sobre las bondades de cualquier reforma y su aprobación provocaría el caos social, porque a esta reforma se encadenarían la reforma a Ley burocrática y la caída del sistema de pensiones, al precarizar el empleo, por ello, las y los diputados honrados no estarían de acuerdo con dicha reforma.

9.- En síntesis la reforma laboral panista transgrede los fundamentos del derecho mexicano del trabajo plasmados en el original artículo 123 constitucional, al romper con los principios de equidad, igualdad y justicia social que deben prevalecer entre los factores de la producción; transgrede la soberanía nacional, el constitucionalismo social y la supremacía constitucional, anula la estabilidad en el empleo, limita los alcances indemnizatorios que nacen del despido y los derechos colectivos de libertad sindical, huelga y contratación colectiva, proyectando para el caso de su aprobación, la precarización de millones de obreros, jornaleros, empleados, pequeños empresarios y cooperativistas, por ello, todas y todos no estamos de acuerdo con ninguna reforma laboral.

10.- Los juristas llamamos a las y los trabajadores a mantener e intensificar la resistencia, desplegar todas las formas de lucha para defender nuestros derechos, propiciar la organización y la unidad de clase y de todo el pueblo, así como, exhortamos a los legisladores consecuentes a establecer leyes y puntos de acuerdo, que sin tocar la LFT, hagan efectivos los derechos laborales, para que haya empleos dignos, un seguro de desempleo a nivel nacional, salarios suficientes, control de precios de la canasta básica y el respeto al libre ejercicio de los derechos colectivos y sindicales, al igual que, la restitución inmediata de los derechos de seguridad social de carácter universal y solidario y la protección y estatización de los fondos de pensiones y ahorros laborales.
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Por una solución digna, el SME recolecta firmas

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Sustanciación del Medio de Impugnación del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Primer Circuito

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El año de hidalgo en Luz y Fuerza del Centro

Al mando de Jorge Gutiérrez Vera, los directivos de Luz y Fuerza del Centro desviaron, en los últimos meses de su administración, recursos públicos; duplicaron el costo de proyectos y adquisiciones; hicieron pagos irregulares a contratistas, y manejaron discrecionalmente los millonarios ingresos que la compañía obtuvo por el suministro de energía eléctrica a particulares, revela la Auditoría Superior de la Federación en la última revisión que hizo a la extinta paraestatal

Ana Lilia Pérez
Contralínea
11 Abril 2010

La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción.
En el momento en que Calderón decidió desaparecer esa paraestatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejecutaba 10 auditorías a las áreas y programas más importantes, revisiones suspendidas la misma noche en que la Policía Federal Preventiva tomó por asalto la compañía.
Se auditaban los programas de Distribución de la Energía Eléctrica; para la Elaboración de Inventarios, la producción y los servicios de fábricas y talleres; para Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal y el Estado de México; el de Modernización del Parque Vehicular y Equipo Pesado; el de Sustitución de los Transformadores y Blindaje de la Red. Se fiscalizaban también los ingresos de los pagos de particulares por el suministro de energía eléctrica, el manejo de recursos en efectivo y en inversiones temporales, además de los egresos presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”.
La ocupación policiaca de las instalaciones administrativas y operativas impidió que los auditores concluyeran su trabajo: sus equipos de cómputo, papelería, así como la documentación que revisaban a LFC quedaron incautados. Aunque para esos momentos los fiscalizadores ya habían logrado concluir algunas auditorías en las oficinas centrales del llamado Edificio Verónica (en la avenida Melchor Ocampo), las cuales la ASF incluyó dentro de su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 recientemente publicado.
El resultado de tales auditorías evidencia la responsabilidad de la administración de Jorge Gutiérrez Vera en millonarios quebrantos a LFC. Revela lo costoso de la mala planeación en los proyectos medulares, un desmedido sobreejercicio presupuestal, pagos en demasía a terceros, desvío de recursos y peculado, un uso y abuso de millonarios recursos de la paraestatal que, sin duda, contribuyeron a la “quiebra” aludida por Felipe Calderón.
Ante tales hallazgos, el órgano máximo de fiscalización del país solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir las investigaciones en contra de los funcionarios responsables, en su mayoría, directivos “de confianza” encabezados por Gutiérrez Vera.

