lunes, 7 de junio de 2010
De la resistencia a la construcción del futuro
En solidaridad con los trabajadores electricistas, mujeres y hombres, y sus familias
Marcos Chávez
Contralínea
6 Junio 2010
Difícilmente puede regatearse el valor moral que tiene el uso de la huelga de hambre como recurso extremo de protesta política no violenta, de defensa de sus intereses y derechos de quienes se ven obligados a recurrir a ella, aun a riesgo de exponer su vida, así como eventualmente para movilizar a la opinión pública a favor de sus reivindicaciones. Menos aún cuando esa práctica es consecuencia de los abusos cometidos desde el Estado (el gobierno como estructura: el Ejecutivo, el Legislativo, las autoridades judiciales, electorales) y de los grupos dominantes, del ejercicio del poder de quienes supuestamente deben de guardar el bien público, de velar por el imperio de las leyes y subordinarse a ellas, y son los primeros en violentar abusiva e impunemente el estado de derecho.
La contraparte del ayuno es la injusticia, el descrédito, la pérdida de legitimidad de las autoridades y las instituciones. Evidencia la incapacidad, la negligencia, el fracaso o, simplemente, el desprecio deliberado de los organismos encargados para mediar y resolver legalmente los conflictos sociales sin llegar a esas situaciones traumáticas y de impartición de la justicia de manera imparcial, equitativa y oportuna. Es una de las manifestaciones legítimas de las luchas de la población en contra del autoritarismo del sistema político que no sólo no desapareció con la alternancia partidaria en el gobierno, sino que se ha agudizado aún más.
En una perspectiva más amplia, es una expresión de la lucha de clases que, como señalara el sociólogo alemán Claus Offe, “confirma la tesis de [Carlos] Marx de que la democracia burguesa y el modo de producción capitalista mantienen una relación tensa entre sí, precaria, irresoluble en el fondo” (Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, editorial Sistema, Madrid, 1996). Para los regímenes despóticos o que se dicen republicanos, el empleo del cuerpo, en una especie de martirologio, con fines pacifistas y a menudo con propósitos limitados que pueden atenderse sin riesgos para su estabilidad, resultan intolerables, subversivos, pues evidencian su naturaleza antidemocrática y, aun en esas circunstancias, no han dudado en desacreditarlos socialmente y reprimirlos sicológica y físicamente. Con una amplia variedad de intereses, la huelga de hambre ha sido empleada en un gran número de países. Pueden citarse a Mahatma Gandhi, en la India; Evo Morales, en Bolivia; Ignacio De Juana Chaos, miembro de la Euskadi Ta Askatasuna, en España; o Patricia Troncoso, activista por la causa mapuche en Chile. Por su propia naturaleza, empero, los resultados obtenidos generalmente son limitados o infructuosos.
Quizá las protestas de hambre más dramáticas en la historia corresponden al pueblo católico irlandés en su lucha por su independencia en contra del gobierno del Reino Unido y sus aliados irlandeses protestantes. En 1917, falleció de hambre Thomas Ashe. En abril de 1920 se registró un ayuno masivo de dos semanas en las prisiones de Mountjoy y de Cork. Entre estos últimos destacó la participación de Terence MacSwiney, miembro del Dáil, el parlamento irlandés, reunido en Dublín en rebeldía, y Alcalde de Cork por el Sinn Féin (en irlandés, Nosotros o Nosotros Mismos), quien recién había sustituido a su compañero Tomás MacCurtain, asesinado por un escuadrón de la muerte británico. MacSwiney fue trasladado a la cárcel de Brixton en Inglaterra, donde murió luego de 74 días de huelga de hambre, en plena guerra de la independencia. Unas horas después, sucedió lo mismo con Joseph Murphy, tras 76 días de ayuno. Una semana antes había pasado lo mismo con MacSwiney, luego de 67 días. En el transcurso, la huelga fue respaldada socialmente y sus muertes desencadenaron serios disturbios en Irlanda.
El 27 de octubre de 1980, hace 30 años, siete republicanos, recluidos en la prisión Mazen, iniciaron otra huelga de hambre en defensa de sus derechos políticos como prisioneros de guerra, cercenados por los ingleses que criminalizaron el movimiento independentista, a la que después se sumaron varias decenas, incluyendo tres mujeres detenidas en la prisión de Armagh. Uno de ellos, Sean McKenna, estuvo al borde de la muerte, al entrar y salir varias veces del estado comatoso. El ayuno concluyó 53 días después, cuando Margaret Thatcher, matriarca de los neoliberales y cabeza del gobierno más reaccionario de Europa en ese tiempo, se comprometió a satisfacer sus demandas. Ante el incumplimiento del acuerdo, el 1 de marzo de 1981 se inició una segunda huelga a la que se incorporaron gradualmente los participantes y que fue social y masivamente apoyada. Ésta fue iniciada por Robert George Sands, comandante responsable del Ejército Republicano Irlandés, el 1 de marzo de 1981, y duró siete meses. En ella murieron 10 presos: Bobby Sands, a los 27 años de edad, luego de 66 días de ayuno; Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee y Mickey Devine. El desafío y las muertes fueron tomadas con desprecio y represión por Thatcher, que en 1984 reprimiría brutalmente a los huelguistas mineros y destruiría su sindicato. Ella dijo: “Mr Sands era un criminal convicto. Eligió acabar con su propia vida”. La criminalización del movimiento social se convirtió en asesinatos de Estado en el flemáticamente “civilizado” Reino Unido.
Gerry Adams, líder del Sinn Féin, señaló que “los huelguistas eran hombres ordinarios que, en circunstancias extraordinarias, habían trasladado su lucha a un ámbito moral en el que esa lucha se había convertido en un combate entre ellos y el poder del Estado británico”. “En el camino a la libertad, necesitamos pensar en grande. Necesitamos estrategia, liderazgo y confianza para tomar el poder político de aquellos sin derecho a él. Se trata de crear una república nueva, incluyente”.
Ocho meses después del salvaje asalto de la compañía de Luz y Fuerza del Centro –llevado a cabo por los aparatos represivos del Estado, los militares y la Policía Federal, organismos públicamente desprestigiados por su guerra sucia antisocial y cuyos uniformes escurren sangre por sus impunes asesinatos de Estado cometidos a nombre de Felipe Calderón, principal responsable de sus tropelías– los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas iniciaron una huelga de hambre que lleva poco más de 30 días, en la cual, más de 17 trabajadores han tenido que ser hospitalizados por sus secuelas. Esa difícil decisión, de alto valor moral en su lucha en contra del Estado mexicano, fue tomada como parte de la exigencia de justicia, de la defensa de sus empleos, de su dignidad. Es una lucha desigual ante la cruenta guerra de clases declarada a los trabajadores por las elites dominantes, la burguesía y el gobierno, que violenta el estado de derecho y emplea los aparatos represivos del Estado.
Su lucha no es sólo de ellos. Es también por su clase social violentamente atrapada en la tenaza del sistema, uno de cuyos brazos es la violencia económica ejercida por el salvaje capitalismo neoliberal en contra de los trabajadores, que destruye los empleos formales, estables y dignos, las prestaciones y conquistas sociales y las organizaciones obreras que le estorban, deprecia los salarios reales, los condena a emigrar hacia Estados Unidos y a una peor miseria; los reduce a la calidad de esclavos al servicio de la maximización de la acumulación y las ganancias empresariales, sobre todo de la oligarquía local trasnacionalizada –Slim, Azcárraga, Salinas pliego, Servitje, Larrea, Bailléres, Arango, Hernández Ramírez, Harp y demás– y foránea. El otro brazo es el despotismo político que garantiza la imposición del modelo y la dominación de los trabajadores. Su lucha es por la nación. Es por un sistema justo, democrático y socialmente incluyente.
Su lucha es nuestra lucha y sus enemigos son los nuestros. La lucha de clases declarada es a muerte como siempre ha sido bajo el capitalismo. Ella, la polarización del ingreso y la riqueza y las penurias sociales de la mayoría no se resuelven con una menor inequidad en la distribución del ingreso entre el empresariado y los trabajadores, ni con un modelo capitalista más benigno como lo fue el Estado de bienestar, demolido por los neoliberales y que sólo buscaba atenuar las desigualdades, pero nunca aspiró a eliminarlas porque ése no era su objetivo, que se reducía a atenuar los conflictos y ampliar la inclusión para mejorar el funcionamiento del sistema y su estabilidad política.
El problema es el propio capitalismo que reproduce esas clases irreconciliables. La solución radica en la destrucción de la propiedad privada de los medios de producción, su socialización y la desaparición de ese sistema por naturaleza antisocial y antidemocrático, que en el mejor de los casos se limita a la democracia indirecta, delegativa, que restringe la participación de la mayoría en las decisiones trascendentales que definen las formas de vida de la sociedad y el destino de la nación, las cuales quedan en manos de los grupos dominantes. La salvación de los trabajadores sólo corresponde a ellos mismos, según Marx.
Como dijo Gerry Adams: “En el camino a la libertad necesitamos pensar en grande”. Necesitamos diseñar una ambiciosa “estrategia” de cambio anticapitalista, que incorpore a los diferentes sectores de la población que aspiren a una vida digna, que permita construir un sistema económico donde la creación de la riqueza y su distribución tenga un sentido social y no privado, que abra las puertas de la democracia participativa. Es claro que, en el ínter, las luchas económico-políticas como la de los trabajadores electricistas son vitales para defender, restaurar, ampliar sus beneficios, construir una conciencia de clase y las organizaciones necesarias que permitan enfrentar eficientemente a las formas salvajes de la acumulación que impone el régimen neoliberal, que avance en la democratización de la nación y los convierta en ciudadanos.
El valor moral de su huelga de hambre, como parte de su lucha general, es irrebatible. Aunque en condiciones cada vez más desventajosas, lo que exige es replantear su estrategia. No sólo tienen enfrente a la extrema derecha representada por el clero político, Calderón, el panismo y la oligarquía, también a los otros cancerberos del sistema: el Poder Judicial que ha sido complaciente con la subversión calderonista de la carta magna, y el Legislativo, los priistas, los perredistas, que se han convertido en parte orgánica del sistema. Los demás partidos los han abandonado a su suerte; legitimaron la anticonstitucionalidad de la embestida en contra de la empresa y los trabajadores electricistas y la entrega de aquella al pillaje empresarial, asunto que apestaba más que en Dinamarca; que han aceptado el estado de excepción impuesto por calderonismo, un golpe verdadero de Estado, que es empleado en contra de la sociedad, que ha obstaculizado la democratización del país. A ello hay que sumar la indiferencia o el pasivo apoyo social.
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Marcos Chávez
Contralínea
6 Junio 2010
Difícilmente puede regatearse el valor moral que tiene el uso de la huelga de hambre como recurso extremo de protesta política no violenta, de defensa de sus intereses y derechos de quienes se ven obligados a recurrir a ella, aun a riesgo de exponer su vida, así como eventualmente para movilizar a la opinión pública a favor de sus reivindicaciones. Menos aún cuando esa práctica es consecuencia de los abusos cometidos desde el Estado (el gobierno como estructura: el Ejecutivo, el Legislativo, las autoridades judiciales, electorales) y de los grupos dominantes, del ejercicio del poder de quienes supuestamente deben de guardar el bien público, de velar por el imperio de las leyes y subordinarse a ellas, y son los primeros en violentar abusiva e impunemente el estado de derecho.
