Al menos 2 mil trabajadores de la CFE, sancionados por anomalías y corrupción

• La Secretaría de la Función Pública sólo ha interpuesto una demanda ante la PGR
• Entre los ilícitos, mal uso del presupuesto y faltas en el otorgamiento de contratos

Fabiola Martínez
La Joranda
25 de Octubre, 2010

De 1986 a la fecha más de 2 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han incurrido en irregularidades y actos de corrupción, principalmente en el otorgamiento de contratos, negligencia administrativa y mal uso del presupuesto de la paraestatal.
Las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ascienden en algunos casos a 48.8 millones de pesos, lo cual evidencia el nivel de los ilícitos.
Sin embargo, la SFP ha consignado sólo un caso ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se desconoce a cuántos empleados que cometieron ilícitos se les abrió un expediente penal, pero sobre todo no se sabe cuántos continúan, pese a su negro historial, en la nómina de la CFE.
El caso de Néstor Moreno Díaz, director de operación –en agosto pasado sólo fue suspendido de manera temporal para hacer frente a denuncias en su contra–, es apenas uno de los cientos relacionados con el talón de Aquiles de la CFE: violación a los procesos de contratación.
Moreno Díaz, acusado de aceptar y realizar favores a potenciales contratistas nacionales e internacionales, fue destituido por la SFP. El órgano de control de la CFE ordenó inhabilitarlo 10 años (del 7 de enero de 1998 al 6 de enero de 2008), por “abuso de autoridad”.
No obstante, quien en ese momento era coordinador de transmisión y transformación fue ascendido por el director general, Alfredo Elías Ayub, evidentemente sin atender los antecedentes de corrupción documentados por la contraloría federal mencionada. Más aún: recibió premios por excelencia y representaba a su jefe en actos presidenciales.
Por lo pronto, la lista de irregularidades sigue creciendo. Por ejemplo, en marzo pasado se impuso a un alto funcionario una multa por 41.7 millones de pesos por negligencia administrativa, expediente PA/076/2009. Esa persona fue destituida e inhabilitada 11 años, de 2010 a 2021, y de igual forma la SFP no tiene registro de que se haya interpuesto una demanda penal. En los documentos se puede observar que se impuso una sanción idéntica a otra funcionaria.
Así ocurre en múltiples casos, en los que varios trabajadores son multados por la misma cantidad y se les finca la misma sanción (destitución y/o inhabilitación), situación que evidencia la existencia de relaciones y redes de corrupción en los altos niveles de operación de la CFE, cuyo lema es “una empresa de clase mundial”.
De manera paralela, legisladores y organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) han documentado graves irregularidades en la operación de la CFE, como la contratación de empresas nacionales y extranjeras que no cumplieron los requisitos estipulados en las convocatorias de licitaciones millonarias o que fueron vueltos a contratar pese a desfalcos cometidos en perjuicio de la paraestatal.
De acuerdo con datos obtenidos mediante solicitudes de información pública, la unidad de asuntos jurídicos de la SFP precisó (folio Infomex 000270016 7010) que en el periodo diciembre de 1993-julio de 2010 “fue denunciado ante la PGR solamente un servidor público adscrito a la CFE”.
El caso fue contra un agente comercial, quien cometió el delito de extorsión en mayo de 2009 en Tuxpan, Veracruz. A este empleado se le imputa una irregularidad por 30 mil pesos.
El órgano interno de control de la CFE no interpuso denuncias ante el Ministerio Público. En el oficio 18/164/CFE/CI/ AQ/001583/2010 informa que, luego de haber realizado una exhaustiva búsqueda en sus archivos, “no localizó antecedente alguno relacionado con denuncias penales presentadas por dicho órgano fiscalizador ante el Ministerio Público contra servidores públicos de la CFE”.
Los datos mencionados, también obtenidos mediante peticiones de datos públicos, indican que las sanciones más comunes en la CFE son por violaciones a procedimientos de contratación, leyes y normatividad presupuestal, negligencia administrativa, cohecho, extorsión e incumplimiento en declaración de situación patrimonial, aunque esta última no redunda en multas, sino únicamente en amonestación pública o privada y suspensión.
De acuerdo con ese resumen, cuatro empleados –por mencionar algunos casos– incurrieron en negligencia administrativa en 2001 y merecieron sanciones económicas altas e inhabilitación hasta por 20 años.
A partir de octubre del año pasado, cuando la CFE asumió el control de lo que fue la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro, continuaron las irregularidades, documentadas por la SFP, principalmente por negligencia administrativa, algunas de las cuales merecieron multas millonarias o destituciones de servidores públicos por hasta 15 años, lo cual indica que siguen los desfalcos.
Tras la extinción de LFC, la CFE ha otorgado cientos de contratos por adjudicación directa para la proveeduría de bienes y servicios en materia de suministro de energía eléctrica. Tras varios meses de negar la información a ciudadanos que la solicitaron, el Ifai ordenó su entrega, asunto que está a punto de concretarse, según dieron a conocer los solicitantes a este diario.
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Refiere cobros excesivos y mal trato de la CFE

El Correo Ilustrado
La Jornada
25 de Octubre, 2010

El 26 de septiembre pasado me enteré de tres recibos de luz acumulados, por las cantidades de 209, 287 y 13 mil 414 pesos, respectivamente –en total 13 mil 910 pesos–, motivo por el que me presenté a reclamar en la sucursal Plaza Aragón las facturaciones y consumos excesivos del servicio 575760400133.
Después de cinco días de recurrir a dicha sucursal, por fin me recibió el empleado Fernando Reyes, el cual sin efectuar el reajuste del caso, me dijo “tiene que pagar las cantidades que se indican y si no hágale como quiera”, por lo que traté de poner una queja por escrito con el gerente, quien dijo llamarse Camilo Olivas Vela, el cual me contestó en forma grosera y prepotente “aquí no recibimos escritos de quejas, si no paga le cortamos la luz”. Para tal efecto emitió la orden 490198838, de la cual se negó a darme una copia.
Suponiendo sin conceder que los datos que tienen fueran ciertos, la más reciente lectura del medidor del 17 de agosto de 2009 es de 5 mil 633 kilovatios y la lectura actual del 26 de septiembre de 2010 es de 6 mil 714 kilovatios, es decir, se consumieron mil 81 kilovatios, un promedio de 180 kilovatios por bimestre a precio intermedio de 1.16 pesos, más 16 por ciento de IVA, dan un total de mil 452.80 pesos, por lo que las cantidades que tienen son inventadas y mal intencionadas.
Desde hace mucho tiempo no se habita la casa a la que se refiere el servicio mencionado, la cantidad que se pagaba a Luz y Fuerza del Centro (LFC) era mínima, de entre 100 y 150 pesos bimestrales.
Al desaparecer por decreto LFC, éste omitía como sustituto a la CFE, motivo por el cual se suspendieron los pagos.
A partir de que la CFE se hizo cargo de cobrar los servicios, se han presentado múltiples irregularidades, como en este caso: facturas de cobros excesivos fuera de la realidad, lecturas estimadas contrastantes con las del medidor (ahora el usuario está obligado a presentar la foto de lectura del medidor, trabajo que le corresponde a la empresa), trato agresivo a los usuarios, que a diario llenan las salas para reclamar abusos.
Llaman a la CFE “empresa de clase mundial”, pero tiene el mayor número de quejas en el país, muchas de las cuales son por cobros indebidos y servicio deficiente a los usuarios. Aunado a esto, los presuntos actos de corrupción de sus funcionarios, que son del conocimiento público, lo llevan sin remedio a la privatización. Pero de esto, usted nada sabe, nada supo.
Elvira Flores
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Los altos cobros de la CFE, un problema nacional

