martes, 27 de abril de 2010

Entregan oro y plata de México a trasnacionales

Érika Ramírez
Contralínea
26 de abril del 2010

Desde diciembre de 2000 y hasta la fecha, los gobiernos panistas han otorgado más de 24 mil concesiones para la explotación de minas. Tan sólo en lo que va del año, la administración de Felipe Calderón ha autorizado la explotación de oro, plata y cobre a 231 compañías extranjeras. Azure Minerals y Almaden Minerals encabezan la lista de trasnacionales beneficiadas. La mayoría de los corporativos favorecidos tienen sus sedes en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. La Auditoría Superior de la Federación pone en duda la legalidad de la explotación, pues las leyes sólo la prevén para mexicanos, ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas
Oro, plata, cobre, hierro y zinc son extraídos de territorio mexicano por compañías de Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile, revelan informes oficiales. Lo anterior, a pesar de que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la explotación de minas sólo puede realizarse por mexicanos.
Tan sólo en lo que va de este año, 231 trasnacionales han obtenido concesiones de la Secretaría de Economía (SE) para desarrollar más de 704 proyectos en todo el país. Los trabajos de exploración, extracción y producción se palomean sin que la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuente con una política pública en materia minera que ponga a salvo los derechos de la nación sobre sus recursos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Del documento Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, elaborado por la SE y del cual Contralínea posee copia, se desprende que las empresas más beneficiadas en este año son la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp Inc, con 11 autorizaciones.
El mismo informe indica que de las más de 230 trasnacionales, el 81 por ciento de los “permisos” gubernamentales fue en beneficio de filiales con oficinas centrales en Canadá. El resto de las autorizaciones se distribuyeron entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, y, en menor medida, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile.
“Socio comercial” de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá tiene en el país 187 compañías en la búsqueda de oro y plata, metal precioso que ha colocado al país latinoamericano en el segundo lugar en su producción mundial.
Los empresarios estadunidenses tienen a 31 de sus firmas en búsqueda de la riqueza nacional; los australianos cuentan con cuatro de sus filiales; Reino Unido, tres. El resto de las concesiones está en manos de India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
La suma de minas mexicanas concesionadas a las trasnacionales supera los 2 millones de hectáreas. De acuerdo con los “permisos” entregados por el gobierno de Felipe Calderón, las compañías extranjeras podrán explotar este territorio mexicano hasta 2050.

Inconsistencias legales: ASF

La Ley de Minas precisa en su artículo 10 que “la exploración y explotación de los minerales o sustancias (…) sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas (…)”.
En este contexto, el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta pública 2008 indica que 24 de 48 solicitudes para obtener concesiones –de 108 expedientes de la muestra– “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.
La observación hecha a la Dirección General de Minas, órgano dependiente de la SE, es contundente: “No revisó los requisitos que deben cumplir los solicitantes, antes de la expedición del título de concesión, en incumplimiento del artículo 10 de la Ley Minera”.
En tanto, el artículo 27 constitucional dice que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”

24 mil concesiones en 10 años

Otros 10 listados del documento Expedición de títulos de concesión minera, publicados por la Dirección General de Minas, muestran que en lo que va de las administraciones panistas se han concedido 24 mil 586 permisos de exploración de minas en todo el territorio nacional.
Las concesiones, que anualmente rebasan unas 2 mil, fueron palomeadas sin que la SE cuente con una política pública en la materia. Según el informe del máximo órgano de fiscalización, correspondiente a 2008, “la dependencia no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a impulsar la creación, el desarrollo y la consolidación de empresas mineras y el otorgamiento de concesiones mineras”.
Del análisis de la Expedición de Títulos de Concesión Minera, de 2000 a 2010, se desprende que la mayor beneficiaria de estos permisos es la Compañía Minera La Parreña (filial de Industrias Peñoles), con 1 mil 130 autorizaciones.
Peñoles forma parte de Grupo BAL, un grupo privado y diversificado integrado por compañías como el Grupo Palacio de Hierro (tiendas departamentales); Grupo Nacional Provincial (seguros); Profuturo GNP (Afore); Valores Mexicanos-Casa de Bolsa (servicios financieros); Crédito Afianzador (fianzas); y negocios agropecuarios.
A la filial de Peñoles le siguen, en número de concesiones: Industrial Minera México, 647; Exploraciones Mineras Parreña, 367; Minera Penmont, 199; Minera Pecobre, 182; Minera Tayahua, 181; Minera María, 158; Minerales Monclova, 157; Minera de Cordilleras, 137, y Minera Largo, 109; como las 10 principales autorizadas para explorar en las minas nacionales.