La contraparte del ayuno es la injusticia, el descrédito, la pérdida de legitimidad de las autoridades y las instituciones. Evidencia la incapacidad, la negligencia, el fracaso o, simplemente, el desprecio deliberado de los organismos encargados para mediar y resolver legalmente los conflictos sociales sin llegar a esas situaciones traumáticas y de impartición de la justicia de manera imparcial, equitativa y oportuna. Es una de las manifestaciones legítimas de las luchas de la población en contra del autoritarismo del sistema político que no sólo no desapareció con la alternancia partidaria en el gobierno, sino que se ha agudizado aún más.
En una perspectiva más amplia, es una expresión de la lucha de clases que, como señalara el sociólogo alemán Claus Offe, “confirma la tesis de [Carlos] Marx de que la democracia burguesa y el modo de producción capitalista mantienen una relación tensa entre sí, precaria, irresoluble en el fondo” (Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, editorial Sistema, Madrid, 1996). Para los regímenes despóticos o que se dicen republicanos, el empleo del cuerpo, en una especie de martirologio, con fines pacifistas y a menudo con propósitos limitados que pueden atenderse sin riesgos para su estabilidad, resultan intolerables, subversivos, pues evidencian su naturaleza antidemocrática y, aun en esas circunstancias, no han dudado en desacreditarlos socialmente y reprimirlos sicológica y físicamente. Con una amplia variedad de intereses, la huelga de hambre ha sido empleada en un gran número de países. Pueden citarse a Mahatma Gandhi, en la India; Evo Morales, en Bolivia; Ignacio De Juana Chaos, miembro de la Euskadi Ta Askatasuna, en España; o Patricia Troncoso, activista por la causa mapuche en Chile. Por su propia naturaleza, empero, los resultados obtenidos generalmente son limitados o infructuosos.
Quizá las protestas de hambre más dramáticas en la historia corresponden al pueblo católico irlandés en su lucha por su independencia en contra del gobierno del Reino Unido y sus aliados irlandeses protestantes. En 1917, falleció de hambre Thomas Ashe. En abril de 1920 se registró un ayuno masivo de dos semanas en las prisiones de Mountjoy y de Cork. Entre estos últimos destacó la participación de Terence MacSwiney, miembro del Dáil, el parlamento irlandés, reunido en Dublín en rebeldía, y Alcalde de Cork por el Sinn Féin (en irlandés, Nosotros o Nosotros Mismos), quien recién había sustituido a su compañero Tomás MacCurtain, asesinado por un escuadrón de la muerte británico. MacSwiney fue trasladado a la cárcel de Brixton en Inglaterra, donde murió luego de 74 días de huelga de hambre, en plena guerra de la independencia. Unas horas después, sucedió lo mismo con Joseph Murphy, tras 76 días de ayuno. Una semana antes había pasado lo mismo con MacSwiney, luego de 67 días. En el transcurso, la huelga fue respaldada socialmente y sus muertes desencadenaron serios disturbios en Irlanda.
El 27 de octubre de 1980, hace 30 años, siete republicanos, recluidos en la prisión Mazen, iniciaron otra huelga de hambre en defensa de sus derechos políticos como prisioneros de guerra, cercenados por los ingleses que criminalizaron el movimiento independentista, a la que después se sumaron varias decenas, incluyendo tres mujeres detenidas en la prisión de Armagh. Uno de ellos, Sean McKenna, estuvo al borde de la muerte, al entrar y salir varias veces del estado comatoso. El ayuno concluyó 53 días después, cuando Margaret Thatcher, matriarca de los neoliberales y cabeza del gobierno más reaccionario de Europa en ese tiempo, se comprometió a satisfacer sus demandas. Ante el incumplimiento del acuerdo, el 1 de marzo de 1981 se inició una segunda huelga a la que se incorporaron gradualmente los participantes y que fue social y masivamente apoyada. Ésta fue iniciada por Robert George Sands, comandante responsable del Ejército Republicano Irlandés, el 1 de marzo de 1981, y duró siete meses. En ella murieron 10 presos: Bobby Sands, a los 27 años de edad, luego de 66 días de ayuno; Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee y Mickey Devine. El desafío y las muertes fueron tomadas con desprecio y represión por Thatcher, que en 1984 reprimiría brutalmente a los huelguistas mineros y destruiría su sindicato. Ella dijo: “Mr Sands era un criminal convicto. Eligió acabar con su propia vida”. La criminalización del movimiento social se convirtió en asesinatos de Estado en el flemáticamente “civilizado” Reino Unido.
Gerry Adams, líder del Sinn Féin, señaló que “los huelguistas eran hombres ordinarios que, en circunstancias extraordinarias, habían trasladado su lucha a un ámbito moral en el que esa lucha se había convertido en un combate entre ellos y el poder del Estado británico”. “En el camino a la libertad, necesitamos pensar en grande. Necesitamos estrategia, liderazgo y confianza para tomar el poder político de aquellos sin derecho a él. Se trata de crear una república nueva, incluyente”.
Ocho meses después del salvaje asalto de la compañía de Luz y Fuerza del Centro –llevado a cabo por los aparatos represivos del Estado, los militares y la Policía Federal, organismos públicamente desprestigiados por su guerra sucia antisocial y cuyos uniformes escurren sangre por sus impunes asesinatos de Estado cometidos a nombre de Felipe Calderón, principal responsable de sus tropelías– los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas iniciaron una huelga de hambre que lleva poco más de 30 días, en la cual, más de 17 trabajadores han tenido que ser hospitalizados por sus secuelas. Esa difícil decisión, de alto valor moral en su lucha en contra del Estado mexicano, fue tomada como parte de la exigencia de justicia, de la defensa de sus empleos, de su dignidad. Es una lucha desigual ante la cruenta guerra de clases declarada a los trabajadores por las elites dominantes, la burguesía y el gobierno, que violenta el estado de derecho y emplea los aparatos represivos del Estado.
Su lucha no es sólo de ellos. Es también por su clase social violentamente atrapada en la tenaza del sistema, uno de cuyos brazos es la violencia económica ejercida por el salvaje capitalismo neoliberal en contra de los trabajadores, que destruye los empleos formales, estables y dignos, las prestaciones y conquistas sociales y las organizaciones obreras que le estorban, deprecia los salarios reales, los condena a emigrar hacia Estados Unidos y a una peor miseria; los reduce a la calidad de esclavos al servicio de la maximización de la acumulación y las ganancias empresariales, sobre todo de la oligarquía local trasnacionalizada –Slim, Azcárraga, Salinas pliego, Servitje, Larrea, Bailléres, Arango, Hernández Ramírez, Harp y demás– y foránea. El otro brazo es el despotismo político que garantiza la imposición del modelo y la dominación de los trabajadores. Su lucha es por la nación. Es por un sistema justo, democrático y socialmente incluyente.
Su lucha es nuestra lucha y sus enemigos son los nuestros. La lucha de clases declarada es a muerte como siempre ha sido bajo el capitalismo. Ella, la polarización del ingreso y la riqueza y las penurias sociales de la mayoría no se resuelven con una menor inequidad en la distribución del ingreso entre el empresariado y los trabajadores, ni con un modelo capitalista más benigno como lo fue el Estado de bienestar, demolido por los neoliberales y que sólo buscaba atenuar las desigualdades, pero nunca aspiró a eliminarlas porque ése no era su objetivo, que se reducía a atenuar los conflictos y ampliar la inclusión para mejorar el funcionamiento del sistema y su estabilidad política.
El problema es el propio capitalismo que reproduce esas clases irreconciliables. La solución radica en la destrucción de la propiedad privada de los medios de producción, su socialización y la desaparición de ese sistema por naturaleza antisocial y antidemocrático, que en el mejor de los casos se limita a la democracia indirecta, delegativa, que restringe la participación de la mayoría en las decisiones trascendentales que definen las formas de vida de la sociedad y el destino de la nación, las cuales quedan en manos de los grupos dominantes. La salvación de los trabajadores sólo corresponde a ellos mismos, según Marx.
Como dijo Gerry Adams: “En el camino a la libertad necesitamos pensar en grande”. Necesitamos diseñar una ambiciosa “estrategia” de cambio anticapitalista, que incorpore a los diferentes sectores de la población que aspiren a una vida digna, que permita construir un sistema económico donde la creación de la riqueza y su distribución tenga un sentido social y no privado, que abra las puertas de la democracia participativa. Es claro que, en el ínter, las luchas económico-políticas como la de los trabajadores electricistas son vitales para defender, restaurar, ampliar sus beneficios, construir una conciencia de clase y las organizaciones necesarias que permitan enfrentar eficientemente a las formas salvajes de la acumulación que impone el régimen neoliberal, que avance en la democratización de la nación y los convierta en ciudadanos.
El valor moral de su huelga de hambre, como parte de su lucha general, es irrebatible. Aunque en condiciones cada vez más desventajosas, lo que exige es replantear su estrategia. No sólo tienen enfrente a la extrema derecha representada por el clero político, Calderón, el panismo y la oligarquía, también a los otros cancerberos del sistema: el Poder Judicial que ha sido complaciente con la subversión calderonista de la carta magna, y el Legislativo, los priistas, los perredistas, que se han convertido en parte orgánica del sistema. Los demás partidos los han abandonado a su suerte; legitimaron la anticonstitucionalidad de la embestida en contra de la empresa y los trabajadores electricistas y la entrega de aquella al pillaje empresarial, asunto que apestaba más que en Dinamarca; que han aceptado el estado de excepción impuesto por calderonismo, un golpe verdadero de Estado, que es empleado en contra de la sociedad, que ha obstaculizado la democratización del país. A ello hay que sumar la indiferencia o el pasivo apoyo social.
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¿Nueva Ley Federal del Trabajo? La contrarreforma neoliberal panista-patronal
Román Munguía Huato
Avenida24.com
07 de Junio de 2010
A principios de la década de los ochenta con las políticas neoliberales se han venido agudizando las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos entre otras causas por una escasa y deficiente organización gremial, derivada de un precario y débil sindicalismo clasista democrático e independiente. Pero es a partir de los años noventa que el capital local y foráneo decidió emprender una serie de reformas “estructurales” neoliberales, incluida la reforma laboral que comprende una modificación radical patronal a la Ley Federal del Trabajo, la cual contempla nuevas formas de regulación jurídica y cambios a las formas de contratación del trabajador, a las jornadas de trabajo, etcétera, para debilitar a los sindicatos y expoliar más a los trabajadores. Esta reforma laboral se viene aplicando gradual o directamente en los hechos prácticos y está en la agenda inmediata del gobierno calderonista. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prepara ya el terreno para la reforma laboral con la revisión de 153 iniciativas de reforma a esa legislación, iniciada desde el 2002.