Quadratín
24 de Octubre, 2010

Como decía en mi colaboración anterior, el panorama económico y social del país no es nada tranquilizador. Más de 50 millones de pobres, de los cuales 20, o algo así, viven en la indigencia; una tasa de desempleo cuya magnitud, como quiera que se la mida, es un foco rojo; salarios bajísimos que, en el mejor de los casos, oscilan entre los dos y tres salarios mínimos (es decir, entre 100 y 150 pesos más o menos) con los que una familia promedio debe solventar todas sus necesidades; servicios públicos como salud y educación insuficientes y malos; grave rezago en otros como agua, luz, drenaje, vivienda, pavimentación, caminos, carreteras y comunicaciones en general, etc. Y frente a todo esto, una política del gasto social volcada hacia los programas “contra la pobreza”, que no son otra cosa que limosna pública para paliar el hambre y comprar votos para la hora de las elecciones.
Pues bien, en medio de este panorama desolador, comienza a cobrar fuerza en todo el país el descontento de los estratos de más bajos ingresos en contra de los altísimos y abusivos cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), todos ellos usuarios domésticos de la energía, salvo pequeñísimos negocios que no alcanzan a modificar el perfil social de la masa descontenta. Este problema, como lo sabe bien la propia CFE, no es nuevo; viene de muchos años atrás y se genera en dos factores básicos: 1) la aplicación de tarifas “diferenciales” de acuerdo con un criterio que, por brevedad, podíamos sintetizar así: que pague más quien consuma más; y 2) la corrupción desbocada de los encargados de efectuar las mediciones del consumo, elaborar los “recibos” y realizar los cobros. En relación con lo primero, cabe decir que, en teoría, parece racional, puesto que nadie puede oponerse a que pague más quien puede y debe hacerlo. Pero resulta que en los hechos, como siempre, ocurre todo lo contrario: las tarifas más altas se aplican a los pequeños consumidores, mientras que a las grandes empresas y zonas residenciales, legal o subrepticiamente, se les cobran cuotas de verdadero regalo a costillas de los otros consumidores.
En relación con lo segundo, se ha documentado una y mil veces que los recibos de los consumidores modestos, ésos que no tienen voz ni fuerza política o económica para hacer oír y respetar sus derechos, llegan, con altísima frecuencia, artificialmente inflados de manera exorbitante, sin que tal incremento exagerado se corresponda con ningún cambio en los hábitos de consumo de energía de la familia. Y también se ha acreditado una y mil veces que no se trata de un “error”, sino de una política sistemática y bien calculada para exprimir recursos a los indefensos, como lo demuestra el hecho, atestiguado por miles, de que ya puede el usuario defraudado tocar todas las puertas que quiera o pueda; ya puede, si se lo permiten, desgranar todos sus argumentos en busca de que su “recibo” sea corregido; una y otra vez la respuesta es la misma: no hay error y tiene que pagar, de lo contrario procederemos a cortarle el servicio.
Años de abusos y años de resignada paciencia del consumidor. Pero hoy hay dos elementos nuevos que explican la rebeldía de los sumisos. El primero es la situación del país a que me referí brevemente al principio: desempleo, bajos salarios, carestía, cero desarrollo social en todos los órdenes, etc.; el segundo es un factor externo, el cierre de la frontera norteamericana, que golpea de frente a miles de familias cuyos ingresos dependían, de un modo u otro, del libre paso de personas y mercancías hacia Estados Unidos. Así se entiende que el descontento haya brotado y sea más agudo en los estados norteños fronterizos, principalmente Baja California y Sonora, donde, además, se suma el hecho de que el duro clima vuelve asunto de vida o muerte para la gente pobre el uso intensivo de modestos aparatos eléctricos para mitigar sus rigores y, en consecuencia, que su consumo sea mayor al del resto del país. Miles de sonorenses de todo el estado se están organizando para dos cosas: demandar a la CFE la tarifa más baja entre las que aplica y la revisión drástica a la baja de sus recibos que, de pagarlos tal cual, los dejaría prácticamente sin comer.
En Guaymas se ha conformado un grupo de más de 5 mil usuarios, encabezado por el presidente estatal de Antorcha Campesina, Ricardo Esquivel Castañeda, cuyas demandas son las que quedan dichas. Esto ha alborotado el enjambre político de la zona. De pronto han surgido “líderes”, hasta hoy desconocidos, que reclaman mayor “derecho” que Ricardo a encabezar a la gente, señores diputados que, con el tacto de un elefante en cristalería, llegaron amenazando a los inconformes de que no pagar los abusivos cobros es “robarle al país” y que hoy, al ver que sólo consiguieron el repudio general, cambian de táctica y comienzan a “prometer” lo que, como siempre, saben que no habrán de cumplir. La CFE de Guaymas, por su parte, tal como era de esperarse, ha respondido con regaños insolentes, menosprecio a la representación social y amenaza de cortar el servicio. O sea, gasolina al fuego. Pero la gente ya se dio perfecta cuenta de quién es quién en esta lucha y se mantiene firme con los antorchistas. Los intentos por dividir y desorientar al grupo y por aislar a Ricardo Esquivel han fracasado. Desde aquí les decimos a los guaymenses que su demanda es justa y que cuentan con la simpatía y el apoyo de todo el antorchismo nacional, que no los dejará solos. La CFE nacional debe tomar el asunto en sus manos con la seriedad y la sensibilidad que necesita, y entablar un diálogo respetuoso y constructivo con el antorchismo sonorense, representado por Ricardo Esquivel, y nacional, representado por la diputada federal Maricela Serrano Hernández. Así lo requieren las difíciles condiciones actuales de la nación entera.
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Manifestación del SME en el CERESO de San Miguel

Juan Carlos Sánchez Díaz
24 de Octubre, 2010

Manifestación en el CERESO de San Miguel, por parte de organizaciones por la detención de Miguel Marquez Ríos en Puebla. SME, SNTE, 28 de octubre y más estuvieron presentes.
Marín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, entró al penal, junto con una pequeña comisión, que incluía a familiares del detenido, para saber su situación y manifestar su apoyo, según dijo el propio Esparza.
Al rededor de 300 manifestantes se encontraban en el lugar, que al mismo tiempo era custodiado por unos 60 granaderos. Detrás de los elementos de seguridad, permanecían 2 policías con lanza granadas por si la situación se volvía tensa.