Auditoría reprobada

Según la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, la SE reprobó la auditoría de desempeño que aplicó el máximo órgano de fiscalización a consecuencia de que las autoridades encargadas del ramo “no fijaron un indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras”.
La SE “omitió” verificar los requisitos de la concesión minera; se excedió en los plazos para la emisión de las propuestas; no verificó las obligaciones de presentar informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras; no certificó el pagó de derechos por solicitud de concesión minera, ni el de concesión minera, consigna el informe de la ASF.
La auditoría de desempeño muestra que la secretaría que encabeza Gerardo Ruiz Mateos no actualizó las cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no se realizaron visitas a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios, los procedimientos de cancelación de los permisos se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la SE, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.
Se solicitó entrevista con el titular de la SE para conocer la respuesta a las observaciones planteadas por la ASF. También se solicitó entrevistas con los directivos del Fideicomiso del Fomento Minero y de la Cámara Minera, que representa a la industria en México. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Resistencia contra la minería

La resistencia de las comunidades afectadas por la minería en Chiapas se ve cada vez con más fuerza, ya que se están vinculadas con luchas que se dan en otros estados de la república y otros países, como Guatemala, dice el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas 2008, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Entre las acciones que enumera se encuentran:

· Los habitantes del Barrio Las Nubes, del ejido Toquián, municipio de Siltepec, dijeron que “no permitirán que una empresa canadiense explote mineral en su territorio”.

· En septiembre de 2008, habitantes del municipio de Chicomuselo protestaron por la explotación de barita, realizada por la canadiense Blackfire Exploration.

· El Frente Regional Contra las Privatizaciones, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organizó distintas marchas para exigir detener la explotación minera en Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla y otros municipios de la entidad.

· Los pobladores de la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, se negaron a la explotación minera en su territorio, ya que “la extracción de oro a cielo abierto dañará irremediablemente las tierras y contaminará el aire y el agua con residuos tóxicos”.

· En junio de ese año, representantes de comunidades y organizaciones sociales de 10 estados de la república decidieron conformar la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Su principal objetivo es frenar y eliminar la minería a cielo abierto.

· Luego, en diciembre de 2008, “25 organizaciones de México y Guatemala consolidaron un movimiento binacional contra la minería y acordaron rechazar las políticas que pretenden “despojar a las nuestras comunidades de sus recursos naturales”. (ER)
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Boletín de Prensa del SME


A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, CAMPESINAS, INDIGENAS, ESTUDIANTILES Y POPULARES DE MEXICO.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MEXICO Y EL MUNDO.
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