La Iniciativa Lozano –llamada así por el nombre del titular de la STyPS, Javier Lozano Alarcón–, es el proyecto jurídico del gobierno panista de Felipe Calderón para modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT). Aunque el análisis de la iniciativa arrancó el pasado13 de abril, será hasta el nuevo periodo de sesiones de la LXI Legislatura, a partir de septiembre, que se pondrá en marcha el debate de tal propuesta. El sólo hecho que este secretario sea quien proponga una reforma a la LFT es para advertirnos claramente de su profunda naturaleza antiobrera y antisindical; es decir, estamos hablando de uno de los principales represores de los trabajadores mexicanos y de los sindicatos democráticos e independientes del país, y de aquellos organismos gremiales actualmente en conflicto con la parte patronal, como son, entre otros, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y la Sección 65 del Sindicato Minero, de Cananea, Sonora, actualmente en huelga contra la empresa Industrial Minera México, la más grande compañía minera del país, cuyo propietario es Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del mundo y también uno de los principales responsables de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, el 19 de febrero de 2006.
Además, Lozano Alarcón, definido como el camorrero de su jefe, el que hace el trabajo sucio, forma parte del grupo muy nutrido de altos funcionarios del gobierno federal envuelto en una profunda corrupción y en grandes escándalos, como es el caso del chino Zhenli Ye Gon y los misteriosos 205 millones de dólares escondidos en una mansión de Las Lomas de Chapultepec. Alarcón lo chantajeó para obtener fondos destinados a la campaña presidencial de Felipe Calderón. Lozano Alarcón, quien había sido subsecretario de Comunicación de Gobernación en el gobierno zedillista, ahora pretende ser uno de los políticos más serviles a los grandes empresarios para perfilarse como candidato panista presidencial al 2012.
Pero mientras que por un lado el gobierno espurio de Felipe Calderón trata de cumplir muy bien su papel de guardián feroz de los grandes capitales locales y extranjeros reprimiendo a los trabajadores, por otro, establece alianzas muy claras con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), representado por Elba Esther Gordillo; el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), representado por Carlos Romero Dechamps; y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), encabezado por Víctor Fuentes del Villar; tres de los más conspicuos dirigentes del charrismo sindical; por eso, es absolutamente demagógico y cínico lo dicho por Lozano Alarcón de que su iniciativa de reforma “acabará con muchos años de privilegios que gozaron las dirigencias sindicales”.
La LFT vigente data del 1 de mayo de 1970 y requirió diez años de elaboración. Promovida en 1960 por el presidente Adolfo López Mateos, quien reprimió el movimiento obrero democrático e independiente –especialmente las luchas de los trabajadores ferrocarrileros–, fue aprobada al final del periodo de Gustavo Díaz Ordaz, quien ordenó, a su vez, la matanza de cientos de estudiantes y pueblo en general en Tlatelolco, en octubre de 1968. Esta ley correspondió a todo un periodo histórico de la llamada política desarrollista (1940–1970) dentro del cual el capital tuvo una expansión significativa; pero eran ya los estertores de una economía proteccionista que casi una década después daría paso al neoliberalismo a partir de 1982 con el régimen de Miguel De la Madrid Hurtado. Sin embargo, fue durante el régimen oprobioso de Carlos Salinas de Gortari cuando en realidad se implantó drásticamente la política neoliberal, por lo que la LFT se constituía en un verdadero estorbo jurídico para una mayor sobreexplotación de la fuerza de trabajo. No obstante, en los hechos prácticos gran parte de la LFT, las medidas protectoras para el trabajador, queda anulada por la subordinación y complicidad de las autoridades de la STyPS y las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y federales con los intereses de la burguesía local y extranjera. Con la Iniciativa Lozano, se trata de adecuar el marco normativo laboral a una acumulación de capital más intensiva en la explotación de la mano de obra; en otras palabras, se trata de legalizar lo que en los hechos está sucediendo en los procesos productivos para que no haya ninguna o casi ninguna restricción jurídica para el capital en materia laboral: el paraíso laboral para el capital. Hablar del capitalismo salvaje es, precisamente, imponer casi en todos los órdenes sociales la ley del capital; no sujeto a ninguna ley más a la suya propia. En definitiva, se trata pues, de que la mano de obra sea lo más barata posible en el mercado laboral, tanto para el capital local como para las inversiones capitalistas externas. En gran medida, con la reforma laboral panista se pretenden atraer las inversiones de capital foráneo ofreciendo una mano de obra cuyo costo salarial sea lo más bajo posible.
“Desde el periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988) y durante las administraciones siguientes –dice un artículo de La Jornada–, hasta la actual, el gran empresariado ha conseguido imponer reformas estructurales como apertura del mercado interno, «adelgazamiento» del Estado, liquidación de las estrategias de bienestar social y de subsidios a la economía popular, privatización masiva de bienes públicos, debilitamiento del ejido (mediante la modificación del artículo 27 constitucional), transferencia de los fondos de jubilación de los trabajadores a las corporaciones financieras privadas, políticas de contención salarial y de hostigamiento oficial a los sindicatos independientes, desregulación indiscriminada y aplicación de criterios fiscales que exoneran de la mayor parte de sus obligaciones a los grandes capitales y se encarnizan con los causantes cautivos.
“El resultado de ésas y otras reformas estructurales, que son el tren de aterrizaje del modelo económico neoliberal, ha sido catastrófico y trágico: el sector informal de la economía ha crecido junto con el desempleo (tanto el abierto como el disimulado por las cifras oficiales), la pobreza, la miseria y la marginación; se ha vuelto intolerable la desigualdad social causada por la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos; el país ha perdido soberanía en todos los ámbitos; buena parte del agro –al menos, la que no ha sido reestructurada en grandes industrias orientadas primordialmente a la exportación– ha sido arrasada; la migración se ha multiplicado, igual que la desintegración social y familiar. Tales condiciones han producido, a su vez, una descomposición institucional inocultable y una pérdida del control efectivo del territorio por los organismos del Estado, y se ha creado, así, el margen de acción para una violenta criminalidad que hoy en día escapa a cualquier intención de control o contención por parte de las autoridades.” [1]
En efecto, con la irrupción del neoliberalismo en el país la pobreza social se ha venido incrementando aceleradamente; una pobreza que viene acompañada con un creciente desempleo, la precarización del mundo del trabajo con la perdida de los derechos laborales relativos a la seguridad social (11 millones de empleados no cuentan con seguridad social), las prestaciones sociales, mayor empleo “informal”. Pero es el vertiginoso aumento de la subcontratación de la mano de obra (outsourcing; sous-entrepise: marchandage) lo que caracteriza la modalidad del empleo “formal”, todo ello bajo el marco de la llamada flexibilización laboral, lo que significa explotación intensiva e indefensión jurídica del trabajador. El outsourcing se practica especialmente en las maquiladoras, una producción de ensamblaje casi exclusivamente para el mercado externo. Las maquiladoras se han convertido en los hechos en “sweat shops”, talleres del sudor. Desde la llegada al poder presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), en el 2000 con Vicente Fox, se dio un importante crecimiento de los contratos de protección en las maquiladoras. Por ejemplo, en Tijuana, al menos desde 1989, se calcula que más de 700 de las 890 maquiladoras de esa ciudad fronteriza tienen sindicatos fantasmas. Sindicatos “blancos” o “fantasmas”, el hecho es que los trabajadores están casi totalmente desprotegidos. En México, se estima que poco más del 90 por ciento de los contratos colectivos son contratos de protección para la patronal en manos de sindicatos “fantasmas”. Además, sólo uno de cada cien asalariados está incorporado a alguna organización sindical, lo cual refleja la desprotección en que trabajan miles de mexicanos. En el sector “informal” se encuentra 61 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 13 millones de afiliados que tiene registrados, 21 millones deberían estarlo (datos de 2007).
La propuesta patronal
El proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la LFT, que presentó el diputado panista José Gerardo De los Cobos Silva, el 18 de marzo pasado, consiste básicamente en:
Incluir nuevas modalidades de contratación individual.
Limitar la generación de salarios vencidos (caídos).
Eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador con una antigüedad menor a tres años al momento del despido.
Suprimir el escalafón ciego, a efecto de privilegiar la productividad.
Incorporar la multihabilidad obligatoria, como mecanismo para incrementar la productividad y los ingresos de los trabajadores.
Declarar la inexistencia de la huelga si el sindicato no cumple con los requisitos para el emplazamiento previstos en sus propios estatutos.
Negar el trámite a emplazamientos a huelga por incumplimiento al contrato colectivo o contrato ley, cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación.
Regular la subcontratación, tercerización u outsourcing.
Se propone, pues, la contratación a prueba de uno a seis meses, improrrogables, sin necesidad de ser contratados ocho horas diarias y seis días a la semana, así como el pago por hora.
Por supuesto, la propuesta panista pretende disfrazar los intereses del empresariado mexicano, especialmente los de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana (COPARMEX). En la administración foxista el promotor fue Carlos María Abascal Carranza, entonces titular de la STyPS y ahora por Javier Lozano Alarcón. [2] En realidad, la Iniciativa Lozano pretende trastocar y nulificar derechos inalienables de los trabajadores mexicanos tales como: la estabilidad en el empleo, la contratación colectiva, el tiempo del empleo contractual como fuente de derechos, la jornada de 8 horas, el derecho a la sindicalización y a la autonomía e independencia sindicales, el derecho de huelga y el derecho a un salario suficiente entre muchos otros.
Los diputados panistas arguyen que “la economía mexicana demanda acciones urgentes para alcanzar mayor productividad y competitividad. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que incluye a 133 países, muestra que México ocupa la posición 115 en eficiencia y participación de la mujer en el mercado laboral. Según el índice Doing Business del Banco Mundial, de 181 naciones, nuestro país se ubica en el lugar 103 en el índice de dificultad de contratación; en el 116 en el costo por despido y en el lugar 98 en el índice de flexibilidad en los horarios laborales. Los indicadores de competitividad muestran que México tiene la necesidad de realizar cambios estructurales, como lo es la adecuación de la legislación laboral, ya que los costos de no impulsar una reforma efectiva se traducirán en mayores repercusiones económicas para ésta y las próximas generaciones.”