VIDEO:


FOTOS:


FUENTE: http://carlospress.com/2010/10/manifestacion-del-sme-en-el-cereso-de-puebla/

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Empresas de “clase mundial” …en corrupción

Marcos Chávez
Contralínea
24 October 2010

Hasta 1982, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre las empresas paraestatales, eran consideradas como las joyas de la nación, propiedad del pueblo, que tenían que ser resguardadas y desarrolladas por el Estado, como representante constitucional de sus intereses y responsable de las riquezas y los sectores estratégicos del país, a favor de las necesidades del crecimiento mexicano.
Los bienes y servicios ofrecidos a través de esos monopolios públicos, a precios subsidiados, tenían un doble propósito. Por un lado, eran considerados como parte de los instrumentos disponibles para ampliar el acceso de la población a los productos básicos y, con ello, elevar su calidad de vida, sus niveles de bienestar, y mejorar la distribución del ingreso; por otro, para proporcionar y diversificar los insumos requeridos por las empresas que, al abaratar los costos de producción, patrocinaban la acumulación privada de capital y, por añadidura, en la inversión, el crecimiento y el empleo. Era parte del sacrificio social considerado como necesario, financiado con los impuestos de la misma población, que redundaba en el beneficio colectivo. El control de dichas empresas y las bajas tarifas eran una respuesta lógica de una nación que recuperaba la energía eléctrica, los hidrocarburos y sus derivados, cuya explotación, entregada por la dictadura porfirista, había sido subordinada a la maximización de las ganancias de las empresas extranjeras. Bajo ese principio, ellas determinaban el destino de la industria energética: las cotizaciones, los planes de inversión, los mercados que se atenderían, las tecnologías empleadas, las relaciones laborales, los impuestos pagados, la repatriación de las utilidades, con escaso beneficio para México. Imponían el interés privado sobre el interés público. Su recuperación, elevada a rango constitucional, fue resultado de la Revolución Mexicana.
La nacionalización de los recursos energéticos y de las empresas citadas, paradigmáticas para el antiguo régimen autoritario que se calificaba a sí mismo como “nacionalista revolucionario”, fue la manifestación de otros objetivos trascendentales: el ejercicio de la soberanía nacional y la búsqueda de un desarrollo nacional autónomo. Bajo la rectoría del Estado, y los efectos multiplicadores de las obras públicas, se aspiraba que el país superara su condición de subdesarrollado, sometido a la lógica de metrópolis capitalistas, sobre todo al imperialismo estadunidense. Esos principios se sobrepusieron a la ineptitud, la corrupción y el manejo inescrupulosos de sus recursos que a menudo caracterizó a sus directivos y el gobierno. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a Jorge Díaz Serrano?
Desde hace 28 años que los neoliberales asaltaron el Estado. El sector energético, Pemex, la CFE, la desaparecida CLFC y las obras públicas son el símbolo de la degradación de los gobiernos priistas y panistas, y de los oligarcas hombres de presa que han envilecido a la nación al convertirla en un hediondo botín. Son la alegoría de los impunes abusos de poder cometidos en contra de quienes supuestamente son sus dueños, la población y los trabajadores que carecen de las instituciones que defiendan sus derechos, el manejo arbitrario de las leyes y la ineficiencia oficialmente programada; del manejo turbio del presupuesto y el campo fértil del contratismo y la corrupción descarados.
El reciente escándalo que involucra a las empresas ABB, Ltd, y Lindsey Manufacturing Co –que entre 1997 y 2003 sobornaron a varios funcionarios de la CFE para obtener millonarios contratos, el cual empezó a ser investigado en Estados Unidos porque Alfredo Elías, director de la paraestatal, y la señora Georgina Kessel, secretaria de Energía, duermen el inocente sueño de los justos– no es más que una anécdota de vulgares delincuentes, a menos que los presuntos corrompidos, Arturo Hernández, Néstor Moreno y Salvador Torres, sean las víctimas propiciatorias de algo mayúsculo. Esto si se consideran los multimillonarios contratos en las obras públicas concedidos a los hombres de presa por los poderes Ejecutivo y Legislativo, torciéndole el cuello a la Constitución, y pontificados por el Judicial, y que priistas quieren ampliar hasta 40 años, con ganancias aseguradas, sin preocuparles que el Estado, es decir, los contribuyentes, asuman las pérdidas, con la iniciativa de ley de asociaciones público-privadas enviada por Felipe Calderón al Congreso. Esa propuesta, que todavía no logra el consenso priista-panista-Verde-Nueva Alianza, pero que ya fue aprobada en el Senado, abriría completamente las puertas a los oligarcas para que depreden la seguridad pública, la salud, la educación, la construcción y administración de cárceles, entre otras actividades. Al cabo, las mayorías ya se acostumbraron a aceptar la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Por ejemplo, por la fraudulenta quiebra de los bancos privados y su rescate igualmente fraudulento, les debemos a los banqueros 757.6 mil millones de pesos (MMDP), por los cuales, desde 1995, les hemos pagado 363.6 MMDP por concepto de intereses. Además, en una patológica relación sadomasoquista, aceptan pasivamente su servidumbre ante esos usureros que les cobran intereses y comisiones por, al menos, 300 por ciento más de los que imponen en sus países de origen. Por el rescate de las empresas constructoras, les deben a esos “empresarios” 139.2 MMDP. En total, 896.8 MMDP, el 20 por ciento de los pasivos totales del Estado que, con Calderón, llegaron a 4.5 billones. Al inicio del panismo, en 2000, las deudas sumaban 2 billones.
La CFE, la CLFC y Pemex sintetizan cómo las elites han convertido al patrimonio nacional en su zona privada de saqueo, que sólo comparten con sus socios foráneos. Un año después de la brutal desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC), son más que evidentes las razones que justificaron la decisión de Calderón. Con la elocuente procacidad que le caracteriza al gran violador de las leyes laborales y experto en el uso del garrote en contra de los trabajadores, especialmente los mineros y los electricistas, Javier Lozano dijo que “el balance es positivo en términos de la prestación del servicio, del costo y del impacto para la economía nacional”, además que “se logró una indemnización voluntaria a 28 mil 42 extrabajadores”. El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio comparten esa opinión. En cambio, Gerardo Gutiérrez, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, urge a la CFE superar los rezagos y mejorar la calidad y los precios del servicio y, de paso, señala que “todos los monopolios no son buenos, ya sean públicos o privados”, aunque nunca se han escuchado sus denuestos en contra de Televisa, TV Azteca, Banamex, Cemex, Wal Mart o Telmex.
Con sus descaradas mentiras, Lozano y los empresarios no lograron ocultar los detalles: que los electricistas que aceptaron sus liquidaciones fueron los que traicionaron a sus compañeros por problemas económicos; que, al menos, 20 millones de personas sufren uno de los peores servicios ofrecidos por la “empresa de clase mundial” –cortes de servicios, daños a aparatos, el alza y el cobro arbitrario de los precios– y que, impotentes, no pueden hacer nada porque quienes deben de velar por el estado de derecho son responsables del desastre. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, la CFE es la empresa líder en demandas y multas en el último año: 7 mil 619 quejas, 124 procedimientos por infracciones a la ley y sanciones por 901 mil 477 pesos. Supera a otras depredadoras –Wal Mart de México, Telefónica Movistar y Telmex–. El desastre eléctrico recuerda al cometido por Enron, el ejemplo de la depredación capitalista, en California, a principios de esta década.
Las mayorías dejaron de ser dueños de sus empresas. Ahora son víctimas de las tarifas eléctricas, del gas, las gasolinas y otros bienes y servicios públicos, pese a que las siguen manteniendo con sus impuestos.
Los que aplauden son los empresarios beneficiados por las tarifas preferenciales. Televisa-Magacable-Telefónica se apoderaron de más de 21 mil kilómetros de fibra óptica por 20-30 años en una oscura licitación, con un precio de rapacería: 883 millones. Otros favorecidos fueron los inútiles contratistas que realizan los trabajos de LFC y los “productores independientes” (10 empresas, encabezadas por Iberdrola, con el 35 por ciento del total), corresponsables de criminales calamidades de Tabasco que, con contratos igualmente turbios, depredan al sector eléctrico con la anticonstitucional complicidad de Calderón, Elías, Kessel y los contratistas señalados. Estos últimos, que usan gas importado, ya controlan el 23 por ciento de la capacidad generadora de la industria y el 53 por ciento de la electricidad generada, que es vendida a la CFE a precios altos que la descapitalizan, es decir, se quedan con los impuestos de la población que, a cambio, recibe cada bimestre tarifas mayores. Son doblemente saqueados. Por las obras realizadas para la CFE, los proyectos de infraestructura productiva a largo plazo (Pidiregas), se les debe a los contratistas 27 mil millones de pesos. De su deuda total, 9.6 mil millones de dólares, 5.4 mil millones, el 56 por ciento, son por los Pidiregas.
Sin embargo, Pemex es la campeona en la opacidad, la podredumbre y el saqueo. No sólo ha hinchado las fortunas de sus proveedores y los distribuidores del gas, gasolinas y derivados. Según la reportera Nancy Flores, sus directivos han creado 25 empresas “privadas no paraestatales” para esconder de la inútil supervisión del Congreso el movimiento de miles de millones de dólares del dinero público (Contralínea, septiembre de 2010). Nadie los vigila, salvo ellos mismos. ¿Qué pasa con ese dinero? Es más fácil conocer los secretos de El Vaticano que el de esos siniestros personajes encabezados por Juan José Suárez Coppel. Hasta 2008, las obras en Pidiregas sumaron 178 MMDP, el 88 por ciento del total de la inversión de Pemex, por los cuales se les tiene que pagar intereses y amortizaciones. Las fracasadas obras de Chicontepec han sido un nauseabundo negocio para los empresarios y un grave quebranto para Pemex. Entre 1999 y 2008, suman casi 1 billón de pesos. A partir de ese momento, esos pasivos se consolidaron como deuda pública. El pago de impuestos e intereses y amortizaciones de los Pidiregas y otros adeudos explican que, con el panismo, la empresa arroja una pérdida neta acumulada por 387 MMDP y que sus pasivos superen a sus activos. Su deuda total es de casi 45 mil millones de dólares.
Durante el panismo, la inversión pública suma 3.9 billones. De ella, 3 billones corresponden al presupuesto, de los cuales 223 MMDP se destinaron a la amortización de los Pidiregas. Los empresarios invirtieron 1 billón, que tendrán que pagarse. Entre el rescate bancario, de las empresas carreteras y los Pidiregas reconocidos hasta 2010, suman 943 MMDP, el 21 por ciento de los pasivos públicos totales, 4.5 billones. Ese yugo y la hemorragia de recursos presupuestales se extenderá lo que resta del siglo mientras no llegue un gobierno que los desconozca o el pueblo decida tomar en sus manos su destino y arroje del poder a los depredadores y corruptos. Mientras tanto, para pagar los intereses y amortizaciones, será castigado con los recortes en el gasto público, el deterioro de los servicios sociales, el rezago en la infraestructura y las abusivas alzas en los precios de bienes y servicios estatales.
Es un negocio redondo realizado frente a las narices de la sociedad, sin que ella conozca los términos.
En un país sometido al imperio de las leyes, funcionarios como Calderón, Elías, Kessel, Suárez y otros más ya hubieran sido sometidos a juicio político, destituidos y encarcelados, junto con diversos “empresarios”. Se hubiera derrumbado el sistema.
Fuente: Contralínea 205 / 24 de Octubre de 2010