Las auditorías

La ASF auditó los recursos en efectivo y las inversiones temporales que manejó la Subdirección de Finanzas de LFC, a cargo de José María Rivera. En 2008, manejó 3 mil 703 millones de pesos en cuatro cuentas: una de inversión por 3 mil 666 millones, otra de fondos fijos por 2 millones 554 mil pesos, una de fondo remesas extraordinarias por 13 millones 369 mil pesos, y una “caja confidencial” por 20 millones 704 mil pesos.
A juicio de la ASF, el subdirector manejó los recursos con deficiencias en el control interno e irregularidades administrativas. Por ejemplo, descubrió que la Subdirección de Finanzas utilizó cuentas contables que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda: para “Préstamo de Garantía Antigüedad Sindicalizada, “Anticipos gastos funeral”, “Otros anticipos”, “Salarios no cobrados”, “Anticipos por vacaciones”.
En esta área, la Coordinación de Remuneraciones y Presentaciones al Personal de Confianza manejaba una “caja confidencial” –que a diciembre de 2008, tenía un saldo de 20 mil 704 millones de pesos–. De ésta se hacían transferencias bancarias a personal activo y jubilados, préstamos a cuenta de antigüedad, pensiones alimenticias, finiquitos, liquidaciones y laudos, principalmente. En tales operaciones, la ASF acreditó transferencias irregulares que contravienen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), por ello, solicitó al Órgano Interno de Control abrir las indagatorias respectivas.
La auditoría evidencia un verdadero caos fiscal en el manejo financiero de LFC. Por ejemplo, ninguno de sus registros contables ni estados financieros recibió el visto bueno de la SHCP. Apenas intervenida LFC, Felipe Calderón dispuso clasificar como confidencial toda la información y documentación de la compañía.
La misma Subdirección manejó una cuenta de “Bancos Fondos de Inversión”, en la cual el dinero de LFC se invirtió sin que hubiese una estrategia financiera. Para el 31 de diciembre de 2008, presentaba un saldo de 3 mil 666 millones de pesos en 10 cuentas en HSBC, Santander, Banorte, Ixe, Bancomext, y en las instituciones financieras Monex Inversiones, ING Inversiones, Accival y GB.
Descubrió que no había documento ni análisis que justificara la estrategia financiera de los directivos de LFC para tales inversiones. Tampoco información sobre tasas de liquidez, interés, solvencia, incertidumbre, inflación, condiciones de mercado y vialidad de las inversiones en las instituciones financieras.
Tampoco había indicadores que permitieran verificar en qué medida la estrategia financiera, adoptada por la Subdirección de Finanzas, fue adecuada, considerando la naturaleza de la operación, factores externos objetivos cualitativos y cuantitativos, y cumplimiento de metas. Por ello, la ASF determinó que el subdirector violó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En algunos fondos se hizo uso de recursos bajo el argumento de que se trataba de “gastos menores, urgentes e inaplazables”, sin que existiera el soporte documental que lo acreditara. Respecto del uso de chequeras, se encontró que no había una actualización de autorizaciones para de fondos, destinadas a pagos menores de proveedores.
De la “caja chica”, utilizada para cubrir sueldos no reclamados, gastos de trabajo, anticipos de salario, pensión alimenticia, entre otros, se encontraron erogaciones sin la comprobación debida.
Por ejemplo, sin tener la autorización correspondiente, el 29 de octubre de 2008 los directivos dispusieron de 1 millón de pesos para un “operativo emergente llevado a cabo con motivo de la posible suspensión de labores masivas de los operativos de clase A”. En el manejo de estos recursos, no hubo evidencia operativa ni control de los gastos; en algunas facturas que se presentaron a cuenta de este gasto, se encontraron artículos no justificados; por ello, la ASF pidió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), en su carácter de liquidador de LFC, revisar este caso.

