miércoles, 9 de junio de 2010

Expresión Radical en la huelga de hambre del SME

Expresión Radical; un grupo de hip-hop que en el nombre llevan la ideología, dan un concierto a las afueras de la huelga de hambre del SME.
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Super SME, Luchador Social

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Comunicado SME


MARCELO EBRARD CASAUBON
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Presente


El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a través de quien suscribe el presente documento, en ejercicio del Derecho de Petición establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le hace los siguientes planteamientos y peticiones:

• Es de dominio público, que por gestiones del Secretario de Turismo capitalino Alejandro Rojas Díaz Durán, se están instalando en el Zócalo de la Ciudad de México pantallas gigantes, para un evento al que elegantemente llaman FIFA FAN FEST, las que serán “facilitadas” por la empresa japonesa Sony, a través de las cuales podrán observarse los partidos del mundial de futbol, a partir del próximo 11 de Junio.

• Nos acusan de infringir el Estado de Derecho que invocan tanto las autoridades federales como las estatales. Sin Embargo, la brutalidad y la impunidad con la que ambos niveles gubernamentales se han comportado en el violento desalojo de los compañeros mineros de Cananea, en Huelga desde el 30 de Julio de 2007 cuando estallaron su movimiento por las violaciones a las normas de Seguridad e Higiene, realizadas por el empresario Germán Larrea Mota Velazco dueño del grupo Industrial Minera México, Es el ejemplo de la impunidad que le garantizan las autoridades del trabajo, a la sobre explotación de la fuerza de trabajo de los trabajadores mineros, a uno de los hombres más ricos de nuestro planeta.

• En este violento desalojo intervinieron tanto el Ejército Federal, la Policía Federal Preventiva (PFP), la policía estatal (solamente faltaron los rangers norteamericanos para recordar el crimen de 1906), con la complacencia del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías y por supuesto con la aprobación del mal llamado Secretario del Trabajo y Previsión Social Javier Lozano Alarcón, es una cobarde agresión al movimiento obrero, por lo que el SME, condena este acto de guerra y, demanda el inmediato retiro de las fuerzas federales de la Mina de Cananea.

• El intento de un desalojo violento de nuestros compañeros del SME en Huelga de Hambre en el Zócalo Capitalino, es mucho más real a raíz de las notas periodísticas que diversos medios han dado a conocer a la opinión pública, afirmando que el presidente de la Federación Internacional de Fut bol Asociación (FIFA) Joseph S. Blatter, ha cuestionado la imagen que proyectará el país al mundo cuando se enteren que en el lugar que se instalan las mega pantallas existen plantones de diversas organizaciones, en protesta por la situación social por la que pasa México. Asimismo, trasciende en diversos medios que el Gobierno del D.F. garantizará “limpieza total” de la explanada del Zócalo durante la Copa del Mundo.

• El SME respeta la afición al Futbol que tienen nuestros compatriotas, cuestionamos que se utilice estos eventos, para mantener distraída a la población, y usarla como distractor para realizar actos represivos, como el realizado en Cananea.

• Un acto de represión contra la Huelga de Hambre del SME, traería consecuencias muy graves, en virtud de que nuestros aliados y nuestra organización respondería firmemente a un nuevo golpe en contra del movimiento obrero, por lo que es necesario desarticular cualquier intento de violencia por parte de las autoridades federales.

Por estas razones le hacemos a continuación las siguientes peticiones:

1. Exigimos total garantía de nuestros compañeros electricistas en Huelga de Hambre instalados en el Zócalo, así como del resto de los camaradas que los han acompañado, desde el inicio de la misma.
2. En congruencia le solicitamos al Gobierno del D.F. que garantice la libertad de asociación y de reunión establecido en el artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no solamente de los trabajadores electricistas, sino de todos aquellos ciudadanos que actualmente mantienen plantón en el Zócalo.
3. Rechazamos la intromisión en los asuntos internos de nuestro país, del ciudadano alemán Joseph S. Blatter y le pedimos al Gobierno del D.F. le exija respeto a la Soberanía de nuestro país.
4. Solicito a usted, me envíe respuesta por escrito en breve término, del acuerdo que tome al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



ATENTAMENTE
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México, D.F., a 8 de Junio de 2010