Se dice pues que “con la reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT), México podría avanzar de 20 a 25 posiciones en el indicador de eficiencia laboral, uno de los 12 pilares de competitividad que evalúa el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En el último año nuestro país cayó cinco lugares en ese rubro y obtuvo su peor calificación, al ubicarse en el sitio 115 de 133 naciones, por debajo de Bangladesh, Mali, Nepal, Filipinas y Sri Lanka, señala la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Con las modificaciones a la LFT, México podría colocarse en niveles similares a la India, Brasil y Rumania en eficiencia laboral, y avanzar tres posiciones en el Índice Global de Competitividad del WEF, donde actualmente se ubica en el escalón 60.”[3] Con todo ello, lo que también está detrás de esta reforma es que los trabajadores sean quienes carguen el pesado fardo de la crisis económica. Según los legisladores panistas, y quienes apoyan esta iniciativa, esta reforma sería la panacea para resolver los graves problemas económicos y sociales del país; por un lado, la competitividad y, por otro, el desempleo. Desde la visión empresarial, la competitividad esta asociada con el aumento de la productividad, y esta última con un mayor rendimiento del trabajador, pero con salarios miserables y desprotegidos socialmente. “Acción Nacional pretende esconder que en el fondo «su propuesta» intenta ofrecer la fuerza de trabajo mexicana en charola de plata a los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto es, la profundización de la explotación intensiva y extensiva de nuestra fuerza de trabajo, y con ello, la maximización de la extracción de la plusvalía generada por los trabajadores, es decir, multiplicar las tasas de ganancia y una mayor acumulación de capital, para una oligarquía insaciable y rapaz.”[4]
Bajo las actuales circunstancias, el capital está imponiendo condiciones draconianas para el grueso del pueblo trabajador y quiere ir por todo; es decir, desmantelar toda medida reguladora y proteccionista de la fuerza de trabajo, que significa grandes conquistas de clase del proletariado mexicano, emanadas del proceso revolucionario del siglo pasado. Para los trabajadores debe estar claro que esta iniciativa de reforma laboral atenta radicalmente contra sus intereses de clase y que nunca será la solución a la profunda crisis económica y social del país; por el contrario, lo hundiría más en ella. Se requiere iniciar un proceso urgente de (re)organización de los propios trabajadores y sus sindicatos. Es imprescindible constituir un frente único de resistencia proletaria, una de cuyas tareas debe ser, como bien lo propone el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME): “El rechazo total y absoluto a ese proyecto patronal-panista de reforma a la LFT, para lo cual, llamamos a todos los trabajadores y las direcciones sindicales; a organizarnos desde la base de nuestros sindicatos; a organizarlos ahí donde no los haya; a establecer coordinaciones locales, estatales y a nivel nacional; a preparar un gran encuentro nacional de todos los referentes gremiales y sindicales, y sobre todo, a movilizarnos intensiva y masivamente para detener este gravísimo atentado contra la clase trabajadora en su conjunto. Exigir la inmediata renuncia de Javier Lozano Alarcón de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, por ser un factor de confrontación social en virtud de ser un funcionario absolutamente parcial a los intereses de la clase dominante y de perjuicio a la clase trabajadora. Establecer una alianza de largo aliento entre los trabajadores sindicalizados y los trabajadores sin salario patronal, los cuales desde ahora, anuncian que se suman a la lucha en defensa de la LFT, con sus propias demandas justas y legítimas. De manera inmediata, llamamos a todos los trabajadores a organizar el próximo primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, como una gran jornada nacional de protesta y rechazo a la reforma patronal-panista y por la exigencia del cumplimiento irrestricto de lo establecido en el Artículo 123 Constitucional y en la LFT.”
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[1] Ceesp: ¿más reformas estructurales? La Jornada, México, 19 de abril del 2010.
“En el más reciente Análisis económico ejecutivo, reporte semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), se apremia a la clase política, y en particular a los integrantes de la actual legislatura, a aprobar las reformas estructurales «pendientes», en especial las que se refieren a competencia y las propuestas de reforma laboral y del Estado. El organismo llama a aprovechar las oportunidades generadas por la crisis económica, a fin de «hacer más productivo al país» y «ganar terreno a nivel mundial».”
[2] Abascal Carranza hablaba de una Nueva Cultura Laboral, pero ese concepto se dejó de lado en la actual iniciativa. Aunque suene a surrealismo puro, "El presidente de la Comisión para las Causas de los Santos, de la arquidiócesis de México, Gerardo Sánchez, se mostró sorprendido por la urgencia con que el grupo Provida, apoyado por organizaciones como los Caballeros de Colón y la Unión Nacional de Padres de Familia, solicitó que se inicien los trámites para la canonización del exsecretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza, por haber «vivido plenamente su fe cristiana, sin abandonar sus principios y buscar siempre el bien común... Jamás renegó ni se avergonzó de Cristo...». «¡Santo súbito!»... «¡Santo súbito!»... es el clamor de muchos fieles católicos mexicanos, encabezados por el Comité Nacional Provida, que ya quieren ver en los altares al recién fallecido Carlos María Abascal Carranza, secretario del Trabajo y de Gobernación durante el sexenio foxista. Proceso, 5 de enero de 2009. Rodrigo Vera. Ciertamente, Abascal Carranza, recomendaba a los jóvenes encomendarse a la Divina Providencia para solucionar sus problemas de empleo.
[3] El Financiero, Lunes, 19 de abril de 2010.
[4] Resolutivo General del Foro de Análisis sobre el Proyecto de Reforma Laboral presentado por el Partido de Acción Nacional, organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 15 de abril de 2010.
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Avenida24.com
07 de Junio de 2010
A principios de la década de los ochenta con las políticas neoliberales se han venido agudizando las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos entre otras causas por una escasa y deficiente organización gremial, derivada de un precario y débil sindicalismo clasista democrático e independiente. Pero es a partir de los años noventa que el capital local y foráneo decidió emprender una serie de reformas “estructurales” neoliberales, incluida la reforma laboral que comprende una modificación radical patronal a la Ley Federal del Trabajo, la cual contempla nuevas formas de regulación jurídica y cambios a las formas de contratación del trabajador, a las jornadas de trabajo, etcétera, para debilitar a los sindicatos y expoliar más a los trabajadores. Esta reforma laboral se viene aplicando gradual o directamente en los hechos prácticos y está en la agenda inmediata del gobierno calderonista. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prepara ya el terreno para la reforma laboral con la revisión de 153 iniciativas de reforma a esa legislación, iniciada desde el 2002.
La Iniciativa Lozano –llamada así por el nombre del titular de la STyPS, Javier Lozano Alarcón–, es el proyecto jurídico del gobierno panista de Felipe Calderón para modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT). Aunque el análisis de la iniciativa arrancó el pasado13 de abril, será hasta el nuevo periodo de sesiones de la LXI Legislatura, a partir de septiembre, que se pondrá en marcha el debate de tal propuesta. El sólo hecho que este secretario sea quien proponga una reforma a la LFT es para advertirnos claramente de su profunda naturaleza antiobrera y antisindical; es decir, estamos hablando de uno de los principales represores de los trabajadores mexicanos y de los sindicatos democráticos e independientes del país, y de aquellos organismos gremiales actualmente en conflicto con la parte patronal, como son, entre otros, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y la Sección 65 del Sindicato Minero, de Cananea, Sonora, actualmente en huelga contra la empresa Industrial Minera México, la más grande compañía minera del país, cuyo propietario es Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del mundo y también uno de los principales responsables de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, el 19 de febrero de 2006.
Además, Lozano Alarcón, definido como el camorrero de su jefe, el que hace el trabajo sucio, forma parte del grupo muy nutrido de altos funcionarios del gobierno federal envuelto en una profunda corrupción y en grandes escándalos, como es el caso del chino Zhenli Ye Gon y los misteriosos 205 millones de dólares escondidos en una mansión de Las Lomas de Chapultepec. Alarcón lo chantajeó para obtener fondos destinados a la campaña presidencial de Felipe Calderón. Lozano Alarcón, quien había sido subsecretario de Comunicación de Gobernación en el gobierno zedillista, ahora pretende ser uno de los políticos más serviles a los grandes empresarios para perfilarse como candidato panista presidencial al 2012.
Pero mientras que por un lado el gobierno espurio de Felipe Calderón trata de cumplir muy bien su papel de guardián feroz de los grandes capitales locales y extranjeros reprimiendo a los trabajadores, por otro, establece alianzas muy claras con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), representado por Elba Esther Gordillo; el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), representado por Carlos Romero Dechamps; y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), encabezado por Víctor Fuentes del Villar; tres de los más conspicuos dirigentes del charrismo sindical; por eso, es absolutamente demagógico y cínico lo dicho por Lozano Alarcón de que su iniciativa de reforma “acabará con muchos años de privilegios que gozaron las dirigencias sindicales”.
La LFT vigente data del 1 de mayo de 1970 y requirió diez años de elaboración. Promovida en 1960 por el presidente Adolfo López Mateos, quien reprimió el movimiento obrero democrático e independiente –especialmente las luchas de los trabajadores ferrocarrileros–, fue aprobada al final del periodo de Gustavo Díaz Ordaz, quien ordenó, a su vez, la matanza de cientos de estudiantes y pueblo en general en Tlatelolco, en octubre de 1968. Esta ley correspondió a todo un periodo histórico de la llamada política desarrollista (1940–1970) dentro del cual el capital tuvo una expansión significativa; pero eran ya los estertores de una economía proteccionista que casi una década después daría paso al neoliberalismo a partir de 1982 con el régimen de Miguel De la Madrid Hurtado. Sin embargo, fue durante el régimen oprobioso de Carlos Salinas de Gortari cuando en realidad se implantó drásticamente la política neoliberal, por lo que la LFT se constituía en un verdadero estorbo jurídico para una mayor sobreexplotación de la fuerza de trabajo. No obstante, en los hechos prácticos gran parte de la LFT, las medidas protectoras para el trabajador, queda anulada por la subordinación y complicidad de las autoridades de la STyPS y las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y federales con los intereses de la burguesía local y extranjera. Con la Iniciativa Lozano, se trata de adecuar el marco normativo laboral a una acumulación de capital más intensiva en la explotación de la mano de obra; en otras palabras, se trata de legalizar lo que en los hechos está sucediendo en los procesos productivos para que no haya ninguna o casi ninguna restricción jurídica para el capital en materia laboral: el paraíso laboral para el capital. Hablar del capitalismo salvaje es, precisamente, imponer casi en todos los órdenes sociales la ley del capital; no sujeto a ninguna ley más a la suya propia. En definitiva, se trata pues, de que la mano de obra sea lo más barata posible en el mercado laboral, tanto para el capital local como para las inversiones capitalistas externas. En gran medida, con la reforma laboral panista se pretenden atraer las inversiones de capital foráneo ofreciendo una mano de obra cuyo costo salarial sea lo más bajo posible.
“Desde el periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988) y durante las administraciones siguientes –dice un artículo de La Jornada–, hasta la actual, el gran empresariado ha conseguido imponer reformas estructurales como apertura del mercado interno, «adelgazamiento» del Estado, liquidación de las estrategias de bienestar social y de subsidios a la economía popular, privatización masiva de bienes públicos, debilitamiento del ejido (mediante la modificación del artículo 27 constitucional), transferencia de los fondos de jubilación de los trabajadores a las corporaciones financieras privadas, políticas de contención salarial y de hostigamiento oficial a los sindicatos independientes, desregulación indiscriminada y aplicación de criterios fiscales que exoneran de la mayor parte de sus obligaciones a los grandes capitales y se encarnizan con los causantes cautivos.