Sobreejercicio presupuestal

Dentro de los proyectos de inversión de LFC, la SHCP le autorizó 467 millones de pesos para “desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal”. El proyecto consistía en instalar transformadores, construir alimentadores para la red de distribución y sustituir equipo obsoleto. Los directivos gastaron 580 millones de pesos, por lo que la ASF determinó un sobreejercicio de 113 millones de pesos “como resultado de una mala planeación del ejercicio del gasto”.
Pidió a la SFP fincar responsabilidades a los funcionarios que violaron la Ley de Obras Públicas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque además, a cuenta de este mismo proyecto, se pagaron 14 contratos de adquisiciones sin la autorización presupuestal correspondiente.
En el proyecto de desarrollo y construcción de los sistemas de distribución en el Estado de México, se descubrieron irregularidades en el manejo presupuestal, en los procesos de licitación, en la adjudicación de los contratos y un daño patrimonial de 127 millones de pesos.
El proyecto costaría 267 millones de pesos, según explicaron los directivos de LFC ante la SHCP, la cual les autorizó dicho monto. LFC comprobó un gasto de 189 millones, pero no pudo acreditar el destino de los otros 78 millones 406 mil 868 pesos. La ASF dictaminó daño patrimonial por esa cantidad.
El proyecto para “Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México” consistió en instalar transformadores y construir alimentadores para la red de distribución, además de sustituir el equipo obsoleto. Durante su desarrollo, hubo mala planeación, subejercicio, sobreprecios, entre otras irregularidades. En 26 contratos con terceros para adquisiciones y obra relacionadas con este proyecto, no se incluyó la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso de pagos.
Ya en la ejecución hubo gastos “inflados”. Por ejemplo, el “cambio de voltaje” costaría 3 millones 110 mil pesos, pero los directivos de LFC dijeron que gastaron 8 millones 401 mil pesos. La mano de obra costaría 110 millones de pesos, pero se gastaron 180 millones 706 mil pesos; de éstos no hubo comprobación documental por 48 millones 808 mil 262 pesos; por ello, la ASF determinó un daño patrimonial por esta última cantidad y pidió a la SFP fincar las responsabilidades administrativas sancionatorias.
El proyecto de sustitución y blindaje de la red -que tenía por objeto disminuir las pérdidas de energía por medio de la sustitución de transformadores aéreos de gran capacidad por transformadores de bajas capacidades asociados con la reducción de la longitud de las redes de baja tensión-, costaría 97 millones de pesos, que autorizó la SHCP. Los directivos de LFC gastaron 119 millones 705 mil pesos.
La ASF dictaminó que hubo un sobreejercicio de 21 millones 798 mil pesos, “derivado de una mala planeación del ejercicio del gasto sin la autorización correspondiente y sin la acreditación de haberlo informado en su oportunidad a la Secretaría de Hacienda”.
Además, al auditar el pagó por mano de obra, la ASF no pudo comprobar tales pagos, así que se determinó que hubo un daño patrimonial por los 59 millones 383 mil 164 pesos. En este caso se acreditaron violaciones a la Ley de Obra Pública y a la LFPRH.
En las adquisiciones que LFC hizo en 2008, se detectaron siete contratos que se habían pactado un año atrás, cuyo monto ascendió a 4 millones 129 mil pesos, con fecha de compromiso de entrega para ese mismo año. LFC no pudo justificar el atraso, que en algunos casos debieron rescindirse. En otros, no impuso las penalizaciones correspondientes. Por ejemplo, por los atrasos en sus entregas, a Prolec GE Internacional, se le penalizó por sólo siete días, en lugar de 21.

