Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Sábado 9 de octubre de 2010, p. 25
El disco duro de la computadora donde quedaron grabadas las transacciones realizadas durante cuatro años y que provocaron un quebranto a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 308 millones de pesos, desapareció de las instalaciones de la empresa la noche del 20 de junio de 2007, horas después de que fueran descubiertas las transacciones indebidas, lo que hace sospechar que altos funcionarios de la paraestatal están coludidos en el megrafraude.
Lo anterior lo denunció Alejandro Ortega Sánchez, abogado de la cajera María Elena Guerrero Escamilla, quien descubrió el desvío de recursos y por reportarlo a sus superiores fue inculpada y encarcelada con una sentencia de cuatro años seis meses.
El litigante indicó que las transferencias de recursos se hicieron mediante la cuenta que la CFE tenía en el banco Hong Kong Shangai Bank, mejor conocido como HSBC.
Ortega Sánchez refirió: “Cómo es posible que después de que la CFE comprobó que le habían robado cientos de millones, en vez de preservar el lugar, sobre todo la computadora en la que se realizaron las transferencias, permite que entre un individuo y se robe el disco duro”.
En entrevista con La Jornada, el abogado describe cómo se descubrió el desvío de fondos del HSBC a cuentas personales de empleados de la CFE, sin que la auditoría, contabilidad y otras instancias de la paraestatal hayan detectado las transferencias indebidas durante tanto tiempo.
Relata: “El 20 de junio de 2007, María Elena Guerrero, cajera de la subdirección de transmisiones de CFE, llegó a su trabajo, abrió su computadora como todas las mañanas y se dio cuenta de que había transferencias millonarias de poco más de 7 millones de pesos que ella no había hecho. Inmediatamente se comunica con los funcionarios del banco, quienes la guían para conocer quiénes habían realizado las transferencias indebidas y descubre que no sólo eran esos 7 millones de pesos, sino que se habían hecho depósitos a otras cuentas en el pasado que juntas sumaban unos 300 millones.
“María Elena le pidió al funcionario bancario que detuviera las transacciones. Esas transferencias ya no se hicieron gracias a que María Elena (Guerrero) las detectó y las paró en su momento, además se dio cuenta de que había muchas transferencias de cerca de 300 millones de pesos hacia atrás. Se sentía orgullosa como una heroína de haber descubierto el fraude. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) la arraigó y luego le fincó responsabilidades”.
Como parte de las investigaciones, la PGR logra el 7 de octubre de 2007 la aprehensión de Alejandro Morales Méndez, quien purga condena en el Reclusorio Norte, considerado el principal responsable del millonario fraude a la CFE.
El ex empleado, según documentó la PGR, negoció en 2006 47 inmuebles en Pachuca, Hidalgo: 24 a su nombre, 20 al de su esposa Dora Alicia Hernández García y tres inscritos en favor de su primo Crisógono Morales, quien presuntamente recibió transferencias de manera ilegal por 68.4 millones de pesos.
María Elena Guerrero informó a su jefa inmediata Diana Patricia Gutiérrez Molina (actualmente en prisión), a quien le sustrajeron la clave de acceso.
Inicialmente se establecieron cargos en contra de 21 funcionarios de la CFE y particulares que fueron acusados de cometer el mayor fraude conocido en la historia de la empresa eléctrica.
“La CFE está ocultando quienes de arriba están metidos, porque no son las personas de abajo”, aseguró Alejandro Ortega.
El litigante informó que Julián García Aguado (también en prisión) fue la persona que robó el disco duro de la computadora desde donde se hacían las transferencias, sin embargo, el banco no quiso revelar la información de su disco de respaldo aduciendo el secreto bancario, dado que podría perjudicar a otros clientes de la institución financiera.
Para inculpar a María Elena Guerrero Escamilla, agregó el abogado, se utilizó a René Trejo Orduña, quien dependía de Noé Peña, funcionario de la CFE y éste a su vez de Néstor Moreno Díaz, investigado por presuntos actos de corrupción.