A más de seis meses del golpe de Estado al sindicalismo mexicano y al pueblo de México nuestra organización sindical se mantiene en resistencia utilizando las vías legales, políticas y sociales para hacer la defensa de su legítimos derechos y alcanzar la solución a un conflicto que no fue creado por los trabajadores sino por quienes en su atropellada carrera privatizadora dejaron sin empleo a 44 mil trabajadores electricistas.
El 10 de Octubre de 2009 quedará para la historia del país como el día en que el autoritarismo del gobierno de Felipe Calderón violó en forma descarada y ruin los derechos humanos y laborales de miles de trabajadores mexicanos. La lista de agravios tras el desalojo violento de nuestros compañeros, la ocupación militar de nuestros centros de trabajo y la publicación del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del centro no tiene límite. De facto se nos negó el derecho de audiencia, no fuimos convocados a dirimir un conflicto económico en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, fuimos despojados de nuestro derecho al trabajo sin juicio de por medio, fueron despedidos en masa decenas de mujeres embarazadas, trabajadores incapacitados por riesgo de trabajo, compañeros a meses, semanas o días para obtener su derecho a la jubilación, sin piedad nos dieron de baja en el Seguro Social en sólo 48 horas, mientras que en los medios de comunicación corrompidos se festejaba la decisión “valiente del presidente”.
El día 10 de Octubre pasado en México dejo de existir el Estado de derecho. La Constitución mexicana dice: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Un decreto administrativo con vicios de origen de pronto pasa arbitrariamente por encima de Artículo 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los derechos humanos, el derecho al trabajo, la contratación colectiva, a la libre sindicalización y el derecho a una vida digna de miles de mexicanos.
¿Qué hay detrás de esta atrocidad? Ninguna otra cosa que no sea el interés de privatizar el sector eléctrico, de asegurarle a los grandes monopolios de la comunicación el control de las telecomunicaciones y la insana obsesión de exterminar a un Sindicato clasista y solidario con más de 95 años de lucha obrera. ¿De qué otra manera se entiende la negativa del gobierno a aceptar la contratación colectiva de los trabajadores del SME aun y cuando su materia de trabajo y necesidad de la prestación del servicio público de electricidad existen? No se han ido las plantas de generación, las subestaciones de potencia, las líneas de trasmisión, las redes de distribución y oficinas comerciales que por más de 100 años construyeron generaciones de electricistas para el desarrollo económico y social de México.
Nuestra posición es clara, porque queremos nuestro trabajo no aceptamos firmar nuestra renuncia voluntaria, bonificada por un soborno, tampoco aceptamos su “reinserción productiva” de franquicias de peluqueros, cursos de inglés y computación, mucho menos plazas de esquiroles en empresas contratistas prestadoras de servicios en nuestra zona de atención. Nosotros queremos que nos devuelvan nuestro trabajo. Y de ahí no nos vamos a mover.
Nos hemos mantenido en resistencia sin dar marcha atrás sorteando todos los obstáculos sin perder el rumbo de lo que anhelamos. A seis meses de resistencia, nuestro movimiento entra en una nueva etapa de su desarrollo. Hoy se vislumbra la posibilidad de una salida a partir del resultado de nuestras acciones. Contra viento y marea, nuestro movimiento va construyendo las vías para una solución justa en medio de un nuevo contexto político nacional que favorece nuestra causa. La creación de una Comisión Plural en la Cámara de Diputados de mediación entre las partes en conflicto, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer nuestra demanda de amparo; la resolución del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral que restituye la personalidad jurídica de nuestra Dirección Sindical, son obra de nuestra tenaz resistencia.
El bloque de poder que decidió extinguir LYF se ha roto. La población y los mismos empresarios industriales y comerciales dentro de nuestra zona de atención están descontento con el pésimo servicio de CFE y sus contratistas. La opinión pública cambia de percepción respecto a nuestro conflicto. Los medios de comunicación se dividen a favor y en contra, los partidos inmersos en el proceso electoral se reposicionan en relación a nuestro movimiento y la solidaridad nacional e internacional crece día con día.
Es en este contexto, que la Asamblea General Extraordinaria acordó instalar una Huelga de Hambre Masiva en el Zócalo de la Cd. De México.
La huelga se convierte en una acción central que concentra a todas la fuerza acumuladas por nuestro movimiento no sólo para exigir una solución inmediata al conflicto sino para consolidar y extender su propio crecimiento.
La Huelga es la respuesta electricista a la intransigencia y cerrazón del gobierno federal, a su política de criminalización del movimiento, es nuestra respuesta política a la violenta represión en contra del SME, a las amenazas de encarcelamiento de la dirección del sindicato y de miles de electricistas en resistencia que están en la mira de los ministerios públicos federales. Y es la respuesta a la infame campaña de linchamiento de los medios de comunicación que provocaron un incuantificable daño moral a nuestras familias.
Hoy respondemos con nuestras vidas a tantas injurias, arbitrariedades, despojos, crímenes y vejaciones del gobierno de Felipe Calderón. Hoy respondemos con nuestras vidas a la falta de un empleo para sobrevivir, con la Huelga reclamamos se nos devuelvan nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, nuestra Jubilación que juntos nos son otra cosa que nuestro derecho a tener una vida digna. Si no hay vida digna no queremos vivir en el país de los derechos mutilados y las esperanzas truncadas, Nuestra hambre es de justicia y no de limosnas.
La Huelga de Hambre no es una acción desesperada. Es ante todo una acción consciente de reclamo de frente a un gobierno fascista que presume al mundo una falsa moral y tramposo prestigio de respeto a los derechos humanos. Es un acto de denuncia en contra de su ilegalidad criminal y abuso de poder que nos oprime bajo el catecismo neoliberal del saqueo y la explotación para ganancia de los mercados.
La Huelga de Hambre en el Bicentenario es para reivindicar a los héroes que nos dieron patria, para conmemorar las luchas heroicas de los mexicanos. Pero sobre todo para defender sus legados de libertad, justicia y democracia. La Huelga de Hambre es también la Huelga de todos contra el mal gobierno, su PFP y sus decretos espurios. Es por la solución a la Huelga de Cananea, en demanda de justicia para los deudos del crimen industrial de Pasta de Concho, por la libertad de los presos políticos de Atenco, por el castigo a los criminales que asesinan jóvenes y mujeres en Ciudad Juárez, por la solución a todas las demandas del Pueblo de México.
Llamamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales del trabajo, de, los derechos humanos, a los gobiernos democráticos, a las iglesias progresistas, a los pequeños y medianos comerciantes, a los partidos políticos, a los estudiantes, campesinos y pueblo trabajador a respaldar con acciones a la HUELGA de HAMBRE del SME hasta alcanzar nuestros objetivos. La victoria será de todos los que luchan por un México con justicia y Libertad. ¿SI NO ES AQUÍ, DIGANME DONDE? ¿SI NO SOMOS NOSOTROS, DIGANME QUIENES? SI NO ES AHORA, ¡¡CUANDO!!
¡¡VIVA EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS!!

¡¡REINTEGRACION AL TRABAJO PARA TODOS
LOS ELECTRICISTAS EN RESISTENCIA!!

¡¡RESPETO A NUESTRO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO!!

¡¡RECONOCIMIENTO Y RESPETO A NUESTRO
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO!!

¡¡UNA PATRIA NUEVA ES POSIBLE!!


Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México, D. F., a 25 de Abril de 2010

COMITÉ CENTRAL
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SUBCOMITÉS DIVISIONALES
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