Compras sospechosas

De los gastos que a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de la liquidación de LFC se hicieron a cuenta de los “Fondos fijos”, se descubrieron numerosas compras realizadas por adjudicación directa, aunque el monto obligaba a los funcionarios a licitarlas, pero además, en muchas de ellas se pagó dos y hasta tres veces más de lo autorizado.
Por ejemplo, en papelería y artículos de oficina se gastaron 8 millones 393 mil 100 pesos, contra 2 millones 300 mil pesos autorizados, es decir, gastaron 300 por ciento más de lo aprobado por Hacienda. En artículos de cómputo, 776 mil 300 pesos, contra lo autorizado de 330 mil. Compra de garrafones de agua por 4 millones 377 mil pesos, cuando era de 2 millones 300 mil.
En utensilios de limpieza, 3 millones 402 mil 800 pesos, contra 2 millones 300 mil autorizados. Compra de refacciones por 2 millones 819 mil 400 pesos, 500 mil pesos más. En lubricantes y aditivos de vehículos, 773 mil pesos, contra 330 mil.

Más pérdidas

El 14 de noviembre de 2005, Luz y Fuerza compró a General Electric International Operations Company 14 plantas generadoras de energía eléctrica. La adquisición incluía el mantenimiento “en garantía” (preventivo y correctivo), por el que se pagaron 770 millones de pesos. Hasta el momento de auditar el contrato (agosto de 2009), el mantenimiento no se había proporcionado.
Dos de las 14 plantas (Coapa y Aragón), no entraron en operación comercial, ello por deficiencias acreditadas a General Electric, ya que los estudios de suelo “no fueron los adecuados”, para ambos casos, porque al instalarse, la planta no funcionó.
Al analizar los egresos del rubro “Servicios generales”, que durante el último año de operación de LFC manejó 1 mil 391 millones de pesos, se detectaron “debilidades y deficiencias” en el control interno.
A cuenta de éste, se compraron licencias de software a Microsoft, pero los auditores de la ASF no pudieron identificar en qué equipos de instalaron. De la misma partida se pagaron los seguros de bienes muebles e inmuebles contratados con Inbursa; Grupo Financiero Inbursa, y Axxa. Se descubrió que, irregularmente, se adquirieron tomando como base un avalúo de los bienes muebles e inmuebles en 2005 y no al 2008, que era el que correspondía, lo cual repercutirá, a juicio de la ASF, “en una recuperación menor de los bienes asegurados”.

Vigilancia, fuga de recursos

De la partida presupuestal de “Servicios generales” se pagó también el servicio de vigilancia contratado a corporaciones policiacas. En nueve contratos vigentes desde 2007, se aplicaron montos adicionales “sin la debida justificación”, hasta por el 45 por ciento más del pactado en el contrato inicial.
En abril de 2006, Contralínea (número 53) documentó diversas irregularidades en los servicios de vigilancia que LFC contrataba a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal para todas sus instalaciones. En los años posteriores, las deficiencias continuaron, según lo documentó la ASF en sus auditorías.
Los manuales mediante los que se contrataba el servicio carecían de validez oficial y no contaban con el visto bueno de la “Sugerencia de normatividad” de la Subdirección de Abastecimiento y Transporte ni con la autorización respectiva de la Comisión de Mejora Regulatoria Interna. El programa de supervisión, con el cual operaban las corporaciones policiacas para LFC, tampoco estaba autorizado.
Respecto de los pagos por servicios se revisaron sólo algunos, cuyo monto ascendía a 146 millones de pesos. Se encontró que dicho pago no había sido validado por la Gerencia de Contabilidad de LFC. Los servicios en las instalaciones de LFC en Morelos, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal no habían sido aprobados ni validados para su pago. Además, al revisar algunas pólizas se detectaron pagos en demasía. Por ejemplo, en la subestación Nonoalco, la SSP cobraba por 21 elementos, y sólo laboraban 10. Ante ello, la ASF dictaminó un daño patrimonial que deberá ser investigado por la SFP.
En los últimos años, LFC también contrató a terceros la custodia de valores. La última fue con Banco Santander Mexicano, mediante el contrato SS-013/2008, vigente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008. Se encontró que se le pagó el mismo servicio para los meses de enero a marzo, es decir, cuando el servicio aún no se licitaba.
Al revisar el contrato, los auditores detectaron que carecía de cláusulas relativas a la prohibición de hacer transferencias a cuentas de terceros y la obligación del custodio de enviar mensualmente el detalle de todos los valores gubernamentales a su cargo, es decir, se operó sin que el custodio (Banco Santander) tuviera ninguna responsabilidad sobre los valores que custodiaba. Ante la gravedad, la ASF pidió a la SFP abrir la investigación y fincar las responsabilidades correspondientes.