La actitud sospechosa del primer juzgador Carlos López Cruz fue que no quisieron admitir las pruebas: primero, la CFE permite que le roben el disco duro y no preservó el lugar de los hechos, pese a que sabían que había un problema bastante grave; y en segundo, cuando nosotros queremos desahogar nuestras pruebas para acreditar que María Elena Guerrero Escamilla no tuvo nada que ver, no lo permiten los jueces y la CFE se convierte en coadyuvante y se va encima de María Elena. La autoridad judicial se comportó muy mal y no cumplió su trabajo.
Posteriormente, la segunda juzgadora, la juez Silvia Estrever Escamilla, ahora magistrada, le manda pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que diga si ella podía exigirle al banco (HSBC) que aportará los elementos que estábamos pidiendo. Y la Comisión (Nacional Bancaria y de Valores) así le contestó: “La juez eres tú y tu tienes las facultades”.
No tomaron en cuenta las pruebas de descargo que beneficiarían a María Elena por la presión de CFE, indicó el defensor jurídico al señalar que es una injusticia completa lo que le hicieron a María Elena Guerrero.
–¿Porque se amparó HSBC?
–Porque perdió en primera instancia.
Fuentes cercanas al banco, que prefirieron permanecer en el anonimato, señalaron que por el tamaño de la cuenta con CFE y la importancia de ese cliente, cada mes un funcionario del banco llevaba personalmente el estado de cuenta a la tesorería de la Comisión. Y dice que tienen los acuses de recibo firmados. Entonces la pregunta es: ¿Si durante cuatro años recibieron cada mes los estados de cuenta, y según el contrato el periodo para reclamaciones era de seis meses, por qué nunca reportaron la sustracción de ese dinero, sino hasta que se dieron cuenta por casualidad?
“Nosotros –detalló Ortega Sánchez– dentro de las pruebas comprobamos que había un contrato en el que se establecía el horario para realizar las transferencias. Éstas se tenían que hacer de nueve a 16 horas y en el expediente del caso había reportes de movimientos realizados a las cinco y seis de la mañana. Entonces, cómo permitió el banco que se hicieran esas transferencias, si no estaban dentro del horario que marcaron ellos (HSBC) dentro de un contrato”.
Después, la CFE le demanda al banco que le regrese los 300 millones de pesos, ante las pruebas de que la institución crediticia estuvo coludida con las transferencias indebidas, porque no cuido ni respeto los horarios. La CFE pierde la primera instancia; en la segunda, que acaba de pasar hace tres meses, condenan al banco a devolver los 300 millones de pesos y los intereses correspondientes, y es contra esa resolución que el licenciado Javier Quijano presenta el amparo directo. Por ahora el proceso está detenido hasta que se resuelva.
La CFE realiza un doble juego: por una parte, pelea el juicio penal para que funcionarios involucrados (entre ellos María Elena Guerrero) le devuelvan los 300 millones de pesos; y por otro, le exige el dinero al banco. “Ya es un negocio para ellos, quieren cobrar dos veces un desfalco”.
La CFE no le informó al juez penal sobre lo que reclama por la vía civil. Además, fueron embargadas de forma equivocada las cuentas de Alejandro Morales, quien tiene más de 50 casas y varios millones en cuentas. “La CFE no lo logró porque la Procuraduría General de la República (PGR) no realizó bien la integración de la averiguación para asegurar los bienes y el dinero. Entonces Alejandro Morales presenta un amparo y le quita el aseguramiento a la PGR”.
HSBC impugnó la sentencia de segunda instancia y presentó una demanda de amparo, que será la tercera y definitiva instancia. Quien gane ya no podrá ser impugnado. En este punto está el proceso legal.
Cabe señalar que La Jornada notificó desde hace una década sobre los malos manejos en CFE por parte de Néstor Moreno Díaz. En otro caso de corrupción, actualmente ya son tres los funcionarios de la CFE acusados de recibir sobornos: Néstor Moreno, Gustavo Salvador Torres y Arturo Hernández Álvarez.
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