AGENCIA REFORMA
El Siglo de Torreón
25 de Abril del 2010
El fracaso en la generación de empleo (principal oferta de Felipe Calderón en campaña), la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, los conflictos con dos sindicatos adversos al régimen (mineros y electricistas), la connivencia con el sindicalismo oficial (maestros y petroleros, principalmente) y un nuevo debate en torno a la necesidad de una reforma laboral caracterizan el Día del Trabajo en el cuarto año de este Gobierno.
Con una tasa de desempleo del 5.4 por ciento, carencia de empleos formales y un incremento notable del subempleo y la informalidad, los trabajadores dicen que no hay mucho que celebrar el próximo primero de mayo. Esto, a pesar de que oficialmente comienza a llegarse al final de la crisis económica.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 2007 y marzo de 2010 se crearon poco más de 496 mil plazas laborales; es decir, en tres años de gobierno, el presidente Calderón logró la mitad de los empleos que prometió generar anualmente.
La escasez de puestos de trabajo formales provocó que más de un millón 200 mil personas se incorporaran al empleo informal: en enero de 2007 el número de personas que trabajaban en la informalidad ascendía a 11 millones 393 mil y en diciembre de 2009 la cifra se disparó a 12 millones 612 mil personas.
A futuro se prevé un panorama poco optimista: según un estudio de Banamex, la tasa de desempleo abierta será para 2010 de 5.8 por ciento y del 5.5 por ciento en 2011. Con base en estas previsiones y el crecimiento de la Población Económicamente Activa, se esperaría un déficit de empleos formales de entre 518 y 557 mil cada año.
A la limitada generación de empleos formales se suman las deficiencias de los salarios, el aumento de impuestos y el incremento en el costo de los servicios e insumos básicos.
En los últimos cuatro años, mientras que el salario mínimo promedio pasó de 49 a 56 pesos diarios, el costo de la canasta básica aumentó de 131 pesos en enero de 2008 a 149 pesos en marzo de 2010.
Aunado a ello, en octubre pasado el Congreso aprobó una Ley de Ingresos que impactó directamente en el poder adquisitivo: la tasa del Impuesto al Valor Agregado aumentó a 16 por ciento, aumentaron las tasas del Impuesto Sobre la Renta y se creó un nuevo impuesto de 3 por ciento a las telecomunicaciones.
En paralelo, se descongelaron los precios de los combustibles (gas, diesel y gas LP), lo que provocó una escalada de precios.
En este contexto, el Gobierno Federal y su partido decidieron reabrir el debate en torno a una reforma laboral. El 18 de marzo el PAN presentó una iniciativa de reforma que plantea, entre otras cosas, incluir en la legislación la modalidad de contratación por horas y temporada y limitar el pago de salarios caídos; incluye el concepto de "multihabilidad" -que implica que los empleados desarrollen diversas funciones- e introduce nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga.
Gobierno, PAN e iniciativa privada aseguran que si se aprobara esta reforma se generarían condiciones para crear más empleos formales.
Desde la Oposición, PRD y PRI rechazaron la propuesta oficial.
El 20 de abril pasado el PRD presentó una contrapropuesta que plantea modificaciones a la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social.
La iniciativa perredista propone, entre otras cosas, reconocer como derechos humanos los derechos laborales, establecer en 40 horas la semana laboral, garantizar el derecho a huelga, la creación de un registro público nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos, así como la sustitución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por un Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades a fin de que sea el Congreso y no el Ejecutivo federal quien determine los niveles salariales.
El PRI advirtió que "no pasará" ningún proyecto que lesione las conquistas laborales y se comprometió a presentar su propuesta en septiembre, por lo que se espera que la reforma laboral sea discutida hasta el arranque del segundo año de la LXI Legislatura.
Fuente
El Siglo de Torreón
25 de Abril del 2010
El fracaso en la generación de empleo (principal oferta de Felipe Calderón en campaña), la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, los conflictos con dos sindicatos adversos al régimen (mineros y electricistas), la connivencia con el sindicalismo oficial (maestros y petroleros, principalmente) y un nuevo debate en torno a la necesidad de una reforma laboral caracterizan el Día del Trabajo en el cuarto año de este Gobierno.
Con una tasa de desempleo del 5.4 por ciento, carencia de empleos formales y un incremento notable del subempleo y la informalidad, los trabajadores dicen que no hay mucho que celebrar el próximo primero de mayo. Esto, a pesar de que oficialmente comienza a llegarse al final de la crisis económica.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 2007 y marzo de 2010 se crearon poco más de 496 mil plazas laborales; es decir, en tres años de gobierno, el presidente Calderón logró la mitad de los empleos que prometió generar anualmente.
La escasez de puestos de trabajo formales provocó que más de un millón 200 mil personas se incorporaran al empleo informal: en enero de 2007 el número de personas que trabajaban en la informalidad ascendía a 11 millones 393 mil y en diciembre de 2009 la cifra se disparó a 12 millones 612 mil personas.
A futuro se prevé un panorama poco optimista: según un estudio de Banamex, la tasa de desempleo abierta será para 2010 de 5.8 por ciento y del 5.5 por ciento en 2011. Con base en estas previsiones y el crecimiento de la Población Económicamente Activa, se esperaría un déficit de empleos formales de entre 518 y 557 mil cada año.
A la limitada generación de empleos formales se suman las deficiencias de los salarios, el aumento de impuestos y el incremento en el costo de los servicios e insumos básicos.
En los últimos cuatro años, mientras que el salario mínimo promedio pasó de 49 a 56 pesos diarios, el costo de la canasta básica aumentó de 131 pesos en enero de 2008 a 149 pesos en marzo de 2010.
Aunado a ello, en octubre pasado el Congreso aprobó una Ley de Ingresos que impactó directamente en el poder adquisitivo: la tasa del Impuesto al Valor Agregado aumentó a 16 por ciento, aumentaron las tasas del Impuesto Sobre la Renta y se creó un nuevo impuesto de 3 por ciento a las telecomunicaciones.
En paralelo, se descongelaron los precios de los combustibles (gas, diesel y gas LP), lo que provocó una escalada de precios.
En este contexto, el Gobierno Federal y su partido decidieron reabrir el debate en torno a una reforma laboral. El 18 de marzo el PAN presentó una iniciativa de reforma que plantea, entre otras cosas, incluir en la legislación la modalidad de contratación por horas y temporada y limitar el pago de salarios caídos; incluye el concepto de "multihabilidad" -que implica que los empleados desarrollen diversas funciones- e introduce nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga.
Gobierno, PAN e iniciativa privada aseguran que si se aprobara esta reforma se generarían condiciones para crear más empleos formales.
Desde la Oposición, PRD y PRI rechazaron la propuesta oficial.
El 20 de abril pasado el PRD presentó una contrapropuesta que plantea modificaciones a la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social.
La iniciativa perredista propone, entre otras cosas, reconocer como derechos humanos los derechos laborales, establecer en 40 horas la semana laboral, garantizar el derecho a huelga, la creación de un registro público nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos, así como la sustitución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por un Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades a fin de que sea el Congreso y no el Ejecutivo federal quien determine los niveles salariales.
El PRI advirtió que "no pasará" ningún proyecto que lesione las conquistas laborales y se comprometió a presentar su propuesta en septiembre, por lo que se espera que la reforma laboral sea discutida hasta el arranque del segundo año de la LXI Legislatura.
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