Irregularidades en inmuebles

Al momento de su extinción, LFC era propietaria de 489 inmuebles. La ASF alcanzó a revisar los expedientes relativos a 75 de ellos, es decir, apenas el 15 por ciento de las propiedades. Algunas de las irregularidades encontradas fueron: la mitad tenía incompleta la escrituración; sólo 47 estaban a nombre de LFC; 31 a nombre de LM Guibara Sucesores Sociedad en Comandita; tres a nombre de la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, uno a nombre de la compañía Hidroeléctrica del Río Alameda.
Todas ellas son las empresas propietarias de los inmuebles antes de que se nacionalizara la industria eléctrica, lo que significa que, pese a que hubo contratos de compra venta, nunca se formalizó la propiedad de todos los inmuebles a nombre de Luz y Fuerza del Centro, incluso tres de ellos estaban a nombre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las escrituras de 34 bienes inmuebles de LFC no contaban con el sello del Registro Público de la Propiedad, y 69 no fueron inscritas al Registro, por lo que los directivos de LFC violaron la Ley General de Bienes Nacionales, el Código Civil Federal y el Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal, dictaminó la ASF.
El mismo desorden era extensivo a todo el registro e inventarios de inmuebles, muebles y plantas de LFC. Al auditar el Programa para la Elaboración de Inventarios, el cual tenía como objetivo acreditar la propiedad, actualizar registros y resguardo de bienes y el inventario de plantas, instalaciones y equipos en operación valuados en 80 mil 806 millones de pesos, la ASF detectó “debilidades” y “deficiencias” en el control interno, ya que la Gerencia de Contabilidad no tenía los inventarios físicos de bienes inmuebles, líneas de distribución y transmisión, equipo de cómputo y telecomunicaciones, y plantas de generación.
Al respecto, en julio de 2008 la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza había señalado la necesidad de que el titular de la dependencia tuviera al día los inventarios en cumplimiento al programa; sin embargo, éstos no se efectuaron, por lo que “se determinó que no se cumplió con las actividades”.