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Imágenes de la detención de Miguel Márquez

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Video. Contratista de CFE vendiendo cobre

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CFE solicita a PGR lista de involucrados en corrupción

Israel Rodríguez J.
Periódio La Jornada
23 de Octubre, 2010

Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que ya se solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) una lista con los nombres de los funcionarios presuntamente involucrados en actos de corrupción con las trasnacionales ABB y Lindsey.
En entrevista reveló que la investigación de la empresa Lindsey es parte de la que se realiza a ABB y de la indagatoria que se lleva a cabo en Estados Unidos a Néstor Moreno Díaz.
Después de participar en el sexagésimo segundo Foro Nacional de la Industria Química 2010, el funcionario reconoció que estos casos afectan la imagen de la empresa y son cosas “inadmisibles”, tanto de un funcionario como de una empresa trasnacional.
La investigación, dijo, la lleva a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en México la CFE presentó las denuncias correspondientes ante la PGR.
A la pregunta de si habrá nuevos casos de corrupción en la paraestatal, el funcionario respondió: “Las investigaciones las tiene la PGR y se tienen los dos casos.
Alfredo Elías precisó que la solicitud para conocer los nombres de los involucrados la hizo el departamento jurídico de la CFE a la PGR y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Video. Muere Contratista de CFE en Toluca