FERNANDO AMEZCUA CASTILLO
SECRETARIO DEL EXTERIOR

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¿Se compromete la gobernabilidad? Deuda de empresas paraestatales (II)

Valmiki López
Milenio.com
2010-06-09

Las principales empresas paraestatales y sus sindicatos ven un panorama difícil. Pemex, CFE, IMSS e Issste, las principales según los especialistas, tendrán obligación no sólo de ordenar sus finanzas, sino de lograr un verdadero compromiso con la eficiencia, la productividad y sobre todo con la calidad de sus servicios.
CFE y Pemex enfrentan problemas comunes en su operación, no sólo por los costos normales y los pasivos laborales, sino también los Proyectos de inversión (Pidiregas), que a más de 10 años de haberse establecido ya son una carga financiera muy importante que está perdiendo viabilidad financiera.
Ahora trataremos lo correspondiente a IMSS e Issste. Eel diagnóstico que entregó el Instituto Mexicano del Seguro Social al Congreso en meses pasados, fue contundente: “El panorama es desalentador, ya que los gastos que debe cubrir en 2009 son superiores a sus ingresos.”
El instituto espera un déficit de ingresos sobre gastos del orden de 2 a 1. El IMSS busca utilizar sus reservas estratégicas, que suman 147 757 mdp, para hacer frente a sus gastos, ya que debido a la crisis se ha reducido el número de cotizantes y, por ende, los ingresos de cuotas obrero-patronales. Otros retos que tiene que enfrentar el gobierno federal son: Los pasivos laborales del IMSS, que ascienden a 1.2 billones de pesos, equivalente a 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. El sindicato del IMSS concentra a 373 522 trabajadores, es el segundo más grande después del de los maestros. El pago de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad a favor del personal retirado representa 17% de su presupuesto total. El costo total del personal, incluyendo a trabajadores en activo y a jubilados y pensionados, representa el 73.46% de su presupuesto total (154 455 mdp).
Lo más grave son las deficiencias en el sistema público de salud, que provocan que entre 51 y 56% del gasto en salud de los mexicanos es un pago directo al sistema de salud privado. O usted derechohabiente, ¿cuánto paga en servicios privados de salud?, ¿lo ha calculado?
Para el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado del gobierno federal, el panorama es más difícil. La disminución de las reservas financieras en el Issste empezó en 2003, el gobierno federal tuvo que asumir el faltante a través de recursos adicionales. Citaremos información importante. El sindicato del Issste concentra a 72 000 trabajadores. Para 2010, el instituto requerirá 24 582 mdp para el pago de servicios personales. Para este año, el pago total de pensiones y jubilaciones sumará un monto de 61 514 mdp. Un total de 8 000 mdp transfirió el gobierno federal en los últimos tres años, para disminuir el rezago en la atención médica. A mayo del año próximo pasado, los pasivos laborales del Issste ascendieron a 3 933 mdp. Para concluir, el Issste paga en servicios personales más de 3 veces lo que gasta en medicinas. Y según sus propios afiliados, con un servicio pésimo. La pregunta es: ¿Cuánto tiempo pueden durar estas condiciones? Sin pensar en las modificaciones estructurales que permitan dan un buen servicio y condiciones financieras y de productividad que cambien el camino. Por ahora... de la desaparición.
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Censuran acciones contra trabajadores

El Correo Ilustrado
La Jornada
9 de Junio del 2010

El gobierno opta por recurrir a la fuerza pública para resolver problemas laborales que debieran transitar por la concertación.
El golpe a la huelga de Cananea y el desalojo de Pasta de Conchos, con la pretensión de poner las instalaciones en manos de Minera México, evidencian la falsedad del cierre por causa de fuerza mayor con la que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinó la extinción del centro de trabajo.
El abandono de responsabilidades sociales y quitarse la máscara y mostrar su verdadero rostro deben llevar a los mexicanos a no olvidar esta conducta hoy para con los mineros, ayer para con los electricistas y en el mañana para cualquiera de los que vivimos del trabajo y no estamos dispuestos a aceptar la política laboral que se instrumenta.
Catedráticos de derecho del trabajo de diversas universidades del país protestamos por esta forma de reprimir las acciones de los trabajadores.
María Teresa Guerra, Néstor de Buen, Alfonso Bouzas, Carlos de Buen, Octavio Loyzaga, Manuel Fuentes, Manuel Reyna, Manuel García, Octavio Cantón, Miriam Lizbeth Muñoz, Aleida Hernández, Guadalupe Zamora, Martha Moheno, Arturo Fernández, Enrique Larios, María del Carmen Macías, Perla Gómez, Felipe Ortuño y Ramón Acosta
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Cananea histórica