Decreto de opacidad

El carácter de confidencialidad que Calderón Hinojosa le dio a las operaciones administrativas y financieras de LFC tras su extinción contribuyó a la opacidad en torno al manejo que Jorge Gutiérrez Vera dio a los millonarios recursos públicos de la paraestatal y el destino del dinero que no pudo acreditarse. Quedó en el aire información tan relevante como el destino de 2 mil 960 millones de pesos que LFC manejó en el Programa de Distribución de Energía Eléctrica en el ejercicio fiscal 2008.
La ocupación de la PFP impidió también que la ASF auditara las operaciones, registros y movimientos de los 16 mil 35 millones de pesos que ingresaron a la compañía LFC por el pago del suministro de energía eléctrica. La ASF había planteado que constataría si la recaudación se había efectuado oportunamente y si los particulares pagaron el monto correspondiente, cotejándolo con la documentación que LFC poseía en las instalaciones de Melchor Ocampo.
Sobre este tema, en noviembre pasado, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, denunció la existencia de 6 mil 500 “cuentas especiales” de empresas, compañías, embajadas, y diversas áreas de gobierno federal, incluida la residencial oficial de Los Pinos, secretarías de Estado, además de dependencias de gobiernos estatales y municipales que desde hacía años no pagaban energía eléctrica, y reveló los nombres de algunos de los beneficiados.
Éste sería precisamente uno de los rubros que auditaría la ASF, de acuerdo con un oficio que el 2 de septiembre la Auditoría le envió a Gutiérrez Vera. La revisión incluiría identificar a unas 500 empresas a las cuales, según información que poseía la ASF, extraoficialmente se les permitía conectarse a las redes de LFC sin pagar el suministro.
La auditoría comenzó a finales de septiembre. Dos semanas después sería interrumpida por la ocupación policiaca. Dada la relevancia del tema, la directora general jurídica de la ASF solicitó al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que se les permitiera a los auditores concluir su revisión, de acuerdo con documentos remitidos por la ASF el 18 de noviembre. Se les permitió rescatar sus equipos de cómputo, pero no continuar la fiscalización.
La ASF destaca que “no se dieron las condiciones” para auditar las aportaciones de particulares. El decreto de Calderón y la reticencia a la transparencia por parte del equipo, designado por su gobierno para el “Proceso de desincorporación del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, impidieron tener claridad sobre el manejo que Gutiérrez Vera dio a los 16 mil 35 millones que en 2008 ingresaron a las arcas de LFC vía pagos del suministro de energía eléctrica.
Pero no fue el único rubro sin auditar. Durante la ocupación policiaca, el personal de la ASF fiscalizaba los 2 mil 52 millones de pesos que ingresaron por producción y servicios de fábricas y talleres de LFC. La víspera de la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación se detuvo la auditoría. Aunque el jurídico de la ASF pugnó también porque el Sae le permitiera auditar tales recursos, éste se negó. De tal manera que “no se contó con los elementos para cumplir con el objetivo de la auditoría”, resolvió el órgano de vigilancia.
Otra revisión no realizada fue la de los 334 millones 760 mil pesos que se gastaron en la renovación del parque vehicular y el equipo pesado.
Extrañamente Calderón no permitió a la ASF concluir las auditorías y dictámenes para identificar a los responsables de la quiebra que, según dijo, motivó la decisión de liquidarla. Por el contrario, a Gutiérrez Vera y otros directivos de la compañía, como José Antonio Prado Carranza, titular jurídico (excompañero de César Nava Vázquez en la Universidad Panamericana y su exsubordinado en Petróleos Mexicanos), responsables de las observaciones dictaminadas por la ASF, se les otorgaron jugosas liquidaciones.
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Boletín de Prensa

FORO DE ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE REFORMA LABORAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL


Fecha: 12, 13 y 14 de Abril de 2010
Lugar: Auditorio del Edificio “E” de la Cámara de Diputados en San Lázaro, así como en el Auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas de Insurgentes 98.
Horario: de 10: 00 a 15:00 horas, durante los tres días

12 de Abril Sede: Cámara de Diputados, Auditorio del Edificio “E”

* 9:30 horas: Registro de participantes
* 10:00 Horas: Inauguración a cargo de la Diputada Federal Laura Itzel Castillo, de la Fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT).
* 10:30 horas Ponencia a cargo del Diputado Federal Francisco Hernández Juárez, de la fracción parlamentaria del PRD.
* 11:00 horas: Ponencia a cargo de Azael Santiago Chepi, Secretario General de la Sección 22 de la CNTE, en el Estado de Oaxaca.
* 11:30 horas: Ponencia a cargo de Joaquín Gamboa Pascoe, Presidente del Congreso del Trabajo.
* 12:00 horas: Ponencia a cargo del Diputado Federal Porfirio Muñoz Ledo, ex Secretario del Trabajo y Previsión Social, miembro actual de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
* 12:30 horas: Ponencia a cargo del C. Pedro Miguel, articulista del periódico “La Jornada”.
* 13:00 horas: Ponencia a cargo de Martín Esparza Flores, Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
* 13:30 horas: Sesión de preguntas y respuestas

13 de Abril Sede: Cámara de Diputados, Auditorio del Edificio “E”

* 9:30 horas: Registro de participantes.
* 10:00 horas: Ponencia a cargo del Abogado litigante Lic. Carlos de Buen Unna.
* 10:30 horas: Ponencia a cargo del Diputado Federal Cruz López Aguilar, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
* 11:00 horas: Ponencia a cargo de Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.
* 11:30 horas: Ponencia a cargo de Arturo Alcalde Justiniani, abogado litigante.
* 12:00 horas: Ponencia a cargo de J. Genaro Arteaga, Miembro del Comité ejecutivo del Sindicato Minero, Metalúrgico, Siderúrgico y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).
* 12:30 horas: Ponencia a cargo del Diputado Federal Miguel Ernesto Pompa Corella, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
* 13:00 Horas: Sesión de preguntas y respuestas.