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Critica Encinas gasto destinado a La Parota

Misael Habana, corresponsal
Periódico La Jornada
23 de Octubre, 2010

Acapulco, Gro. Los 400 millones de pesos presupuestados por la Comisión Federal de Electricidad para continuar con el proyecto hidroeléctrico La Parota deben dirigirse a la construcción de una empresa que restablezca el trabajo a personal liquidado en Luz y Fuerza del Centro, propuso el diputado perredista Alejandro Encinas Rodríguez, quien asistió en este puerto a la conmemoración de los 10 años de muerto de Pablo Sandoval Ramírez. El acto reunió a decenas de amigos, familiares y miembros de la izquierda social.
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Simulan funcionarios desfalcos en la CFE

Los responsables de la operación fraudulenta fueron Noé Peña, subdirector de Transmisiones; Carlos Rovira, subdirector de Generación, y Alejandro Morales, entonces tesorero de la CFE

Abel Barajas/ Agencia Reforma
El Golfo.info
23 de Octubre, 2010

MÉXICO, DF 23-Oct .- El robo de 308 millones de pesos a Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre el 2005 y 2006 fue orquestado por altos funcionarios de la Comisión que simularon contablemente traspasos a cuentas de una subdirección de la paraestatal cuando en realidad iban a dar a cuentas bancarias particulares.
Los responsables de la operación fraudulenta fueron Noé Peña, subdirector de Transmisiones; Carlos Rovira, subdirector de Generación, y Alejandro Morales, entonces tesorero de la CFE.
Conforme testimonios rendidos esta semana en la Cámara de Diputados, los funcionarios simularon contablemente los traspasos millonarios del Área de Transmisiones hacia cuentas de la subdirección de Generación cuando en realidad iban a dar a las cuentas personales del ex jefe de Tesorería de la CFE, Alejandro Morales.
Según un peritaje elaborado el 23 de febrero de 2009 por la contadora Blanca González Juárez y que fue entregado a la Comisión parlamentaria que investiga desfalcos y sobornos en la CFE, mismos que están en poder de un juzgado federal, fueron descubiertos 10 traspasos interbancarios de la subdirección de Transmisión a la subdirección de Generación.
La primera estaba dirigida por Noé Peña Silva y la segunda por Carlos Rovira Barker, ambos subordinados de Néstor Moreno el principal funcionario de CFE acusado de recibir sobornos de la contratista suiza ABB, enjuiciada por corrupción en Estados Unidos.
Las operaciones, que no son reconocidas por la CFE como compromisos de pago, corresponden a transferencias del 28 de septiembre de 2005, 1 de febrero de 2006, y 30 de marzo y 27 de abril de 2006, de acuerdo con el peritaje del abogado.
De acuerdo con testimonios rendidos ante la Comisión parlamentaria, la perito tuvo acceso a las cuentas de la CFE y detectó la salida de dinero, que había sido cubierta para evitar que apareciera como desfalco.
"Me explicó que el dinero de la subdirección de Transmisiones, donde se hacen las transferencias indebidas, salía a las cuentas de Alejandro Morales Méndez, pero contablemente lo maquillaban diciendo que se iba a una subdirección de Generación, a las cuentas 1501 y y 2550 que manejaba directamente el señor Rovira", expuso el abogado Alejandro Sánchez, quien defiende a la cajera María Elena Guerrero, detenida por este desfalco.
"Entonces, ¿por qué se fueron contra la gente de abajo que había denunciado y dado a conocer la situación de las transferencias indebidas? Para que no se supiera de funcionarios de arriba como Néstor Moreno Díaz y Carlos Rovira, así es como lo maquillaron y nunca se investigó, a pesar de que le dijimos a la CFE cómo habían maquillado y desviado la atención para cubrir el dinero que había salido de la Comisión", dijo el abogado, quien entregó los documentos a los diputados.
Ortega defiende a Guerrero, una cajera de la CFE que fue sentenciada a 4 años 6 meses de prisión por el desfalco a la empresa, debido a que su password fue usado para transferir parte del dinero robado.
Ante el grupo de legisladores presidido por César Augusto Santiago, el abogado señaló que Noé Peña Silva, otro colaborador de Néstor Moreno, incidió en la captura y encarcelamiento de su clienta.
Ortega dijo que en 2007 su clienta ya había acudido a declarar a la PGR sobre los hechos, porque ella fue la que detectó por vez primera el robo de dinero electrónico y su testimonio sirvió de denuncia.
No obstante, relató que Peña le pidió a la cajera que acudiera por segunda vez a declarar a la PGR. Ella así lo hizo, pero esta vez la detuvieron y después terminó en el Reclusorio Sur.
El litigante considera que se trató de una celada, porque el mismo día que ella acudió a la PGR, un colaborador de Peña de nombre René Trejo Orduña, también rindió su declaración e incriminó a María Elena Guerrero. Así, la investigación de la PGR no escaló a los altos funcionarios, expresó.
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Conferencia de Prensa 22 oct

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Carta a la Comisión de los Derechos Humanos

Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la
Comisión de los Derechos Humanos
Presente

SE TEME POR LA INTEGRIDAD FISICA Y PSICOLOGICA DEL SINDICALISTA DEL SME MIGUEL MÁRQUEZ RÍOS

C. Miguel Márquez Ríos, Prosecretario de divisiones del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), fue detenido con uso excesivo de la fuerza pública, por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y sin que mediara una Orden de Aprehensión en un operativo conjunto con la Policía Federal, en la caseta de peaje de San Martín Texmelucan, sobre la autopista México-Puebla, y trasladado al Cereso de San Miguel del Estado de Puebla y el día de hoy viernes 22 de octubre del presente rendirá su Declaración ante los Juzgados Noveno y Quinto Distrito en el Estado de Puebla como probable responsable de los Delitos Federales de “Privación Ilegal de la Libertad en la Modalidad de Plagio” el delito de “Daños a Patrimonio Nacional por Evitar la Generación Transmisión Distribución y Venta de energía Eléctrica”.
Los medios de información nacional informan que el C. Márquez Ríos fue localizado por Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en la manifestación que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizo este jueves 21 por la tarde frente a la sede del Gobierno de Puebla (Casa Aguayo), pero con el apoyo de integrantes del SME, logró abordar uno de los camiones en los que se transportaban, camión que fue detenido y el C. Miguel Márquez es detenido y trasladado a la Procuraduría General de la República.
Antecedentes:
El 5 de octubre del 2009, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, niega a él C. Martin Esparza Flores y a los doce miembros de su Comité Central la toma de nota de su reelección en el cargo de Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El Gobierno Federal el día 10 de octubre del 2009. Emitió el Decreto de Liquidación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro mismo que fue publicado la fecha de 11 de octubre del 2009, a partir de esta fecha se impidió a los trabajadores de Luz y Fuerza, el acceso a su lugar de trabajo mediante la fuerza pública como lo es la Policía Federal Preventiva y la Comisión Federal de Electricidad de manera inmediata realizó la prestación de servicios de energía eléctrica con las instalaciones y bienes de Luz y Fuerza.
El 10 de octubre del 2009 por la noche Policía Federal ocupa las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y desaloja a los trabajadores que estaban laborando e impiden el ingreso a estas instalaciones a los trabajadores, esto por instrucciones del Ejecutivo Federal.
La empresa Luz y Fuerza del Centro NO dio aviso a los trabajadores de despido alguno por escrito, ni a su representación sindical el Sindicato Mexicano Electricista conforme lo establece la Ley y el Contrato Colectivo de Trabajo.
Los trabajadores integrantes de Sindicato Mexicano de Electricistas se organizan para defender su empleo y el Estado Mexicano comienza una campaña de criminalización de la protesta social en contra de los integrantes del SME.
El C. Miguel Márquez Ríos a causa de su activismo pacífico y legal en pro de sus derecho laborales y defendiendo la fuente de trabajo de miles de sus compañeros le es criminalizada su protesta.