El Correo Ilustrado
La Jornada
9 de Junio del 2010

Juicio sobre la guerra del Yaqui y génesis de la huelga de Cananea es un libro imprescindible de reditar con el apoyo de todos los sindicatos independientes, grupos afines y, de ser preciso, de la sociedad civil. En momentos cuando el lumpen burgués empresarial y sus serviciales pujadores de empresas públicas nacionales optan por evadir toda cordura y moverse embrutecidos en el plano impune y prosaico del dinero ganado a costillas de la sociedad mexicana, y desafiando de forma directa las garantías laborales y sociales del sindicalismo nacional independiente, es obligado mover la lucha al plano de las ideas; la historia y otras disciplinas nos rearmarán y conducirán por buen camino.
Ocho meses han pasado de la toma cobarde de las instalaciones de LFC, cuatro meses de que la justicia, subordinada al gobierno federal, dio su veredicto en contra de la huelga de los mineros de Cananea. El tiempo, bondadoso y gran amigo de la verdad, nos ha ido revelando y dando la razón respecto del auténtico propósito detrás de estas dos acciones fascistas del gobierno calderonista. El pasado 6 de junio quedó todo dicho: ¡o son ellos o somos nosotros!
“Una revolución –escribió el comité central del SME de 1956, en la parte introductoria del libro citado– es el periodo más tenso de la lucha de clases, cuando una clase social envejecida e impotente abandona la escena para dar paso a una nueva clase capaz de realizar las tareas inevitables del desarrollo histórico”. Después de cien años, de nueva cuenta aquí estamos: los mineros, los electricistas, los maestros y toda la clase asalariada en su conjunto, hermanados en contra de un gobierno intransigente, desgastado y construido de ideas inconexas. Enfrentarlo con la casta que despierta el parafrasear de nuestra historia y con argumentos que nos guíen a la edificación de un nuevo pacto social será uno de tantos camino a seguir.

César Sánchez, miembro del SME
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Pronunciamiento de PRODESC, y Acción Urgente - CASO CANANEA

Proyectos Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C.

SE REPRIME LA PROTESTA SOCIAL Y EL LEGITIMO DERECHO A HUELGA A LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS, DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES, DEL SINDICATO MINERO DE LA SECCION 65 EN CANANEA, SONORA.

México D.F. a 8 de junio de 2010

Desde el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifestamos nuestra más alta preocupación e indignación ante la represión que sufrieron los trabajadores y sus familias del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) de la Sección 65 ubicada en Cananea Sonora, quienes siendo defensores de derechos humanos laborales ejercían legítimamente el derecho a huelga. El desalojo dejó como saldo varios lesionados, al ser reprimidos en forma ilegal por elementos de la policía federal estatal y grupos de choque.

De acuerdo a los testimonio de los trabajadores, el domingo 6 de junio de 2010, siendo aproximadamente las 22:00 horas, un grupo de choque arribó a las instalaciones de la empresa minera Mexicana de Cananea lugar en donde se encontraban familiares y trabajadores del sindicato minero de la sección 65. Este grupo estaba acompañado de fuerzas federales y estatales.

Los elementos de la policía federal, estatal y los grupos de choque rodearon la mina y entraron por la parte de atrás. Entonces, los trabajadores, sus familias, niños, mujeres, jóvenes y personas adultas que se encontraban en el lugar fueron golpeados y afectados indiscriminadamente por el gas lacrimógeno. Cabe señalar que los cuerpos policiacos no permitieron el ingreso de la Cruz Roja para que ésta brindara los primeros auxilios a los lesionados.