14 de Abril Sede: Sindicato Mexicano de Electricistas, en Insurgentes 98

* 9:30 horas: Registro de participantes
* 10:00 horas: Presentación y contextualización del tema a cargo de Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas.
* 10:30 horas: Ponencia a cargo de Eduardo Bobadilla Zarza, Secretario del Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas.
* 12:00 horas: Ponencia a cargo del abogado Oscar Alzaga Sánchez, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
* 12:30 horas: Sesión de preguntas y respuestas.
* 13:00 horas: Lectura Documento Político y Plan de Acción.
* 13:30 horas: Clausura.

FRATERNALMENTE
“Por el derecho y la justicia del trabajador”
México, D.F., a 8 de Abril de 2010.
FERNANDO AMEZCUA CASTILLO
SECRETARIA DEL EXTERIOR

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La ofensiva patronal

Arnaldo Córdova
La Jornada
11 de abril del 2010

El maestro Ignacio Burgoa (lo llamo así porque era, de verdad, un maestro; siendo doctor en derecho y, además y muy merecidamente, profesor emérito de nuestra Facultad de Derecho) sostenía que los derechos sociales son de naturaleza pública. Estaba equivocado, pero daba sus razones. En lo tocante al derecho agrario y al derecho del trabajo, afirmaba que se trataba de una responsabilidad del Estado el proteger a los sectores sociales involucrados en su reglamentación, los ejidatarios y trabajadores agrícolas y los trabajadores asalariados en general. Estaba equivocado sólo porque no quería reconocer que los derechos sociales son una nueva especie de derechos que no encuadran en el derecho público, pero tampoco en el derecho privado. Están entre ambos.
Una visión humanista y de proyección social del derecho estima que el fin último del derecho es, precisamente, el de proteger a la sociedad y a sus diferentes sectores integrantes. Ahora, en la época del capitalismo salvaje, parece estar ya en desuso, pero tiene sus fines prácticos. La sociedad, por ejemplo, no puede ser sacrificada a intereses parciales o individualistas y hacer la riqueza de unos pocos y la pobreza y la miseria de los más. En su libro sobre las garantías individuales, sistematizador de la materia como también su obra sobre el juicio de amparo (lo reconocía Héctor Fix Zamudio hace ya cuarenta años), estimaba que las garantías sociales tenían, en efecto, el fin práctico de proteger a la sociedad y sus mayorías.
El maestro Mario de la Cueva decía que la mejor forma de tratar para los trabajadores en sus relaciones con sus patrones era a través del contrato colectivo de trabajo. La relación individual del trabajo, recordaba, es un enfrentamiento entre dos seres infinitamente desiguales. El trabajador aislado jamás podrá tratar en condiciones de igualdad con su patrón. Para eso, para tratar igualmente, se inventó el contrato colectivo de trabajo (o, más bien, los trabajadores organizados de todo el mundo lo impusieron a sus explotadores). Pero aun en el contrato individual debe prevalecer el espíritu protector del trabajador, por la sencilla razón de que sin él no es posible crear riqueza alguna.
Quisiera recordar también otra anécdota ilustrativa. Mi maestro de derecho procesal civil y derecho procesal del trabajo en la Universidad Michoacana, don Arturo Valenzuela, que tenía fama de ser un duro abogado patronal, un día se quedó pasmado cuando le pregunté en clase: “¿Cuál sería el ideal del patrón típico para contratar con sus trabajadores?” Él me contestó, sonriente: “Pues, la verdad, sería feliz si no hubiera sindicatos. Siempre será más fácil para él tratar con sus trabajadores en lo individual”. Yo le repliqué que entonces los trabajadores estarían a merced de sus empleadores. Socarrón, me reviró: “Bueno, qué, ¿no somos todos creyentes en el valor de la libertad individual?” Yo, a mi vez, le dije: “Si no somos iguales, no somos igualmente libres”, y él, por supuesto, me remató diciéndome que me fuera a vivir a la Unión Soviética.
