El Correo Ilustrado
La Jornada
12 de Febrero del 2010
La medida extrema del tribunal colegiado contra los mineros de Cananea, luego de dos años y siete meses de huelga, agota los límites del estado de derecho, porque antes el gobierno federal había dado la misma negativa, por conducto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al declarar el 14 de abril de 2009 terminadas las relaciones de trabajo de los mil 100 mineros y el contrato colectivo de trabajo por causa de fuerza mayor”, cuando los dos años de huelga vuelven imposible e ilógico invocar tal causal, sería tanto como aceptar como causal contra una huelga “la moral de la Iglesia o la de Televisa” y poder echar a la calle a mil 100 trabajadores y sus familias.
La medida es extrema porque en dos años siete meses también se había negado la conciliación como salida, pese a que 97 por ciento de las conflictos colectivos se arreglan por esa vía. Los Larrea y el gobierno federal se negaron a la negociación para derrotar al sindicato minero exclusivamente por la confrontación, la fuerza bruta, la imposición y la ilegalidad.
Es extrema la medida porque el quinto gobierno neoliberal, gracias a dos fraudes, se ha convertido en una dictadura disfrazada que impone triunfos en favor del gran capital por la fuerza. Es extrema porque cancela la autonomía del Poder Judicial, el principal apoyo de los mineros por medio del cual habían resistido cuatro años los actos ilegales del gobierno federal. La resolución del tribunal colegiado quebranta el estado de derecho, es antecedente del conflicto del SME y se vuelve la política laboral vigente.
El gobierno federal lleva a un panorama de agotamiento de las alternativas legales al impedir que el Poder Judicial ejerza su autonomía al dictar sus resoluciones, para que sean apegadas a derecho, no al poder.
Por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes, Estela Ríos, María Luisa Campos, José Luis Contreras, Edith Ramírez, Octavio Lóyzaga, Enrique Larios y Óscar Alzaga
La Jornada
12 de Febrero del 2010
La medida extrema del tribunal colegiado contra los mineros de Cananea, luego de dos años y siete meses de huelga, agota los límites del estado de derecho, porque antes el gobierno federal había dado la misma negativa, por conducto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al declarar el 14 de abril de 2009 terminadas las relaciones de trabajo de los mil 100 mineros y el contrato colectivo de trabajo por causa de fuerza mayor”, cuando los dos años de huelga vuelven imposible e ilógico invocar tal causal, sería tanto como aceptar como causal contra una huelga “la moral de la Iglesia o la de Televisa” y poder echar a la calle a mil 100 trabajadores y sus familias.
La medida es extrema porque en dos años siete meses también se había negado la conciliación como salida, pese a que 97 por ciento de las conflictos colectivos se arreglan por esa vía. Los Larrea y el gobierno federal se negaron a la negociación para derrotar al sindicato minero exclusivamente por la confrontación, la fuerza bruta, la imposición y la ilegalidad.
Es extrema la medida porque el quinto gobierno neoliberal, gracias a dos fraudes, se ha convertido en una dictadura disfrazada que impone triunfos en favor del gran capital por la fuerza. Es extrema porque cancela la autonomía del Poder Judicial, el principal apoyo de los mineros por medio del cual habían resistido cuatro años los actos ilegales del gobierno federal. La resolución del tribunal colegiado quebranta el estado de derecho, es antecedente del conflicto del SME y se vuelve la política laboral vigente.
El gobierno federal lleva a un panorama de agotamiento de las alternativas legales al impedir que el Poder Judicial ejerza su autonomía al dictar sus resoluciones, para que sean apegadas a derecho, no al poder.
Por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes, Estela Ríos, María Luisa Campos, José Luis Contreras, Edith Ramírez, Octavio Lóyzaga, Enrique Larios y Óscar Alzaga
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