Cuando los trabajadores se concentraron en el recinto de las oficinas del sindicato, éstos fueron nuevamente atacados con gases lacrimógenos generando el desmayo de dos compañeras y provocando terror en los niños que se encontraban presentes. Los agentes federales detuvieron a Rodolfo Valdez Serrano, Luis Alberto Torres, Luis Alonso Borbón Pérez, Everardo Ochoa y Marcelo Lara López, los que por varias horas mantuvieron en el cerro, hincados y amarrados con lazos. Estos trabajadores fueron presentados al Ministerio Público 16 horas después de su detención.1

1 Periódico La Jornada, Martes 8 de junio de 2010, p. 2

A las 00:30 horas del día 7 de junio de 2010 aproximadamente cuatro mil agentes de la policía federal y local arribaron en 35 camiones y 4 helicópteros generando miedo e incertidumbre entre los trabajadores y sus familias. Asimismo, aproximadamente a las 11 horas de la mañana de este mismo día, los trabajadores se reagruparon, intentando reunirse en sus oficinas sindicales, cuando nuevamente la policía federal y local arrojó gas lacrimógeno al interior de la sede sindical.

Consideramos que estas acciones se realizan con el objetivo de desalentar el derecho de los defensores de derechos humanos laborales y sus familias a reivindicar sus derechos humanos laborales, y en particular su derecho a huelga. Esta acción es una forma legítima de presión que tiene todo trabajador para manifestarse cuando existe una violación a sus derechos colectivos. Además, consideramos que es evidente la doble violación producto de las partes. Por una parte, la empresa violó los estándares de seguridad e higiene establecidos en marcos internacionales y nacionales en la materia, así generando violaciones a las condiciones satisfactorias de trabajo de los mineros de Cananea. Por otra parte, el Estado ha sido omiso en sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos laborales de todas y todos estos trabajadores.

Por lo tanto, y en nuestro carácter organización de derechos humanos preocupada por la vigencia, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos laborales manifestamos lo siguiente:

1. Exigimos que el gobierno mexicano cumpla con la obligación de respetar garantizar y proteger los estándares más altos de derechos humanos en México.

2. Condenamos enérgicamente el uso de la represión y la violencia institucional como mecanismo de solución a los conflictos sociales en especial en la defensa legitima de los derechos humanos laborales.

3. Nos solidarizamos y respaldamos, la lucha que en forma pacífica y legítima vienen realizando los trabajadores y sus familias de la Sección 65 del Sindicato Minero frente a la minera Mexicana de Cananea, filial de Grupo México.

4. Exigimos la suspensión inmediata de la intervención de los elementos de la policía federal, estatal y los grupos de choque que se encuentran en las instalaciones de minera Mexicana de Cananea.

5. Exigimos que se garantice la protección de la integridad física y psicológica de las los trabajadores y sus familias.

6. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General

de la ONU, en particular a lo referente a la protección del derecho de toda “persona individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (art. 1) y a garantizar la protección [..]de toda persona individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenazas, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art. 12.2)

7. Exigimos al gobierno mexicano que haga valer las observaciones hechas en materia de seguridad e higiene en la mina Mexicana de Cananea, asegurando las condiciones satisfactorias de trabajo.

8. Se entable una mesa de diálogo y negociación respetuosa y pacifica.

ACCIÓN URGENTE

SE REPRIME LA PROTESTA SOCIAL Y EL LEGITIMO DERECHO A HUELGA A LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS, DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES, DEL SINDICATO MINERO DE LA SECCION 65 EN CANANEA, SONORA.

El domingo 6 de junio de 2010, de acuerdo a los testimonio de los trabajadores, recabados por el equipo de ProDESC, siendo aproximadamente las 22:00 horas, un grupo de choque arribó a las instalaciones de la empresa minera Mexicana de Cananea lugar en donde se encontraban familiares y trabajadores del sindicato minero de la sección 65. Este grupo estaba acompañado de fuerzas federales y estatales.

Los elementos de la policía federal, estatal y los grupos de choque rodearon la mina y entraron por la parte de atrás. Entonces, los trabajadores, sus familias, niños, mujeres, jóvenes y personas adultas que se encontraban en el lugar fueron golpeados y afectados indiscriminadamente por el gas lacrimógeno. Cabe señalar que los cuerpos policiacos no permitieron el ingreso de la Cruz Roja para que ésta brindara los primeros auxilios a los lesionados.