“El resultado de ésas y otras reformas estructurales, que son el tren de aterrizaje del modelo económico neoliberal, ha sido catastrófico y trágico: el sector informal de la economía ha crecido junto con el desempleo (tanto el abierto como el disimulado por las cifras oficiales), la pobreza, la miseria y la marginación; se ha vuelto intolerable la desigualdad social causada por la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos; el país ha perdido soberanía en todos los ámbitos; buena parte del agro –al menos, la que no ha sido reestructurada en grandes industrias orientadas primordialmente a la exportación– ha sido arrasada; la migración se ha multiplicado, igual que la desintegración social y familiar. Tales condiciones han producido, a su vez, una descomposición institucional inocultable y una pérdida del control efectivo del territorio por los organismos del Estado, y se ha creado, así, el margen de acción para una violenta criminalidad que hoy en día escapa a cualquier intención de control o contención por parte de las autoridades.” [1]
En efecto, con la irrupción del neoliberalismo en el país la pobreza social se ha venido incrementando aceleradamente; una pobreza que viene acompañada con un creciente desempleo, la precarización del mundo del trabajo con la perdida de los derechos laborales relativos a la seguridad social (11 millones de empleados no cuentan con seguridad social), las prestaciones sociales, mayor empleo “informal”. Pero es el vertiginoso aumento de la subcontratación de la mano de obra (outsourcing; sous-entrepise: marchandage) lo que caracteriza la modalidad del empleo “formal”, todo ello bajo el marco de la llamada flexibilización laboral, lo que significa explotación intensiva e indefensión jurídica del trabajador. El outsourcing se practica especialmente en las maquiladoras, una producción de ensamblaje casi exclusivamente para el mercado externo. Las maquiladoras se han convertido en los hechos en “sweat shops”, talleres del sudor. Desde la llegada al poder presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), en el 2000 con Vicente Fox, se dio un importante crecimiento de los contratos de protección en las maquiladoras. Por ejemplo, en Tijuana, al menos desde 1989, se calcula que más de 700 de las 890 maquiladoras de esa ciudad fronteriza tienen sindicatos fantasmas. Sindicatos “blancos” o “fantasmas”, el hecho es que los trabajadores están casi totalmente desprotegidos. En México, se estima que poco más del 90 por ciento de los contratos colectivos son contratos de protección para la patronal en manos de sindicatos “fantasmas”. Además, sólo uno de cada cien asalariados está incorporado a alguna organización sindical, lo cual refleja la desprotección en que trabajan miles de mexicanos. En el sector “informal” se encuentra 61 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 13 millones de afiliados que tiene registrados, 21 millones deberían estarlo (datos de 2007).
La propuesta patronal
El proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la LFT, que presentó el diputado panista José Gerardo De los Cobos Silva, el 18 de marzo pasado, consiste básicamente en:
Incluir nuevas modalidades de contratación individual.
Limitar la generación de salarios vencidos (caídos).
Eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador con una antigüedad menor a tres años al momento del despido.
Suprimir el escalafón ciego, a efecto de privilegiar la productividad.
Incorporar la multihabilidad obligatoria, como mecanismo para incrementar la productividad y los ingresos de los trabajadores.
Declarar la inexistencia de la huelga si el sindicato no cumple con los requisitos para el emplazamiento previstos en sus propios estatutos.
Negar el trámite a emplazamientos a huelga por incumplimiento al contrato colectivo o contrato ley, cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación.
Regular la subcontratación, tercerización u outsourcing.
Se propone, pues, la contratación a prueba de uno a seis meses, improrrogables, sin necesidad de ser contratados ocho horas diarias y seis días a la semana, así como el pago por hora.
Por supuesto, la propuesta panista pretende disfrazar los intereses del empresariado mexicano, especialmente los de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana (COPARMEX). En la administración foxista el promotor fue Carlos María Abascal Carranza, entonces titular de la STyPS y ahora por Javier Lozano Alarcón. [2] En realidad, la Iniciativa Lozano pretende trastocar y nulificar derechos inalienables de los trabajadores mexicanos tales como: la estabilidad en el empleo, la contratación colectiva, el tiempo del empleo contractual como fuente de derechos, la jornada de 8 horas, el derecho a la sindicalización y a la autonomía e independencia sindicales, el derecho de huelga y el derecho a un salario suficiente entre muchos otros.
Los diputados panistas arguyen que “la economía mexicana demanda acciones urgentes para alcanzar mayor productividad y competitividad. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que incluye a 133 países, muestra que México ocupa la posición 115 en eficiencia y participación de la mujer en el mercado laboral. Según el índice Doing Business del Banco Mundial, de 181 naciones, nuestro país se ubica en el lugar 103 en el índice de dificultad de contratación; en el 116 en el costo por despido y en el lugar 98 en el índice de flexibilidad en los horarios laborales. Los indicadores de competitividad muestran que México tiene la necesidad de realizar cambios estructurales, como lo es la adecuación de la legislación laboral, ya que los costos de no impulsar una reforma efectiva se traducirán en mayores repercusiones económicas para ésta y las próximas generaciones.”
Se dice pues que “con la reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT), México podría avanzar de 20 a 25 posiciones en el indicador de eficiencia laboral, uno de los 12 pilares de competitividad que evalúa el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En el último año nuestro país cayó cinco lugares en ese rubro y obtuvo su peor calificación, al ubicarse en el sitio 115 de 133 naciones, por debajo de Bangladesh, Mali, Nepal, Filipinas y Sri Lanka, señala la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Con las modificaciones a la LFT, México podría colocarse en niveles similares a la India, Brasil y Rumania en eficiencia laboral, y avanzar tres posiciones en el Índice Global de Competitividad del WEF, donde actualmente se ubica en el escalón 60.”[3] Con todo ello, lo que también está detrás de esta reforma es que los trabajadores sean quienes carguen el pesado fardo de la crisis económica. Según los legisladores panistas, y quienes apoyan esta iniciativa, esta reforma sería la panacea para resolver los graves problemas económicos y sociales del país; por un lado, la competitividad y, por otro, el desempleo. Desde la visión empresarial, la competitividad esta asociada con el aumento de la productividad, y esta última con un mayor rendimiento del trabajador, pero con salarios miserables y desprotegidos socialmente. “Acción Nacional pretende esconder que en el fondo «su propuesta» intenta ofrecer la fuerza de trabajo mexicana en charola de plata a los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto es, la profundización de la explotación intensiva y extensiva de nuestra fuerza de trabajo, y con ello, la maximización de la extracción de la plusvalía generada por los trabajadores, es decir, multiplicar las tasas de ganancia y una mayor acumulación de capital, para una oligarquía insaciable y rapaz.”[4]
Bajo las actuales circunstancias, el capital está imponiendo condiciones draconianas para el grueso del pueblo trabajador y quiere ir por todo; es decir, desmantelar toda medida reguladora y proteccionista de la fuerza de trabajo, que significa grandes conquistas de clase del proletariado mexicano, emanadas del proceso revolucionario del siglo pasado. Para los trabajadores debe estar claro que esta iniciativa de reforma laboral atenta radicalmente contra sus intereses de clase y que nunca será la solución a la profunda crisis económica y social del país; por el contrario, lo hundiría más en ella. Se requiere iniciar un proceso urgente de (re)organización de los propios trabajadores y sus sindicatos. Es imprescindible constituir un frente único de resistencia proletaria, una de cuyas tareas debe ser, como bien lo propone el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME): “El rechazo total y absoluto a ese proyecto patronal-panista de reforma a la LFT, para lo cual, llamamos a todos los trabajadores y las direcciones sindicales; a organizarnos desde la base de nuestros sindicatos; a organizarlos ahí donde no los haya; a establecer coordinaciones locales, estatales y a nivel nacional; a preparar un gran encuentro nacional de todos los referentes gremiales y sindicales, y sobre todo, a movilizarnos intensiva y masivamente para detener este gravísimo atentado contra la clase trabajadora en su conjunto. Exigir la inmediata renuncia de Javier Lozano Alarcón de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, por ser un factor de confrontación social en virtud de ser un funcionario absolutamente parcial a los intereses de la clase dominante y de perjuicio a la clase trabajadora. Establecer una alianza de largo aliento entre los trabajadores sindicalizados y los trabajadores sin salario patronal, los cuales desde ahora, anuncian que se suman a la lucha en defensa de la LFT, con sus propias demandas justas y legítimas. De manera inmediata, llamamos a todos los trabajadores a organizar el próximo primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, como una gran jornada nacional de protesta y rechazo a la reforma patronal-panista y por la exigencia del cumplimiento irrestricto de lo establecido en el Artículo 123 Constitucional y en la LFT.”
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[1] Ceesp: ¿más reformas estructurales? La Jornada, México, 19 de abril del 2010.
“En el más reciente Análisis económico ejecutivo, reporte semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), se apremia a la clase política, y en particular a los integrantes de la actual legislatura, a aprobar las reformas estructurales «pendientes», en especial las que se refieren a competencia y las propuestas de reforma laboral y del Estado. El organismo llama a aprovechar las oportunidades generadas por la crisis económica, a fin de «hacer más productivo al país» y «ganar terreno a nivel mundial».”
[2] Abascal Carranza hablaba de una Nueva Cultura Laboral, pero ese concepto se dejó de lado en la actual iniciativa. Aunque suene a surrealismo puro, "El presidente de la Comisión para las Causas de los Santos, de la arquidiócesis de México, Gerardo Sánchez, se mostró sorprendido por la urgencia con que el grupo Provida, apoyado por organizaciones como los Caballeros de Colón y la Unión Nacional de Padres de Familia, solicitó que se inicien los trámites para la canonización del exsecretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza, por haber «vivido plenamente su fe cristiana, sin abandonar sus principios y buscar siempre el bien común... Jamás renegó ni se avergonzó de Cristo...». «¡Santo súbito!»... «¡Santo súbito!»... es el clamor de muchos fieles católicos mexicanos, encabezados por el Comité Nacional Provida, que ya quieren ver en los altares al recién fallecido Carlos María Abascal Carranza, secretario del Trabajo y de Gobernación durante el sexenio foxista. Proceso, 5 de enero de 2009. Rodrigo Vera. Ciertamente, Abascal Carranza, recomendaba a los jóvenes encomendarse a la Divina Providencia para solucionar sus problemas de empleo.
[3] El Financiero, Lunes, 19 de abril de 2010.
[4] Resolutivo General del Foro de Análisis sobre el Proyecto de Reforma Laboral presentado por el Partido de Acción Nacional, organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 15 de abril de 2010.
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Hacen un llamado a la Segob para que se abstenga del uso de la fuerza
Notimex
Diario de Yucatan
2010-06-07
El grupo plural del Senado que da seguimiento al conflicto de la Mina Cananea hizo ''un enérgico llamado'' a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se abstenga del uso de la fuerza contra los mineros, que hoy fueron desalojados.
Además, llamó a las autoridades involucradas en el cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales derivadas del conflicto en Cananea, Sonora, que eviten ''excederse de su función de auxiliares de la autoridad judicial correspondiente''.
El grupo que preside el senador Arturo Núñez también solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que personal a su cargo verifique el estricto respeto a las garantías de los mineros y la población en Cananea, Sonora.