Es importante mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado tres formas de Detención Arbitraria, Detención Extralegal (sin ninguna base legal), Detención que Viola la Ley y Detención que aunque se realice conforme a derecho, constituye un abuso de poder.(1)
Solicitamos:
Primero.- A la luz de los derechos humanos solicitamos la libertad inmediata del C. Miguel Márquez Ríos, fundamentados a lo afirmado por el Comité de Derechos Humanos quien subraya que “la detención antes del juicio no solo debe de ser legal sino necesaria y razonable, es el caso que el C. Miguel Márquez Ríos se encuentra como probable responsable de los Delitos arriba mencionados debido a su defensa al derecho al trabajo y a la libertad sindical, derechos contemplados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
Segundo.- El Estado Mexicano a la luz de los derechos humanos está violándole al C. Miguel Márquez Ríos, su derecho a la Presunción de su Inocencia, ya que no ha demostrado que sea culpable de delito alguno
Tercero.- El C. Miguel Márquez Ríos fue detenido con uso excesivo de fuerza pública, y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley(2) que en su artículo 2 expresa:
Artículo 2°. En el desempeño de sus tareas, los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.
Cuarto.- Exigimos Una investigación transparente, imparcial, eficiente y pronta para sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos Una investigación transparente, imparcial, eficiente y pronta para sancionar a los funcionarios responsables de las violaciones a los derechos humanos al C. Miguel Márquez Ríos, tomando en consideración lo establecido por la CIDH acerca de que “los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana”(3) y que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que “que se debe permitir a las víctimas de violaciones de derechos humanos –descubrir la verdad respecto a los hechos cometidos, conocer sus autores, y obtener una indemnización apropiada”(4), y manifestándole que la Jurisprudencia del Sistema Interamericano ha establecido que “el deber de garantía comporta una triple actividad estatal: prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos y procurar su reparación o restablecimiento”.(5)
Quinto.- Le Solicitamos a Usted, las Medidas Cautelares en Calidad de Urgente para el C. Miguel Márquez Ríos.
ATENTAMENTE
RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD A.C.
ÁREA DE DERECHOS HUMANOS DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
México, D.F. a 22 de octubre del 2010
1. Comisión Interamericana, Informe Núm. 43/96 caso 11,430, México 15 de octubre de 1996, un General del Ejercito Mexicano, tuvo que hacer frente a 16 investigaciones preliminares al largo de 7 años, todas las cuales fueron archivadas, la CIDH lo describe como “una irracional sucesión de casos que en conjunto constituyen –abuso de poder-“2 .Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 34/169, de diciembre de 19793. Corte IDH, Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1998, pár. 1664. Comité de derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observaciones y recomendaciones al Estado de Guatemala, Doc. CCPR/79/Add.63, pár. 255. H. Corte IDH., Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia 7 de junio de 2003. Serie C. No. 99, pár. 166

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Comunicado del SME: Boletín de prensa. 21 de octubre de 2010

A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A los organismos de Derechos Humanos,
A los medios de comunicación nacionales y extranjeros
Al pueblo mexicano,
Salud:

Hoy 21 de octubre del año en curso, fue detenido con total lujo de violencia nuestro camarada Miguel Márquez Ríos, Pro-Secretario de Divisiones del Comité Central de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas.
Dicha detención se dio cuando un grupo de nuestros camaradas regresaban de un evento totalmente pacifico,
realizado en la sede del Congreso del estado de Puebla, donde había hecho formal entrega de la solicitud de apoyo de la legislatura poblana para la creación de un organismo descentralizado que otorgue el servicio público de energía eléctrica en la zona centro del país.
Al retornar a la capital federal, a la altura de la segunda caseta de San Martín Texmelucan, se encontraba un impresionante operativo conformado por fuerzas del ejército y la policía federal, quienes sin mediar palabra alguna, y mucho menos, presentar orden de aprehensión cual ninguna, procedieron a golpear indistintamente a
los compañeros que se encontraban en el vehículo en el que se transportaban, deteniendo y agrediendo brutalmente a nuestro camarada dirigente, el cual fue subido a una camioneta Xtrail color arena con placas HKC-3761 del estado de Hidalgo.
Estos hechos demuestran que el gobierno fascista de Felipe Calderón Hinojosa solo conoce el lenguaje de los
toletes y las armas, que su política hacia la sociedad solo es el de la represión y agresión al movimiento social y popular. El talante autoritario del actual ocupante de Los Pinos, se expresa con una exasperante e irritante cotidianeidad, que solo escala los conflictos en la búsqueda de volverlos violentos para justificar su posterior aplastamiento, por otra parte, revela el total menosprecio por la legalidad y el estado de derecho en nuestro país.
Hacemos responsable a Felipe Calderón Hinojosa de la integridad física y sicológica del C. Miguel Márquez
Ríos, al mismo tiempo que exigimos su inmediata liberación. Finalmente, llamamos a la opinión pública, a los
organismos de Derechos Humanos y a las organizaciones sindicales, campesinas y populares a estar atentos para impedir estos infames atentados a nuestros derechos constitucionales y participar en las movilizaciones que habremos de realizar para lograr la libertad de nuestro camarada, en particular los convocamos a una
concentración en la Secretaria de Gobernación a las 10.30 horas del día 22 de octubre del presente año.

Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 21 de octubre de 2010

Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior

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Comunicado del SME: CFE empresa de "Clase Mundial" al servicio de privados

Como resultado de las reformas Salinistas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) en 1992, los particulares se han apoderado de una buena parte de la generación de energía eléctrica de nuestro país, a pesar que el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo prohíbe expresamente. Particularmente, las reformas hechas a la fracción III, del artículo 36 LSPEE, obligan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a adquirir energía eléctrica que generan los Productores Independientes de Energía (PIEs), en los términos y condiciones económicas que se convengan.
Esta condición, ha provocado un severo desplazamiento de la generación de energía eléctrica del sector público, en beneficio de los permisionarios privados violentando la norma constitucional. Para ejemplificar lo anterior, basta saber que de acuerdo a datos de la Prospectiva del Sector Eléctrico 2009-2024, documento que por ley elabora la Secretaría de Energía (SENER), la generación en el servicio público (CFE- Luz y Fuerza del Centro) disminuyó de 191 mil Giga Watts (GWh) en el año 2000, a 157 mil GWh en el 2009. En contraparte, losgeneradores privados crecieron en generación eléctrica de 12 mil 900 GWh en el año 2000, a 105 mil GWh en el 2009.
Esto significa que la capacidad de generación de energía eléctrica de los particulares ha crecido severamente en los últimos nueve años: En el año 2000 tenían en su poder 10.7% del total de la capacidad instalada de generación en México; para el año 2009 han incrementado su capacidad de generación hasta llegar al 35.2%.
Esto nos permite concluir, que mientras las empresas públicas CFE y LyFC no incrementaron su capacidad de generación en este período, los privados lo hicieron en más de cinco veces, particularmente los PIEs.
A través de los permisos que les ha otorgado la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismo dependiente de la SENER, cuya actividad lejos de regular es la de privatizar el Sector Eléctrico Nacional, las empresas españolas Iberdrola, Unión Fenosa y Gas Natural; la Francesa EDF; así como Mitsubishi empresa de capital japonés, Intergen (EEUU), Transalta (Canadá), etc., todos ellos Productores Independientes de Energía, concentran una capacidad de generación de 13, 153 Mega Watts (MW). Coincidentemente estas empresas (particularmente las españolas), son quienes están detrás del inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Como recordaremos, Ignacio Sánchez Galán presidente de Iberdrola no tuvo empacho en demandarle a Felipe Calderón en la Cumbre Unión Europea- Latinoamérica realizada en Madrid en Mayo de este año, “que se eliminen los pequeños escollos” para la construcción de más plantas de generación eléctrica en nuestro país, es decir, consumar totalmente la privatización de la Industria Eléctrica en México.
Otro aspecto que refleja el desplazamiento de la generación eléctrica del sector público, es el crecimiento del
margen de reserva del Sector Eléctrico Nacional. Como señalan los expertos en la materia, el margen de reserva es la diferencia entre la capacidad efectiva de generación del sistema y la demanda máxima o demanda pico en un periodo determinado. De tener nuestro sistema eléctrico un margen de reserva de 21% en el año 2000,pasamos en el 2009 a un margen de reserva de 44%. Esto significa en términos llanos que tenemos más plantas de las que necesitamos, provocando el encarecimiento de la electricidad, por lo que este superávit de capacidad sólo se resolverá en la medida que la demanda eléctrica en el país crezca, con la condición de que baje el precio de las tarifas.
Estos excedentes de capacidad instalada en generación, se debe al crecimiento de los privados en esta parte de la cadena productiva de la Industria Eléctrica, derivada del creciente número de permisos autorizados por la CRE a los privados en materia de generación eléctrica, los que a Septiembre de 2010 de acuerdo a los datos de este organismo se ubican en 682 permisos. De seguir esta tendencia, para el 2014 los particulares serán propietarios del 60% de la capacidad instalada de generación, lo que significaría la privatización eléctrica como un hecho consumado.
Esto constituye un “banquete” para los particulares, quienes se beneficiaron con ingresos de hasta 268 mil millones de pesos en el 2009. Asimismo, derivado de que la CRE les autorizó contratos hasta el 2041, con la infraestructura actual recibirán ingresos de hasta 1.32 billones de pesos en el período que abarca de 2010 al 2041, de acuerdo a datos oficiales.
De manera adyacente, es importante observar los resultados de la “empresa de clase mundial” (CFE). De acuerdo a sus propios datos, la siguiente es parte de su situación financiera:
En el 2009 tuvo ingresos por la venta de energía eléctrica de 220 mil millones de pesos. Esto contrasta con su nivel de costos, los cuales se ubicaron en 260 mil millones de pesos. Es decir, la CFE tuvo pérdidas de 39.9 millones de pesos en dicho año.
El Gobierno Federal le otorgó subsidios en el 2009 de hasta 98 mil millones de pesos (es decir, el doble de las transferencias que tuvo Luz y Fuerza del Centro).
Los directivos de CFE han solicitado 561 mil 910 millones de presupuesto para el 2011, lo que representaría un incremento considerable, pues significa quince veces más de lo que otorgaron el último año a Luz y Fuerza del Centro.
Podemos concluir que la situación financiera de la CFE la colocaría en peligro de extinción, si el Gobierno Federal le aplicara el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, tal como lo hizo con LyFC. Esto asociado a que el Contrato Colectivo de Trabajo del SUTERM-CFE es idéntico al que tiene el del SME- Luz y Fuerza del Centro, como lo menciona un estudio del Banco de México, realizado por Eduardo Martínez Chombo en el 2009.
Sin embargo, como los dirigentes del SUTERM son cómplices de Felipe Calderón, aquella situación la oculta el Gobierno a la opinión pública, porque en realidad el decreto de extinción de LyFC no tuvo como objetivo mejorar el servicio eléctrico, sino eliminar “al escollo” al que se refirió en Madrid Sánchez Galán, es decir, eliminar al SME porque nuestro Sindicato constituye un serio obstáculo para los planes privatizadores de la Industria Eléctrica y de la Fibra óptica.
Por estas razones, nuestra organización sindical rechaza la privatización del Sector Eléctrico Nacionalizado bajo cualquier modalidad, reivindica a la Industria Eléctrica Pública, exigiendo el fortalecimiento financiero y la terminación de la corrupción en la CFE, la creación de un nuevo organismo que atienda el servicio público de energía eléctrica en la zona central del país, y condena la deliberada política de desplazamiento del sector publico en materia de generación, exigiendo la cancelación de permisos en materia de generación a los particulares, de acuerdo a lo que establece nuestra norma constitucional en el párrafo sexto del artículo 27.

ATENTAMENTE
“Por el derecho y la justicia del trabajador”
México, D.F., a 21 de Octubre de 2010.
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior.