Cuando los trabajadores se concentraron en el recinto de las oficinas del sindicato, éstos fueron nuevamente atacados con gases lacrimógenos generando el desmayo de dos compañeras y provocando terror en los niños que se encontraban presentes. Los agentes federales detuvieron a Rodolfo Valdez Serrano, Luis Alberto Torres, Luis Alonso Borbón Pérez, Everardo Ochoa y Marcelo Lara López, los que por varias horas mantuvieron en el cerro, hincados y amarrados con lazos. Estos trabajadores fueron presentados al Ministerio Público 16 horas después de su detención.1

A las 00:30 horas del día 7 de junio de 2010 aproximadamente cuatro mil agentes de la policía federal y local arribaron en 35 camiones y 4 helicópteros generando miedo e incertidumbre entre los trabajadores y sus familias. Asimismo, aproximadamente a las 11 horas de la mañana de este mismo día, los trabajadores se reagruparon, intentando reunirse en sus oficinas sindicales, cuando nuevamente la policía federal y local arrojó gas lacrimógeno al interior de la sede sindical.

La policía federal y local continúa realizando patrullajes en la comunidad.

1 Periódico La Jornada, Martes 8 de junio de 2010, p. 2

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE:

1. Exigiendo que el gobierno mexicano cumpla con la obligación de respetar garantizar y proteger los estándares más altos de derechos humanos en México.

2. Condenando enérgicamente el uso de la represión y la violencia institucional como mecanismo de solución a los conflictos sociales en especial en la defensa legítima de los derechos humanos laborales.

3. Solidarizándose y respaldando, la lucha que en forma pacífica y legítima vienen realizando los trabajadores y sus familias de la Sección 65 del Sindicato Minero frente a la minera Mexicana de Cananea, filial de Grupo México.

4. Exigiendo la suspensión inmediata de la intervención de los elementos de la policía federal, estatal y los grupos de choque que se encuentran en las instalaciones de minera Mexicana de Cananea.

5. Demandando que se garantice la protección de la integridad física y psicológica de las los trabajadores y sus familias, en particular de Rodolfo Valdez Serrano, Luis Alberto Torres, Luis Alonso Borbón Pérez, Everardo Ochoa y Marcelo Lara López los cuales se encuentran detenidos por las autoridades gubernamentales.

6. Que se asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU, en particular a lo referente a la protección del derecho de toda “persona individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (art. 1) y a garantizar la protección *..+de toda persona individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenazas, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art. 12.2)

7. Pidiendo al gobierno mexicano que haga valer las observaciones hechas en materia de seguridad e higiene en la mina Mexicana de Cananea, asegurando las condiciones satisfactorias de trabajo.

8. La instalación de una mesa de diálogo y negociación respetuosa y pacífica.


Envíen llamamientos a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Presidente Constitucional de la República Mexicana
Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF.
Tel: +52 55 27891100; Fax: +52 55 50934900.
E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Secretario General de Gobernación.
Lic. Fernando Gómez-Mont Urueta.
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX +52 (55) 5093 34 14.
Email: secretario@segob.gob.mx

Licenciado Arturo Chávez Chávez,
Procuraduría General de la República,
Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc,
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500,
Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor"),
Correo Electrónico: ofproc@pgr.gob.mx / wmaster@pgr.gob.mx

Lic. Javier Lozano Alarcón
Secretario de Trabajo y Previsión Social
Periférico Sur No. 4271, Col. Fuentes del Pedregal, Tlalpan 14149, México D.F Conmutador 3000-2100
Correo: javier.lozano@stps.gob.mx

Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Fax +52 (55) 5681 7199,
correo@cndh.org.mx

Lic. Guillermo Padres Elias
Gobernador del Estado de Sonora
Palacio de Gobierno, Planta Alta
Dr. Paliza y Comonfort, C.P 83260 Hermosillo, Sonora.
Fax: +52 662-2120001, tel: +52 662210051

Lic. Ernesto Munro Palacio
Secretario de Seguridad Publica
ROSALES Y PASEO DEL CANAL S/N A UN COSTADO DE LA PGJE, Hermosillo, Sonora. Teléfono(s): 662 259-57-01

LIC. ABEL MURRIETA GUTIERREZ
Procurador General de Justicia
Rosales y Paseo del Canal Módulo Norte, Planta Alta Col. Centro C.P. 83000 Hermosillo, Sonora. Lada sin Costo 01-800-000-74-53
E-mail: procurador@pgjeson
Teléfono(s): (662) 259-48-00 ext 14000, 259-48-03, 259-48-04