Indicó que si bien la Segob aseguró que el desalojo se realizó pacíficamente y con apego a la ley, la sección 65 del Sindicato Minero comunicó al presidente del grupo especial ''de actos violentos durante el operativo policial''.
Los legisladores convocaron al Ejecutivo y al gobierno de Sonora que acaten el llamado que hizo el Senado del 16 de febrero para alcanzar una salida negociada al conflicto y reactivar el desarrollo económico y social de Cananea.
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Diario de Yucatan
2010-06-07
El grupo plural del Senado que da seguimiento al conflicto de la Mina Cananea hizo ''un enérgico llamado'' a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se abstenga del uso de la fuerza contra los mineros, que hoy fueron desalojados.
Además, llamó a las autoridades involucradas en el cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales derivadas del conflicto en Cananea, Sonora, que eviten ''excederse de su función de auxiliares de la autoridad judicial correspondiente''.
El grupo que preside el senador Arturo Núñez también solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que personal a su cargo verifique el estricto respeto a las garantías de los mineros y la población en Cananea, Sonora.
Indicó que si bien la Segob aseguró que el desalojo se realizó pacíficamente y con apego a la ley, la sección 65 del Sindicato Minero comunicó al presidente del grupo especial ''de actos violentos durante el operativo policial''.
Los legisladores convocaron al Ejecutivo y al gobierno de Sonora que acaten el llamado que hizo el Senado del 16 de febrero para alcanzar una salida negociada al conflicto y reactivar el desarrollo económico y social de Cananea.
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Audios. Enlaces desde Cananea
Audio con el Dip. Pompa Corela enlace muy completo desmiente lo de televisora de Sonora
Primer Enlace con Antonio Navarrete:
Segundo Enlace con Navarrete:
Tercer enlace con Ixtla:
Audio de la represión a compañero minero:
Fuente: Pateando Piedras Sigue Leyendo...
Primer Enlace con Antonio Navarrete:
Segundo Enlace con Navarrete:
Tercer enlace con Ixtla:
Audio de la represión a compañero minero:
Fuente: Pateando Piedras Sigue Leyendo...
Dueños de Cananea y Pasta de Conchos, los terceros más ricos del país
Carlos Acosta Córdova
Proceso
7 de junio (apro)
El sorpresivo desalojo de los trabajadores huelguistas de Cananea, la mayor mina de cobre del país, ocurrido la tarde de ayer, no le significó a Grupo México –su propietaria-- mayor descalabro en el mercado bursátil: las acciones de GMéxico cayeron un 3%, al pasar de 29.07 pesos, el viernes, a 28.19 pesos en la jornada de este lunes. Una pérdida de 88 centavos por acción.
Eso no es nada frente al poderío económico de los dueños del Grupo México, la familia Larrea Mota Velasco por delante. Germán es el presidente ejecutivo del conglomerado y su hermano Genaro el vicepresidente. También son los dueños de la otra mina con 65 cadáveres en sus tripas: la de Pasta de Conchos.
De hecho, la familia es la tercera más adinerada del país –según la última edición de Forbes--, con 9 mil 700 millones de dólares, sólo después de la de Carlos Slim (53 mil mdd) y la de Ricardo Salinas Pliego (10 mil 100 mdd).
Pese a la enorme distancia con la fortuna de Slim, los Larrea dieron la nota –según Forbes-- por su gran salto en el ranking de la revista neoyorquina: tras la crisis internacional, la fortuna de los empresarios mineros se había reducido a 2 mil 600 millones.
Pero sólo un año les bastó para hacerse de 7 mil 100 millones de dólares más, un espectacular aumento de 273% en su fortuna, hecho único entre los multimillonarios del mundo.
Y eso que la huelga en Cananea, según los ejecutivos de la empresa, le ocasionó a Grupo México pérdidas por 1,500 millones de dólares en los casi tres años en que estuvo parada la mina.
Y ya con Cananea en sus manos otra vez –si el conflicto no se agrava--, las ganancias aumentarán seguramente, pues por fin los Larrea podrán echar a andar el proyecto de expansión que fue detenido por la huelga, con el que pretenden, más que duplicar la capacidad de la mina, que hoy es de 190 mil toneladas, subir a 460 mil toneladas.
Pero Cananea –que le compró al gobierno federal en 1990-- es apenas uno de los negocios del grupo. Grupo México también es propietario del complejo minero de La Caridad, igualmente en Sonora, que entre otras instalaciones tiene una refinería de metales preciosos con capacidad para producir cada año 15 millones de onzas de plata y 100 mil onzas de oro.
En 1999 Grupo México dio el gran salto internacional. Ese año compró toda la participación accionaria de Asarco Incorporated, que controlaba el 54.2% de Southern Peru Cooper Corporation. Con esa adquisición, GMéxico se convirtió en la segunda compañía más grande del mundo en reservas de cobre, el tercer productor de cobre y el cuarto productor mundial de plata.
Pero los Larrea y socios no sólo son los principales empresarios mineros del país. Desde 1997 incursionaron en el negocio de los ferrocarriles. Ese año le compraron al gobierno de Ernesto Zedillo, en asociación con la estadunidense Union-Pacific y la constructora mexicana ICA, la concesión de las líneas de ferrocarril del Pacífico Norte, las de Chihuahua Pacífico y la línea corta Nogales-Cananea.
Grupo México aportó el 74%, UP el 13% e ICA el restante 13% de la inversión con la que ganaron la concesión de lo que ahora es Ferromex, la más grande línea de ferrocarriles del país, que en 2005 compró la compañía ferroviaria Ferrosur, que hasta ese año había sido propiedad de Grupo Carso, de Carlos Slim.
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Proceso
7 de junio (apro)
El sorpresivo desalojo de los trabajadores huelguistas de Cananea, la mayor mina de cobre del país, ocurrido la tarde de ayer, no le significó a Grupo México –su propietaria-- mayor descalabro en el mercado bursátil: las acciones de GMéxico cayeron un 3%, al pasar de 29.07 pesos, el viernes, a 28.19 pesos en la jornada de este lunes. Una pérdida de 88 centavos por acción.
Eso no es nada frente al poderío económico de los dueños del Grupo México, la familia Larrea Mota Velasco por delante. Germán es el presidente ejecutivo del conglomerado y su hermano Genaro el vicepresidente. También son los dueños de la otra mina con 65 cadáveres en sus tripas: la de Pasta de Conchos.
De hecho, la familia es la tercera más adinerada del país –según la última edición de Forbes--, con 9 mil 700 millones de dólares, sólo después de la de Carlos Slim (53 mil mdd) y la de Ricardo Salinas Pliego (10 mil 100 mdd).
Pese a la enorme distancia con la fortuna de Slim, los Larrea dieron la nota –según Forbes-- por su gran salto en el ranking de la revista neoyorquina: tras la crisis internacional, la fortuna de los empresarios mineros se había reducido a 2 mil 600 millones.
Pero sólo un año les bastó para hacerse de 7 mil 100 millones de dólares más, un espectacular aumento de 273% en su fortuna, hecho único entre los multimillonarios del mundo.
Y eso que la huelga en Cananea, según los ejecutivos de la empresa, le ocasionó a Grupo México pérdidas por 1,500 millones de dólares en los casi tres años en que estuvo parada la mina.
Y ya con Cananea en sus manos otra vez –si el conflicto no se agrava--, las ganancias aumentarán seguramente, pues por fin los Larrea podrán echar a andar el proyecto de expansión que fue detenido por la huelga, con el que pretenden, más que duplicar la capacidad de la mina, que hoy es de 190 mil toneladas, subir a 460 mil toneladas.
Pero Cananea –que le compró al gobierno federal en 1990-- es apenas uno de los negocios del grupo. Grupo México también es propietario del complejo minero de La Caridad, igualmente en Sonora, que entre otras instalaciones tiene una refinería de metales preciosos con capacidad para producir cada año 15 millones de onzas de plata y 100 mil onzas de oro.
En 1999 Grupo México dio el gran salto internacional. Ese año compró toda la participación accionaria de Asarco Incorporated, que controlaba el 54.2% de Southern Peru Cooper Corporation. Con esa adquisición, GMéxico se convirtió en la segunda compañía más grande del mundo en reservas de cobre, el tercer productor de cobre y el cuarto productor mundial de plata.
Pero los Larrea y socios no sólo son los principales empresarios mineros del país. Desde 1997 incursionaron en el negocio de los ferrocarriles. Ese año le compraron al gobierno de Ernesto Zedillo, en asociación con la estadunidense Union-Pacific y la constructora mexicana ICA, la concesión de las líneas de ferrocarril del Pacífico Norte, las de Chihuahua Pacífico y la línea corta Nogales-Cananea.
Grupo México aportó el 74%, UP el 13% e ICA el restante 13% de la inversión con la que ganaron la concesión de lo que ahora es Ferromex, la más grande línea de ferrocarriles del país, que en 2005 compró la compañía ferroviaria Ferrosur, que hasta ese año había sido propiedad de Grupo Carso, de Carlos Slim.
Fuente
Comunicado Informativo del Sindicato Minero
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--COMUNICADO INFORMATIVO--
46/2010
Lunes 7 de junio de 2010
*La toma de Cananea y Pasta de Conchos, intolerables represiones de parte de los gobiernos federal y de Coahuila, sometidos a Germán Feliciano Larrea.
*Son hechos ilegales e inconstitucionales que se pretenden justificar sin otros “argumentos” que los de la fuerza bruta contra trabajadores mineros.
*Trabajadores y familias de Cananea y Pasta de Conchos no cejarán en su lucha por alcanzar justicia, ya que estas acciones son unos actos más de la quiebra del orden legal por el gobierno.
Como ya es conocido, fuerzas armadas federales penetraron este domingo 6 de junio en los espacios e instalaciones de la mina de Cananea, Sonora, desalojaron a los trabajadores que hacían guardia en el lugar y, después de herir con armas de fuego a tres personas (dos trabajadores y un joven), bañaron con gas lacrimógeno ese espacio y procedieron a instalar un régimen de terror contra los compañeros que sostenían la huelga heroica de casi tres años de duración en demanda de justicia hacia su movimiento.
Unas horas después, este mismo domingo 6, otras fuerzas armadas, en el caso locales de Coahuila, aislaron y se apoderaron de la mina de Pasta de Conchos, que el 19 de febrero de 2006 explotó matando a 65 trabajadores, y que el líder nacional del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, calificó justa y objetivamente entonces como “homicidio industrial” ya que fue resultado de la negligencia criminal de la empresa Grupo México, de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, lo cual inició la perversa y larga persecución que el gobierno federal ha mantenido contra el gremio minero trabajador y sus dirigentes.
Una vez más, se revela en toda su descarnada suciedad la indignante complicidad con que han actuado en estos acontecimientos, tanto el gobierno federal como el psicópata empresario Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, con la participación activa de los secretarios del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sus serviles empleados.