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Mitin en Necaxa 22 octubre 2010 en apoyo a Miguel Marquez miembro del SME

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En Necaxa Electricistas Marchan en Protesta ante la Ilegal Detención del Lider Electricista Miguel Marquez

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Amplían en EU causa por sobornos para la CFE

El Departamento de Justicia amplió ayer la acusación formal contra la empresa Lindsay Manufacturing Company y dos de sus ejecutivos, Keith E. Lindsey y Steve K. Lee, por sobornar a funcionarios gubernamentales mexicanos

J. Jaime Hernández
El Universal
22 de Octubre, 2010

WASHINGTON.— El Departamento de Justicia amplió ayer la acusación formal contra la empresa Lindsay Manufacturing Company y dos de sus ejecutivos, Keith E. Lindsey y Steve K. Lee, por sobornar a funcionarios gubernamentales mexicanos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre 2002 y 2009.
La imputación contra esta empresa basada en California se produce a casi un mes de que los mexicanos Enrique Faustino Aguilar Noriega y Ángela María Gómez Aguilar, quienes fungían como directores de Grupo Internacional de Asesores, S.A., fueran imputados ante una corte federal de California por su labor de intermediación en un esquema que permitió el lavado de dinero y la transferencia de cientos de miles de dólares en sobornos a funcionarios.
Según informó ayer Lanny Breuer, subprocurador general para la División Criminal del Departamento de Justicia, entre 2002 y 2009, los ejecutivos de empresa Lindsey Manufacturing, junto con Enrique Aguilar, orquestaron un esquema mediante el cual Aguilar recibía una tajada de 30% en todas y cada una de las operaciones que contemplaran compraventa de bienes y servicios para la CFE.
En el encausamiento se establece que tanto Keith Lindsey como Steve K. Lee, sabían que ese porcentaje pagado a su intermediario serviría para sobornar a funcionarios de la CFE a cambio de jugosos contratos.
En ese 30% se incluía el pago que correspondía a Aguilar y Gómez, quienes han sido detenidos y hoy se encuentran pendientes de juicio en California.
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Demandan a legisladores negar a CFE presupuesto para La Parota

Anuncian ejidatarios más protestas contra la planta hidroeléctrica

Misael Habana de los Santos
Periódico La Jornada
22 de Octubre, 2010

Acapulco, Gro., 21 de octubre. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP) se reunirá con los miembros de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y solicitará al Congreso de la Unión que no apruebe el presupuesto solicitado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para continuar con la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, dio a conocer el vocero de la organización, Felipe Flores Hernández.
Por su parte, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, entrevistado durante la inauguración de la Semana Pyme en Acapulco, destacó la inversión económica que atraería la construcción de la presa en el río Papagayo. Asimismo señaló que “algunos sectores” del Cecop buscan “imponer a la mayoría” su rechazo al proyecto, pues se han realizado asambleas en las cuales los comuneros apoyan la construcción de la presa, dijo.
El vocero del CECOP afirmó en entrevista telefónica que no le sorprende que la CFE haya solicitado presupuesto para continuar el proyecto hidroeléctrico y advirtió que si el Congreso de la Unión no atiende la solicitud de los ejidatarios éstos radicalizarán su oposición a la hidroeléctrica.
Previó que habitantes de comunidades de Cacahuatepec volverán a hacer más plantones en las carreteras y brechas de acceso a sus poblados para impedir el paso de personal y vehículos de la CFE al lugar donde se pretende construir la presa.
Igualmente aseguró que la CFE, en violación de las medidas cautelares otorgadas por el Tribunal Unitario Agrario, que impiden a la paraestatal realizar trabajos en los bienes comunales de Cacahuatepec, insiste en la construcción de la hidroeléctrica al solicitar presupuesto.
Felipe Flores agregó que los inconformes entregarán a la Comisión de Energía del Congreso de la Unión una solicitud para que nieguen los recursos solicitados por la CFE.
Del mismo modo, anunció que se reunirá con el diputado perredista Alejandro Encinas, quien también se opone a destinar fondos públicos a la hidroeléctrica.
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Permitirán a municipios usar parte del agua reservada a CFE

Rubicela Morelos y Alfredo Valadez, corresponsales
Periódico La Jornada
22 de Octubre, 2010

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Jalisco –integrantes del Consejo de Cuenca del río Balsas– aprobaron modificar el decreto presidencial que impide a la población urbana de esas entidades tomar agua para uso público y doméstico y otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 80 por ciento del líquido de ese cauce para generar energía eléctrica.
La reforma entrará en vigor cuando el Presidente de la República emita un nuevo decreto y éste se publique en el Diario Oficial de la Federación, lo que permitirá a 339 municipios tomar 332.6 millones de metros cúbicos de esta cuenca en beneficio de aproximadamente ocho millones de habitantes, informó José Luis Luege Tamargo, director de la Conagua, quien coordinó la quinta sesión del Consejo de Cuenca del Balsas, que se celebró en el museo de la zona arqueológica de Xochicalco.
Según el funcionario, la modificación de la veda, a la que calificó de “rígida y anacrónica”, obedeció a que desde hace más de 10 años los municipios demandan abasto de agua para zonas urbanas y no se les puede otorgar porque la CFE tiene “la gran concesión” del río Balsas.
Identifican 9 zonas de alto riesgo por contaminación
En México existen 465 sitios contaminados con todo tipo de sustancias peligrosas o tóxicas; sin embargo, hay nueve puntos “críticos”: la antigua mina Rosicler, en Nuevo Mercurio, Zacatecas; la planta de Fertimex que operaba en Salamanca, Guanajuato, así como la ex empresa Cromatos de México, ubicada en Tultitlán, estado de México, informó Alfonso Flores Ramírez, director general de gestión ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
También figuran en la lista Metales y Derivados de Tijuana, Baja California; los predios de la empresa Cytrar, en Hermosillo, Sonora, y el ex confinamiento de residuos peligrosos de Guadalcázar, en San Luis Potosí, aunque estos tres sitios ya son catalogados como “pasivos y remediados”, dijo.
Los otros tres sitios en condición de “pasivos en remediación” o “en estudio” son los jales mineros de Nacozari, Sonora; la planta abandonada de la empresa ARIC en Gómez Palacio, Durango, y la antigua mina de Villa de la Paz, en San Luis Potosí.
Una de las características de los nueve predios es que fueron abandonados por las empresas que las explotaron y dejaron a los gobiernos federal y locales la tarea de rehabilitarlos.
En la mina de Nuevo Mercurio se hicieron trabajos de remediación en 2001; sin embargo, un estudio reciente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí –financiado por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana– detectó que aún hay bifenilos policlorados en la zona, por lo cual se volverán a realizar trabajos de limpieza. En la localidad viven unas 200 personas que podrían ser reubicadas.
En cuanto a la antigua planta de Fertimex en Salamanca, explicó que producía plaguicidas organoclorados, los cuales están prohibidos en el Convenio de Estocolmo, “y estamos trabajando para lograr la remediación” del terreno.
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