Enviar copia a:

Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México,
Alberto Brunori
Representante de la Alta Comisionada en México
Fax +52 (55) 5061 6358;
oacnudh@ohchr.org

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humano
Fax +1 (202) 458 3992
cidhoea@oas.org

Sra. Navanethem Pillay
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Fax +41 22 917 9000
civilsocietyunit@ohchr.org

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C.
Zamora 169 despacho 2-B, Colonia Condesa, C.P. 06140 México, D. F.
Tel. (55) 5212-2229
Tel y fax. (55) 5212-2230
proyectodesc@gmail.com
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La Salación Nacional

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El Pueblo Paga

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Opinión de El Bote "Javier Lozano instruía a crear sindicatos charros"

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Sin oposición de electricistas entra CFE a Tenango

PILAR RAMÍREZ
RADIO EXPRESIÓN
08/Junio/2010

Después de varios días de gestiones, habitantes del barrio Tecoxtenco, en Tenango de las Flores, quienes estuvieron afectados por varios días por falta de energía eléctrica, lograron que personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) les reemplazara un transformador.
Los vecinos del barrio acudieron a las oficinas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de de la División Necaxa para pedir su intervención, sin embargo, los dirigentes argumentaron que no contaban con la herramienta necesaria para realizar dicha labor.
Al respecto, el subsecretario del exterior Miguel Ángel Montiel Eslava manifestó “que por ningún motivo el SME quiere afectar a los usuarios”, por lo que el personal de CFE podía restablecer, que los electricistas no se opondrían a los trabajos.
Sin embargo, después de varios días, en que los afectados del barrio Tecoxtenco presionaran para que el personal de CFE acudiera al lugar donde se suscitó la falla, comisión federal argumento ante los usuarios de Tenango que “los del SME se oponían a que se llevaran a cabo las maniobras necesarias” por lo que, señaló el dirigente de los electricistas que eso no era verdad, “sólo fueron pretextos para no restablecer a tiempo.
En tanto, Montiel Eslava, reiteró que en ninguna circunstancia desean que los usuarios se queden sin luz y destacó las muestras solidarias de todos los habitantes de la región, sobre todo, donde LyFC tenía influencia.
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Audio. Entrevista a Humberto Montes de Oca por Radio SME 9.jun.10


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Video. Televisa Amenaza a Noticias Diginal

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“Un abuso”, usar la fuerza contra trabajadores: Ebrard

Gabriela Romero Sánchez
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 10

No se puede construir una política laboral sobre la base de reprimir a los trabajadores, y menos cuando éstos ejercen plenamente sus derechos, afirmó Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Al solicitarle una opinión acerca de las acciones realizadas por el gobierno federal para desalojar las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, Ebrard Casaubon aseveró que el uso de la fuerza para resolver un conflicto de carácter laboral “nos debe preocupar”.
El jefe de Gobierno capitalino destacó que el uso de la fuerza pública contra los trabajadores es equivocado: “es un error, es un abuso. Y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso”.
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Cancelada, la posibilidad de recuperar restos de mineros en Pasta de Conchos