Con todo esto, el gobierno ha roto las vías de diálogo y conciliación pacífica que en el Poder Legislativo se habían abierto en los últimos meses para resolver por la vía de la negociación las huelgas y la reparación a las viudas y deudos de Pasta de Conchos, que incluía en este último caso el rescate de los cuerpos de los mineros muertos. Estas son evidencias reales que implican la prosternación cómplice del actual gobierno hacia los dueños del dinero. Todos los hechos confirman que este gobierno no desea el diálogo ni la negociación, sino las vías de la violencia, hipócritamente camuflados en falsos argumentos legales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana responsabiliza al gobierno de Felipe Calderón de los resultados de violencia y sangre que se puedan presentar en adelante, y exige de manera terminante que este gobierno dé marcha atrás en esta invasión militar e ilegal de la mina de Cananea, meta al orden a Grupo México y lo obligue a negociar una solución pacífica del conflicto minero con justicia para los trabajadores y con respeto al Sindicato Nacional de Mineros y a sus agremiados, así como que otorgue a las viudas y familiares de los mineros de Pasta de Conchos la justa compensación que su negligencia criminal ha provocado en ese lugar.
Estos atropellos quedan por lo pronto inscritos entre las páginas más negras de la política anti obrera y anti sindical de México. El gobierno y Grupo México de Larrea están haciendo historia pero al revés, pretendiendo echar hacia el pasado los avances que, como el derecho a la huelga, o el derecho a la seguridad industrial, se mantenían al menos en la formalidad legal. Los NEOPORFIRISTAS del gobierno y de Grupo México quieren llevar a los trabajadores y a los sindicatos democráticos e independientes a situaciones de exasperación y tensión, que contradicen su discurso hipócrita de legalidad y estado de derecho.
Los trabajadores en huelga de Cananea y el Sindicato Nacional de Mineros jamás aceptaron ni aceptarán el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en clara y vergonzosa simulación se apoyó en la versión unilateralmente ilegal de la empresa Grupo México de Feliciano Larrea expuesta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en abril de 2009, la cual por su parte impidió por completo que el Sindicato expusiera sus razones y argumentos en ese juicio sumario de sólo horas de duración, que más pareció un ilegal “mátalos en caliente” del supuesto y arbitrario juzgador, la JFCA, en remembranza de la orden represiva del dictador Porfirio Díaz.
El Sindicato Nacional de Mineros declara que mantendrá su oposición a que la fuerza sea la vía de solución del conflicto minero, reitera su repudio total a las agresiones ilegales que los gobiernos federal y coahuilense perpetraron el día de ayer, y se manifiesta contra cualquier otro intento de criminalizar el movimiento de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México, agrupados en el Histórico y Gran Sindicato Nacional de Mineros que encabeza el compañero Napoleón Gómez Urrutia, líder del gremio minero por decisión libre, democrática, unánime y reiterada de los trabajadores afiliados.
Haremos valer todas las acciones que sean necesarias, tanto de orden legal como político, para repudiar y echar atrás esta inconstitucional agresión contra el Sindicato Nacional de Mineros, los compañeros en huelga de la Sección 65, las viudas y familiares de Pasta de Conchos y contra toda la base trabajadora del país.
Es un sarcasmo sangriento que el mismo día en que con bombo y platillos se exalta demagógicamente la unidad de los mexicanos, a convocatoria de los poderosos y los ricos, con el motivo insustancial del Campeonato Mundial de Futbol, se ataque a los mineros y a sus familias que exigen justicia en Cananea, Sonora. O que este gobierno haya realizado estas agresiones en la víspera del montaje de la presentación mediática de la llamada Iniciativa México, que por desgracia han acudido a apoyar sectores académicos y sociales que sin duda no convalidan estos atentado contra el derecho a la huelga y contra los trabajadores mineros, así como contra la demanda de justa reparación en Pasta de Conchos.
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Lunes 7 de junio de 2010
*La toma de Cananea y Pasta de Conchos, intolerables represiones de parte de los gobiernos federal y de Coahuila, sometidos a Germán Feliciano Larrea.
*Son hechos ilegales e inconstitucionales que se pretenden justificar sin otros “argumentos” que los de la fuerza bruta contra trabajadores mineros.
*Trabajadores y familias de Cananea y Pasta de Conchos no cejarán en su lucha por alcanzar justicia, ya que estas acciones son unos actos más de la quiebra del orden legal por el gobierno.
Como ya es conocido, fuerzas armadas federales penetraron este domingo 6 de junio en los espacios e instalaciones de la mina de Cananea, Sonora, desalojaron a los trabajadores que hacían guardia en el lugar y, después de herir con armas de fuego a tres personas (dos trabajadores y un joven), bañaron con gas lacrimógeno ese espacio y procedieron a instalar un régimen de terror contra los compañeros que sostenían la huelga heroica de casi tres años de duración en demanda de justicia hacia su movimiento.
Unas horas después, este mismo domingo 6, otras fuerzas armadas, en el caso locales de Coahuila, aislaron y se apoderaron de la mina de Pasta de Conchos, que el 19 de febrero de 2006 explotó matando a 65 trabajadores, y que el líder nacional del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, calificó justa y objetivamente entonces como “homicidio industrial” ya que fue resultado de la negligencia criminal de la empresa Grupo México, de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, lo cual inició la perversa y larga persecución que el gobierno federal ha mantenido contra el gremio minero trabajador y sus dirigentes.
Una vez más, se revela en toda su descarnada suciedad la indignante complicidad con que han actuado en estos acontecimientos, tanto el gobierno federal como el psicópata empresario Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, con la participación activa de los secretarios del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sus serviles empleados.
Con todo esto, el gobierno ha roto las vías de diálogo y conciliación pacífica que en el Poder Legislativo se habían abierto en los últimos meses para resolver por la vía de la negociación las huelgas y la reparación a las viudas y deudos de Pasta de Conchos, que incluía en este último caso el rescate de los cuerpos de los mineros muertos. Estas son evidencias reales que implican la prosternación cómplice del actual gobierno hacia los dueños del dinero. Todos los hechos confirman que este gobierno no desea el diálogo ni la negociación, sino las vías de la violencia, hipócritamente camuflados en falsos argumentos legales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana responsabiliza al gobierno de Felipe Calderón de los resultados de violencia y sangre que se puedan presentar en adelante, y exige de manera terminante que este gobierno dé marcha atrás en esta invasión militar e ilegal de la mina de Cananea, meta al orden a Grupo México y lo obligue a negociar una solución pacífica del conflicto minero con justicia para los trabajadores y con respeto al Sindicato Nacional de Mineros y a sus agremiados, así como que otorgue a las viudas y familiares de los mineros de Pasta de Conchos la justa compensación que su negligencia criminal ha provocado en ese lugar.
Estos atropellos quedan por lo pronto inscritos entre las páginas más negras de la política anti obrera y anti sindical de México. El gobierno y Grupo México de Larrea están haciendo historia pero al revés, pretendiendo echar hacia el pasado los avances que, como el derecho a la huelga, o el derecho a la seguridad industrial, se mantenían al menos en la formalidad legal. Los NEOPORFIRISTAS del gobierno y de Grupo México quieren llevar a los trabajadores y a los sindicatos democráticos e independientes a situaciones de exasperación y tensión, que contradicen su discurso hipócrita de legalidad y estado de derecho.
Los trabajadores en huelga de Cananea y el Sindicato Nacional de Mineros jamás aceptaron ni aceptarán el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en clara y vergonzosa simulación se apoyó en la versión unilateralmente ilegal de la empresa Grupo México de Feliciano Larrea expuesta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en abril de 2009, la cual por su parte impidió por completo que el Sindicato expusiera sus razones y argumentos en ese juicio sumario de sólo horas de duración, que más pareció un ilegal “mátalos en caliente” del supuesto y arbitrario juzgador, la JFCA, en remembranza de la orden represiva del dictador Porfirio Díaz.
El Sindicato Nacional de Mineros declara que mantendrá su oposición a que la fuerza sea la vía de solución del conflicto minero, reitera su repudio total a las agresiones ilegales que los gobiernos federal y coahuilense perpetraron el día de ayer, y se manifiesta contra cualquier otro intento de criminalizar el movimiento de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México, agrupados en el Histórico y Gran Sindicato Nacional de Mineros que encabeza el compañero Napoleón Gómez Urrutia, líder del gremio minero por decisión libre, democrática, unánime y reiterada de los trabajadores afiliados.
Haremos valer todas las acciones que sean necesarias, tanto de orden legal como político, para repudiar y echar atrás esta inconstitucional agresión contra el Sindicato Nacional de Mineros, los compañeros en huelga de la Sección 65, las viudas y familiares de Pasta de Conchos y contra toda la base trabajadora del país.
Es un sarcasmo sangriento que el mismo día en que con bombo y platillos se exalta demagógicamente la unidad de los mexicanos, a convocatoria de los poderosos y los ricos, con el motivo insustancial del Campeonato Mundial de Futbol, se ataque a los mineros y a sus familias que exigen justicia en Cananea, Sonora. O que este gobierno haya realizado estas agresiones en la víspera del montaje de la presentación mediática de la llamada Iniciativa México, que por desgracia han acudido a apoyar sectores académicos y sociales que sin duda no convalidan estos atentado contra el derecho a la huelga y contra los trabajadores mineros, así como contra la demanda de justa reparación en Pasta de Conchos.
Más de 6 mil electricistas no eran elegibles ni necesarios en términos de materia de trabajo
- De los 14 mil 239 liquidados del SME han sido contratados 369: Lozano
- Hasta el momento mil 150 ha aprobado las evaluaciones sicométricas y médicas
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 7 de junio de 2010, p. 41
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, señaló en conferencia de prensa que de los 14 mil 239 trabajadores liquidados de Luz y Fuerza del Centro que se acercaron a la dependencia a solicitar una oportunidad de trabajo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la fecha se han contratado 369 trabajadores y siguen en evaluación 7 mil más.
El funcionario explicó que del total de liquidados que aceptaron someterse a todo el proceso de exámenes para ingresar a la CFE, hasta el momento son mil 150 personas las que efectivamente han aprobado las evaluaciones sicométricas y médicas, por lo que son los que están cerca de ser contratados.
A pregunta expresa de La Jornada respecto de la razón por la que a siete meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro no se había contratado a los trabajadores que voluntariamente aceptaron su finiquito como prometió el gobierno federal, respondió que en el proceso de evaluación se comprobó que 6 mil 864 electricistas liquidados no pudieron ser considerados por las características propias de cada uno, por las actividades que antes desempeñaban, y porque no eran necesarios en términos de materia de trabajo.
Estos más de 6 mil ex trabajadores no eran elegibles en esta etapa. Quedaron 7 mil 591 personas, de las cuales la CFE preseleccionó a 6 mil 316 para realizarles los exámenes; 5 mil 636 ya los presentaron. Los demás están en proceso de ser convocados”, explicó Lozano.
Puntualizó que 680 trabajadores desistieron. En tanto “mil 631 ya aprobaron sus evaluaciones y sólo les falta su examen médico; mil 150 ya aprobaron todo. Sin embargo, no significa que ésta sea la cifra final de los contratados, o que hasta aquí haya llegado el proceso, sino que se está haciendo con mucho cuidado.