Claro que todos los regímenes priístas hicieron de los sindicatos verdaderas maquinarias de opresión de los trabajadores; pero lo chistoso del asunto es que los regímenes panistas no sólo han conservado esas maquinarias corporativistas, sino que las han convertido en engranajes ineliminables de su sistema de gobierno, si es que llega a tanto. Como ahora los panistas, los priístas supieron muy pronto que habían creado verdaderos monstruos imbatibles dentro de su régimen, sobre todo cuando entre los años setenta y los ochenta comenzaron a plantearse el tema de la flexibilización de las relaciones del trabajo y la necesidad, para ellos, de limitar y, de poderse, eliminar la contratación colectiva.
La flexibilización comenzó en aquellos tiempos y fue un ariete que hizo añicos los antiguos valores del derecho del trabajo. Se planteó, para empezar, que no podía sostenerse la jornada de trabajo, cuando muchas veces el trabajador no trabajaba y permanecía inactivo en la empresa, porque, además, debía empleársele sólo para ciertas tareas fijadas en el contrato colectivo. Debía eliminarse la jornada fija y establecer un sistema de uso de la fuerza de trabajo variable y también para otras tareas que no podían convenirse en el contrato. Gino Giugni, el gran laboralista italiano, aconsejó a las organizaciones italianas del trabajo que aceptaran la flexibilización, pero que pelearan porque quedara establecida en sus contratos y jamás rebasara los tiempos laborales por semana o por mes. Así resistieron los trabajadores la embestida patronal.
La esencia de la reciente propuesta panista de reformas a la Ley Federal del Trabajo (cuyo texto me consiguió mi amigo y camarada, el diputado federal Agustín Guerrero) lleva la impronta de la ideología anticolectivista de la patronal. No podrá haber en nuestro país verdadera competitividad ni inversión ni productividad ni exportaciones, así como tampoco auténtica generación de riqueza, si no se elimina el derecho colectivo del trabajo, se hace a menos de los sindicatos, se flexibilizan las relaciones de trabajo y se convierte al trabajador en un agente libre de verdad que trate directamente con su patrón y colabore con él en todo lo que sea necesario para alcanzar aquellos sacrosantos valores de la nueva iniciativa privada (que a Reyes Heroles y a los enemigos del no les fascinan).
Enseguida sólo unos ejemplos. Los nuevos artículos, 39 ordenados con letras, proponen contratos de trabajo (siempre individuales) de “prueba”, para ver si el trabajador es capaz de desarrollar la tarea (de tres y seis meses). Lo malo es que el único árbitro es el propio patrón y no es desechable la idea de que explote a su presunto futuro trabajador por ese tiempo y luego lo eche a la calle. Las relaciones de trabajo, en el actual derecho, son “por tiempo indeterminado”, vale decir, para siempre, mientras el cuerpo del trabajador aguante. En la reforma que se propone se flexibilizan al máximo, de modo que se pueden “pactar” (entre el ratón y el gato) labores discontinuas o fijas y periódicas o temporales, según las exigencias de la empresa.
En su fracción VIII del nuevo artículo 42 se permite suspender la relación de trabajo por temporadas. Se habla de los “trabajadores de temporada”, pero se ve con claridad que no habrá otro tipo de contrato. Nuestros trabajadores protegidos permanentemente, se volverán “trabajadores temporaleros”. Los salarios caídos, ya se ha comentado aquí, sólo se pagarán por seis meses, después de lo cual el trabajador dependerá sólo de sí mismo (artículo 48 propuesto). El artículo 51 cambia la denominación de “trabajador” por la de “persona que trabaja”. El cambio no puede ser inocuo. El 56 legitima, en fin, las labores “conexas” que, de hecho, convierten al trabajador en un milusos al servicio del patrón.

¿No es una belleza de reforma?

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