Se sellará la entrada bajo vigilancia de policías de Coahuila

Leopoldo Ramos, Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 10

Saltillo, Coah., 8 de junio. Personal de Industrial Minera México comenzó este martes los trabajos para sellar el acceso al túnel de la mina Pasta de Conchos. El proceso durará tres semanas y en ese tiempo las instalaciones serán resguardadas por policías del estado, señaló Armando Luna Canales, secretario de Gobierno de Coahuila.
En entrevista telefónica, el funcionario negó que la madrugada del lunes, cuando la policía estatal ocupó las instalaciones del yacimiento, hayan ocurrido detenciones o resultara lesionada persona alguna.
–¿La clausura de la mina implica que se cancele la posibilidad de recuperar los restos de los 63 mineros atrapados el 19 de febrero de 2006? –se le preguntó.
–Hace años que esa posibilidad está cancelada. Hubo dictámenes de varias autoridades en los que se hablaba de que no sólo no era factible entrar a la mina, sino que ponía en riesgo grave a las personas que estuvieran ahí, ya sea por nuevos derrumbes o por una explosión. La mina no estaba bien ventilada; estaba inundada, hay fotos donde se ven las vigas totalmente humedecidas; no hay condiciones de trabajo ni de rescate.
El lunes sólo “se pidió el auxilio de la fuerza pública del estado para permitir que personal de la empresa ingresara a las instalaciones para realizar los trabajos que ordenó la autoridad”.
–¿Hubo heridos o detenidos?
–Nada, para nada.
Explicó que la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía federal, ordenó a Industrial Minera México, concesionaria de la cantera, sellar la bocamina y dar por concluido el permiso de explotación.
Explicó que con base en esa orden “el interesado, que es Industrial Minera México, de Grupo México, hizo la petición de auxilio policiaco. Ellos fueron los que solicitaron la fuerza pública” y por esa razón la policía del estado realizó el operativo para retirar del acceso a la cantera a unos 10 activistas y deudos de los trabajadores que murieron hace cuatro años.
–¿Por qué no intervino la Policía Federal, como en Cananea?
–Porque en Coahuila no hay ningún policía federal.
Aseguró que la participación del gobierno de Coahuila en el caso consistió en “facilitar la fuerza pública; es una obligación que tenemos, igual que cuando un juez pide que intervenga para un desalojo, cuando hay que restituir un predio o cuando hay que hacer un embargo”.
El funcionario explicó que participaron 50 elementos policiacos y que se trató de una operación muy sencilla: “no hubo problema de ningún tipo, lo único que pasó ahí fue que se pidió a las personas que se hicieran a un lado para que dejaran entrar a los trabajadores, personal de la empresa, de Minera México, y entraron”.
En entrevista con MVS radio, Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, deslindó al gobierno federal de la intervención policiaca en la mina Pasta de Conchos y responsabilizó del operativo al gobierno de Coahuila.
Luna Canales señaló que “efectivamente, no se trata de un asunto laboral, porque hace cuatro años que ahí no hay un solo trabajador. No es un tema de la Secretaría de Trabajo, en eso tiene razón (Lozano), pero es un tema de la Secretaría de Economía, de la Dirección General de Minas, que ordenó a Industrial Minera México terminar con los trabajos de la mina y parte de esa tarea implica el sellado”.
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Campesinos, investigadores y políticos condenan desalojo violento en Cananea

  • El operativo refleja la vocación represora del gobierno de Calderón, sostiene la Unorca
  • El programa de reactivación del yacimiento es “una argucia publicitaria”, sostiene el PRD

De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 10

El presidente del PRD, Jesús Ortega, condenó el desalojo de trabajadores de la mina de Cananea, acto que refleja la actitud intolerante del Poder Ejecutivo. “Pareciera que para el gobierno la única forma de solucionar conflictos es el uso de la fuerza policiaca, y lo único que provoca es que se agudicen los problemas”, señaló. Organizaciones campesinas también censuraron las acciones “represivas” del gobierno federal efectuadas en la histórica mina.
Ortega manifestó el pleno respaldo del PRD a las organizaciones sindicales de México y afirmó que el gobierno de Felipe Calderón “se equivoca rotundamente si piensa que a golpes podrá solucionar las cosas”.
Aseguró que el programa de reactivación anunciado para Cananea es “demagogia pura; una mentira, una falsedad, una argucia publicitaria”.
Por otra parte, varias organizaciones campesinas condenaron la acción gubernamental contra los mineros, y la calificaron de represiva.
La Unión Campesina Democrática (UCD), la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) y la Central Campesina Cardenista (CCC) coincidieron en censurar el desalojo.
El dirigente de la Unorca, Olegario Carrillo, sostuvo que el desalojo se realizó “en la más pura tradición porfirista”, con lo cual se ratificó la “vocación represora” del gobierno federal.
El dirigente de la UCD, José Durán Vera, expresó ante el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont –quien acudió al foro Transformación y modernización del sector agrario–, que en esa mina se inició mucho de la Revolución Mexicana, y por eso “no se puede responder a la demanda de los trabajadores con actos represivos”.
Max Correa, dirigente de la CCC, sostuvo que sólo “mediante el diálogo podrán solucionarse los conflictos laborales de Cananea y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sentimos que es posible hallar una solución, pero es necesario que el gobierno ponga la parte que le corresponde”.
José Alfonso Bouzas Ortiz, especialista en temas laborales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que “el gobierno federal va a lograr lo que no ha logrado el sector sindical en décadas: borrar las diferencias del sindicalismo y unirse para enfrentar al gobierno.
“En el sindicalismo mexicano hay diferencias muy grandes, pero primero con los electricistas, y ahora con los mineros, lo que están haciendo es reunir lo necesario para que moros y cristianos almacenen unidad contra el gobierno.”
Bouzas calificó los desalojos de las minas de hechos “insólitos” en materia de política laboral, que lo único que van a lograr es “empeorar” las relaciones entre sindicalismo y gobierno.
Explicó: “no estamos hablando de desgaste, sino de violencia física, lo cual representa que la política laboral del gobierno ha fracasado de forma rotunda. La represión es la regla y esto tiene un costo social muy grande”.
En Jalisco, integrantes de la Asamblea Estatal de Resistencia Popular condenaron la “brutal represión sufrida por los mineros de Cananea, quienes mantuvieron con dignidad la huelga que el próximo 30 de julio cumpliría tres años, a pesar de tener en contra toda la fuerza del Estado, en complicidad con el grupo empresarial irónicamente llamado ‘México’”.
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Legisladores exigen al gobierno informe sobre los acuerdos con Grupo México