En este sentido, la Coalición de Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) –encabezada por Alejandro Muñoz– expuso que firmó un contrato con las secretarías de la Función Pública, de Trabajo, de Economía y la CFE para conformar una empresa armadora de tableros para subestaciones, que si bien podrá contratar a casi 700 trabajadores es bajo el número de electricistas que están recuperando el empleo.
Lozano Alarcón convocó a la prensa para informar que en mayo se crearon 63 mil 303 empleos, y que en lo que va de 2010 suman 445 mil 207 las plazas abiertas, cifras que indican que en este sexenio el total de empleos generados asciende a 751 mil 787.
Según apuntó, del total de nuevos empleos creados en este año, 60 por ciento son de carácter permanente y 39.9 eventuales. Expuso que, tomando en cuenta altas y bajas en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la fecha suman 14 millones 326 mil 488 los trabajadores que cotizan, es decir, que tienen un empleo con salario y prestaciones.
Lozano señaló que es entendible que quienes no tienen trabajo no crean en las cifras, pero comentó que estos casos personales no contradicen las cifras de crecimiento de empleo.
Fuente
Innecesarios en CFE más de 6 mil del SME
Hasta ahora 369 trabajadores que pertenecieron al Sindicato Mexicano de Electricistas fueron contratados por la Comisión Federal de Electricidad, de un total de 14 mil 239 que solicitaron ingresar
Nurit Martínez
El Universal
06 de junio de 2010
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, informó que a siete meses del decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro 6 mil 864 electricistas "no eran necesarios" por las características del trabajo que desempeñaban y de la demanda de la Comisión Federal de Electricidad.
Señaló que hasta ahora 369 trabajadores que pertenecieron al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fueron contratados por la CFE, de un total de 14 mil 239 que se acercaron a la secretaría que él encabeza para someterse a evaluaciones, exámenes psicométricos y médicos.
Al encabezar una conferencia de prensa, en las instalaciones de la dependencia, Lozano Alarcón dio a conocer la más reciente cifra de generación del empleo en México. Al mes de mayo, informó, se generaron 63 mil 303 puestos de trabajo, lo que hace que en lo que va del 2010 se tengan 445 mil 207 nuevos empleos.
Explicó que esta cifra representa 3.2% más del número de personas que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al detallar sobre quienes se incorporaron al mercado laboral en lo que va del año, el secretario comentó que 60.1% (445 mil 207) son trabajadores que se contrataron de manera permanente; en tanto que el resto, equivalente al 39.9%, son empleos eventuales.
En el informe de cifras sobre la generación de nuevos puestos de trabajo, el secretario Javier Lozano dio a conocer que en lo que va del gobierno del presidente Felipe Calderón se han generado 751 mil 787 empleos, esto es, 5.5 % más respecto del último año de la administración del ex presidente Vicente Fox Quesada.
Al preguntarle sobre la situación de liquidación de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, Lozano Alarcón detalló que sólo 14 mil 239 ex trabajadores que se liquidaron se acercaron a la dependencia con el interés de contratarse en la CFE.
Informó que 6 mil 864 "no pudieron ser considerados por las características propias de cada uno de ellos, por las actividades que antes desempeñaban, porque no eran necesarios en términos de la materia de trabajo que tiene la Comisión Federal de Electricidad".
Insistió que "no eran elegibles en esta etapa de la prestación de los servicios en la zona centro del país, en la administración y proceso de liquidación". En total fueron considerados 7 mil 591 personas para ser seleccionadas, a través del Servicio Nacional de Empleo para el reclutamiento del servicio, esto es, el examen técnico, el médico, psicométrico, la capacitación y, al final, la contratación.
Luego de todas esas fases, el funcionario dijo que en este momento existen mil 150 personas que están a la espera de ser capacitados, y será este 10 de junio cuando se defina su situación laboral con la CFE.
mcs / sc
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Nurit Martínez
El Universal
06 de junio de 2010
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, informó que a siete meses del decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro 6 mil 864 electricistas "no eran necesarios" por las características del trabajo que desempeñaban y de la demanda de la Comisión Federal de Electricidad.
Señaló que hasta ahora 369 trabajadores que pertenecieron al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fueron contratados por la CFE, de un total de 14 mil 239 que se acercaron a la secretaría que él encabeza para someterse a evaluaciones, exámenes psicométricos y médicos.
Al encabezar una conferencia de prensa, en las instalaciones de la dependencia, Lozano Alarcón dio a conocer la más reciente cifra de generación del empleo en México. Al mes de mayo, informó, se generaron 63 mil 303 puestos de trabajo, lo que hace que en lo que va del 2010 se tengan 445 mil 207 nuevos empleos.
Explicó que esta cifra representa 3.2% más del número de personas que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al detallar sobre quienes se incorporaron al mercado laboral en lo que va del año, el secretario comentó que 60.1% (445 mil 207) son trabajadores que se contrataron de manera permanente; en tanto que el resto, equivalente al 39.9%, son empleos eventuales.
En el informe de cifras sobre la generación de nuevos puestos de trabajo, el secretario Javier Lozano dio a conocer que en lo que va del gobierno del presidente Felipe Calderón se han generado 751 mil 787 empleos, esto es, 5.5 % más respecto del último año de la administración del ex presidente Vicente Fox Quesada.
Al preguntarle sobre la situación de liquidación de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, Lozano Alarcón detalló que sólo 14 mil 239 ex trabajadores que se liquidaron se acercaron a la dependencia con el interés de contratarse en la CFE.
Informó que 6 mil 864 "no pudieron ser considerados por las características propias de cada uno de ellos, por las actividades que antes desempeñaban, porque no eran necesarios en términos de la materia de trabajo que tiene la Comisión Federal de Electricidad".
Insistió que "no eran elegibles en esta etapa de la prestación de los servicios en la zona centro del país, en la administración y proceso de liquidación". En total fueron considerados 7 mil 591 personas para ser seleccionadas, a través del Servicio Nacional de Empleo para el reclutamiento del servicio, esto es, el examen técnico, el médico, psicométrico, la capacitación y, al final, la contratación.
Luego de todas esas fases, el funcionario dijo que en este momento existen mil 150 personas que están a la espera de ser capacitados, y será este 10 de junio cuando se defina su situación laboral con la CFE.
mcs / sc
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Boletín de Prensa Urgente del SME
Boletín de prensa 07-VI-10
Asunto: Se cierne la represión sobre Cananea
A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A los organismos de derechos humanos,
A los medios de comunicación nacionales y extranjeros,
Al pueblo mexicano,
Salud:
De nueva cuenta el Estado Mexicano vuelca todo su aparato represivo, policiaco, militar y paramilitar contra los trabajadores, en esta ocasión contra nuestros hermanos mineros de Cananea.
Durante la tarde del 6 de junio de presente año, por el lado de la sierra, entraron grupos paramilitares de choque del Grupo Industrial Minera México del oligarca Germán Feliciano Larrea, además de esquiroles encabezados por Elías “El Sope” Morales, han arremetido en contra de nuestros heroicos compañeros mineros, que sostienen una larga huelga que lleva ya casi tres años de haberse estallado, en medio de una atroz ofensiva del Estado.
Al mismo tiempo que se desarrolla esta agresión de los paramilitares al servicio de Larrea, fuertes contingentes de la Policía Federal y del Ejercito se trasladaron hacia la Mina con el objeto de tomarla, de reprimir a los huelguistas y así terminar con ese “escollo” para la oligarquía minera de nuestro país.
A la altura de las 1:30 horas de hoy, han sido ya tomados tanto la mina como el local sindical, por parte de las fuerzas conjuntas del Estado, teniendo como primer saldo un compañero herido de bala y varios más por intoxicación, producto de gas lacrimógenos y gas pimienta, siendo perseguidos los compañeros huelguistas, por todo el pueblo de Cananea. Hacemos responsables de esta bestial agresión a Felipe Calderón Hinojosa y Javier Lozano Alarcón y de los que le suceda a nuestros camaradas mineros y sus familias.
De la misma manera y desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, hacemos un urgente llamado a todas las organizaciones y ciudadanos democráticos y progresistas, para detener esta insensata política fascista del tolete y la criminalización de los conflictos sociales, que instrumenta el gobierno federal de la ultra derecha panista que padecemos, los convocamos a movilizarnos contra esa política criminal, el día de hoy lunes 7 de junio a las 12 horas frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y luego para el próximo jueves 10 de junio, en una Magna Marcha-Mitin contra la Represión, a partir de las 16 horas del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.
Camaradas: es la hora de la unidad y la lucha común y unitaria contra el mismo enemigo, es el momento de organizarnos y movilizarnos a nivel nacional para detener a los oligarcas y su gobierno, hoy más que nunca ¡O son ellos ó somos nosotros!
Durante la tarde del 6 de junio de presente año, por el lado de la sierra, entraron grupos paramilitares de choque del Grupo Industrial Minera México del oligarca Germán Feliciano Larrea, además de esquiroles encabezados por Elías “El Sope” Morales, han arremetido en contra de nuestros heroicos compañeros mineros, que sostienen una larga huelga que lleva ya casi tres años de haberse estallado, en medio de una atroz ofensiva del Estado.
Al mismo tiempo que se desarrolla esta agresión de los paramilitares al servicio de Larrea, fuertes contingentes de la Policía Federal y del Ejercito se trasladaron hacia la Mina con el objeto de tomarla, de reprimir a los huelguistas y así terminar con ese “escollo” para la oligarquía minera de nuestro país.
A la altura de las 1:30 horas de hoy, han sido ya tomados tanto la mina como el local sindical, por parte de las fuerzas conjuntas del Estado, teniendo como primer saldo un compañero herido de bala y varios más por intoxicación, producto de gas lacrimógenos y gas pimienta, siendo perseguidos los compañeros huelguistas, por todo el pueblo de Cananea. Hacemos responsables de esta bestial agresión a Felipe Calderón Hinojosa y Javier Lozano Alarcón y de los que le suceda a nuestros camaradas mineros y sus familias.
De la misma manera y desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, hacemos un urgente llamado a todas las organizaciones y ciudadanos democráticos y progresistas, para detener esta insensata política fascista del tolete y la criminalización de los conflictos sociales, que instrumenta el gobierno federal de la ultra derecha panista que padecemos, los convocamos a movilizarnos contra esa política criminal, el día de hoy lunes 7 de junio a las 12 horas frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y luego para el próximo jueves 10 de junio, en una Magna Marcha-Mitin contra la Represión, a partir de las 16 horas del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.
Camaradas: es la hora de la unidad y la lucha común y unitaria contra el mismo enemigo, es el momento de organizarnos y movilizarnos a nivel nacional para detener a los oligarcas y su gobierno, hoy más que nunca ¡O son ellos ó somos nosotros!
¡Alto a la represión contra el movimiento obrero y popular!
¡Fuera Esquiroles, Paramilitares, Policía Federal y Ejercito, de Cananea!
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 7 de junio de 2010
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior
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“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 7 de junio de 2010
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior
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