  • PRI, PRD y PT solicitan que Lozano Alarcón comparezca ante la Comisión Permanente
  • Piden que la CNDH acuda a Cananea para evitar más violaciones de derechos de mineros

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 9

El presidenete del Senado demandó la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la finalidad de que personal de ese organismo se traslade a Cananea, Sonora, verifique la actuación de las fuerzas públicas en el conflicto minero y evite que se sigan violando las garantías fundamentales de los trabajadores.
Además, senadores y diputados de PRI, PRD y PT exigieron al gobierno federal que informe acerca de los acuerdos que hubo entre la autoridad laboral y Grupo México, y exigieron que se concrete la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, ante la Comisión Permanente.
Varios legisladores se pronunciaron en favor de la renuncia del funcionario.
“Se trata de un represor que va a enrarecer aún más el clima político”, sostuvo el diputado Mario di Costanzo, del PT.
En tanto, el presidente de la tercera Comisión de la Permanente, el senador Rogelio Rueda, del PRI, manifestó que la cita para que comparezca Lozano Alarcón se acordó hace varias sesiones, pero no se ha formalizado. Por tanto, solicitó a la mesa directiva, que preside el perredista Carlos Navarrete, que se concrete lo antes posible.
“Con los mineros de Cananea se repitió el esquema utilizado con el Sindicato Mexicano de Electricistas: promesas de una buena liquidación y recontratación, que no se cumplen”, aseveró el diputado priísta Carlos Ramírez Marín.
Deploró que por el conflicto minero el municipio de Cananea haya estado al borde de la extinción y que “casi se haya matado de hambre a miles de familias, antes que afectar el interés de un grupo empresarial poderoso”, como el de los Larrea.
“Una vez más quedó demostrada la ineptitud de Lozano Alarcón, quien no debería seguir desempeñándose como secretario del Trabajo”, ya que en tres años que lleva el conflicto laboral en esa mina no fue capaz de negociar los 103 mil millones de pesos que ahora “anuncia como inversión, para que no estallara la huelga.”
Los integrantes de la mesa directiva de la comisión del Senado que da seguimiento al conflicto en Cananea: el perredista Arturo Núñez, el priísta Alfonso Elías Serrano y el panista Federico Döring, hicieron un “llamado enérgico” al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que cumpla el ofrecimiento que planteó ante ese órgano, de favorecer “las condiciones que permitan la construcción de acuerdos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan un entorno de gobernabilidad democrática” en Cananea.
Exigieron a la CNDH que asigne de inmediato personal para que verifique el estricto respeto de los derechos humanos de los trabajadores mineros y la población de Cananea.
Por separado, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, solicitó al gobierno de Felipe Calderón que dé a conocer los compromisos que Grupo México signó con la Secretaría del Trabajo, con el propósito de que hagan público cuántos trabajadores van a contratar, por cuánto tiempo y en qué condiciones laborales.
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